Encomendarle al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Embajador Jorge Marcelo Faurie y el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República Francesa, Mario Verón Guerra, requiera la comparecencia de los directivos de la casa Matriz de la Empresa Carrefour S.A. ante la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, perteneciente a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación en los términos de artículo 96 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Señor presidente:

Luego de que el jueves 5 de abril de 2018 Carrefour Argentina S.A. presentara el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPCE), el ministerio de Trabajo convocó para este lunes a la empresa y al Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) ante la situación de rojo en los balances. Desde el gremio, que conduce Armando Cavalieri, advierten que buscan evitar el cierre de 11 hipermercados.

El Procedimiento Preventivo de Crisis se enmarca en un plan de reestructuración de la multinacional francesa Carrefour S.A. a nivel global, que incluyó el desplazamiento de todo el directorio de la casa matriz y la designación de un nuevo CEO, Alexandre Bompard. El 23 de enero, en consonancia con el recambio general a nivel mundial, se nombró al actual Presidente de Carrefour Argentina, Rami Baitieth. El nuevo mandato es reestructurar la firma a nivel global y local, lo cual podría incluir el cierre de la empresa, de algunas sucursales, la pérdida de puestos de trabajo y la renegociación de contratos con proveedores y financistas.

En la propia Francia, Carrefour, que es el mayor empleador privado del país, anunció la reducción del 2% de los puestos de trabajo (2.400 empleos), el cierre de 273 tiendas producto de la compra del supermercado DIA en ese país y una reducción salarial importante. Es por esto que los sindicatos Force Ouvrière (FO) y la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) iniciaron un plan de lucha con una huelga donde los trabajadores colapsaron 180 de los 220 hipermercados del país.

En términos globales, se plantea la eliminación de 390.000 puestos de trabajo en 33 países del mundo. Dado que Carrefour Argentina S.A. posee 20.000 empleados que podrían ser afectados por despidos o reducciones de salario, reviste absoluta importancia que la solución de este conflicto priorice la estabilidad del empleo y los derechos de los trabajadores. Si bien desde la empresa niegan cierres y que vayan camino a un concurso de acreedores, creemos importante prevenir cualquier quiebra fraudulenta que perjudique al país, a la recaudación impositiva y de la seguridad social.

El Procedimiento Preventivo de Crisis es una herramienta que utilizan las compañías ante situaciones adversas. El mismo contempla la posibilidad de flexibilizar las condiciones de despido. Por ejemplo, bajo este sistema, se puede pagar hasta el 50% del monto que corresponde por indemnización y no se tienen en cuenta los plazos legales que se establecen para suspender personal. De esta manera, serían vulnerados los derechos de miles de trabajadores directos e indirectos (por ejemplo, en Carrefour trabajan 1.500 camioneros).

Vemos con extrema preocupación que la casa matriz francesa pretenda hacer recaer el peso del ajuste sobre las espaldas de los 20.000 trabajadores (directos) y a sus familias. Es por esto que demandamos que el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Embajador Jorge Marcelo Faurie y Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República Francesa, Mario Verón Guerra, convoquen al directorio de la casa matriz de Carrefour S.A., radicado en la República Francesa, a que brinde explicaciones a esta Honorable Cámara de Diputados.

Entendemos que es de suma importancia que la compañía multinacional explique cuál es su plan de reestructuración global, y cuál es su estrategia de ajuste en la Argentina. A su vez, es necesario que explique cómo arribó a dicha situación, cuál fue la fuga de capitales y remisión de utilidades de los últimos 4 (CUATRO) años, así como el valor y la composición de los activos,

pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos y resultado de sus balances durante el mismo período, a nivel mundial, en Latinoamérica y en la Argentina.

En particular, ante la posibilidad de que hubiera habido maniobras de precios de transferencia, amplificaciones de los pasivos o disminuciones de los pasivos de la empresa a los

efectos de simular una crisis, evadir Impuestos a las Ganancias o tender hacia una quiebra fraudulenta, creemos que resulta importante poder distinguir un problema real de uno autoinfligido, con el consecuente perjuicio sobre los trabajadores, entidades recaudadoras, proveedores y financistas. En particular, nos preocupan los efectos que estas decisiones empresariales tengan y/o hayan tenido sobre los puestos de trabajo, la recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Requerimos, por lo tanto, que el Poder Ejecutivo solicite la presencia del directorio de Carrefour S.A., sede radicada en Francia, en términos del Artículo N° 96 del Reglamento de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que regula las competencias de la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, comisión que integro como diputada del bloque Frente para la Victoria - PJ.

Según el Artículo N°96, el objeto de esta comisión es “realizar el análisis y seguimiento permanente del cumplimiento y la aplicación de las normas tributarias y previsionales, tanto por parte del Estado y sus distintos organismos y reparticiones, cuanto por parte del sector privado a efectos de propender a una permanente actualización de dichas normas, a su perfeccionamiento y adecuación a la realidad y a las políticas en ejecución, de forma tal de poder prever y evitar la evasión, la elusión, la transgresión y las distintas formas de incumplimiento de tales obligaciones por parte de todos los sujetos involucrados.”

El mismo artículo especifica que “la comisión podrá requerir informaciones y realizar investigaciones referidas a su competencia, tanto en el sector público cuanto en el privado. Cuando las circunstancias del caso lo justifiquen, previa autorización de la Honorable Cámara, podrá requerir esos informes y llevar a cabo las investigaciones con el auxilio de la fuerza pública, ordenado judicialmente.”

Por todo lo expuesto, y en defensa del legítimo derecho de una República soberana de hacer cumplir las normas tributarias y previsionales, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.