Expresar su más profunda preocupación ante la posibilidad de la generación de riesgos ambientales y sanitarios en la Cuenca del Río Colorado, a raíz de la puesta en marcha del emprendimiento "Proyecto Potasio Río Colorado", que la empresa "Potasio Río Colorado S.A.", subsidiaria de la empresa "Río Tinto S.A.", tiene previsto llevar adelante en la zona de Malargüe, Mendoza.

Señor presidente:

La empresa minera "Potasio Río Colorado S.A.", está llevando adelante desde hace varios meses, estudios y exploraciones tendientes a lograr la factibilidad de la explotación de un yacimiento de cloruro de potasio, ubicado aproximadamente a 200 km. al Sur de Malargüe, en la provincia de Mendoza.

Si bien desde el punto de vista económico esto pareciera ser prima facie una gran oportunidad para el desarrollo regional, entidades ambientalistas y diferentes organismos interjurisdiccionales han puesto en alerta a la población ante la posibilidad de generación de daños ambientales de grandes proporciones, por contaminación de las aguas del río Colorado, fuente hídrica que es compartida por cinco provincias argentinas, y cuyas aguas son utilizadas tanto para el consumo humano como para el desarrollo de distintas economías regionales.

Por tal motivo, creo que es importante traer aquí a colación un informe elaborado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (C.O.I.R.C.O.), organismo conformado por representantes de las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, que fuera creado en el año 1977 y cuya labor a través de todos estos años ha sido reconocida como ejemplo de Comité de Cuencas en el país.

En octubre del año pasado, el Comité Ejecutivo del COIRCO realizó un pormenorizado estudio de la situación, del cual creo conveniente rescatar los puntos a mi entender más salientes, que ayudarán a fijar una postura firme en consonancia con lo expresado en la parte resolutiva del presente proyecto.

El emprendimiento que pretende llevar adelante la empresa "Potasio Río Colorado S.A.", consiste en la explotación de un yacimiento de cloruro de potasio, en la zona de Malargüe, provincia de Mendoza.

El cloruro de potasio será extraído mediante un sistema conocido como "minería de disolución", utilizando agua caliente, desde una profundidad de 1000 metros aproximadamente, que arrojará como resultado la obtención de un producto (el cloruro de potasio) y de un residuo (cloruro de sodio). La duración aproximada del proyecto está fijada en 40 años.

Según lo informado por la empresa minera, este residuo (sal común) será depositado en superficie, formando pilas de sal que al fin del ciclo, cubrirán una superficie de 210 hectáreas, con una altura aproximada a los 50 metros, ubicadas a tan sólo 6 kilómetros del río Colorado. Esta "montaña de sal" se ubicaría en la zona conocida como "Cañadón Amarillo", con una marcada pendiente hacia el río, con un sistema de almacenamiento y protección que la empresa dice garantizar, pero que el COIRCO hizo objeto de serias dudas, observaciones y reparos, producto de pormenorizados análisis técnicos y análisis de antecedentes en América del Norte y Europa.

Señor presidente, creo necesario que se tomen en cuenta estas dudas que plantea el Comité Ejecutivo del organismo citado en párrafos precedentes, habida cuenta que el único interés que mueve al mismo es la preservación de los preceptos expuestos en el Acuerdo que rige el Aprovechamiento Integral del río Colorado, no sólo en cuanto al uso de sus aguas, sino también a la preservación de los recursos naturales de la cuenca, poniendo énfasis especial en el recurso hídrico.

Por ello creo oportuno que se tenga muy en cuenta la recomendación del Comité Ejecutivo del COIRCO en cuanto a que se rechace la utilización de la disposición de sal en superficie, insistiendo en la búsqueda de alternativas para su transporte o disposición final, para lo cual deberán efectuarse todos los estudios necesarios. Asimismo, no hay que dejar de lado el requerimiento de medidas de precaución por el impacto ambiental durante el proceso de producción y, eventualmente, el que podría producirse en caso de una interrupción parcial o definitiva en la explotación.

Vigilar que esto se cumpla, que todos los recaudos necesarios sean tomados, que se extremen las precauciones, no hace más que convertirnos en fieles guardianes de lo dispuesto por la Constitución Nacional en su artículo 41º: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales....".

Por todo lo expuesto precedentemente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.