Art. 1: Declárase la Emergencia Sanitaria y Laboral en el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” ubicado en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en el partido de Morón, de la Provincia de Buenos Aires.

Art. 2: Procédase a la reincorporación de 122 trabajadores de ese hospital, arbitraria e ilegalmente despedidos en enero de este año y su pase a planta permanente. Páguese los salarios caídos de estos trabajadores reincorporados, como de eventuales descuentos a los huelguistas que han resistido la arbitrariedad laboral.

Art. 3: Procédase al pase a planta permanente de la totalidad de trabajadores y profesionales que revistan en este nosocomio, en muchos casos durante décadas con diferentes modalidades contractuales de precarización laboral.

Art. 4: Procédase al retiro de todas las fuerzas represivas del interior y del entorno del hospital que han militarizado el mismo.

Art. 5°- De forma.

Señor presidente:

Durante el 2017 la crisis sanitaria y laboral en el Hospital Posadas se fue agudizando. El vaciamiento en el Hospital es cada más profundo: de 5000 empleados, solo 1200 están en planta permanente, no se cubren las vacantes, la enorme masa de trabajadores se encuentra precarizada a través de contratos basura, mientras faltan insumos, camas y aparatología para un Hospital Nacional de excelencia que atiende a toda la zona oeste del Gran Buenos Aires.

A las pésimas condiciones de trabajo se le suma que, para solucionar el déficit de atención nocturna por años de no cubrir las vacantes, las autoridades dispusieron el aumento de la jornada de trabajo de 8 a 12 horas.

A partir de la semana del 15 de enero de 2018, 122 trabajadores del Hospital Posadas de la localidad de Morón fueron despedidos. Entre los despedidos se encuentran 17 de los 23 delegados y dirigentes históricos de CICOP (gremio de los profesionales de la Salud) del hospital. Lo cual constituye un ataque también a los derechos de inmunidad y libertad sindical. Hay también compañeros con 20 años de antigüedad, lo que constituye un fraude laboral, que realizan trabajos específicos y que son despedidos sin que exista quien los vaya a reemplazar.

Estos despidos, como también ocurre en el INTI, tienen un objetivo de persecución política-sindical, pues al descabezar a los principales dirigentes y organizadores gremiales del hospital, luego, las autoridades tendrán las manos más sueltas para poder aplicar un mayor ajuste con menos resistencia. Así es que entre los despedidos se encuentran aquellos que lucharon contra el aumento de la jornada a 12 horas, que implica una mayor flexibilización laboral para los trabajadores.

La resolución de la dirección del hospital contiene tres anexos, una parte de los contratados continúa en esa condición hasta diciembre, otra hasta marzo y los restantes quedan en la calle, sin renovación de contrato. Los despidos se realizaron sin enviar siquiera un telegrama de despido, dando a conocer la noticia 15 días más tarde de haberse realizado, es decir que despidieron con retroactividad.

Los trabajadores ni bien recibieron la noticia de los despidos se reunieron en asamblea y se encuentran desde ese momento luchando por la reincorporación de la totalidad de los despedidos. Han realizado varios paros, cortes y una enorme movilización, donde rodeados de decenas de organizaciones sociales y políticas se marchó hacia el Ministerio de Salud de la Nación y al ministerio llamado de Modernización. Las respuestas por parte de la dirección del hospital, y del gobierno nacional y provincial, han sido la militarización del hospital, que, si bien ya se encuentra rodeado por fuerzas de seguridad, ahora están dentro tropas de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional que intentan impedir la movilización en defensa de los puestos de trabajo. En la primera semana de conflicto una patota sindical de Darío Silva, dirigente de ATE Morón vinculada a Pablo Bertoldi, nuevo director del hospital, y al Intendente Tagliaferro, golpeó a los trabajadores en el interior del hospital.

Es por esto que se vuelve imperioso que se dé marcha atrás y se proceda a la reincorporación de todos los cesanteados. Terminar con la precarización laboral –tan cacareada por el ministro de Trabajo- y respetar el derecho al accionar sindical. Asimismo, no se debe trabajar vigilado de cerca por fuerzas policiales y represivas: es necesario que se retiren las mismas de dentro y el entorno del Hospital.

Por estos motivos, solicitamos a los señores diputados que acompañen el presente proyecto de ley.