Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos que resulten competentes, informe lo que a continuación se solicita con respecto al proyecto Pascual Lama:

1) En qué etapa de ejecución y cuál es el grado de avance de dicho proyecto minero en la provincia de San Juan;

2) Si el Gobierno ha tomado nota que el mismo ha sido judicialmente suspendido por de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Chile, tras recibir varios informes que revelaron altas concentraciones de arsénico, aluminio, cobre y sulfatos en las aguas subterráneas de la zona y denuncias de las comunidades indígenas por destrucción de los glaciares y apropiación de los recursos hídricos;

3) Qué dependencia se encuentra realizando el monitoreo ambiental de dicho proyecto y cuáles fueron los resultados de los mismos;

4) Si el proyecto Pascua Lama no resulta contradictorio con la Ley N° 26.639, dado que se encuentra pendiente de realización el Inventario Nacional de Glaciares ordenado por la misma;

5) Qué medidas tiene previsto adoptar el Poder Ejecutivo Nacional con respecto a la suspensión efectuada sobre el proyecto por la justicia chilena.

Señor presidente:

Mediante la Ley Nº 25.243 se aprobó, en marzo del 2000, el Tratado sobre Integración y Complementación Minera, el Protocolo Complementario del Tratado de Integración y Complementación Minera y el Acuerdo por Canje de Notas por el que se corrige un error material del Protocolo Complementario, suscriptos con la República de Chile suscripto en julio de 1996 y ratificado en diciembre de 1997.

Dicho tratado aportó el marco legal en el que se inserta el proyecto aurífero Pascua Lama y muchos otros que se quieren construir en las altas cumbres de Los Andes.

Pare el economista chileno Julián Alcayaga, las transnacionales mineras que promovieron este acuerdo pretendían que los minerales argentinos pudieran salir a través de puertos chilenos, generar una suerte de "país virtual" a lo largo de la Cordillera de Los Andes, y levantar las restricciones a la propiedad extranjera en zonas limítrofes.

A partir de 1994 se constituyeron comisiones binacionales sobre el tema minero con composición público-privada. Esta voluntad de trabajo conjunto se plasmó en la Declaración Presidencial de Olivos, suscrita el 26 de abril de 1996, y que contó con el impulso del entonces presidente Menem, además de ministros y parlamentarios de ambos países, y destacados empresarios. Eran las bases del Tratado Minero.

El Tratado supuso la creación de un Área de Operaciones de 340.835 km2: 180.165 km2 aportados por Chile -lo que representa el 25 % de su territorio- y 160.670 km2 por Argentina (6 % de su territorio). Dicho territorio sería gobernado por una Comisión Administradora, financiada por las transnacionales mineras, con atribuciones para disponer libremente de los recursos naturales contenidos en el Área de Operaciones. También podría otorgar concesiones de explotación y resolver las controversias que se presentasen entre "las partes", es decir, entre los Estados suscriptores del tratado.

Otro aspecto muy relevante de este acuerdo es que permitía la constitución de servidumbres mineras en Chile para yacimientos ubicados en Argentina, y viceversa.

Desde la suscripción y ratificación del Tratado sobre Integración y Complementación Minera, el desembarco de las transnacionales mineras en nuestro país no ha dejado de suceder.

Sin embargo, en Chile, varios proyectos mineros y de energía fueron demorados luego de protestas masivas que exigen una mayor regulación de los recursos naturales.

La última de ellas provocó que la corte de apelaciones en la ciudad norteña de Copiapó acusara a la compañía minera canadiense Barrick Gold de cometer "irregularidades ambientales" durante la construcción de la mina de oro y plata ubicada a mayor altitud del mundo y que se extiende en la frontera andina con Argentina.

Así Barrick Gold Corporation suspendió el proyecto minero Pascua-Lama, después de que el tribunal chileno fallara a favor de comunidades indígenas que denunciaron que la mina amenazaba su suministro de agua y contaminaba los glaciares.

Frente a ello, el ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, recibió con beneplácito la suspensión de la mina, luego de una multa que le impuso a Barrick el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile por no haber monitoreado los glaciares en Pascua-Lama. Chadwick declaró que "nos parece bien que se haya podido, a través de un organismo judicial, suspender faenas mientras Pascua-Lama cumpla efectivamente con todos los cargos que la Superintendencia de Medioambiente ya le había hecho".

Mientras esto sucede en Chile, donde Barrick Gold Corp, debió frenar su proyecto minero Pascua Lama en virtud de la contaminación ambiental desmedida y sin controles que lleva adelante, la destrucción de glaciares, la contaminación de acuíferos y el impacto visual de la explotación minera a cielo abierto, aquí el Ejecutivo se enoja con quienes cuestionan a las mineras por destruir el medio ambiente.

El propio presidente de Chile, Sebastían Piñera, reconoció públicamente que es "mejor suspender ahora y que ellos (Barrick Gold) se aboquen a reparar todas las situaciones que aún no han terminado en el proyecto Pascua Lama".

De este lado de la cordillera, la noticia cayó como un balde de agua fría para los actores del sector minero.

El Gobernador de San Juan, José Luis Gioja, se apresuró a declarar que lo ocurrido "era algo previsible" ya que anteriormente esa parte del proyecto había sido multada, y que "en Lama seguimos trabajando, hemos cumplido con todos los requisitos de la ley, tenemos todo en regla. En San Juan sigue todo normal, vamos a seguir trabajando y confiamos que prontamente se solucione el problema en Chile".

Esa versión apurada y optimista no coincide con la del ex presidente y actual integrante del Directorio de la Cámara Minera, Ricardo Martínez, quien dejó en claro que este problema podría retrasar aún más el inicio de la etapa de producción de la mina binacional.

Sobre las declaraciones del secretario de Minería de la Nación, respecto que el proyecto binacional no se resentirá del lado argentino, el dirigente y empresario minero fue contundente al manifestar que "lamentablemente nuestro Secretario de Minería vuelve a renegar de su profesión. Será una declaración política, pero el proyecto es binacional y no tiene una solución individual. Es imposible que ocurra lo que plantea Mayoral. Son menores las reservas en argentina que del lado chileno. Es incongruente desde el punto de vista técnico lo que dice Mayoral, porque encima se ha previsto que recién para el 2015 este previsto que comience la explotación minera del lado argentina. Nunca fue previsto un desarrollo individual del proyecto, sino conjunto. Las ecuaciones económicas fueron pensadas de manera conjunta, por lo que es imposible lo que plantea Mayoral".

Por su parte, el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé explicó que "en diciembre la SEREMI de minería, había pedido la suspensión del destape del yacimiento de Pascua porque ese polvo impactaba en las comunidades cercanas, fundamentalmente en los sembrados, en sus viviendas, en el agua, es decir, situaciones que no se podían permitir y lógicamente están establecidas en el control de impacto ambiental de todos los proyectos mineros del mundo, así que en ese aspecto se tenían que cumplir".

Mientras en Chile se demuestra palmariamente que Barrick lleva adelante "minería responsable" de contaminar el aire y el agua, y de destruir los glaciares y el paisaje, aquí el kirchnerismo se desespera por negarlo y ocultar los glaciares.

Si se acaba de demostrar que la Barrick contamina del lado chileno, el sentido común nos dice que también contaminará del lado argentino. El problema es que aquí el poder político impide monitorear el impacto ambiental.

Es más. La propia empresa y el Gobierno de San Juan admiten que las obras tendrán un impacto sobre más de 300 hectáreas de permafrost, suelo congelado protegido por la Ley de Glaciares, lo que constituye una autoincriminación de violación de la mencionada norma.

Sería saludable es que el gobierno haga cumplir la ley y comience a hacer el inventario de los glaciares, condición indispensable antes de autorizar cualquier explotación, según la normativa jurídica vigente, en lugar de actuar como "vocero" de la Barrick Gold.

Lo que ha sucedido en chile, la destrucción de glaciares y la contaminación de acuíferos, son las consecuencias de la minería a cielo abierto que venimos denunciando, ante la pasividad o complicidad del "kirchnerismo".

Frente a una situación de estas características, cualquier mandatario prudente y honesto suspendería temporalmente el proyecto minero sin mediar ningún tipo de duda. Pero esa no parece ser la actitud de Gioja ni de la Presidente.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente pedido de informes.