MARCO GENERAL REGULATORIO DE INTERESES EN MATERIA LABORAL

Artículo 1º – Todos los créditos generados como consecuencia de relaciones individuales de trabajo subordinado que no se abonaren en tiempo y forma, desde el nacimiento de la obligación y hasta su total cancelación devengarán intereses a una tasa no inferior a la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco de la Nación Argentina para un plazo de cuarenta y nueve (49) a sesenta (60) meses. Las autoridades administrativas y judiciales podrán fijar una tasa mayor, cuando fundadas razones así lo aconsejen.

Art. 2º – La presente ley, entrará en vigencia el siguiente día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, incluyendo a las actuaciones administrativas y juicios en trámite, los que estuvieran en proceso de ejecución y cualquiera sea la etapa en que se encuentren, no obstante la eventual falta de reserva de los beneficiarios. Los créditos que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley hubieran sido reconocidos en sentencia firme y no se hubieran satisfecho, podrán ser cancelados con la tasa de interés fijada en la sentencia dentro de los quince días de publicada esta ley en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin mediar pago de la acreencia, deberá practicarse nueva liquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Art. 3º – Esta ley es de orden público y regirá en todo el territorio nacional por aplicación de los artículos 14 bis y 75, incisos 12 y 32 de la Constitución Nacional.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El actual artículo 276 de la LCT fue modificado sucesivamente por la ley de facto 21.297, y luego por la ley 23.616.

En ambos casos, la actualización por depreciación monetaria, que se propuso, no preservó el valor de los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo. Prueba de ello lo constituye no sólo la constante utilización de distintos índices desde la sanción de la ley en el año 1976, sino la variada jurisprudencia que aplicaba a su vez índices "propios" para poder dar cumplimiento a la premisa de este artículo: preservar el valor de los créditos hasta su efectivo cobro.

Desde la redacción originaria, el artículo incorporó la facultad de los jueces y de la autoridad administrativa para fijar la tasa de interés aplicable. Facultad que se mantuvo incluso en las dos modificaciones que sufrió el artículo en su redacción originaria.

Entendemos que el texto que se propone, cumple con la premisa de este artículo, al establecerse como criterio para fijar la tasa de interés, que esta incluya no sólo la actualización -intereses moratorios- sino la punición -intereses punitorios-, desde la fecha en que debieron abonarse hasta su efectivo pago.

No podemos dejar de mencionar como fundamento de la redacción propuesta, el carácter alimentario del salario y demás beneficios, así como las consecuencias dañosas que su falta de pago ocasiona al trabajador.

La doctrina y jurisprudencia especializada en la materia nos ha dado pautas concretas sobre cómo hacer operativa la premisa de este artículo. Por ejemplo, al aplicar la tasa activa y no la pasiva, se ha explicado que el trabajador/acreedor no es un inversionista que dispone libremente de sus ahorros, sino que es un tomador de crédito forzoso, ya que la privación en la disponibilidad de su indemnización es contra su voluntad. Es por ello que, la aplicación de una tasa activa implica no sólo cumplir con el deber de mantener el valor real del crédito sino también compensar los daños derivados del incumplimiento.

Por lo expuesto, solicito a los señores diputados me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.