Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación para solicitarle que, a través del organismo que corresponda, en relación a los trabajos de encapsulado de residuos sólidos que llevaba adelante la Comisión Nacional de Energía Atómica con el fin de solucionar los pasivos ambientales (colas de uranio) de la Mina de Malargue y San Rafael, informe:

01.- ¿Cuales han sido las actividades desarrolladas por el CNEA desde 1993 a 1999 en la Mina de Malargue y San Rafael?

02.- ¿Cuales han sido los controles realizados por la CNEA sobre las actividades desarrolladas en el manejo de residuos radiactivos en la provincia de Mendoza? ¿Con que frecuencia se realizaban dichos controles?

03.- ¿Existe almacenamiento de sustancias peligrosas en las instalaciones inactivas de la provincia de Mendoza? En caso afirmativo, indique cual es el origen de esos residuos y que medidas ha adoptado la CNEA para su control.

04.- ¿Existen causas legales por el traslado de residuos peligrosos a las instalaciones en la Provincia de Mendoza? ¿Cuál es la responsabilidad de la CNEA por esta causa? ¿Quiénes han sido responsables en esta causa y cuales han sido las sanciones efectivamente aplicadas?

05.- ¿Cuál ha sido el resultado de los estudios realizados por la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda (Bs.As.), la CNEA y la Universidad de Cagliari (Italia) sobre la evaluación del impacto ambiental para la reanudación de tareas de minería en la zona de San Rafael. Si se han hecho informes adjuntar copia.

06.- ¿Qué nivel de contaminación existe en la zona y que riesgos vinculados a la actividad que puedan afectar a la salud de la población zonal? En caso negativo, adjunte los informes y/o cualquier otro estudio que avale la garantía de inocuidad de la explotación.

07.- ¿Cuál es el tiempo máximo que estima la CNEA para finalizar las tareas iniciadas y luego detenidas en 1999 por falta de presupuesto para remediar el pasivo ambiental existente en la Mina de Malargue y San Rafael?

08.- ¿Qué garantías y bajo que condiciones finalizará la CNEA las actividades, en caso de reactivar el saneamiento de las colas de uranio, para finalizar los trabajos en la Mina de Malargue y San Rafael.

Señor presidente:

En Argentina, paralelamente a la construcción de centrales nucleares y al desarrollo de tecnologías para la fabricación de componentes y elementos combustibles para las centrales nucleares, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desarrolló, desde principios de los años ´50, actividades en la exploración, prospección y explotación de yacimientos de uranio. Estas actividades formaron parte de una decisión estratégica que permitió llegar al autoabastecimiento totalmente nacional del combustible para las centrales nucleares.

El uranio es un mineral estratégico en cuanto es fuente de energía primaria para la producción de electricidad en las centrales nucleares, que hoy generan cerca de un 17% de la electricidad utilizada en el mundo, sustituyendo el consumo de petróleo, gas y carbón, y evitando anualmente la emisión a la atmósfera de millones de toneladas de compuestos contaminantes y gases de efecto invernadero.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) hoy impulsa la reapertura de reabrir la mina de uranio Sierra Pintada, en San Rafael, para ello presentó un estudio de impacto ambiental al ejecutivo sobre los trabajos precisos necesarios para retomar la extracción de mineral, junto con la realización de tareas en la provincia para la purificación del uranio, para lo cual se trasladaría una planta desde Córdoba. La empresa Dioxitek (integrada por la CNEA y el Estado de Mendoza) tendría a cargo este proceso.

Los condicionamientos a esta iniciativa surgen que previo a la reactivación de Sierra Pintada se deberá solucionar definitivamente los "pasivos ambientales" (como las famosas colas de uranio) que dejó la operación inicial de la mina en Malargüe y San Rafael y que tras iniciar actividades de saneamiento fueron detenidas en 1999 por falta de presupuesto, siendo las actividades realizadas insuficientes y hasta demasiado lentos los trabajos de encapsulado de residuos sólidos que inició la CNEA para remediar la contaminación que dejó la explotación nuclear previa en el sur de la Provincia de Mendoza.

Para que se autorice la reanudación de la explotación minera se requiere el tratamiento de los restos de la minería de uranio (la llamada gestión de los pasivos) provenientes de la explotación anterior y la aprobación de un estudio de impacto ambiental exigido por la legislación minera. El informe correspondiente ya ha sido sometido a la aprobación de los organismos de control competentes, y prevé un esquema de control y seguridad adecuado a las normas regulatorias más exigentes. El estudio fue llevado a cabo por la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda (Buenos Aires), con asesoramiento de especialistas de primer nivel en temas específicos, del país y del exterior. Paralelamente se firmó un convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad de Cagliari, Italia, para estudiar temas vinculados con la evaluación del impacto ambiental de la minería.

Otro de los temas importantes que deben ser aclarados, se funda en la denuncia realizada por La fundación para la Defensa del Ambiente presentada ante la Fiscalía de investigación penal Nro.3 a cargo de Graciela Lopez de Filoñuk, en la justicia federal de la provincia de Córdoba, sobre el almacenamiento temporario de residuos radiactivos de baja actividad en la empresa Dioxitek, en Córdoba, y el envío de residuos radiactivos y peligrosos a la Provincia de Mendoza.

Dioxitek S.A. produce el polvo de dióxido de uranio que utilizan como combustible las centrales nucleares en Argentina. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM, explicó que la planta tiene semienterradas más de 37.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad (mezclados con residuos peligrosos), y que descarga a la colectora cloacal unos 100 kilogramos de uranio por año. Hasta el día de hoy ha sufrido numerosos accidentes, como vuelco interno de uranio y descargas al aire de amoníaco. Lo grave es que Dioxitek S.A. concentra insumos industriales que pueden incendiarse o estallar.

El FUNAM solicitó a la fiscal Filoñuk, que investigue si el almacenamiento temporal de residuos radiactivos de bajo nivel en la propia planta se había realizado en el marco de legalidad que la Ley del Ambiente de la provincia de Córdoba establece, obligatoriamente, para cualquier proyecto de depósito temporal y que debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental al Gobierno previamente y hasta tanto no tenga respuesta favorable, el responsable debe abstenerse de implementarlo.

También la investigación estudia el envío de residuos radiactivos de baja actividad a la provincia de Mendoza. El presidente de del FUNAM explicó que los residuos que produce Dioxitek son cocktail de materiales radiactivos, entre ellos, Uranio 238, Torio 234, Protactinio 234, Uranio 234, Torio 230, Radio 226, Radón 222, Polonio 218, Plomo 214, Bismuto 214, Polonio 214, Plomo 210, Bismuto 210 y Polonio 210 peligrosos para las células vivas, la salud y el ambiente. La Justicia investigue también la responsabilidad que tendrían la CNEA, Dioxitek S.A. y la empresa transportadora, en los hechos denunciados.

Por estos motivos consideramos importante dar una clara respuesta a la población y resguardar su salud ante la posibilidad de una grave contaminación con residuos peligrosos, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, de controlar el correcto desempeño de los organismos competentes, en el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios, por la peligrosidad que revisten los residuos radiactivos ampliamente detallados en sus anexos.

Por lo expuesto solicito la pronta aprobación del presente proyecto de resolución.