Manifestar preocupación por la reanudación de las actividades de la mina Veladero, que explota la Minera Argentina Gold S.A. (MAGSA), subsidiaria argentina de la empresa canadiense Barrick Gold, en la Provincia de San Juan, a raíz de la decisión emanada del Juez de Paz subrogante del Departamento de Iglesia, Hugo Quiroga, de autorizar la continuación de la explotación, que fuera suspendida cautelarmente por el Juez Provincial Pablo Ortija y el Gobierno Provincial, en razón de haberse producido un nuevo derrame de miles de litros de solución altamente tóxica en cauces cordilleranos.

Señor presidente:

En día 8 de setiembre de 2016 se produjo en la mina Veladero, ubicada en la Provincia de San Juan, un nuevo derrame de solución altamente tóxica (el segundo en poco más de un año), poniendo en evidencia la falta de control y monitoreo que deben realizar el Estado Provincial y la empresa que explota el yacimiento.

En la ciudad de Jáchal y en la zona agrícola cercana, se ha detectado en los acuíferos la presencia de metales pesados, altamente nocivos para la salud de la población. Su origen se debe a los permanentes derrames de soluciones cianuradas en los cauces. Éstas son utilizada en la explotación minera desde hace ya una década.

Esta circunstancia no es otra cosa que la consecuencia de la explotación minera en países en desarrollo, como Argentina, donde las leyes mineras y los controles gubernamentales a la actividad son mucho más laxos que en naciones desarrolladas. Se atenta así contra la salud de los habitantes y se lesiona irremediablemente el medio ambiente.

El gobernador de la Provincia de San Juan, Sergio Uñac, decretó la suspensión transitoria de la explotación de la mina de oro, a la que se sumó la realizada por el juez provincial Pablo Ortija (el mismo magistrado que investiga el derrame ocurrido en setiembre de 2015), mediante una medida cautelar.

La decisión de Ortija estuvo motivada por la presentación que hicieran José Oscar Torres, un vecino de Jáchal, Guillermo de Sanctis, Fiscal de Estado de San Juan, en representación del gobierno sanjuanino, y de Ricardo Berenguel, Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo de dicha provincia.

Por su parte, el Ministro de Ambiente de la Nación, el rabino Sergio Bergman, realizó una presentación ante la justicia federal de esa provincia por el derrame ocurrido.

En esa presentación, el ministro Bergman pidió que la Justicia Federal de San Juan investigue las responsabilidades de la minera y de los organismos de control, al tiempo que solicitó que se determine si fallaron los protocolos de actuación, a raíz de las fallas en la comunicación del derrame.

El juez provincial Pablo Ortija, además de la suspensión, ordenó realizar allanamientos para recabar documentación, practicar pericias técnicas en el lugar donde tuvo lugar el derrame, identificar a la planta de personal y empleados ejecutivos que estaban a cargo de la explotación el día que ocurrió el siniestro.

El juez no precisó el período en que los trabajos de cianuración y extracción de oro y plata de la mina Veladero estarían suspendidos, sino que la parálisis sería hasta que la subsidiaria de Barrick Gold cumpliera con una serie de trabajos de prevención ordenados por la autoridad minera provincial y supeditó su eventual levantamiento a una nueva inspección, que ordenaría oportunamente.

En su extensa resolución, Ortija ordena a la subsidiaria de Barrick Gold presentar en forma urgente una serie de documentación relacionada con las "registraciones que dan cuenta de las novedades producidas desde el día 7 de Septiembre del año 2016, al día de la fecha".

El día 4 de octubre de 2016, el juez de Paz subrogante del Departamento de Iglesia, Hugo Quiroga, levantó la medida cautelar que pesaba sobre la actividad de mina Veladero y autorizó para que opere normalmente.

"Es muy positivo. La mina vuelve a trabajar, la empresa vuelve a operar y lo que vamos hacer, de ahora en adelante, es mirar el correcto cumplimiento y seguir analizando las condiciones de seguridad", dijo el gobernador Sergio Uñac al anunciar la noticia en rueda de prensa. Lo hizo en compañía del ministro de Minería, Alberto Hensel.

La medida fue adoptada por un magistrado subrogante, ya que el juez natural, Pablo Oritja, entró de licencia el viernes anterior al dictado de la nueva medida. Quien seguía en el orden, la jueza de Paz de Jáchal Silvia Rodríguez, también tomó licencia por enfermedad el día que debía hacerse cargo del expediente.

Ante este “sugestivo” trámite judicial y atendiendo a los graves riesgos ambientales y para la salud de los habitantes de esa comarca, es que solicitamos el acompañamiento al presente proyecto manifestando la preocupación de esta Cámara ante la implementación de la medida judicial, sin tener las suficientes garantías de que estén dadas las condiciones para ello.