OBRAS PUBLICAS
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 136
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PROYECTO DE LEY
Expediente: 2522-D-2016
Sumario: AUMENTO DE TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS - DECRETO N° 367/2016 -. DEROGACION.
Fecha: 10/05/2016
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 49
Artículo 1º.- Derógase el Decreto del Poder Ejecutivo N° 367/2016.
Artículo 2°.- Deróganse las Resoluciones Nos 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Artículo 3º.- Derógase la Resolución N° 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Artículo 4º.- Deróganse las Resoluciones Nos 28/2016, 31/2016 y 34/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Artículo 5º.- Derógase la Resolución N° I/3726 de 2016 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Artículo 6°.- Derógase la Disposición N° 62/2016 del Subsecretario de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Artículo 7º.- Deróganse las Resoluciones Nos. 46/2016, 47/2016, 48/2016, 49/2016 y 50/2016 del Ministerio de Transporte de la Nación.
Artículo 8°.- Derógase toda otra medida dictada en concordancia con las normas citadas, del mismo tenor y/o que afecte los derechos de los usuarios de servicios públicos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y desagües cloacales, y transporte de pasajeros.
Artículo 9°.- El Ministerio de Energía y Minería, y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación instruirá a las empresas prestatarias de los servicios que se abstengan de efectuar cortes en el suministro a raíz de la falta de pago de las facturas emitidas mediante la aplicación de las normas referidas en los arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente.
A su vez, instruirán a las mismas a los efectos de que se abstengan de percibir los importes correspondientes a dichas facturas, debiendo realizar una refacturación conforme a los cuadros tarifarios vigentes con anterioridad al dictado de las normas que por los arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente se derogan. A partir de dicho recálculo y en el caso de aquellos usuarios que ya hubiesen abonado las facturas, los agentes de percepción deberán devolver los excedentes percibidos.
Queda sin efecto toda sanción que derive de las normas derogadas por la presente Ley.
Artículo 10º.- Se procederá a una revisión integral de la estructura tarifaria de los servicios públicos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y desagües cloacales, y transporte de pasajeros. El nuevo cuadro tarifario resultante deberá atender a la situación socioeconómica de cada uno de los usuarios, teniendo en cuenta los costos locales debidamente verificados por autoridad estatal, asegurando el mínimo costo razonable para los usuarios compatible con la seguridad del abastecimiento, así como la implementación de una Tarifa Social para los sectores más postergados.
A tal efecto procédase a celebrar las audiencias públicas de rigor que garanticen la participación de consumidores y usuarios, el derecho a una información adecuada y veraz, y la transparencia en el proceso decisorio.
Artículo 11°.- Fíjase un plazo de 180 días para la realización de una auditoría integral de las empresas productoras, generadoras, transportadoras, distribuidoras, o prestadoras de los servicios públicos comprendidos en la presente ley, que contemplará la confección de inventarios de bienes, evaluaciones del cumplimiento de planes de inversión y de los estándares de seguridad y calidad del servicio, así como la rendición de cuentas de los aportes dinerarios que hubiesen recibido del Estado Nacional, durante los últimos quince años.
La Auditoría General de la Nación fiscalizará el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente.
Artículo 12º.- Invítase a todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los respectivos municipios a actuar de conformidad con la presente Ley ante las prestadoras de servicios en sus territorios.
Artículo 13º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual contexto de recesión y déficit en las cuentas públicas no puede utilizarse como argumento para la implementación de políticas de ajuste y aumentos indiscriminados en los precios y las tarifas de servicios públicos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y desagües cloacales, y transporte de pasajeros. Las políticas neoliberales por las cuales se sostiene un achicamiento del Estado en pos de la economía de mercado no pueden implementarse en el caso argentino, donde la situación socioeconómica de un amplio sector de la sociedad es cada vez más vulnerable.
Millones de familias, personas desocupadas, trabajadoras/es, jubilados/as, están siendo forzados a sufrir los efectos de una crisis que no produjeron y a pagar los costos de los beneficios que nunca percibieron. Entretanto, los beneficiados de todos los tiempos, los sectores más concentrados de la economía (por ejemplo podemos citar la eliminación de los derechos de exportación a las mineras), no sólo miran hacia otro lado sin culpa ni responsabilidad alguna sobre la crisis, sino que además imponen su visión económica acerca de la necesidad de realizar un feroz ajuste.
La liberalización de la economía requiere que el Estado no intervenga en políticas que regulen la economía. De esta manera, las variables sociales y económicas se autorregularán por los beneficios de un libre mercado, con un Estado que abandona su rol dinamizador de las relaciones sociales.
Los sectores emprobecidos se encuentran cada vez más desprotegidos ante un Estado incapaz de revertir una tendencia inexorable que continúa: mayor pobreza, menos y peor empleo y mayor vulnerabilidad social. Se trata de un Estado que, lejos de cumplir con un rol central en las cuestiones sociales y económicas, retrocede en favor de un mercado que avanza de manera avasallante.
La ausencia del Estado en un contexto como el descripto, socava aún más las condiciones de vida de la ciudadanía.
Según el informe difundido recientemente por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, la tasa de pobreza registró un incremento del 29% (fines de 2015) al 34,5%, lo que significa que 13 millones de personas son pobres, 1.400.000 personas más que el año pasado.
Los resultados de la investigación del Observatorio también muestran que la tasa de indigencia subió de 5,3% (fines de 2015) a 6,9% en marzo de este año. Esto significa que existen 2,3 millones de personas en la indigencia, al menos 250 mil personas más si comparamos con el año 2015.
Desde el Observatorio de la Deuda Social hicieron una aclaración que no debemos soslayar: las proyecciones para el primer trimestre de 2016 no contemplan las pérdidas del empleo, la creciente inflación, los ajustes en materia macroeconómica, ni los incrementos en las tarifas de servicios públicos de energía eléctrica, gas, agua y transporte de pasajeros. Dicho esto, es posible que estos índices puedan estar subestimando la realidad. Sin embargo, como todavía no contamos con datos oficiales, usaremos estos de referencia para describir la situación.
Los actuales anuncios de increíbles aumentos a las tarifas de servicios públicos, sin contemplar medidas graduales de aplicación, implican un profundo deterioro de la clase trabajadora y los más vulnerables. En el contexto de una economía inflacionaria, incremento del desempleo y de los índices de pobreza y de indigencia, pérdida del poder adquisitivo, sueldos que van por detrás de los aumentos, paritarias postergadas en algunos sectores, etc., vemos con suma preocupación y repudiamos que este aumento de tarifas llegue en un momento por demás inoportuno y sin escalas, sin contemplar la situación que atraviesan la mayoría de las y los argentinos.
No sólo que no se ha contemplado esta situación, lo que evidencia una ausencia del sentido de oportunidad, sino que incluso se vienen realizando cuantiosas transferencias de recursos a los sectores más concentrados de la economía; a la vez que la transferencia a los sectores más vulnerables es por demás insignificante. Con el aumento de las tarifas se transfieren 2 mil millones de pesos de los sectores más pobres a los sectores más favorecidos. Los incrementos tarifarios, lejos de ser graduales, tienen un importante impacto en la inflación de forma directa con un impacto fiscal acotado.
En el caso del gas, según el informe “Vecinos subsidiando petroleros… No es Pro. Con el crédito se come, se cura, se educa” del Estudio Bein & Asociados, se estima que de los U$S 3500 millones que implicaría el nuevo precio pagado por las familias y empresas, sólo una tercera parte estaría destinada a reducir las erogaciones del fisco, mientras que las dos terceras partes restantes beneficiarían de forma directa a las empresas del sector, las cuales gozan de beneficios provenientes del gobierno anterior y en nada significan una mayor inversión. El aumento de tarifas presentado como un ahorro de U$S 4000 millones en la cuenta de subsidios, en realidad muestra otra cosa. Cerca de la mitad de ese ahorro resulta de la caída en los costos de importación de ENARSA y sólo U$S 1100 millones obedecen a una caída en el Plan Gas (http://estudiobein.com.ar/post/1/776)
Tras la crisis social, política y económica del año 2001 -producto de la aplicación de políticas neoliberales durante la década del 90- el Estado comienza a otorgar subsidios para paliar la crítica situación, sin ejercer discriminación alguna. Años después, los índices económicos comienzan a mostrar una tendencia positiva: el país se recuperaba en forma progresiva.
Sin embargo, a pesar de la mejora económica no se realizó una revisión de los subsidios, a quién debíamos continuar subsidiando y a quién no. De esa forma, podríamos haber distribuido esfuerzos, mejorado las condiciones de quienes hoy todavía no tienen acceso a los servicios básicos y haber previsto obras de infraestructura para garantizar dicho acceso. Mientras los recursos públicos fueron destinados a las empresas de servicios de gas, agua y electricidad, en la actualidad millones de argentinos continúan sin tener acceso al agua potable, ni al gas natural distribuido por redes.
Sin perjuicio de no haber efectuado una revisión detallada y haber discriminado a quién se beneficiaba con el subsidio y a quién no, no debemos olvidar la falta de control estatal sobre esas empresas que estaban siendo subsidiadas con elevados fondos públicos. ¿A qué se deben las faltas de inversiones y servicios de peor calidad? Es simple: o los controles no se hacían o había complicidad de los funcionarios de gobierno obligados a controlar.
Las empresas de servicios públicos siempre se vieron beneficiadas y registraron creciente rentabilidad, a pesar de los momentos críticos que atravesaba el país. Tal como sostiene el Dr. Héctor Polino de la Asociación de Consumidores Libres, estas empresas no realizan una actividad comercial cualquiera, sino que se trata de un servicio público, calificado así por el Estado. De esta manera, la ganancia de este tipo de empresas debería ser una ganancia razonable, en función de las inversiones efectuadas, acorde a una empresa que presta el servicio de manera eficiente. No olvidemos que la prestación por parte de las empresas de servicios públicos se realiza de manera exclusiva, con consumidores cautivos, en condiciones monopólicas de mercado.
El transporte público es otro de los servicios públicos que más se ha visto beneficiado por el otorgamiento de subsidios, transferencias que fueron llevadas a cabo sin el debido control. En TBA, por ejemplo, el subsidio pasó de ser una fuente minoritaria de ingresos (33% en 2003) a ser su principal sustento (75% en 2009). Estos millonarios subsidios no han tenido una contrapartida en la mejora del servicio ni han impedido su deterioro o inseguridad, a pesar de haber sido transferidos -entre otras cosas- para inversiones y obras.
Sucedió todo lo contrario: la tragedia de Once de febrero de 2012 constituye la máxima expresión de desidia y descontrol estatal sobre el servicio de transporte público en el área metropolitana. Si los controles se hubieran llevado a cabo y si la empresa concesionaria hubiera realizado las inversiones en obras e infraestructura, la tragedia que se cobró numerosas víctimas, habría sido evitada.
El tarifazo que el gobierno pretende aplicar será trasladado a los precios de todos los bienes. Todo lo que consumimos tiene una estructura de costos en la que estos servicios están incluidos. Por ende, estos aumentos provocarán, aún más, el aumento de precios generalizado profundizando el proceso inflacionario.
Resulta paradójico que se puedan aplicar estas medidas de forma tan abrupta, después de que vivimos más de una década de ausencia de inversiones y controles. ¿Acaso el Estado investiga con la misma rapidez cuál fue el destino de los subsidios entregados a las empresas durante los últimos años? ¿Cuál es el estado y plan de las inversiones realizadas y a realizar por parte de las empresas? ¿Acaso el Estado está actuando rápidamente en el inicio de un proceso de revisión de las concesiones? ¿Cómo fueron calculados los precios, cómo se establecieron estos valores? ¿Quiénes los calcularon? Las empresas siguen y seguirán generando ganancias y girándolas al exterior, a expensas de un Estado ausente que pretende no intervenir en la economía.
La velocidad con la que se implementa este tarifazo tampoco está acompañada de audiencias públicas, audiencias que responderían algunas de las preguntas que nos hemos hecho. Su ausencia implica continuar convalidando a perpetuidad las sucesivas renegociaciones contractuales de los servicios, renovación automática de subsidios, sin control de cumplimiento de planes de inversión y reestructuraciones tarifarias sin participación ciudadana y vulnerando los derechos de los usuarios y consumidores.
La importancia de la audiencia pública también radica en brindar un procedimiento de fijación de tarifa transparente, así como el aporte de la información técnica específica a través de la intervención de los órganos de regulación y de control. Su incumplimiento significa un acto manifiestamente arbitrario e ilegítimo.
Estos precios fueron fijados unilateralmente por el Estado, a pesar de que no existe norma alguna que habilite al Poder Ejecutivo a fijar estos precios.
Por su parte, la tarifa social esbozada por el gobierno excluye irresponsablemente a muchas personas y familias que no podrán hacer frente al pago de tarifas tan onerosas. No están incluidas las familias que alquilan su vivienda, las personas monotributistas, las personas electrodependientes o que habitan en viviendas multifamiliares. Bien sabido es que, quienes no tienen acceso al gas, consumen electricidad en mayor cantidad que el resto. Las familias numerosas que viven con ingresos que no llegan a cubrir necesidades básicas, tampoco podrán. Todo este universo no es contemplado en la llamada “tarifa social”. Debería estudiarse más detalladamente los casos a fin de que los aumentos no castiguen a los más vulnerables.
Se trata de servicios públicos que deberían ser considerados derechos. ¿Qué posibilidad de vivir dignamente puede tener una persona o familia que no puede pagar la electricidad, el gas o el agua, o afrontar el importe del transporte para ir a trabajar o estudiar? Es elemental cubrir estas necesidades. Sin ellas, se verán vulnerados otros derechos.
No sólo es necesario proteger a la sociedad, especialmente a los sectores más vulnerables, de la brutalidad de los aumentos, sino que también es necesario garantizar la prestación y calidad de los servicios a todas las personas, con independencia de su nivel de ingresos o territorio que habite.
Por los motivos expuestos, exigimos la derogación de las resoluciones por las que se aplican los aumentos tanto de tarifas de energía eléctrica, agua y desagües cloacales, gas y transporte, esperando entretanto se realicen las audiencias públicas correspondientes y una revisión tarifaria integral, a los fines de darle participación a los usuarios y consumidores y transparentar el proceso iniciado unilateralmente por el Poder Ejecutivo y, por ende, carente de legitimidad política y social. Además, no debemos olvidar que la definición del universo de beneficiarios de la tarifa social, debe ampliarse y adecuarse a las actuales necesidades de las personas y las familias.
Por ello, solicitamos a nuestros pares que acompañen la presente iniciativa.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA | BUENOS AIRES | GEN |
| DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | LIBRES DEL SUR |
| MASSO, FEDERICO AUGUSTO | TUCUMAN | LIBRES DEL SUR |
| COUSINET, GRACIELA | MENDOZA | LIBRES DEL SUR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ASUNTOS CONSTITUCIONALES (Primera Competencia) |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
| OBRAS PUBLICAS |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | CITACION SESION ESPECIAL |