PROYECTO DE LEY EXTRUCTURACION DEL SECTOR NUCLEAR

Art. 1: Declárese la actividad nuclear a escala industrial y la generación nucleoeléctrica al igual que la explotación y exploración de minas de Uranio de propiedad inalienable del estado Nacional. Quien será el único autorizado a explotar la misma regularla y asociarse con otros países o Provincias de la Nación en esta materia.

Art. 2: En virtud de que el estado Nacional desea transmitirle garantías al conjunto de la población y a los trabajadores de tan sensible actividad, y para garantizar la seguridad jurídica necesaria y física que solo el estado puede brindar con la alta capacitación de los profesionales de la actividad se derogan todos los artículos de la legislación vigente relacionados o que permitan cualquier intento de privatización de la actividad nuclear.

Los artículos a derogar son los mencionados en la presente Ley:

Art. 2 Deróguese el art. 23 del decreto 1540 /94.

Art. 3 Deróguese Art. 34 y Art. 35 de la Ley 24.804/97.

Art. 4 Deróguese Art. 4 al 25 inclusive del decreto 1390/98.

Art. 3: Para dar cumplimiento a la presente ley se autoriza a la Secretaria de Energía de la Nación a iniciar negociaciones con el sector privado de Conuar y FAE para el traspaso definitivo de sus acciones a los entes, empresas, secretaria o ministerio que el Poder Ejecutivo considere conveniente. Para que en un plazo no mayor a 12 meses toda la actividad se encuentre en poder del Estado Nacional.

Art. 4: Declárense intransferibles todas las acciones que el Estado Nacional y la Comisión Nacional de Energía Atómica poseen en NA-SA, DIOXITEK, INVAP, CONUAR y FAE.

Art. 4: Comuníquese al poder Ejecutivo....

Señor presidente:

La década del Noventa se caracterizó por una política de alineamiento internacional con los EEUU expresado por nuestro Canciller con la tristemente celebre frase de relaciones carnales.

Esto sumado a una feroz privatización de todas las empresas del estado y desmantelamiento del aparato científico tecnológico, en especial en aquellas áreas donde Argentina había logrado un desarrollo competitivo a nivel mundial, como fueron la cohetería, astilleros navales el área energética, con la emblemática y tristemente celebre privatización de YPF y cierre de Hidronor, y Agua y Energía de la Nación.

Que dejara a la Argentina prácticamente sin capacidad de regulación y programación de su desarrollo energético y por lo tanto industrial, política que hasta hoy sufrimos.

El gobierno debe centralizar una política de inversiones, control y regulación en tan sensible área para cualquier Nación en desarrollo que pretenda cierto grado de autonomía, independencia y soberanía en sus planes de crecimiento.

En muchas áreas y en la nuclear en particular aun nos seguimos rigiendo por legislaciones que fueron pensadas para desmantelar o privatizar áreas estratégicas que solo el estado debe controlar para garantizar su desarrollo y seguridad en pos de la seguridad del conjunto de la población y la garantía de regulación y control que el estado debe recuperar para garantizar el crecimiento de la Industria y por consiguiente la Nación.

En el área nuclear si observamos en el ámbito mundial, salvo en el caso norteamericano, que tiene fuertes controles con poder de veto y cierre de emprendimientos la actividad toda esta en manos de empresas del estado.

En la mayoría con entes centralizados aunque en algunas con empresas estatales de cierta autonomía con una centralización desde los poderes ejecutivos y ciertos acuerdos estratégicos con todos los bloques con representación parlamentaria para garantizar los planes de desarrollo más allá de los Gobiernos de turno.

Hoy que esta habiendo una explosión en el desarrollo de la Actividad Nuclear debido que ha demostrado ser la más segura, menos contaminante y con precios más estables para generación a gran escala. Llegando a ser el 17 % de la matriz energética mundial.

Es necesario pensar en cambiar la estructura legal vigente y adecuarla a las necesidades que el país tiene. Si Argentina desea seguir creciendo a ritmo sostenido y acompañar el desarrollo de la industria y el Agro, es necesario comenzar a diseñar un plan energético a mediano y largo plazo en el que la matriz energética nacional tendrá que adecuarse a las necesidades nacionales y realidad mundial, donde todos los países desarrollados y emergentes están desarrollando importantes planes de desarrollo basados en la generación Nucleoelectrica para no estar atado a los avatares del petróleo y a la vez cumplir con los compromisos asumidos en el tratado de KIOTO el cuál Argentina ha subscrito.

Pero desarrollar una nueva legislación que reestructure la actividad y garantice el desarrollo de la misma en un acuerdo estratégico incluye a los distintos partidos políticos y se respete mas allá de quien gane las elecciones, seguramente nos va a llevar un tiempo de debate importante y superar prejuicios falsos. Pues no podemos pretender que el gobierno abandone su plan nuclear, pero esas mismas organizaciones internacionales nada dicen del 90% de generación nucleoelectrica de Francia, de las 176 centrales Norteamericanas, del plan nuclear de Japón, o los objetivos de Corea Occidental, China, la India, o del ambicioso plan Canadiense de invertir de aquí al 2020, más de 40.000 millones de dólares estadounidenses en la construcción de nuevas centrales.

Por lo expuesto aquí es que consideramos necesario hasta tanto acordemos una nueva estructura y legislación a la actividad en general, para dar una señal a la sociedad Argentina, al mundo y a los más de 5000 técnicos y profesionales de la actividad altamente capacitados, que estamos dispuestos a posicionar al sector de las herramientas necesarias para poder volver a colocarlo en el primer plano mundial y así acompañar el crecimiento de la industria nacional no solo aportándole la energía necesaria sino siendo un importante soporte técnico y tecnológico en todos las áreas desde la medicina hasta la metalúrgica, sin olvidarnos del campo en todas sus actividades aportando tecnología sin contaminación ni productos altamente tóxicos.

Por todo lo expuesto es que planteamos la derogación de toda la legislación que la exponga al desmantelamiento o privatización, solicitando además a los compañeros diputados que acompañen con su voto el presente proyecto de ley.