Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de que, por donde corresponda, inste al Gobierno de la Provincia de Catamarca a dejar sin efecto el permiso de explotación del emprendimiento minero "Bajo la Alumbrera", por parte de la empresa Minera Alumbrera Ltd., en Belén, Provincia de Catamarca.

Señor presidente:

La explotación minera a cielo abierto más grande del país vuelve a envenenar a los pobladores del oeste catamarqueño. Nuevamente se rompió el mineraloducto que transporta el mineral desde Catamarca has1ta Tucumán.

Estos accidentes se repiten periódicamente, la mayoría son silenciados por la empresa y por los funcionarios municipales y provinciales.

Los vecinos, alertados de esta nueva rotura, se trasladaron el domingo 11 de junio próximo pasado al lugar encontrándose con un derrame que se extendía más de 300 metros, sobre el cauce del río Vis Vis.

Después de sortear la tranquera que la minera tiene sobre la ruta provincial para impedir el paso, los pobladores caminaron 5 kilómetros para filmar y fotografiar la pérdida. Con la presencia de escribano público tomaron muestras del mineral para ser analizado.

Directivos de la empresa que se vieron sorprendidos por la llegada al lugar de los vecinos y ante el requerimiento de los inesperados visitantes, reconocieron ante las cámaras que el mineraloducto está en malas condiciones y que el derrame produce efectos contraproducentes en el lugar, puesto que los minerales pesados que transporta son altamente contaminantes.

A pesar de que la empresa utiliza los medios de información pretendiendo engañar a los Catamarqueños con permanentes campañas informando que la actividad minera que ellos realizan no es contaminante y que además trabajan con total seguridad, la reiteración de hechos como este muestran todo lo contrario y el reconocimiento de ello por parte del directivo de la empresa multinacional no deja lugar a duda. El engaño esta llegando a su fin a pesar de la complicidad que encuentran en los funcionarios.

Cuando los vecinos llegaron al lugar se encontraron con empleados de la empresa cargando bolsas que apilaban en camiones para sacarlos del lugar con destino desconocido. Otra parte fue tapada con tierra, a pesar de que estos derrames dejan secuelas drásticas en la zona.

Los anteriores derrames produjeron daños irreparables en los habitantes de la zona: muchos vecinos enfermos de cáncer, animales muertos o deformados y vegetación diezmada son las primeras consecuencias.

Las mentiras van saliendo a la luz, la complicidad de la justicia, de los gobiernos municipal, provincial y nacional también.

El propio presidente Kirchner se enorgullece impulsando la minería a cielo abierto. porque como lo dijo ante la Cámara de Empresario Mineros en febrero del 2004 "me siento identificado con la explotación minera, especialmente la del Oro".

Una vez más los funcionarios van a contramano de los reclamos del pueblo. En Santa María, Belén y Andalgalá los vecinos, el 5 de junio, Día del Medio Ambiente, se movilizaron exigiendo que se vayan las mineras. El reclamo, siempre justo, encuentra ahora una nueva motivación porque defender la vida es su prioridad, convencidos de que el agua vale más que el oro, aunque estos reclamos los enfrente al poder de las multinacionales mineras que prometen bienestar y traen muerte.

Durante las últimas horas de la noche del domingo 11 de junio de 2006 los vecinos se movilizaron a la comisaría de Andalgalá para dejar asentada la denuncia. No están dispuestos a permitir que siga la explotación minera de Bajo La alumbrera y mucho menos que se instalen Agua Rica y Filo Colorado que son de mayor dimensiones.

Posteriormente, el lunes 12 de junio, las 12,00 y 15,00 horas, el mineraloducto se rompió nuevamente, casi en el mismo lugar en que se había roto el domingo 11: Villa Vil.

Según la información el concentrado iba llegando a los filtros que tienen los pobladores de Villa Vil para levantar el agua para el consumo humano, por lo que esta nueva ruptura es de extrema gravedad y las autoridades son responsables de que esta empresa siga trabajando o no.

Estos hechos gravísimos reconocen antecedentes: el 17 de setiembre de 2004 se produjo una fisura en el ducto, derramándose una cantidad de material concentrado, altamente contaminante, que viajó por la cuenca del río Villa Vil unos 2 kms. aguas abajo quedando el material esparcido sobre la arena del río. Esta grave situación produjo conmoción en los habitantes del lugar, pues fue afectada la calidad del agua, tanto potable como de riego. El ducto se rompió sobre el lecho del río que alimenta a una planta de agua potable y un acueducto que es de uso de riego.

Las roturas en el mineroducto no son producto del azar. Como siempre, la voracidad empresarial, y la complicidad de los organismos de control, son la principal explicación a esta tragedia ambiental.

Los materiales utilizados en la construcción del ducto no fueron de la calidad y normas exigidas.

Minera Alumbrera, indudablemente, conocía esta "trampa", por eso el enterramiento fue realizado a apenas metro y medio a dos metros de la cota topográfica del terreno, (amen de la sensible economía que significa dejar de excavar 6 metros de profundidad por un trayecto de 230 kms). Desde el comienzo han sido conscientes de las roturas que se producirían y que en el futuro se producirán. Clara prueba de ello es el hecho de que no están utilizando toda el agua que necesitan para la impulsión de los barros, lo que confirma que poseen información sobre la limitación en el volumen del acuífero y que la misma no les alcanzará hasta el agotamiento de las reservas minerales. Cuando se cuenta con escasa cantidad de agua, o ella está prácticamente en el límite de lo previsionado, la abrasión del material granular sobre la pared interna de la cañería, es mucho mayor.

Los pobladores de Villa Vil son productores agroganaderos. Toman del río Villa Vil su agua para utilizarla tanto para el consumo humano como para el riego y la cría de animales. A partir de estos acontecimientos, el río ha quedado contaminado para siempre, con uranio, mercurio, plomo, cobre, arsénico, entre otros metales pesados y elementos radiactivos.

La gravedad de estos incidentes, obliga a las autoridades nacionales y provinciales a exigir y garantizar la remediación de la zona afectada por parte de la empresa Minera Alumbrera Limited, definiendo, además, el grado de responsabilidad penal que la empresa ha tenido en el incidente. Es indispensable que este proceso de remediación sea fiscalizado por los pobladores afectados para asegurar su cumplimiento y efectividad.

La falta de medidas llevadas a cabo en tiempo y forma transformará a las autoridades provinciales y nacionales, por acción u omisión, en corresponsables de esta situación.

La complicidad de las autoridades con esta multinacional queda en evidencia si tenemos presente las declaraciones del Secretario de Minería, Jorge Mayoral, el 7 de marzo de 2005 al matutino La Gaceta de la provincia de Tucumán.

Allí, el funcionario señalo que: "De los estudios que se harán surgirá si existen o no problemas, pero estamos convencidos que la empresa lleva adelante las tareas conforme a la regla que esta actividad requiere en cualquier lugar del mundo." Remarcó, además: "Somos optimistas acerca de que la empresa trabaja bien."

A esta declaraciones, cabría sumar la falacia en la que incurrió cuando señaló al diario Clarín el 6 de enero de 2005, que la mayor contribución de la minería a las arcas nacionales se medía en los aportes fiscales e impositivos de las empresas y en la generación de empleo. El Señor Secretario parece desconocer la vergonzosa legislación nacional sobre el tema, que garantiza a la actividad minera de exenciones impositivas casi absolutas (en el mejor de los casos, pagan una regalía del 3 % del valor del mineral en boca de mina).

Desde esta perspectiva, las declaraciones realizadas por el secretario de Minería de la Nación, son como mínimo, irresponsables. Las mismas respaldan públicamente a una empresa que se encuentra seriamente cuestionada y cuya actividad atenta permanentemente contra la salud y la vida de los habitantes, y no hacen más que mostrar con crudeza una política de saqueo y destrucción, llevada a cabo por los gobiernos de turno con el objeto de favorecer los negocios de las empresas multinacionales mineras en nuestro país.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, después de haber denunciado en el Diario Tucumán del 7/04/05 que la Minera Alumbrera Limitada estaba acostumbrada a manejar al Poder Ejecutivo como si fuera la dueña de la provincia, y que el daño ambiental que produjo no se podía pagar con nada; celebraba con la empresa un convenio inmoral e ilegítimo, mercantilizando bienes sociales pertenecientes a la comunidad toda.

El gobernador Alperovich hizo la propuesta formal del pago por resarcimiento económico, en una reunión que mantuvo con las autoridades de la minera. En este sentido, el fiscal de Estado, Antonio Estofán, manifestó que la empresa tenía plazo hasta el próximo 10 de enero de 2005, para contestar si aceptaba o no pagar los 25 millones de pesos como parte del resarcimiento económico por los daños ambientales ocasionados a la provincia. La minera, que no admite que haya generado daño alguno, ofreció al Estado provincial 22 millones de pesos. El fiscal de Estado dijo rechazar cualquier tipo de acuerdo con la minera, mientras reconoció que el gobierno aceptará el ofrecimiento de 22 millones de pesos a "título de colaboración social" pero no con "carácter de compensación ambiental".

La empresa Minera Alumbrera Limitada fue denunciada además, ante lo tribunales federales, por contaminar con metales pesados las aguas del Canal DP2. Las muestras tomadas por la propia Gendarmería Nacional así lo evidenciaron. Lo mismo que los estudios realizados por el Instituto Nacional del Agua en el que se determinaron que los parámetros de conductividad eléctrica y de sulfatos estaban por arriba de los límites establecidos por la legislación.

Por su parte, la propia Justicia Federal inició en el año 2002 una investigación para saber si la empresa sólo sacaba oro y cobre del yacimiento o si había otros elementos químicos, considerados estratégicos en el mundo actual, como el torio y el uranio, que estarían siendo transportados por el mineraloducto a la provincia de Tucumán y desde allí, al puerto de Rosario. La causa fue caratulada por tráfico documental y exportación ilegal de metales, pues las supuestas regalías que la empresa declaraba comprendían solo las que se calculaban sobre el oro y el cobre.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.