Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan, informe a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, respecto al proceso iniciado para la elaboración de un NUEVO ACUERDO FEDERAL MINERO entre las Provincias y la Nación, sírvase informar:

- ¿Qué procedimientos de consulta se realizaron y/o tienen previsto realizar entre las distintas provincias para su elaboración?

- ¿Qué instituciones, organizaciones y organismos no gubernamentales participaron/participarán del proceso? ¿Cómo y quiénes realizaron la convocatoria? Detalle por provincia.

- ¿Qué mecanismos tiene previstos durante el proceso de elaboración para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 24.071, de aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en especial lo referido a la consulta previa a las comunidades indígenas involucradas con el desarrollo de la actividad minera?

Señor presidente:

En octubre del año 2016, se realizó en la Casa Rosada un evento convocado por el Ministerio de Energías y Minería, en el marco del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), para debatir un borrador de un Nuevo Acuerdo Federal Minero. En el evento participaron representantes de las 23 provincias, legisladores nacionales y de las cámaras empresarias del sector.

Según lo manifestado tanto por el titular del Ministerio de Energía y Minería, Juan José Aranguren, como del Secretario de Minería, Daniel Meilán, la tarea del Nuevo Acuerdo Federal Minero será “conciliar los intereses de la Nación y de las provincias mediante un instrumento que permita la sustentabilidad del sector para al menos los próximos 30 años”.

Existe un profundo debate en la sociedad respecto al desarrollo de la actividad minera en nuestro país, en especial sobre la mega minería metalífera cielo abierto. Se cuestiona no sólo su impacto ambiental y la utilización intensiva de recursos como agua y energía; también la falta de control, de participación y de información de las comunidades y otros sectores productivos afectados. Dos de los principales emprendimientos mineros, Minera Alumbrera (Catamarca) y Veladero (San Juan) enfrentan procesos judiciales por delitos de contaminación, en el caso de La Alumbrera con sentencia firme en contra de la empresa.

Se trata de una actividad extractiva de recursos finitos que emplea poca mano de obra y remite al exterior prácticamente todas sus ganancias. Con enormes ventajas económicas en términos de exenciones impositivas, subsidios y régimen de promociones otorgados a nivel nacional, provincial y local, muy por encima de otros sectores económicos locales con muchísimas menos oportunidades y mayor encadenamiento productivo que estas poderosas mineras extranjeras a cargo de los proyectos.

Este debate abierto en distintos puntos del país derivó en muchos casos en procesos de movilización que tuvieron como saldo la sanción en siete provincias de leyes que prohíben o restringen esta actividad en su territorio, y localidades que sancionaron ordenanzas en igual sentido. El proceso de debate de un NUEVO ACUERDO FEDERAL MINERO necesariamente no sólo debe contemplar esta realidad política, sino también sus protagonistas. No es correcto considerar como únicos involucrados en el proceso de elaboración de una norma de este tipo, a quienes impulsan desde siempre la actividad: las mineras, los sindicatos afines AOMA, la UOCRA y los legisladores que defienden esos intereses. Un proceso genuino de discusión debería incluir a todos los sectores de la sociedad involucrados, principalmente las organizaciones y asambleas de las comunidades locales, los sectores productivos afectados, y los pueblos indígenas involucrados.

De acuerdo a lo difundido en los distintos medios de información no sería el caso del proceso llevado adelante por el actual gobierno.

Por todo lo antes dicho, solicitamos nos acompañen en este proyecto de resolución.