1.- Expresar su preocupación por la persistencia de la situación planteada en el yacimiento ferrífero de Sierra Grande como consecuencia de la acumulación de transformadores que contienen PCB y por el derrame de esa sustancia altamente tóxica para los seres humanos y para el medio ambiente ocurrido a fines de octubre de 2006.

2.- Hacer conocer esta resolución a las autoridades del gobierno de la provincia de Río Negro.

Señor presidente:

En los yacimientos ferríferos de Sierra Grande, que actualmente explota la empresa de origen chino, la Compañía Minera Sierra Grande, se encuentran acumulados una serie de transformadores en desuso y otros en funcionamiento que contienen PCB.

Cabe recordar que el PCB o bifenilos policlorados se utilizaron sin restricciones entre 1929 –año en que comenzó a producirlo industrialmente la empresa estadounidense Monsanto- y 1978 en transformadores y equipos eléctricos, debido a sus excelentes propiedades dieléctricas y térmicas.

A pesar de estas virtudes, en el último año señalado, la Organización de las Naciones Unidas recomendó la destrucción de los PCB, mediante su incineración a altas temperaturas. También desde entonces, los países desarrollados han dejado de producir esta sustancia incluida en la denominada “docena sucia”, un listado que reúne a los doce contaminantes más peligrosos del planeta.

En mayo de 2001, una mayoría de países del mundo firmaron el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes – aprobado en Argentina mediante la ley 26.011- que prohibió la utilización de diferentes sustancias tóxicas y propuso eliminar todas las existencias de PCB del planeta para el año 2010.

En Argentina, el Plan Nacional de Minimización y Eliminación de PCB y Material Contaminado, llevado adelante por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, fue el primer intento por reemplazar y eliminar las existencias del tóxico. Actualmente, se complementa con la ley 25.670, que dispone que las entidades poseedoras de PCB deben elaborar antes de 2005 su propio Programa de Eliminación o Descontaminación.

A pesar de estos antecedentes, la comunidad de Sierra Grande se encuentra en estado de alerta desde hace seis años cuando se comprobó que en instalaciones de la ex empresa HIPASAM -que hasta 1991 explotara el yacimiento- existían decenas de transformadores en desuso que contenían PCB.

Al respecto, el 30 de abril último, el matutino “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca, especificaba: “Una gran preocupación existe en la comunidad de Sierra Grande, fundamentalmente entre los trabajadores de la empresa Minera Sierra Grande SA, que deben convivir en su tarea diaria dentro del complejo de la mina de hierro reactivada recientemente con una importante presencia de PCB. Unos 40 mil litros de este elemento, cuya presencia se encuentra prohibida en el ámbito de la provincia por la Ley 3660 que fue promulgada en 2002, se encuentran distribuidos en un reservorio, y en 54 transformadores contaminados con PCB que, en algunos casos, se encuentran fuera de servicio y en otros en pleno funcionamiento”.

Los temores que esta situación generaba se demostraron justificados cuando en la última semana de octubre se produjo el vuelco de dos transformadores que contenían unos 80 a 100 litros de PCB cada uno, derramando el líquido contaminante en el piso del depósito.

El hecho, que Compañía Minera Sierra Grande adjudicó a “desconocidos que ingresaron a un depósito transitorio de PCB”, demuestra las consecuencias de la irracionalidad y el desapego a las normas con las que actúan ciertas empresas. En efecto, la existencia de transformadores en el depósito obligaba al explotador de los yacimientos de Sierra Grande a aplicar estrictas medidas de seguridad que, de haberse puesto en práctica, hubiesen impedido el ingreso de los supuestos desconocidos.

Sin embargo, esta negligencia empresarial no oculta la irresponsabilidad de ciertos funcionarios que a cuatro años de haberse promulgado la ley provincial 3.660 que en su artículo 5º prohíbe “la instalación y funcionamiento de equipos que contengan PCBs” permiten que se sigan usando en la provincia esos transformadores con los que violan la norma, ni la desidia de quienes –estando legalmente autorizados a realizar el “traslado bajo estrictas normas de seguridad, a los fines de su eliminación” del PCB residual, no lo hacen.

El artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; (...) y obliga a las autoridades a proveer “la protección de este derecho”.

En cumplimiento de este mandato constitucional, solicitamos que se apruebe este proyecto de resolución.