Expresar su absoluto repudio por las condiciones de informalidad en el empleo, y las expresiones de violencia de género y maltrato laboral sufridos por la Sra. Sandra Heredia; así como el rechazo y cuestionamiento a su designación como delegada interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos por parte del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Señor presidente:

El día 16 de enero comenzó a circular un audio de Whatsapp en el que se escucha al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, insultar y maltratar a la Sra. Sandra Heredia, quien se desempeñara como casera de la quinta de su familia en Boulogne, y que asimismo - insólitamente - fuera designada con posterioridad interventora en una delegación del SOMU. Las denigrantes expresiones del Sr. Ministro deben ser condenadas en forma unánime por la totalidad de los funcionarios del Estado y la sociedad toda, no sólo por la violencia de género que conllevan, sino también por la relación laboral que unía a esta trabajadora, nada más ni nada menos, con la máxima autoridad de la Cartera Laboral en el orden nacional.

Este sólo hecho por si mismo daría fundamento al presente Proyecto; sin embargo la difusión del audio permitió profundizar acerca de una serie de graves irregularidades en las condiciones de contratación de quien se desempeñara como personal con multiplicidad de tareas al servicio del Ministro de Trabajo.

En primer lugar, Sandra Heredia denunció haber trabajado tres años para la familia sin aportes, ART ni obra social y reconoció haber sido regularizada sólo poco antes de que el Triaca asumiera como Ministro de Trabajo. Lo que cabe interpretar sobre las especulaciones políticas que pudieron originar la regularización de la Sra. Heredia. Al revés de cómo denuncian funcionarios del gobierno, el mal uso político de esta situación, se da por la especulación del Ministro que aún siendo diputado nacional, incumplía la legislación vigente y solo cuando asumió como ministro, pagó los aportes a la seguridad social correspondiente. Aun así, la empleada seguía percibiendo la mitad de sus haberes en modo irregular. Por último la empleada, no sólo fue despedida sin causa, sino que también fue presionada para que firmara su propia renuncia, ofreciéndole a cambio 66.000 pesos. Luego de su despido, violentaron y cambiaron la cerradura de la vivienda que habitaba en la quinta familiar y no le permitieron retirar sus pertenencias. Pudo acceder a las mismas luego de la intervención de su abogado.

Resulta inevitable relacionar estos hechos con la pretendida Reforma Laboral cuya iniciativa corresponde al Ejecutivo Nacional, y que ha tenido al Ministro de Trabajo como principal impulsor y negociador. Recordando que uno de sus declamados objetivos, y posiblemente el más relevante – paradójicamente - es el llamado blanqueo laboral.

A pesar de que a través de las redes sociales, Triaca sostiene que el exabrupto del audio no refleja su personalidad, los hechos que se conocieron ayer son coherentes con el referido proyecto, que busca disminuir las penalidades hacia quienes emplean personal en condiciones de precariedad y sin pagar los aportes que exige la Ley.

Estos hechos, deberían obligar al PEN a repensar el perfil de la persona que lleva adelante los asuntos del Estado en la Cartera de Trabajo Empleo y Seguridad Social en la República Argentina. De quien ejerce tales ilícitos en su ámbito doméstico, no puede esperarse una política diferente en el ámbito público, la que requiere de una férrea lucha contra la precarización y la informalidad en nuestro país.

No caben dudas de que la contratación informal es una práctica improcedente para cualquier empleador. Sin embargo es particularmente preocupante que quien debe velar por las condiciones de trabajo de los argentinos, emplee a su personal sin registrarlo. Esto demuestra también que el empleo informal no es el resultado de los altos costos laborales, que este Gobierno pretende disminuir. Sin dudas el Ministro tiene la capacidad económica de blanquear al personal a su cargo.

En segundo lugar, Sandra Heredia fue designada como delegada interventora de la seccional San Fernando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en el marco de la intervención promovida por el Ministerio de Trabajo y el Juzgado Federal del fuero Penal a cargo del Dr. Canicoba Corral. Si bien la ex-empleada cobraba por su designación en el SOMU, siguió trabajando en la quinta, atendiendo al Ministro y sus invitados. Este hecho resulta repudiable en distintos aspectos, por una parte, de comprobarse tal situación, implicaría que el Ministro se beneficiaba en forma personal de un sindicato intervenido, al pagar parte del sueldo de su empleada con las arcas de un sindicato, las cuales se componen del aporte de sus trabajadores para los fines específicos de representar sus intereses. Por otra parte, no sólo resulta anti-ético e ilícito, sino también un hecho repugnante a la autonomía sindical, que el Ministro de Trabajo de la Nación nombre a una empleada personal como interventora de un sindicato.

De igual modo, este nombramiento de su empleada en el SOMU se condice con la capacidad que mostró el Ministro de nombrar otros allegados en cargos públicos. Desde que se desempeña en el gabinete nacional, Triaca ya consiguió empleo a dos de sus hermanas, a su cuñado y a su esposa en posiciones importantes de diferentes empresas y organismos públicos.

Por último, a raíz que ha tomado estado público (a través de los dichos de la Sra. Sandra Heredia) los manejos impropios en la selección de las personas que se desempeñan como interventores en los sindicatos durante esta gestión y en las decisiones que se adoptan una vez que acceden a los cargos de intervención (hechos que presumen la injerencia indebida de las decisiones ministeriales, en oposición a los intereses de las organizaciones de trabajadores intervenidas), es que denunciamos la necesidad de iniciar una investigación seria acerca de los mecanismos de selección realizados, y los manejos que esta administración lleva adelante en relación a las intervenciones a las asociaciones de trabajadores; tanto en cuanto a las decisiones adoptadas , como a las contrataciones realizadas durante las mismas.

Por todo lo expuesto, solicito a los diputados que acompañen el presente proyecto.