Su más enérgico repudio a la judicialización de la protesta gremial que significa la promoción del juicio que se iniciará el próximo 18 de marzo en la Cámara en lo Criminal Número 1 de la Provincia de Neuquén contra el actual secretario general nacional de ATE, Julio Fuentes, y los dirigentes Horacio Fernández, Ricardo Pérez, César Sagredo y Miguel Peralta, tras la reapertura de una causa judicial por los hechos ocurridos en el transcurso de una movilización realizada en 2002.

Señor presidente:

En los últimos meses, una veintena de dirigentes de ATE son sometidos a procesos judiciales por defender los derechos de los estatales. El juicio que iniciará el 18 de marzo, contra Julio Fuentes, secretario general nacional, Horacio Fernández, Ricardo Pérez, César Sagredo y Miguel Peralta, más el previsto para el 8 de abril a cuatro compañeros de la junta interna del Hospital Garrahan de Buenos Aires, demuestran que la judicialización de la protesta gremial es la herramienta extorsiva del poder político en un contexto de agudización de la puja distributiva entre los trabajadores y el Estado.

En el año 2006, un grupo de trabajadores de ATE Neuquén, entre los que se encontraba el por entonces secretario general, Julio Fuentes, fue llevado a juicio por la denuncia del ex administrador del Instituto de Seguridad Social de la provincia, Gerardo Hettinger, quien decía haber sido maltratado durante una manifestación de reclamo sindical, realizada en enero de 2002. El fiscal de la causa, Rómulo Patti, desistió de acusarlos por determinar que no hubo delito, y por ello en 2007 la Cámara Primera los absolvió del cargo por coacción agravada en concurso real con lesiones leves y graves con daño agravado.

Hettinger apeló esa medida y logró que el Tribunal Supremo de Justicia provincial anulara el fallo en 2009 y convocara a un nuevo juicio por el mismo motivo, once años después de haberse sucedido el supuesto hecho. Este proceso es ilegal, porque la causa está prescripta de acuerdo a la ley. A esto se suma que el fiscal que interviene en la causa, el Dr. Pablo Vignaroli, tiene una hostilidad manifiesta contra Julio Fuentes y el resto de los perseguidos. Ello se debe a que años antes de que Vignaroli fuese designado en la causa, la dirigencia de ATE lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por graves irregularidades en el ejercicio de su función. De acuerdo al artículo 47 del Código Procesal Penal de la Provincia de Neuquén, este Fiscal no puede intervenir en la causa.

A todo esto se suma que faltando apenas unos días para el juicio se ha venido demorando la entrega de una copia del expediente para poder ejercer la defensa. El expediente tiene más de 10.000 fojas, por lo que, dado el tiempo faltante, se hace imposible ejercer debidamente el derecho de defensa.

Así, adoptando una práctica que impartió y de la que abusó el menemismo, el poder político recurre a figuras como la de la coacción agravada, instaurada durante la dictadura de Onganía, para acusar deliberadamente a compañeros en el ámbito de la Justicia. El código penal, como sostiene el abogado de ATE-CTA y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Juan Carlos Capurro, es para quien conscientemente comete un crimen. El pueblo, la familia, los trabajadores no cometen un delito a la hora de salir a la calle a reclamar lo que es justo. En este sentido, la aplicación de la figura de la coacción agravada es disonante, como si mediara chantaje o un arma en la cabeza a quien se le reclama aumento de salario.

Finalmente, señalamos que la jurisprudencia favorable a los trabajadores en la resolución de litigios en su contra en Argentina ha sido producida, casi en su totalidad, por ATE, CTA y los sindicatos que integran la Central.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.