Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos correspondientes, informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación acerca de las siguientes cuestiones:

Sírvase informar de qué modo ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el último índice general de salarios. Ello, en virtud de que dicho índice debió estar disponible a la ciudadanía en forma previa al 12 de febrero de 2016, puesto que para calcular el porcentaje de aumento de los haberes previsionales, las pensiones no contributivas, las asignaciones prenatal y por embarazo, las asignaciones de sumas fijas y la asignación universal por hijo, que se ajustan en marzo según las previsiones de la Ley Nº 26.417, uno de los datos a evaluar que compone la fórmula es justamente el índice general de salarios publicados por el INDEC.

Sírvase remitir a esta Honorable Cámara de Diputados, el índice general de salarios publicados por el INDEC, ello en virtud de que dicho dato no se encuentra disponible, ni es de fácil acceso para la ciudadanía, en contraposición con todas las regulaciones de transparencia y gobierno abierto.

Sírvase informar qué grado de consistencia, rigurosidad técnica y confiabilidad presenta el índice general de salarios elaborado por el INDEC y que fuera utilizado para el cálculo de la movilidad jubilatoria, ello a raíz de las propias manifestaciones de funcionarios de vuestro gobierno quienes reconocen la imposibilidad de elaborar estadísticas confiables del primer semestre de 2016.

Indique qué fundamento jurídico se tuvo en cuenta para utilizar como motor de cálculo la base de variación diaria de la evolución mensual del índice de precios al consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar a los bonos atados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), apartándose de la obligación legal de utilizar el índice nacional que debiera elaborar el INDEC.

Indique si ha evaluado, contemplado y cuantificado las consecuencias legales de este accionar teniendo en cuenta que el Estado argentino tiene aproximadamente 20.000 millones de pesos en bonos, (bonos Par que se cancelan en el 2038 y bonos Discount que se cancelan en el 2033) y numerosos contratos bancarios que ajustan por CER.

Señor presidente:

Existe un consenso político y social respecto de la importancia y necesidad de contar con índices confiables emanados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Si bien los funcionarios del nuevo gobierno asumido el 10 de diciembre de 2015, han manifestado desde la campaña electoral que es una prioridad para su gobierno confeccionar índices estadísticos confiables y comunicarlos con transparencia; lo cierto es que en la actualidad el INDEC no difunde los índices que son de su responsabilidad emitir.

Además de la notoria falta de cumplimiento de un compromiso asumido con la sociedad, vemos con extrema preocupación que la falta de dichos índices puede afectar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Ello es así por cuanto se desconoce por completo cual es el último índice general de salarios y como fue calculado. Esta ausencia del índice pone en estado de indefensión a sectores vulnerables como son los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ya que la movilidad que comienza a regir en marzo debería contener como insumo en la formula de movilidad el índice que no fue comunicado. Es claro que la preocupación aumenta en virtud de que, en esta oportunidad, el índice de movilidad anunciado no terminó de contemplar las expectativas generadas por el sector pasivo en virtud del aumento generalizado de precios.

Asimismo, también se ve con extrema preocupación que el Estado Nacional tome como propios índices elaborados por una jurisdicción distinta como ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los riesgos jurídicos que ese accionar puede representar para los recursos del Estado. Ello, en virtud de las posibles demandas que se podrían originar por tenedores de Bonos que ven ajustar sus tenencias por un índice seleccionado antojadizamente y no por el índice nacional cuya elaboración y difusión recae en el Poder Ejecutivo Nacional.

En virtud de la trascendencia institucional del tema y la responsabilidad que le cabe a esta Cámara en velar por los intereses de los sectores más vulnerables, es que se solicita que se brinde información precisa respecto de cómo se elaboraron los índices en cuestión y qué fundamentos encontraron para apartarse de la obligación legal de su correcta elaboración y publicación.

Consecuentemente, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con esta iniciativa.