MODIFICACION ART. 22 DEL TITULO SEGUNDO DEL CODIGO DE MINERIA CONFORME DTO. 456/97 – REGLAMENTARIO DEL CODIGO DE MINERIA– LEY N° 1.919 y MODIFICATORIAS

Artículo 1°.- Modificase el artículo 22° del Título Segundo, del Código de Minería, Ley N° 1.919 y modificatorias (t. o. Dto. 456/97), el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 22. – No pueden adquirir minas, ni tener en ellas parte, interés ni derecho alguno:

1- Los jueces, cualquiera que sea su jerarquía, en la sección o distritos mineros donde ejercen su jurisdicción en el ramo de minas.

2- Los ingenieros rentados por el Estado, los escribanos de minas y sus oficiales en la sección o distritos en donde desempeñan sus funciones y/o cualquier otro profesional vinculado a una explotación minera que ejercieran funciones públicas, sea en el lugar de la explotación o ajenos a ellas, pero que por su cargo público pudiera ejercer una posición privilegiada para favorecerse a sí mismo o a terceros.

3- Los legisladores nacionales, provinciales y ediles municipales, siempre y cuando la explotación minera, se corresponda a la sección o distrito o partido o departamento, o provincia, por el cual fue electo el legislador.

4- Los miembros del Poder Ejecutivo nacional, provincial o municipal, que ejercieren sus cargos en la explotación minera, en la sección, distrito, partido o departamento, donde fueron electos.

5- Las mujeres no divorciadas y los hijos bajo la patria potestad de las personas mencionadas en los números precedentes.

Artículo 2°.- De forma.

Señor presidente:

Las modificaciones que propicio al Código de Minería de la República Argentina (ley N° 1.919 y sus modificatorias), no es descabellada o caprichosa, todo lo contrario conocidos e innumerables casos de corrupción se ventilan por estos días en los tribunales federales, sobre que tal o cual legislador, gobernador, intendente, o empresarios o grupos empresarios privados o mixtos, amigos o conocidos del poder públicos, adquirieron a precios viles terrenos que “prima facie”, no tendrían ningún valor inmobiliario o comercial y posteriormente se descubre que allí habría tal o cual yacimiento minero.

Hasta que la Justicia avanza, el represente del Ministerio público Fiscal, entiende o no que hay un ilícito, y que amerita que se inicie la instrucción e investigación pertinente, muchos de las personas citadas en los incisos 1 a 5 del presente artículo que se propicia su modificación, pueden ganar tiempo, entorpecer el accionar de la Justicia, intentar o aún lograr ocultar pruebas, etc., lo cual generaría un dispendio procesal de envergadura inimaginable, con el agravante presupuestario que dicha pesquisa necesita.

Es de difícil concreción la investigación o persecución y aún si se evitaran los dos pasos anteriores en materia de los ilícitos más comunes, imagínese señor Presidente, el riesgo para la explotación minera, o para el control de un desarrollo sustentable, para las generaciones futuras.

Por ello es que cualquier posición dominante, que implique un perjuicio para el Estado o para terceros que actúen de buena fe, generara un conflicto de intereses innecesario, y será de más difícil solución, cuando hubiere involucrado un funcionario público de los establecidos en el presente artículo y sus incisos.