Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del art. 100 Inc. 11 de la Constitución Nacional, para que por intermedio de la Secretaría de Minería y demás organismos competentes en la materia, informen sobre los siguientes puntos vinculados al derrame de solución cianurada, con distintos metales pesados, ocurrido en la Provincia de San Juan, así como de diversos temas relacionados al cumplimiento de la Ley 26.639:

Cuáles es el protocolo a seguir por la empresa minera, el Gobierno local y el Nacional, en caso de falla en una mina cuando está en riesgo la biodiversidad y la salud de la población. Detalle el mismo y establezca cuál ha sido el accionar en cada caso.

Si existían en su haber denuncias realizadas sobre irregularidades de la empresa y /o alertas sobre posibles fallas.

Cuáles han sido las políticas de monitoreo y análisis en la zona afectada. A partir de qué fecha y hora se comenzó la realización de los mismos. Quienes han realizado dichas acciones. Adjunte los informes realizados.

Cuáles son los efectos del derrame sobre la población y la biodiversidad. Quienes han realizado dichos informes. Adjunte los mismos.

Cuáles fueron las acciones, sistemas y actividades de mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición ambiental que fueron ejecutadas a partir del siniestro sucedido. Detallar los resultados de las acciones desarrolladas.

Informe si se han realizado estudios e informes dirigidos a obtener un conocimiento acabado de la evolución del ambiente en las áreas de influencia de los proyectos mineros, así como del impacto que la actividad imprime sobre la población. En caso afirmativo, indique si se han elaborado propuestas o medidas tendientes a la mitigación de los mismos, en coordinación con las Autoridades Mineras Provinciales. Adjunte los informes.

Informe si se cumplió con la normativa del marco ambiental minero, en especial con lo dictado por la sección segunda del Código de Minería de la Nación. Indique, si existen medidas que se podrían haber tomado para evitar el hecho o en su caso para evitar que una rotura o desperfecto en una válvula o caño pueda contaminar el agua.

Indique si desde la Secretaría de Minería se han elaborado Estudios e Informes de Impacto Ambiental en la zona de la Mina Veladero, Provincia de San Juan. En el momento a desarrollarse el emprendimiento y con posterioridad al derrame. Adjunte ambos.

Indique si desde la Secretaria se han implementado programas de capacitación ambiental dirigidos a los actores sectoriales y a las comunidades involucradas en la actividad minera.

Informe si la Empresa Minera Argentina Gold S.A se encuentra en el Registro de Infractores, creado mediante resolución 1140/97 de la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Minería. En caso afirmativo, indique cuales fueron las sanciones aplicadas y los motivos por los cuales fue registrada.

Indique si desde la Secretaria se han realizado denuncias penales, ante la violación de la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos. En caso afirmativo, identifique la carátula, calificación legal, tribunal federal y fiscalía intervinientes.

Señor presidente:

El día domingo 14 de agosto del 2015 los pobladores de la Ciudad de Jáchal, un pueblo ubicado en el centro de la provincia de San Juan, se enteraron que río arriba había sucedido un incidente en la mina de oro Veladero de la multinacional Barrick Gold. La noticia que, en un primer momento, fue descreída ya que había sido suministrada mediante un mensaje de texto de uno de los operarios, con el correr de las horas fue convirtiéndose en una realidad poco deseada.

Las primeras informaciones que llegaron a los medios de comunicación hablaban de 15 mil litros de solución cianurada derramados. Ante este panorama los pobladores empezaron a convocarse de manera espontanea en la plaza de la Ciudad requiriendo información a las autoridades del municipio, que hasta ese entonces no tenían ningún tipo de información de lo ocurrido y no había respuesta de los funcionarios provinciales.

Recién el día martes, 48 horas después de la detección de la falla, el gobernador Gioja decide emitir un comunicado en el que recomienda no beber agua a las poblaciones de El Chinguillo, Malimán y Angualasto, cercanas al Río Blanco, ante una posible contaminación con cianuro, e impulsar una denuncia penal contra la empresa Barrick. El mismo martes, el juez de Jáchal, Pablo Ortija, hace lugar a un amparo presentado por un vecino, ordena que se distribuya agua a la población, se paralice la actividad en la mina Veladero y se cree un comité de crisis.

El jueves, a cinco días del derrame, la empresa presenta su primer y único informe ante las autoridades provinciales, informando que el volumen del derrame era más grave de lo que se preveía en un principio, llegando a la preocupante cantidad de 224.000 litros. Una semana después, ante el requerimiento del juez penal, la empresa informa que el total de solución derramada ascendía a 1.072.000 de litros, constituyendo un verdadero desastre ambiental, cuyas consecuencias aún son difíciles de dimensionar.

A una semana del derrame, y ante la ausencia de información certera, los propios vecinos mandaron a hacer un estudio a partir de distintos muestreos obtenidos a lo largo de la cuenca del río Jáchal, en el Laboratorio de Análisis Instrumental, de la Facultad de Ingeniería, en la Universidad de Cuyo. El resultado de los análisis practicados muestra que los valores de metales pesados, como el boro, el aluminio, el mercurio y el manganeso se encuentran muy elevados y por encima de los establecidos por el Código Alimentario Argentino y los cánones dispuestos por la Organización Mundial de la Salud. Es importante destacar que los metales enunciados anteriormente se encuentran dentro de los residuos considerados como peligrosos, según la ley 24.051, de Residuos Peligrosos.

La Secretaria posee potestades regulatorias, asignadas por el poder Ejecutivo ó por su propio ordenamiento legal interno. Por citar alguna de ellas, el Decreto del Ejecutivo Nacional 1142/2003, le otorgo a la Secretaría de Minería la responsabilidad de asistir en acciones tendientes al dictado de normas que contribuyan al desarrollo de la actividad minera, proponiendo regulaciones sobre seguridad e higiene minera y elaborando indicadores sectoriales; coordinar con las Unidades de Gestión Ambiental de las Provincias, la aplicación del Sistema Ambiental Minero Preventivo y configurar los manuales de procedimiento al efecto; contribuir con las provincias en la remediación y mitigación de pasivos ambientales originados por explotaciones mineras. En tanto, la Resolución 58/2004 de la propia Secretaria de Minería, estipula que ésta deberá realizar la evaluación de informes de impacto ambiental de proyectos mineros con competencia nacional, proponer e instrumentar sistemas de monitoreo ambiental, elaborar adecuaciones permanentes al marco regulatorio ambiental minero, proponer e implementar programas de capacitación ambiental dirigidos a los actores sectoriales y a las comunidades involucradas en la actividad minera, elaborar estudios e informes dirigidos a obtener un conocimiento acabado de la evolución del ambiente en las áreas de influencia de los proyectos mineros, del impacto que la actividad imprime sobre la población y proponer medidas tendientes a la mitigación de los mismos.

De las competencias desarrolladas en el párrafo anterior, surge claramente la necesidad de contar con información que esta Secretaria está en condiciones de otorgar.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente proyecto de resolución.