Declaración de la Emergencia por Violencia Económica de Género

Artículo 1°. Declárase en todo el territorio nacional, según lo dispuesto en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, la emergencia por violencia económica de género, por el término de tres (3) años desde la entrada en vigor de la presente ley, prorrogable por igual término si subsistieran las causas.

Artículo 2º. El Poder Ejecutivo Nacional deberá aumentar en términos reales las asignaciones destinadas a los programas con perspectiva de género según se identifican en la Ley N° 27.467 -Presupuesto 2019- respecto a lo presupuestado en la Ley N° 27.431 -Presupuesto 2018-, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, la ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el ordenamiento jurídico nacional en la materia.

Artículo 3º: Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para afrontar la emergencia que se declara en la presente ley.

Artículo 4°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La violencia económica es una de las formas en la que se manifiesta la violencia de género. La mayoría de las veces suele vincularse a los casos donde varones administran o ejercen un control sobre su pareja utilizando el ingreso como herramienta de manipulación y dominio. De esta forma, la violencia económica termina convirtiéndose en un agravante para el resto de las formas de violencias, por ejemplo, física o psicológica.

Sin embargo, la violencia económica no se restringe solo a los casos donde la desigualdad en el acceso a los recursos económicos limita la autonomía de las mujeres en cuanto al uso de los mismos y la posibilidad de alejarse de la persona que ejerza algún tipo de violencia de género. La violencia económica es un fenómeno más amplio que afecta a todas las mujeres que participan en un sistema social y económico que no les ofrece las mismas oportunidades que a los varones. Es importante destacar que este tipo de violencia no debe ser desestimada ni tratada como menos urgente, ya que existe una profunda interrelación entre las distintas violencias.

En el último tiempo se han difundido algunos datos que reflejan la desigualdad económica entre varones y mujeres, por ejemplo, la brecha salarial que ronda en torno al 27%, que está fuertemente vinculada a la desigual distribución del trabajo doméstico no remunerado. Según los datos de INDEC, las mujeres realizan el 76% del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, dedicando en promedio 6,4 horas diarias. Es decir, las mujeres tienen una doble jornada laboral, donde el trabajo pago compite con el no remunerado. Esta situación de desigualdad encuentra su reflejo en lo que denominamos “feminización de la pobreza”, esto es, el 10% de la población más pobre está conformado mayoritariamente por mujeres, siendo ellas 7 de cada 10, mientras que la situación se revierte al considerar el 10% de las personas más ricas.

Ahora bien, en el último tiempo las desigualdades económicas entre varones y mujeres se han incrementado. Según el reporte global de brechas de género que elabora el Foro Económico Mundial, en los últimos tres años nuestro país bajó 13 posiciones en lo que respecta a la igualdad entre varones y mujeres en el mundo laboral y económico, pasando del puesto número 101 en 2016 al 114 en 2018. Siendo 144 los países relevados, nos ubicamos prácticamente en el fondo de la tabla.

Es sabido que el impacto de la crisis económica y la respuesta del gobierno aplicando el arsenal de políticas de ajuste generan más desempleo, pérdida de derechos laborales y sociales, aumento de la pobreza y más exclusión social. Ahora bien, los efectos del ajuste no afectan de la misma manera a mujeres y varones, son ellas la más perjudicadas al vivir en un sistema social y económico que no le ofrece las mismas oportunidades ni condiciones que a sus pares varones.

Los datos de empleo proporcionados por la Encuesta Permanente a Hogares (EPH) que publica el INDEC nos muestran que, el aumento en la participación de las mujeres en el mercado laboral como resultado de las presiones generadas por la fuerte caída del ingreso real, se da en un marco de mayor desigualdad entre mujeres y varones.

A modo de ejemplo, durante el tercer trimestre de 2018 la tasa de desocupación de las mujeres llegó a representar al 10,5% de la población económica de ellas, lo cual refleja un incremento de un punto porcentual respecto al mismo trimestre del año anterior; sin embargo, en los varones la desocupación solo creció medio punto. Dicho de otra manera, la brecha de la tasa de desocupación entre varones y mujeres se incrementó en 0,5 puntos porcentuales.

Esta situación se vuelve aún más extrema si consideramos al grupo de personas más jóvenes, entre 14 y 29 años, ya que en muchos casos se trata de niñas que son madres en edad temprana y carecen de ingresos propios, educación formal y de habilidades necesarias para competir en el mercado laboral. En este caso, la tasa de desocupación en las mujeres representó al 21,5% y en los varones al 14,5%, es decir 7 puntos de diferencia; cuando en el tercer trimestre del año pasado la desocupación para ellas era de 19,5% y para ellos de 15,5%. Es decir, la brecha se amplió aún más y esto se debe a que las mujeres más jóvenes enfrentan situaciones mucho más precarias respecto a sus mayores.

Ahora bien, incluso las mujeres que lograron insertarse en el mercado laboral enfrentaron peores condiciones respecto al año pasado. Si comparamos los mismos trimestres de los años 2017 y 2018, podemos observar que el aumento en la tasa de desocupación, subocupación y empleo no registrado fue mayor en las mujeres (+1pp, +1,3pp y +0,9pp) que en los varones (+0,5pp, 0,7pp y -0,7pp, respectivamente), incrementando las brechas en promedio 0,9 p.p. respecto al mismo período del año anterior.

Las desigualdades expuestas en el mercado laboral como también la asimétrica distribución del trabajo doméstico no remunerado encuentra su reflejo en la desigualdad de ingresos y posibilidades económicas. El informe de distribución del ingreso del INDEC del tercer trimestre de 2018 muestra que el 10% de la población con menores ingresos del país (decil 1) está conformado mayoritariamente por mujeres, siendo ellas 7 de cada 10 personas. A esto se denomina “feminización de la pobreza”. Esta condición se revierte en las personas más ricas (decil 10), donde 7 de cada 10 son varones. A su vez, de los mismos datos se desprende, que en el tercer trimestre de 2018 se incrementó en 0,35 puntos porcentuales la participación de las mujeres en el decil 1, como también creció la participación de los varones en el decil 10 (0,4 puntos porcentuales).

En este contexto, y en consonancia con la reducción del gasto público y el objetivo de alcanzar el déficit cero, el presupuesto 2019 proyecta una reducción real de las partidas orientadas a erradicar la violencia de género. Particularmente, los programas con afectación específica al colectivo de mujeres en la ley de presupuesto de 2019 alcanzan un total de $6.033 millones de pesos, esta suma representa un fuerte retroceso respecto al año pasado, tanto si se mide en términos reales, al observarse una caída del 41,5% frente al presupuesto vigente de 2018, como si se considera la participación en el gasto total, ya que las mismas pasan de representar el 0,22% del gasto total al 0,14% este año.

Al analizar el interior de este presupuesto podemos ver que el 60,6% del total asignado corresponde a la partida que se aplica al “Programa Hacemos Futuro Juntas” (ex Ellas Hacen), esta partida recibirá un recorte de la mitad de su presupuesto en términos reales, tanto si se compara con 2015 o 2018. El retroceso no solo se puede medir en términos cuantitativos sino también de forma cualitativa. El Programa Hacemos Futuro tiene como principal objetivo la finalización de los estudios formales, abandonando la primacía que adquiría la problemática específica de violencia de género en el Ellas Hacen.

Por otra parte, al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), encargado de llevar a cabo la Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer, recibirá este año un recorte del 0,7% con términos reales con relación al presupuesto vigente en 2018 y del 7,3% respecto a la ley de presupuesto de 2018. Entre las funciones del INAM se destaca las partidas relacionadas con la capacitación que mostraron muy bajo porcentaje de ejecución en 2018 y reflejan en la nueva ley una fuerte caída real respecto a lo aprobado el año pasado.

También se destacan las caídas reales en partidas destinadas a las mujeres jóvenes que son las vulnerables muchas veces obligas a abandonar sus estudios ante embarazos no deseados muchas veces provocados por abusos sexuales.

Por ejemplo, el Programa de Atención de la Madre y el Niño que tiene como finalidad principal “reducir las probabilidades de enfermar o morir de la población de mujeres, niños, niñas y adolescentes y reducir las brechas de los indicadores de salud existentes (por género, nivel socioeconómico, áreas geográficas, etnias, etc)”, así como “mejorar la accesibilidad, la calidad y la cobertura de salud”, muestra una tendencia fuertemente decreciente desde la asunción de Cambiemos. En 2019 se espera una caída del 75,9% en términos reales respecto al presupuesto asignado en 2018, equivalente al 5% de lo invertido en 2015.

Por otro lado, en lo que compete al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se le asignará un total de $102.906.633 al ítem “Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI)” que impulsa el tratamiento amplio y trasversal de la sexualidad en las escuelas, garantizando el aprendizaje de saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes de todo el país. La asignación presupuestaria para 2019 representa un avance importante si se toma en cuenta que lo asignado el año pasado fue solo de $21.852.645 y lo ejecutado de $13.919.954 (63,7% de lo ejecutado). No obstante, con la llegada de Cambiemos la tendencia positiva que comenzó desde la implementación de la ley hasta 2015, se revirtió a tal punto que a pesar del significativo aumento que recibirá este año, el programa contará con un 33,6% menos que lo ejecutado en 2015 ($47.605.906 en valores corrientes).

Algunos de los datos concretos presentados en los propios informes del JGM nos permiten entender la importancia de ambas partidas (Programa de atención a la Madre y al Niño y ESI) , significativamente vinculadas: un 30% de las adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años que abandonó el secundario lo hizo por embarazo o maternidad; el 15% del total de nacidos vivos por año corresponde a niñas y adolescentes menores de 20 años; 7 de cada 10 adolescentes de 15 a 19 años que tiene un hijo/a reporta que ese embarazo no fue buscado. Asimismo, gran parte de los embarazos en la adolescencia de niñas menores de 15 años son producto de situaciones de abuso sexual y violación, y esto tiene riesgos sobre la salud de las niñas ya que su interrupción muchas veces se hace en condiciones inseguras.

Si bien en el nuevo presupuesto figura una nueva partida denominada “Prevención del embarazo adolescente” con un presupuesto de $489 millones de pesos, que complementa el programa de la ESI y de Atención a la madre y al niño (que de sus objetivos surge “Mejorar la calidad de vida y el estado sanitario y nutricional de las embarazadas, niños y adolescentes” ), al sumar los presupuestos por ley de estos tres programas ($1.068.153.734) identificamos una caída respecto a 2018 ($1.806.580.119) del 56,1% en términos reales respecto.

En el mismo sentido, si bien en la ley de presupuesto de 2019 se aprecian subas reales en las partidas orientadas a prevenir, atender y erradicar la violencia física contra las mujeres, como por ejemplo el programa de “Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata (PPG)” y de “Protección de Víctimas de Violencias (PPG)” que incluye a las Líneas 137 y 0800-222-1717, ambas dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es importante destacar que el crecimiento se debe a que la ejecución presupuestaria de ambas partidas alcanzó solo el 62% de lo presupuestado el año pasado. De manera que, si comparamos las leyes de presupuesto 2018 y 2019 en términos reales el recorte para estas partidas es del 21,0%.

Asimismo, identificamos la ausencia del proyecto de hogares con protección integral (HPI) destinados a mujeres que sufren violencia de género entre los objetivos del presupuesto. La protección y asistencia a la mujer no culmina una vez radicada la denuncia. En el 51% de los casos de femicidios las mujeres fueron asesinadas en sus respectivos hogares. La vivienda se convierte en un espacio inseguro para las víctimas de violencia de género.

Tener acceso a datos y cuantificar los casos son aspectos claves para el diseño de las políticas públicas destinadas a erradicar la violencia de género. Ante el vacío de estadísticas de femicidios, el observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Marisel Zambrano, dependiente de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, informó que durante 2018 hubo 225 femicidios, es decir, uno cada 32 horas. Dado que las mujeres descreen de la justicia y carecen de protección, no realizan las correspondientes denuncias al ser víctimas de agresiones. Solo 16 casos de los 225 femicidios habían sido denunciados previamente.