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LEGISLACION DEL TRABAJO
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 427
Secretario Administrativo DR. PANCELLI ANTONIO NICOLÁS
Miércoles 10.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2420 Internos 2420/21
cltrabajo@hcdn.gob.ar
- LEGISLACION DEL TRABAJO
Reunión del día 15/04/2020
- INFORMATIVA
INVITADOS
- señor Moroni Ministro de Tabajo
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los quince días del mes de abril de 2020, a la hora 17 y 14, da comienzo la reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia:
SR. PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA MASSA Muy buenas tardes todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos diputados de las distintas fuerzas políticas, dado que encontramos la forma de trabajar de manera articulada con el Poder Ejecutivo en el marco de la crisis. No es momento de discusiones ni peleas, sino que más bien debemos trabajar todos juntos.
Quiero agradecerle al señor ministro Moroni porque es la segunda vez que viene al Congreso en cien días de gobierno. No tengo recuerdo desde la vuelta de la democracia que hayan pasado nueve ministros en quince días a brindar informes en reuniones de comisión. Además, quiero recordarles a los señores diputados que estas reuniones se registran mediante versión taquigráfica y tienen carácter de sesión informativa de la Comisión.
Agradezco asimismo a la señora diputada Vanesa Siley y al señor diputado Albor Cantard por haberse tomado el trabajo de contactar a cada diputado para organizar el mecanismo previo de consultas a fin de habilitar el diálogo con el ministro, para que entre todos podamos seguir haciendo nuestra tarea en esta situación tan difícil que vive la Argentina, en particular en los temas de empleo y seguridad social, que tienen una actualidad enorme.
Señor ministro Moroni: sé de su solvencia, talento, capacidad, y sobre todo de su buena fe a la hora de administrar la cosa pública. No tengo ninguna duda de que su trabajo con los diputados será bárbaro. Le reitero mi agradecimiento porque no es habitual que los ministros trabajen tan codo a codo con el Poder Legislativo. Es muy importante el hecho de que en los últimos cien días haya estado en dos oportunidades trabajando con los diputados de la comisión, así que le hago llegar mi agradecimiento personal.
A los diputados les reitero el agradecimiento del señor presidente y de los funcionarios del gobierno, porque sentimos que en este momento tan difícil del mundo y de la Argentina no hay grieta ni división, sino que trabajamos juntos para tratar de resolver los problemas de los argentinos.
Tiene la palabra la señora presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, señora diputada Siley, quien cuenta con talento y capacidad para llevar adelante esta reunión.
Quiero agradecerle al señor ministro Moroni porque es la segunda vez que viene al Congreso en cien días de gobierno. No tengo recuerdo desde la vuelta de la democracia que hayan pasado nueve ministros en quince días a brindar informes en reuniones de comisión. Además, quiero recordarles a los señores diputados que estas reuniones se registran mediante versión taquigráfica y tienen carácter de sesión informativa de la Comisión.
Agradezco asimismo a la señora diputada Vanesa Siley y al señor diputado Albor Cantard por haberse tomado el trabajo de contactar a cada diputado para organizar el mecanismo previo de consultas a fin de habilitar el diálogo con el ministro, para que entre todos podamos seguir haciendo nuestra tarea en esta situación tan difícil que vive la Argentina, en particular en los temas de empleo y seguridad social, que tienen una actualidad enorme.
Señor ministro Moroni: sé de su solvencia, talento, capacidad, y sobre todo de su buena fe a la hora de administrar la cosa pública. No tengo ninguna duda de que su trabajo con los diputados será bárbaro. Le reitero mi agradecimiento porque no es habitual que los ministros trabajen tan codo a codo con el Poder Legislativo. Es muy importante el hecho de que en los últimos cien días haya estado en dos oportunidades trabajando con los diputados de la comisión, así que le hago llegar mi agradecimiento personal.
A los diputados les reitero el agradecimiento del señor presidente y de los funcionarios del gobierno, porque sentimos que en este momento tan difícil del mundo y de la Argentina no hay grieta ni división, sino que trabajamos juntos para tratar de resolver los problemas de los argentinos.
Tiene la palabra la señora presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, señora diputada Siley, quien cuenta con talento y capacidad para llevar adelante esta reunión.
SRA. PRESIDENTA SILEY Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por habilitar este tipo de comunicación.
Estrenamos de este modo las reuniones de la Comisión de Legislación del Trabajo de 2020 a través de este formato de videollamada en medio de una pandemia que asola no solamente a nuestro país sino al mundo entero, un hecho extraordinario e inesperado.
Solamente voy a hacer referencia a la modalidad y al acuerdo a que hemos arribado con los diferentes bloques para llevar adelante esta reunión informativa. Los diputados y diputadas que integran la Comisión tendrán tres minutos para hacer uso de la palabra, y aquellos diputados y diputadas que no la integran, contarán con dos minutos y medio. Voy a pedir que sean respetuosos del tiempo que a cada uno le toca.
En primer término hará uso de la palabra el señor ministro Claudio Moroni. Sabemos todo el trabajo que está llevando el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. Realmente, su tiempo es oro y le agradecemos que esté con nosotros. Después vamos a hacer todas las preguntas y comentarios y podrán plantearse todos los temas o dudas que deseen, y luego el señor ministro tomará la palabra para responder.
Muchas gracias, señor presidente y señor ministro, y también a los diputados y diputadas que mandaron previamente sus preguntas. Hemos coordinado una lista de oradores, y aclaro que muchos no van a hablar, pero no será la última reunión.
Finalmente, quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras de la Cámara de Diputados de la Nación. Gracias a ellos se está llevando adelante esta videoconferencia.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Claudio Moroni.
Estrenamos de este modo las reuniones de la Comisión de Legislación del Trabajo de 2020 a través de este formato de videollamada en medio de una pandemia que asola no solamente a nuestro país sino al mundo entero, un hecho extraordinario e inesperado.
Solamente voy a hacer referencia a la modalidad y al acuerdo a que hemos arribado con los diferentes bloques para llevar adelante esta reunión informativa. Los diputados y diputadas que integran la Comisión tendrán tres minutos para hacer uso de la palabra, y aquellos diputados y diputadas que no la integran, contarán con dos minutos y medio. Voy a pedir que sean respetuosos del tiempo que a cada uno le toca.
En primer término hará uso de la palabra el señor ministro Claudio Moroni. Sabemos todo el trabajo que está llevando el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. Realmente, su tiempo es oro y le agradecemos que esté con nosotros. Después vamos a hacer todas las preguntas y comentarios y podrán plantearse todos los temas o dudas que deseen, y luego el señor ministro tomará la palabra para responder.
Muchas gracias, señor presidente y señor ministro, y también a los diputados y diputadas que mandaron previamente sus preguntas. Hemos coordinado una lista de oradores, y aclaro que muchos no van a hablar, pero no será la última reunión.
Finalmente, quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras de la Cámara de Diputados de la Nación. Gracias a ellos se está llevando adelante esta videoconferencia.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Claudio Moroni.
SR. MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Buenas tardes. Les agradezco a ustedes porque siempre es bueno estar en contacto con el Poder Legislativo para comentar lo que estamos haciendo, así como para recibir ideas y sugerencias. Como bien decía la señora presidenta de la Comisión, estamos en un momento muy complejo ya que estamos enfrentando un evento del Medioevo en el siglo XXI. La verdad es que no tenemos herramientas preparadas previamente para este tipo de eventos, así que estamos viendo lo que están haciendo otros países y diseñando nuevas herramientas, pero son todas provisionales. Si las medidas funcionan, es bueno; si no funcionan, habrá que aplicar otras de acuerdo con los objetivos que tengamos.
Dentro del aspecto del trabajo, lo primero que quiero hacer es plantear qué es lo que estuvimos haciendo en materia de los objetivos definidos por el señor presidente. Claramente, el primer objetivo es preservar la salud de la población. La realidad es que todo lo que estamos haciendo es para mantener el nivel salud de la población, y creo que en ese sentido las medidas han sido acertadas. Para mantener la salud de la población también tenemos que mantener en funcionamiento las actividades esenciales, que es lo que hemos hecho desde el primer decreto mediante el cual establecimos algunas restricciones parciales. Luego se dictaron otros decretos que establecieron el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que ya denominamos ASPO. Si ustedes siguen las normativas que fuimos dictando en todos esos casos, este mantenimiento de actividades esenciales lo hemos hecho protegiendo la salud, el empleo y los ingresos de los trabajadores. Esto lo hemos hecho a través de una serie de normas vinculadas a lo laboral y mediante la asistencia a empresas, a fin de mantener en funcionamiento la unidad productiva. También hemos tomado medidas tendientes a mantener el ingreso vinculadas a ciertos gastos de la familia como son las tarifas públicas, el impedimento de los desalojos, la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y la reducción de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Si bien estas medidas no están estrictamente vinculadas al contrato de trabajo, van en la misma línea de mantener y proteger el ingreso de las familias en este contexto complicado.
Por otra parte, se dio un fenómeno nuevo que tuvimos que enfrentar de golpe, como es la asistencia de un sector poco identificado. Nosotros tenemos bien claro cuáles son los trabajadores formales, ese sector de la población al que damos asistencia social a través de lo que vulgarmente llamamos planes. Es un sector de la población en el que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los ministerios de Desarrollo de las distintas jurisdicciones trabajan permanentemente. Ese sector ya está identificado, pero en el medio nos queda otro segmento de algunos cuentapropistas, más o menos formales según el período, y los monotributistas de las bajas categorías, es decir, sectores de la población con los que hasta ahora el Estado no había intentado ningún esquema de acercamiento y asistencia. Para esta parte de la población implementamos el Ingreso Familiar Extraordinario. Dejo bien claro que el objetivo es atender a ese sector, no simplemente darles la herramienta del IFE. Si este ingreso funciona bien, seguirá. De lo contrario, será necesario adoptar alguna otra herramienta para este sector, que es bastante inasible, dado que no está plenamente identificado, por lo cual en medio de esta situación tuvimos que salir a identificarlo mediante sistemas de inscripción, etcétera.
Voy a referirme ahora a las normas que hemos dictado. La primera es la restricción parcial y total a través del aislamiento social preventivo y obligatorio, así como la definición de las actividades esenciales.
En esa definición establecimos, para los trabajadores en general, la dispensa de la asistencia al lugar de trabajo.
Quiero dejar este punto bien claro. ¿Por qué quisimos fijar esto? No dijimos que no se trabaje, sino que los dispensamos de asistir al lugar de trabajo. En forma concomitante, incorporamos una norma en la que establecimos que si el trabajo u otras tareas análogas que venía haciendo el trabajador se podía realizar desde el hogar, debía acordar de buena fe con su empleador y de esa forma se hiciera la prestación. Esta no es exactamente la definición de teletrabajo que aspiraríamos tener sino que fue una forma muy rápida de resolver este choque con el que nos encontramos y de armar algún esquema de trabajo desde el hogar.
Es decir, el sistema que armamos lo dejamos librado a la relación entre trabajador y empleador para que de buena fe llegaran a un acuerdo, ya que no estábamos en condiciones de sancionar una serie de normas -que en algún momento deberá hacerse a través del Congreso- para regular totalmente el teletrabajo.
Por lo tanto, trato de sacarle este título ostentoso de teletrabajo y decir que simplemente elaboramos algún mecanismo para que aquel que pudiera seguir trabajando desde el hogar durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo hiciera de buena fe sobre la base de la relación con el empleador.
Además, siempre mantuvimos a las poblaciones de mayor riesgo fuera de peligro. Me refiero a los mayores de 60 años, las embarazadas y aquellos que tenían una serie de afecciones crónicas -que fueron detalladas en la norma; esa gente no está.
¿Qué hicimos después? Cuando vimos que esta situación de aislamiento se prolongaba y se empezaban a producir fenómenos de despido por fuerza mayor, prohibimos los despidos por falta de trabajo formal por fuerza mayor y también las suspensiones por esa causa. Quedaron exceptuadas las suspensiones que fueran tramitadas de acuerdo con el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo que prevé que, de común acuerdo con el sector sindical, puedan suspenderse actividades en empresas que no las están desarrollando, con el pago de una compensación, debiendo ello ser sometido a la homologación de la autoridad laboral. Nos pareció que era un mecanismo válido frente a la prohibición total de suspensiones.
Es decir, intentamos prohibir la suspensión unilateral por parte del empleador sin pago de salario y en caso de que fuera necesario suspender las tareas -porque la actividad estaba paralizada-, que se hiciera en el marco de la negociación con el sindicato.
En nuestra opinión, esta norma era necesaria porque en las definiciones clásicas de fuerza mayor entraba la decisión del Estado de prohibir determinadas actividades. En este sentido, con el objetivo básico de evitar que los vínculos laborales se rompan, estamos apuntando a que los contratos no se extingan -porque si eso sucede después todo es más difícil- y habilitamos este mecanismo del artículo 223 bis, que ya estaba previsto en la ley.
Sin embargo, esto no fue suficiente y, por lo tanto, hubo que asistir a las empresas. El primer mecanismo que establecimos para ello fue el acceso al crédito. Recuerden que desde hace bastantes años las empresas no son un sujeto de crédito muy apreciado por el sector financiero.
La realidad es que durante los últimos años el sector financiero trabajó más colocando dinero en el Estado, en el Banco Central, en préstamos personales o en las tarjetas de crédito que en la asistencia crediticia al sector productivo.
En tal sentido, el Banco Central dictó una serie de disposiciones por las que se formó una línea de crédito de más de 300 mil millones de pesos destinada al pago de remuneraciones a una tasa preferencial del 24 por ciento. Sinceramente, costó que los bancos comenzaran a agilizar esta línea de crédito.
Además, dictamos otra norma con el objeto de capitalizar el FOGAR. El FOGAR es un fondo de garantías para pymes que fue capitalizado con 30 mil millones de pesos. Dicha capitalización lo habilita a dar garantías hasta 150 mil millones de pesos; de esta forma se empezó a viabilizar el sistema de créditos hacia las pymes.
A la fecha, según me informa el Banco Central, existen aproximadamente 50 mil millones de pesos otorgados en créditos y, desembolsados efectivamente, algo más de 30 mil millones de pesos.
Vemos que durante el primer período el acceso al crédito fue lento, ahora se va acelerando y probablemente el Banco Central dicte alguna otra serie de normas para facilitar aún más el acceso a esta línea de crédito que creemos fundamental, sobre todo para pymes y mini pymes.
De todas formas, como consideramos que todo esto no era suficiente y que había situaciones en las que el crédito no alcanzaba, dictamos dos decretos de necesidad y urgencia con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.
Quiero aclarar cómo fue la estructura. Los REPRO son los programas de reactivación productiva. El año en que se entregó mayor cantidad de dichos programas fue 2009: fueron aproximadamente cuatro mil REPROS en un lapso de ocho o nueve meses. Si seguíamos esa lógica, era imposible que asistiéramos a las empresas, porque ahora estamos pensando en que asistiremos a 200 mil empresas aproximadamente.
Si seguíamos con la lógica del expediente del trámite del REPRO, no era posible que este ministerio ni cuatro ministerios juntos pudieran tramitar y otorgar, en tiempo oportuno, la asistencia que estábamos previendo. El único organismo capaz de recibir semejante cantidad de inscripciones es la AFIP, porque tiene un sistema informático que le permite recibir esta cantidad de información y procesarla.
Por lo tanto, el objetivo fue establecer una serie de procedimientos automáticos de inscripción en donde va a haber una definición de parámetros objetivos de facturación. Sobre esa base se otorgarán automáticamente los beneficios.
Los beneficios van desde reducciones de hasta el 95 por ciento de las contribuciones patronales y asistencia para pagar salarios, que va desde un salario mínimo hasta el 75 por ciento de un salario mínimo. No hay sectores excluidos.
En el primer decreto habían quedado excluidos los sectores definidos como esenciales. Luego descubrimos que había sectores definidos como esenciales que tenían serios problemas financieros. La realidad es que, con la modificación, ningún sector está excluido.
En el caso de aquellas empresas mayores de cien que son las que no acceden de modo automático, estamos terminando de generar una reglamentación que tendrá un trámite muy similar al de las otras empresas, quizás con algún grado mayor de información porque son empresas que están en mejores condiciones de brindarla.
En materia de protección de los ingresos familiares, si bien ya lo fui relatando, lo que hicimos fue proteger el hogar; para ello, se suspendieron los desalojos y las ejecuciones hipotecarias. Además, protegimos los suministros del hogar, básicamente los servicios públicos, congelamos las tarifas e impedimos que se corte el servicio por falta de pago.
En el caso del sector de los trabajadores formales es muy común el endeudamiento con tarjeta de crédito, que estaba a tasas francamente increíbles. En ese sentido, el Banco Central bajó fuertemente la tasa que perciben los bancos por el uso de la tarjeta de crédito -los bancos y las entidades no bancarias que trabajan con tarjeta- y además forzó la renegociación en los casos de saldos deudores; para ello, hay un plazo y un período en el que se podrán refinanciar.
Por lo tanto, no solo tratamos de proteger el ingreso salarial sino también los gastos que tiene la familia para que no se disparen por cuestiones de tasas de interés.
El otro punto que nos planteamos es si esta enfermedad, para quienes están trabajando, es profesional o no. La realidad es que aspiramos a que en algún momento se convierta en una gripe común, pero hoy no es así. Entonces, dictamos un DNU en el que incluimos al coronavirus y establecimos las normas necesarias como para que esta enfermedad tuviera asistencia por parte del sistema de ley de riesgo de trabajo.
Las ART, de acuerdo con la norma que dictamos, no pueden rechazar la cobertura y tendrán que brindar las prestaciones. En principio, las que más nos interesan son las prestaciones en especie -es decir, atender la salud de los trabajadores- y después tendrán que seguir el mecanismo de enfermedades no enlistadas pero con presunciones.
Asimismo, establecimos claramente que en el sector de salud se presume que esta enfermedad se contrajo en ocasión del trabajo -salvo que alguien pueda demostrar lo contrario- y, en los otros casos, le dimos facultades a la comisión médica central -que tiene capacidad de determinar esto- para que, si se dan ciertos hechos relevantes, invierta la carga de la prueba a favor del trabajador. De esta manera hemos mantenido el nivel de cobertura que queríamos.
Respecto del trabajo en el hogar también dictamos una norma para que quien estuviera efectivamente trabajando de esta manera tuviera cobertura del sistema de riesgo del trabajo mediante la simple denuncia del domicilio donde está realizando las tareas.
Hoy se publicó en los diarios una información que di en el Senado y, como de costumbre, salió como quisieron publicarla. La realidad es que lo único que dije en materia de altas y bajas en el empleo es que las bajas sucedidas entre marzo y los primeros días de abril de este año son la misma cantidad que las sucedidas entre marzo y abril de 2019, que fueron 45.000. No son 45.000 despidos sino las bajas totales, que pueden ser por renuncias, por jubilaciones, etcétera. Es decir que hasta la fecha que pudimos tener acceso, que son los primeros días de abril, no estamos viendo un movimiento significativo distinto en las bajas de trabajadores respecto de las que hubo en marzo de 2019.
En materia del ingreso familiar extraordinario, como ya lo anunció la ANSES, el resultado de los cruces después de la inscripción de la gente arrojó una cifra cercana a los 8 millones de personas. A ellos se les irá pagando el subsidio de los 10.000 pesos durante el mes de mayo.
Nos interesa trabajar con esa base, tanto con los aceptados como con los rechazados. Entendemos que se trata de una información muy importante para definir cómo seguimos y continuar analizando alguna herramienta para el futuro para este sector que, insisto, es muy inasible. No se trata de un sector que podamos calificar fácilmente porque a veces es formal y otras es informal. Por ejemplo, tenemos a los monotributistas de baja categoría, pero también puede haber alguien que algún mes está en el monotributo y otro mes no. Es decir que es un sector bastante plástico y difícil, que tiene un tamaño importante en la Argentina.
En este punto quiero hacer un paréntesis. Creo que todo este tema pasará y tendremos que empezar a ocuparnos de otros, por ejemplo este sector.
La realidad es que tenemos un sector que efectivamente está trabajando, que tiene una formalidad leve o una informalidad absoluta y no tiene las protecciones adecuadas. Entonces, sé que hoy estamos en una situación de urgencia y resolveremos en función de ella, pero pasada esta urgencia debemos repensar algunas instituciones para ver cómo hacemos para que este sector tenga las protecciones adecuadas.
Claramente, no se trata solamente de empleados que deberían estar registrados y no lo están. Este sector es muy heterogéneo y complejo, porque hay cuentapropistas, pero también hay de todo. Tenemos que empezar a analizarlo porque creo que efectivamente es un sector muy importante de la actividad económica argentina y no está contando con todas las protecciones adecuadas.
A la fecha tenemos esto, pero estamos trabajando permanentemente en otras herramientas. El nivel de conflictividad colectiva e individual claramente es bajo, o sea, hemos tenido numerosos conflictos colectivos, sobre todo en relación a si una actividad estaba incluida entre las esenciales, si no estaba incluida, bajo qué figura, si los protocolos de salubridad estaban de acuerdo, etcétera. Todos ellos se han ido resolviendo mediante protocolos dictados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o por protocolos fijados de común acuerdo entre sindicatos y empleadores sobre la base de las pautas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o con su asistencia, pero todo esto de algún modo se ha ido acomodando.
Se trata de situaciones complejas y cambiantes en las que a veces razonablemente el temor al contagio exacerba determinadas cuestiones, pero tengo que decir que, en rigor, el 90 por ciento de los conflictos que ha habido en este punto se han ido resolviendo de un modo razonable y siempre con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores.
Nos quedan dos o tres conflictos puntuales en la provincia de Buenos Aires porque alguno de los sujetos es complejo, pero en el resto no estamos observando una conflictividad muy importante.
Hoy por la mañana tuve una reunión virtual con el Consejo Federal de Ministros de Trabajo. Ellos están viendo un panorama más o menos parecido. En este sentido, estamos articulando la relación porque estamos previendo que habrá presentaciones por el artículo 223 bis. Asimismo, estamos articulando cómo trabajaremos con las administraciones provinciales. En definitiva, no están viendo un panorama muy distinto del que estoy planteando.
Es difícil proyectar para el futuro, porque el futuro y la vuelta a la actividad claramente están definidos de acuerdo al último decreto por el que se prorrogó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La iniciativa para establecer la vuelta de algunas actividades es de las provincias. O sea, lo que hizo el Poder Ejecutivo nacional fue establecer que cada jurisdicción que plantee actividades que cree que pueden reiniciarse sin poner en peligro a la salud de la población debe comunicarlo al comité que prevé ese decreto, que preside el jefe de Gabinete. Asimismo, debe plantear cuáles serán los protocolos de salud y los protocolos de acceso al lugar de trabajo, porque siempre pensamos en el lugar de trabajo pero en realidad uno de los mayores focos de contagio que hemos visto en el resto del mundo son los medios de transporte.
Entonces, no se trata solamente de cómo se protege al trabajador una vez que ingresó al establecimiento sino cómo llega de un modo sano impidiendo la masividad de los contagios. Esa iniciativa hoy está en manos de las provincias, que son quienes mejor conocen la situación de cada uno de sus territorios y qué actividades son mucho menos riesgosas.
Luego, esa iniciativa será analizada, por supuesto con la opinión del Ministerio de Salud, que en esto será más que relevante, y sobre esa base iremos por el camino -tal como dijo el presidente- del aislamiento social, preventivo y obligatorio administrado. Estamos entrando en una etapa de administración respecto de cómo será el modelo de salida de este aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Creo que he dado un pantallazo de lo que hemos hecho hasta ahora. A continuación, escucharé las preguntas y los comentarios de los señores diputados. Muchas gracias.
Dentro del aspecto del trabajo, lo primero que quiero hacer es plantear qué es lo que estuvimos haciendo en materia de los objetivos definidos por el señor presidente. Claramente, el primer objetivo es preservar la salud de la población. La realidad es que todo lo que estamos haciendo es para mantener el nivel salud de la población, y creo que en ese sentido las medidas han sido acertadas. Para mantener la salud de la población también tenemos que mantener en funcionamiento las actividades esenciales, que es lo que hemos hecho desde el primer decreto mediante el cual establecimos algunas restricciones parciales. Luego se dictaron otros decretos que establecieron el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que ya denominamos ASPO. Si ustedes siguen las normativas que fuimos dictando en todos esos casos, este mantenimiento de actividades esenciales lo hemos hecho protegiendo la salud, el empleo y los ingresos de los trabajadores. Esto lo hemos hecho a través de una serie de normas vinculadas a lo laboral y mediante la asistencia a empresas, a fin de mantener en funcionamiento la unidad productiva. También hemos tomado medidas tendientes a mantener el ingreso vinculadas a ciertos gastos de la familia como son las tarifas públicas, el impedimento de los desalojos, la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y la reducción de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Si bien estas medidas no están estrictamente vinculadas al contrato de trabajo, van en la misma línea de mantener y proteger el ingreso de las familias en este contexto complicado.
Por otra parte, se dio un fenómeno nuevo que tuvimos que enfrentar de golpe, como es la asistencia de un sector poco identificado. Nosotros tenemos bien claro cuáles son los trabajadores formales, ese sector de la población al que damos asistencia social a través de lo que vulgarmente llamamos planes. Es un sector de la población en el que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los ministerios de Desarrollo de las distintas jurisdicciones trabajan permanentemente. Ese sector ya está identificado, pero en el medio nos queda otro segmento de algunos cuentapropistas, más o menos formales según el período, y los monotributistas de las bajas categorías, es decir, sectores de la población con los que hasta ahora el Estado no había intentado ningún esquema de acercamiento y asistencia. Para esta parte de la población implementamos el Ingreso Familiar Extraordinario. Dejo bien claro que el objetivo es atender a ese sector, no simplemente darles la herramienta del IFE. Si este ingreso funciona bien, seguirá. De lo contrario, será necesario adoptar alguna otra herramienta para este sector, que es bastante inasible, dado que no está plenamente identificado, por lo cual en medio de esta situación tuvimos que salir a identificarlo mediante sistemas de inscripción, etcétera.
Voy a referirme ahora a las normas que hemos dictado. La primera es la restricción parcial y total a través del aislamiento social preventivo y obligatorio, así como la definición de las actividades esenciales.
En esa definición establecimos, para los trabajadores en general, la dispensa de la asistencia al lugar de trabajo.
Quiero dejar este punto bien claro. ¿Por qué quisimos fijar esto? No dijimos que no se trabaje, sino que los dispensamos de asistir al lugar de trabajo. En forma concomitante, incorporamos una norma en la que establecimos que si el trabajo u otras tareas análogas que venía haciendo el trabajador se podía realizar desde el hogar, debía acordar de buena fe con su empleador y de esa forma se hiciera la prestación. Esta no es exactamente la definición de teletrabajo que aspiraríamos tener sino que fue una forma muy rápida de resolver este choque con el que nos encontramos y de armar algún esquema de trabajo desde el hogar.
Es decir, el sistema que armamos lo dejamos librado a la relación entre trabajador y empleador para que de buena fe llegaran a un acuerdo, ya que no estábamos en condiciones de sancionar una serie de normas -que en algún momento deberá hacerse a través del Congreso- para regular totalmente el teletrabajo.
Por lo tanto, trato de sacarle este título ostentoso de teletrabajo y decir que simplemente elaboramos algún mecanismo para que aquel que pudiera seguir trabajando desde el hogar durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo hiciera de buena fe sobre la base de la relación con el empleador.
Además, siempre mantuvimos a las poblaciones de mayor riesgo fuera de peligro. Me refiero a los mayores de 60 años, las embarazadas y aquellos que tenían una serie de afecciones crónicas -que fueron detalladas en la norma; esa gente no está.
¿Qué hicimos después? Cuando vimos que esta situación de aislamiento se prolongaba y se empezaban a producir fenómenos de despido por fuerza mayor, prohibimos los despidos por falta de trabajo formal por fuerza mayor y también las suspensiones por esa causa. Quedaron exceptuadas las suspensiones que fueran tramitadas de acuerdo con el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo que prevé que, de común acuerdo con el sector sindical, puedan suspenderse actividades en empresas que no las están desarrollando, con el pago de una compensación, debiendo ello ser sometido a la homologación de la autoridad laboral. Nos pareció que era un mecanismo válido frente a la prohibición total de suspensiones.
Es decir, intentamos prohibir la suspensión unilateral por parte del empleador sin pago de salario y en caso de que fuera necesario suspender las tareas -porque la actividad estaba paralizada-, que se hiciera en el marco de la negociación con el sindicato.
En nuestra opinión, esta norma era necesaria porque en las definiciones clásicas de fuerza mayor entraba la decisión del Estado de prohibir determinadas actividades. En este sentido, con el objetivo básico de evitar que los vínculos laborales se rompan, estamos apuntando a que los contratos no se extingan -porque si eso sucede después todo es más difícil- y habilitamos este mecanismo del artículo 223 bis, que ya estaba previsto en la ley.
Sin embargo, esto no fue suficiente y, por lo tanto, hubo que asistir a las empresas. El primer mecanismo que establecimos para ello fue el acceso al crédito. Recuerden que desde hace bastantes años las empresas no son un sujeto de crédito muy apreciado por el sector financiero.
La realidad es que durante los últimos años el sector financiero trabajó más colocando dinero en el Estado, en el Banco Central, en préstamos personales o en las tarjetas de crédito que en la asistencia crediticia al sector productivo.
En tal sentido, el Banco Central dictó una serie de disposiciones por las que se formó una línea de crédito de más de 300 mil millones de pesos destinada al pago de remuneraciones a una tasa preferencial del 24 por ciento. Sinceramente, costó que los bancos comenzaran a agilizar esta línea de crédito.
Además, dictamos otra norma con el objeto de capitalizar el FOGAR. El FOGAR es un fondo de garantías para pymes que fue capitalizado con 30 mil millones de pesos. Dicha capitalización lo habilita a dar garantías hasta 150 mil millones de pesos; de esta forma se empezó a viabilizar el sistema de créditos hacia las pymes.
A la fecha, según me informa el Banco Central, existen aproximadamente 50 mil millones de pesos otorgados en créditos y, desembolsados efectivamente, algo más de 30 mil millones de pesos.
Vemos que durante el primer período el acceso al crédito fue lento, ahora se va acelerando y probablemente el Banco Central dicte alguna otra serie de normas para facilitar aún más el acceso a esta línea de crédito que creemos fundamental, sobre todo para pymes y mini pymes.
De todas formas, como consideramos que todo esto no era suficiente y que había situaciones en las que el crédito no alcanzaba, dictamos dos decretos de necesidad y urgencia con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.
Quiero aclarar cómo fue la estructura. Los REPRO son los programas de reactivación productiva. El año en que se entregó mayor cantidad de dichos programas fue 2009: fueron aproximadamente cuatro mil REPROS en un lapso de ocho o nueve meses. Si seguíamos esa lógica, era imposible que asistiéramos a las empresas, porque ahora estamos pensando en que asistiremos a 200 mil empresas aproximadamente.
Si seguíamos con la lógica del expediente del trámite del REPRO, no era posible que este ministerio ni cuatro ministerios juntos pudieran tramitar y otorgar, en tiempo oportuno, la asistencia que estábamos previendo. El único organismo capaz de recibir semejante cantidad de inscripciones es la AFIP, porque tiene un sistema informático que le permite recibir esta cantidad de información y procesarla.
Por lo tanto, el objetivo fue establecer una serie de procedimientos automáticos de inscripción en donde va a haber una definición de parámetros objetivos de facturación. Sobre esa base se otorgarán automáticamente los beneficios.
Los beneficios van desde reducciones de hasta el 95 por ciento de las contribuciones patronales y asistencia para pagar salarios, que va desde un salario mínimo hasta el 75 por ciento de un salario mínimo. No hay sectores excluidos.
En el primer decreto habían quedado excluidos los sectores definidos como esenciales. Luego descubrimos que había sectores definidos como esenciales que tenían serios problemas financieros. La realidad es que, con la modificación, ningún sector está excluido.
En el caso de aquellas empresas mayores de cien que son las que no acceden de modo automático, estamos terminando de generar una reglamentación que tendrá un trámite muy similar al de las otras empresas, quizás con algún grado mayor de información porque son empresas que están en mejores condiciones de brindarla.
En materia de protección de los ingresos familiares, si bien ya lo fui relatando, lo que hicimos fue proteger el hogar; para ello, se suspendieron los desalojos y las ejecuciones hipotecarias. Además, protegimos los suministros del hogar, básicamente los servicios públicos, congelamos las tarifas e impedimos que se corte el servicio por falta de pago.
En el caso del sector de los trabajadores formales es muy común el endeudamiento con tarjeta de crédito, que estaba a tasas francamente increíbles. En ese sentido, el Banco Central bajó fuertemente la tasa que perciben los bancos por el uso de la tarjeta de crédito -los bancos y las entidades no bancarias que trabajan con tarjeta- y además forzó la renegociación en los casos de saldos deudores; para ello, hay un plazo y un período en el que se podrán refinanciar.
Por lo tanto, no solo tratamos de proteger el ingreso salarial sino también los gastos que tiene la familia para que no se disparen por cuestiones de tasas de interés.
El otro punto que nos planteamos es si esta enfermedad, para quienes están trabajando, es profesional o no. La realidad es que aspiramos a que en algún momento se convierta en una gripe común, pero hoy no es así. Entonces, dictamos un DNU en el que incluimos al coronavirus y establecimos las normas necesarias como para que esta enfermedad tuviera asistencia por parte del sistema de ley de riesgo de trabajo.
Las ART, de acuerdo con la norma que dictamos, no pueden rechazar la cobertura y tendrán que brindar las prestaciones. En principio, las que más nos interesan son las prestaciones en especie -es decir, atender la salud de los trabajadores- y después tendrán que seguir el mecanismo de enfermedades no enlistadas pero con presunciones.
Asimismo, establecimos claramente que en el sector de salud se presume que esta enfermedad se contrajo en ocasión del trabajo -salvo que alguien pueda demostrar lo contrario- y, en los otros casos, le dimos facultades a la comisión médica central -que tiene capacidad de determinar esto- para que, si se dan ciertos hechos relevantes, invierta la carga de la prueba a favor del trabajador. De esta manera hemos mantenido el nivel de cobertura que queríamos.
Respecto del trabajo en el hogar también dictamos una norma para que quien estuviera efectivamente trabajando de esta manera tuviera cobertura del sistema de riesgo del trabajo mediante la simple denuncia del domicilio donde está realizando las tareas.
Hoy se publicó en los diarios una información que di en el Senado y, como de costumbre, salió como quisieron publicarla. La realidad es que lo único que dije en materia de altas y bajas en el empleo es que las bajas sucedidas entre marzo y los primeros días de abril de este año son la misma cantidad que las sucedidas entre marzo y abril de 2019, que fueron 45.000. No son 45.000 despidos sino las bajas totales, que pueden ser por renuncias, por jubilaciones, etcétera. Es decir que hasta la fecha que pudimos tener acceso, que son los primeros días de abril, no estamos viendo un movimiento significativo distinto en las bajas de trabajadores respecto de las que hubo en marzo de 2019.
En materia del ingreso familiar extraordinario, como ya lo anunció la ANSES, el resultado de los cruces después de la inscripción de la gente arrojó una cifra cercana a los 8 millones de personas. A ellos se les irá pagando el subsidio de los 10.000 pesos durante el mes de mayo.
Nos interesa trabajar con esa base, tanto con los aceptados como con los rechazados. Entendemos que se trata de una información muy importante para definir cómo seguimos y continuar analizando alguna herramienta para el futuro para este sector que, insisto, es muy inasible. No se trata de un sector que podamos calificar fácilmente porque a veces es formal y otras es informal. Por ejemplo, tenemos a los monotributistas de baja categoría, pero también puede haber alguien que algún mes está en el monotributo y otro mes no. Es decir que es un sector bastante plástico y difícil, que tiene un tamaño importante en la Argentina.
En este punto quiero hacer un paréntesis. Creo que todo este tema pasará y tendremos que empezar a ocuparnos de otros, por ejemplo este sector.
La realidad es que tenemos un sector que efectivamente está trabajando, que tiene una formalidad leve o una informalidad absoluta y no tiene las protecciones adecuadas. Entonces, sé que hoy estamos en una situación de urgencia y resolveremos en función de ella, pero pasada esta urgencia debemos repensar algunas instituciones para ver cómo hacemos para que este sector tenga las protecciones adecuadas.
Claramente, no se trata solamente de empleados que deberían estar registrados y no lo están. Este sector es muy heterogéneo y complejo, porque hay cuentapropistas, pero también hay de todo. Tenemos que empezar a analizarlo porque creo que efectivamente es un sector muy importante de la actividad económica argentina y no está contando con todas las protecciones adecuadas.
A la fecha tenemos esto, pero estamos trabajando permanentemente en otras herramientas. El nivel de conflictividad colectiva e individual claramente es bajo, o sea, hemos tenido numerosos conflictos colectivos, sobre todo en relación a si una actividad estaba incluida entre las esenciales, si no estaba incluida, bajo qué figura, si los protocolos de salubridad estaban de acuerdo, etcétera. Todos ellos se han ido resolviendo mediante protocolos dictados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o por protocolos fijados de común acuerdo entre sindicatos y empleadores sobre la base de las pautas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o con su asistencia, pero todo esto de algún modo se ha ido acomodando.
Se trata de situaciones complejas y cambiantes en las que a veces razonablemente el temor al contagio exacerba determinadas cuestiones, pero tengo que decir que, en rigor, el 90 por ciento de los conflictos que ha habido en este punto se han ido resolviendo de un modo razonable y siempre con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores.
Nos quedan dos o tres conflictos puntuales en la provincia de Buenos Aires porque alguno de los sujetos es complejo, pero en el resto no estamos observando una conflictividad muy importante.
Hoy por la mañana tuve una reunión virtual con el Consejo Federal de Ministros de Trabajo. Ellos están viendo un panorama más o menos parecido. En este sentido, estamos articulando la relación porque estamos previendo que habrá presentaciones por el artículo 223 bis. Asimismo, estamos articulando cómo trabajaremos con las administraciones provinciales. En definitiva, no están viendo un panorama muy distinto del que estoy planteando.
Es difícil proyectar para el futuro, porque el futuro y la vuelta a la actividad claramente están definidos de acuerdo al último decreto por el que se prorrogó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La iniciativa para establecer la vuelta de algunas actividades es de las provincias. O sea, lo que hizo el Poder Ejecutivo nacional fue establecer que cada jurisdicción que plantee actividades que cree que pueden reiniciarse sin poner en peligro a la salud de la población debe comunicarlo al comité que prevé ese decreto, que preside el jefe de Gabinete. Asimismo, debe plantear cuáles serán los protocolos de salud y los protocolos de acceso al lugar de trabajo, porque siempre pensamos en el lugar de trabajo pero en realidad uno de los mayores focos de contagio que hemos visto en el resto del mundo son los medios de transporte.
Entonces, no se trata solamente de cómo se protege al trabajador una vez que ingresó al establecimiento sino cómo llega de un modo sano impidiendo la masividad de los contagios. Esa iniciativa hoy está en manos de las provincias, que son quienes mejor conocen la situación de cada uno de sus territorios y qué actividades son mucho menos riesgosas.
Luego, esa iniciativa será analizada, por supuesto con la opinión del Ministerio de Salud, que en esto será más que relevante, y sobre esa base iremos por el camino -tal como dijo el presidente- del aislamiento social, preventivo y obligatorio administrado. Estamos entrando en una etapa de administración respecto de cómo será el modelo de salida de este aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Creo que he dado un pantallazo de lo que hemos hecho hasta ahora. A continuación, escucharé las preguntas y los comentarios de los señores diputados. Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA SILEY Muchas gracias, señor ministro.
Quiero comentar -para seguir la rigurosidad reglamentaria- que está presente el doctor Nicolás Pancelli, secretario de la comisión, que no lo mencioné al inicio.
Vamos a empezar a dar la palabra a los señores diputados y señoras diputadas que están anotados en la lista de oradores.
Ha sido muy claro, señor ministro. La verdad es que, con las medidas que describió y la cantidad de resoluciones y DNU que se emitieron en torno del trabajo, es un orgullo que la Argentina proteja al trabajo, a la unidad productiva y a la fuente laboral como algo fundamental en este momento.
Tiene la palabra el señor diputado Albor Cantard.
Quiero comentar -para seguir la rigurosidad reglamentaria- que está presente el doctor Nicolás Pancelli, secretario de la comisión, que no lo mencioné al inicio.
Vamos a empezar a dar la palabra a los señores diputados y señoras diputadas que están anotados en la lista de oradores.
Ha sido muy claro, señor ministro. La verdad es que, con las medidas que describió y la cantidad de resoluciones y DNU que se emitieron en torno del trabajo, es un orgullo que la Argentina proteja al trabajo, a la unidad productiva y a la fuente laboral como algo fundamental en este momento.
Tiene la palabra el señor diputado Albor Cantard.
SR. ALBOR CANTARD Gracias, señora presidenta. Quiero hacer públicas mis felicitaciones por el esfuerzo que ha puesto para que esta reunión con el ministro se pueda concretar esta semana. Asimismo, agradezco al señor ministro por su presencia y saludo a todos mis colegas.
Mis preguntas giran en torno del DNU 329, al que el ministro hizo referencia, respecto de la prohibición de despidos y suspensiones, particularmente en dos aspectos. Uno de ellos se refiere a la prohibición de despidos. Al respecto, en forma concomitante con la publicación de este decreto el ministerio se encontró con el conflicto tal vez más grande en estos días, por el volumen de trabajadores, que fue el de Techint y UOCRA, con unos 1.400 despidos. Oportunamente se dictó la conciliación obligatoria y después hubo un acuerdo que homologó el Ministerio de Trabajo por el cual, mediante el pago de algunas gratificaciones -que rondaban algo más de los 30.000 pesos- quedaron avaladas las desvinculaciones de un grupo de trabajadores.
Mi pregunta en este aspecto es cuál ha sido el criterio en este sentido, y si el ministerio entendía que por la concomitancia entre la emisión del decreto y el conflicto con Techint esa norma no le era aplicable. Asimismo, cuál ha sido el criterio para homologar ese acuerdo con esas desvinculaciones.
El segundo aspecto que quiero mencionar se vincula con el artículo 3° del mismo decreto, que prohíbe las suspensiones por 60 días, con excepción -como bien señaló el ministro- del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo. Hace unos días observamos que hubo ciertas expectativas entre empresas y sindicatos, incluso venían dialogando en aspectos relativos a cómo ir generando protocolos de prevención ante una eventual salida de la cuarentena.
Una vez dictada la prórroga y luego de haber entrado en esta segunda etapa -como bien se señaló- de cuarentena administrada, esas expectativas cayeron. Nos preocupa que esa apelación al 223 bis, a través de llegar a acuerdos y producir suspensiones, se está multiplicando mucho en el último tiempo. Quisiera saber si el Ministerio está haciendo un seguimiento particular de estas situaciones y si lleva estadísticas al respecto. Por supuesto que de ser así le vamos a solicitar que envíen los informes a esta Comisión de Legislación del Trabajo.
Por último, ustedes saben que en marzo de este año se privó a las empresas de la posibilidad de hacer pagos a través de las denominadas "billeteras virtuales". En otro momento seguramente podremos discutir más a fondo sobre esta modalidad, incluso sobre la posibilidad de crear una mejor reglamentación que la que existía hasta marzo de este año. Pero, ante estas circunstancias particulares, donde este sistema de pago puede ser de mucha utilidad, particularmente para todo lo que es la economía informal, mi pregunta está vinculada a si no se evalúa, al menos mientras dure la situación particular de aislamiento, habilitar el pago a través de billeteras virtuales como hubo hasta marzo.
Creo haber cumplido con el tiempo, señora presidenta.
Mis preguntas giran en torno del DNU 329, al que el ministro hizo referencia, respecto de la prohibición de despidos y suspensiones, particularmente en dos aspectos. Uno de ellos se refiere a la prohibición de despidos. Al respecto, en forma concomitante con la publicación de este decreto el ministerio se encontró con el conflicto tal vez más grande en estos días, por el volumen de trabajadores, que fue el de Techint y UOCRA, con unos 1.400 despidos. Oportunamente se dictó la conciliación obligatoria y después hubo un acuerdo que homologó el Ministerio de Trabajo por el cual, mediante el pago de algunas gratificaciones -que rondaban algo más de los 30.000 pesos- quedaron avaladas las desvinculaciones de un grupo de trabajadores.
Mi pregunta en este aspecto es cuál ha sido el criterio en este sentido, y si el ministerio entendía que por la concomitancia entre la emisión del decreto y el conflicto con Techint esa norma no le era aplicable. Asimismo, cuál ha sido el criterio para homologar ese acuerdo con esas desvinculaciones.
El segundo aspecto que quiero mencionar se vincula con el artículo 3° del mismo decreto, que prohíbe las suspensiones por 60 días, con excepción -como bien señaló el ministro- del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo. Hace unos días observamos que hubo ciertas expectativas entre empresas y sindicatos, incluso venían dialogando en aspectos relativos a cómo ir generando protocolos de prevención ante una eventual salida de la cuarentena.
Una vez dictada la prórroga y luego de haber entrado en esta segunda etapa -como bien se señaló- de cuarentena administrada, esas expectativas cayeron. Nos preocupa que esa apelación al 223 bis, a través de llegar a acuerdos y producir suspensiones, se está multiplicando mucho en el último tiempo. Quisiera saber si el Ministerio está haciendo un seguimiento particular de estas situaciones y si lleva estadísticas al respecto. Por supuesto que de ser así le vamos a solicitar que envíen los informes a esta Comisión de Legislación del Trabajo.
Por último, ustedes saben que en marzo de este año se privó a las empresas de la posibilidad de hacer pagos a través de las denominadas "billeteras virtuales". En otro momento seguramente podremos discutir más a fondo sobre esta modalidad, incluso sobre la posibilidad de crear una mejor reglamentación que la que existía hasta marzo de este año. Pero, ante estas circunstancias particulares, donde este sistema de pago puede ser de mucha utilidad, particularmente para todo lo que es la economía informal, mi pregunta está vinculada a si no se evalúa, al menos mientras dure la situación particular de aislamiento, habilitar el pago a través de billeteras virtuales como hubo hasta marzo.
Creo haber cumplido con el tiempo, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA SILEY Perfecto, diputado Cantard.
Tiene la palabra el señor diputado Hugo Yasky.
Tiene la palabra el señor diputado Hugo Yasky.
SR. YASKY Agradezco al ministro y a la señora presidenta. Mando un saludo a las compañeras y compañeros diputados, y a alguien que es dirigente sindical y diputado mandato cumplido, compañero de bancada, que está ahora en tratamiento, el compañero Furlán. Un abrazo para él y su familia; fuerza en este momento, como la tienen que tener tantos argentinos que están enfrentando esto. De hecho, los trabajadores y las trabajadoras siguen poniendo el cuerpo todos los días.
En primer lugar, me parece muy buena la resolución respecto de reconocer al COVID-19 como enfermedad profesional. Creo que se saldó un vacío, un gran tema.
En segundo lugar, quería comentar que -lo habrán visto- el secretario general de la OIT, Guy Ryder, habló hace menos de dos días e hizo un reconocimiento de los gobiernos que están aplicando políticas públicas adecuadas para enfrentar esta situación, entre los cuales mencionó al nuestro. Planteó una línea que tiene que ver con el futuro, que consiste en reforzar los recursos del sector público, del Estado, porque las políticas sociales -tal cual las describió muy bien recién el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- van a requerir cada vez más mayores esfuerzos.
En ese sentido, considero que es importante el hecho de que hoy estemos discutiendo la posibilidad de aplicar un gravamen de emergencia a los sectores de la riqueza concentrada. Creo que la Argentina, en un momento como este, tiene que ser capaz de avanzar en el mismo sentido en que lo están haciendo los países de Europa.
Con respecto a los trabajos en período de prueba, estos han quedado en un limbo legal. ¿Qué pasa con los trabajos en período de prueba cuando se rescinde el contrato? Tendríamos que incorporar ese tema.
Entre lo que mencionó el ministro -y creo que tenemos que hacer un seguimiento- sobre ese mundo de trabajadores de formalidad inexistente o de muy baja intensidad, se incorpora a muchos del ámbito privado, pero también del sector público.
Por ejemplo, tenemos a las docentes reemplazantes, las que a esta altura del año o del ciclo lectivo hacían reemplazos por maternidad o por enfermedad. Han perdido ese ingreso y su condición no les permite estar en el universo que se puede aceptar para el IFE. Sería importante que en el Consejo Federal del Trabajo se pudiera ver de qué manera se garantiza la incorporación de las docentes que han quedado en esa situación, como así también de los peones de taxi y de los que venden en una esquina para un quiosco de diarios y revistas, los canillitas. Hay un sinnúmero de trabajadores que tenemos que ver de qué manera los incorporamos.
Otro tema que quería plantear al ministro es la necesidad de tener una resolución rápida de los pedidos que están haciendo -lo vimos ayer con la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales- muchos empleados de cooperativas, que están también en una especie de limbo y en este momento no están percibiendo ningún ingreso. Hay muchas empresas cooperativizadas, muchas empresas recuperadas que no tienen el estándar de una pyme y no están en condiciones de abonar los salarios ni de recibir la ayuda dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en esa situación.
Por último, es importantísimo que todas las situaciones que se vayan resolviendo sean en el marco del acuerdo entre los sindicatos y las empresas. Hay que cuidar los puestos de trabajo.
Con respecto al caso que señalaba el señor diputado Cantard, yo fui crítico; soy dirigente sindical. Si hay un decreto que establece la salvaguarda del empleo, hay que cumplirlo. Después que ese decreto fenezca y que hayamos salido de esta emergencia, entonces sí valdrán los estatutos de cada sindicato, los acuerdos, etcétera. Yo creo que hay que evitar cualquier tipo de señal de sectores empresarios que quieren empezar a mostrar las uñas respecto de la inestabilidad laboral.
Por último, agradezco al ministro; es un hombre al que le tocó asumir en un momento difícil, como a todos los que hoy están al frente del gobierno, pero está permanentemente abierto a recibir propuestas.
Además, vuelvo a decir que es un hecho positivo que seamos un ejemplo para muchos países de América Latina que quisieron dejar que el COVID-19 se enfrentara con la gente en la calle y la están pasando muy mal. Creo que tenemos que seguir esforzándonos en este sentido con más políticas públicas y, por supuesto, reclamando a los que más tienen -hablo de los que más tienen de verdad, los dueños de fortunas personales- un gesto que sea capaz de acompañar la iniciativa que plantee el Congreso en los próximos días.
En primer lugar, me parece muy buena la resolución respecto de reconocer al COVID-19 como enfermedad profesional. Creo que se saldó un vacío, un gran tema.
En segundo lugar, quería comentar que -lo habrán visto- el secretario general de la OIT, Guy Ryder, habló hace menos de dos días e hizo un reconocimiento de los gobiernos que están aplicando políticas públicas adecuadas para enfrentar esta situación, entre los cuales mencionó al nuestro. Planteó una línea que tiene que ver con el futuro, que consiste en reforzar los recursos del sector público, del Estado, porque las políticas sociales -tal cual las describió muy bien recién el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- van a requerir cada vez más mayores esfuerzos.
En ese sentido, considero que es importante el hecho de que hoy estemos discutiendo la posibilidad de aplicar un gravamen de emergencia a los sectores de la riqueza concentrada. Creo que la Argentina, en un momento como este, tiene que ser capaz de avanzar en el mismo sentido en que lo están haciendo los países de Europa.
Con respecto a los trabajos en período de prueba, estos han quedado en un limbo legal. ¿Qué pasa con los trabajos en período de prueba cuando se rescinde el contrato? Tendríamos que incorporar ese tema.
Entre lo que mencionó el ministro -y creo que tenemos que hacer un seguimiento- sobre ese mundo de trabajadores de formalidad inexistente o de muy baja intensidad, se incorpora a muchos del ámbito privado, pero también del sector público.
Por ejemplo, tenemos a las docentes reemplazantes, las que a esta altura del año o del ciclo lectivo hacían reemplazos por maternidad o por enfermedad. Han perdido ese ingreso y su condición no les permite estar en el universo que se puede aceptar para el IFE. Sería importante que en el Consejo Federal del Trabajo se pudiera ver de qué manera se garantiza la incorporación de las docentes que han quedado en esa situación, como así también de los peones de taxi y de los que venden en una esquina para un quiosco de diarios y revistas, los canillitas. Hay un sinnúmero de trabajadores que tenemos que ver de qué manera los incorporamos.
Otro tema que quería plantear al ministro es la necesidad de tener una resolución rápida de los pedidos que están haciendo -lo vimos ayer con la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales- muchos empleados de cooperativas, que están también en una especie de limbo y en este momento no están percibiendo ningún ingreso. Hay muchas empresas cooperativizadas, muchas empresas recuperadas que no tienen el estándar de una pyme y no están en condiciones de abonar los salarios ni de recibir la ayuda dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en esa situación.
Por último, es importantísimo que todas las situaciones que se vayan resolviendo sean en el marco del acuerdo entre los sindicatos y las empresas. Hay que cuidar los puestos de trabajo.
Con respecto al caso que señalaba el señor diputado Cantard, yo fui crítico; soy dirigente sindical. Si hay un decreto que establece la salvaguarda del empleo, hay que cumplirlo. Después que ese decreto fenezca y que hayamos salido de esta emergencia, entonces sí valdrán los estatutos de cada sindicato, los acuerdos, etcétera. Yo creo que hay que evitar cualquier tipo de señal de sectores empresarios que quieren empezar a mostrar las uñas respecto de la inestabilidad laboral.
Por último, agradezco al ministro; es un hombre al que le tocó asumir en un momento difícil, como a todos los que hoy están al frente del gobierno, pero está permanentemente abierto a recibir propuestas.
Además, vuelvo a decir que es un hecho positivo que seamos un ejemplo para muchos países de América Latina que quisieron dejar que el COVID-19 se enfrentara con la gente en la calle y la están pasando muy mal. Creo que tenemos que seguir esforzándonos en este sentido con más políticas públicas y, por supuesto, reclamando a los que más tienen -hablo de los que más tienen de verdad, los dueños de fortunas personales- un gesto que sea capaz de acompañar la iniciativa que plantee el Congreso en los próximos días.
SRA. PRESIDENTA SILEY Tiene la palabra la señora diputada Blanca Osuna.
SRA. OSUNA Muchas gracias, ministro. Gracias, presidenta y a los legisladores y a las legisladoras, que hemos trabajado. Es una alegría haber podido llegar a este momento en una etapa tan compleja y con este impedimento que todos sentimos, que es poder tener el mano a mano y el cara a cara; pero bueno, ya llegará. Agradezco también, como acá se ha dicho, a los trabajadores del Congreso de la Nación y al presidente de la Cámara de Diputados.
Concretamente, ministro, yo quisiera plantear dos cuestiones y un interrogante.
En referencia a lo primero, usted ya se refirió, como también lo ha hecho el señor diputado Yasky, a algo en lo que yo quiero poner el acento, que es el cuidado por el excesivo uso del artículo 223 bis.
En esto paralelamente hay otra cuestión que han ido planteándome quienes están al frente de sindicatos o forman parte de cuerpos de delegados, que es la necesidad de que haya más contundencia y más claridad en la aplicación de los protocolos de cuidado, de seguridad y de higiene, solo en los casos en que los trabajadores y las trabajadoras están concurriendo a los lugares de trabajo.
¿Cómo se asegura eso? Permítame decirle algo que sería muy importante. Usted hizo referencia al Consejo Federal del Trabajo. Hay que apostar a un vínculo más contundente -estoy hablando por lo que veo en mi provincia- entre los órganos provinciales y las agencias regionales; por ejemplo, en Entre Ríos hay dos y se encuentran en Paraná y en Concordia.
En este sentido, es importante la designación efectiva de los delegados y que ese vínculo entre la provincia y los delegados active y reactive un cuidado y un seguimiento para que sea un reaseguro de fiscalización de estas dos cuestiones: el uso en exceso de este artículo y, al mismo tiempo, la correcta aplicación de los protocolos de seguridad e higiene.
Quiero referirme a otra cuestión que tiene que ver con el sector de hotelería y gastronomía. Hace unos días el presidente Alberto Fernández recibió en Olivos a los representantes del sector, quienes le manifestaron sus preocupaciones. En una escala de mayor a menor, este sector económico hoy representa el cuarto en proveer la mayor cantidad de puestos de trabajo. Según sus cálculos, en marzo se produjo una disminución del 60 por ciento de su ritmo de producción -entendiéndolo como un sector propiamente productivo- y una disminución notable de los puestos de trabajo.
Entonces, además de esa serie de medidas que le han propuesto al presidente -seguramente usted participará junto con el gabinete en darles respuesta-, mi inquietud reside en saber si se pueden considerar programas específicos de reconversión laboral.
De acuerdo con el cálculo en prospectiva que se hace para este año, ¿es posible que puedan efectivamente lograr el ritmo de trabajo que venían teniendo? Según las aproximaciones del sector, hasta que no se cuente con una vacuna lamentablemente será muy difícil que el ritmo del uso del turismo y de los servicios que ellos ofrecen en hotelería y en gastronomía vuelva a un rango y a un nivel medianamente óptimo. Esta cuestión me parece importante.
Por último, quiero hacer una apreciación muy breve con respecto al sector financiero. El fondo de garantías del Estado ha activado efectiva y concretamente los créditos para el pago de salarios. Necesitamos que eso se cuide y que se controle efectivamente el uso de esos créditos. Apostamos a que el BERSA -Banco de Entre Ríos- del señor Ezkenazi, en definitiva llegue a un punto en que active ese crédito que está respaldado con la garantía del propio Estado.
Concretamente, ministro, yo quisiera plantear dos cuestiones y un interrogante.
En referencia a lo primero, usted ya se refirió, como también lo ha hecho el señor diputado Yasky, a algo en lo que yo quiero poner el acento, que es el cuidado por el excesivo uso del artículo 223 bis.
En esto paralelamente hay otra cuestión que han ido planteándome quienes están al frente de sindicatos o forman parte de cuerpos de delegados, que es la necesidad de que haya más contundencia y más claridad en la aplicación de los protocolos de cuidado, de seguridad y de higiene, solo en los casos en que los trabajadores y las trabajadoras están concurriendo a los lugares de trabajo.
¿Cómo se asegura eso? Permítame decirle algo que sería muy importante. Usted hizo referencia al Consejo Federal del Trabajo. Hay que apostar a un vínculo más contundente -estoy hablando por lo que veo en mi provincia- entre los órganos provinciales y las agencias regionales; por ejemplo, en Entre Ríos hay dos y se encuentran en Paraná y en Concordia.
En este sentido, es importante la designación efectiva de los delegados y que ese vínculo entre la provincia y los delegados active y reactive un cuidado y un seguimiento para que sea un reaseguro de fiscalización de estas dos cuestiones: el uso en exceso de este artículo y, al mismo tiempo, la correcta aplicación de los protocolos de seguridad e higiene.
Quiero referirme a otra cuestión que tiene que ver con el sector de hotelería y gastronomía. Hace unos días el presidente Alberto Fernández recibió en Olivos a los representantes del sector, quienes le manifestaron sus preocupaciones. En una escala de mayor a menor, este sector económico hoy representa el cuarto en proveer la mayor cantidad de puestos de trabajo. Según sus cálculos, en marzo se produjo una disminución del 60 por ciento de su ritmo de producción -entendiéndolo como un sector propiamente productivo- y una disminución notable de los puestos de trabajo.
Entonces, además de esa serie de medidas que le han propuesto al presidente -seguramente usted participará junto con el gabinete en darles respuesta-, mi inquietud reside en saber si se pueden considerar programas específicos de reconversión laboral.
De acuerdo con el cálculo en prospectiva que se hace para este año, ¿es posible que puedan efectivamente lograr el ritmo de trabajo que venían teniendo? Según las aproximaciones del sector, hasta que no se cuente con una vacuna lamentablemente será muy difícil que el ritmo del uso del turismo y de los servicios que ellos ofrecen en hotelería y en gastronomía vuelva a un rango y a un nivel medianamente óptimo. Esta cuestión me parece importante.
Por último, quiero hacer una apreciación muy breve con respecto al sector financiero. El fondo de garantías del Estado ha activado efectiva y concretamente los créditos para el pago de salarios. Necesitamos que eso se cuide y que se controle efectivamente el uso de esos créditos. Apostamos a que el BERSA -Banco de Entre Ríos- del señor Ezkenazi, en definitiva llegue a un punto en que active ese crédito que está respaldado con la garantía del propio Estado.
SRA. PRESIDENTA SILEY Tiene la palabra el diputado Martín Medina.
SR. MEDINA Señor ministro: gracias por esta reunión. Quiero hacerle algunas consultas.
La primera está relacionada con el hecho de que, como usted sabe bien, en el último tiempo varios organismos del Estado nacional han realizado despidos de personal por distintas causales y modalidades de contratación. En particular, me gustaría consultarle si su Ministerio va a intervenir en la situación del PAMI.
Me refiero a que en plena pandemia el PAMI envió cartas documento de despido a trabajadores -por ejemplo, mujeres embarazadas y enfermos oncológicos- pese a que en los meses de enero y febrero se les limitaron sus funciones jerárquicas, se los reconoció como empleados del instituto y se les asignaron tareas generales.
En segundo término, como bien dijo usted, ministro, estamos en una situación que ninguno vivió; difícilmente el mundo haya vivido algo similar a esta pandemia en los últimos cien años. Me gustaría saber si su Ministerio está preparando alguna propuesta -o si ya la tiene preparada- para adecuar y modernizar la legislación laboral, para que si en los próximos años volvemos a estar en una situación de estas características -ojalá que no-, las relaciones laborales estén a tono con la modernidad.
Me refiero a legislación para el teletrabajo y para el trabajo en plataformas tecnológicas.
Me parece que se puede llegar a generar mucha informalidad en el mercado laboral luego de esta crisis. Entonces, quiero saber si se ha planificado algún régimen de regularización laboral, como comúnmente llamamos al blanqueo laboral.
También quiero plantear la posibilidad de incorporar un fondo de cese laboral como un instituto general para todas las actividades. De esta forma, los trabajadores y los empleadores no quedarán tecleando en una situación en la que ni siquiera puedan pagar y cobrar los sueldos porque no están funcionando las unidades productivas.
Por último, ministro, todos vimos lo que lamentablemente pasó hace dos viernes en los bancos, cuando los abuelos en su mayoría se agolparon. Me preocupa lo que vaya a suceder cuando se empiece a pagar el IFE. Quiero preguntarle si se está tomando alguna medida al respecto y si el Ministerio está interviniendo en esta cuestión. ¿Usted sabe qué medidas se van a tomar para que esto no vuelva a suceder?
Señor ministro: le repito mi agradecimiento. Por su intermedio quiero mandar un fuerte saludo a todos los grandes trabajadores de ese Ministerio, de quienes guardo un gran recuerdo.
Le pido, por favor, que intervenga en relación con aquellos organismos del Estado que no están dando el ejemplo y que siguen despidiendo trabajadores en medio de esta pandemia. Esas familias no pueden salir a buscar trabajo y hoy muchas de ellas se están quedando en la calle. Le repito: hay embarazadas y personas con enfermedades oncológicas que se están quedando sin trabajo.
Muchas gracias, ministro.
La primera está relacionada con el hecho de que, como usted sabe bien, en el último tiempo varios organismos del Estado nacional han realizado despidos de personal por distintas causales y modalidades de contratación. En particular, me gustaría consultarle si su Ministerio va a intervenir en la situación del PAMI.
Me refiero a que en plena pandemia el PAMI envió cartas documento de despido a trabajadores -por ejemplo, mujeres embarazadas y enfermos oncológicos- pese a que en los meses de enero y febrero se les limitaron sus funciones jerárquicas, se los reconoció como empleados del instituto y se les asignaron tareas generales.
En segundo término, como bien dijo usted, ministro, estamos en una situación que ninguno vivió; difícilmente el mundo haya vivido algo similar a esta pandemia en los últimos cien años. Me gustaría saber si su Ministerio está preparando alguna propuesta -o si ya la tiene preparada- para adecuar y modernizar la legislación laboral, para que si en los próximos años volvemos a estar en una situación de estas características -ojalá que no-, las relaciones laborales estén a tono con la modernidad.
Me refiero a legislación para el teletrabajo y para el trabajo en plataformas tecnológicas.
Me parece que se puede llegar a generar mucha informalidad en el mercado laboral luego de esta crisis. Entonces, quiero saber si se ha planificado algún régimen de regularización laboral, como comúnmente llamamos al blanqueo laboral.
También quiero plantear la posibilidad de incorporar un fondo de cese laboral como un instituto general para todas las actividades. De esta forma, los trabajadores y los empleadores no quedarán tecleando en una situación en la que ni siquiera puedan pagar y cobrar los sueldos porque no están funcionando las unidades productivas.
Por último, ministro, todos vimos lo que lamentablemente pasó hace dos viernes en los bancos, cuando los abuelos en su mayoría se agolparon. Me preocupa lo que vaya a suceder cuando se empiece a pagar el IFE. Quiero preguntarle si se está tomando alguna medida al respecto y si el Ministerio está interviniendo en esta cuestión. ¿Usted sabe qué medidas se van a tomar para que esto no vuelva a suceder?
Señor ministro: le repito mi agradecimiento. Por su intermedio quiero mandar un fuerte saludo a todos los grandes trabajadores de ese Ministerio, de quienes guardo un gran recuerdo.
Le pido, por favor, que intervenga en relación con aquellos organismos del Estado que no están dando el ejemplo y que siguen despidiendo trabajadores en medio de esta pandemia. Esas familias no pueden salir a buscar trabajo y hoy muchas de ellas se están quedando en la calle. Le repito: hay embarazadas y personas con enfermedades oncológicas que se están quedando sin trabajo.
Muchas gracias, ministro.
SRA. PRESIDENTA SILEY Tiene la palabra el diputado Pablo Ansaloni.
SR. ANSALONI Buenas tardes. Muchas gracias, ministro, por brindarnos esta oportunidad.
Quiero agradecer al presidente de la Cámara, compañero Sergio Massa, y a cada uno de los diputados que hoy están participando.
Hemos trabajado en conjunto y hemos llevado adelante una función y una tarea que se viene desarrollando en el interior del país mancomunadamente con usted y con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que ha dado buenos resultados para nuestro espacio de trabajadores.
La preocupación que tenemos todos los del interior del país está vinculada con la producción informal que existe en un gran sector de las economías regionales, en donde nuestras compañeras y nuestros compañeros trabajadores al no estar en blanco o no estar declarada la actividad, se encuentran varados en distintos puntos del país sin poder volver a su lugar de destino luego de haber terminado de desarrollar su tarea o del fin de la cosecha.
Me gustaría ver de qué manera -en conjunto con usted y con todos los que integramos esta comisión- podemos ser solidarios para dar una mano a estas compañeras y estos compañeros que se encuentran en el interior del país sin poder llegar a su lugar de destino.
Venimos trabajando con muchos gobernadores y representantes de los ministerios de Trabajo del norte del país y del Alto Valle, en donde se encuentra la mayoría de estos trabajadores golondrina.
Reitero, aquellos que se encuentran totalmente en la informalidad -sean de nuestra actividad o de quien corresponda- no pueden volver a su lugar de destino porque no están registrados en ningún lado. Hay un Ministerio de Salud en las diferentes provincias que impide que vuelvan o que retornen a sus hogares.
Quisiera ver de qué manera podemos coordinar con usted y -reitero- con todos los legisladores que estamos dentro de esta comisión, que mayoritariamente somos del interior del país, para dar una respuesta a nuestros compañeros trabajadores.
Una vez más, señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros.
Quiero agradecer al presidente de la Cámara, compañero Sergio Massa, y a cada uno de los diputados que hoy están participando.
Hemos trabajado en conjunto y hemos llevado adelante una función y una tarea que se viene desarrollando en el interior del país mancomunadamente con usted y con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que ha dado buenos resultados para nuestro espacio de trabajadores.
La preocupación que tenemos todos los del interior del país está vinculada con la producción informal que existe en un gran sector de las economías regionales, en donde nuestras compañeras y nuestros compañeros trabajadores al no estar en blanco o no estar declarada la actividad, se encuentran varados en distintos puntos del país sin poder volver a su lugar de destino luego de haber terminado de desarrollar su tarea o del fin de la cosecha.
Me gustaría ver de qué manera -en conjunto con usted y con todos los que integramos esta comisión- podemos ser solidarios para dar una mano a estas compañeras y estos compañeros que se encuentran en el interior del país sin poder llegar a su lugar de destino.
Venimos trabajando con muchos gobernadores y representantes de los ministerios de Trabajo del norte del país y del Alto Valle, en donde se encuentra la mayoría de estos trabajadores golondrina.
Reitero, aquellos que se encuentran totalmente en la informalidad -sean de nuestra actividad o de quien corresponda- no pueden volver a su lugar de destino porque no están registrados en ningún lado. Hay un Ministerio de Salud en las diferentes provincias que impide que vuelvan o que retornen a sus hogares.
Quisiera ver de qué manera podemos coordinar con usted y -reitero- con todos los legisladores que estamos dentro de esta comisión, que mayoritariamente somos del interior del país, para dar una respuesta a nuestros compañeros trabajadores.
Una vez más, señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros.
SRA. PRESIDENTA SILEY Tiene la palabra el diputado Walter Correa.
SR. CORREA Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, compañera presidenta y a todos los diputados y diputadas, en especial, a los trabajadores y trabajadoras del Congreso de la Nación que hacen posible esta interacción entre los legisladores y el ministro.
Quiero plantear un par de cuestiones, voy a tratar de ser lo más breve posible. En principio, quiero destacar la situación del turismo en Mendoza, que cuenta con una red hotelera bastante importante, donde hay tres mil trabajadores que están afectados a esta hotelería. Se trata de hoteles que han hecho inversiones muy grandes por todo lo complejo de la situación turística.
Hoy estos trabajadores se ven afectados porque estas patronales -lamentablemente- no pueden acceder al REPRO. Sería interesante que el Ministerio de Trabajo sea flexible con respecto a la situación del REPRO para que estas empresas lo puedan otorgar y los trabajadores puedan ser beneficiarios de dicho programa.
Con respecto al reclamo del programa de emergencias, hay varias organizaciones sindicales, como ser la Federación de Trabajadores Agrarios de la actividad privada, que me transmitieron que están tramitando vía Ejecutivo y vía el Parlamento el Intercosecha, y que todavía no se les otorgó. Debido a esto están peticionando el Ingreso Familiar de Emergencia porque para ellos es muy significativo en estos momentos.
De esta misma forma, como dijo el compañero Hugo Yasky, el Sindicato de Peones de Taxi también está solicitando -atento a esta situación adversa por el tema de la pandemia- el IFE con estos 10.000 pesos que hoy son sumamente importantes para estos trabajadores y trabajadoras.
Con respecto al Sindicato de Canillitas, es la misma situación, que se agrava porque varios de ellos tienen una edad avanzada y no pueden ni siquiera concurrir a sus puestos de trabajo. También es importante que se contemple esta actividad.
Respecto al decreto 326, quisiera preguntar cómo el Ministerio de Trabajo está articulando los mecanismos necesarios para que la banca privada pueda otorgar este fondo de garantía argentino a la pequeña y mediana empresa que lo solicite.
En relación con el decreto 392, nosotros como trabajadores lo celebramos, más cuando hemos padecido cuatro años de persecuciones y despidos. ¿Cómo el Ministerio de Trabajo, la autoridad de aplicación, está instrumentando los mecanismos para que se dé cumplimiento a este decreto y no se despida ni suspenda a los trabajadores por cuestiones de fuerza mayor?
Les agradezco mucho. Considero que he cumplido con el tiempo, señora presidenta.
Quiero plantear un par de cuestiones, voy a tratar de ser lo más breve posible. En principio, quiero destacar la situación del turismo en Mendoza, que cuenta con una red hotelera bastante importante, donde hay tres mil trabajadores que están afectados a esta hotelería. Se trata de hoteles que han hecho inversiones muy grandes por todo lo complejo de la situación turística.
Hoy estos trabajadores se ven afectados porque estas patronales -lamentablemente- no pueden acceder al REPRO. Sería interesante que el Ministerio de Trabajo sea flexible con respecto a la situación del REPRO para que estas empresas lo puedan otorgar y los trabajadores puedan ser beneficiarios de dicho programa.
Con respecto al reclamo del programa de emergencias, hay varias organizaciones sindicales, como ser la Federación de Trabajadores Agrarios de la actividad privada, que me transmitieron que están tramitando vía Ejecutivo y vía el Parlamento el Intercosecha, y que todavía no se les otorgó. Debido a esto están peticionando el Ingreso Familiar de Emergencia porque para ellos es muy significativo en estos momentos.
De esta misma forma, como dijo el compañero Hugo Yasky, el Sindicato de Peones de Taxi también está solicitando -atento a esta situación adversa por el tema de la pandemia- el IFE con estos 10.000 pesos que hoy son sumamente importantes para estos trabajadores y trabajadoras.
Con respecto al Sindicato de Canillitas, es la misma situación, que se agrava porque varios de ellos tienen una edad avanzada y no pueden ni siquiera concurrir a sus puestos de trabajo. También es importante que se contemple esta actividad.
Respecto al decreto 326, quisiera preguntar cómo el Ministerio de Trabajo está articulando los mecanismos necesarios para que la banca privada pueda otorgar este fondo de garantía argentino a la pequeña y mediana empresa que lo solicite.
En relación con el decreto 392, nosotros como trabajadores lo celebramos, más cuando hemos padecido cuatro años de persecuciones y despidos. ¿Cómo el Ministerio de Trabajo, la autoridad de aplicación, está instrumentando los mecanismos para que se dé cumplimiento a este decreto y no se despida ni suspenda a los trabajadores por cuestiones de fuerza mayor?
Les agradezco mucho. Considero que he cumplido con el tiempo, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA SILEY Tiene la palabra la diputada Alicia Terada.
SRA. TERADA Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor ministro Moroni, por su presencia en esta comisión.
La verdad es que son muchas las preguntas que tenemos pero voy a tratar de resumir en el escaso tiempo que nos toca.
En primer lugar, sobre el trabajo en negro o no regularizado quiero saber si el gobierno tiene hecho un estudio para saber la cantidad de personas que están en esa situación.
En segundo lugar, ¿cuáles son las medidas que se pretenden adoptar para poder lograr la formalización de estas relaciones laborales?
En tercer lugar, quisiera preguntar si tienen en la agenda algún programa de beneficios para la generación de nuevos puestos de trabajo.
En cuarto lugar, ¿qué medidas de ayuda o subsidios tienen para cuentapropistas, autónomos, independientes, y los monotributistas de las categorías C y D?
Por último, en relación con el decreto 367 del 2020, que se vincula con la ley de riesgos de trabajo, es poco feliz el artículo 1º cuando habla de considerar al COVID como una enfermedad profesional en el sentido de "presuntivamente"; no es una acepción muy feliz.
Por otra parte, me pregunto por qué solamente es un beneficio para los trabajadores en relación de dependencia cuando sabemos muy bien que hay trabajadores de la salud que no están en dicha relación y prestan locaciones de servicios, como los residentes y los pasantes, por ejemplo. Ellos no tienen un trabajo en relación de dependencia o formal, y en consecuencia quedan fuera de la protección de esta ley de riesgo de trabajo.
En relación con esto, también quiero preguntar cuál es el motivo por el cual se exime a las ART de pagar las consecuencias de las afecciones o lesiones que queden como producto del COVID-19, que quedan para ser reclamadas a través del Fondo Fiduciario, y todos conocemos el trámite engorroso que implica. Mientras tanto la persona queda sin cobertura y sin posibilidades de cubrir las lesiones o afecciones que queden después de haber sufrido el COVID.
La verdad es que son muchas las preguntas que tenemos pero voy a tratar de resumir en el escaso tiempo que nos toca.
En primer lugar, sobre el trabajo en negro o no regularizado quiero saber si el gobierno tiene hecho un estudio para saber la cantidad de personas que están en esa situación.
En segundo lugar, ¿cuáles son las medidas que se pretenden adoptar para poder lograr la formalización de estas relaciones laborales?
En tercer lugar, quisiera preguntar si tienen en la agenda algún programa de beneficios para la generación de nuevos puestos de trabajo.
En cuarto lugar, ¿qué medidas de ayuda o subsidios tienen para cuentapropistas, autónomos, independientes, y los monotributistas de las categorías C y D?
Por último, en relación con el decreto 367 del 2020, que se vincula con la ley de riesgos de trabajo, es poco feliz el artículo 1º cuando habla de considerar al COVID como una enfermedad profesional en el sentido de "presuntivamente"; no es una acepción muy feliz.
Por otra parte, me pregunto por qué solamente es un beneficio para los trabajadores en relación de dependencia cuando sabemos muy bien que hay trabajadores de la salud que no están en dicha relación y prestan locaciones de servicios, como los residentes y los pasantes, por ejemplo. Ellos no tienen un trabajo en relación de dependencia o formal, y en consecuencia quedan fuera de la protección de esta ley de riesgo de trabajo.
En relación con esto, también quiero preguntar cuál es el motivo por el cual se exime a las ART de pagar las consecuencias de las afecciones o lesiones que queden como producto del COVID-19, que quedan para ser reclamadas a través del Fondo Fiduciario, y todos conocemos el trámite engorroso que implica. Mientras tanto la persona queda sin cobertura y sin posibilidades de cubrir las lesiones o afecciones que queden después de haber sufrido el COVID.
SRA. PRESIDENTA SILEY Tiene la palabra el señor diputado Enríquez Estévez.
SR. ESTÉVEZ Muchas gracias, señora presidenta. Un gusto contar con la presencia del señor ministro en esta reunión de comisión.
Quiero expresarle algunas preocupaciones. Primero, quiero destacar la incorporación del COVID como una enfermedad profesional a través del decreto de necesidad y urgencia que estableció el presidente de la Nación.
Al respecto, creemos que dicha medida corresponde no solamente para los trabajadores de las actividades que están exentas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, sino también para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que en ocasión de sus trabajos contraigan esta enfermedad.
Asimismo, me quiero sumar a la preocupación de la diputada preopinante respecto de las consecuencias que pueden quedar y que se están investigando desde el punto de vista médico respecto del contagio del coronavirus.
Otro de los temas que nos preocupa tiene que ver con la necesidad de implementar de manera urgente un protocolo para los sectores productivos que están exceptuados del aislamiento y que están trabajando. Muchos trabajadores y trabajadoras no tienen los elementos de seguridad e higiene para poder garantizar no infectarse o no contagiarse de este virus.
Considero que también es buen momento, señor ministro, para poder implementar en nuestro país -yo soy de la provincia de Santa Fe, y en nuestra provincia funcionan muy bien- los comités mixtos de higiene y seguridad con la participación de los trabajadores, de los empleadores y del mismo Estado.
Por último, quiero expresarle dos preocupaciones muy puntuales que se las pasé a la presidenta para que se las envíe, que tienen que ver con los trabajadores de la construcción, que muchos de manera indirecta con determinadas excusas formales o contractuales están siendo despedidos.
Mi otra preocupación está vinculada con los trabajadores del área de salud. El decreto de necesidad y urgencia 315 plantea un plus salarial de 5.000 pesos para médicos y enfermeros y enfermeras, pero deja afuera a otros trabajadores de ese ámbito, como por ejemplo los mucamos, las mucamas, los camilleros y los que trabajan en la administración, quienes también tienen un riesgo alto de contagiarse. Entonces, ese plus salarial también podría contemplarse para estos casos.
Nada más que eso. Muchas gracias, señor ministro y señora presidenta.
Quiero expresarle algunas preocupaciones. Primero, quiero destacar la incorporación del COVID como una enfermedad profesional a través del decreto de necesidad y urgencia que estableció el presidente de la Nación.
Al respecto, creemos que dicha medida corresponde no solamente para los trabajadores de las actividades que están exentas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, sino también para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que en ocasión de sus trabajos contraigan esta enfermedad.
Asimismo, me quiero sumar a la preocupación de la diputada preopinante respecto de las consecuencias que pueden quedar y que se están investigando desde el punto de vista médico respecto del contagio del coronavirus.
Otro de los temas que nos preocupa tiene que ver con la necesidad de implementar de manera urgente un protocolo para los sectores productivos que están exceptuados del aislamiento y que están trabajando. Muchos trabajadores y trabajadoras no tienen los elementos de seguridad e higiene para poder garantizar no infectarse o no contagiarse de este virus.
Considero que también es buen momento, señor ministro, para poder implementar en nuestro país -yo soy de la provincia de Santa Fe, y en nuestra provincia funcionan muy bien- los comités mixtos de higiene y seguridad con la participación de los trabajadores, de los empleadores y del mismo Estado.
Por último, quiero expresarle dos preocupaciones muy puntuales que se las pasé a la presidenta para que se las envíe, que tienen que ver con los trabajadores de la construcción, que muchos de manera indirecta con determinadas excusas formales o contractuales están siendo despedidos.
Mi otra preocupación está vinculada con los trabajadores del área de salud. El decreto de necesidad y urgencia 315 plantea un plus salarial de 5.000 pesos para médicos y enfermeros y enfermeras, pero deja afuera a otros trabajadores de ese ámbito, como por ejemplo los mucamos, las mucamas, los camilleros y los que trabajan en la administración, quienes también tienen un riesgo alto de contagiarse. Entonces, ese plus salarial también podría contemplarse para estos casos.
Nada más que eso. Muchas gracias, señor ministro y señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA SILEY Tiene la palabra la diputada Romina del Plá.
SRA. DEL PLÁ Muchas gracias, presidenta y señor ministro.
Voy a ser muy breve. Hemos presentado una larga lista de preguntas, y en ellas hacemos mención a la verdadera pandemia que acompaña al coronavirus, que es la de los despidos y las suspensiones con rebaja salarial.
Esta es una situación muy seria porque vemos que en la práctica no hay ninguna voluntad de cumplir con el decreto presidencial.
Luego de las grandilocuentes declaraciones sobre Paolo Rocca se han homologado los 1.450 despidos en el área de construcción de su empresa. En la actualidad se está autorizando la rebaja salarial a 10 mil trabajadores en la empresa Techint. El argumento de que se aplica el artículo 223 bis, basado en los acuerdos con las direcciones sindicales -en un momento en el que su propio ministerio ha prohibido las asambleas y la actividad sindical-, realmente está dejando que el argumento de la fuerza mayor lo utilice la patronal para atropellar a los trabajadores y no para protegerlos. Este es un tema muy serio porque estamos frente a una situación que realmente está hundiendo a los trabajadores. En ese sentido, ha habido 35 despidos en la Editorial Atlántida, como para mencionar uno de los tantos casos con los que nos encontramos todos los días.
Desde el Frente de Izquierda y el Partido Obrero hemos presentado propuestas muy concretas. Para afrontar esta situación hace falta prohibir los despidos y las suspensiones por un año; además, las suspensiones no se pueden dar con una rebaja salarial. Los salarios deben ser garantizados por las empresas y, en caso de que éstas no puedan pagarlos, deben contar con la garantía estatal para poder cubrirlos. Entonces, para poder hacer frente a eso, nosotros no solo hemos planteado la necesidad de dejar de pagar la deuda externa sino que también presentamos un proyecto destinado a imponer un impuesto progresivo a las grandes rentas, fortunas, bancos, propiedades de la tierra e inmuebles ociosos. Son todas medidas destinadas a financiar el sistema de salud y a brindar protección real a los trabajadores.
Estamos muy preocupados por la realización de estos acuerdos a la baja sin mandato de los trabajadores. Además, nos preocupa el vaciamiento sistemático que se está haciendo de parte de la ANSES, autorizando rebajas de aportes patronales en forma sistemática.
El señor ministro mencionó que tienen un análisis de baja conflictividad. Esto es lógico, ya que la mayoría de la gente tiene que estar aislada. Le recuerdo que su propio ministerio emitió una resolución prohibiendo la actividad sindical. Por eso yo no festejaría la baja conflictividad. En la medida en que sigan los despidos y las suspensiones -como hemos visto en el frigorífico PENTA, donde además los trabajadores fueron reprimidos cuando reclamaban lo suyo-, esos hechos se van a seguir desarrollando, porque es necesario defenderse de alguna manera. Si el Estado o el gobierno no toma a fondo algunas medidas, se van a seguir produciendo los atropellos patronales.
En lo que respecta al subsidio IFE -Ingreso Familiar de Emergencia-, se han anotado 12 millones de trabajadores. Quiero aclarar que ya vamos para el tercer mes y todavía no se ha pagado -muchos trabajadores lo van a percibir en el mes de mayo-, lo que se traduce en un monto de 3.300 pesos por mes. Dicho subsidio es insuficiente. Por eso hemos planteado un salario de emergencia durante la cuarentena, de 30 mil pesos, que debe financiarse con ese fondo que estamos planteando. En ese punto hay que subir a 30 mil pesos el salario y las jubilaciones mínimas. En ese sentido, no podemos hacer que la pandemia además un azote para la vida de los trabajadores.
Voy a ser muy breve. Hemos presentado una larga lista de preguntas, y en ellas hacemos mención a la verdadera pandemia que acompaña al coronavirus, que es la de los despidos y las suspensiones con rebaja salarial.
Esta es una situación muy seria porque vemos que en la práctica no hay ninguna voluntad de cumplir con el decreto presidencial.
Luego de las grandilocuentes declaraciones sobre Paolo Rocca se han homologado los 1.450 despidos en el área de construcción de su empresa. En la actualidad se está autorizando la rebaja salarial a 10 mil trabajadores en la empresa Techint. El argumento de que se aplica el artículo 223 bis, basado en los acuerdos con las direcciones sindicales -en un momento en el que su propio ministerio ha prohibido las asambleas y la actividad sindical-, realmente está dejando que el argumento de la fuerza mayor lo utilice la patronal para atropellar a los trabajadores y no para protegerlos. Este es un tema muy serio porque estamos frente a una situación que realmente está hundiendo a los trabajadores. En ese sentido, ha habido 35 despidos en la Editorial Atlántida, como para mencionar uno de los tantos casos con los que nos encontramos todos los días.
Desde el Frente de Izquierda y el Partido Obrero hemos presentado propuestas muy concretas. Para afrontar esta situación hace falta prohibir los despidos y las suspensiones por un año; además, las suspensiones no se pueden dar con una rebaja salarial. Los salarios deben ser garantizados por las empresas y, en caso de que éstas no puedan pagarlos, deben contar con la garantía estatal para poder cubrirlos. Entonces, para poder hacer frente a eso, nosotros no solo hemos planteado la necesidad de dejar de pagar la deuda externa sino que también presentamos un proyecto destinado a imponer un impuesto progresivo a las grandes rentas, fortunas, bancos, propiedades de la tierra e inmuebles ociosos. Son todas medidas destinadas a financiar el sistema de salud y a brindar protección real a los trabajadores.
Estamos muy preocupados por la realización de estos acuerdos a la baja sin mandato de los trabajadores. Además, nos preocupa el vaciamiento sistemático que se está haciendo de parte de la ANSES, autorizando rebajas de aportes patronales en forma sistemática.
El señor ministro mencionó que tienen un análisis de baja conflictividad. Esto es lógico, ya que la mayoría de la gente tiene que estar aislada. Le recuerdo que su propio ministerio emitió una resolución prohibiendo la actividad sindical. Por eso yo no festejaría la baja conflictividad. En la medida en que sigan los despidos y las suspensiones -como hemos visto en el frigorífico PENTA, donde además los trabajadores fueron reprimidos cuando reclamaban lo suyo-, esos hechos se van a seguir desarrollando, porque es necesario defenderse de alguna manera. Si el Estado o el gobierno no toma a fondo algunas medidas, se van a seguir produciendo los atropellos patronales.
En lo que respecta al subsidio IFE -Ingreso Familiar de Emergencia-, se han anotado 12 millones de trabajadores. Quiero aclarar que ya vamos para el tercer mes y todavía no se ha pagado -muchos trabajadores lo van a percibir en el mes de mayo-, lo que se traduce en un monto de 3.300 pesos por mes. Dicho subsidio es insuficiente. Por eso hemos planteado un salario de emergencia durante la cuarentena, de 30 mil pesos, que debe financiarse con ese fondo que estamos planteando. En ese punto hay que subir a 30 mil pesos el salario y las jubilaciones mínimas. En ese sentido, no podemos hacer que la pandemia además un azote para la vida de los trabajadores.
SRA. PRESIDENTA SILEY Tiene la palabra el señor diputado Ponce.
SR. PONCE En primer lugar, quiero enviar un saludo especial al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Sergio Massa, y al señor ministro de Trabajo, doctor Claudio Moroni. Hago extensivo el agradecimiento a la señora presidenta de esta comisión, diputada Vanesa Siley, que ha estado trabajando intensamente. Me sumo a las palabras que el colega diputado Yasky formuló respecto del compañero Abel Furlan por la situación familiar que está atravesando.
Quiero destacar la realización de estas reuniones a pesar de las dificultades por todos conocidas. Me hago eco de lo que manifestó el presidente de la Cámara en torno a la cantidad de ministros que ya han participado en este tipo de encuentros a distancia.
Asimismo, quiero poner de relieve las medidas que está desarrollando el señor presidente de la Nación junto a sus ministros. Considero que estamos yendo adelante de los acontecimientos, lo cual no es fácil de lograr con tantos problemas que hemos tenido en la Argentina, sumados a la pandemia que estamos atravesando.
La gran mayoría de las preguntas que se han formulado ya fueron contestadas por el señor ministro. De todas maneras, voy a hacer una pregunta que quizás al ministro lo lleve a pensar que me quiero almorzar la cena. Lo que voy a plantear tiene que ver con lo que puede suceder luego de la pandemia. En este sentido, a los diputados del interior -en mi caso, pertenezco a la provincia de San Luis- nos preocupa la situación de muchas empresas que además de las dificultades que han tenido durante el gobierno anterior deben afrontar ahora todos los problemas derivados de esta pandemia.
Es cierto que se han tomado muchas medidas. Hace unos instantes algunos colegas hacían referencia a los decretos de necesidad y urgencia que se han ido reglamentando. Quiero hacer hincapié en los polos industriales que se encuentran en el interior del país, no solamente en San Luis sino también en el resto de la región. Quisiera preguntar al señor ministro si se puede revisar el decreto 699, que no fue reglamentado, por el que se extiende la promoción industrial, que terminó fortaleciendo a la región. Podría mencionar otros beneficios que tiene -tanto para la región como para el resto de la Argentina- el establecer ese tipo de promoción y apuntalamiento con el objeto de que las empresas no sigan emigrando hacia la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran las respectivas casas matrices. Asimismo, hay que tener en cuenta aquellos remanentes que quedaron de esos beneficios para poder otorgárselos a las empresas.
En cuanto al tema de los créditos -que se están otorgando a una tasa del 22 o 24 por ciento-, quisiera saber cuáles son los controles que se llevan a cabo. Seguramente deben existir dichos controles, pero me dejaría más tranquilo saber que el ministerio está trabajando con respecto a eso. Dichos beneficios deberían estar destinados a resolver el problema de falta de financiamiento que tienen algunas empresas para pagar los sueldos, y no que algunas empresas los terminen utilizando para otros fines, como suele suceder en la Argentina.
Asimismo, quisiera saber cuántos de estos beneficios han sido solicitados y si efectivamente existe alguna estadística al respecto. He recibido muchas quejas de las empresas que señalan la imposibilidad y la dificultad para acceder a dichos créditos. Si bien el señor ministro remarcó que se está resolviendo, creo que sería bueno tener alguna estadística para saber cómo es el comportamiento de este asunto en el interior del país. Tengo entendido que hay muchos bancos que no están otorgando estos créditos.
Por otra parte, me gustaría que nos informe acerca de la cantidad de trabajadores incluidos en el REPRO. Sabemos que hay muchas dificultades en el otorgamiento de los respectivos beneficios.
En el caso de los responsables que no han sido designados en el interior del país, quisiera saber si se puede acelerar dicho punto.
Con respecto a los monotributistas o a aquellos que no han podido acceder al IFE, quisiera saber -aunque creo que está definido- si habrá algún ingreso para aquellos que no alcanzaron a inscribirse.
Quiero destacar la realización de estas reuniones a pesar de las dificultades por todos conocidas. Me hago eco de lo que manifestó el presidente de la Cámara en torno a la cantidad de ministros que ya han participado en este tipo de encuentros a distancia.
Asimismo, quiero poner de relieve las medidas que está desarrollando el señor presidente de la Nación junto a sus ministros. Considero que estamos yendo adelante de los acontecimientos, lo cual no es fácil de lograr con tantos problemas que hemos tenido en la Argentina, sumados a la pandemia que estamos atravesando.
La gran mayoría de las preguntas que se han formulado ya fueron contestadas por el señor ministro. De todas maneras, voy a hacer una pregunta que quizás al ministro lo lleve a pensar que me quiero almorzar la cena. Lo que voy a plantear tiene que ver con lo que puede suceder luego de la pandemia. En este sentido, a los diputados del interior -en mi caso, pertenezco a la provincia de San Luis- nos preocupa la situación de muchas empresas que además de las dificultades que han tenido durante el gobierno anterior deben afrontar ahora todos los problemas derivados de esta pandemia.
Es cierto que se han tomado muchas medidas. Hace unos instantes algunos colegas hacían referencia a los decretos de necesidad y urgencia que se han ido reglamentando. Quiero hacer hincapié en los polos industriales que se encuentran en el interior del país, no solamente en San Luis sino también en el resto de la región. Quisiera preguntar al señor ministro si se puede revisar el decreto 699, que no fue reglamentado, por el que se extiende la promoción industrial, que terminó fortaleciendo a la región. Podría mencionar otros beneficios que tiene -tanto para la región como para el resto de la Argentina- el establecer ese tipo de promoción y apuntalamiento con el objeto de que las empresas no sigan emigrando hacia la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran las respectivas casas matrices. Asimismo, hay que tener en cuenta aquellos remanentes que quedaron de esos beneficios para poder otorgárselos a las empresas.
En cuanto al tema de los créditos -que se están otorgando a una tasa del 22 o 24 por ciento-, quisiera saber cuáles son los controles que se llevan a cabo. Seguramente deben existir dichos controles, pero me dejaría más tranquilo saber que el ministerio está trabajando con respecto a eso. Dichos beneficios deberían estar destinados a resolver el problema de falta de financiamiento que tienen algunas empresas para pagar los sueldos, y no que algunas empresas los terminen utilizando para otros fines, como suele suceder en la Argentina.
Asimismo, quisiera saber cuántos de estos beneficios han sido solicitados y si efectivamente existe alguna estadística al respecto. He recibido muchas quejas de las empresas que señalan la imposibilidad y la dificultad para acceder a dichos créditos. Si bien el señor ministro remarcó que se está resolviendo, creo que sería bueno tener alguna estadística para saber cómo es el comportamiento de este asunto en el interior del país. Tengo entendido que hay muchos bancos que no están otorgando estos créditos.
Por otra parte, me gustaría que nos informe acerca de la cantidad de trabajadores incluidos en el REPRO. Sabemos que hay muchas dificultades en el otorgamiento de los respectivos beneficios.
En el caso de los responsables que no han sido designados en el interior del país, quisiera saber si se puede acelerar dicho punto.
Con respecto a los monotributistas o a aquellos que no han podido acceder al IFE, quisiera saber -aunque creo que está definido- si habrá algún ingreso para aquellos que no alcanzaron a inscribirse.
SRA. PRESIDENTA SILEY Tiene la palabra el señor diputado Alejandro García.
SR. GARCÍA Buenas tardes a todos.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor ministro, a quien quisiera formularle una pregunta que abarca específicamente a la Ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver con el SECLO, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio. Por resolución 8.551/20, fue suspendido el servicio que presta el SECLO como instancia previa y obligatoria para resolver eventualmente todo lo que se refiere a los conflictos laborales de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de quienes, más allá de desempeñar su labor en otros lugares, trabajan en empresas con domicilio fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. Nos referimos entonces a un universo bastante amplio en términos de conflictividad laboral en general.
El problema que se suscita tiene que ver con el hecho de que, de alguna forma, se produce un cuello de botella importante. Hoy los trabajadores despedidos, que son aproximadamente 45 mil -según usted nos decía-, no están en condiciones de iniciar ningún tipo de reclamo.
Este es uno de los problemas que estimo se debería intentar resolver a través del SECLO, porque lo cierto es que, más allá de la cantidad actual o futura de bajas o despidos con una posibilidad real cierta de encontrar un cauce administrativo a través del SECLO, a posteriori, por ser obligatorio, será la única instancia que tendrán para promover eventualmente una demanda ante el fuero laboral.
Creo que el 9 de abril el propio Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires le remitió a usted, señor ministro, una nota donde le sugería una serie de medidas para ver si a través de las nuevas tecnologías o los distintos sistemas de trabajo remoto era posible encontrar alguna solución en este sentido. La verdad es que el problema es acuciante.
Sin entrar a discutir las estadísticas, entiendo que a futuro la problemática se irá acrecentando, más allá de la voluntad del oficialismo y de la oposición para encontrar soluciones en este esquema de emergencia coyuntural. Por ello le pido que a través de su equipo se tomen medidas al respecto.
Cuando el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires remitió esa nota, también señaló cuestiones acuciantes. En el marco de los acuerdos celebrados es imposible llevar a cabo muchos de esos pagos. Se prevé abonar a través de un sistema de cheques. Busquemos entonces una alternativa para hacer transferencias bancarias, sobre todo entendiendo el carácter estrictamente alimentario de las indemnizaciones.
Hay distintos puntos que tienen que ver con esto. Frente a la conflictividad futura y a la imposibilidad concreta de iniciar un reclamo, debiera arbitrarse alguna medida que permita a los trabajadores en conflicto resolver su situación a través de una instancia con el SECLO por medio de algún sistema, que podría ser ZOOM, Skype u otro.
¿Cómo vamos a contabilizar -como usted dice- las bajas en el sistema o los despidos si, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, no es posible hacerlo, al menos en términos de una solución futura?
Creo que en ese punto es mucho lo que el ministerio puede avanzar, es mucha la colaboración que ofrece el Colegio Público de Abogados, y no tengo dudas de que también los diputados del oficialismo y de la oposición podemos avanzar en ese sentido.
En cuanto a las bajas o no bajas, usted contabilizó 45 mil. No voy a discutir esa cantidad, pero sí quiero decir que dentro de esos 45 mil seguramente habrá trabajadores del PAMI y de otros organismos públicos injustamente despedidos, y en ese registro encontrará también el nombre, apellido, número de documento y organismo donde prestaban funciones. Creo que este es un buen registro para empezar a resolver situaciones de extrema injusticia. Muchas gracias.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor ministro, a quien quisiera formularle una pregunta que abarca específicamente a la Ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver con el SECLO, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio. Por resolución 8.551/20, fue suspendido el servicio que presta el SECLO como instancia previa y obligatoria para resolver eventualmente todo lo que se refiere a los conflictos laborales de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de quienes, más allá de desempeñar su labor en otros lugares, trabajan en empresas con domicilio fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. Nos referimos entonces a un universo bastante amplio en términos de conflictividad laboral en general.
El problema que se suscita tiene que ver con el hecho de que, de alguna forma, se produce un cuello de botella importante. Hoy los trabajadores despedidos, que son aproximadamente 45 mil -según usted nos decía-, no están en condiciones de iniciar ningún tipo de reclamo.
Este es uno de los problemas que estimo se debería intentar resolver a través del SECLO, porque lo cierto es que, más allá de la cantidad actual o futura de bajas o despidos con una posibilidad real cierta de encontrar un cauce administrativo a través del SECLO, a posteriori, por ser obligatorio, será la única instancia que tendrán para promover eventualmente una demanda ante el fuero laboral.
Creo que el 9 de abril el propio Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires le remitió a usted, señor ministro, una nota donde le sugería una serie de medidas para ver si a través de las nuevas tecnologías o los distintos sistemas de trabajo remoto era posible encontrar alguna solución en este sentido. La verdad es que el problema es acuciante.
Sin entrar a discutir las estadísticas, entiendo que a futuro la problemática se irá acrecentando, más allá de la voluntad del oficialismo y de la oposición para encontrar soluciones en este esquema de emergencia coyuntural. Por ello le pido que a través de su equipo se tomen medidas al respecto.
Cuando el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires remitió esa nota, también señaló cuestiones acuciantes. En el marco de los acuerdos celebrados es imposible llevar a cabo muchos de esos pagos. Se prevé abonar a través de un sistema de cheques. Busquemos entonces una alternativa para hacer transferencias bancarias, sobre todo entendiendo el carácter estrictamente alimentario de las indemnizaciones.
Hay distintos puntos que tienen que ver con esto. Frente a la conflictividad futura y a la imposibilidad concreta de iniciar un reclamo, debiera arbitrarse alguna medida que permita a los trabajadores en conflicto resolver su situación a través de una instancia con el SECLO por medio de algún sistema, que podría ser ZOOM, Skype u otro.
¿Cómo vamos a contabilizar -como usted dice- las bajas en el sistema o los despidos si, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, no es posible hacerlo, al menos en términos de una solución futura?
Creo que en ese punto es mucho lo que el ministerio puede avanzar, es mucha la colaboración que ofrece el Colegio Público de Abogados, y no tengo dudas de que también los diputados del oficialismo y de la oposición podemos avanzar en ese sentido.
En cuanto a las bajas o no bajas, usted contabilizó 45 mil. No voy a discutir esa cantidad, pero sí quiero decir que dentro de esos 45 mil seguramente habrá trabajadores del PAMI y de otros organismos públicos injustamente despedidos, y en ese registro encontrará también el nombre, apellido, número de documento y organismo donde prestaban funciones. Creo que este es un buen registro para empezar a resolver situaciones de extrema injusticia. Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA SILEY Tiene la palabra el señor diputado Del Caño.
SR. DEL CAÑO Buenas tardes, señor ministro.
En primer lugar, me llamó la atención la afirmación que usted hizo en la reunión de comisión del Senado -y que hoy reiteró- respecto de que no hay una cantidad extraordinaria de despidos. Me parece que debemos tener en cuenta que la prohibición de despidos establecida es muy limitada. Incluso, nosotros planteamos que fuera retroactiva. En la reunión del presidente con los presidentes de bloque nos dijeron que no hacía falta y, luego, al ver la cantidad de despidos de trabajadoras y trabajadores, se tomó una medida que es muy limitada.
Todo el tiempo nos llega información de múltiples empresas donde están despidiendo gente. Hay algo que usted aquí no mencionó: la cantidad de trabajadores no registrados que son despedidos. Es decir, no hay un registro pero tampoco hay una medida de parte del ministerio, del gobierno.
Anteriormente nosotros hemos presentado proyectos -que se podrían utilizar- para que, ante la simple denuncia del trabajador -sea en forma personal o por telegrama-, se resguarde su situación debido a que está más indefenso por no estar registrado. Se está invisibilizando a un sector que está siendo despedido en masa. No sé si usted tiene esa información -sería raro que no la tuviera-, pero los trabajadores informales no registrados -que son un gran porcentaje- están siendo despedidos en masa en nuestro país.
También quería referirme a un elemento que usted señaló, en relación con el artículo 3 del decreto, en el que se plantea la prohibición de despidos, por el cual se exceptúa lo dispuesto en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Es muy claro; si bien el gobierno en el decreto de la cuarentena dispuso que todos los trabajadores y trabajadoras tendrían licencias pagas al cien por ciento, en ese artículo se plantea la posibilidad de que, a través de un acuerdo -en muchos lugares directamente se impone la dictadura patronal de facto de los despidos, de las rebajas salariales-, a los trabajadores no les quede otra opción que no sea la de recibir lo que se les paga. Se trata de una invitación del gobierno -a través de este decreto- a las suspensiones con rebaja salarial.
Hemos recibido múltiples denuncias, por ejemplo, de las trabajadoras y los trabajadores de los negocios de venta de comidas rápidas. Queremos saber qué pasó con esas denuncias contra McDonald's, Burger King y otros lugares. Se trata de muchos trabajadores y trabajadoras que, en el mes de marzo, han cobrado 3 mil pesos. Creo que la situación sí es extraordinaria y muy grave.
En relación con este tema, quería preguntar al señor ministro cómo cree que se ha actuado al respecto. Es una invitación, sobre todo teniendo en cuenta que se prohíbe la actividad sindical y que en muchos sectores los sindicatos los conducen quienes están hace más de 30 años atornillados a sus sillones y son prácticamente voceros de las patronales que quieren aprovechar esta emergencia y esta pandemia para quitarles derechos a los trabajadores y trabajadoras rebajando los salarios y despidiendo en forma masiva, como lo hizo Techint, por ejemplo. Creo que esto es elocuente. Más allá de los discursos que el presidente da por televisión, el ministerio avaló el despido de más de 1.500 trabajadores de Techint.
Por otra parte, quiero decir que me ha llegado información de Mendoza que señala que empleados vitivinícolas mayores de 60 años -es decir, el grupo de riesgo por excelencia- fueron convocados a trabajar por parte de los empresarios, quienes alegan que la resolución 207 de su ministerio -que los exceptuaba de trabajar- tenía un plazo de 14 días y no fue prorrogada. Esto es muy grave. Quería saber qué piensan hacer ante esta situación.
Para finalizar, quiero decir -en este poco tiempo del que disponemos, que no es simplemente un problema de esta comisión sino del conjunto, ya que el Congreso no ha sesionado- que hemos propuesto un proyecto para que todos los trabajadores informales reciban un salario de 30 mil pesos durante la cuarentena. También presentamos un proyecto de ley para afectar las grandes fortunas, los grandes patrimonios, las ganancias de las grandes empresas, de los bancos y de los grandes terratenientes, ya que esta situación de emergencia no la pueden seguir pagando las trabajadoras, los trabajadores y las mayorías populares.
En primer lugar, me llamó la atención la afirmación que usted hizo en la reunión de comisión del Senado -y que hoy reiteró- respecto de que no hay una cantidad extraordinaria de despidos. Me parece que debemos tener en cuenta que la prohibición de despidos establecida es muy limitada. Incluso, nosotros planteamos que fuera retroactiva. En la reunión del presidente con los presidentes de bloque nos dijeron que no hacía falta y, luego, al ver la cantidad de despidos de trabajadoras y trabajadores, se tomó una medida que es muy limitada.
Todo el tiempo nos llega información de múltiples empresas donde están despidiendo gente. Hay algo que usted aquí no mencionó: la cantidad de trabajadores no registrados que son despedidos. Es decir, no hay un registro pero tampoco hay una medida de parte del ministerio, del gobierno.
Anteriormente nosotros hemos presentado proyectos -que se podrían utilizar- para que, ante la simple denuncia del trabajador -sea en forma personal o por telegrama-, se resguarde su situación debido a que está más indefenso por no estar registrado. Se está invisibilizando a un sector que está siendo despedido en masa. No sé si usted tiene esa información -sería raro que no la tuviera-, pero los trabajadores informales no registrados -que son un gran porcentaje- están siendo despedidos en masa en nuestro país.
También quería referirme a un elemento que usted señaló, en relación con el artículo 3 del decreto, en el que se plantea la prohibición de despidos, por el cual se exceptúa lo dispuesto en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Es muy claro; si bien el gobierno en el decreto de la cuarentena dispuso que todos los trabajadores y trabajadoras tendrían licencias pagas al cien por ciento, en ese artículo se plantea la posibilidad de que, a través de un acuerdo -en muchos lugares directamente se impone la dictadura patronal de facto de los despidos, de las rebajas salariales-, a los trabajadores no les quede otra opción que no sea la de recibir lo que se les paga. Se trata de una invitación del gobierno -a través de este decreto- a las suspensiones con rebaja salarial.
Hemos recibido múltiples denuncias, por ejemplo, de las trabajadoras y los trabajadores de los negocios de venta de comidas rápidas. Queremos saber qué pasó con esas denuncias contra McDonald's, Burger King y otros lugares. Se trata de muchos trabajadores y trabajadoras que, en el mes de marzo, han cobrado 3 mil pesos. Creo que la situación sí es extraordinaria y muy grave.
En relación con este tema, quería preguntar al señor ministro cómo cree que se ha actuado al respecto. Es una invitación, sobre todo teniendo en cuenta que se prohíbe la actividad sindical y que en muchos sectores los sindicatos los conducen quienes están hace más de 30 años atornillados a sus sillones y son prácticamente voceros de las patronales que quieren aprovechar esta emergencia y esta pandemia para quitarles derechos a los trabajadores y trabajadoras rebajando los salarios y despidiendo en forma masiva, como lo hizo Techint, por ejemplo. Creo que esto es elocuente. Más allá de los discursos que el presidente da por televisión, el ministerio avaló el despido de más de 1.500 trabajadores de Techint.
Por otra parte, quiero decir que me ha llegado información de Mendoza que señala que empleados vitivinícolas mayores de 60 años -es decir, el grupo de riesgo por excelencia- fueron convocados a trabajar por parte de los empresarios, quienes alegan que la resolución 207 de su ministerio -que los exceptuaba de trabajar- tenía un plazo de 14 días y no fue prorrogada. Esto es muy grave. Quería saber qué piensan hacer ante esta situación.
Para finalizar, quiero decir -en este poco tiempo del que disponemos, que no es simplemente un problema de esta comisión sino del conjunto, ya que el Congreso no ha sesionado- que hemos propuesto un proyecto para que todos los trabajadores informales reciban un salario de 30 mil pesos durante la cuarentena. También presentamos un proyecto de ley para afectar las grandes fortunas, los grandes patrimonios, las ganancias de las grandes empresas, de los bancos y de los grandes terratenientes, ya que esta situación de emergencia no la pueden seguir pagando las trabajadoras, los trabajadores y las mayorías populares.
SRA. PRESIDENTA SILEY Tiene la palabra la señora diputada Dolores Martínez.
SRA. MARTÍNEZ (D.) Señora presidenta...
-Se interrumpe el audio.
SRA. PRESIDENTA SILEY No se escucha, señora diputada. Le pido disculpas, pero voy a tener que darle la palabra al próximo orador.
Tiene la palabra el señor diputado José Luis Ramón.
Tiene la palabra el señor diputado José Luis Ramón.
SR. RAMÓN Señor ministro: estoy muy agradecido de poder contar con su presencia en el ámbito de esta comisión. Me quiero dirigir a usted para hacer tres consideraciones en estos tres minutos que tengo para hacer uso de la palabra.
La primera de ellas no es del todo amable. El hecho de que los bancos pretendan cobrar un interés del 43 por ciento, más sus gastos -llegando a un interés anual del 70 por ciento-, y que los tres meses de gracia que facilita el Banco Central sean un beneficio para los trabajadores me parece una barbaridad. Lo digo con todo respeto, señor ministro.
Los bancos están haciendo un pingüe negocio en esta tremenda crisis, cuando en estos tres meses ellos debieran resignar mucho menos de los intereses que pretenden cobrar a los trabajadores o a las tarjetas de crédito. Por lo tanto, me permito disentir profundamente con su apreciación.
La segunda consideración está relacionada con los servicios públicos. Al respecto le quiero hacer un pedido, señor ministro, porque vi que entiende del tema. Hoy la vulnerabilidad no es de los que están en la franja más alejada de la sociedad, como aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo y otros ítems. Hoy necesitamos que aquellos trabajadores de la Argentina que están haciendo el esfuerzo solidario más grande tengan la posibilidad -justamente por esa voluntad de solidaridad que tienen esos trabajadores- de tener una limitación en los cobros que pretenden las empresas de gas, de electricidad, de conectividad, de educación, de salud -privada o pública- y las obras sociales durante el tiempo que dure el aislamiento social obligatorio. Así como está planteado, no está verdaderamente resuelto en función de las familias trabajadoras.
Paso a la próxima consideración. Como usted sabe, señor ministro, yo provengo de la provincia de Mendoza. Mendoza hoy es tierra de nadie para los reclamos de los trabajadores y del sector de los gremios que defienden a esos trabajadores.
Les estoy enviando por escrito -porque el poco tiempo del que dispongo en esta reunión no me permite mencionarlas a todas- un listado de 150 empresas vinculadas con el turismo en mi provincia. En la friolera de los últimos dos días, en mi oficina virtual he recibido informaciones que dan cuenta de que en esas 150 empresas hay no menos de 297 trabajadores que están siendo suspendidos.
En el día de hoy, en el famoso hotel de Potrerillos -que muchas personas de Buenos Aires vienen a conocer por su belleza-, sesenta empleados han recibido un telegrama de suspensión. Por lo tanto, no están funcionando los decretos presidenciales que dan derechos a los trabajadores.
Ante el requerimiento del sector sindical gastronómico, no están pudiendo ir los inspectores del sindicato ni los inspectores del Ministerio de Trabajo porque manifiestan que no pueden salir, ya que no están exceptuados del aislamiento social obligatorio. Esto es grave, señor ministro.
La Subsecretaría de Trabajo de Mendoza no recibe los reclamos de los trabajadores.
La primera de ellas no es del todo amable. El hecho de que los bancos pretendan cobrar un interés del 43 por ciento, más sus gastos -llegando a un interés anual del 70 por ciento-, y que los tres meses de gracia que facilita el Banco Central sean un beneficio para los trabajadores me parece una barbaridad. Lo digo con todo respeto, señor ministro.
Los bancos están haciendo un pingüe negocio en esta tremenda crisis, cuando en estos tres meses ellos debieran resignar mucho menos de los intereses que pretenden cobrar a los trabajadores o a las tarjetas de crédito. Por lo tanto, me permito disentir profundamente con su apreciación.
La segunda consideración está relacionada con los servicios públicos. Al respecto le quiero hacer un pedido, señor ministro, porque vi que entiende del tema. Hoy la vulnerabilidad no es de los que están en la franja más alejada de la sociedad, como aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo y otros ítems. Hoy necesitamos que aquellos trabajadores de la Argentina que están haciendo el esfuerzo solidario más grande tengan la posibilidad -justamente por esa voluntad de solidaridad que tienen esos trabajadores- de tener una limitación en los cobros que pretenden las empresas de gas, de electricidad, de conectividad, de educación, de salud -privada o pública- y las obras sociales durante el tiempo que dure el aislamiento social obligatorio. Así como está planteado, no está verdaderamente resuelto en función de las familias trabajadoras.
Paso a la próxima consideración. Como usted sabe, señor ministro, yo provengo de la provincia de Mendoza. Mendoza hoy es tierra de nadie para los reclamos de los trabajadores y del sector de los gremios que defienden a esos trabajadores.
Les estoy enviando por escrito -porque el poco tiempo del que dispongo en esta reunión no me permite mencionarlas a todas- un listado de 150 empresas vinculadas con el turismo en mi provincia. En la friolera de los últimos dos días, en mi oficina virtual he recibido informaciones que dan cuenta de que en esas 150 empresas hay no menos de 297 trabajadores que están siendo suspendidos.
En el día de hoy, en el famoso hotel de Potrerillos -que muchas personas de Buenos Aires vienen a conocer por su belleza-, sesenta empleados han recibido un telegrama de suspensión. Por lo tanto, no están funcionando los decretos presidenciales que dan derechos a los trabajadores.
Ante el requerimiento del sector sindical gastronómico, no están pudiendo ir los inspectores del sindicato ni los inspectores del Ministerio de Trabajo porque manifiestan que no pueden salir, ya que no están exceptuados del aislamiento social obligatorio. Esto es grave, señor ministro.
La Subsecretaría de Trabajo de Mendoza no recibe los reclamos de los trabajadores.
SRA. PRESIDENTA SILEY Vaya concluyendo, señor diputado.
SR. RAMÓN Ya termino, señora presidenta.
Entonces, señor ministro, es muy importante que tome en consideración esto que le digo. Es muy larga la lista de empresas y trabajadores afectados. Es necesario que el Ministerio de Trabajo de la Nación, junto con la delegación de Mendoza, empiece a hacer el trabajo que tiene que hacer como ministerio para salir a controlar el incumplimiento total y el abandono de los trabajadores en nuestra provincia.
Gracias por participar de la reunión de nuestra comisión, señor ministro, y gracias a la señora presidenta por dejarme participar.
Entonces, señor ministro, es muy importante que tome en consideración esto que le digo. Es muy larga la lista de empresas y trabajadores afectados. Es necesario que el Ministerio de Trabajo de la Nación, junto con la delegación de Mendoza, empiece a hacer el trabajo que tiene que hacer como ministerio para salir a controlar el incumplimiento total y el abandono de los trabajadores en nuestra provincia.
Gracias por participar de la reunión de nuestra comisión, señor ministro, y gracias a la señora presidenta por dejarme participar.
SRA. PRESIDENTA SILEY Tiene la palabra la señora diputada Silvana Ginocchio, nuestra última oradora.
SRA. GINOCCHIO La verdad es que tengo que agradecer al señor ministro Claudio Moroni por haber aceptado nuestra invitación y por tener tan buena predisposición a la hora de participar de esta reunión donde nosotros podemos formular preguntas. Asimismo, muchas gracias al señor presidente de la Cámara, a todo el personal del Congreso y a los asesores que hoy están trabajando.
Estamos ante una situación absolutamente excepcional y merced a estas videoconferencias podemos estar en contacto. Sin embargo, como se dijo al inicio de esta reunión, necesitamos unirnos para alcanzar consensos.
He escuchado la exposición del señor ministro y no tengo dudas de que el Ministerio de Trabajo y el gobierno de la Nación vienen trabajando en una dimensión social, sanitaria y económica, y de que lo han hecho tomando como guía la necesaria protección de los derechos y de la dignidad humana. Creo que el hecho de que hoy esté participando acá el ministro es un gesto de participación democrática, y eso es lo que necesitamos todos para poder dar nuestro aporte.
El ministro dijo que todas las medidas que se han tomado han sido importantes y que se han tomado como ejes la salud -que es un bien público-, el empleo y los ingresos. Creo que todos los que estamos acá presentes coincidimos con eso, y celebro y aplaudo que la salud de la población haya sido un objetivo.
Sabemos que esta crisis ha puesto en riesgo algunas actividades, pero también sabemos que hay un recrudecimiento de los desequilibrios, vulnerabilidades o desigualdades preexistentes; es decir, ya los teníamos y esta emergencia ha venido a hacerlos presentes con un mayor peso.
Y en relación a esto son mis preguntas.
La primera de las preguntas tiene relación con todas estas medidas que se han tomado a los efectos de poder brindar ayuda, como la asistencia al trabajo y a la producción y los créditos a las pymes y micropymes, si tienen una mirada regional, un apoyo y un seguimiento. Yo soy de Catamarca y tenemos una actividad de comercios minoristas y de servicios de turismo que está muy preocupada.
Por otro lado, tenemos lo que es el trabajo a distancia, entendiendo siempre que todo este apoyo de la tecnología, todo el potencial de la tecnología, tiene que desarrollarse dentro de lo que son los parámetros de los principios del trabajo y de la tutela y protección de los derechos. Este es el marco en el que tiene que ser. Quería saber si este tema va a estar en agenda y si tiene los consensos necesarios para poder darle tratamiento.
Otro de los temas es el de los autónomos, a los que ya se hizo referencia. El señor ministro, en su presentación, ya hizo una exposición muy clara de cómo se fue abordando a todo este universo de trabajadores que están tratando de atender y respecto de los cuales todavía tienen que hacer los registros.
La otra pregunta también se vincula con la protección de los trabajadores que se van a ir incorporando al mundo del trabajo.
Y una última pregunta tiene que ver con lo que son las tareas de cuidado, que es un tema que también está pendiente, que es muy importante y que la pandemia pone en tensión, porque hay desequilibrios que todos conocemos, contra los cuales las mujeres y el feminismo vienen luchando. El sindicalismo viene trabajándolos y viene luchando por estas medidas como políticas públicas a los efectos de lograr la igualdad de género, porque sin ello no podemos avanzar en ese sentido.
Estas serían las preguntas. La reactivación y el desarrollo que nosotros necesitamos cuando esto pase, no tengo dudas de que se logrará con las mujeres. Para participar necesitamos políticas públicas donde la cuestión de género esté incorporada; es la única manera en que podemos hablar de igualdad. Así que es algo trasversal.
Muchísimas gracias y un saludo a todos los que estamos participando en la reunión de comisión y también a la familia del exdiputado Furlán.
Estamos ante una situación absolutamente excepcional y merced a estas videoconferencias podemos estar en contacto. Sin embargo, como se dijo al inicio de esta reunión, necesitamos unirnos para alcanzar consensos.
He escuchado la exposición del señor ministro y no tengo dudas de que el Ministerio de Trabajo y el gobierno de la Nación vienen trabajando en una dimensión social, sanitaria y económica, y de que lo han hecho tomando como guía la necesaria protección de los derechos y de la dignidad humana. Creo que el hecho de que hoy esté participando acá el ministro es un gesto de participación democrática, y eso es lo que necesitamos todos para poder dar nuestro aporte.
El ministro dijo que todas las medidas que se han tomado han sido importantes y que se han tomado como ejes la salud -que es un bien público-, el empleo y los ingresos. Creo que todos los que estamos acá presentes coincidimos con eso, y celebro y aplaudo que la salud de la población haya sido un objetivo.
Sabemos que esta crisis ha puesto en riesgo algunas actividades, pero también sabemos que hay un recrudecimiento de los desequilibrios, vulnerabilidades o desigualdades preexistentes; es decir, ya los teníamos y esta emergencia ha venido a hacerlos presentes con un mayor peso.
Y en relación a esto son mis preguntas.
La primera de las preguntas tiene relación con todas estas medidas que se han tomado a los efectos de poder brindar ayuda, como la asistencia al trabajo y a la producción y los créditos a las pymes y micropymes, si tienen una mirada regional, un apoyo y un seguimiento. Yo soy de Catamarca y tenemos una actividad de comercios minoristas y de servicios de turismo que está muy preocupada.
Por otro lado, tenemos lo que es el trabajo a distancia, entendiendo siempre que todo este apoyo de la tecnología, todo el potencial de la tecnología, tiene que desarrollarse dentro de lo que son los parámetros de los principios del trabajo y de la tutela y protección de los derechos. Este es el marco en el que tiene que ser. Quería saber si este tema va a estar en agenda y si tiene los consensos necesarios para poder darle tratamiento.
Otro de los temas es el de los autónomos, a los que ya se hizo referencia. El señor ministro, en su presentación, ya hizo una exposición muy clara de cómo se fue abordando a todo este universo de trabajadores que están tratando de atender y respecto de los cuales todavía tienen que hacer los registros.
La otra pregunta también se vincula con la protección de los trabajadores que se van a ir incorporando al mundo del trabajo.
Y una última pregunta tiene que ver con lo que son las tareas de cuidado, que es un tema que también está pendiente, que es muy importante y que la pandemia pone en tensión, porque hay desequilibrios que todos conocemos, contra los cuales las mujeres y el feminismo vienen luchando. El sindicalismo viene trabajándolos y viene luchando por estas medidas como políticas públicas a los efectos de lograr la igualdad de género, porque sin ello no podemos avanzar en ese sentido.
Estas serían las preguntas. La reactivación y el desarrollo que nosotros necesitamos cuando esto pase, no tengo dudas de que se logrará con las mujeres. Para participar necesitamos políticas públicas donde la cuestión de género esté incorporada; es la única manera en que podemos hablar de igualdad. Así que es algo trasversal.
Muchísimas gracias y un saludo a todos los que estamos participando en la reunión de comisión y también a la familia del exdiputado Furlán.
SRA. PRESIDENTA SILEY Tiene la palabra el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
SR. MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Voy a tratar de ir por orden y en algunos casos voy a juntar las respuestas.
En varios casos salió el tema Techint-UOCRA y la prohibición de los despidos. La realidad es que, en el caso de Techint-UOCRA, eran obras privadas y hacía tiempo que estaban suspendidas; estaban regidas por la ley 22.050, que es el convenio colectivo de la construcción. Las extinciones de los vínculos fueron bastante anteriores al dictado del decreto de prohibición de los despidos. Ustedes saben que la ley 22.250 no tiene un sistema indemnizatorio de despidos, sino que, cuando la obra está parada determinado tiempo, lo que hace es extinguir los vínculos y los trabajadores pasan a cobrar el fondo de desempleo. Ese es un tema legal.
Igualmente, pese a que en la formalidad no había una infracción a normas básicas, nosotros dictamos la conciliación obligatoria porque entendimos que había una afectación al conflicto social. Normalmente, lo que suele hacerse en estos casos de obras importantes, con una gran cantidad de trabajadores, es que el modo de salida de los trabajadores es acordado razonablemente con el sindicato, negociado, y pactada la reincorporación de los trabajadores cuando la obra se reinicia. Hay todo un procedimiento que en este caso no se había seguido, y por eso llamamos a una conciliación obligatoria.
Luego de la conciliación obligatoria, la realidad es que lo que se hizo -porque es lo que se hace normalmente con estas obras- fue pagar un tiempo más a los trabajadores, garantizar la reincorporación y garantizar la asistencia a la obra social por un tiempo, para que puedan seguir teniendo cobertura. Esa es la práctica normal y legal de acuerdo con lo previsto en la ley 22.250. La realidad es que no están dentro de la ley de contrato de trabajo, sino que tienen un estatuto específico que prevé esto.
En cuanto al uso del artículo 223 bis, hay un montón de preguntas. Por ahora no estamos viendo que haya una inundación. Es probable que vaya a ser muy usado si el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con bajo nivel de actividad económica, vaya llevando a las empresas a quedarse sin recursos, sin ingresos, por no estar trabajando, y entonces es probable que esta figura empiece a aparecer.
Es una figura que prevé la participación sindical. La realidad es que creo que hay garantías en cuanto a la participación del sindicato de actividad y, por supuesto, se necesita la homologación de la autoridad administrativa. A veces será la autoridad administrativa laboral de la Nación y otras veces será la autoridad administrativa laboral de las provincias. Creemos que es un mecanismo que, en determinadas cuestiones, permite mantener el vínculo, que es lo que queremos; queremos que se mantenga el contrato de trabajo. Si, de común acuerdo, los representantes de los trabajadores con la empresa, y con la homologación de la autoridad administrativa, logran una solución transitoria en donde lo que pagan es una compensación remuneratoria porque la empresa está sin actividad -o sea, no está funcionando-, nosotros creemos que es una herramienta razonable.
Con respecto a las billeteras virtuales, ¿por qué las prohibimos? Porque con las billeteras virtuales que estaban en uso, el dinero no estaba depositado en una cuenta del trabajador, sino que estaba depositado en una cuenta de la empresa. Se trata de una cuenta de la empresa que, por su monto, estaba por fuera del sistema de garantía de depósitos. O sea que, si el banco o la empresa tenían algún problema, ese dinero, el de la billetera virtual, no estaba a nombre del trabajador sino que estaba a nombre de la empresa que administra la billetera virtual, con lo cual era una situación de falta de garantías de la protección del salario.
Si el dinero está en una cuenta del trabajador, tiene todas las protecciones que alcanzan al salario. Al no estar en una cuenta del trabajador, sino en una cuenta de la empresa que administra la billetera, o en un fondo común de inversión, como era en algunos casos, entendíamos que había una situación de riesgo. Si la empresa entraba en concurso, esa cuenta quedaba afectada al concurso. ¿Por qué? Porque no estaba a nombre del trabajador.
Sí estamos viendo el tema del uso de billeteras virtuales de bancos, en donde el dinero esté depositado en una cuenta del trabajador, quien va a poder usarlo a través de una billetera virtual, pero no que haya una sola cuenta de la empresa donde vayan todos los salarios y que, si llega a pasar algo, esos depósitos no estén a nombre de los trabajadores.
En relación con algo que refirió el señor diputado Yasky, y más allá de entrar en detalles respecto de qué tipo de impuesto, etcétera, todos coincidimos en que el diseño de la distribución de los ingresos en una comunidad tiene dos pilares básicos, que son los impuestos y la seguridad social. La verdad es que tenemos que trabajar en este aspecto; en algún momento vamos a tener que sentarnos en la Argentina a redefinir el esquema impositivo y el esquema de seguridad social; es decir, que haya una correcta contribución, una justa contribución a los gastos de la comunidad, a través del sistema impositivo, y haya una justa redistribución de los recursos necesarios a través de la seguridad social. Decirlo así parece muy simple, muy básico, pero es uno de los temas más difíciles que afronta la economía en el mundo y, en especial, en la Argentina.
En cuanto al período de prueba, tengo que verlo. Es un tema que lo estábamos planteando el otro día. Nosotros apuntamos simplemente a las situaciones de fuerza mayor o falta de trabajo. Tenemos la situación del período de prueba; veremos qué hacemos.
Con respecto a los sectores informales, estamos tratando de ver -lo dije claramente- cómo llegamos a ellos. Del análisis tanto de los aceptados como de los rechazados en el IFE, vamos a sacar alguna conclusión concreta para ver qué correcciones tenemos que hacer a efectos de llegar a todos esos sectores, como es el caso de los canillitas. Es una situación variada. Nosotros estuvimos viendo el tema de los canillitas y vimos que hay algunos que son monotributistas, que estarían dentro del IFE, otros que son autónomos y hay canillitas que son empleados en relación de dependencia. No hay una figura jurídica del "canillita", sino que tienen figuras impositivas distintas, con lo cual a veces puede ser que estén cubiertos por alguno de los programas y otras veces no.
Nos pasa lo mismo con las cooperativas de trabajo. Hay cooperativas que van a poder entrar en la asistencia para el trabajo de producción y estamos viendo que algunas no, con lo cual, nuevamente, una vez que procesemos la información de los inscriptos y de quiénes han quedado afuera, tomaremos las decisiones.
La realidad es que, en cuanto a los protocolos de salubridad, lo que nosotros estamos viendo es que ha habido numerosos acuerdos en materia de protocolos con los sindicatos, con la participación de las autoridades administrativas, y están funcionando razonablemente bien. Puede ser que haya otros lugares en donde no esté pasando esto. En ese aspecto, el Ministerio de Trabajo tiene una baja presencia en cuanto a cantidad de personal. La realidad que recuerdo es que, en las provincias, el poder de policía respecto del control de las normas laborales está en cabeza de las autoridades provinciales y lo que hace el Ministerio de Trabajo es una asistencia o colaboración. Por una cuestión constitucional, dentro del territorio de las provincias, la aplicación y el control de las leyes laborales es una facultad de las autoridades provinciales, a las cuales nosotros asistimos.
Tenemos en claro el tema de hotelería y turismo. Pasado el esquema de la asistencia al trabajo y el empleo, que es lo que ya tenemos en marcha, tendremos que ver cómo asistir a ese sector, que evidentemente va a tener una afectación mucho mayor que otros. Eso lo tenemos absolutamente en claro, pero hoy todavía no están diseñadas las herramientas.
Respecto del FOGAR, se han planteado varias cosas. En realidad, el acceso al FOGAR es muy simple; lo que pasa es que las empresas tienen que sacar el certificado pyme. Yo recomiendo que difundan el certificado pyme, porque muchas empresas no lo sacan y, al no hacerlo, no pueden acceder al FOGAR. El acceso se realiza a través de la página de la AFIP; es muy simple y se hace con el certificado pyme.
Respecto de si los bancos están dando los créditos del FOGAR o no, nosotros vemos que se va acelerando la concesión de créditos. No obstante, el Banco Central está por dictar una serie de normas para facilitar más, o incluso, convertir en obligatorio el tema del acceso al crédito para aquellas empresas que tengan el certificado pyme y la garantía otorgada del Fondo de Garantías.
Algunos diputados me plantearon las situaciones conflictivas que dicen que hay en algunos organismos del Estado. Voy a consultar con esos organismos, pero hasta donde yo sé, no tenemos denuncias masivas en el Ministerio de Trabajo.
Respecto de si estamos pensando algo en cuanto a legislación laboral en materia de teletrabajo y plataformas tecnológicas, yo aclaré al principio que lo que hicimos ahora no es teletrabajo, sino trabajo desde el hogar con algún tipo de vinculación.
En materia de plataformas, lamentablemente nos ha tocado esta situación de urgencia, pero estábamos trabajando bastante bien en un proyecto de ley -que pensamos enviar al Congreso- para los servicios de entrega a domicilio a través de plataformas. Yo quiero ser muy claro: nosotros entendemos que la regulación no hay que hacerla sobre la herramienta, no se trata de regular cualquier servicio que se dé a través de plataformas, sino que hay que regular la naturaleza del servicio que presta el trabajador.
La plataforma es una herramienta de administración de recursos; no define la actividad del trabajador. La actividad del trabajador la tenemos que definir por la actividad específica qué el realiza, porque una plataforma puede ser usada para dar servicios de enfermería, de arquitectura, de jardinería o de mensajería. Entendemos que corresponde regular por el tipo de actividad que desarrolle el trabajador. Espero que, cuando esta situación pase, tengamos el tiempo suficiente para discutir con ustedes proyectos en este sentido.
Respecto de si estamos pensando otros mecanismos de modificación de la legislación laboral, por ahora no. Creemos que podemos vernos en la situación de que algunos convenios colectivos tengan que ir ajustando determinadas pautas, y es muy probable que tengamos que trabajar en materia de jornadas. Hoy a la mañana, en la reunión con los ministros de Trabajo, citaba el que dicen que es el cuento más corto del mundo, de Monterroso: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí." La realidad es que, cuando pase esto, es muy probable que el virus siga. Entonces, hasta tanto aparezca una vacuna o nos inmunicemos de algún modo -y pase a ser otra de las enfermedades a las que estamos acostumbrados-, tendremos que empezar a adoptar medidas para coexistir con este virus. Con lo cual vamos a tener que empezar a pensar en materia de jornadas y de horarios de apertura, para evitar la concentración en los medios transportes.
O sea, algún día va a volver la actividad, y "el dinosaurio" va a seguir existiendo. Entonces, vamos a tener que armar mecanismos, porque no puede ser que todo el mundo arranque la misma hora. Tendremos que armar jornadas rotativas o pensar en algo para despejar los medios de transporte. Tendremos que pensar cosas que a lo mejor van a requerir nuevas regulaciones.
En cuanto a los pagos de la ANSES, habrá cronogramas bastante amplios para que no se vuelvan a producir esas concentraciones. Esa concentración se produjo porque ese día fue mucha gente que no tenía que ir. Como los bancos habían estado cerrados durante tanto tiempo, la gente escuchó que se abrían y fue igual. Fíjense que nunca más se repitió. Estamos tratando de ver ese tema.
La informalidad del trabajo rural es un tema que hace años que existe en la Argentina. Tenemos que enfocarlo en algún momento, sentarnos y ver cómo avanzamos en la formalización del trabajo rural. Hoy, el tema del retorno al hogar, particularmente, es un tema complejo. Hay trabajadores que no están pudiendo volver a su hogar por falta de autorizaciones de la provincia de donde son oriundos, con lo cual no les están permitiendo volver.
En algunos casos lo hemos resuelto; por ejemplo, hemos trabajado con la gente de Río Negro y Tucumán y lo fuimos resolviendo. En otros casos está costando bastante más, por decisiones absolutamente inconstitucionales. Son decisiones que, de hecho, estamos tratando de resolver junto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad y las autoridades provinciales.
En materia de turismo, tenemos que abordar el fracaso de la temporada invernal. Esto va a provocar que, en cuanto a los trabajadores de temporada, que pensaban ser tomados por la temporada invernal, lo más probable es que eso no suceda. Tenemos que ver esa situación porque, evidentemente, es un trabajador que no va a estar dado de alta y es probable que las asignaciones que estamos pensando no lo alcancen. Allí tendremos que analizar una solución específica.
En la reunión de ministros de Trabajo que tuvimos hoy, quedamos en armar grupos de trabajo con las provincias donde mayormente hay turismo invernal, para ver cómo resolvemos la situación de los trabajadores de temporada.
El programa intercosecha es claro que tenemos que aumentarlo. No solo tenemos que aumentarlo, sino que tendremos que volver a regular algunas cosas; sobre todo la superposición que pueda haber con algunos planes, porque a veces, ese miedo a perder el plan evita la formalización del trabajador.
En términos inmediatos estamos viendo de aumentar el monto del programa intercosecha porque quedó muy desactualizado. La realidad es que hemos estado pagando deudas del año pasado y recién ahora empezamos a tratar de asistir lo correspondiente a este año. Así que veremos qué pasa.
Por otra parte, el despido producido en violación del DNU que sacamos es nulo, por lo cual carece de efectos y el trabajador tendrá que ser reintegrado. Aunque fuera llevado a la Justicia, será reintegrado porque es una norma clara y simple, donde se dice que el despido carece de efectos.
El trabajo en negro en la Argentina tiene una historia larguísima. Insisto, es una figura muy rara y muy heterogénea. No es simplemente un trabajador no inscripto. Tenemos vocación de abordarlo y habrá que trabajar en un montón de cosas. Insisto, es una figura bastante difícil de abordar porque no es una figura única. Hay trabajadores que son como todos los trabajadores pero que simplemente no están inscriptos, hay cuentapropistas, hay informales y hay un montón de casos que no son fáciles de agrupar. Es un error agruparlos en una sola categoría. Las veces que quisimos agruparlos en una sola categoría, nunca lo pudimos resolver. Habrá que separarlos, y la verdad es que va a ser un trabajo arduo y difícil, que me parece que no es para esta semana.
Lo mismo ocurre con la generación de puestos de trabajo. La verdad es que el mundo -la OIT- hoy está calculando la pérdida de millones y millones de puestos de trabajo como consecuencia de esto. Hoy estamos tratando de que se pierdan los menos posibles. Después de que pase esto veremos cómo arrancamos nuevamente, a través de la iniciativa de las provincias, la actividad económica y la generación de puestos de trabajo.
Si me preguntan si estamos pensando cómo vamos a generar puestos de trabajo desde el Ministerio, les digo que no. No sé cuál va a ser la situación fáctica en la que vamos a quedar, con lo cual, desarrollar herramientas sin saber cuál es el estado de la situación me parece una tarea absolutamente innecesaria.
En cuanto a la cobertura del COVID19, está claramente cubierto. Creo que la diputada que me lo preguntó está haciendo una lectura equivocada del decreto. Lo que dice esa norma es que está como una enfermedad no enlistada. En algún momento el Covid19 va a dejar de ser una enfermedad laboral y va a ser como la Gripe A. En algún caso podrá ser laboral, pero en la mayor parte de los casos no será así. Entonces, lo que hicimos fue un procedimiento que dice que presuntivamente las ART no pueden rechazar la cobertura y tienen que dar prestaciones, y los daños que provoque el COVID19 van a estar resarcidos.
En cuanto a la referencia al fondo, no es que vaya a un fondo que no es de la ART; es un tema de imputación interna de con qué dinero la ART paga eso. Las aseguradoras de riesgos del trabajo claramente tienen que pagar cuando hay una incapacidad definitiva declarada por la comisión médica, y lo tienen que hacer con unos fondos que están dentro de la propia ART. Lo único a que se contempla allí es un tema de imputación respecto de con qué fondos -que están dentro de la ART, que lo tiene que pagar- se paga. Por lo tanto, sugiero una lectura más atenta de las normas.
La cobertura como enfermedad profesional es para todos aquellos que estén efectivamente trabajando. Si alguien que no está trabajando en su lugar de trabajo se contagia hoy el COVID19 en su casa, no puedo presumir que eso sea consecuencia de haber trabajado en la empresa porque no está en la empresa.
Entonces, tengamos en claro hasta dónde puede llegar la cobertura de una enfermedad profesional, porque si no, todo trabajador dependiente que contraiga el COVID va a reclamar una enfermedad laboral. Y no es así, porque si yo no estoy trabajando y estoy en mi casa desde que empezó la pandemia, no puedo imputar al trabajo el haberme contagiado la enfermedad.
Vuelven las preguntas sobre la construcción. La construcción tiene un estatuto que viene de los últimos cincuenta y pico de años; empezó con la ley 17.258, siguió con la ley 22.250 y viene funcionando de ese modo. Es un estatuto que no prevé la indemnización por despido, sino que prevé un fondo por desempleo.
Se trata de un estatuto de libre entrada y de libre salida porque intenta adaptar los contratos de trabajo a los ritmos de la construcción. Las obras empiezan, terminan, a lo mejor pasan períodos largos en donde la empresa constructora no tiene otra obra, pero otra empresa sí los toma.
Hace cincuenta y pico de años que funciona de modo parecido en muchas partes del mundo. O sea que no es un invento argentino. No soy un experto en materia de construcción, así que, si alguien quiere cambiarlo, tendremos que debatirlo ampliamente, pero con gente que sepa más que yo de cómo son los ciclos de la construcción.
Respecto del bono de salud, en la reglamentación está claro que entran todos; no solo las enfermeras, los médicos, etcétera, sino todos. E incluso tuvimos ahí la precaución de incorporar a aquellos que están bajo la figura de monotributistas.
En el sistema de riesgos del trabajo no podemos incorporar a los monotributistas a través de un decreto, porque no están. O sea, habría que haberlo previsto; hay una facultad para prever que se incorporen, pero habría que armar todo el procedimiento de reincorporación -afiliación, etcétera-, que ahora no existe. Así que en algún momento es probable que tengamos que hacer eso.
Por otro lado, no está prohibida la actividad sindical. O sea, lo único que hemos determinado es que no se pueden realizar asambleas. La verdad es que sería un atentado a la salud pública que hoy juntemos a doscientas personas en un salón. En el mundo pasa esto; no se puede. Estamos haciendo el aislamiento preventivo y obligatorio. No quisimos violar la libertad sindical; solamente quisimos evitar que se junten doscientas personas en un salón y que, como consecuencia de esto, haya un contagio masivo.
Estamos hablando de días, no de años. Estamos hablando de días en los que no se puede realizar ese tipo de asambleas.
En cuanto a la promoción industrial, una vez que pase este momento, también veremos cómo queda. La realidad es que, respecto de los créditos, insisto, estamos tratando que los bancos los agilicen. El Banco Central está insistiendo y está sacando normas, pero lo que estamos viendo en los últimos días es que el acceso a los créditos se está agilizando.
En cuanto al tema del REPRO, no hay dificultades en el acceso. Como lo dije en mi primera exposición, el año en que más se tramitaron REPRO en el Ministerio de Trabajo fue 2009, con aproximadamente 4.000 REPRO a lo largo de nueve meses.
Hoy estamos previendo, en función de la inscripción en la AFIP, que vamos a tener que dar asistencia a más de 200.000 empresas. No hay ninguna probabilidad de que lo hagamos por los métodos tradicionales, con lo cual va a ser de modo automático.
Recién terminó la inscripción y la AFIP la tuvo que prorrogar porque hay gente que todavía se sigue inscribiendo. Así que no hay demoras, retrasos ni nada, porque no tenemos REPRO pendientes. Cuando termine la inscripción, la AFIP procesará todo y saldrán los beneficios que están previstos.
En cuanto al funcionamiento del SECLO, efectivamente estamos trabajando con el Colegio de Abogados, y también con el Ministerio de Justicia, para hacerlo de manera virtual. Porque el SECLO es un área de superposición entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia. Así que estamos trabajando con ellos para ver, sobre la base de una propuesta que planteó el Colegio de Abogados, cómo hacemos para reactivar el SECLO.
Quiero insistir en que 45.000 bajas no son despidos; son todas las bajas que vemos en la registración. Las bajas de la registración pueden ser por jubilación, por renuncia, por fallecimiento; en fin, por una serie de motivos. Cuando yo hablo de 45.000 -lo digo tres veces porque un diario ya publicó que dije que había 45.000 despidos y no es así-, se trata de bajas, que es lo que estamos viendo ahora. Si entramos al sistema de la AFIP, vemos altas y bajas y vemos cuántas bajas se sucedieron.
Respecto de la protección de los trabajadores no registrados, la verdad es que tenemos problemas con ellos porque precisamente es un universo que está afuera de la registración; tenemos que trabajar en ver cómo avanzamos en un mecanismo de formalización de esos trabajadores.
En el caso de las comidas rápidas, el Ministerio de Trabajo fue claro al sostener que no podían aplicar una cláusula del convenio que tenían prevista porque debían ir a un procedimiento acordado con el sindicato. En ese conflicto estamos tramitando.
En cuanto al tema de acceder a los sectores medios, tengo absolutamente claro que tenemos que tratar de ver cómo llegamos a los sectores medios en materia de servicios, etcétera, y en materia de cobertura. Lo dije de entrada; ahí tenemos un sector que no lo tenemos absolutamente protegido y que estamos intentando proteger.
En cuanto a los conflictos que están sucediendo en las provincias, puede ser que estén sucediendo esos conflictos. Yo lo que recuerdo es que la policía del trabajo es competencia provincial; nosotros asistimos, nada más.
La realidad es que esto viene de una larga historia. Recuerden que antes, hace muchos años, cuando yo era un niño, prácticamente no había autoridades administrativas laborales provinciales y solo funcionaban las delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo, que eran una suerte de ministerios de Trabajo autónomos. Eso fue cambiando.
La realidad es que hoy las competencias volvieron al lugar donde siempre debieron estar, que es la autoridad administrativa provincial, porque es lo que dice la Constitución. La aplicación de las leyes y el control de su aplicación dentro del territorio provincial corresponden a las autoridades administrativas provinciales, y lo que hacen las agencias regionales nuestras es asistir.
En cuanto a si tenemos una mirada federal respecto de los programas de asistencia para el trabajo y la producción, claramente es así, y veo que este tema se plantea con frecuencia. Los senadores también me preguntaron si había cupos por provincia. No hay cupos por provincia. Todo aquel que ingrese, se anote y cumpla con los requisitos, independientemente del lugar de radicación de la empresa, tiene acceso a los beneficios. O sea, no es que hay un cupo asignado a la provincia de Buenos Aires, un cupo para Córdoba y un cupo para Santa Fe. No; toda empresa que se anote y se inscriba tiene acceso a los beneficios.
En cuanto al teletrabajo, ya planteé que es uno de los temas que tenemos que regular. La verdad es que no pretendo considerar que lo que hicimos fue una regulación del teletrabajo; fue una solución de urgencia de cómo se podía trabajar desde la casa, apelando a la buena fe contractual que debe reinar entre trabajadores y empleadores.
En relación con la protección de los autónomos, creo que es la tercera vez que lo planteo, e insisto porque me parece muy importante: tenemos que ver cómo hacemos para proteger a ese sector que no lo tenemos muy protegido. O sea, tenemos muy protegidos a los trabajadores formales, tenemos más o menos identificados a aquellos a quienes les damos planes asistenciales, y en el medio nos queda un montón de gente que tiene poco acceso.
Las tareas de cuidado son, en particular, un tema en el que veníamos avanzando en un trabajo interministerial. Creo que es un tema que está avanzando en el mundo.
Antes de que pasara todo esto, estuvimos trabajando con una economista argentina que está en la OIT, dedicada especialmente a este tema, pero la verdad es que nos agarró esta situación. O sea, estamos en el medio de la pandemia tratando de resolver los incendios que se van produciendo todos los días.
Creo haber respondido todo lo que me preguntaron, así lo espero, y si no, envíenmelo por escrito y trataremos de responderlo en cuanto podamos.
Les agradezco mucho, para mí fue muy útil escuchar las opiniones de ustedes, y espero que en algún momento podamos trabajar más tranquilos, sobre temas más interesantes que la urgencia.
En varios casos salió el tema Techint-UOCRA y la prohibición de los despidos. La realidad es que, en el caso de Techint-UOCRA, eran obras privadas y hacía tiempo que estaban suspendidas; estaban regidas por la ley 22.050, que es el convenio colectivo de la construcción. Las extinciones de los vínculos fueron bastante anteriores al dictado del decreto de prohibición de los despidos. Ustedes saben que la ley 22.250 no tiene un sistema indemnizatorio de despidos, sino que, cuando la obra está parada determinado tiempo, lo que hace es extinguir los vínculos y los trabajadores pasan a cobrar el fondo de desempleo. Ese es un tema legal.
Igualmente, pese a que en la formalidad no había una infracción a normas básicas, nosotros dictamos la conciliación obligatoria porque entendimos que había una afectación al conflicto social. Normalmente, lo que suele hacerse en estos casos de obras importantes, con una gran cantidad de trabajadores, es que el modo de salida de los trabajadores es acordado razonablemente con el sindicato, negociado, y pactada la reincorporación de los trabajadores cuando la obra se reinicia. Hay todo un procedimiento que en este caso no se había seguido, y por eso llamamos a una conciliación obligatoria.
Luego de la conciliación obligatoria, la realidad es que lo que se hizo -porque es lo que se hace normalmente con estas obras- fue pagar un tiempo más a los trabajadores, garantizar la reincorporación y garantizar la asistencia a la obra social por un tiempo, para que puedan seguir teniendo cobertura. Esa es la práctica normal y legal de acuerdo con lo previsto en la ley 22.250. La realidad es que no están dentro de la ley de contrato de trabajo, sino que tienen un estatuto específico que prevé esto.
En cuanto al uso del artículo 223 bis, hay un montón de preguntas. Por ahora no estamos viendo que haya una inundación. Es probable que vaya a ser muy usado si el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con bajo nivel de actividad económica, vaya llevando a las empresas a quedarse sin recursos, sin ingresos, por no estar trabajando, y entonces es probable que esta figura empiece a aparecer.
Es una figura que prevé la participación sindical. La realidad es que creo que hay garantías en cuanto a la participación del sindicato de actividad y, por supuesto, se necesita la homologación de la autoridad administrativa. A veces será la autoridad administrativa laboral de la Nación y otras veces será la autoridad administrativa laboral de las provincias. Creemos que es un mecanismo que, en determinadas cuestiones, permite mantener el vínculo, que es lo que queremos; queremos que se mantenga el contrato de trabajo. Si, de común acuerdo, los representantes de los trabajadores con la empresa, y con la homologación de la autoridad administrativa, logran una solución transitoria en donde lo que pagan es una compensación remuneratoria porque la empresa está sin actividad -o sea, no está funcionando-, nosotros creemos que es una herramienta razonable.
Con respecto a las billeteras virtuales, ¿por qué las prohibimos? Porque con las billeteras virtuales que estaban en uso, el dinero no estaba depositado en una cuenta del trabajador, sino que estaba depositado en una cuenta de la empresa. Se trata de una cuenta de la empresa que, por su monto, estaba por fuera del sistema de garantía de depósitos. O sea que, si el banco o la empresa tenían algún problema, ese dinero, el de la billetera virtual, no estaba a nombre del trabajador sino que estaba a nombre de la empresa que administra la billetera virtual, con lo cual era una situación de falta de garantías de la protección del salario.
Si el dinero está en una cuenta del trabajador, tiene todas las protecciones que alcanzan al salario. Al no estar en una cuenta del trabajador, sino en una cuenta de la empresa que administra la billetera, o en un fondo común de inversión, como era en algunos casos, entendíamos que había una situación de riesgo. Si la empresa entraba en concurso, esa cuenta quedaba afectada al concurso. ¿Por qué? Porque no estaba a nombre del trabajador.
Sí estamos viendo el tema del uso de billeteras virtuales de bancos, en donde el dinero esté depositado en una cuenta del trabajador, quien va a poder usarlo a través de una billetera virtual, pero no que haya una sola cuenta de la empresa donde vayan todos los salarios y que, si llega a pasar algo, esos depósitos no estén a nombre de los trabajadores.
En relación con algo que refirió el señor diputado Yasky, y más allá de entrar en detalles respecto de qué tipo de impuesto, etcétera, todos coincidimos en que el diseño de la distribución de los ingresos en una comunidad tiene dos pilares básicos, que son los impuestos y la seguridad social. La verdad es que tenemos que trabajar en este aspecto; en algún momento vamos a tener que sentarnos en la Argentina a redefinir el esquema impositivo y el esquema de seguridad social; es decir, que haya una correcta contribución, una justa contribución a los gastos de la comunidad, a través del sistema impositivo, y haya una justa redistribución de los recursos necesarios a través de la seguridad social. Decirlo así parece muy simple, muy básico, pero es uno de los temas más difíciles que afronta la economía en el mundo y, en especial, en la Argentina.
En cuanto al período de prueba, tengo que verlo. Es un tema que lo estábamos planteando el otro día. Nosotros apuntamos simplemente a las situaciones de fuerza mayor o falta de trabajo. Tenemos la situación del período de prueba; veremos qué hacemos.
Con respecto a los sectores informales, estamos tratando de ver -lo dije claramente- cómo llegamos a ellos. Del análisis tanto de los aceptados como de los rechazados en el IFE, vamos a sacar alguna conclusión concreta para ver qué correcciones tenemos que hacer a efectos de llegar a todos esos sectores, como es el caso de los canillitas. Es una situación variada. Nosotros estuvimos viendo el tema de los canillitas y vimos que hay algunos que son monotributistas, que estarían dentro del IFE, otros que son autónomos y hay canillitas que son empleados en relación de dependencia. No hay una figura jurídica del "canillita", sino que tienen figuras impositivas distintas, con lo cual a veces puede ser que estén cubiertos por alguno de los programas y otras veces no.
Nos pasa lo mismo con las cooperativas de trabajo. Hay cooperativas que van a poder entrar en la asistencia para el trabajo de producción y estamos viendo que algunas no, con lo cual, nuevamente, una vez que procesemos la información de los inscriptos y de quiénes han quedado afuera, tomaremos las decisiones.
La realidad es que, en cuanto a los protocolos de salubridad, lo que nosotros estamos viendo es que ha habido numerosos acuerdos en materia de protocolos con los sindicatos, con la participación de las autoridades administrativas, y están funcionando razonablemente bien. Puede ser que haya otros lugares en donde no esté pasando esto. En ese aspecto, el Ministerio de Trabajo tiene una baja presencia en cuanto a cantidad de personal. La realidad que recuerdo es que, en las provincias, el poder de policía respecto del control de las normas laborales está en cabeza de las autoridades provinciales y lo que hace el Ministerio de Trabajo es una asistencia o colaboración. Por una cuestión constitucional, dentro del territorio de las provincias, la aplicación y el control de las leyes laborales es una facultad de las autoridades provinciales, a las cuales nosotros asistimos.
Tenemos en claro el tema de hotelería y turismo. Pasado el esquema de la asistencia al trabajo y el empleo, que es lo que ya tenemos en marcha, tendremos que ver cómo asistir a ese sector, que evidentemente va a tener una afectación mucho mayor que otros. Eso lo tenemos absolutamente en claro, pero hoy todavía no están diseñadas las herramientas.
Respecto del FOGAR, se han planteado varias cosas. En realidad, el acceso al FOGAR es muy simple; lo que pasa es que las empresas tienen que sacar el certificado pyme. Yo recomiendo que difundan el certificado pyme, porque muchas empresas no lo sacan y, al no hacerlo, no pueden acceder al FOGAR. El acceso se realiza a través de la página de la AFIP; es muy simple y se hace con el certificado pyme.
Respecto de si los bancos están dando los créditos del FOGAR o no, nosotros vemos que se va acelerando la concesión de créditos. No obstante, el Banco Central está por dictar una serie de normas para facilitar más, o incluso, convertir en obligatorio el tema del acceso al crédito para aquellas empresas que tengan el certificado pyme y la garantía otorgada del Fondo de Garantías.
Algunos diputados me plantearon las situaciones conflictivas que dicen que hay en algunos organismos del Estado. Voy a consultar con esos organismos, pero hasta donde yo sé, no tenemos denuncias masivas en el Ministerio de Trabajo.
Respecto de si estamos pensando algo en cuanto a legislación laboral en materia de teletrabajo y plataformas tecnológicas, yo aclaré al principio que lo que hicimos ahora no es teletrabajo, sino trabajo desde el hogar con algún tipo de vinculación.
En materia de plataformas, lamentablemente nos ha tocado esta situación de urgencia, pero estábamos trabajando bastante bien en un proyecto de ley -que pensamos enviar al Congreso- para los servicios de entrega a domicilio a través de plataformas. Yo quiero ser muy claro: nosotros entendemos que la regulación no hay que hacerla sobre la herramienta, no se trata de regular cualquier servicio que se dé a través de plataformas, sino que hay que regular la naturaleza del servicio que presta el trabajador.
La plataforma es una herramienta de administración de recursos; no define la actividad del trabajador. La actividad del trabajador la tenemos que definir por la actividad específica qué el realiza, porque una plataforma puede ser usada para dar servicios de enfermería, de arquitectura, de jardinería o de mensajería. Entendemos que corresponde regular por el tipo de actividad que desarrolle el trabajador. Espero que, cuando esta situación pase, tengamos el tiempo suficiente para discutir con ustedes proyectos en este sentido.
Respecto de si estamos pensando otros mecanismos de modificación de la legislación laboral, por ahora no. Creemos que podemos vernos en la situación de que algunos convenios colectivos tengan que ir ajustando determinadas pautas, y es muy probable que tengamos que trabajar en materia de jornadas. Hoy a la mañana, en la reunión con los ministros de Trabajo, citaba el que dicen que es el cuento más corto del mundo, de Monterroso: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí." La realidad es que, cuando pase esto, es muy probable que el virus siga. Entonces, hasta tanto aparezca una vacuna o nos inmunicemos de algún modo -y pase a ser otra de las enfermedades a las que estamos acostumbrados-, tendremos que empezar a adoptar medidas para coexistir con este virus. Con lo cual vamos a tener que empezar a pensar en materia de jornadas y de horarios de apertura, para evitar la concentración en los medios transportes.
O sea, algún día va a volver la actividad, y "el dinosaurio" va a seguir existiendo. Entonces, vamos a tener que armar mecanismos, porque no puede ser que todo el mundo arranque la misma hora. Tendremos que armar jornadas rotativas o pensar en algo para despejar los medios de transporte. Tendremos que pensar cosas que a lo mejor van a requerir nuevas regulaciones.
En cuanto a los pagos de la ANSES, habrá cronogramas bastante amplios para que no se vuelvan a producir esas concentraciones. Esa concentración se produjo porque ese día fue mucha gente que no tenía que ir. Como los bancos habían estado cerrados durante tanto tiempo, la gente escuchó que se abrían y fue igual. Fíjense que nunca más se repitió. Estamos tratando de ver ese tema.
La informalidad del trabajo rural es un tema que hace años que existe en la Argentina. Tenemos que enfocarlo en algún momento, sentarnos y ver cómo avanzamos en la formalización del trabajo rural. Hoy, el tema del retorno al hogar, particularmente, es un tema complejo. Hay trabajadores que no están pudiendo volver a su hogar por falta de autorizaciones de la provincia de donde son oriundos, con lo cual no les están permitiendo volver.
En algunos casos lo hemos resuelto; por ejemplo, hemos trabajado con la gente de Río Negro y Tucumán y lo fuimos resolviendo. En otros casos está costando bastante más, por decisiones absolutamente inconstitucionales. Son decisiones que, de hecho, estamos tratando de resolver junto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad y las autoridades provinciales.
En materia de turismo, tenemos que abordar el fracaso de la temporada invernal. Esto va a provocar que, en cuanto a los trabajadores de temporada, que pensaban ser tomados por la temporada invernal, lo más probable es que eso no suceda. Tenemos que ver esa situación porque, evidentemente, es un trabajador que no va a estar dado de alta y es probable que las asignaciones que estamos pensando no lo alcancen. Allí tendremos que analizar una solución específica.
En la reunión de ministros de Trabajo que tuvimos hoy, quedamos en armar grupos de trabajo con las provincias donde mayormente hay turismo invernal, para ver cómo resolvemos la situación de los trabajadores de temporada.
El programa intercosecha es claro que tenemos que aumentarlo. No solo tenemos que aumentarlo, sino que tendremos que volver a regular algunas cosas; sobre todo la superposición que pueda haber con algunos planes, porque a veces, ese miedo a perder el plan evita la formalización del trabajador.
En términos inmediatos estamos viendo de aumentar el monto del programa intercosecha porque quedó muy desactualizado. La realidad es que hemos estado pagando deudas del año pasado y recién ahora empezamos a tratar de asistir lo correspondiente a este año. Así que veremos qué pasa.
Por otra parte, el despido producido en violación del DNU que sacamos es nulo, por lo cual carece de efectos y el trabajador tendrá que ser reintegrado. Aunque fuera llevado a la Justicia, será reintegrado porque es una norma clara y simple, donde se dice que el despido carece de efectos.
El trabajo en negro en la Argentina tiene una historia larguísima. Insisto, es una figura muy rara y muy heterogénea. No es simplemente un trabajador no inscripto. Tenemos vocación de abordarlo y habrá que trabajar en un montón de cosas. Insisto, es una figura bastante difícil de abordar porque no es una figura única. Hay trabajadores que son como todos los trabajadores pero que simplemente no están inscriptos, hay cuentapropistas, hay informales y hay un montón de casos que no son fáciles de agrupar. Es un error agruparlos en una sola categoría. Las veces que quisimos agruparlos en una sola categoría, nunca lo pudimos resolver. Habrá que separarlos, y la verdad es que va a ser un trabajo arduo y difícil, que me parece que no es para esta semana.
Lo mismo ocurre con la generación de puestos de trabajo. La verdad es que el mundo -la OIT- hoy está calculando la pérdida de millones y millones de puestos de trabajo como consecuencia de esto. Hoy estamos tratando de que se pierdan los menos posibles. Después de que pase esto veremos cómo arrancamos nuevamente, a través de la iniciativa de las provincias, la actividad económica y la generación de puestos de trabajo.
Si me preguntan si estamos pensando cómo vamos a generar puestos de trabajo desde el Ministerio, les digo que no. No sé cuál va a ser la situación fáctica en la que vamos a quedar, con lo cual, desarrollar herramientas sin saber cuál es el estado de la situación me parece una tarea absolutamente innecesaria.
En cuanto a la cobertura del COVID19, está claramente cubierto. Creo que la diputada que me lo preguntó está haciendo una lectura equivocada del decreto. Lo que dice esa norma es que está como una enfermedad no enlistada. En algún momento el Covid19 va a dejar de ser una enfermedad laboral y va a ser como la Gripe A. En algún caso podrá ser laboral, pero en la mayor parte de los casos no será así. Entonces, lo que hicimos fue un procedimiento que dice que presuntivamente las ART no pueden rechazar la cobertura y tienen que dar prestaciones, y los daños que provoque el COVID19 van a estar resarcidos.
En cuanto a la referencia al fondo, no es que vaya a un fondo que no es de la ART; es un tema de imputación interna de con qué dinero la ART paga eso. Las aseguradoras de riesgos del trabajo claramente tienen que pagar cuando hay una incapacidad definitiva declarada por la comisión médica, y lo tienen que hacer con unos fondos que están dentro de la propia ART. Lo único a que se contempla allí es un tema de imputación respecto de con qué fondos -que están dentro de la ART, que lo tiene que pagar- se paga. Por lo tanto, sugiero una lectura más atenta de las normas.
La cobertura como enfermedad profesional es para todos aquellos que estén efectivamente trabajando. Si alguien que no está trabajando en su lugar de trabajo se contagia hoy el COVID19 en su casa, no puedo presumir que eso sea consecuencia de haber trabajado en la empresa porque no está en la empresa.
Entonces, tengamos en claro hasta dónde puede llegar la cobertura de una enfermedad profesional, porque si no, todo trabajador dependiente que contraiga el COVID va a reclamar una enfermedad laboral. Y no es así, porque si yo no estoy trabajando y estoy en mi casa desde que empezó la pandemia, no puedo imputar al trabajo el haberme contagiado la enfermedad.
Vuelven las preguntas sobre la construcción. La construcción tiene un estatuto que viene de los últimos cincuenta y pico de años; empezó con la ley 17.258, siguió con la ley 22.250 y viene funcionando de ese modo. Es un estatuto que no prevé la indemnización por despido, sino que prevé un fondo por desempleo.
Se trata de un estatuto de libre entrada y de libre salida porque intenta adaptar los contratos de trabajo a los ritmos de la construcción. Las obras empiezan, terminan, a lo mejor pasan períodos largos en donde la empresa constructora no tiene otra obra, pero otra empresa sí los toma.
Hace cincuenta y pico de años que funciona de modo parecido en muchas partes del mundo. O sea que no es un invento argentino. No soy un experto en materia de construcción, así que, si alguien quiere cambiarlo, tendremos que debatirlo ampliamente, pero con gente que sepa más que yo de cómo son los ciclos de la construcción.
Respecto del bono de salud, en la reglamentación está claro que entran todos; no solo las enfermeras, los médicos, etcétera, sino todos. E incluso tuvimos ahí la precaución de incorporar a aquellos que están bajo la figura de monotributistas.
En el sistema de riesgos del trabajo no podemos incorporar a los monotributistas a través de un decreto, porque no están. O sea, habría que haberlo previsto; hay una facultad para prever que se incorporen, pero habría que armar todo el procedimiento de reincorporación -afiliación, etcétera-, que ahora no existe. Así que en algún momento es probable que tengamos que hacer eso.
Por otro lado, no está prohibida la actividad sindical. O sea, lo único que hemos determinado es que no se pueden realizar asambleas. La verdad es que sería un atentado a la salud pública que hoy juntemos a doscientas personas en un salón. En el mundo pasa esto; no se puede. Estamos haciendo el aislamiento preventivo y obligatorio. No quisimos violar la libertad sindical; solamente quisimos evitar que se junten doscientas personas en un salón y que, como consecuencia de esto, haya un contagio masivo.
Estamos hablando de días, no de años. Estamos hablando de días en los que no se puede realizar ese tipo de asambleas.
En cuanto a la promoción industrial, una vez que pase este momento, también veremos cómo queda. La realidad es que, respecto de los créditos, insisto, estamos tratando que los bancos los agilicen. El Banco Central está insistiendo y está sacando normas, pero lo que estamos viendo en los últimos días es que el acceso a los créditos se está agilizando.
En cuanto al tema del REPRO, no hay dificultades en el acceso. Como lo dije en mi primera exposición, el año en que más se tramitaron REPRO en el Ministerio de Trabajo fue 2009, con aproximadamente 4.000 REPRO a lo largo de nueve meses.
Hoy estamos previendo, en función de la inscripción en la AFIP, que vamos a tener que dar asistencia a más de 200.000 empresas. No hay ninguna probabilidad de que lo hagamos por los métodos tradicionales, con lo cual va a ser de modo automático.
Recién terminó la inscripción y la AFIP la tuvo que prorrogar porque hay gente que todavía se sigue inscribiendo. Así que no hay demoras, retrasos ni nada, porque no tenemos REPRO pendientes. Cuando termine la inscripción, la AFIP procesará todo y saldrán los beneficios que están previstos.
En cuanto al funcionamiento del SECLO, efectivamente estamos trabajando con el Colegio de Abogados, y también con el Ministerio de Justicia, para hacerlo de manera virtual. Porque el SECLO es un área de superposición entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia. Así que estamos trabajando con ellos para ver, sobre la base de una propuesta que planteó el Colegio de Abogados, cómo hacemos para reactivar el SECLO.
Quiero insistir en que 45.000 bajas no son despidos; son todas las bajas que vemos en la registración. Las bajas de la registración pueden ser por jubilación, por renuncia, por fallecimiento; en fin, por una serie de motivos. Cuando yo hablo de 45.000 -lo digo tres veces porque un diario ya publicó que dije que había 45.000 despidos y no es así-, se trata de bajas, que es lo que estamos viendo ahora. Si entramos al sistema de la AFIP, vemos altas y bajas y vemos cuántas bajas se sucedieron.
Respecto de la protección de los trabajadores no registrados, la verdad es que tenemos problemas con ellos porque precisamente es un universo que está afuera de la registración; tenemos que trabajar en ver cómo avanzamos en un mecanismo de formalización de esos trabajadores.
En el caso de las comidas rápidas, el Ministerio de Trabajo fue claro al sostener que no podían aplicar una cláusula del convenio que tenían prevista porque debían ir a un procedimiento acordado con el sindicato. En ese conflicto estamos tramitando.
En cuanto al tema de acceder a los sectores medios, tengo absolutamente claro que tenemos que tratar de ver cómo llegamos a los sectores medios en materia de servicios, etcétera, y en materia de cobertura. Lo dije de entrada; ahí tenemos un sector que no lo tenemos absolutamente protegido y que estamos intentando proteger.
En cuanto a los conflictos que están sucediendo en las provincias, puede ser que estén sucediendo esos conflictos. Yo lo que recuerdo es que la policía del trabajo es competencia provincial; nosotros asistimos, nada más.
La realidad es que esto viene de una larga historia. Recuerden que antes, hace muchos años, cuando yo era un niño, prácticamente no había autoridades administrativas laborales provinciales y solo funcionaban las delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo, que eran una suerte de ministerios de Trabajo autónomos. Eso fue cambiando.
La realidad es que hoy las competencias volvieron al lugar donde siempre debieron estar, que es la autoridad administrativa provincial, porque es lo que dice la Constitución. La aplicación de las leyes y el control de su aplicación dentro del territorio provincial corresponden a las autoridades administrativas provinciales, y lo que hacen las agencias regionales nuestras es asistir.
En cuanto a si tenemos una mirada federal respecto de los programas de asistencia para el trabajo y la producción, claramente es así, y veo que este tema se plantea con frecuencia. Los senadores también me preguntaron si había cupos por provincia. No hay cupos por provincia. Todo aquel que ingrese, se anote y cumpla con los requisitos, independientemente del lugar de radicación de la empresa, tiene acceso a los beneficios. O sea, no es que hay un cupo asignado a la provincia de Buenos Aires, un cupo para Córdoba y un cupo para Santa Fe. No; toda empresa que se anote y se inscriba tiene acceso a los beneficios.
En cuanto al teletrabajo, ya planteé que es uno de los temas que tenemos que regular. La verdad es que no pretendo considerar que lo que hicimos fue una regulación del teletrabajo; fue una solución de urgencia de cómo se podía trabajar desde la casa, apelando a la buena fe contractual que debe reinar entre trabajadores y empleadores.
En relación con la protección de los autónomos, creo que es la tercera vez que lo planteo, e insisto porque me parece muy importante: tenemos que ver cómo hacemos para proteger a ese sector que no lo tenemos muy protegido. O sea, tenemos muy protegidos a los trabajadores formales, tenemos más o menos identificados a aquellos a quienes les damos planes asistenciales, y en el medio nos queda un montón de gente que tiene poco acceso.
Las tareas de cuidado son, en particular, un tema en el que veníamos avanzando en un trabajo interministerial. Creo que es un tema que está avanzando en el mundo.
Antes de que pasara todo esto, estuvimos trabajando con una economista argentina que está en la OIT, dedicada especialmente a este tema, pero la verdad es que nos agarró esta situación. O sea, estamos en el medio de la pandemia tratando de resolver los incendios que se van produciendo todos los días.
Creo haber respondido todo lo que me preguntaron, así lo espero, y si no, envíenmelo por escrito y trataremos de responderlo en cuanto podamos.
Les agradezco mucho, para mí fue muy útil escuchar las opiniones de ustedes, y espero que en algún momento podamos trabajar más tranquilos, sobre temas más interesantes que la urgencia.
SRA. PRESIDENTA SILEY Muchas gracias, señor ministro.
Le quedan dos minutos al diputado Cantard para hacer un cierre, como vicepresidente de la comisión.
Le quedan dos minutos al diputado Cantard para hacer un cierre, como vicepresidente de la comisión.
SR. CANTARD Muchas gracias por estos dos minutos, como lo habíamos acordado.
Nuevamente expreso mi agradecimiento por la organización y un saludo muy especial a todos los colegas por la participación en esta reunión tan importante.
Le agradezco especialmente al ministro la recomendación para que leamos bien las normas, pero en realidad simplemente se marcaba una diferencia entre decir que el COVID es una enfermedad profesional y decir que el COVID está como una presunción para determinadas actividades especiales.
Y me aprovecho de la buena voluntad del ministro, y por supuesto de la señora presidenta, para tomar el guante de lo último que el doctor Moroni nos planteaba, en el sentido de poder acercarle otras preguntas y consultas por escrito porque, evidentemente, en dos horas siempre quedan algunas dudas y otras preguntas por hacer.
Lamentablemente, por problemas de audio la señora diputada Martínez no pudo completar sus preguntas, pero se las vamos a hacer llegar por escrito. Había algo muy interesante en referencia al problema de la emergencia, el trabajo y la producción, sobre el decreto 332, respecto de cuáles son los controles de acceso, los mecanismos de transparencia en las solicitudes y asignaciones, el comité de evaluación y el seguimiento. Siempre quedan cosas pendientes.
Vuelvo a agradecer especialmente la buena predisposición al señor ministro, y felicito a la presidenta de la comisión por la organización de esta reunión. Un saludo a todos los colegas. Muchas gracias.
Nuevamente expreso mi agradecimiento por la organización y un saludo muy especial a todos los colegas por la participación en esta reunión tan importante.
Le agradezco especialmente al ministro la recomendación para que leamos bien las normas, pero en realidad simplemente se marcaba una diferencia entre decir que el COVID es una enfermedad profesional y decir que el COVID está como una presunción para determinadas actividades especiales.
Y me aprovecho de la buena voluntad del ministro, y por supuesto de la señora presidenta, para tomar el guante de lo último que el doctor Moroni nos planteaba, en el sentido de poder acercarle otras preguntas y consultas por escrito porque, evidentemente, en dos horas siempre quedan algunas dudas y otras preguntas por hacer.
Lamentablemente, por problemas de audio la señora diputada Martínez no pudo completar sus preguntas, pero se las vamos a hacer llegar por escrito. Había algo muy interesante en referencia al problema de la emergencia, el trabajo y la producción, sobre el decreto 332, respecto de cuáles son los controles de acceso, los mecanismos de transparencia en las solicitudes y asignaciones, el comité de evaluación y el seguimiento. Siempre quedan cosas pendientes.
Vuelvo a agradecer especialmente la buena predisposición al señor ministro, y felicito a la presidenta de la comisión por la organización de esta reunión. Un saludo a todos los colegas. Muchas gracias.
SRA. SILEY Gracias, diputado Cantard.
Hemos terminado la reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo.
Muchas gracias, ministro Moroni, y gracias a todos los diputados y diputadas. Va a haber más reuniones de comisión, así que todos los que no pudieron hablar podrán hacerlo en la próxima; nos vamos a ir turnando en el uso de la palabra.
Yo nada más quería mencionar que la Confederación Sindical Internacional ha colocado a nuestro país, a la Argentina, y a las últimas políticas que se han llevado adelante desde el gobierno del presidente Alberto Fernández y de todo el gabinete, dentro de los doce países que participaron de un relevamiento muy interesante, llamado "Primero las personas".
Allí se dice que las políticas económicas de nuestro país se encuentran dentro de los doce que más han protegido el trabajo, el salario directo y el salario indirecto. Creo que el ministro lo ha explicado cuando se refirió a los DNU dictados en materia de alquileres, hipotecas y otras cuestiones que hacen al salario indirecto, como los impuestos y las políticas sobre la protección de las fuentes de trabajo.
Seguramente que falta, pero que nuestro país haya decidido tener a la salud, a la vida y al trabajo como su principal política es algo que nos enorgullece no solamente como parte de este gobierno, sino fundamentalmente como argentinos y argentinas, en un momento en donde la dirigencia necesita de todos y de todas nosotras.
Así que, señor ministro, cuente con esta comisión para trabajar, para que le acerquemos propuestas, pero además también para poder tener un vínculo fluido que nos permita a nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, ayudarlo a usted a resolver los problemas y a construir las herramientas necesarias para que esos problemas se resuelvan.
Sin Ministerio de Trabajo difícilmente podríamos haber afrontado esta pandemia, de la misma manera que sin Ministerio de Salud tampoco podríamos haberlo hecho.
Muchas gracias por estar con nosotros, señor ministro, y buenas tardes a todos y a todas.
Hemos terminado la reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo.
Muchas gracias, ministro Moroni, y gracias a todos los diputados y diputadas. Va a haber más reuniones de comisión, así que todos los que no pudieron hablar podrán hacerlo en la próxima; nos vamos a ir turnando en el uso de la palabra.
Yo nada más quería mencionar que la Confederación Sindical Internacional ha colocado a nuestro país, a la Argentina, y a las últimas políticas que se han llevado adelante desde el gobierno del presidente Alberto Fernández y de todo el gabinete, dentro de los doce países que participaron de un relevamiento muy interesante, llamado "Primero las personas".
Allí se dice que las políticas económicas de nuestro país se encuentran dentro de los doce que más han protegido el trabajo, el salario directo y el salario indirecto. Creo que el ministro lo ha explicado cuando se refirió a los DNU dictados en materia de alquileres, hipotecas y otras cuestiones que hacen al salario indirecto, como los impuestos y las políticas sobre la protección de las fuentes de trabajo.
Seguramente que falta, pero que nuestro país haya decidido tener a la salud, a la vida y al trabajo como su principal política es algo que nos enorgullece no solamente como parte de este gobierno, sino fundamentalmente como argentinos y argentinas, en un momento en donde la dirigencia necesita de todos y de todas nosotras.
Así que, señor ministro, cuente con esta comisión para trabajar, para que le acerquemos propuestas, pero además también para poder tener un vínculo fluido que nos permita a nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, ayudarlo a usted a resolver los problemas y a construir las herramientas necesarias para que esos problemas se resuelvan.
Sin Ministerio de Trabajo difícilmente podríamos haber afrontado esta pandemia, de la misma manera que sin Ministerio de Salud tampoco podríamos haberlo hecho.
Muchas gracias por estar con nosotros, señor ministro, y buenas tardes a todos y a todas.