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LEGISLACION PENAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 404
Secretario Administrativo DR. SAADE MARTIN OMAR
Martes 15.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-7493/94 Internos 2403/01
clpenal@hcdn.gob.ar
- PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DEL NARCOTRAFICO
- ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
- LEGISLACION PENAL
Reunión del día 27/05/2010
- -
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo de 2010, a la hora 11 y 28:
SR. PRESIDENTE PERALTA Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico, de Acción Social y Salud Pública y de Legislación Penal.
Estamos aguardando la presencia del señor diputado Vega, presidente de la Comisión de Legislación Penal, que en este momento está reunida en otra sala. Por lo tanto, apenas finalice esa reunión va a acercarse a esta reunión conjunta.
La presente reunión es el producto de una inquietud planteada en la Comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico, que hicimos extensiva -incluso por sugerencia de la doctora Mónica Cuñarro- a las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Legislación Penal, a los efectos de celebrar una reunión conjunta, ya que muchos de los temas que abordamos están relacionados con las tres comisiones.
Se encuentra presente la señora secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, doctora Mónica Cuñarro, quien ha venido acompañada por los integrantes del Consejo Asesor. En nombre del plenario de las comisiones, quiero agradecer su predisposición para llevar adelante esta reunión. Los señores diputados disponen del temario que ha sido acordado.
Tiene la palabra la doctora Cuñarro.
Estamos aguardando la presencia del señor diputado Vega, presidente de la Comisión de Legislación Penal, que en este momento está reunida en otra sala. Por lo tanto, apenas finalice esa reunión va a acercarse a esta reunión conjunta.
La presente reunión es el producto de una inquietud planteada en la Comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico, que hicimos extensiva -incluso por sugerencia de la doctora Mónica Cuñarro- a las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Legislación Penal, a los efectos de celebrar una reunión conjunta, ya que muchos de los temas que abordamos están relacionados con las tres comisiones.
Se encuentra presente la señora secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, doctora Mónica Cuñarro, quien ha venido acompañada por los integrantes del Consejo Asesor. En nombre del plenario de las comisiones, quiero agradecer su predisposición para llevar adelante esta reunión. Los señores diputados disponen del temario que ha sido acordado.
Tiene la palabra la doctora Cuñarro.
SRA. CUÑARRO Señor presidente: en primer término quiero expresar nuestro agradecimiento por haber sido invitados a esta reunión.
En segundo lugar, deseo manifestar que he venido acompañada por miembros de la comisión que son jueces, como en el caso del doctor Vázquez Acuña. Hay otros jueces, como el doctor Cattani y la doctora Llerena, que no han podido concurrir debido a que tenían compromisos derivados de juicios o audiencias. También me acompaña el director técnico de la Comisión, el licenciado Alberto Calabrese. Además, debo aclarar que cada ministerio, a partir del cronograma que en un rato vamos a exponer, comenzó a armar áreas específicas para trabajar el tema desde su propia competencia. Por esa razón están también presentes la doctora Lucía García, perteneciente al Ministerio de Trabajo; la licenciada Saccone, en representación a un área específica de Educación que tiene que ver con el tema de la prevención en colegios; el doctor Lerner, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social; el doctor Vignolo, que es el nuevo director de la Dirección de Drogas de la Cancillería; la doctora Mónica Nápoli, especialista en toxicología, y miembros de Gendarmería Nacional y de Policía Federal que integran el Gabinete de Criminalística, más específicamente el Gabinete Químico, donde realizan trabajos especiales vinculados con el llamado "paco".
Les voy a robar unos minutos porque es un poco extenso lo que voy a decir, pero está vinculado con el tema que hoy nos convoca. Nosotros veníamos trabajando como comité; era un comité ad honórem que trabajaba dentro del Ministerio de Justicia. A lo largo de dos años produjimos cuatro documentos oficiales. El primero nació de una convocatoria del ex ministro de Justicia para hacer una evaluación técnica concreta: el análisis de la ley vigente de drogas. Estamos hablando de los años 2007 y 2008. En ese documento público, que hemos enviado al Congreso y a distintos organismos internacionales y nacionales, señalábamos por qué la ley vigente era un fracaso y en qué áreas nosotros veíamos problemas desde el punto de vista jurídico.
El segundo documento, que hicimos unos meses después del primero -antes de los hechos relatados por la prensa como "triple crimen"-, es un trabajo especial sobre precursores químicos. Allí analizábamos sobre todo los aspectos administrativos relacionados con el registro y la aplicación efectiva de la normativa relacionada con precursores químicos.
El tercer documento corresponde a los derechos que tiene el usuario. Concretamente, al derecho a la salud. Es en ese contexto que surge el fallo de la Corte -el fallo Sebastián Arriola-, que es el piso mínimo de legalidad sobre el cual nosotros trabajamos.
El último documento, que presentamos el año pasado, es producto de un año de trabajo, y en él se analizan todos los aspectos que tienen que ver con el control y el financiamiento de dinero, sea legal o ilegal.
A los pocos días de los fallos de la Corte, que son el piso mínimo para trabajar cualquier reforma legislativa o administrativa por parte de cualquiera de los poderes públicos, elevamos al Poder Ejecutivo -y también lo hicimos conocer a la Corte- un cronograma, que es lo que ustedes están viendo ahora en pantalla. Queríamos identificar en todas las áreas de los poderes públicos cuáles eran los aspectos propios que tenían que ver con la temática, que es compleja, con planos éticos, religiosos, jurídicos, penales, sanitarios y sociales. En cada uno de estos aspectos que corresponden a las distintas carteras de un país federal, ameritaba que hiciéramos la identificación del problema concreto y de cuál era el objetivo que cada área tenía que lograr.
A un año de la presentación de este cronograma, tenemos el balance de qué cosas han avanzado y qué cosa no, conforme al Plan Nacional de Drogas. Hay muchos elementos sobre los cuales las carteras y las provincias ya están trabajando, ya sea por medio de los consejos federales de Salud, de Educación, de Trabajo, es decir, por medio de las propias competencias operativas. Posteriormente, la presidenta de la Nación, a través del decreto 1.359/2009, modificó las competencias, es decir, jerarquizó a la Comisión y le atribuyó competencia para identificar los problemas concretos respecto de tres convenciones internacionales: la delincuencia organizada, el crimen trasnacional y la corrupción.
Esto fue hace menos de un año. Entonces, a los temas anteriores del primer cronograma agregamos aspectos propios de esta nueva temática como comisión asesora, donde en el primer punto lo que nos piden es trabajar sobre la armonización legislativa, es decir, los aspectos propios de las reformas legislativas, conforme indica la Constitución y el tratado de Asunción.
Hecha esta aclaración, lo primero que hicimos fue dividir el área de la oferta del área de la demanda. Como les decía, para nosotros el piso mínimo son los fallos de la Corte. Es decir, por un lado están los aspectos sociosanitarios y otra es la cuestión penal. Estos dos aspectos tienen que estar claramente diferenciados pero hay planos en los cuales se cruzan o se confunden.
Hicimos el diseño de un plan integral de atención, prevención, asistencia e inclusión en el campo de las adicciones y otro de internaciones que -repito- tiene como base los fallos "Tufano, Ricardo Alberto s/ internación" y "RMJ", en los cuales la Corte ha establecido que la internación es una excepción y cuáles son los derechos de las personas internadas, totalmente en sintonía con los documentos anteriores que habíamos presentado.
Luego estuvimos trabajando los lineamientos de un plan nacional de drogas. Lo pensamos para cinco años para que supere un período de gobierno. Son lineamientos. Todo esto está sujeto a críticas y como tal es perfectible pero nos parecía importante adecuarlo a los tres fallos de la Corte y a los compromisos internacionales al respecto.
Este plan fue elevado al Consejo Nacional de Políticas Públicas. Ese consejo de coordinación está dirigido por la cartera de Desarrollo Social, por la ministra Alicia Kirchner, que tiene dentro de su agenda a partir del año pasado los temas de salud mental, adicciones y todos los temas que son competencia de las distintas áreas, en función de la coordinación que el tema amerita.
Luego trabajamos mucho lo que tiene que ver con mecanismos de coordinación, es decir, sugerimos la coordinación entre carteras pero también a nivel federal. Por eso lo que hizo cada cartera fue convocar y realizar diversas reuniones con los consejos federales -después si tienen alguna pregunta específica pueden hacerla, porque hay representantes de cada una de las carteras-; identificamos cuáles eran las áreas más débiles en controles administrativos y otro tipo de aspectos como los legislativos.
También pedimos el impulso de determinadas leyes. Muchas de ellas ya han sido sancionadas por la Cámara de Diputados, y también por el Senado, como el control de medicamentos o la ley que tiene que ver con prevención en materia de educación, que también ha sido sancionada. Pedíamos el impulso de un decreto que regulara en forma nacional el tema del alcohol porque la ley tenía doce años pero la presión de las empresas que desplazaron a las bebidas cola impedía que se la reglamentara y finalmente se lo pudo hacer. Y hay otros proyectos que tienen sanción de una de las Cámaras y hay otros que están todavía en Diputados y que nosotros en el cronograma pedimos que se impulsen.
En general analizamos todos los proyectos que todos los diputados han presentado y lo que hacemos es como una especie de control de legalidad, es decir, si superan o no el tamiz de constitucionalidad. Lo que vemos con el tema de publicidad y medicamentos es que todos tienen buena factura legislativa en general, es decir que para nosotros cualquiera está bien mientras se impulse el tema del control de la publicidad y la venta de medicamentos libres, es algo que nosotros sugerimos como un aporte en los aspectos sanitarios. También está la ley del tabaco.
Y después, en materia penal, ni más ni menos que ajustar la legislación de la 23.737 al fallo de la Corte "Sebastián Arriola".
Desde aquel momento hasta ahora, los objetivos que nosotros consideramos como logrados por parte de las carteras son las convocatorias y los llamados a los consejos federales, la inclusión dentro de los temarios en las provincias para que cada provincia pueda hacer el mismo trabajo de réplica o identificar en sus provincias cuáles son las áreas administrativas, sanitarias, sociales y laborales y, como última ratio, la penal. No hay que olvidar que en las provincias hay competencia para los temas relativos a las drogas y a los delitos que forman parte del lavado de dinero. Por lo tanto, hay una política criminal por parte del gobernador como jefe de la provincia. Uno tiende a hacer una asociación solamente con los delitos de narcotráfico, pero hay grandes fraudes o estafas que para los medios pasan desapercibidos, aunque para los pueblos son muy importantes. Me refiero, por ejemplo, a casos como el de Madoff, pero que ocurren en determinadas provincias con ciertos bancos. Esos casos son de competencia provincial, lo cual amerita algún tipo de coordinación entre la Justicia nacional y la Justicia provincial.
Lo que es novedoso y con lo que estamos trabajando es con los lineamientos vinculados con la nueva competencia que nos dio la presidenta de la Nación.
Este cronograma lo elevamos a los organismos internacionales, porque ellos son los que fiscalizan si se cumple o no con los parámetros que pretenden de la Argentina. El organismo que controla lo relativo al área represiva del tema es la ONUDUC. Hemos recibido una felicitación porque el cronograma se ajusta a todos los lineamientos que solicita las Naciones Unidas y a esa oficina puntualmente. Por ello, es la única comisión que a nivel nacional ha recibido una felicitación con motivo de estos lineamientos.
En relación con los aspectos sociosanitarios, nos acompaña el doctor Hugo Cohen, de la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la Organización Mundial de la Salud. Hemos presentado todos los aspectos sociosanitarios a fin de que nos digan si los lineamientos cumplían con los parámetros internacionales del respeto y el marco normativo que tiene que tener toda la legislación o los proyectos en materia sanitaria. El director de aquel momento, doctor Benedetto Saraceno, obtuvo una felicitación porque cumplía con todos los parámetros que la OMS solicita a cada uno de los países para cumplir con los compromisos internacionales.
Por último, con respecto a la prevención y el tratamiento del delincuente, que es una de las consecuencias no queridas de esta ley, y lo relativo al hacinamiento carcelario, enviamos los documentos y el cronograma al ILANUD, que es el instituto encargado de verificar estos aspectos. Su director, Elías Carranza, hizo una evaluación de todo el cronograma diciendo que reunía los requisitos para la prevención y tratamiento de los reclusos. En este aspecto hemos avanzado mucho; les diría que es uno de los objetivos que mejor estamos logrando, sobre el cual se expresará el doctor Vázquez Acuña, quien será el miembro relator.
No sé si quieren hacer alguna pregunta concreta. Si es un tema muy específico le doy la palabra al funcionario que lo pueda contestar, porque los temas los tenemos divididos internamente.
En segundo lugar, deseo manifestar que he venido acompañada por miembros de la comisión que son jueces, como en el caso del doctor Vázquez Acuña. Hay otros jueces, como el doctor Cattani y la doctora Llerena, que no han podido concurrir debido a que tenían compromisos derivados de juicios o audiencias. También me acompaña el director técnico de la Comisión, el licenciado Alberto Calabrese. Además, debo aclarar que cada ministerio, a partir del cronograma que en un rato vamos a exponer, comenzó a armar áreas específicas para trabajar el tema desde su propia competencia. Por esa razón están también presentes la doctora Lucía García, perteneciente al Ministerio de Trabajo; la licenciada Saccone, en representación a un área específica de Educación que tiene que ver con el tema de la prevención en colegios; el doctor Lerner, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social; el doctor Vignolo, que es el nuevo director de la Dirección de Drogas de la Cancillería; la doctora Mónica Nápoli, especialista en toxicología, y miembros de Gendarmería Nacional y de Policía Federal que integran el Gabinete de Criminalística, más específicamente el Gabinete Químico, donde realizan trabajos especiales vinculados con el llamado "paco".
Les voy a robar unos minutos porque es un poco extenso lo que voy a decir, pero está vinculado con el tema que hoy nos convoca. Nosotros veníamos trabajando como comité; era un comité ad honórem que trabajaba dentro del Ministerio de Justicia. A lo largo de dos años produjimos cuatro documentos oficiales. El primero nació de una convocatoria del ex ministro de Justicia para hacer una evaluación técnica concreta: el análisis de la ley vigente de drogas. Estamos hablando de los años 2007 y 2008. En ese documento público, que hemos enviado al Congreso y a distintos organismos internacionales y nacionales, señalábamos por qué la ley vigente era un fracaso y en qué áreas nosotros veíamos problemas desde el punto de vista jurídico.
El segundo documento, que hicimos unos meses después del primero -antes de los hechos relatados por la prensa como "triple crimen"-, es un trabajo especial sobre precursores químicos. Allí analizábamos sobre todo los aspectos administrativos relacionados con el registro y la aplicación efectiva de la normativa relacionada con precursores químicos.
El tercer documento corresponde a los derechos que tiene el usuario. Concretamente, al derecho a la salud. Es en ese contexto que surge el fallo de la Corte -el fallo Sebastián Arriola-, que es el piso mínimo de legalidad sobre el cual nosotros trabajamos.
El último documento, que presentamos el año pasado, es producto de un año de trabajo, y en él se analizan todos los aspectos que tienen que ver con el control y el financiamiento de dinero, sea legal o ilegal.
A los pocos días de los fallos de la Corte, que son el piso mínimo para trabajar cualquier reforma legislativa o administrativa por parte de cualquiera de los poderes públicos, elevamos al Poder Ejecutivo -y también lo hicimos conocer a la Corte- un cronograma, que es lo que ustedes están viendo ahora en pantalla. Queríamos identificar en todas las áreas de los poderes públicos cuáles eran los aspectos propios que tenían que ver con la temática, que es compleja, con planos éticos, religiosos, jurídicos, penales, sanitarios y sociales. En cada uno de estos aspectos que corresponden a las distintas carteras de un país federal, ameritaba que hiciéramos la identificación del problema concreto y de cuál era el objetivo que cada área tenía que lograr.
A un año de la presentación de este cronograma, tenemos el balance de qué cosas han avanzado y qué cosa no, conforme al Plan Nacional de Drogas. Hay muchos elementos sobre los cuales las carteras y las provincias ya están trabajando, ya sea por medio de los consejos federales de Salud, de Educación, de Trabajo, es decir, por medio de las propias competencias operativas. Posteriormente, la presidenta de la Nación, a través del decreto 1.359/2009, modificó las competencias, es decir, jerarquizó a la Comisión y le atribuyó competencia para identificar los problemas concretos respecto de tres convenciones internacionales: la delincuencia organizada, el crimen trasnacional y la corrupción.
Esto fue hace menos de un año. Entonces, a los temas anteriores del primer cronograma agregamos aspectos propios de esta nueva temática como comisión asesora, donde en el primer punto lo que nos piden es trabajar sobre la armonización legislativa, es decir, los aspectos propios de las reformas legislativas, conforme indica la Constitución y el tratado de Asunción.
Hecha esta aclaración, lo primero que hicimos fue dividir el área de la oferta del área de la demanda. Como les decía, para nosotros el piso mínimo son los fallos de la Corte. Es decir, por un lado están los aspectos sociosanitarios y otra es la cuestión penal. Estos dos aspectos tienen que estar claramente diferenciados pero hay planos en los cuales se cruzan o se confunden.
Hicimos el diseño de un plan integral de atención, prevención, asistencia e inclusión en el campo de las adicciones y otro de internaciones que -repito- tiene como base los fallos "Tufano, Ricardo Alberto s/ internación" y "RMJ", en los cuales la Corte ha establecido que la internación es una excepción y cuáles son los derechos de las personas internadas, totalmente en sintonía con los documentos anteriores que habíamos presentado.
Luego estuvimos trabajando los lineamientos de un plan nacional de drogas. Lo pensamos para cinco años para que supere un período de gobierno. Son lineamientos. Todo esto está sujeto a críticas y como tal es perfectible pero nos parecía importante adecuarlo a los tres fallos de la Corte y a los compromisos internacionales al respecto.
Este plan fue elevado al Consejo Nacional de Políticas Públicas. Ese consejo de coordinación está dirigido por la cartera de Desarrollo Social, por la ministra Alicia Kirchner, que tiene dentro de su agenda a partir del año pasado los temas de salud mental, adicciones y todos los temas que son competencia de las distintas áreas, en función de la coordinación que el tema amerita.
Luego trabajamos mucho lo que tiene que ver con mecanismos de coordinación, es decir, sugerimos la coordinación entre carteras pero también a nivel federal. Por eso lo que hizo cada cartera fue convocar y realizar diversas reuniones con los consejos federales -después si tienen alguna pregunta específica pueden hacerla, porque hay representantes de cada una de las carteras-; identificamos cuáles eran las áreas más débiles en controles administrativos y otro tipo de aspectos como los legislativos.
También pedimos el impulso de determinadas leyes. Muchas de ellas ya han sido sancionadas por la Cámara de Diputados, y también por el Senado, como el control de medicamentos o la ley que tiene que ver con prevención en materia de educación, que también ha sido sancionada. Pedíamos el impulso de un decreto que regulara en forma nacional el tema del alcohol porque la ley tenía doce años pero la presión de las empresas que desplazaron a las bebidas cola impedía que se la reglamentara y finalmente se lo pudo hacer. Y hay otros proyectos que tienen sanción de una de las Cámaras y hay otros que están todavía en Diputados y que nosotros en el cronograma pedimos que se impulsen.
En general analizamos todos los proyectos que todos los diputados han presentado y lo que hacemos es como una especie de control de legalidad, es decir, si superan o no el tamiz de constitucionalidad. Lo que vemos con el tema de publicidad y medicamentos es que todos tienen buena factura legislativa en general, es decir que para nosotros cualquiera está bien mientras se impulse el tema del control de la publicidad y la venta de medicamentos libres, es algo que nosotros sugerimos como un aporte en los aspectos sanitarios. También está la ley del tabaco.
Y después, en materia penal, ni más ni menos que ajustar la legislación de la 23.737 al fallo de la Corte "Sebastián Arriola".
Desde aquel momento hasta ahora, los objetivos que nosotros consideramos como logrados por parte de las carteras son las convocatorias y los llamados a los consejos federales, la inclusión dentro de los temarios en las provincias para que cada provincia pueda hacer el mismo trabajo de réplica o identificar en sus provincias cuáles son las áreas administrativas, sanitarias, sociales y laborales y, como última ratio, la penal. No hay que olvidar que en las provincias hay competencia para los temas relativos a las drogas y a los delitos que forman parte del lavado de dinero. Por lo tanto, hay una política criminal por parte del gobernador como jefe de la provincia. Uno tiende a hacer una asociación solamente con los delitos de narcotráfico, pero hay grandes fraudes o estafas que para los medios pasan desapercibidos, aunque para los pueblos son muy importantes. Me refiero, por ejemplo, a casos como el de Madoff, pero que ocurren en determinadas provincias con ciertos bancos. Esos casos son de competencia provincial, lo cual amerita algún tipo de coordinación entre la Justicia nacional y la Justicia provincial.
Lo que es novedoso y con lo que estamos trabajando es con los lineamientos vinculados con la nueva competencia que nos dio la presidenta de la Nación.
Este cronograma lo elevamos a los organismos internacionales, porque ellos son los que fiscalizan si se cumple o no con los parámetros que pretenden de la Argentina. El organismo que controla lo relativo al área represiva del tema es la ONUDUC. Hemos recibido una felicitación porque el cronograma se ajusta a todos los lineamientos que solicita las Naciones Unidas y a esa oficina puntualmente. Por ello, es la única comisión que a nivel nacional ha recibido una felicitación con motivo de estos lineamientos.
En relación con los aspectos sociosanitarios, nos acompaña el doctor Hugo Cohen, de la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la Organización Mundial de la Salud. Hemos presentado todos los aspectos sociosanitarios a fin de que nos digan si los lineamientos cumplían con los parámetros internacionales del respeto y el marco normativo que tiene que tener toda la legislación o los proyectos en materia sanitaria. El director de aquel momento, doctor Benedetto Saraceno, obtuvo una felicitación porque cumplía con todos los parámetros que la OMS solicita a cada uno de los países para cumplir con los compromisos internacionales.
Por último, con respecto a la prevención y el tratamiento del delincuente, que es una de las consecuencias no queridas de esta ley, y lo relativo al hacinamiento carcelario, enviamos los documentos y el cronograma al ILANUD, que es el instituto encargado de verificar estos aspectos. Su director, Elías Carranza, hizo una evaluación de todo el cronograma diciendo que reunía los requisitos para la prevención y tratamiento de los reclusos. En este aspecto hemos avanzado mucho; les diría que es uno de los objetivos que mejor estamos logrando, sobre el cual se expresará el doctor Vázquez Acuña, quien será el miembro relator.
No sé si quieren hacer alguna pregunta concreta. Si es un tema muy específico le doy la palabra al funcionario que lo pueda contestar, porque los temas los tenemos divididos internamente.
SR. PRESIDENTE PERALTA Tiene la palabra la señora diputada Bianchi.
SRA. BIANCHI Señor presidente: quiero agradecer la visita de nuestros invitados del día de hoy. Les doy la bienvenida a las tres comisiones, porque soy miembro de todas ellas.
Mi pregunta está referida a la cantidad de camas disponibles en todo el territorio nacional para las personas que necesitan internarse por padecer adicciones. Es decir, durante los años 2009 y 2010, qué cantidad de camas disponibles hubo en todo el territorio. Además, si tienen las cifras divididas por provincias, y si nos pueden precisar el listado de los organismos a los que ustedes ayudan.
Mi pregunta está referida a la cantidad de camas disponibles en todo el territorio nacional para las personas que necesitan internarse por padecer adicciones. Es decir, durante los años 2009 y 2010, qué cantidad de camas disponibles hubo en todo el territorio. Además, si tienen las cifras divididas por provincias, y si nos pueden precisar el listado de los organismos a los que ustedes ayudan.
SRA. CUÑARRO Entiendo perfectamente la pregunta. Hasta hace un mes no existía un área específica sobre salud mental y adicciones. Como usted sabe, la señora presidenta de la Nación ha dictado el decreto 457/10, por el que se crea por primera vez en la Argentina la Dirección de Salud Mental y Adicciones. Internacionalmente hay dos modelos, que consisten en separar el tema de la salud mental del de las adicciones. En este caso, la política seguida por la señora presidenta de la Nación consistió en ubicar ambos temas dentro del mismo campo. Por medio de este decreto, que es nuevo, se ha nombrado al doctor Sylvestre Begnis como asesor específico del señor Ministro de Salud Pública.
El decreto tiene una construcción federal. Hay aspectos que están más allá de esta norma, como por ejemplo el establecimiento de un piso mínimo determinado por el tema de la ley. En otras palabras, la Argentina tendrá que ajustarse a la convención en materia de discapacidad y a los fallos de la Corte, que establecen que la internación es la última medida.
De manera tal que cualquier reforma de la ley presentada por el Poder Legislativo -si pasa los controles de legalidad de la Jefatura de Gobierno- o por cualquier diputado en virtud de la existencia de un vacío legal en el sentido de que hay que modificar la actual ley de internaciones y hacerla más elástica porque no está de acuerdo con la convención firmada por la Argentina, deberá tener como piso el ajuste al fallo del tribunal y a la convención suscripta por la Argentina.
Sin perjuicio de esto nosotros hemos sugerido una cantidad de cuestiones -la Dirección fue creada hace pocos días y su titular acaba de asumir el cargo- a fin de poder avanzar. La primera es un relevamiento de recursos, porque una consecuencia no querida de la ley penal es que en los últimos treinta años -por no decir desde 1926 hasta la fecha-, como el tema ha estado en el campo penal, a nadie le ha importado ver la cuestión sanitaria.
Actualmente, no solamente en la Argentina sino en la región y a nivel mundial, el consumo aumentó, al igual que los problemas sociosanitarios. Y los consumos ya han salido de los ambientes bohemios para ser consumos problemáticos. Es el caso de la heroína en Europa en la década del 80, de la cocaína en la década del 90, etcétera.
Entonces, es un tema tan nuevo que por ejemplo la ONG Drogas y Democracia, integrada por cuatro ex presidentes de la región y por gente tan valiosa como Moisés Naím o el actual candidato a la presidencia de Colombia, Antanas Mockus, dice que los dos problemas más importantes que actualmente tiene la región son el de la pobreza y el de las drogas, en el sentido de garantizar por parte de los estados el derecho a la salud y circunscribir la política criminal a los temas complejos.
El decreto tiene una construcción federal. Hay aspectos que están más allá de esta norma, como por ejemplo el establecimiento de un piso mínimo determinado por el tema de la ley. En otras palabras, la Argentina tendrá que ajustarse a la convención en materia de discapacidad y a los fallos de la Corte, que establecen que la internación es la última medida.
De manera tal que cualquier reforma de la ley presentada por el Poder Legislativo -si pasa los controles de legalidad de la Jefatura de Gobierno- o por cualquier diputado en virtud de la existencia de un vacío legal en el sentido de que hay que modificar la actual ley de internaciones y hacerla más elástica porque no está de acuerdo con la convención firmada por la Argentina, deberá tener como piso el ajuste al fallo del tribunal y a la convención suscripta por la Argentina.
Sin perjuicio de esto nosotros hemos sugerido una cantidad de cuestiones -la Dirección fue creada hace pocos días y su titular acaba de asumir el cargo- a fin de poder avanzar. La primera es un relevamiento de recursos, porque una consecuencia no querida de la ley penal es que en los últimos treinta años -por no decir desde 1926 hasta la fecha-, como el tema ha estado en el campo penal, a nadie le ha importado ver la cuestión sanitaria.
Actualmente, no solamente en la Argentina sino en la región y a nivel mundial, el consumo aumentó, al igual que los problemas sociosanitarios. Y los consumos ya han salido de los ambientes bohemios para ser consumos problemáticos. Es el caso de la heroína en Europa en la década del 80, de la cocaína en la década del 90, etcétera.
Entonces, es un tema tan nuevo que por ejemplo la ONG Drogas y Democracia, integrada por cuatro ex presidentes de la región y por gente tan valiosa como Moisés Naím o el actual candidato a la presidencia de Colombia, Antanas Mockus, dice que los dos problemas más importantes que actualmente tiene la región son el de la pobreza y el de las drogas, en el sentido de garantizar por parte de los estados el derecho a la salud y circunscribir la política criminal a los temas complejos.
SR. PRESIDENTE PERALTA Tiene la palabra la señora diputada Puiggrós.
SRA. PUIGGRÓS Señor presidente: soy la presidenta de la Comisión de Educación. Entiendo que los funcionarios que nos acompañan están trabajando desde hace pocos días. De todos modos, supongo que tienen una concepción y un plan.
SRA. CUÑARRO Nosotros estamos trabajando desde hace tres años y el cronograma tiene un año y medio. Lo que ha ocurrido hace pocos días es la creación de la Dirección de Salud Mental y Adicciones.
SR. PUIGGRÓS Me refiero a esa Dirección. Concretamente, quiero saber si ya se han establecido vinculaciones con los ministerios de Educación de la Nación y de las provincias, y qué se está previendo ahora hacia el futuro.
SRA. CUÑARRO El cronograma del año pasado se ajusta a la exhortación de la Corte. Esta última exhorta a los gobiernos -me refiero a los provinciales y municipales, como así también a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- a adecuar la legislación y las políticas preventivas o de represión a una cantidad de presupuestos que tienen que ver con los derechos humanos. Ello es así porque consideran que fundamentalmente hay que garantizar el derecho a la salud.
Es en ese contexto que a los nueve días nosotros elevamos un cronograma. Uno de los objetivos que sugerimos al Poder Ejecutivo es que cada cartera celebre reuniones del Consejo Federal Provincial para tratar este tema, porque antes no se lo tenía formando parte de la agenda debido a que, como dije anteriormente, el único campo en el que estaba era el penal.
La cartera de Educación no solamente celebró reuniones de los consejos Federal y Provincial para trabajar en esto, sino que además creó un área especial que está a cargo de la licenciada Irene Saccone. Estando ella aquí presente, no quiero extenderme sobre este tema, ya que seguramente desea expresar algo sobre el particular.
Es en ese contexto que a los nueve días nosotros elevamos un cronograma. Uno de los objetivos que sugerimos al Poder Ejecutivo es que cada cartera celebre reuniones del Consejo Federal Provincial para tratar este tema, porque antes no se lo tenía formando parte de la agenda debido a que, como dije anteriormente, el único campo en el que estaba era el penal.
La cartera de Educación no solamente celebró reuniones de los consejos Federal y Provincial para trabajar en esto, sino que además creó un área especial que está a cargo de la licenciada Irene Saccone. Estando ella aquí presente, no quiero extenderme sobre este tema, ya que seguramente desea expresar algo sobre el particular.
SR. PRESIDENTE PERALTA Tiene la palabra la licenciada Saccone.
SRA. SACCONE El programa empezó a funcionar en el mes de octubre del año pasado, es decir que es relativamente reciente. A posteriori se sancionó la ley creando el programa nacional. Está funcionando en el Ministerio de Educación en el ámbito de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa, que depende de la licenciada Mara Brawer.
En el mes de octubre hicimos una primera reunión con el Consejo Federal de Ministros de Educación. Presentamos el programa, escuchamos las demandas que los ministros de Educación tenían y después empezamos a trabajar con los subsecretarios y secretarios de Educación de las provincias.
Ya estamos terminando de armar una red federal de programas preventivos a nivel educativo. Tenemos representantes en casi todas las provincias. La modalidad de abordaje del tema es muy distinta en cada una de ellas. Hay áreas específicas: están los que trabajan con inclusión curricular y los que trabajan con proyectos alternativos. Nosotros estamos planteando una modalidad de trabajo de apoyo de estos equipos, que son los que realizan las actividades en las provincias, respetando la modalidad e integrando todo lo que tiene que ver con prevención inespecífica cuando no la hubiese en la propia provincia.
En cuanto al diseño de materiales, ahora estamos escribiendo una guía de orientación para situaciones problemáticas. Además, compramos un libro que vamos a repartir en todas las escuelas privadas y públicas del país. En definitiva, estamos empezando a transitar distintas líneas.
También vamos a realizar el primer encuentro de referentes provinciales de todas las provincias los días 30 de julio y 1° de agosto. Ahí ya vamos a tener un panorama muy general de todo lo que se está haciendo para poder empezar a compartir las experiencias exitosas -y también los fracasos- que se hayan tenido.
En el mes de octubre hicimos una primera reunión con el Consejo Federal de Ministros de Educación. Presentamos el programa, escuchamos las demandas que los ministros de Educación tenían y después empezamos a trabajar con los subsecretarios y secretarios de Educación de las provincias.
Ya estamos terminando de armar una red federal de programas preventivos a nivel educativo. Tenemos representantes en casi todas las provincias. La modalidad de abordaje del tema es muy distinta en cada una de ellas. Hay áreas específicas: están los que trabajan con inclusión curricular y los que trabajan con proyectos alternativos. Nosotros estamos planteando una modalidad de trabajo de apoyo de estos equipos, que son los que realizan las actividades en las provincias, respetando la modalidad e integrando todo lo que tiene que ver con prevención inespecífica cuando no la hubiese en la propia provincia.
En cuanto al diseño de materiales, ahora estamos escribiendo una guía de orientación para situaciones problemáticas. Además, compramos un libro que vamos a repartir en todas las escuelas privadas y públicas del país. En definitiva, estamos empezando a transitar distintas líneas.
También vamos a realizar el primer encuentro de referentes provinciales de todas las provincias los días 30 de julio y 1° de agosto. Ahí ya vamos a tener un panorama muy general de todo lo que se está haciendo para poder empezar a compartir las experiencias exitosas -y también los fracasos- que se hayan tenido.
SR. CALABRESE Señor presidente: quería hacer una pequeña intervención a raíz de la inquietud de la diputada Bianchi por el tema de las camas.
Desde hace varios años sabemos que las camas disponibles por parte de las ONG que tienen internación con la modalidad específica de comunidad terapéutica son alrededor de dos mil en todo el país, algunas de las cuales -no todas, aclaro- se manejan con autoritarismo. Ahora bien, ustedes también se darán cuenta de que la cantidad de personas que tienen problemas de adicción supera largamente el número de dos mil. Pero creer que, al igual que en cualquier otra enfermedad, la única manera de atender a un paciente con adicciones es internarlo, es un error de concepción. Este error está basado en una categoría de tipo moral y consiste en sacar a la persona del contexto social por miedo a que contagie. No hay tal contagio. Las cuestiones que hacen a las adicciones son más complejas que el mero contagio, que además no existe porque la drogas no son virales sino simplemente objetos.
Las dos mil camas desde luego no van a alcanzar. En verdad, lo que tenemos que implementar con seriedad y en extensión -esto ya se hace en muchos lugares del país pero lo que falta es enlazarlo- es justamente lo que la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones se ha planteado como una misión: enlazar sistemas, sean nacionales, provinciales o municipales. ¿Por qué? Porque es sabido que la proporción que debe haber entre internados y no internados tiene que ser de por lo menos dos a diez. Esto vale para cualquier enfermedad. Ustedes saben perfectamente que para las situaciones de menor gravedad existen las internaciones breves o domiciliarias. Para llegar a una instancia de internación definitiva el estado debe ser de mucha gravedad, que no es el caso de la mayoría de las personas tildadas de adictas, que en realidad son abusadores.
Creo que estas dos mil camas, hoy por hoy, más que sobran. Por otra parte, tengan en cuenta que las camas llamadas "calientes", de intensa actividad, revisten extrema gravedad. En España, por ejemplo, donde la población es apenas superior a la de la Argentina aunque la superficie sea menor, hay ochenta y cuatro camas calientes para todo el sistema nacional. Ahí nos encontramos con una adicción más fuerte en el tema heroína y una extendida y creciente de cocaína y otras drogas de síntesis.
Desde hace varios años sabemos que las camas disponibles por parte de las ONG que tienen internación con la modalidad específica de comunidad terapéutica son alrededor de dos mil en todo el país, algunas de las cuales -no todas, aclaro- se manejan con autoritarismo. Ahora bien, ustedes también se darán cuenta de que la cantidad de personas que tienen problemas de adicción supera largamente el número de dos mil. Pero creer que, al igual que en cualquier otra enfermedad, la única manera de atender a un paciente con adicciones es internarlo, es un error de concepción. Este error está basado en una categoría de tipo moral y consiste en sacar a la persona del contexto social por miedo a que contagie. No hay tal contagio. Las cuestiones que hacen a las adicciones son más complejas que el mero contagio, que además no existe porque la drogas no son virales sino simplemente objetos.
Las dos mil camas desde luego no van a alcanzar. En verdad, lo que tenemos que implementar con seriedad y en extensión -esto ya se hace en muchos lugares del país pero lo que falta es enlazarlo- es justamente lo que la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones se ha planteado como una misión: enlazar sistemas, sean nacionales, provinciales o municipales. ¿Por qué? Porque es sabido que la proporción que debe haber entre internados y no internados tiene que ser de por lo menos dos a diez. Esto vale para cualquier enfermedad. Ustedes saben perfectamente que para las situaciones de menor gravedad existen las internaciones breves o domiciliarias. Para llegar a una instancia de internación definitiva el estado debe ser de mucha gravedad, que no es el caso de la mayoría de las personas tildadas de adictas, que en realidad son abusadores.
Creo que estas dos mil camas, hoy por hoy, más que sobran. Por otra parte, tengan en cuenta que las camas llamadas "calientes", de intensa actividad, revisten extrema gravedad. En España, por ejemplo, donde la población es apenas superior a la de la Argentina aunque la superficie sea menor, hay ochenta y cuatro camas calientes para todo el sistema nacional. Ahí nos encontramos con una adicción más fuerte en el tema heroína y una extendida y creciente de cocaína y otras drogas de síntesis.
SRA. BIANCHI Entendí lo que había dicho. No me refería justamente a los casos agudos. Personalmente considero que dos mil camas no son suficientes para todo el territorio. Pero a lo mejor me puede hacer entender si usted me dice qué cantidad de casos agudos tienen en toda la República Argentina, por provincias y la estadística. Entonces, quizás puedo cambiar de opinión.
SR. CALABRESE Tenemos la encuesta del año 2008. Lo único que puedo agregar -antes de cederle la palabra a la doctora Cuñarro- es que la proporción entre casos graves y casos de simple abuso siempre es una proporción que no llega al 1 a 30. De manera tal que sigo insistiendo que esas camas son harto suficientes y hay buenos sistemas ambulatorios en todos los hospitales públicos.
SRA. CUÑARRO Esto depende además en cada provincia de la voluntad y el compromiso que cada poder ponga en esto. En el caso concreto de los jueces nacionales civiles, lo que están haciendo desde hace dos meses es un relevamiento de todas las estadísticas que tiene la Corte Suprema y las que tiene la Defensoría General. Esas estadísticas dan un promedio de períodos de internaciones anuales que son jurisdiccionales, es decir, que tienen el control de un juez. Lo primero que pide ese juez antes de determinar si va a ser internado o no -estoy hablando de los casos de los artículos 482 y 152, es decir el caso del alcohólico crónico, el toxicómano o también, en este caso, los temas de salud mental- es que pasen inexorablemente por una pericia del cuerpo médico forense. Allí se hace una pericia que actúa como segundo filtro.
Les diría que por lo que estoy viendo -y en realidad tampoco lo quiero adelantar porque se está transformando en un documento que queremos presentar como un parte de un trabajo de profesores de la Universidad de Buenos Aires- es que de esos 8000 que arrancan, al mes con la pericia del cuerpo médico no quede ni el 5 por ciento identificados como que realmente tienen que ser internados. Y aun dentro de esos casos están individualizados en qué supuestos: hay muchos casos cruzados con violencia doméstica, por ejemplo, o con alcoholismo crónico, como algunos pedidos de internaciones que en general son psicopatías, que los que son médicos saben que esto es un poco discutible. Esto reforzó la encuesta que ya habíamos hecho.
Otra cuestión que aparece es el tema de los crónicos internados, es decir, gente que ya debería tener salida y que en realidad se queda. Esto ya es un tema para ser coordinado entre Salud y Desarrollo Social en cada una de las provincias porque ya deja de ser un tema de urgencia concreta para transformarse en un tema más social que sanitario.
Les diría que por lo que estoy viendo -y en realidad tampoco lo quiero adelantar porque se está transformando en un documento que queremos presentar como un parte de un trabajo de profesores de la Universidad de Buenos Aires- es que de esos 8000 que arrancan, al mes con la pericia del cuerpo médico no quede ni el 5 por ciento identificados como que realmente tienen que ser internados. Y aun dentro de esos casos están individualizados en qué supuestos: hay muchos casos cruzados con violencia doméstica, por ejemplo, o con alcoholismo crónico, como algunos pedidos de internaciones que en general son psicopatías, que los que son médicos saben que esto es un poco discutible. Esto reforzó la encuesta que ya habíamos hecho.
Otra cuestión que aparece es el tema de los crónicos internados, es decir, gente que ya debería tener salida y que en realidad se queda. Esto ya es un tema para ser coordinado entre Salud y Desarrollo Social en cada una de las provincias porque ya deja de ser un tema de urgencia concreta para transformarse en un tema más social que sanitario.
SR. PRESIDENTE PERALTA Tiene la palabra la diputada Gambaro.
SRA. GAMBARO Reitero el agradecimiento por la presencia de quienes hoy nos visitan. Tengo una duda acerca de una supuesta superposición de competencias con la SEDRONAR. En el artículo 2º del decreto 623 del año 96 se encomienda a la SEDRONAR elaborar el Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas, y en el artículo 1º del decreto de creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas se le encomiende elaborar y proponer las políticas públicas en esta materia. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Sería complementario con el plan que debe elaborar la SEDRONAR?
SRA. CUÑARRO Es una excelente pregunta.
SRA. GAMBARO ¿Sería complementario, suplementario o estaríamos superponiendo las facultades? Tampoco me queda claro lo atinente al decreto de creación de la comisión, en función de la mayoría de los programas que estuvieron enunciando en términos de prevención. Es decir, es bien abarcador respecto del tráfico y la delincuencia organizada. Las competencias que se le atribuyen a la comisión son bastante más amplias que las del SEDRONAR. Por ello quisiera saber si, en todo caso, el SEDRONAR responde también de alguna manera a esta comisión.
SRA. CUÑARRO Me parece que son cuatro las preguntas. Una sería si existe superposición de competencias. La segunda es si hay una contradicción entre un decreto y otro.
SRA. GAMBARO Si quiere se las formulo en orden, y concluyo, porque voy a tener una sola posibilidad para hacer uso de la palabra.
La primera es si al momento de elaborar estas políticas públicas, en términos de la coordinación, tiene que tenerse en cuenta este plan federal. Si esto no es así, es decir, si este plan federal ha sido derogado, si existe superposición de competencias, y si en términos de prevención tiene competencia más amplia que el SEDRONAR o no, atento de que la competencia de la comisión alcanza también a la delincuencia organizada transnacional y la corrupción.
La primera es si al momento de elaborar estas políticas públicas, en términos de la coordinación, tiene que tenerse en cuenta este plan federal. Si esto no es así, es decir, si este plan federal ha sido derogado, si existe superposición de competencias, y si en términos de prevención tiene competencia más amplia que el SEDRONAR o no, atento de que la competencia de la comisión alcanza también a la delincuencia organizada transnacional y la corrupción.
SRA. CUÑARRO Respecto de la primera pregunta sobre si hay una superposición de competencias, le respondo que no. El decreto 1.359 incluye tres convenciones internacionales que las voy a citar.
De todos modos, vamos a dejar una carpeta con una copia del decreto, que está publicado en el Boletín Oficial, en septiembre del año 2009.
Tal como se indica en los considerandos, existen la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la famosa Convención de Palermo.
Es decir que el decreto de la presidenta fijó la competencia, jerarquizando a la comisión y dándole competencia en relación con estas convenciones en temas de delincuencia transnacional, criminalidad organizada y corrupción. Por ello, no hay ningún tipo de superposición de competencias.
En segundo lugar, respecto de los aspectos que pueden presentar una zona gris de superposición o no de competencias, como todos sabemos, en derecho un decreto posterior deroga el decreto anterior.
En tercer lugar, respecto del plan federal, ignoro la cuestión. Lo que nosotros hicimos fue un trabajo sobre los lineamientos políticos de un plan de prevención, acorde con los fallos de la Corte. Es decir, el fallo de la Corte sobre el caso Tufano o el caso RMJ, entre otros -uno es contra el Estado nacional y el otro caso a nivel provincial-, se suscitan por medidas cautelares que organismos o algunos pacientes van interponiendo en la Ciudad de Buenos Aires o ante las provincias, diciendo: "Queremos garantizar el derecho a la salud, porque la obra social no nos da tal prestación, o la prepaga no nos da tal prestación o tal hospital no nos ha recibido".
Entonces, como magistrados, hicimos un esquema de lineamiento jurídico conforme a los fallos, que puede ser tomado o no por el Poder Legislativo, puede ser mejorado por cualquiera de los legisladores que se encuentran aquí y seguramente así será. Lo que es cierto es que después de esos fallos hay un vacío legal concreto que tiene que ser saneado con legislación de tipo preventiva y de reducción de las internaciones, porque no hay una instancia superior a la Corte. Hay que ajustar eso al modelo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sea que el proyecto provenga del Poder Ejecutivo, de alguna de las comisiones de Salud o de cualquier legislador.
Quiero agregar que el decreto 457 es la norma específica para los temas de adicciones, que ahora se le da indicación de desarrollar un plan y también fue publicado en abril de 2010. Es decir que le corresponde a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, entre otras cuestiones, trabajar en forma coordinada con las provincias, con el Consejo de Coordinación, con la Comisión Nacional en algunos aspectos y también con el SEDRONAR.
Tal como dije hace unos instantes, el decreto tiene poco tiempo y el director acaba de asumir hace un mes. Entonces, imagino que la Dirección va a trabajar en forma coordinada respecto del plan, para que no haya superposiciones normativas y que se respeten las jurisdicciones como corresponde. Evidentemente, si es un plan se tiene que ajustar al fallo de la Corte.
De todos modos, vamos a dejar una carpeta con una copia del decreto, que está publicado en el Boletín Oficial, en septiembre del año 2009.
Tal como se indica en los considerandos, existen la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la famosa Convención de Palermo.
Es decir que el decreto de la presidenta fijó la competencia, jerarquizando a la comisión y dándole competencia en relación con estas convenciones en temas de delincuencia transnacional, criminalidad organizada y corrupción. Por ello, no hay ningún tipo de superposición de competencias.
En segundo lugar, respecto de los aspectos que pueden presentar una zona gris de superposición o no de competencias, como todos sabemos, en derecho un decreto posterior deroga el decreto anterior.
En tercer lugar, respecto del plan federal, ignoro la cuestión. Lo que nosotros hicimos fue un trabajo sobre los lineamientos políticos de un plan de prevención, acorde con los fallos de la Corte. Es decir, el fallo de la Corte sobre el caso Tufano o el caso RMJ, entre otros -uno es contra el Estado nacional y el otro caso a nivel provincial-, se suscitan por medidas cautelares que organismos o algunos pacientes van interponiendo en la Ciudad de Buenos Aires o ante las provincias, diciendo: "Queremos garantizar el derecho a la salud, porque la obra social no nos da tal prestación, o la prepaga no nos da tal prestación o tal hospital no nos ha recibido".
Entonces, como magistrados, hicimos un esquema de lineamiento jurídico conforme a los fallos, que puede ser tomado o no por el Poder Legislativo, puede ser mejorado por cualquiera de los legisladores que se encuentran aquí y seguramente así será. Lo que es cierto es que después de esos fallos hay un vacío legal concreto que tiene que ser saneado con legislación de tipo preventiva y de reducción de las internaciones, porque no hay una instancia superior a la Corte. Hay que ajustar eso al modelo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sea que el proyecto provenga del Poder Ejecutivo, de alguna de las comisiones de Salud o de cualquier legislador.
Quiero agregar que el decreto 457 es la norma específica para los temas de adicciones, que ahora se le da indicación de desarrollar un plan y también fue publicado en abril de 2010. Es decir que le corresponde a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, entre otras cuestiones, trabajar en forma coordinada con las provincias, con el Consejo de Coordinación, con la Comisión Nacional en algunos aspectos y también con el SEDRONAR.
Tal como dije hace unos instantes, el decreto tiene poco tiempo y el director acaba de asumir hace un mes. Entonces, imagino que la Dirección va a trabajar en forma coordinada respecto del plan, para que no haya superposiciones normativas y que se respeten las jurisdicciones como corresponde. Evidentemente, si es un plan se tiene que ajustar al fallo de la Corte.
SR. PRESIDENTE PERALTA Tiene la el señor diputado Vega, a quien agradezco que haya apresurado la reunión de la comisión que preside a fin de poder estar aquí presente.
SR. VEGA Señor presidente: en primer término quiero expresar mi agradecimiento a los funcionarios que nos acompañan por su presencia en esta reunión.
En segundo lugar deseo señalar que lo mío, más que una pregunta, es un pretendido aporte. Celebro estos abordajes multidisciplinarios de una problemática altamente compleja. Me generan preocupaciones los abordajes unidimensionales, sobre todo en temáticas como estas.
Pero el abordaje multidisciplinario no es un juego metodológico y tampoco debe caer en un análisis burocrático. El análisis multidisciplinario implica una asignación de recursos; esta es la realidad. En lo que es mi conocimiento y especialidad, que es la Justicia, veo que más allá de la buena voluntad y de las buenas intenciones que puedan existir hay una pésima asignación de recursos. La Justicia argentina tiene serios déficit en el abordaje de esta temática tan dolorosa para la sociedad. En lo que yo conozco puedo decir que casi el 90 por ciento del esfuerzo de la Justicia y de sus recursos se destinan a los consumidores o enfermos.
¿Qué quiero decir con esto? En primer término, que se debe preguntar sobre los recursos, su asignación y su rendición de cuentas. Y en segundo lugar, recordar que la semana pasada tuve el privilegio de asistir a la presentación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA juntamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en relación con un informe que me parece de alta significación para el trabajo multidisciplinario que desarrollan los funcionarios que hoy nos acompañan. He estado escuchando la tarea que realizan, que se vincula con la seguridad ciudadana y los derechos humanos.
En este informe se instala un nuevo paradigma de seguridad ciudadana que vincula el entrecruzamiento de dos variables, que son la violencia y el delito. Y como espejo del problema se señala la obligación del Estado, que es la que en este momento están representando y ejerciendo.
En definitiva, gracias por haber venido. Celebro que el abordaje de esta problemática no sea minimalista ni unidimensional. Me preocupa el tema de la asignación de recursos, sobre el que no he escuchado nada. Y aporto, si nuestros invitados no lo tienen, el último trabajo de la Convención Interamericana sobre seguridad ciudadana y derechos humanos.
En segundo lugar deseo señalar que lo mío, más que una pregunta, es un pretendido aporte. Celebro estos abordajes multidisciplinarios de una problemática altamente compleja. Me generan preocupaciones los abordajes unidimensionales, sobre todo en temáticas como estas.
Pero el abordaje multidisciplinario no es un juego metodológico y tampoco debe caer en un análisis burocrático. El análisis multidisciplinario implica una asignación de recursos; esta es la realidad. En lo que es mi conocimiento y especialidad, que es la Justicia, veo que más allá de la buena voluntad y de las buenas intenciones que puedan existir hay una pésima asignación de recursos. La Justicia argentina tiene serios déficit en el abordaje de esta temática tan dolorosa para la sociedad. En lo que yo conozco puedo decir que casi el 90 por ciento del esfuerzo de la Justicia y de sus recursos se destinan a los consumidores o enfermos.
¿Qué quiero decir con esto? En primer término, que se debe preguntar sobre los recursos, su asignación y su rendición de cuentas. Y en segundo lugar, recordar que la semana pasada tuve el privilegio de asistir a la presentación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA juntamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en relación con un informe que me parece de alta significación para el trabajo multidisciplinario que desarrollan los funcionarios que hoy nos acompañan. He estado escuchando la tarea que realizan, que se vincula con la seguridad ciudadana y los derechos humanos.
En este informe se instala un nuevo paradigma de seguridad ciudadana que vincula el entrecruzamiento de dos variables, que son la violencia y el delito. Y como espejo del problema se señala la obligación del Estado, que es la que en este momento están representando y ejerciendo.
En definitiva, gracias por haber venido. Celebro que el abordaje de esta problemática no sea minimalista ni unidimensional. Me preocupa el tema de la asignación de recursos, sobre el que no he escuchado nada. Y aporto, si nuestros invitados no lo tienen, el último trabajo de la Convención Interamericana sobre seguridad ciudadana y derechos humanos.
SR. PRESIDENTE PERALTA Tiene la palabra el doctor Sylvestre Begnis.
SR. SYLVESTRE BEGNIS Señor presidente: en primer lugar quiero saludar a todos mis ex colegas. Estoy muy satisfecho por la altísima concurrencia de los señores diputados que integran las comisiones frente a este tema, que es tan preocupante.
En segundo lugar, quiero responder al señor diputado Vega y decirle, porque se trata de algo que todavía no es conocido, que la semana pasada hemos tenido una reunión con el señor secretario de Determinantes de la Salud, doctor Eduardo Bustos Villar, del que depende la nueva Dirección de Salud Mental y Adicciones.
También tuvimos una reunión con el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Aníbal Fernández, quien antes de que le pidiéramos dinero nos salió al cruce y nos dijo que el área a su cargo va a presupuestar y dar todos los recursos necesarios para el próximo semestre, a fin de destinarlos a este proyecto de la Dirección. Nosotros estábamos trabajando sobre el presupuesto y se lo llevamos. El doctor Fernández fue más allá y nos dijo: "No se va a tocar nada del presupuesto de Salud. Esto lo tiene que bancar toda la Jefatura de Gabinete y ustedes sí tendrán que presupuestar para el próximo año." Es decir que, sin tener claro cuánto va a haber de recursos, no nos limitó. Es más: nos pidió que el próximo miércoles en una nueva reunión le presentemos el presupuesto para que algunos economistas de la Jefatura que trabajan con él puedan redondear la presentación y ajustar la cifra.
Yo tengo mucha confianza porque este es un tema que él ha impulsado cuando era ministro de Justicia. Pienso que afortunadamente no existe la sospecha de que vamos a hacer un proyecto y luego no le vamos dar presupuesto -algo que tiene mucho que ver con nuestro trabajo legislativo y con el hecho de que siempre hay un artículo que falta-, ya que esta vez podemos contar con el dinero y con los recursos suficientes. Esperemos que esta no sea una frustración. Vuelvo a insistir en que tengo absoluta confianza en que el doctor Fernández nos apoye con los recursos necesarios.
En segundo lugar, quiero responder al señor diputado Vega y decirle, porque se trata de algo que todavía no es conocido, que la semana pasada hemos tenido una reunión con el señor secretario de Determinantes de la Salud, doctor Eduardo Bustos Villar, del que depende la nueva Dirección de Salud Mental y Adicciones.
También tuvimos una reunión con el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Aníbal Fernández, quien antes de que le pidiéramos dinero nos salió al cruce y nos dijo que el área a su cargo va a presupuestar y dar todos los recursos necesarios para el próximo semestre, a fin de destinarlos a este proyecto de la Dirección. Nosotros estábamos trabajando sobre el presupuesto y se lo llevamos. El doctor Fernández fue más allá y nos dijo: "No se va a tocar nada del presupuesto de Salud. Esto lo tiene que bancar toda la Jefatura de Gabinete y ustedes sí tendrán que presupuestar para el próximo año." Es decir que, sin tener claro cuánto va a haber de recursos, no nos limitó. Es más: nos pidió que el próximo miércoles en una nueva reunión le presentemos el presupuesto para que algunos economistas de la Jefatura que trabajan con él puedan redondear la presentación y ajustar la cifra.
Yo tengo mucha confianza porque este es un tema que él ha impulsado cuando era ministro de Justicia. Pienso que afortunadamente no existe la sospecha de que vamos a hacer un proyecto y luego no le vamos dar presupuesto -algo que tiene mucho que ver con nuestro trabajo legislativo y con el hecho de que siempre hay un artículo que falta-, ya que esta vez podemos contar con el dinero y con los recursos suficientes. Esperemos que esta no sea una frustración. Vuelvo a insistir en que tengo absoluta confianza en que el doctor Fernández nos apoye con los recursos necesarios.
SR. PRESIDENTE PERALTA Tiene la palabra el diputado Piemonte.
SR. PIEMONTE Reitero el agradecimiento a los invitados por su presencia.
Quiero plantear varias cuestiones. La primera está relacionada con el informe que hizo la doctora Cuñarro al principio de esta reunión. Tal vez haya algunas cuestiones que yo desconozca, ya que asumí en el mes de diciembre, pero ella decía que había elevado un cronograma del plan de acción y de trabajo a la Corte y al Poder Ejecutivo, a través de cuatro documentos. ¿Cuál ha sido la vinculación de la Comisión sobre Estupefacientes con el Congreso hasta el día de hoy? Quiero saber si ese plan que se elaboró y se entregó al Poder Ejecutivo y a la Corte había sido planteado con anterioridad al Congreso para la armonización legislativa.
La otra pregunta tiene que ver con los informes que supuestamente se tuvieron que presentar en el orden internacional: ¿se recibieron felicitaciones por parte de algunos organismos? También quisiera saber si era competencia de la Comisión elevar el informe al Grupo de Acción Financiera Internacional, es decir, el GAFI. Porque si bien se dice que se trabaja sobre la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, el GAFI no ha felicitado sino al contrario: ha sido bastante crítico en su último informe internacional. Por ejemplo, ha advertido que la Argentina no ha avanzado en el combate contra el lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Por eso, quisiera saber si se había elevado un informe al GAFI.
También me gustaría saber si la Comisión ha producido algún avance que uno pudiese verificar en la práctica sobre alguna modificación en las políticas públicas que haya tenido un efecto concreto en la población. Si se ha bajado el índice de consumo, si hay mejor atención gracias a las políticas públicas, etcétera. Es decir: ¿qué resultados concretos se observan para la población, independientemente del intento de armonización legislativa en el que ha venido trabajando la Comisión? En este sentido, voy a agregar algo a lo que preguntaba el diputado Vega respecto del tema presupuestario, que luego fue respondido por el doctor Sylvestre Begnis. Entiendo que el diputado Vega no restringía la pregunta a si la Comisión va a tener presupuesto suficiente de la Jefatura de Gabinete para elaborar los trabajos. De lo que se trata es de saber si va a haber presupuesto suficiente para garantizar la aplicabilidad de las políticas que la Comisión diseñe. La aplicabilidad de la mayoría de las políticas que la Comisión diseñe se tiene que garantizar a través de las provincias. Las políticas en salud, educación o justicia terminan siendo políticas provinciales. Quisiera saber si la Comisión hace algún relevamiento de cuánto es el presupuesto que destinan las provincias para poder garantizar que estas políticas que se diseñan después se apliquen y tengan un resultado concreto para la población.
Ésa sería la síntesis de las preguntas.
Quiero plantear varias cuestiones. La primera está relacionada con el informe que hizo la doctora Cuñarro al principio de esta reunión. Tal vez haya algunas cuestiones que yo desconozca, ya que asumí en el mes de diciembre, pero ella decía que había elevado un cronograma del plan de acción y de trabajo a la Corte y al Poder Ejecutivo, a través de cuatro documentos. ¿Cuál ha sido la vinculación de la Comisión sobre Estupefacientes con el Congreso hasta el día de hoy? Quiero saber si ese plan que se elaboró y se entregó al Poder Ejecutivo y a la Corte había sido planteado con anterioridad al Congreso para la armonización legislativa.
La otra pregunta tiene que ver con los informes que supuestamente se tuvieron que presentar en el orden internacional: ¿se recibieron felicitaciones por parte de algunos organismos? También quisiera saber si era competencia de la Comisión elevar el informe al Grupo de Acción Financiera Internacional, es decir, el GAFI. Porque si bien se dice que se trabaja sobre la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, el GAFI no ha felicitado sino al contrario: ha sido bastante crítico en su último informe internacional. Por ejemplo, ha advertido que la Argentina no ha avanzado en el combate contra el lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Por eso, quisiera saber si se había elevado un informe al GAFI.
También me gustaría saber si la Comisión ha producido algún avance que uno pudiese verificar en la práctica sobre alguna modificación en las políticas públicas que haya tenido un efecto concreto en la población. Si se ha bajado el índice de consumo, si hay mejor atención gracias a las políticas públicas, etcétera. Es decir: ¿qué resultados concretos se observan para la población, independientemente del intento de armonización legislativa en el que ha venido trabajando la Comisión? En este sentido, voy a agregar algo a lo que preguntaba el diputado Vega respecto del tema presupuestario, que luego fue respondido por el doctor Sylvestre Begnis. Entiendo que el diputado Vega no restringía la pregunta a si la Comisión va a tener presupuesto suficiente de la Jefatura de Gabinete para elaborar los trabajos. De lo que se trata es de saber si va a haber presupuesto suficiente para garantizar la aplicabilidad de las políticas que la Comisión diseñe. La aplicabilidad de la mayoría de las políticas que la Comisión diseñe se tiene que garantizar a través de las provincias. Las políticas en salud, educación o justicia terminan siendo políticas provinciales. Quisiera saber si la Comisión hace algún relevamiento de cuánto es el presupuesto que destinan las provincias para poder garantizar que estas políticas que se diseñan después se apliquen y tengan un resultado concreto para la población.
Ésa sería la síntesis de las preguntas.
SR. SYLVESTRE BEGNIS Perdón por la intromisión pero en el Ministerio de Salud desde el año 2002 están las becas Carrillo-Oñativia, que son becas de investigación. Ahora se han integrado en un proyecto que se llama Salud Investiga. En el año 2007 se presentó el informe del relevamiento de las políticas, de los presupuestos y de los sistemas físicos destinados a salud mental y adicciones.
El 1° junio, en el mismo Programa Salud Investiga, otro grupo de investigadores tiene que entregar el relevamiento de recursos humanos. Es probable que no haya sido con la orientación o con los objetivos que la comisión hubiera solicitado, pero es un antecedente muy importante -estuve ojeando ayer el informe con los cuadros- que revela, en seis provincias que tienen leyes de salud mental o leyes de adicciones, un trabajo colaborativo que es bastante completo al año 2007. Los datos económicos son de 2005 y de 2006.
De manera tal que habrá que hacer una actualización de esto y es parte de la función que tendremos nosotros en la Dirección, es decir, el relevamiento permanente de todos estos datos y el incentivo a través del COFESA para que las provincias vayan destinando los recursos necesarios para este Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones.
Quiero comentarles también que ustedes saben que las adicciones, por esta misma pregunta que hizo la diputada, estuvieron limitadas en nuestro país por compromisos internacionales a lo que es judicial policial. Esto determinaba gran parte del gasto que significaba -esto el ministro Aníbal Fernández en su momento lo denunció- cada expediente iniciado en la justicia por un consumidor o por tenencia para consumo personal, que eliminando esa cantidad de casos, era una recuperación presupuestaria importante para esto.
Quiero aclarar que así como hace poco se ha creado la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, también es cierto que han transferido a Salud la responsabilidad, al entender que esto no es un tema judicial policial únicamente sino que es un tema sanitario, como lo llevan todos los países desarrollados en el mundo. Pero la verdad es que el sector salud no trabajó este tema porque descansaba en lo que internacionalmente cumplía la SEDRONAR.
Esta limitación -de la que hablaba hoy Alberto Calabrese- es la que nos llevó a preocuparnos seriamente porque no tenemos ni recurso humano destinado o capacitado -para el tema de adicciones, fundamentalmente-, ni tenemos servicios en los hospitales de agudos. Esa es la tarea a la que nos tenemos que abocar y que tan criteriosamente el diputado dice que si las provincias no se involucran en convenios o acuerdos con la Nación vamos a estar creando una inequidad entre los que habitan distintas provincias.
Así que nos espera una tarea norme de capacitación, formación de recursos humanos y habilitación en los servicios hospitalarios públicos de servicios y talleres para la prevención y para la asistencia, fundamentalmente del capítulo de los adictos.
En salud mental algo hay. En esto otro nosotros estamos prácticamente, no digo partiendo de cero porque siempre hay recurso humano formado pero no está integrado en talleres o en equipos multidisciplinarios, como muy bien decía el diputado Vega, sino que vamos a tener que estar pidiendo la colaboración de las provincias para integrar estos talleres. Inclusive tenemos autorización del Ministerio de Desarrollo Social para alquilar casas, adecuarlas y destinarlas a centros ambulatorios de prevención, hospitales de día, casas de medio camino, etcétera, para la resocialización de este tipo de pacientes.
El 1° junio, en el mismo Programa Salud Investiga, otro grupo de investigadores tiene que entregar el relevamiento de recursos humanos. Es probable que no haya sido con la orientación o con los objetivos que la comisión hubiera solicitado, pero es un antecedente muy importante -estuve ojeando ayer el informe con los cuadros- que revela, en seis provincias que tienen leyes de salud mental o leyes de adicciones, un trabajo colaborativo que es bastante completo al año 2007. Los datos económicos son de 2005 y de 2006.
De manera tal que habrá que hacer una actualización de esto y es parte de la función que tendremos nosotros en la Dirección, es decir, el relevamiento permanente de todos estos datos y el incentivo a través del COFESA para que las provincias vayan destinando los recursos necesarios para este Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones.
Quiero comentarles también que ustedes saben que las adicciones, por esta misma pregunta que hizo la diputada, estuvieron limitadas en nuestro país por compromisos internacionales a lo que es judicial policial. Esto determinaba gran parte del gasto que significaba -esto el ministro Aníbal Fernández en su momento lo denunció- cada expediente iniciado en la justicia por un consumidor o por tenencia para consumo personal, que eliminando esa cantidad de casos, era una recuperación presupuestaria importante para esto.
Quiero aclarar que así como hace poco se ha creado la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, también es cierto que han transferido a Salud la responsabilidad, al entender que esto no es un tema judicial policial únicamente sino que es un tema sanitario, como lo llevan todos los países desarrollados en el mundo. Pero la verdad es que el sector salud no trabajó este tema porque descansaba en lo que internacionalmente cumplía la SEDRONAR.
Esta limitación -de la que hablaba hoy Alberto Calabrese- es la que nos llevó a preocuparnos seriamente porque no tenemos ni recurso humano destinado o capacitado -para el tema de adicciones, fundamentalmente-, ni tenemos servicios en los hospitales de agudos. Esa es la tarea a la que nos tenemos que abocar y que tan criteriosamente el diputado dice que si las provincias no se involucran en convenios o acuerdos con la Nación vamos a estar creando una inequidad entre los que habitan distintas provincias.
Así que nos espera una tarea norme de capacitación, formación de recursos humanos y habilitación en los servicios hospitalarios públicos de servicios y talleres para la prevención y para la asistencia, fundamentalmente del capítulo de los adictos.
En salud mental algo hay. En esto otro nosotros estamos prácticamente, no digo partiendo de cero porque siempre hay recurso humano formado pero no está integrado en talleres o en equipos multidisciplinarios, como muy bien decía el diputado Vega, sino que vamos a tener que estar pidiendo la colaboración de las provincias para integrar estos talleres. Inclusive tenemos autorización del Ministerio de Desarrollo Social para alquilar casas, adecuarlas y destinarlas a centros ambulatorios de prevención, hospitales de día, casas de medio camino, etcétera, para la resocialización de este tipo de pacientes.
SR. PRESIDENTE PERALTA Tiene la palabra el señor diputado Vega, presidente de la Comisión de Legislación Penal.
SR. VEGA Señor presidente: simplemente quiero hacer una aclaración. Mi planteo fue un poco más amplio. No me preocupa tanto el recurso que conceda el jefe de Gabinete de Ministros para el funcionamiento de la comisión sino los recursos necesarios para la implementación de políticas. Eso quiero que quede claro.
Como diputado de la Nación me gustaría tener en el Congreso datos exactos de presupuestos con afectaciones específicas a programas. Además, creo que es una obligación de ustedes.
Es una buena noticia para mí que un hombre como el doctor Sylvestre Begnis esté en el tema, y es una mala noticia que los recursos dependan del jefe de Gabinete. En ese punto también quiero ser claro.
Uno de los reproches que nos hacen desde el extranjero a los argentinos -y con razón- es la brecha que existe entre el derecho y la realidad. Es nuestro desafío cerrar esa brecha o al menos delimitarla.
Por eso, señores funcionarios del Poder Ejecutivo, insisto en la asignación de recursos, en la racionalidad en la utilización de los mismos, en su publicidad y en el conocimiento por parte del Congreso de la Nación de asignaciones de partidas, no solamente para el funcionamiento de la comisión sino para los programas específicos que se desprendan de ello.
Reitero que es una buena noticia que el doctor Sylvestre Begnis esté en el tema.
Como diputado de la Nación me gustaría tener en el Congreso datos exactos de presupuestos con afectaciones específicas a programas. Además, creo que es una obligación de ustedes.
Es una buena noticia para mí que un hombre como el doctor Sylvestre Begnis esté en el tema, y es una mala noticia que los recursos dependan del jefe de Gabinete. En ese punto también quiero ser claro.
Uno de los reproches que nos hacen desde el extranjero a los argentinos -y con razón- es la brecha que existe entre el derecho y la realidad. Es nuestro desafío cerrar esa brecha o al menos delimitarla.
Por eso, señores funcionarios del Poder Ejecutivo, insisto en la asignación de recursos, en la racionalidad en la utilización de los mismos, en su publicidad y en el conocimiento por parte del Congreso de la Nación de asignaciones de partidas, no solamente para el funcionamiento de la comisión sino para los programas específicos que se desprendan de ello.
Reitero que es una buena noticia que el doctor Sylvestre Begnis esté en el tema.
SRA. CUÑARRO Respecto de la inquietud sobre qué relación existe con el Congreso quiero señalar que una vez que la Corte falló en los casos Tufano, RMJ y Arriola, y exhortó a adecuar la parte preventiva, sanitaria, social, laboral, de reinserción y de modificación de la política criminal, hicimos el diseño del cronograma, lo elevamos al Congreso -a las tres comisiones-, y lo presentamos.
En el medio de todo esto se produjo la modificación del decreto que nos dio competencia en temas de armonización legislativa en relación con la delincuencia transnacional.
Hoy traje una carpeta con todo este material para cada uno de ustedes, sabiendo que algunos señores diputados han asumido recientemente y no tenían conocimiento ni contacto con los anteriores documentos ni el cronograma. Por ello, hemos traído y dejamos todo el material, para que lo tengan a su disposición y lo puedan analizar.
Uno de esos documentos es un estudio de un año sobre el tema del control del dinero, no solamente con respecto al narcotráfico sino en relación con toda la criminalidad compleja. Es un documento público que elevamos y remitimos al Congreso, al cual también pueden acceder desde nuestra página Web.
La comisión está integrada por especialistas y magistrados, que son independientes del Poder Ejecutivo. Yo estoy de licencia en el Ministerio Público Fiscal y trabajamos ad honorem. El doctor Vázquez Acuña, por ejemplo, es juez.
Nuestro objetivo es sugerir políticas públicas a partir de estudios. En el caso concreto del tema del lavado de dinero produjimos un documento específico, que se encuentra en la carpeta y que también se puede leer desde la página Web de la comisión. Allí incluimos muchos delitos complejos, no solamente narcotráfico sino también trata de personas, tráfico de armas, estafas y defraudaciones complejas, etcétera. Ese documento fue elevado antes del informe del GAFI y allí también mostramos cuáles eran las áreas más débiles y las más fuertes de los Estados.
Para citar un ejemplo, las inspecciones de personas jurídicas son responsabilidad de cada una de las provincias. Por ello, de nada sirve que la inspección de personas jurídicas acá tenga una reglamentación muy dura respecto del tema de sociedades cuando la provincia de al lado los controles son laxos o no se realizan, porque entonces la criminalidad va a mutar de una jurisdicción a la otra.
No es un tema solamente del Poder Ejecutivo sino que es claramente un tema provincial en el que cada provincia tendrá que hacer un análisis de su legislación y consensuar a nivel nacional. De lo contrario, si tres provincias tienen una legislación administrativa dura con respecto a las sociedades pero en otras se permiten las off shore, entonces, van a ir a radicarse ahí todos los lavadores de dinero. Si por ejemplo, en relación con lo que tiene que ver con la secretaría de Comercio o de Producción de cada provincia -eso dependerá de cuáles sean las áreas-, en parajes inhóspitos aparecen zonas desérticas y producción de precursores químicos sin control, eso no es un problema de la Nación, sino de control administrativo de cada provincia.
La comisión hace hincapié todo el tiempo en que cada provincia -y esto también ocurre a nivel nacional- debe recuperar los aspectos preventivos que las normas administrativas le dan, es decir, el poder de policía que cada una tiene para hacer los controles de los dos ejemplos que acabo de dar.
En el medio de todo esto se produjo la modificación del decreto que nos dio competencia en temas de armonización legislativa en relación con la delincuencia transnacional.
Hoy traje una carpeta con todo este material para cada uno de ustedes, sabiendo que algunos señores diputados han asumido recientemente y no tenían conocimiento ni contacto con los anteriores documentos ni el cronograma. Por ello, hemos traído y dejamos todo el material, para que lo tengan a su disposición y lo puedan analizar.
Uno de esos documentos es un estudio de un año sobre el tema del control del dinero, no solamente con respecto al narcotráfico sino en relación con toda la criminalidad compleja. Es un documento público que elevamos y remitimos al Congreso, al cual también pueden acceder desde nuestra página Web.
La comisión está integrada por especialistas y magistrados, que son independientes del Poder Ejecutivo. Yo estoy de licencia en el Ministerio Público Fiscal y trabajamos ad honorem. El doctor Vázquez Acuña, por ejemplo, es juez.
Nuestro objetivo es sugerir políticas públicas a partir de estudios. En el caso concreto del tema del lavado de dinero produjimos un documento específico, que se encuentra en la carpeta y que también se puede leer desde la página Web de la comisión. Allí incluimos muchos delitos complejos, no solamente narcotráfico sino también trata de personas, tráfico de armas, estafas y defraudaciones complejas, etcétera. Ese documento fue elevado antes del informe del GAFI y allí también mostramos cuáles eran las áreas más débiles y las más fuertes de los Estados.
Para citar un ejemplo, las inspecciones de personas jurídicas son responsabilidad de cada una de las provincias. Por ello, de nada sirve que la inspección de personas jurídicas acá tenga una reglamentación muy dura respecto del tema de sociedades cuando la provincia de al lado los controles son laxos o no se realizan, porque entonces la criminalidad va a mutar de una jurisdicción a la otra.
No es un tema solamente del Poder Ejecutivo sino que es claramente un tema provincial en el que cada provincia tendrá que hacer un análisis de su legislación y consensuar a nivel nacional. De lo contrario, si tres provincias tienen una legislación administrativa dura con respecto a las sociedades pero en otras se permiten las off shore, entonces, van a ir a radicarse ahí todos los lavadores de dinero. Si por ejemplo, en relación con lo que tiene que ver con la secretaría de Comercio o de Producción de cada provincia -eso dependerá de cuáles sean las áreas-, en parajes inhóspitos aparecen zonas desérticas y producción de precursores químicos sin control, eso no es un problema de la Nación, sino de control administrativo de cada provincia.
La comisión hace hincapié todo el tiempo en que cada provincia -y esto también ocurre a nivel nacional- debe recuperar los aspectos preventivos que las normas administrativas le dan, es decir, el poder de policía que cada una tiene para hacer los controles de los dos ejemplos que acabo de dar.
SR. PRESIDENTE PERALTA Tiene la palabra el señor diputado Llera.
SR. LLERA Señor presidente: en primer término quiero agradecer la presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional que nos acompañan, lo que nos permite abordar este tema tan importante, preocupante y difícil.
Provengo de la provincia Misiones, más precisamente a un lugar muy particular de dicha provincia, que es la Triple Frontera, es decir, Puerto Iguazú. Esto que estamos hablando hoy lo vivimos todos los días y nos preocupa muchísimo, ya que prácticamente toda la provincia ha dejado de ser un lugar de tránsito de la droga para convertirse en un lugar de consumo, porque la frontera con Paraguay es muy lábil. Es muy difícil controlar los 800 kilómetros de frontera que tenemos con ese país vecino.
Creo que la provincia de Misiones ha estado a la vanguardia en lo relativo a la creación de centros de recuperación de adictos. Prueba de ello es el Centro de Manantial. Lo he estado visitando en varias oportunidades y en los dos últimos años, como diputado nacional, le he donado parte de los recursos que como legisladores nos asignan para realizar donaciones.
Ese establecimiento posee 12 camas que utilizan para la internación de aquellos chicos a los que ya resulta muy difícil controlar y que provienen de lugares muy lejanos.
El tratamiento que brinda este centro es fundamentalmente ambulatorio. Posee un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras, médicos y asistentes sociales.
La pregunta que deseaba formular ya fue respondida por el doctor Sylvestre Begnis. Lo que quería saber es cómo se sustenta esto, es decir, quién financia el funcionamiento del Centro Manantial. Eso lo hace la provincia, asignando a través de rentas generales los recursos necesarios para el funcionamiento del centro.
La otra pregunta que quiero formular es cómo va a encarar la Dirección de Salud Mental y Adicciones el manejo de recursos destinados a estos centros, que ya tienen varios años de funcionamiento, cuentan con equipos especializados y desarrollan bien su tarea. Creo que este tipo de establecimientos también deben contar con algún tipo de aporte por parte de la Nación. Consecuentemente, mi pregunta es cómo se va a articular el giro de fondos a esos centros de recuperación.
Provengo de la provincia Misiones, más precisamente a un lugar muy particular de dicha provincia, que es la Triple Frontera, es decir, Puerto Iguazú. Esto que estamos hablando hoy lo vivimos todos los días y nos preocupa muchísimo, ya que prácticamente toda la provincia ha dejado de ser un lugar de tránsito de la droga para convertirse en un lugar de consumo, porque la frontera con Paraguay es muy lábil. Es muy difícil controlar los 800 kilómetros de frontera que tenemos con ese país vecino.
Creo que la provincia de Misiones ha estado a la vanguardia en lo relativo a la creación de centros de recuperación de adictos. Prueba de ello es el Centro de Manantial. Lo he estado visitando en varias oportunidades y en los dos últimos años, como diputado nacional, le he donado parte de los recursos que como legisladores nos asignan para realizar donaciones.
Ese establecimiento posee 12 camas que utilizan para la internación de aquellos chicos a los que ya resulta muy difícil controlar y que provienen de lugares muy lejanos.
El tratamiento que brinda este centro es fundamentalmente ambulatorio. Posee un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras, médicos y asistentes sociales.
La pregunta que deseaba formular ya fue respondida por el doctor Sylvestre Begnis. Lo que quería saber es cómo se sustenta esto, es decir, quién financia el funcionamiento del Centro Manantial. Eso lo hace la provincia, asignando a través de rentas generales los recursos necesarios para el funcionamiento del centro.
La otra pregunta que quiero formular es cómo va a encarar la Dirección de Salud Mental y Adicciones el manejo de recursos destinados a estos centros, que ya tienen varios años de funcionamiento, cuentan con equipos especializados y desarrollan bien su tarea. Creo que este tipo de establecimientos también deben contar con algún tipo de aporte por parte de la Nación. Consecuentemente, mi pregunta es cómo se va a articular el giro de fondos a esos centros de recuperación.
SR. PRESIDENTE PERALTA Tiene la palabra el doctor Sylvestre Begnis.
SR. SYLVESTRE BEGNIS Señor presidente: en relación con la crítica que se ha hecho, en el sentido de que los fondos son manejados por la Jefatura de Gabinete de Ministros, quiero aclarar al señor diputado preopinante que para nosotros afortunadamente se trata de una delegación para modificar partidas, a fin de poder financiar los próximos seis meses. De lo contrario estaríamos atrasándonos, porque la creación de la Dirección y el programa que traslada las adicciones al área de Salud nos hubiera tomado con un presupuesto muy escaso o directamente con nada, más allá de lo que probablemente hubiesen podido aportar el Ministerio de Salud Pública o el de Desarrollo Social.
De manera tal que es un refuerzo presupuestario que está dentro de lo previsto para financiar políticas consistentes en las áreas de Salud Pública y de Desarrollo Social.
Además, debo aclarar que todavía no hemos presentado el presupuesto de las transferencias a las provincias. Nosotros pedimos la colaboración a las provincias. El próximo 4 de junio en La Plata se va a hacer la decimo segunda reunión del Cofelesa. Para quienes no están informados, el Cofelesa es el Consejo Federal Legislativo de Salud. Lo creamos hace un año y medio con la idea de homogeneizar y mantener informadas a todas las comisiones de Salud del país. Hay una concurrencia plena y permanente a estas reuniones. Allí vamos a transferir la preocupación de Timoteo Llera respecto de los fondos y de que van a tener que presupuestar también para las provincias.
En el presupuesto que le vamos a presentar a la Jefatura de Gabinete están incluidas transferencias de partidas para sostener y desarrollar los servicios que ya tienen experiencia. Porque recién comentaba lo poco que tenemos en esta materia comparado con la demanda que nos espera o que ya está en la puerta tocando el timbre y a la que no podemos responder, por esto que nos preguntaba la diputada Bianchi hace un rato.
De manera que no puedo comentar en este momento cómo se van a hacer las transferencias, si nos van a autorizar o van a estar dentro del dinero que puede destinar la Jefatura de Gabinete. Pero valió la pena comentarles a los diputados, que son autoridades políticas de las provincias, esta buena noticia que les di hace un rato. Su gente, los militantes que los llevaron a ser diputados nacionales, muchas veces están esperando cuestiones concretas. Una de las cuestiones concretas es que colaboren buscando casas que sean grandes y que se adapten para poder desarrollar en ellas unidades de prevención y de tratamiento ambulatorio en todo el territorio nacional, para el cual sí hay financiamiento desde Desarrollo Social. Esto mismo se lo vamos a trasladar a las comisiones de Salud del Cofelesa, que siempre colabora con nosotros preocupando a los ministros de Salud y a la gente de Acción Social de las distintas provincias para que nos ayuden a través de las ONG, del Estado, de los municipios, de las comunas, etcétera, a alquilar casas para incorporarlas en este plan lo más rápido posible.
De manera tal que es un refuerzo presupuestario que está dentro de lo previsto para financiar políticas consistentes en las áreas de Salud Pública y de Desarrollo Social.
Además, debo aclarar que todavía no hemos presentado el presupuesto de las transferencias a las provincias. Nosotros pedimos la colaboración a las provincias. El próximo 4 de junio en La Plata se va a hacer la decimo segunda reunión del Cofelesa. Para quienes no están informados, el Cofelesa es el Consejo Federal Legislativo de Salud. Lo creamos hace un año y medio con la idea de homogeneizar y mantener informadas a todas las comisiones de Salud del país. Hay una concurrencia plena y permanente a estas reuniones. Allí vamos a transferir la preocupación de Timoteo Llera respecto de los fondos y de que van a tener que presupuestar también para las provincias.
En el presupuesto que le vamos a presentar a la Jefatura de Gabinete están incluidas transferencias de partidas para sostener y desarrollar los servicios que ya tienen experiencia. Porque recién comentaba lo poco que tenemos en esta materia comparado con la demanda que nos espera o que ya está en la puerta tocando el timbre y a la que no podemos responder, por esto que nos preguntaba la diputada Bianchi hace un rato.
De manera que no puedo comentar en este momento cómo se van a hacer las transferencias, si nos van a autorizar o van a estar dentro del dinero que puede destinar la Jefatura de Gabinete. Pero valió la pena comentarles a los diputados, que son autoridades políticas de las provincias, esta buena noticia que les di hace un rato. Su gente, los militantes que los llevaron a ser diputados nacionales, muchas veces están esperando cuestiones concretas. Una de las cuestiones concretas es que colaboren buscando casas que sean grandes y que se adapten para poder desarrollar en ellas unidades de prevención y de tratamiento ambulatorio en todo el territorio nacional, para el cual sí hay financiamiento desde Desarrollo Social. Esto mismo se lo vamos a trasladar a las comisiones de Salud del Cofelesa, que siempre colabora con nosotros preocupando a los ministros de Salud y a la gente de Acción Social de las distintas provincias para que nos ayuden a través de las ONG, del Estado, de los municipios, de las comunas, etcétera, a alquilar casas para incorporarlas en este plan lo más rápido posible.
SR. PRESIDENTE PERALTA Al diputado Piemonte le había quedado pendiente hacer una pregunta.
SR. PIEMONTE Hubo una pregunta que le hice a la doctora Cuñarro que tal vez no fue clara y hace referencia a lo que decía recién el doctor Sylvestre Begnis. A partir de las sugerencias y recomendaciones que ha hecho la Comisión -transformadas en políticas públicas por parte del Estado nacional-, pregunto si ustedes han visto algún avance concreto respecto de los dos aspectos que se han planteado: el sociosanitario y el penal. Es decir: si a partir de las sugerencias y recomendaciones que ustedes han elevado se ha avanzado en el combate contra el delito penal y en el aspecto sociosanitario. Es para ver si las sugerencias se han transformado en un efecto concreto para la población.
Respecto de la pregunta del Congreso, busqué el material. La verdad es que la información que yo tenía y que ustedes habían elevado al Poder Ejecutivo, como bien dijeron, era una serie de proyectos legislativos, pero yo no pude verificar que estén en el Congreso. Por eso yo preguntaba si esos informes que ustedes elevaron al Poder Ejecutivo y que se transformaron en proyectos de ley habían sido elevados al Congreso. La verdad es que en el Congreso no los encontré. A eso estaba orientada la primera pregunta.
Respecto de la pregunta del Congreso, busqué el material. La verdad es que la información que yo tenía y que ustedes habían elevado al Poder Ejecutivo, como bien dijeron, era una serie de proyectos legislativos, pero yo no pude verificar que estén en el Congreso. Por eso yo preguntaba si esos informes que ustedes elevaron al Poder Ejecutivo y que se transformaron en proyectos de ley habían sido elevados al Congreso. La verdad es que en el Congreso no los encontré. A eso estaba orientada la primera pregunta.
SRA. CUÑARRO Le contesto, señor diputado.
Cuando el actual jefe de Gabinete era ministro del Interior y, luego, de Justicia, hizo reuniones permanentes con todas las comisiones que estaban involucradas en el tema, que abarca aspectos que van desde la seguridad, la legislación penal, la salud y la prevención hasta, diría, los derechos humanos. En esas reuniones se mantenía informados a los diputados y se les iba contando cuál era el trabajo. Antes de hacer cualquier proyecto de ley o cualquier cronograma uno tiene que realizar mínimamente un trabajo científico para sugerir qué hacer en determinada área.
Como les decía, la mayoría están ad honórem. Al doctor Calabrese le pagan para ser juez, a la doctora Nápoli para trabajar en el hospital como médica. Tenemos algunos contratos administrativos, nos reunimos cada quince días, y lo que sí tenemos es la facilidad del acceso a las bases de datos del Poder Judicial, en un tema que siempre ha sido materia sólo de policías, fiscales y jueces, como para decir: esta es la situación que se da o esto es el resultado de tal cuestión.
Por eso lo primero que pedimos fue una encuesta para medir la realidad con el tema de las adicciones. No cualquier persona que consume es un adicto, es decir, hay grados. Entonces uno tiene que tener muy en claro esto.
La segunda cuestión es que no es lo mismo el conurbano que la provincia de La Pampa. No es lo mismo en materia de criminalidad compleja las áreas sensibles de frontera que otro tipo de lugares.
Es decir, lo que me parece es que después de los fallos de la Corte con las exhortaciones a los poderes públicos, llegó la hora de trabajar lo preventivo, lo sociosanitario y modificar la política criminal.
Pero también para todos nosotros, después de estos fallos, se da la posibilidad de que cada dirigente político haga un aporte en la reforma legislativa o si es un intendente, también puede hacer su aporte. Hay algunos que nos han invitado para contarnos su experiencia.
Por ejemplo, el intendente de Gualeguaychú nos comentaba que cuando él reformó la parte administrativa con el control del acceso al alcohol de menores -porque tenían una tasa muy alta de picadas y de muertes, y de ingresos a los hospitales con jóvenes o gente muy grande con alcoholismo crónico-, pensó que iba a tener un problema muy grave con los comercios. Por lo tanto, antes hizo muchísimas reuniones con los padres como para tratar de protegerse, y dijo que el resultado obtenido había sido muy beneficioso y que en realidad se había sacado un problema de encima con el tema de la previa y se preguntaba por qué no lo había hecho antes.
Esto le dio muchísimo prestigio dentro de la comunidad, con lo cual nosotros decíamos que esa era una comunidad sana. Hay otros lugares donde se ha hecho lo mismo y han tenido problemas y presiones con los dueños de los boliches bailables, por decir algo.
La otra pregunta que me hacía era qué resultados concretos se pueden observar. Tuvimos doce años de una ley de alcohol que no estaba vigente y la presidenta fue la que firmó el decreto reglamentario. Doce años de una ley que no tiene un decreto reglamentario habla de que las presiones de las empresas que desplazaron a las bebidas colas no han sido fáciles. Éste era un tema que pedíamos. Ese decreto está y por lo tanto ya se cumple con una de las exhortaciones que hizo la Corte.
La otra cuestión que nosotros pedíamos era el control de medicamentos. En los países desarrollados nadie accede a medicamentos de venta libre o de venta restringida como en este país. Y la verdad es que en la Argentina no se accedía libremente a los medicamentos hasta el año 90 en que se desregula con el decreto de Cavallo, entre otras cosas, la venta de armas, pero también la venta de medicamentos.
Cualquiera que haya tenido la posibilidad de viajar por el mundo sabe que pide un antibiótico en cualquier lado y no se lo dan, ni siquiera una buscapina o cualquier medicamento que aquí aparece como de venta libre.
Entonces, tomar la decisión política de controlar medianamente el mercado de medicamentos era una sugerencia para nosotros muy importe, tanto en los aspectos sanitarios, sin duda, pero también en los aspectos criminales, porque con la desregulación se amplió la terciarización en materia de droguerías y de aprovisionamiento. Si uno tiene que hacer un control de trazabilidad o seguir la falsificación de medicamentos, o en mi caso como fiscal, piratería del asfalto que pasaba con el tema de medicamentos -después del de electrodomésticos-, era muy complicado.
Entonces también necesitábamos el control de ese mercado de medicamentos y ahí el impulso fue doble: por el lado de la presidenta pero también la oposición y el oficialismo votaron en conjunto el año pasado rápidamente la ley de control de medicamentos y el Senado la terminó aprobando. O sea que ese también es un avance concreto.
El tercero fue impulsar la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, que el país no la tenía. Tuvo un esbozo durante la época de Carrillo, que no llegó a funcionar. Luego, la crea Onganía para tratar de controlar a las provincias y posteriormente se desguaza totalmente hasta el regreso de la democracia, cuando Alfonsín crea una Dirección Nacional, que termina al cabo de ese gobierno.
Es decir que tener una Dirección Nacional que fije algún tipo de política pública, y que la pueda consensuar con las provincias, para nosotros es un avance concreto, más aun con los alcances que tendrá esa Dirección.
A nosotros no nos resulta entendible que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no quiera adherir en lo atinente al tema del alcohol y de los medicamentos. Entonces, tenemos controles en algunas provincias, como las de Tucumán o Buenos Aires, y tenemos el caso de Rosario, donde resulta que los chicos vienen con el auto a los comercios de la Ciudad de Buenos Aires, porque no hay ningún tipo de control, dado que no quieren adherir a esa disposición reglamentaria, que es un resorte propio de la autoridad administrativa local.
Lo mismo sucede en relación con la IGJ. De nada sirve que haya pautas de mucho control para evitar el lavado con el tema de las sociedades, si hay otras provincias que van a dejar el "vale todo" en sus inspecciones de personas jurídicas.
En relación con la ley de salud mental tenemos otro avance. Habíamos pedido que se avanzara con una ley de prevención de asistencia con presupuesto y una ley de salud mental adecuada a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los diputados oficialistas y opositores lo votaron el año pasado por consenso. Para nosotros eso fue un gran avance, y ahora el tema está en el Senado.
Otro avance que nos parece muy importante es la creación en cada ministerio de un área específica, que no existía porque el tema nunca fue tomado como si fuera un problema complejo sino que era una cuestión de fiscales y policías. Entonces, se deslindaba todo el problema en el campo penal, siendo que éste se tiene que ocupar de perseguir el narcotráfico, el delito complejo, y no de los temas sociosanitarios. Sería muy interesante conocer lo que ha hecho la cartera de trabajo o lo que está trabajando la cartera de educación, porque justamente se está tratando de adecuar estas políticas al fallo de la Corte.
Ahora le voy a pasar la palabra al doctor Álvaro Ruiz para que les comente qué está haciendo la cartera laboral, que no lo podía hacer antes por la sencilla razón de que hablar de un padecimiento psíquico -por ejemplo, estar deprimido- en un lugar laboral era un tema tabú, pero dejó de serlo cuando en los tres fallos que mencioné la Corte señaló que es un tema de salud.
Entonces, se empieza a ver con una mirada distinta. Esa persona que está trabajando en una fábrica y tiene un problema de alcohol ya no es un criminal. Hay que tener una mirada y un abordaje que no sea penal, y para eso era necesario el fallo, porque ahora es una obligación.
En materia penal hemos elevado al Ministro de Justicia treinta y tres pedidos de acción concreta, especialmente en materia de coordinación. Es decir: en los lugares que nosotros vemos que hay problemas, coordinación entre fuerzas federales y provinciales, diferenciación de un procedimiento de baja intensidad con uno de mucha intensidad, identificación en un mapa criminal de cuáles son las zonas sensibles a los temas más complicados -las zonas de frontera, las zonas de tránsito, de almacenamiento-, cuáles son las áreas más débiles, etcétera. En materia de lavado hemos pedido un digesto, porque un ciudadano frente a la DGI tiene una cantidad de requisitos para cumplir que son totalmente opuestos a los que le solicitan la UIF y el Banco Central; amén de que como magistrados es imposible encontrar toda la normativa.
Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta del Ministerio de Justicia, lo que no significa que el Ministro de Justicia no la tenga. Nosotros le hemos pedido un informe porque está dentro de las facultades que nos otorga el decreto de la Presidencia, para que nos haga saber qué es lo que ha pasado no con el aspecto sociosanitario sino concretamente con las políticas de persecución.
Con respecto al tema de los proyectos elevados, la ley de ministerios fija que el control de legalidad está a cargo de la Jefatura de Gabinete. Es decir que esos proyectos están elevados, y hacer el control de legalidad es un resorte exclusivo de la Jefatura de Gabinete, de acuerdo con la ley. Nuestro trabajo consistió en la elevación de esos proyectos. Ahora la tarea es de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Es decir, nosotros ya cumplimos esa labor vinculada con los anteproyectos, y la damos por terminada respecto del tema de los lineamientos.
Cuando el actual jefe de Gabinete era ministro del Interior y, luego, de Justicia, hizo reuniones permanentes con todas las comisiones que estaban involucradas en el tema, que abarca aspectos que van desde la seguridad, la legislación penal, la salud y la prevención hasta, diría, los derechos humanos. En esas reuniones se mantenía informados a los diputados y se les iba contando cuál era el trabajo. Antes de hacer cualquier proyecto de ley o cualquier cronograma uno tiene que realizar mínimamente un trabajo científico para sugerir qué hacer en determinada área.
Como les decía, la mayoría están ad honórem. Al doctor Calabrese le pagan para ser juez, a la doctora Nápoli para trabajar en el hospital como médica. Tenemos algunos contratos administrativos, nos reunimos cada quince días, y lo que sí tenemos es la facilidad del acceso a las bases de datos del Poder Judicial, en un tema que siempre ha sido materia sólo de policías, fiscales y jueces, como para decir: esta es la situación que se da o esto es el resultado de tal cuestión.
Por eso lo primero que pedimos fue una encuesta para medir la realidad con el tema de las adicciones. No cualquier persona que consume es un adicto, es decir, hay grados. Entonces uno tiene que tener muy en claro esto.
La segunda cuestión es que no es lo mismo el conurbano que la provincia de La Pampa. No es lo mismo en materia de criminalidad compleja las áreas sensibles de frontera que otro tipo de lugares.
Es decir, lo que me parece es que después de los fallos de la Corte con las exhortaciones a los poderes públicos, llegó la hora de trabajar lo preventivo, lo sociosanitario y modificar la política criminal.
Pero también para todos nosotros, después de estos fallos, se da la posibilidad de que cada dirigente político haga un aporte en la reforma legislativa o si es un intendente, también puede hacer su aporte. Hay algunos que nos han invitado para contarnos su experiencia.
Por ejemplo, el intendente de Gualeguaychú nos comentaba que cuando él reformó la parte administrativa con el control del acceso al alcohol de menores -porque tenían una tasa muy alta de picadas y de muertes, y de ingresos a los hospitales con jóvenes o gente muy grande con alcoholismo crónico-, pensó que iba a tener un problema muy grave con los comercios. Por lo tanto, antes hizo muchísimas reuniones con los padres como para tratar de protegerse, y dijo que el resultado obtenido había sido muy beneficioso y que en realidad se había sacado un problema de encima con el tema de la previa y se preguntaba por qué no lo había hecho antes.
Esto le dio muchísimo prestigio dentro de la comunidad, con lo cual nosotros decíamos que esa era una comunidad sana. Hay otros lugares donde se ha hecho lo mismo y han tenido problemas y presiones con los dueños de los boliches bailables, por decir algo.
La otra pregunta que me hacía era qué resultados concretos se pueden observar. Tuvimos doce años de una ley de alcohol que no estaba vigente y la presidenta fue la que firmó el decreto reglamentario. Doce años de una ley que no tiene un decreto reglamentario habla de que las presiones de las empresas que desplazaron a las bebidas colas no han sido fáciles. Éste era un tema que pedíamos. Ese decreto está y por lo tanto ya se cumple con una de las exhortaciones que hizo la Corte.
La otra cuestión que nosotros pedíamos era el control de medicamentos. En los países desarrollados nadie accede a medicamentos de venta libre o de venta restringida como en este país. Y la verdad es que en la Argentina no se accedía libremente a los medicamentos hasta el año 90 en que se desregula con el decreto de Cavallo, entre otras cosas, la venta de armas, pero también la venta de medicamentos.
Cualquiera que haya tenido la posibilidad de viajar por el mundo sabe que pide un antibiótico en cualquier lado y no se lo dan, ni siquiera una buscapina o cualquier medicamento que aquí aparece como de venta libre.
Entonces, tomar la decisión política de controlar medianamente el mercado de medicamentos era una sugerencia para nosotros muy importe, tanto en los aspectos sanitarios, sin duda, pero también en los aspectos criminales, porque con la desregulación se amplió la terciarización en materia de droguerías y de aprovisionamiento. Si uno tiene que hacer un control de trazabilidad o seguir la falsificación de medicamentos, o en mi caso como fiscal, piratería del asfalto que pasaba con el tema de medicamentos -después del de electrodomésticos-, era muy complicado.
Entonces también necesitábamos el control de ese mercado de medicamentos y ahí el impulso fue doble: por el lado de la presidenta pero también la oposición y el oficialismo votaron en conjunto el año pasado rápidamente la ley de control de medicamentos y el Senado la terminó aprobando. O sea que ese también es un avance concreto.
El tercero fue impulsar la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, que el país no la tenía. Tuvo un esbozo durante la época de Carrillo, que no llegó a funcionar. Luego, la crea Onganía para tratar de controlar a las provincias y posteriormente se desguaza totalmente hasta el regreso de la democracia, cuando Alfonsín crea una Dirección Nacional, que termina al cabo de ese gobierno.
Es decir que tener una Dirección Nacional que fije algún tipo de política pública, y que la pueda consensuar con las provincias, para nosotros es un avance concreto, más aun con los alcances que tendrá esa Dirección.
A nosotros no nos resulta entendible que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no quiera adherir en lo atinente al tema del alcohol y de los medicamentos. Entonces, tenemos controles en algunas provincias, como las de Tucumán o Buenos Aires, y tenemos el caso de Rosario, donde resulta que los chicos vienen con el auto a los comercios de la Ciudad de Buenos Aires, porque no hay ningún tipo de control, dado que no quieren adherir a esa disposición reglamentaria, que es un resorte propio de la autoridad administrativa local.
Lo mismo sucede en relación con la IGJ. De nada sirve que haya pautas de mucho control para evitar el lavado con el tema de las sociedades, si hay otras provincias que van a dejar el "vale todo" en sus inspecciones de personas jurídicas.
En relación con la ley de salud mental tenemos otro avance. Habíamos pedido que se avanzara con una ley de prevención de asistencia con presupuesto y una ley de salud mental adecuada a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los diputados oficialistas y opositores lo votaron el año pasado por consenso. Para nosotros eso fue un gran avance, y ahora el tema está en el Senado.
Otro avance que nos parece muy importante es la creación en cada ministerio de un área específica, que no existía porque el tema nunca fue tomado como si fuera un problema complejo sino que era una cuestión de fiscales y policías. Entonces, se deslindaba todo el problema en el campo penal, siendo que éste se tiene que ocupar de perseguir el narcotráfico, el delito complejo, y no de los temas sociosanitarios. Sería muy interesante conocer lo que ha hecho la cartera de trabajo o lo que está trabajando la cartera de educación, porque justamente se está tratando de adecuar estas políticas al fallo de la Corte.
Ahora le voy a pasar la palabra al doctor Álvaro Ruiz para que les comente qué está haciendo la cartera laboral, que no lo podía hacer antes por la sencilla razón de que hablar de un padecimiento psíquico -por ejemplo, estar deprimido- en un lugar laboral era un tema tabú, pero dejó de serlo cuando en los tres fallos que mencioné la Corte señaló que es un tema de salud.
Entonces, se empieza a ver con una mirada distinta. Esa persona que está trabajando en una fábrica y tiene un problema de alcohol ya no es un criminal. Hay que tener una mirada y un abordaje que no sea penal, y para eso era necesario el fallo, porque ahora es una obligación.
En materia penal hemos elevado al Ministro de Justicia treinta y tres pedidos de acción concreta, especialmente en materia de coordinación. Es decir: en los lugares que nosotros vemos que hay problemas, coordinación entre fuerzas federales y provinciales, diferenciación de un procedimiento de baja intensidad con uno de mucha intensidad, identificación en un mapa criminal de cuáles son las zonas sensibles a los temas más complicados -las zonas de frontera, las zonas de tránsito, de almacenamiento-, cuáles son las áreas más débiles, etcétera. En materia de lavado hemos pedido un digesto, porque un ciudadano frente a la DGI tiene una cantidad de requisitos para cumplir que son totalmente opuestos a los que le solicitan la UIF y el Banco Central; amén de que como magistrados es imposible encontrar toda la normativa.
Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta del Ministerio de Justicia, lo que no significa que el Ministro de Justicia no la tenga. Nosotros le hemos pedido un informe porque está dentro de las facultades que nos otorga el decreto de la Presidencia, para que nos haga saber qué es lo que ha pasado no con el aspecto sociosanitario sino concretamente con las políticas de persecución.
Con respecto al tema de los proyectos elevados, la ley de ministerios fija que el control de legalidad está a cargo de la Jefatura de Gabinete. Es decir que esos proyectos están elevados, y hacer el control de legalidad es un resorte exclusivo de la Jefatura de Gabinete, de acuerdo con la ley. Nuestro trabajo consistió en la elevación de esos proyectos. Ahora la tarea es de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Es decir, nosotros ya cumplimos esa labor vinculada con los anteproyectos, y la damos por terminada respecto del tema de los lineamientos.
SR. PIEMONTE Nosotros no los tenemos.
SRA. CUÑARRO Esto no obsta que usted, como diputado, pueda presentar su propio proyecto, porque de hecho la ley exhorta a modificar las leyes de internaciones. La mayoría de las provincias -no la de Río Negro- tiene que adecuar sus normas procesales al tema de la internación. No se trata de la internación total; la Corte ya dijo que no a eso. De esta manera se evitaría que organizaciones civiles y de derechos humanos interpongan medidas cautelares o que la propia Nación lo haga respecto de las provincias, que es algo que ha ocurrido mucho.
Cuando brindé la primera conferencia con la doctora Kelmelmajer de Carlucci en Santa Fe, ella llevaba un registro de cuántos amparos y referidos a qué temas tenían el Estado nacional o los estados provinciales. En primer término estaban los temas de vivienda y carcelario. Recién aparecía en tercer lugar el de la salud. Y dentro de él, en primer término, estaba el del PAMI y el de la tercera edad, y luego venían otro tipo de temas.
El año pasado, con el mismo relevamiento respecto de las medidas cautelares, el tema de la vivienda pasó a ocupar el tercer lugar. Y en materia de medidas cautelares, en cada provincia están primeros los temas de la salud y carcelarios, es decir, los referidos a las condiciones de hacinamiento en que están los presos, reñidas con principios de derechos humanos a los que todos debemos adscribir.
Cuando brindé la primera conferencia con la doctora Kelmelmajer de Carlucci en Santa Fe, ella llevaba un registro de cuántos amparos y referidos a qué temas tenían el Estado nacional o los estados provinciales. En primer término estaban los temas de vivienda y carcelario. Recién aparecía en tercer lugar el de la salud. Y dentro de él, en primer término, estaba el del PAMI y el de la tercera edad, y luego venían otro tipo de temas.
El año pasado, con el mismo relevamiento respecto de las medidas cautelares, el tema de la vivienda pasó a ocupar el tercer lugar. Y en materia de medidas cautelares, en cada provincia están primeros los temas de la salud y carcelarios, es decir, los referidos a las condiciones de hacinamiento en que están los presos, reñidas con principios de derechos humanos a los que todos debemos adscribir.
SR. PIEMONTE Entiendo que el procedimiento de ustedes, en el sentido de elevar a la Jefatura de Gabinete de Ministros los proyectos que han elaborado, es correcto. Obviamente, como usted ha dicho, cualquier diputado puede presentar iniciativas de carácter alternativo. Lo que me parece es que si hay un trabajo como el que han hecho ustedes, tan ceñido y con tanto bagaje científico previo, sería interesante disponer de una copia de los proyectos elevados a la Jefatura de Gabinete de Ministros, porque en caso de que ella no los someta a tratamiento dentro de un plazo razonable las comisiones podrían acordar su consideración. De esa forma no habría necesidad de que la Jefatura de Gabinete de Ministros los envíe al Parlamento. Sugiero esto simplemente como un procedimiento alternativo.
SRA. CUÑARRO Correcto. En los cronogramas y en las carpetas que vamos a dejar en la comisión está identificado, en la parte de los objetivos, lo que usted ha dicho, es decir, qué cosas se cumplieron y qué cosas faltan. Al final de las últimas columnas puede apreciarse, a través del número correspondiente, cada expediente que está tramitando en el Ministerio de Justicia. De esta forma cada diputado está en condiciones de elevar un pedido de informes, incluso a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Nuestra función es entregarlo a esa área, ya que es resorte de ella.
Creo que lo que ha quedado en claro es lo que he señalado: en el ámbito de la Justicia no hemos tenido la misma respuesta que hemos recibido por parte de todas las demás carteras.
Me gustaría que los doctores Lerner y Ruíz hagan uso de la palabra para que expliquen cómo, a partir de los cambios de los fallos de la Corte, esto dejó de ser un tema tabú, aclarando previamente que el área internacional era una zona en la que nosotros veíamos muchísima debilidad. Allí la respuesta fue muy rápida porque con la Cancillería mantuvimos varias reuniones que tenían que ver, fundamentalmente, con más de 30 convenios bilaterales firmados entre la Argentina y otros países entre 2001 y 2003. Digamos que en ese período se firmaron cosas en un momento en que el país no podía pensar demasiado en esto y que no tuvieron ningún tipo de aplicabilidad.
Esos convenios, además de ser totalmente desconocidos por los magistrados y de ser de mucha utilidad para un fiscal, nos permitieron hacer un trabajo que elevamos y que culminó con toda una reforma dentro de la Dirección de Drogas. El nuevo director acaba de asumir hace pocos días y ya hemos tenido dos reuniones, porque también hay que fijar una política internacional, ya que el problema que tiene la Argentina no es el mismo que tiene Europa. En otras palabras, la Argentina forma parte de la cadena de producción de precursores pero no es un país productor de cocaína. Entonces, nuestros intereses internacionales que tienen distinto grado de vinculación a nivel regional. ¿Pero cómo antes alguien iba a hacer algo si todo estaba depositado en perseguir al consumidor que estaba en la vía pública y que en realidad no lo había? Ahora es una obligación porque así lo determinó la Corte.
Creo que lo que ha quedado en claro es lo que he señalado: en el ámbito de la Justicia no hemos tenido la misma respuesta que hemos recibido por parte de todas las demás carteras.
Me gustaría que los doctores Lerner y Ruíz hagan uso de la palabra para que expliquen cómo, a partir de los cambios de los fallos de la Corte, esto dejó de ser un tema tabú, aclarando previamente que el área internacional era una zona en la que nosotros veíamos muchísima debilidad. Allí la respuesta fue muy rápida porque con la Cancillería mantuvimos varias reuniones que tenían que ver, fundamentalmente, con más de 30 convenios bilaterales firmados entre la Argentina y otros países entre 2001 y 2003. Digamos que en ese período se firmaron cosas en un momento en que el país no podía pensar demasiado en esto y que no tuvieron ningún tipo de aplicabilidad.
Esos convenios, además de ser totalmente desconocidos por los magistrados y de ser de mucha utilidad para un fiscal, nos permitieron hacer un trabajo que elevamos y que culminó con toda una reforma dentro de la Dirección de Drogas. El nuevo director acaba de asumir hace pocos días y ya hemos tenido dos reuniones, porque también hay que fijar una política internacional, ya que el problema que tiene la Argentina no es el mismo que tiene Europa. En otras palabras, la Argentina forma parte de la cadena de producción de precursores pero no es un país productor de cocaína. Entonces, nuestros intereses internacionales que tienen distinto grado de vinculación a nivel regional. ¿Pero cómo antes alguien iba a hacer algo si todo estaba depositado en perseguir al consumidor que estaba en la vía pública y que en realidad no lo había? Ahora es una obligación porque así lo determinó la Corte.
SR. PRESIDENTE PERALTA Tiene la palabra el doctor Lerner.
SR. LERNER Mi nombre es Gabriel Lerner y soy subsecretario de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que funciona en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Voy a referirme a las preguntas del diputado Piemonte sobre el tema del impacto concreto. A nosotros nos parece que es muy importante, a fin de poder adoptar criterios de éxito más o menos compartidos, entender que no estamos planteando que en la Argentina debe empezar a haber una política de drogas: lo que estamos planteando es una reconversión de la política de drogas en el marco de un nuevo paradigma. De lo contrario, uno partiría de la base de que el Estado nacional y los Estados provinciales no están invirtiendo en la materia, y lo cierto es que en algunos casos sí lo están haciendo. Lo que ocurre es que, en el marco del nuevo paradigma, resulta imperativo redireccionar esas inversiones.
Concretamente, como decía recién la doctora Cuñarro, partimos de un modelo particular de asistencia terapéutica donde hay una activa intervención del Poder Judicial, principalmente del sector más duro del Poder Judicial que es el penalista. Y se trata de una oferta terapéutica que en un 99 por ciento es privada y está escasamente controlada y regulada. En este contexto, encontramos una debilidad en la actuación estatal a niveles nacionales y provinciales. Me refiero a que hay una escasa regulación de los prestadores pero también a que existe una oferta terapéutica de una modalidad diferente: la residencial. Esta modalidad es diferente a la de las comunidades terapéuticas porque está desjerarquizada en relación con la internación, con el reclamo de plazas, etcétera. Entonces, de lo que se trata es de mirar el problema en su conjunto y de ver en qué medida vamos reconvirtiendo esas políticas, acordes al paradigma de los derechos humanos. El problema de la inversión debe analizarse en esos términos.
Yo no quiero poner el ejemplo de las provincias. El Ministerio trabaja mucho con todas las provincias del país y la Secretaría lo hace, en particular, en el Consejo Federal de Niñez. Pero hay provincias, que podrían considerarse las más pobres, que gastan o invierten mucho en becas para sus adolescentes en comunidades terapéuticas que están a mil kilómetros de distancia del lugar donde viven los chicos. Además de pagar la beca a esa comunidad terapéutica, lógicamente les pagan los gastos a las familias para que se trasladen a mil kilómetros una vez por mes para ver a los chicos. En el marco del nuevo paradigma, pensando en una oferta terapéutica amable para los adolescentes, cercana a su domicilio y a su comunidad, probablemente no haya un problema de mayor inversión sino de una inversión de otra calidad y con otra orientación.
Todo esto que digo suena muy genérico, pero el problema es que si el criterio de éxito va a ser que gastemos más y no cómo gastamos, probablemente no podamos ponernos de acuerdo en ver si estamos yendo bien o mal. No estoy hablando al divino botón. Antes de que nosotros, en virtud de la ley 26.061, transfiriéramos los servicios de atención directa de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección Nacional que en ese entonces estaba a mi cargo dependían doce comunidades terapéuticas. Nosotros administrábamos más camas desde la Secretaría Nacional de Niñez -por entonces Consejo Nacional de Niñez- que las que tenía la Ciudad de Buenos Aires. De modo que estamos hablando con conocimiento de causa. Y el 90 por ciento de la inversión estaba destinada a pagar becas contra oficio judicial. Esta era la política de drogas que por entonces teníamos. Por eso estamos planteando repensar el conjunto.
En nuestro ministerio está claro que la prioridad está puesta en la prevención y en la articulación con las áreas de Salud. El objetivo es lograr que cuando hay situaciones que ameritan una intervención sanitaria rápida, eficaz y urgente, podamos tener los recursos de Salud a nuestra disposición. Tarea no sencilla, porque como se dijo recién, las competencias en la materia a nivel de cada provincia no están establecidas con criterios similares. Sigue habiendo provincias que tienen las famosas secretarías o direcciones especiales, a la manera de lo que fue el Sedronar hasta hace unos años. Hay áreas con mayor desarrollo en los ministerios de Salud y hay áreas donde cuesta encontrar ministerios de Salud con mayor desarrollo. En nuestros pares provinciales -los ministerios de Desarrollo Social- encontramos algunos casos de mucho desarrollo e involucramiento con estas cuestiones, así como hay otros casos en donde esto no ocurre.
Una de las primeras tareas que estamos llevando adelante conjuntamente con todas las áreas de Infancia y con todos los ministerios de Desarrollo del país, es la articulación interárea e interministerial con el enfoque de derechos. Es decir que estamos trabajando todos juntos en la reconversión de las políticas, asumiendo compromisos, firmando convenios. Nuestra Dirección ha asumido un compromiso en el Consejo Federal de Niñez -creado por la ley 26.061 que fue sancionada por ustedes el año pasado-, que está orientado en ese sentido.
Por otra parte, desde el Ministerio de Desarrollo hubo algunas acciones directas en todo el territorio nacional. En los centros integradores comunitarios se está instalando el tema de talleres en torno al problema de drogas, en materia de prevención, de educación.
En el programa Argentina Trabaja, en algunos lugares está incluido en las capacitaciones el tema de la prevención en adicciones. Hay una orientación de la ministra de privilegiar el fortalecimiento de los trabajos de participación y de inclusión de jóvenes y adolescentes; creemos que ese es un aporte importante en materia preventiva.
Acabamos de culminar con la primera etapa de un proyecto que se llama Nuestro Lugar. Premiamos en todo el país 340 proyectos presentados por adolescentes de 14 a 18 años que tienen que ver con organizarse, participar de la vida comunitaria, y ahora hemos hecho la segunda convocatoria para premiar otros 600 proyectos más.
Hay un trabajo intenso con las Madres del Paco. No quiero extenderme mucho en esto pero nosotros tenemos dependiendo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia un establecimiento, una comunidad terapéutica que en realidad ya ha abandonado algunas de las viejas características de las comunidades terapéuticas y se ha ido aggiornando. Trabaja sólo con adolescentes, y hoy la inclusión de chicos en esa comunidad terapéutica ya no es contra oficio judicial. En un 80 por ciento es inclusión voluntaria de los chicos con acompañamiento de su familia, con dictámenes de los profesionales que sugieren su inclusión y con la voluntad del chico trabajada previamente.
Los éxitos en el tratamiento -no hablamos de cura sino de fortalecimiento en el recorrido de ese joven- son de mayor calidad que cuando el chico venía compelido por el oficio judicial de un juez penal, tratando de eludir que por no cumplir con el tratamiento pudiera sobrevenir una pena.
Es decir allí hay un trabajo en esa dirección. Y buena parte de la demanda que recibimos viene de las Madres del Paco, ya no de los jueces sino trabajando con las redes sociales y detectando situaciones de chicos en situación de vulnerabilidad, con problemas graves con los consumos y con las drogas e incluyéndose en la comunidad terapéutica.
Para dar una idea de cuál es el modelo de intervención que estamos trabajando, ustedes habrán escuchado hablar de los doce curas que trabajan en las villas más humildes de la capital. Pues bien, uno de los temas que nos vienen planteando como prioridad es el trabajo con adolescentes y con jóvenes en tareas deportivas, recreativas, educativas, como la mejor manera de prevenir los consumos nocivos y eventualmente las adicciones. Así el ministerio participa fortaleciendo el trabajo de esos curas.
Para finalizar, me parece que en la tarea de monitoreo de las políticas que tiene el Congreso, es importante tomar en cuenta esto que estamos sugiriendo, que es observar no solamente si hay inversión -que obviamente debe haberla- sino si estamos avanzando en lograr el cambio de paradigma, si en los gobiernos tenemos áreas especializadas, si hay dispositivos amables y convocantes para los jóvenes, si vamos logrando -como decía Calabrese- que se mejore y fortalezca la oferta ambulatoria por encima de la modalidad de internación.
Voy a referirme a las preguntas del diputado Piemonte sobre el tema del impacto concreto. A nosotros nos parece que es muy importante, a fin de poder adoptar criterios de éxito más o menos compartidos, entender que no estamos planteando que en la Argentina debe empezar a haber una política de drogas: lo que estamos planteando es una reconversión de la política de drogas en el marco de un nuevo paradigma. De lo contrario, uno partiría de la base de que el Estado nacional y los Estados provinciales no están invirtiendo en la materia, y lo cierto es que en algunos casos sí lo están haciendo. Lo que ocurre es que, en el marco del nuevo paradigma, resulta imperativo redireccionar esas inversiones.
Concretamente, como decía recién la doctora Cuñarro, partimos de un modelo particular de asistencia terapéutica donde hay una activa intervención del Poder Judicial, principalmente del sector más duro del Poder Judicial que es el penalista. Y se trata de una oferta terapéutica que en un 99 por ciento es privada y está escasamente controlada y regulada. En este contexto, encontramos una debilidad en la actuación estatal a niveles nacionales y provinciales. Me refiero a que hay una escasa regulación de los prestadores pero también a que existe una oferta terapéutica de una modalidad diferente: la residencial. Esta modalidad es diferente a la de las comunidades terapéuticas porque está desjerarquizada en relación con la internación, con el reclamo de plazas, etcétera. Entonces, de lo que se trata es de mirar el problema en su conjunto y de ver en qué medida vamos reconvirtiendo esas políticas, acordes al paradigma de los derechos humanos. El problema de la inversión debe analizarse en esos términos.
Yo no quiero poner el ejemplo de las provincias. El Ministerio trabaja mucho con todas las provincias del país y la Secretaría lo hace, en particular, en el Consejo Federal de Niñez. Pero hay provincias, que podrían considerarse las más pobres, que gastan o invierten mucho en becas para sus adolescentes en comunidades terapéuticas que están a mil kilómetros de distancia del lugar donde viven los chicos. Además de pagar la beca a esa comunidad terapéutica, lógicamente les pagan los gastos a las familias para que se trasladen a mil kilómetros una vez por mes para ver a los chicos. En el marco del nuevo paradigma, pensando en una oferta terapéutica amable para los adolescentes, cercana a su domicilio y a su comunidad, probablemente no haya un problema de mayor inversión sino de una inversión de otra calidad y con otra orientación.
Todo esto que digo suena muy genérico, pero el problema es que si el criterio de éxito va a ser que gastemos más y no cómo gastamos, probablemente no podamos ponernos de acuerdo en ver si estamos yendo bien o mal. No estoy hablando al divino botón. Antes de que nosotros, en virtud de la ley 26.061, transfiriéramos los servicios de atención directa de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección Nacional que en ese entonces estaba a mi cargo dependían doce comunidades terapéuticas. Nosotros administrábamos más camas desde la Secretaría Nacional de Niñez -por entonces Consejo Nacional de Niñez- que las que tenía la Ciudad de Buenos Aires. De modo que estamos hablando con conocimiento de causa. Y el 90 por ciento de la inversión estaba destinada a pagar becas contra oficio judicial. Esta era la política de drogas que por entonces teníamos. Por eso estamos planteando repensar el conjunto.
En nuestro ministerio está claro que la prioridad está puesta en la prevención y en la articulación con las áreas de Salud. El objetivo es lograr que cuando hay situaciones que ameritan una intervención sanitaria rápida, eficaz y urgente, podamos tener los recursos de Salud a nuestra disposición. Tarea no sencilla, porque como se dijo recién, las competencias en la materia a nivel de cada provincia no están establecidas con criterios similares. Sigue habiendo provincias que tienen las famosas secretarías o direcciones especiales, a la manera de lo que fue el Sedronar hasta hace unos años. Hay áreas con mayor desarrollo en los ministerios de Salud y hay áreas donde cuesta encontrar ministerios de Salud con mayor desarrollo. En nuestros pares provinciales -los ministerios de Desarrollo Social- encontramos algunos casos de mucho desarrollo e involucramiento con estas cuestiones, así como hay otros casos en donde esto no ocurre.
Una de las primeras tareas que estamos llevando adelante conjuntamente con todas las áreas de Infancia y con todos los ministerios de Desarrollo del país, es la articulación interárea e interministerial con el enfoque de derechos. Es decir que estamos trabajando todos juntos en la reconversión de las políticas, asumiendo compromisos, firmando convenios. Nuestra Dirección ha asumido un compromiso en el Consejo Federal de Niñez -creado por la ley 26.061 que fue sancionada por ustedes el año pasado-, que está orientado en ese sentido.
Por otra parte, desde el Ministerio de Desarrollo hubo algunas acciones directas en todo el territorio nacional. En los centros integradores comunitarios se está instalando el tema de talleres en torno al problema de drogas, en materia de prevención, de educación.
En el programa Argentina Trabaja, en algunos lugares está incluido en las capacitaciones el tema de la prevención en adicciones. Hay una orientación de la ministra de privilegiar el fortalecimiento de los trabajos de participación y de inclusión de jóvenes y adolescentes; creemos que ese es un aporte importante en materia preventiva.
Acabamos de culminar con la primera etapa de un proyecto que se llama Nuestro Lugar. Premiamos en todo el país 340 proyectos presentados por adolescentes de 14 a 18 años que tienen que ver con organizarse, participar de la vida comunitaria, y ahora hemos hecho la segunda convocatoria para premiar otros 600 proyectos más.
Hay un trabajo intenso con las Madres del Paco. No quiero extenderme mucho en esto pero nosotros tenemos dependiendo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia un establecimiento, una comunidad terapéutica que en realidad ya ha abandonado algunas de las viejas características de las comunidades terapéuticas y se ha ido aggiornando. Trabaja sólo con adolescentes, y hoy la inclusión de chicos en esa comunidad terapéutica ya no es contra oficio judicial. En un 80 por ciento es inclusión voluntaria de los chicos con acompañamiento de su familia, con dictámenes de los profesionales que sugieren su inclusión y con la voluntad del chico trabajada previamente.
Los éxitos en el tratamiento -no hablamos de cura sino de fortalecimiento en el recorrido de ese joven- son de mayor calidad que cuando el chico venía compelido por el oficio judicial de un juez penal, tratando de eludir que por no cumplir con el tratamiento pudiera sobrevenir una pena.
Es decir allí hay un trabajo en esa dirección. Y buena parte de la demanda que recibimos viene de las Madres del Paco, ya no de los jueces sino trabajando con las redes sociales y detectando situaciones de chicos en situación de vulnerabilidad, con problemas graves con los consumos y con las drogas e incluyéndose en la comunidad terapéutica.
Para dar una idea de cuál es el modelo de intervención que estamos trabajando, ustedes habrán escuchado hablar de los doce curas que trabajan en las villas más humildes de la capital. Pues bien, uno de los temas que nos vienen planteando como prioridad es el trabajo con adolescentes y con jóvenes en tareas deportivas, recreativas, educativas, como la mejor manera de prevenir los consumos nocivos y eventualmente las adicciones. Así el ministerio participa fortaleciendo el trabajo de esos curas.
Para finalizar, me parece que en la tarea de monitoreo de las políticas que tiene el Congreso, es importante tomar en cuenta esto que estamos sugiriendo, que es observar no solamente si hay inversión -que obviamente debe haberla- sino si estamos avanzando en lograr el cambio de paradigma, si en los gobiernos tenemos áreas especializadas, si hay dispositivos amables y convocantes para los jóvenes, si vamos logrando -como decía Calabrese- que se mejore y fortalezca la oferta ambulatoria por encima de la modalidad de internación.
SR. PRESIDENTE PERALTA Tiene la palabra el señor Álvaro Ruiz, subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
SR. RUIZ La función que nosotros entendimos que debíamos cumplir dentro de una política transversal del gobierno nacional en relación con la prevención y el combate en materia de adicciones y consumo de drogas tiene que ver fundamentalmente con lo que es propio de nuestra competencia, es decir, el área del trabajo y cómo impactaban los problemas del consumo, del abuso o de la adicción en ese espacio determinado al cual pertenece, por definición, la población que por su franja etaria y por el relevamiento que se hizo en la encuesta del año 2008, coincide con la prevalencia del consumo, justamente entre los 16 y 65 años, y dentro de ésta, entre 16 y los 50 años se encuentra la mayor parte de los problemas de consumo.
En este sentido la idea inicial fue la de conectarnos con cada uno de los espacios de gobierno pero particularmente con el Comité Científico Asesor que en ese momento funcionaba en el área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, a través de una serie de acciones coordinadas, empezar a esbozar algunos programas concretos de prevención.
Lo fundamental -y esto quizás sea lo singular de la política que se implementó desde el Ministerio de Trabajo- fue encararlo con los actores sociales como corresponsables de estas acciones.
En Latinoamérica sobre todo, pero también en países de Europa, la experiencia respecto de la incorporación o el involucramiento sindical en el problema del combate y prevención de adicciones en general se vincula más con una calidad de observador o controlador de algunos de los procedimientos -como, por ejemplo, los testeos-, que pueden estar ligados a políticas de empresas, que en algún punto puedan estigmatizar a los consumidores o terminar en políticas de discriminación.
La diferencia que hemos marcado respecto de esta participación es que hemos querido que se interesaran en un problema común a todos ligado al área social, que excede el campo del trabajo pero que impacta en el mismo.
En octubre del año 2008 se suscribió un acta de compromiso entre la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo, a través de muchas acciones, de talleres de formación de dirigentes y sobre todo del área en la que yo tengo responsabilidad, que es la ligada al conflicto y a la negociación colectiva.
Esto también tenía su razón, porque justamente a través del diálogo social y de la negociación colectiva se puede ir implementando este tipo de políticas, de programas y maneras de actuar e intervenir en esta problemática, porque hay otro aspecto que está directamente ligado, que es el de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Es muy difícil pensar en cualquier campaña de prevención o política en este campo que no analice estos dos puntos fundamentales, que conforman uno de los temas propios de la negociación colectiva.
Además, este es uno de los temas que está atrasado en cuanto a su renovación en nuestro país. Es decir, tenemos convenios de diez, veinte o treinta años de antigüedad que no responden a nuevas incorporaciones de tecnología, formas u organización del trabajo, y distribución de los tiempos de la labor para cierto tipo de actividades e industrias. Asimismo, lo atinente a las exigencias de los trabajos en relación con la atención, al condicionamiento para el rendimiento laboral, al aislamiento en el cual pueden desarrollarse determinadas tareas, etcétera.
Quiero mencionar, por ejemplo, el caso del trabajo en los campos petroleros, la pesca de altura, las zafras o la industria vitivinícola, donde el problema del alcoholismo preocupa fundamentalmente a los sindicatos y federaciones que representan a estos trabajadores.
El Ministerio de Trabajo ha venido encarando esta cuestión, por un lado, con una idea que está en línea con los otros ministerios, en el sentido de buscar todas las acciones de difusión y prevención, porque entendemos que lo nuestro fundamentalmente se vincula con la prevención.
Por otro lado, trabaja induciendo conductas y evitando imponer contenidos a la negociación colectiva. Por el contrario, fomenta y promueve determinadas áreas de las condiciones de trabajo que pueden estar ligadas a los problemas de consumo y del abuso. En este sentido también hemos logrado que se suscribieran una serie de convenios y que se incorporaran determinadas cláusulas en los mismos. Esto sucedió en el año 2009 con cuatro automotrices -Fiat, Renault, Volkswagen e Iveco- y con SMATA -sindicato que representa a los trabajadores de esas industrias-, en la provincia de Córdoba.
Asimismo, en el orden nacional, desde el mes de febrero, se suscribió un convenio de la Asociación Obrera Textil y FITA, que es la federación que nuclea a los industriales textiles. A partir de la firma de este programa, ya se están desarrollando en distintas fábricas tareas respecto de algunas cuestiones de consumo, como el tabaco o el alcohol.
La primera cuestión que nos habíamos planteado fue poner a la luz un problema que estaba oculto -por lo menos no visualizado- que aparecía simplemente como un emergente que no tenía más que una relación circunstancial con el trabajo, cuando encontramos allí que hay problemas que debemos atender. Esta opinión no es sólo nuestra sino que es la que vamos recogiendo, por el interés que despierta en empresarios y en dirigentes sindicales.
Tenemos muy próximo a desarrollar una tarea en puerto, con la idea de hacerlo con los puertos de Buenos Aires, de Rosario y de la provincia de Buenos Aires. Allí hay algunos problemas vinculados con algunos consumos y sobre todo con el manejo de maquinaria compleja que, además, genera riesgos importantes para quienes circundan los espacios de trabajo.
En ese sentido también se ha avanzado para tratar de dotar al Ministerio de Trabajo de un área específica que pueda desarrollarlo, porque en realidad la misión encomendada a la Subsecretaría tiene que ver ya a esta altura -en su momento, en 2008, fue de promoción- más con una relación institucional con otros espacios de gobierno.
Ahora se ha creado una coordinación en el área de la Unidad Ministro que justamente tiene por fin la organización de todo lo que atañe a las políticas de prevención en materia de adicciones, sustancias psicotrópicas y drogas, para desarrollarlas desde allí con otras áreas específicas como la de formación sindical, donde nosotros hace tiempo subvencionamos a través de docentes y programas de diverso tipo que presentan los sindicatos para la formación de sus cuadros.
En este momento estamos implementando nuevos módulos para esos cursos de formación sindical, que tienen que ver con dos aspectos fundamentales. El primero es el de las condiciones de trabajo y del medio ambiente en general, sobre el que estamos trabajando con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El segundo tiene que ver con las adicciones en particular, es decir, con módulos específicos, porque la idea es también fomentar y desarrollar los denominados delegados de prevención, que no son sólo aquellos que van a estar ligados específicamente a la materia de riesgos del trabajo -lo que además tiene un tratamiento específico en un proyecto de reforma- sino también lo relacionado con higiene y seguridad -que no debe confundirse con el tema de riesgos del trabajo- y con adicciones, que también es un campo que tiene conectividad pero no identidad con estas otras dos áreas.
Entonces, la idea es que los cursos de formación sindical y la posibilidad de dotar de mayores recursos, logística, preparación y capacitación a los representantes gremiales permitan acudir en auxilio de una serie de situaciones vinculadas con problemas adictivos o de consumo y que puedan tener un impacto sobre el trabajo.
Entendemos que el avance logrado en estos casi dos años ha sido sustancial. Empezamos a desarrollar algunas políticas en este sentido. Tenemos una larga lista de gremios y sectores empresarios, entre los que podemos nombrar el vitivinícola, la Unión Obrera de la Construcción y varios sindicatos portuarios.
También existe un programa de trabajo para llevar ya no solamente como un acta de compromiso, sino como capítulos enteros para que se incorporen a las negociaciones y convenios colectivos específicos a fin de tratar esta temática en particular y también las responsabilidades que puedan caber a la empresa y a los sindicatos en términos de los controles de ingreso, de consumo interno e incluso de las conductas a seguir a partir del relevamiento y la detección de algún consumo problemático en el área laboral.
En este sentido la idea inicial fue la de conectarnos con cada uno de los espacios de gobierno pero particularmente con el Comité Científico Asesor que en ese momento funcionaba en el área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, a través de una serie de acciones coordinadas, empezar a esbozar algunos programas concretos de prevención.
Lo fundamental -y esto quizás sea lo singular de la política que se implementó desde el Ministerio de Trabajo- fue encararlo con los actores sociales como corresponsables de estas acciones.
En Latinoamérica sobre todo, pero también en países de Europa, la experiencia respecto de la incorporación o el involucramiento sindical en el problema del combate y prevención de adicciones en general se vincula más con una calidad de observador o controlador de algunos de los procedimientos -como, por ejemplo, los testeos-, que pueden estar ligados a políticas de empresas, que en algún punto puedan estigmatizar a los consumidores o terminar en políticas de discriminación.
La diferencia que hemos marcado respecto de esta participación es que hemos querido que se interesaran en un problema común a todos ligado al área social, que excede el campo del trabajo pero que impacta en el mismo.
En octubre del año 2008 se suscribió un acta de compromiso entre la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo, a través de muchas acciones, de talleres de formación de dirigentes y sobre todo del área en la que yo tengo responsabilidad, que es la ligada al conflicto y a la negociación colectiva.
Esto también tenía su razón, porque justamente a través del diálogo social y de la negociación colectiva se puede ir implementando este tipo de políticas, de programas y maneras de actuar e intervenir en esta problemática, porque hay otro aspecto que está directamente ligado, que es el de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Es muy difícil pensar en cualquier campaña de prevención o política en este campo que no analice estos dos puntos fundamentales, que conforman uno de los temas propios de la negociación colectiva.
Además, este es uno de los temas que está atrasado en cuanto a su renovación en nuestro país. Es decir, tenemos convenios de diez, veinte o treinta años de antigüedad que no responden a nuevas incorporaciones de tecnología, formas u organización del trabajo, y distribución de los tiempos de la labor para cierto tipo de actividades e industrias. Asimismo, lo atinente a las exigencias de los trabajos en relación con la atención, al condicionamiento para el rendimiento laboral, al aislamiento en el cual pueden desarrollarse determinadas tareas, etcétera.
Quiero mencionar, por ejemplo, el caso del trabajo en los campos petroleros, la pesca de altura, las zafras o la industria vitivinícola, donde el problema del alcoholismo preocupa fundamentalmente a los sindicatos y federaciones que representan a estos trabajadores.
El Ministerio de Trabajo ha venido encarando esta cuestión, por un lado, con una idea que está en línea con los otros ministerios, en el sentido de buscar todas las acciones de difusión y prevención, porque entendemos que lo nuestro fundamentalmente se vincula con la prevención.
Por otro lado, trabaja induciendo conductas y evitando imponer contenidos a la negociación colectiva. Por el contrario, fomenta y promueve determinadas áreas de las condiciones de trabajo que pueden estar ligadas a los problemas de consumo y del abuso. En este sentido también hemos logrado que se suscribieran una serie de convenios y que se incorporaran determinadas cláusulas en los mismos. Esto sucedió en el año 2009 con cuatro automotrices -Fiat, Renault, Volkswagen e Iveco- y con SMATA -sindicato que representa a los trabajadores de esas industrias-, en la provincia de Córdoba.
Asimismo, en el orden nacional, desde el mes de febrero, se suscribió un convenio de la Asociación Obrera Textil y FITA, que es la federación que nuclea a los industriales textiles. A partir de la firma de este programa, ya se están desarrollando en distintas fábricas tareas respecto de algunas cuestiones de consumo, como el tabaco o el alcohol.
La primera cuestión que nos habíamos planteado fue poner a la luz un problema que estaba oculto -por lo menos no visualizado- que aparecía simplemente como un emergente que no tenía más que una relación circunstancial con el trabajo, cuando encontramos allí que hay problemas que debemos atender. Esta opinión no es sólo nuestra sino que es la que vamos recogiendo, por el interés que despierta en empresarios y en dirigentes sindicales.
Tenemos muy próximo a desarrollar una tarea en puerto, con la idea de hacerlo con los puertos de Buenos Aires, de Rosario y de la provincia de Buenos Aires. Allí hay algunos problemas vinculados con algunos consumos y sobre todo con el manejo de maquinaria compleja que, además, genera riesgos importantes para quienes circundan los espacios de trabajo.
En ese sentido también se ha avanzado para tratar de dotar al Ministerio de Trabajo de un área específica que pueda desarrollarlo, porque en realidad la misión encomendada a la Subsecretaría tiene que ver ya a esta altura -en su momento, en 2008, fue de promoción- más con una relación institucional con otros espacios de gobierno.
Ahora se ha creado una coordinación en el área de la Unidad Ministro que justamente tiene por fin la organización de todo lo que atañe a las políticas de prevención en materia de adicciones, sustancias psicotrópicas y drogas, para desarrollarlas desde allí con otras áreas específicas como la de formación sindical, donde nosotros hace tiempo subvencionamos a través de docentes y programas de diverso tipo que presentan los sindicatos para la formación de sus cuadros.
En este momento estamos implementando nuevos módulos para esos cursos de formación sindical, que tienen que ver con dos aspectos fundamentales. El primero es el de las condiciones de trabajo y del medio ambiente en general, sobre el que estamos trabajando con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El segundo tiene que ver con las adicciones en particular, es decir, con módulos específicos, porque la idea es también fomentar y desarrollar los denominados delegados de prevención, que no son sólo aquellos que van a estar ligados específicamente a la materia de riesgos del trabajo -lo que además tiene un tratamiento específico en un proyecto de reforma- sino también lo relacionado con higiene y seguridad -que no debe confundirse con el tema de riesgos del trabajo- y con adicciones, que también es un campo que tiene conectividad pero no identidad con estas otras dos áreas.
Entonces, la idea es que los cursos de formación sindical y la posibilidad de dotar de mayores recursos, logística, preparación y capacitación a los representantes gremiales permitan acudir en auxilio de una serie de situaciones vinculadas con problemas adictivos o de consumo y que puedan tener un impacto sobre el trabajo.
Entendemos que el avance logrado en estos casi dos años ha sido sustancial. Empezamos a desarrollar algunas políticas en este sentido. Tenemos una larga lista de gremios y sectores empresarios, entre los que podemos nombrar el vitivinícola, la Unión Obrera de la Construcción y varios sindicatos portuarios.
También existe un programa de trabajo para llevar ya no solamente como un acta de compromiso, sino como capítulos enteros para que se incorporen a las negociaciones y convenios colectivos específicos a fin de tratar esta temática en particular y también las responsabilidades que puedan caber a la empresa y a los sindicatos en términos de los controles de ingreso, de consumo interno e incluso de las conductas a seguir a partir del relevamiento y la detección de algún consumo problemático en el área laboral.
SR. PRESIDENTE PERALTA Quiero pedirles un poco de paciencia, porque se está cumpliendo el plazo de dos horas establecido para esta reunión. Hay tres diputados -entre ellos quien habla- que todavía deben hacer uso de la palabra. Consecuentemente, en la medida de lo posible me gustaría que todos se quedaran para escuchar las exposiciones. Por ejemplo, no me parece correcto que se haya retirado el representante del Ministerio de Desarrollo Social, ya que cuando él habló yo lo escuché atentamente. Me estoy refiriendo sobre todo a los funcionarios. Entiendo perfectamente la situación de los miembros del Consejo, que trabajan ad honorem y con los que muchas veces hemos compartido jornadas. Siento un profundo respeto hacia ellos en todo sentido y a partir de todo lo que conozco, incluso desde antes de que conformaran el comité.
Yendo al tema que nos ocupa, deseo formular algunas preguntas. Entiendo que a lo mejor no son de competencia exacta del Consejo, no obstante lo cual seguramente dicho organismo dispone de mejor información que nosotros.
En primer término, entiendo que el tema de la fiscalización de los precursores químicos es central en el combate del narcotráfico. Nosotros compartimos la visión que tienen nuestros invitados de considerar al adicto como un enfermo y de enmarcarlo desde el Estado en el Ministerio de Salud Pública.
También nos interesa mucho lo que se pueda hacer con el narcotráfico en gran escala y con algunas personas a las que incluso los medios presentan como empresarios, y que cuando terminan presos son empresarios farmacéuticos, mientras que cuando se trata de un chico que está en la calle es un criminal. El tema de los precursores nos ha dejado una enseñanza. Me refiero puntualmente al tema de la efedrina: todos sabemos lo que pasó y cómo se multiplicó varias veces el manejo de este precursor. Como consecuencia de la situación del crimen, y a través de un decreto y de la participación de la ANMAT, entiendo que se llegó a mejorar la fiscalización de ese precursor.
La pregunta sería, entonces, si ustedes están evaluando alguna situación especial respecto de los precursores, teniendo en cuenta también que la propia ley que lo crea no fue reglamentada y ya debe estar por cumplir los cinco años.
El otro tema que nos preocupa tiene que ver con lo que la doctora Cuñarro mencionó en relación a que se llevaron algunas líneas de acción al Ministerio de Justicia, respecto de la coordinación de las fuerzas. Nosotros tuvimos reuniones con fuerzas de varias jurisdicciones y vimos que el nivel de celo profesional -en el mejor de los casos- y desconfianza -en el peor de los casos- es enorme. Por lo cual, cualquier operativo en conjunto hoy es una ilusión. Incluso hemos detectado niveles de desconfianza muy profundos entre los propios jueces respecto de las fuerzas que tienen que llevar adelante los operativos. Me gustaría saber cuáles son las sugerencias que ustedes han hecho en ese sentido.
El tercer punto que me preocupa es la proliferación que hemos tenido en nuestro país de salas de juego de distintas dimensiones. También entiendo que la vinculación de salas de juego con lavado de dinero en algunos casos puede ser importante. Quisiera saber si ustedes han evaluado este tema en particular.
Respecto al cuarto tema estoy seguro de que no es de su competencia, pero tal vez tengan mejor información que nosotros. Hemos presentado varios pedidos de informes relacionados a radarización y, al menos yo, no tengo certeza exacta de dónde estamos parados en este tema. Recuerdo que el año pasado el licenciado Calabrese nos contó lo del conejito en Estados Unidos. Pero independientemente de esa evaluación, quisiera saber si ustedes saben en qué etapa está el Plan Nacional de Radarización. Según entiendo, hay sesenta y nueva radares que tendrían que haberse terminado el año pasado.
Yendo al tema que nos ocupa, deseo formular algunas preguntas. Entiendo que a lo mejor no son de competencia exacta del Consejo, no obstante lo cual seguramente dicho organismo dispone de mejor información que nosotros.
En primer término, entiendo que el tema de la fiscalización de los precursores químicos es central en el combate del narcotráfico. Nosotros compartimos la visión que tienen nuestros invitados de considerar al adicto como un enfermo y de enmarcarlo desde el Estado en el Ministerio de Salud Pública.
También nos interesa mucho lo que se pueda hacer con el narcotráfico en gran escala y con algunas personas a las que incluso los medios presentan como empresarios, y que cuando terminan presos son empresarios farmacéuticos, mientras que cuando se trata de un chico que está en la calle es un criminal. El tema de los precursores nos ha dejado una enseñanza. Me refiero puntualmente al tema de la efedrina: todos sabemos lo que pasó y cómo se multiplicó varias veces el manejo de este precursor. Como consecuencia de la situación del crimen, y a través de un decreto y de la participación de la ANMAT, entiendo que se llegó a mejorar la fiscalización de ese precursor.
La pregunta sería, entonces, si ustedes están evaluando alguna situación especial respecto de los precursores, teniendo en cuenta también que la propia ley que lo crea no fue reglamentada y ya debe estar por cumplir los cinco años.
El otro tema que nos preocupa tiene que ver con lo que la doctora Cuñarro mencionó en relación a que se llevaron algunas líneas de acción al Ministerio de Justicia, respecto de la coordinación de las fuerzas. Nosotros tuvimos reuniones con fuerzas de varias jurisdicciones y vimos que el nivel de celo profesional -en el mejor de los casos- y desconfianza -en el peor de los casos- es enorme. Por lo cual, cualquier operativo en conjunto hoy es una ilusión. Incluso hemos detectado niveles de desconfianza muy profundos entre los propios jueces respecto de las fuerzas que tienen que llevar adelante los operativos. Me gustaría saber cuáles son las sugerencias que ustedes han hecho en ese sentido.
El tercer punto que me preocupa es la proliferación que hemos tenido en nuestro país de salas de juego de distintas dimensiones. También entiendo que la vinculación de salas de juego con lavado de dinero en algunos casos puede ser importante. Quisiera saber si ustedes han evaluado este tema en particular.
Respecto al cuarto tema estoy seguro de que no es de su competencia, pero tal vez tengan mejor información que nosotros. Hemos presentado varios pedidos de informes relacionados a radarización y, al menos yo, no tengo certeza exacta de dónde estamos parados en este tema. Recuerdo que el año pasado el licenciado Calabrese nos contó lo del conejito en Estados Unidos. Pero independientemente de esa evaluación, quisiera saber si ustedes saben en qué etapa está el Plan Nacional de Radarización. Según entiendo, hay sesenta y nueva radares que tendrían que haberse terminado el año pasado.
SRA. CUÑARRO Antes que ocurrieran los hechos que la prensa dio a conocer como "triple crimen" habíamos hecho una evaluación del tema específico de precursores químicos porque ya teníamos información proveniente de las fuerzas federales -Gendarmería o Policía- de que se estaban incautando grandes cantidades de efedrina. Como no sabíamos a qué obedecía, hicimos un trabajo de intercambio de información con la ANMAT, que tenía la misma información. Realizamos un estudio y de allí sacamos un documento de precursores. Si bien la Argentina cumple con el compromiso internacional de la creación del registro de precursores químicos, éste no existía antes. En cambio, desde el punto de vista de los tipos penales no hay problemas porque existen procesamientos confirmados por desvíos de precursores químicos en un montón de causas. No hay ninguna laguna legal en ese aspecto. Nosotros nos pusimos a estudiar el tema del registro y llegamos a la conclusión de que el registro se burocratizó. ¿Qué significa esto? Que cada provincia tiene precursores en uso. Los precursores son de origen y utilización lícita tanto en la medicina como en otros usos industriales. Por lo tanto, lo que a nosotros nos parecía prioritario y fundamental era que cada provincia ejerciera el poder de policía respecto a sus precursores. Es decir, que existiera una especie de armonización en relación con la normativa, porque en el registro había una gran cantidad de información que mandaban los farmacéuticos y eso terminaba por burocratizar el registro. En definitiva, eso terminó en lo que todos nosotros conocemos.
Se trata de una de las áreas más débiles del Estado. La pérdida de control de policía se da a partir de los años noventa. Concretamente, nosotros sugerimos que, tratándose de sustancias lícitas -tanto medicinales como industriales-, el control le corresponda a las provincias, esto es, a las respectivas "ANMAT" o carteras de Salud que haya en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque están territorialmente más cerca, porque tienen la facultad de policía y el poder administrador de ir a preguntar a un lugar por qué aquí se han comprado tantas toneladas de efedrina y pedir una factura, porque la provincia tiene el poder impositivo de decir contra remito, contra factura: explíqueme por qué tiene 50 kilos de efedrina o de solventes. Y a partir de estos controles administrativos, tener una mirada inteligente, que las propias provincias, con los propios órganos de sus poderes ejecutivos, cuando detecten que tienen en un paraje inhóspito una empresa que produce sulfatos, que no tiene empleados y que no tiene venta, podrá hacer la derivación y la coordinación a las fuerzas.
Esta es nuestra sugerencia para desburocratizar el registro. De hecho hay un montón de causas en trámite que tienen que ver con el tema de desvío de precursores químicos. Hemos sugerido que se crucen a las personas físicas con las personas jurídicas y también acciones concretas con respecto al tema de los bienes que son producto de los decomisos en este tipo de hechos.
También trabajamos específicamente en algo que para nosotros es una de las cuestiones más interesantes, que es la utilización de los equipos de criminalística, de los laboratorios químicos, como un insumo para mejorar la inteligencia en la investigación criminal.
Las personas que ustedes ven ahí atrás en esta sala corresponden a los gabinetes químicos de la Gendarmería y la Policía Federal, que son de las cuatro fuerzas las dos que tienen la mayor cantidad de laboratorios que hacen las pericias.
Al comienzo ellos nos contaban que lo que les llegaba eran secuestros o decomisos de 500 dosis de Paco. Eso significa usar un cromatógrafo -que cuesta muy caro para el Estado- en una tarea que implica un montón de gasto y de ganancia pero que si no es a los fines de detectar el tema de la comercialización y la distribución sino que es el chico que está en la calle consumiendo, es dilapidar dinero en un gasto para nosotros inútil.
Finalmente el tema fue saldado pero a partir de ese trabajo en conjunto y de la propia convocatoria que hicimos a las fuerzas surgió, entre otras cosas, que no tenían el mismo protocolo de trabajo, es decir que desde la creación de las fuerzas federales no trabajaban de la misma manera para hacer los análisis.
A nosotros nos interesaba que ellos mismos lograran consensuar un protocolo único pero que a la vez permitiera obtener un insumo rápido para la cartera de Salud, para saber qué es lo que está consumiendo la población, y un insumo rápido para el Ministerio Público Fiscal que mejore y nos permita hacer un rápido mapeo de las rutas de tráfico, por llamarlo de alguna manera.
Trabajamos durante un año y finalmente se han puesto de acuerdo en el protocolo. Esta era una de las acciones concretas que nosotros les contábamos que pedimos a la cartera de Justicia porque es un resorte del ministro, a través de una resolución, disponer la unificación de los protocolos, que es algo que venimos exigiendo y en lo cual la fuerzas están en total acuerdo. Y creo que el producto de ese protocolo va a ser muy útil a nivel nacional porque cada provincia que no tenga un laboratorio, cada vez que su fuerza provincial haga algún tipo de decomiso puede hacer algún convenio con la fuerza que quiera porque va a haber un único protocolo.
Van a ser las únicas fuerzas en la región que van a tener el mismo protocolo, lo cual también es un avance a nivel regional sin precedentes desde el punto de vista de la criminalística.
Y una manera de trabajar nosotros la llamamos "pintar" las sustancias, porque hicimos una vez una prueba piloto de esto justamente cuando yo estaba al frente de la UFIDRO, que me permitió, junto a otros elementos, establecer dónde había una banda que traficaba cocaína en Europa y que terminó condenada y algunos con pedido de captura.
El otro tema es la carga de datos. No es lo mismo cinco chicos en una plaza con un cigarrillo de marihuana que un cargamento de 600 kilos de cocaína después de una tarea de inteligencia de un año. Todo esto era relevado de la misma manera por las fuerzas. Entonces, durante un año estuvimos trabajando en que se consensúe una forma diversa de establecer procedimientos de baja intensidad hasta un determinado punto, de media intensidad y de gran intensidad. ¿En qué radica la diferencia de las variables? En la calidad de la inteligencia que realice la fuerza respectiva, y se involucran las fuerzas federales y las provinciales.
El sistema se terminó de diseñar y nosotros estuvimos de acuerdo con el mismo, porque cambia radicalmente y permite a cada actor político tener un control y saber qué es lo que está pasando con el tema -digamos- criminal y no sanitario. Esta es otra de las medidas que también hemos pedido a la cartera de Justicia que resuelva a favor o no, por vía de resolución. En este punto las fuerzas están de acuerdo, al igual que los jueces y los fiscales, porque es imperioso tener información rápida sobre bienes y detenidos, para cruzarla con lo que nos va diciendo el gabinete químico. Y hasta mejora el control sobre los posibles nichos de corrupción en las fuerzas, en los segmentos estatales y en los judiciales.
El tema del lavado de dinero fue el más complicado para nosotros. En primer lugar, porque ningún organismo nos daba los informes, cuando se los pedíamos, sobre qué cantidad de sanciones se aplicaba. Solamente conseguimos que el Banco Central nos dijera cuáles eran las sanciones. De la AFIP no lo pudimos conseguir nunca y tampoco en la anterior gestión de la UIF.
Por lo tanto, éramos un comité científico que asesoraba al ministro de Justicia y le decía: "No lo podemos asesorar porque los organismos que dependen de usted no nos dan la información". El ex ministro de Justicia pidió directamente en persona la información. Entonces, con la doctora Llerena estuvimos trabajando con esa información durante un año para analizar la calidad del reporte de operación sospechosa, es decir, qué es lo que el ámbito privado denuncia como operación sospechosa, dado que está orientada fundamentalmente a qué es lo que denuncia. Si viene un señor con 600 mil dólares y la inmobiliaria no le pregunta, puede andar comprando yates, cruceros y departamentos en Puerto Madero. Pero si cualquiera de ustedes tiene que pedir un crédito para una vivienda, tiene que hacer una gran cantidad de trámites, y finalmente no se lo dan. Entonces, estamos en un problema. Es decir que acá el compromiso con el sector del lavado de dinero es fundamental.
De la mano de esto se encuentra el sector estatal, es decir, los controles que efectúa el Estado, a través del Banco Central, la parte impositiva, la UIF y con la Agenda Nacional. Fuimos muy críticos respecto de la Agenda. En un primer momento, no nos la daban, después la tuvimos e hicimos un estudio con una gran cantidad de expedientes, y sugerimos que tiene que ser cambiada. Esto no está de acuerdo con lo que dice el GAFI, pero también nos preguntamos qué es el GAFI después de la crisis internacional.
Además, hay que tener en cuenta otra cantidad de variables que nos superan como comisión; por ejemplo, la economía informal. Cada uno de ustedes sabe que en su provincia existe economía informal, sea por trabajo que no está en blanco, sea por evasión impositiva o por lo que fuere.
Entonces, no es solamente el lavado producto del narcotráfico sino también muchas veces es lavado de dinero legal. A la conclusión que llegamos es que no se puede determinar -si no se hace una comisión específica- si hay más lavado producto del dinero legal o del dinero ilegal, es decir, producto de los delitos. Reitero que ese tema nos excede como comisión.
A todos los proyectos de reforma de lavado que nos enviaron para dictaminar les formulamos observaciones que se pueden resumir en lo siguiente. En primer lugar, se advierte falta de claridad en la política criminal. Es decir, para nosotros está afectado el orden socioeconómico. Esto hay que dejarlo claro y sugerimos retomar el proyecto de reforma del Código Penal, que trajo un poco de transparencia a lo que se llama "delito de cuello blanco" o criminalidad económica, porque si hablamos de lavado y no tenemos legislación muy clara en materia de crimen económico va a ser una falacia, porque la red penal va a terminar llegando solamente a que el pequeño comerciante es el que comete una evasión impositiva. No lo quiero minimizar, pero de la cantidad de reportes de operaciones sospechosas que estuvimos analizando, continuando con el seguimiento en el Poder Judicial -que fue la tarea que realizamos-, el 70 por ciento era de evasión impositiva pequeña. Es decir, no se trataba de narcotraficantes ni de un caso de trata de personas, sino de dinero al que podríamos llamar "legal" o "blanco".
Para nosotros la agenda debe resumirse en tres puntos. El primero es el de la coordinación entre los registros provinciales y nacionales. Así, por ejemplo, no hay una coordinación entre los registros de la propiedad.
El segundo es el de la Inspección General de Justicia. Esta es una cuestión con la que voy a molestar todo el tiempo. Me refiero al tema de la inscripción de las sociedades.
El tercero es el de la profundización y mejoramiento de los controles administrativos a nivel provincial. En relación con este último punto quiero decir que en general el Estado no funciona tan mal, pero hay problemas en los ámbitos privados cuando no se interroga acerca del origen del dinero, con lo cual todo se transforma en una verdad de Perogrullo.
No estamos de acuerdo con ninguno de los proyectos elevados al Poder Ejecutivo en relación con la modificación de la ley de lavado de dinero porque no incluyen los grandes delitos de evasión impositiva, los delitos de contrabando, algunos delitos que tienen ver con la corrupción de funcionarios públicos, algunos delitos relacionados con el tema de la trata de personas y otros delitos de estafas, como así tampoco, por ejemplo, el abigeato.
Entonces, para nosotros, sin la inclusión de este tipo de delitos, hablar de la reforma de la ley de lavado de dinero se transforma en algo que no tiene sentido porque justamente el lavado de dinero no es solamente, como decía, por hechos de narcotráfico, sino que tiene que ver con estafas, fraudes, contrabando, trata de personas, tráfico de armas, etcétera. Consecuentemente, este tipo de delitos tienen que estar incluidos.
Por otra parte, debe haber un digesto, lo que significa que los organismos tienen que ponerse de acuerdo en la coordinación. En esto tampoco estamos de acuerdo con lo que sostiene el GAFI, en el sentido de que la ley es laxa. Lo será para los integrantes del GAFI en sus países de origen, que tampoco han demostrado una gran calidad respecto del tratamiento del tema del lavado de dinero, lo que a su vez no nos exime a nosotros de mejorar la ley.
Lo que quiero decir es que nosotros vemos el principal problema en los controles administrativos provinciales y en que hay que hacer una tarea muy importante sobre el tema de la economía informal, que nos excedió.
En relación con el tema de los radares, quiero señalar que este es un país de tránsito; que se consuma más, se consume más en todos lados, pero sigue siendo un país de tránsito, porque como ellos no son miembros de Cáritas lo que buscan es que el producto final les dé la mayor cantidad de dinero. Nuestro mercado es pequeño en comparación con lo que puede significar ese valor colocado en España en euros o en los Estados Unidos. Ni qué hablar de la efedrina que sale de acá, pasa por México y llega a los Estados Unidos.
Es cierto que en las fronteras faltan radares, pero para nosotros no se trata solamente de eso, sino de un tema mucho más complejo de carácter tecnológico. Con el Poder Judicial detectamos el principal problema en el Ministerio Público. En la etapa de la investigación preliminar no hay cruce. Por ejemplo, cuando hablamos de estos precursores químicos y de los delitos cometidos contra la salud pública en los que se repiten las mismas empresas en cuanto al desvío de precursores químicos, la manera que tengo de enterarme es porque mis colegas jueces y fiscales me lo informan por teléfono o me llaman y me dicen "Mirá que se repite en tal causa y tal causa". Esta es la forma en que trabajamos con las causas de tráfico en lo que se conoció como la causa de la 1-1114, que fue de transmisión verbal, es decir, cada fiscal venía y me decía "Me parece que tengo un caso de" o "Me parece que hay".
Justamente esto nos llevó a pedir la reforma del sistema de carga de datos, porque si se fragmenta la información, no hay coordinación y todo es lo mismo no se puede mejorar la calidad de la persecución pública. Para nosotros la única hacerlo es a través de procedimientos democráticos que mejoren la inteligencia y la capacidad tecnológica. Por supuesto que hay que radarizar las fronteras, pero sin dejar de lado que hay temas tecnológicos que no tienen nada que ver con los radares y que hay focos de corrupción.
Lo que pretendo decir en relación con este último aspecto es que hay lugares del país que por estar en áreas de frontera son más sensibles y en los que hay nichos de corrupción respecto de los cuales, evidentemente, esta ley ya ha demostrado ser un fracaso para su control.
Se trata de una de las áreas más débiles del Estado. La pérdida de control de policía se da a partir de los años noventa. Concretamente, nosotros sugerimos que, tratándose de sustancias lícitas -tanto medicinales como industriales-, el control le corresponda a las provincias, esto es, a las respectivas "ANMAT" o carteras de Salud que haya en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque están territorialmente más cerca, porque tienen la facultad de policía y el poder administrador de ir a preguntar a un lugar por qué aquí se han comprado tantas toneladas de efedrina y pedir una factura, porque la provincia tiene el poder impositivo de decir contra remito, contra factura: explíqueme por qué tiene 50 kilos de efedrina o de solventes. Y a partir de estos controles administrativos, tener una mirada inteligente, que las propias provincias, con los propios órganos de sus poderes ejecutivos, cuando detecten que tienen en un paraje inhóspito una empresa que produce sulfatos, que no tiene empleados y que no tiene venta, podrá hacer la derivación y la coordinación a las fuerzas.
Esta es nuestra sugerencia para desburocratizar el registro. De hecho hay un montón de causas en trámite que tienen que ver con el tema de desvío de precursores químicos. Hemos sugerido que se crucen a las personas físicas con las personas jurídicas y también acciones concretas con respecto al tema de los bienes que son producto de los decomisos en este tipo de hechos.
También trabajamos específicamente en algo que para nosotros es una de las cuestiones más interesantes, que es la utilización de los equipos de criminalística, de los laboratorios químicos, como un insumo para mejorar la inteligencia en la investigación criminal.
Las personas que ustedes ven ahí atrás en esta sala corresponden a los gabinetes químicos de la Gendarmería y la Policía Federal, que son de las cuatro fuerzas las dos que tienen la mayor cantidad de laboratorios que hacen las pericias.
Al comienzo ellos nos contaban que lo que les llegaba eran secuestros o decomisos de 500 dosis de Paco. Eso significa usar un cromatógrafo -que cuesta muy caro para el Estado- en una tarea que implica un montón de gasto y de ganancia pero que si no es a los fines de detectar el tema de la comercialización y la distribución sino que es el chico que está en la calle consumiendo, es dilapidar dinero en un gasto para nosotros inútil.
Finalmente el tema fue saldado pero a partir de ese trabajo en conjunto y de la propia convocatoria que hicimos a las fuerzas surgió, entre otras cosas, que no tenían el mismo protocolo de trabajo, es decir que desde la creación de las fuerzas federales no trabajaban de la misma manera para hacer los análisis.
A nosotros nos interesaba que ellos mismos lograran consensuar un protocolo único pero que a la vez permitiera obtener un insumo rápido para la cartera de Salud, para saber qué es lo que está consumiendo la población, y un insumo rápido para el Ministerio Público Fiscal que mejore y nos permita hacer un rápido mapeo de las rutas de tráfico, por llamarlo de alguna manera.
Trabajamos durante un año y finalmente se han puesto de acuerdo en el protocolo. Esta era una de las acciones concretas que nosotros les contábamos que pedimos a la cartera de Justicia porque es un resorte del ministro, a través de una resolución, disponer la unificación de los protocolos, que es algo que venimos exigiendo y en lo cual la fuerzas están en total acuerdo. Y creo que el producto de ese protocolo va a ser muy útil a nivel nacional porque cada provincia que no tenga un laboratorio, cada vez que su fuerza provincial haga algún tipo de decomiso puede hacer algún convenio con la fuerza que quiera porque va a haber un único protocolo.
Van a ser las únicas fuerzas en la región que van a tener el mismo protocolo, lo cual también es un avance a nivel regional sin precedentes desde el punto de vista de la criminalística.
Y una manera de trabajar nosotros la llamamos "pintar" las sustancias, porque hicimos una vez una prueba piloto de esto justamente cuando yo estaba al frente de la UFIDRO, que me permitió, junto a otros elementos, establecer dónde había una banda que traficaba cocaína en Europa y que terminó condenada y algunos con pedido de captura.
El otro tema es la carga de datos. No es lo mismo cinco chicos en una plaza con un cigarrillo de marihuana que un cargamento de 600 kilos de cocaína después de una tarea de inteligencia de un año. Todo esto era relevado de la misma manera por las fuerzas. Entonces, durante un año estuvimos trabajando en que se consensúe una forma diversa de establecer procedimientos de baja intensidad hasta un determinado punto, de media intensidad y de gran intensidad. ¿En qué radica la diferencia de las variables? En la calidad de la inteligencia que realice la fuerza respectiva, y se involucran las fuerzas federales y las provinciales.
El sistema se terminó de diseñar y nosotros estuvimos de acuerdo con el mismo, porque cambia radicalmente y permite a cada actor político tener un control y saber qué es lo que está pasando con el tema -digamos- criminal y no sanitario. Esta es otra de las medidas que también hemos pedido a la cartera de Justicia que resuelva a favor o no, por vía de resolución. En este punto las fuerzas están de acuerdo, al igual que los jueces y los fiscales, porque es imperioso tener información rápida sobre bienes y detenidos, para cruzarla con lo que nos va diciendo el gabinete químico. Y hasta mejora el control sobre los posibles nichos de corrupción en las fuerzas, en los segmentos estatales y en los judiciales.
El tema del lavado de dinero fue el más complicado para nosotros. En primer lugar, porque ningún organismo nos daba los informes, cuando se los pedíamos, sobre qué cantidad de sanciones se aplicaba. Solamente conseguimos que el Banco Central nos dijera cuáles eran las sanciones. De la AFIP no lo pudimos conseguir nunca y tampoco en la anterior gestión de la UIF.
Por lo tanto, éramos un comité científico que asesoraba al ministro de Justicia y le decía: "No lo podemos asesorar porque los organismos que dependen de usted no nos dan la información". El ex ministro de Justicia pidió directamente en persona la información. Entonces, con la doctora Llerena estuvimos trabajando con esa información durante un año para analizar la calidad del reporte de operación sospechosa, es decir, qué es lo que el ámbito privado denuncia como operación sospechosa, dado que está orientada fundamentalmente a qué es lo que denuncia. Si viene un señor con 600 mil dólares y la inmobiliaria no le pregunta, puede andar comprando yates, cruceros y departamentos en Puerto Madero. Pero si cualquiera de ustedes tiene que pedir un crédito para una vivienda, tiene que hacer una gran cantidad de trámites, y finalmente no se lo dan. Entonces, estamos en un problema. Es decir que acá el compromiso con el sector del lavado de dinero es fundamental.
De la mano de esto se encuentra el sector estatal, es decir, los controles que efectúa el Estado, a través del Banco Central, la parte impositiva, la UIF y con la Agenda Nacional. Fuimos muy críticos respecto de la Agenda. En un primer momento, no nos la daban, después la tuvimos e hicimos un estudio con una gran cantidad de expedientes, y sugerimos que tiene que ser cambiada. Esto no está de acuerdo con lo que dice el GAFI, pero también nos preguntamos qué es el GAFI después de la crisis internacional.
Además, hay que tener en cuenta otra cantidad de variables que nos superan como comisión; por ejemplo, la economía informal. Cada uno de ustedes sabe que en su provincia existe economía informal, sea por trabajo que no está en blanco, sea por evasión impositiva o por lo que fuere.
Entonces, no es solamente el lavado producto del narcotráfico sino también muchas veces es lavado de dinero legal. A la conclusión que llegamos es que no se puede determinar -si no se hace una comisión específica- si hay más lavado producto del dinero legal o del dinero ilegal, es decir, producto de los delitos. Reitero que ese tema nos excede como comisión.
A todos los proyectos de reforma de lavado que nos enviaron para dictaminar les formulamos observaciones que se pueden resumir en lo siguiente. En primer lugar, se advierte falta de claridad en la política criminal. Es decir, para nosotros está afectado el orden socioeconómico. Esto hay que dejarlo claro y sugerimos retomar el proyecto de reforma del Código Penal, que trajo un poco de transparencia a lo que se llama "delito de cuello blanco" o criminalidad económica, porque si hablamos de lavado y no tenemos legislación muy clara en materia de crimen económico va a ser una falacia, porque la red penal va a terminar llegando solamente a que el pequeño comerciante es el que comete una evasión impositiva. No lo quiero minimizar, pero de la cantidad de reportes de operaciones sospechosas que estuvimos analizando, continuando con el seguimiento en el Poder Judicial -que fue la tarea que realizamos-, el 70 por ciento era de evasión impositiva pequeña. Es decir, no se trataba de narcotraficantes ni de un caso de trata de personas, sino de dinero al que podríamos llamar "legal" o "blanco".
Para nosotros la agenda debe resumirse en tres puntos. El primero es el de la coordinación entre los registros provinciales y nacionales. Así, por ejemplo, no hay una coordinación entre los registros de la propiedad.
El segundo es el de la Inspección General de Justicia. Esta es una cuestión con la que voy a molestar todo el tiempo. Me refiero al tema de la inscripción de las sociedades.
El tercero es el de la profundización y mejoramiento de los controles administrativos a nivel provincial. En relación con este último punto quiero decir que en general el Estado no funciona tan mal, pero hay problemas en los ámbitos privados cuando no se interroga acerca del origen del dinero, con lo cual todo se transforma en una verdad de Perogrullo.
No estamos de acuerdo con ninguno de los proyectos elevados al Poder Ejecutivo en relación con la modificación de la ley de lavado de dinero porque no incluyen los grandes delitos de evasión impositiva, los delitos de contrabando, algunos delitos que tienen ver con la corrupción de funcionarios públicos, algunos delitos relacionados con el tema de la trata de personas y otros delitos de estafas, como así tampoco, por ejemplo, el abigeato.
Entonces, para nosotros, sin la inclusión de este tipo de delitos, hablar de la reforma de la ley de lavado de dinero se transforma en algo que no tiene sentido porque justamente el lavado de dinero no es solamente, como decía, por hechos de narcotráfico, sino que tiene que ver con estafas, fraudes, contrabando, trata de personas, tráfico de armas, etcétera. Consecuentemente, este tipo de delitos tienen que estar incluidos.
Por otra parte, debe haber un digesto, lo que significa que los organismos tienen que ponerse de acuerdo en la coordinación. En esto tampoco estamos de acuerdo con lo que sostiene el GAFI, en el sentido de que la ley es laxa. Lo será para los integrantes del GAFI en sus países de origen, que tampoco han demostrado una gran calidad respecto del tratamiento del tema del lavado de dinero, lo que a su vez no nos exime a nosotros de mejorar la ley.
Lo que quiero decir es que nosotros vemos el principal problema en los controles administrativos provinciales y en que hay que hacer una tarea muy importante sobre el tema de la economía informal, que nos excedió.
En relación con el tema de los radares, quiero señalar que este es un país de tránsito; que se consuma más, se consume más en todos lados, pero sigue siendo un país de tránsito, porque como ellos no son miembros de Cáritas lo que buscan es que el producto final les dé la mayor cantidad de dinero. Nuestro mercado es pequeño en comparación con lo que puede significar ese valor colocado en España en euros o en los Estados Unidos. Ni qué hablar de la efedrina que sale de acá, pasa por México y llega a los Estados Unidos.
Es cierto que en las fronteras faltan radares, pero para nosotros no se trata solamente de eso, sino de un tema mucho más complejo de carácter tecnológico. Con el Poder Judicial detectamos el principal problema en el Ministerio Público. En la etapa de la investigación preliminar no hay cruce. Por ejemplo, cuando hablamos de estos precursores químicos y de los delitos cometidos contra la salud pública en los que se repiten las mismas empresas en cuanto al desvío de precursores químicos, la manera que tengo de enterarme es porque mis colegas jueces y fiscales me lo informan por teléfono o me llaman y me dicen "Mirá que se repite en tal causa y tal causa". Esta es la forma en que trabajamos con las causas de tráfico en lo que se conoció como la causa de la 1-1114, que fue de transmisión verbal, es decir, cada fiscal venía y me decía "Me parece que tengo un caso de" o "Me parece que hay".
Justamente esto nos llevó a pedir la reforma del sistema de carga de datos, porque si se fragmenta la información, no hay coordinación y todo es lo mismo no se puede mejorar la calidad de la persecución pública. Para nosotros la única hacerlo es a través de procedimientos democráticos que mejoren la inteligencia y la capacidad tecnológica. Por supuesto que hay que radarizar las fronteras, pero sin dejar de lado que hay temas tecnológicos que no tienen nada que ver con los radares y que hay focos de corrupción.
Lo que pretendo decir en relación con este último aspecto es que hay lugares del país que por estar en áreas de frontera son más sensibles y en los que hay nichos de corrupción respecto de los cuales, evidentemente, esta ley ya ha demostrado ser un fracaso para su control.
SR. PRESIDENTE PERALTA Tiene la palabra la señora diputada Areta.
SR. MORÁN ¿Me permite una interrupción, señora diputada, con el permiso de la Presidencia?
SRA. ARETA Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE PERALTA Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Morán.
SR. MORÁN Señor presidente: en la última parte de la pregunta que usted ha formulado hablaba de "planes". En tal sentido, quisiera preguntar a la doctora Cuñarro si no se dispone de información sobre el particular.
SRA. CUÑARRO Nosotros no tenemos competencia para saber en qué estado está el Plan Nacional de Radarización. Por supuesto, sí pedimos que se lo vea como un tema complejo: que no solamente se instalen radares sino que se persiga la corrupción, que haya coordinación entre las fuerzas y que haya control e intercambio de datos entre el ministerio público -el Poder Judicial- y las fuerzas.
SRA. ARETA Lo que en este momento me pone más contenta es verlo al doctor Sylvestre Begnis a cargo de la Dirección de Salud Mental.
SRA. CUÑARRO Es más que eso, tiene un cargo más alto.
SRA. ARETA Entonces le doy mi pechazo y hago mi planteo.
Doctor Sylvestre Begnis: quizás usted me recuerde. Soy de Monte Caseros, de la provincia de Corrientes, en la frontera con Brasil y Uruguay. Usted sabe los gravísimos problemas que tenemos, sobre todo a nivel de salud. El hecho de que en este momento exista una persona como usted a cargo de esta área me hace pensar que se va a llegar a una coordinación provincial del trabajo terapéutico para los ciudadanos y ciudadanas que tienen problemas con adicciones.
Ahora bien, quisiera saber cómo lo va a hacer. Usted sabe que -como ocurre en mi provincia, aunque hay muchas provincias del país que están en la misma situación- en los hospitales no contamos con suficientes psiquiatras, psicólogos o asistentes sociales. Quisiera saber cómo va a hacer para coordinar este trabajo de prevención, que es tan importante y que sirve también para quitarles a los padres la pesada carga de la judicialización, a la que a veces se recurre para que los pobres chicos sean atendidos y puedan entrar en la lista de espera de la internación. Hay muchísimos casos, creo que son la mayoría, que pueden ser trabajados, estudiados, entendidos, analizados y acompañados con tratamiento ambulatorio.
También quiero que usted de alguna manera me prometa que no va a haber provincias de primera y provincias de segunda. Quiero saber cómo hará para lograr este tipo de cosas, que a mí me interesan muchísimo porque, como usted sabe, soy psicóloga y milito desde hace muchísimos años en estos temas. El hecho de que usted esté acá me quita un peso de encima, porque yo sé que usted es una persona tremendamente comprometida. Ahora que lo conozco y lo miro de frente le digo que voy tenerlo permanentemente en la mira, planteándole qué es lo que pasa en las provincias, fundamentalmente en la provincia a la cual pertenezco y por la cual soy diputada.
Por último, quisiera saber cómo va a hacer para capacitar a los profesionales. Yo creo que los profesionales deben tener una capacitación especial sobre este tema.
Doctor Sylvestre Begnis: quizás usted me recuerde. Soy de Monte Caseros, de la provincia de Corrientes, en la frontera con Brasil y Uruguay. Usted sabe los gravísimos problemas que tenemos, sobre todo a nivel de salud. El hecho de que en este momento exista una persona como usted a cargo de esta área me hace pensar que se va a llegar a una coordinación provincial del trabajo terapéutico para los ciudadanos y ciudadanas que tienen problemas con adicciones.
Ahora bien, quisiera saber cómo lo va a hacer. Usted sabe que -como ocurre en mi provincia, aunque hay muchas provincias del país que están en la misma situación- en los hospitales no contamos con suficientes psiquiatras, psicólogos o asistentes sociales. Quisiera saber cómo va a hacer para coordinar este trabajo de prevención, que es tan importante y que sirve también para quitarles a los padres la pesada carga de la judicialización, a la que a veces se recurre para que los pobres chicos sean atendidos y puedan entrar en la lista de espera de la internación. Hay muchísimos casos, creo que son la mayoría, que pueden ser trabajados, estudiados, entendidos, analizados y acompañados con tratamiento ambulatorio.
También quiero que usted de alguna manera me prometa que no va a haber provincias de primera y provincias de segunda. Quiero saber cómo hará para lograr este tipo de cosas, que a mí me interesan muchísimo porque, como usted sabe, soy psicóloga y milito desde hace muchísimos años en estos temas. El hecho de que usted esté acá me quita un peso de encima, porque yo sé que usted es una persona tremendamente comprometida. Ahora que lo conozco y lo miro de frente le digo que voy tenerlo permanentemente en la mira, planteándole qué es lo que pasa en las provincias, fundamentalmente en la provincia a la cual pertenezco y por la cual soy diputada.
Por último, quisiera saber cómo va a hacer para capacitar a los profesionales. Yo creo que los profesionales deben tener una capacitación especial sobre este tema.
SR. SYLVESTRE BEGNIS Gracias, diputada. Lamento que no esté presente el ministro Juan Manzur así le presento mi renuncia (Risas.), porque si se generaliza su demanda vamos a estar mal.
El proceso por el cual hemos llegado a esta circunstancia en temas de salud mental y de adicciones lleva décadas. Son décadas de compromisos internacionales con las Naciones Unidas -que van del año 88 al 98, con una extensión hasta 2008- donde no se cumplieron los objetivos y nos engañaron. La Argentina terminó teniendo más consumo, más movimiento comercial y de intermediación, y es un gran productor de los productos con los que se abastecen quienes fabrican la cocaína, entre otras sustancias. Llegar a esta situación y pensar que se puede desanudar en unos meses es muy difícil. Es un trabajo en el que vamos a tener que estar absolutamente involucrados todos. Afortunadamente, contamos con la sensibilidad de la comunidad, que va a participar en esto.
Con respecto a Monte Caseros, además de la historia negativa que tiene desde el punto de vista de los acosos al pobre Raúl Alfonsín, tiene historias positivas y una de esas es que su intendente es un ex diputado nacional, médico, que conoce el tema perfectamente. Me refiero al doctor Eduardo Galantini, con el cual desarrollamos una amistad y con el que seguramente vamos a poder trabajar en conjunto.
Con respecto a la provincia -porque no sólo podríamos considerar Monte Caseros, que también es un lugar de intercambio con los países vecinos y muy cerca de otra triple frontera-, también hemos hablado con David Dos Santos -que fue Ministro de Salud y que ahora está como senador y presidente de la Comisión de Salud- porque integra el COFELESA. Y hemos charlado de estos temas en la última reunión del COFELESA que se hizo de Buenos Aires.
El actual ministro de Salud, un gran colaborador de David Dos Santos, está impuesto de esta política. De manera tal que cuando uno busca por dónde empezar algo, evidentemente empezar con 24 distritos todos juntos y con la provincia de Buenos Aires en muchos de estos aspectos, probablemente lleve al fracaso. Sin embargo, es más viabale ensayar con algunos lugares donde hay gente dispuesta, favorable, autoridades políticas que estén convencidas de las políticas que se están llevando a cabo desde la Nación.
En ese sentido Corrientes es una de las provincias donde vamos a tener el privilegio de hablar con funcionarios que conocen este tema, al igual que ocurre con Misiones, Formosa o Chaco.
Por eso, cuando estemos un poco mejor parados, cuando sepamos cuál es el presupuesto con el que nosotros vamos a contar para los próximos seis meses y hayamos convencido en la reunión del COFELESA de La Plata a los diputados provinciales de las comisiones de Salud que presupuesten para el año 2011 este nuevo rubro, que no existía prácticamente en el sector Salud, como es el de adicciones, y puedan fortalecer el presupuesto para levantar la jerarquía de la salud mental, pienso que vamos a poder acelerar este trabajo, a pesar de que va a ser un año político difícil, pero al menos se va a contar con recursos. Lo que no puede pasarnos es que entremos al mes de septiembre sin tener claro qué pedir y para qué, y sobre todo, qué es lo que tenemos que pedir a la Nación.
De manera tal que agradezco la confianza de la diputada pero le devuelvo un poco el cariño. Nuestra confianza está depositada a su vez en la gestión de ustedes en cada una de las provincias. Es cierto, porque ustedes son líderes políticos en cada una de las comunidades.
No tengo ninguna duda que una de las ciudades donde voy a empezar es Monte Caseros, no sólo por la amistad con Eduardo Galantini sino porque lo tenemos totalmente a favor. Si usted me pregunta por Santo Tomé, Ituzaingó, Mercedes o Curuzú Cuatiá, le diría que por ahí prefiero alguna ciudad de Brasil. (Risas.)
El proceso por el cual hemos llegado a esta circunstancia en temas de salud mental y de adicciones lleva décadas. Son décadas de compromisos internacionales con las Naciones Unidas -que van del año 88 al 98, con una extensión hasta 2008- donde no se cumplieron los objetivos y nos engañaron. La Argentina terminó teniendo más consumo, más movimiento comercial y de intermediación, y es un gran productor de los productos con los que se abastecen quienes fabrican la cocaína, entre otras sustancias. Llegar a esta situación y pensar que se puede desanudar en unos meses es muy difícil. Es un trabajo en el que vamos a tener que estar absolutamente involucrados todos. Afortunadamente, contamos con la sensibilidad de la comunidad, que va a participar en esto.
Con respecto a Monte Caseros, además de la historia negativa que tiene desde el punto de vista de los acosos al pobre Raúl Alfonsín, tiene historias positivas y una de esas es que su intendente es un ex diputado nacional, médico, que conoce el tema perfectamente. Me refiero al doctor Eduardo Galantini, con el cual desarrollamos una amistad y con el que seguramente vamos a poder trabajar en conjunto.
Con respecto a la provincia -porque no sólo podríamos considerar Monte Caseros, que también es un lugar de intercambio con los países vecinos y muy cerca de otra triple frontera-, también hemos hablado con David Dos Santos -que fue Ministro de Salud y que ahora está como senador y presidente de la Comisión de Salud- porque integra el COFELESA. Y hemos charlado de estos temas en la última reunión del COFELESA que se hizo de Buenos Aires.
El actual ministro de Salud, un gran colaborador de David Dos Santos, está impuesto de esta política. De manera tal que cuando uno busca por dónde empezar algo, evidentemente empezar con 24 distritos todos juntos y con la provincia de Buenos Aires en muchos de estos aspectos, probablemente lleve al fracaso. Sin embargo, es más viabale ensayar con algunos lugares donde hay gente dispuesta, favorable, autoridades políticas que estén convencidas de las políticas que se están llevando a cabo desde la Nación.
En ese sentido Corrientes es una de las provincias donde vamos a tener el privilegio de hablar con funcionarios que conocen este tema, al igual que ocurre con Misiones, Formosa o Chaco.
Por eso, cuando estemos un poco mejor parados, cuando sepamos cuál es el presupuesto con el que nosotros vamos a contar para los próximos seis meses y hayamos convencido en la reunión del COFELESA de La Plata a los diputados provinciales de las comisiones de Salud que presupuesten para el año 2011 este nuevo rubro, que no existía prácticamente en el sector Salud, como es el de adicciones, y puedan fortalecer el presupuesto para levantar la jerarquía de la salud mental, pienso que vamos a poder acelerar este trabajo, a pesar de que va a ser un año político difícil, pero al menos se va a contar con recursos. Lo que no puede pasarnos es que entremos al mes de septiembre sin tener claro qué pedir y para qué, y sobre todo, qué es lo que tenemos que pedir a la Nación.
De manera tal que agradezco la confianza de la diputada pero le devuelvo un poco el cariño. Nuestra confianza está depositada a su vez en la gestión de ustedes en cada una de las provincias. Es cierto, porque ustedes son líderes políticos en cada una de las comunidades.
No tengo ninguna duda que una de las ciudades donde voy a empezar es Monte Caseros, no sólo por la amistad con Eduardo Galantini sino porque lo tenemos totalmente a favor. Si usted me pregunta por Santo Tomé, Ituzaingó, Mercedes o Curuzú Cuatiá, le diría que por ahí prefiero alguna ciudad de Brasil. (Risas.)
SR. PRESIDENTE PERALTA Tiene la palabra el diputado Zavallo.
SR. ZAVALLO Dentro de las demandas de soluciones que requiere esta problemática he notado un énfasis especial de todos los diputados en cuanto a la ausencia o a políticas fallidas anteriormente en materia curativa.
Personalmente tengo la convicción de que si hablamos de dos mil camas disponibles, el sentido común me indica que sigue siendo escaso.
Hemos presentado algunas iniciativas legislativas en cuanto a la creación de centros de rehabilitación, como así también de institutos de formación, por lo que decía el doctor Sylvestre Begnis en cuanto a los también escasos recursos humanos que puedan aportar su trabajo y su punto de vista para el accionar que requiere esta problemática. Pero también escuché, en cuanto los lineamientos de los parámetros internacionales, creo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no es conveniente el tema de centros de rehabilitación como anteriormente estábamos acostumbrados.
Por eso digo que no miremos el pasado sino que los centros de rehabilitación deben instrumentarse con una política moderna acorde. No es que ha sido fallido sino que justamente no se ha dado. Si se puede profundizar en el poco tiempo que nos queda, ¿qué son esos lineamientos en cuanto a la conveniencia de los tratamientos de asistencia al adicto, no en los centros tradicionales sino en los ambulatorios? ¿Pueden profundizar sobre cuáles son los lineamientos de los parámetros internacionales?
Personalmente tengo la convicción de que si hablamos de dos mil camas disponibles, el sentido común me indica que sigue siendo escaso.
Hemos presentado algunas iniciativas legislativas en cuanto a la creación de centros de rehabilitación, como así también de institutos de formación, por lo que decía el doctor Sylvestre Begnis en cuanto a los también escasos recursos humanos que puedan aportar su trabajo y su punto de vista para el accionar que requiere esta problemática. Pero también escuché, en cuanto los lineamientos de los parámetros internacionales, creo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no es conveniente el tema de centros de rehabilitación como anteriormente estábamos acostumbrados.
Por eso digo que no miremos el pasado sino que los centros de rehabilitación deben instrumentarse con una política moderna acorde. No es que ha sido fallido sino que justamente no se ha dado. Si se puede profundizar en el poco tiempo que nos queda, ¿qué son esos lineamientos en cuanto a la conveniencia de los tratamientos de asistencia al adicto, no en los centros tradicionales sino en los ambulatorios? ¿Pueden profundizar sobre cuáles son los lineamientos de los parámetros internacionales?
SR. DAMIN Señor presidente: mi nombre es Carlos Damin, soy jefe del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández.
Con respecto a este tema quiero hacer dos consideraciones. Una de ellas fue mencionada por el licenciado Calabrese en relación con las distintas formas de tratamiento, dado que la nueva idea es que la internación siempre es el último recurso. Se trata de incluir al paciente -sobre todo si es un adolescente o un adulto joven- en estas nuevas políticas, que se llaman de nueva inserción, sin internarlo o separarlo.
Por mi parte, pertenezco a un servicio donde realizamos un tratamiento ambulatorio, y podemos decir que tenemos un nivel de recuperación bastante elevado en relación con otros centros de internación. Me refiero a la masa total de consumidores de sustancias psicoactivas, donde tenemos un porcentaje cercano al 75 por ciento. La estadística va del 73 al 76 por ciento de usadores, dentro de los cuales tenemos los usadores de riesgo, los usadores de peligro y los usadores recreativos.
Por otro lado, tenemos un porcentaje bastante más pequeño, del 23 al 25 por ciento, que es del de los abusadores, y nos queda un 4 o 5 por ciento, que es de los dependientes. En total suman el ciento por ciento.
Nosotros estamos convencidos de que el tratamiento de internación es aplicable en algunos casos al dependiente, pero en ningún caso al usador recreativo ni al peligroso ni al de riesgo, ni tampoco al abusador. Es decir que se tienen que agotar todos los recursos con los tratamientos ambulatorios.
Por otro lado, estoy de acuerdo con que hay que capacitar gente, porque no son muchos los centros que hacen tratamiento ambulatorio ni tampoco los que lo realizan de una forma interdisciplinaria -como lo hacemos nosotros-, con un médico toxicólogo, un psicólogo y un psiquiatra. Es decir que el abordaje se realiza con tres profesionales para un paciente, que asiste de manera ambulatoria y periódica, que empieza siendo bisemanal o trisemanal. Además, se puede ir trabajando con la familia, aunque no en forma sistemática. En definitiva, nunca se deja de insertar al paciente, porque internar a un chico significa en muchos casos enfrentar una gran cantidad de problemas.
Nosotros hacemos hincapié en los adolescentes, porque tenemos muchos problemas con chicos de trece, catorce, quince y dieciséis años. Uno de los grandes problemas es la desinserción que tienen ellos, no sólo a nivel social, porque en muchos casos no tienen ni familia, y cuando hablamos del paco ni hablar. Hemos tenido chicos en situación de calle, de trece o catorce años, internados en el hospital durante un mes sin que ningún miembro de su familia los reclame. También tenemos hijos o nietos de consumidores, quienes en su totalidad tienen problemas laborales. Internar a un chico muchas veces significa aislarlo, y es una forma...
Con respecto a este tema quiero hacer dos consideraciones. Una de ellas fue mencionada por el licenciado Calabrese en relación con las distintas formas de tratamiento, dado que la nueva idea es que la internación siempre es el último recurso. Se trata de incluir al paciente -sobre todo si es un adolescente o un adulto joven- en estas nuevas políticas, que se llaman de nueva inserción, sin internarlo o separarlo.
Por mi parte, pertenezco a un servicio donde realizamos un tratamiento ambulatorio, y podemos decir que tenemos un nivel de recuperación bastante elevado en relación con otros centros de internación. Me refiero a la masa total de consumidores de sustancias psicoactivas, donde tenemos un porcentaje cercano al 75 por ciento. La estadística va del 73 al 76 por ciento de usadores, dentro de los cuales tenemos los usadores de riesgo, los usadores de peligro y los usadores recreativos.
Por otro lado, tenemos un porcentaje bastante más pequeño, del 23 al 25 por ciento, que es del de los abusadores, y nos queda un 4 o 5 por ciento, que es de los dependientes. En total suman el ciento por ciento.
Nosotros estamos convencidos de que el tratamiento de internación es aplicable en algunos casos al dependiente, pero en ningún caso al usador recreativo ni al peligroso ni al de riesgo, ni tampoco al abusador. Es decir que se tienen que agotar todos los recursos con los tratamientos ambulatorios.
Por otro lado, estoy de acuerdo con que hay que capacitar gente, porque no son muchos los centros que hacen tratamiento ambulatorio ni tampoco los que lo realizan de una forma interdisciplinaria -como lo hacemos nosotros-, con un médico toxicólogo, un psicólogo y un psiquiatra. Es decir que el abordaje se realiza con tres profesionales para un paciente, que asiste de manera ambulatoria y periódica, que empieza siendo bisemanal o trisemanal. Además, se puede ir trabajando con la familia, aunque no en forma sistemática. En definitiva, nunca se deja de insertar al paciente, porque internar a un chico significa en muchos casos enfrentar una gran cantidad de problemas.
Nosotros hacemos hincapié en los adolescentes, porque tenemos muchos problemas con chicos de trece, catorce, quince y dieciséis años. Uno de los grandes problemas es la desinserción que tienen ellos, no sólo a nivel social, porque en muchos casos no tienen ni familia, y cuando hablamos del paco ni hablar. Hemos tenido chicos en situación de calle, de trece o catorce años, internados en el hospital durante un mes sin que ningún miembro de su familia los reclame. También tenemos hijos o nietos de consumidores, quienes en su totalidad tienen problemas laborales. Internar a un chico muchas veces significa aislarlo, y es una forma...
SR. ZAVALLO Disculpe, doctor, ¿no es conveniente separarlo justamente de ese ámbito?
SR. DAMIN El problema es qué se hace con este chico que estuvo internado ocho o nueve meses y se pretende devolverlo a esa familia.
El concepto que tenemos nosotros es que este tipo de consumo de drogas es una consecuencia y no la causa. Es decir, es una consecuencia de todo el problema social previo. A veces uno escucha que se llega a la delincuencia por la droga, y en realidad es por el problema social que se llega ahí. Indudablemente hay veces que hay que separarlos e internarlos, pero no siempre.
Por ello, en lo personal, muchas veces no he coincidido con algunas de las agrupaciones como la de las Madres del Paco, porque la mayoría de ellas están convencidas de que al chico hay que internarlo. En realidad internarlo significa, en primer lugar, no poner la mirada adentro de lo que pasa en su estructura familiar.
Digo esto porque un chico que es consumidor suele ser un emergente social. Entonces, cuando uno trata de hacer cargo a esa familia -a veces renga o incompleta-, cuando uno ve que en el hospital llegan un papá y una mamá preocupados porque por ahí encontraron en el cajón de la mesa de luz algo que ellos suponen que es marihuana y vienen absolutamente preocupados al hospital, lo primero que uno ve es que hay una preocupación de esos padres. Después tendrá que ver cómo la canaliza cuando a veces vienen con una posición casi policíaca y piden que se tome una muestra de orina para determinar si el chico ha consumido drogas o no. Pero lo que uno ve es que hay una contención.
Cuando un chico vive una situación de calle mucho más complicada lo que siempre intentamos hacer es, en primer lugar, un tratamiento ambulatorio. Cuando esto se agotó tenemos un segundo recurso, que es el tratamiento de hospital de día. Y cuando este último también fracasa tenemos la vía de la internación.
Esto viene a cambiar un poco las políticas que hemos tenido hasta ahora. No quiero ser peyorativo, pero ahora casi tenemos una internación compulsiva, ya que lo único que tenemos son lugares de internación a través del Estado. Entonces, cuando uno habla de este tipo de políticas la gente no quiere saber nada con la restricción del tema de la internación. Sin embargo, cuando uno ve la masa de los usuarios en estos porcentajes de los que hablábamos, es decir, un 75 por ciento de usadores y un 25 por ciento de abusadores, solamente con un 4 ó 5 por ciento del total que son dependientes y de los cuales sólo algunos requieren internación, entonces llegamos a pensar que no sé si estamos tan lejos del número ideal de camas.
Lo que debemos fortalecer son los centros de recuperación, porque no los tenemos. Me refiero a centros con tratamientos ambulatorios y profesionales capacitados -como señaló una señora diputada-, pero en forma integral: psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales -esto permitiría insertar a estos chicos y buscarles una familia sustituta- y también, por supuesto, médicos clínicos.
Para finalizar quiero decir que cuando los chicos vienen al hospital, muchas veces provenientes de distintos centros de la ciudad -podemos decir que se trata de un centro de alta complejidad y capacidad en lo que se refiere al tratamiento de las adicciones; desde hace un mes o un mes y medio tenemos una sala de internación para agudos, tema sobre el cual alguien ha preguntado en esta reunión-, lo que hacemos es un control integral del chico. Este último ingresa y le hacemos una evaluación clínica, un control odontológico y de vacunación, etcétera. Es decir que desde el punto de vista médico se lo aborda absolutamente por todos lados.
Por supuesto que en la ciudad de Buenos Aires tenemos una ley que nos prohibe judicializar a los chicos, por lo que estamos convencidos de que trabajamos mucho más cómodos con el Consejo del Niño, la Niña y el Adolescente que con la Justicia, y en particular la penal.
El concepto que tenemos nosotros es que este tipo de consumo de drogas es una consecuencia y no la causa. Es decir, es una consecuencia de todo el problema social previo. A veces uno escucha que se llega a la delincuencia por la droga, y en realidad es por el problema social que se llega ahí. Indudablemente hay veces que hay que separarlos e internarlos, pero no siempre.
Por ello, en lo personal, muchas veces no he coincidido con algunas de las agrupaciones como la de las Madres del Paco, porque la mayoría de ellas están convencidas de que al chico hay que internarlo. En realidad internarlo significa, en primer lugar, no poner la mirada adentro de lo que pasa en su estructura familiar.
Digo esto porque un chico que es consumidor suele ser un emergente social. Entonces, cuando uno trata de hacer cargo a esa familia -a veces renga o incompleta-, cuando uno ve que en el hospital llegan un papá y una mamá preocupados porque por ahí encontraron en el cajón de la mesa de luz algo que ellos suponen que es marihuana y vienen absolutamente preocupados al hospital, lo primero que uno ve es que hay una preocupación de esos padres. Después tendrá que ver cómo la canaliza cuando a veces vienen con una posición casi policíaca y piden que se tome una muestra de orina para determinar si el chico ha consumido drogas o no. Pero lo que uno ve es que hay una contención.
Cuando un chico vive una situación de calle mucho más complicada lo que siempre intentamos hacer es, en primer lugar, un tratamiento ambulatorio. Cuando esto se agotó tenemos un segundo recurso, que es el tratamiento de hospital de día. Y cuando este último también fracasa tenemos la vía de la internación.
Esto viene a cambiar un poco las políticas que hemos tenido hasta ahora. No quiero ser peyorativo, pero ahora casi tenemos una internación compulsiva, ya que lo único que tenemos son lugares de internación a través del Estado. Entonces, cuando uno habla de este tipo de políticas la gente no quiere saber nada con la restricción del tema de la internación. Sin embargo, cuando uno ve la masa de los usuarios en estos porcentajes de los que hablábamos, es decir, un 75 por ciento de usadores y un 25 por ciento de abusadores, solamente con un 4 ó 5 por ciento del total que son dependientes y de los cuales sólo algunos requieren internación, entonces llegamos a pensar que no sé si estamos tan lejos del número ideal de camas.
Lo que debemos fortalecer son los centros de recuperación, porque no los tenemos. Me refiero a centros con tratamientos ambulatorios y profesionales capacitados -como señaló una señora diputada-, pero en forma integral: psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales -esto permitiría insertar a estos chicos y buscarles una familia sustituta- y también, por supuesto, médicos clínicos.
Para finalizar quiero decir que cuando los chicos vienen al hospital, muchas veces provenientes de distintos centros de la ciudad -podemos decir que se trata de un centro de alta complejidad y capacidad en lo que se refiere al tratamiento de las adicciones; desde hace un mes o un mes y medio tenemos una sala de internación para agudos, tema sobre el cual alguien ha preguntado en esta reunión-, lo que hacemos es un control integral del chico. Este último ingresa y le hacemos una evaluación clínica, un control odontológico y de vacunación, etcétera. Es decir que desde el punto de vista médico se lo aborda absolutamente por todos lados.
Por supuesto que en la ciudad de Buenos Aires tenemos una ley que nos prohibe judicializar a los chicos, por lo que estamos convencidos de que trabajamos mucho más cómodos con el Consejo del Niño, la Niña y el Adolescente que con la Justicia, y en particular la penal.
SR. PRESIDENTE PERALTA A continuación hará uso de la palabra el doctor Martín Vázquez Acuña. Posteriormente lo hará el señor vicepresidente 1° de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
Por mi parte, simplemente quiero transmitir lo que hemos conversado en nuestra comisión, en el sentido de que el espíritu de esta reunión era tener un primer encuentro y abrir canales de comunicación para que, independientemente de los pedidos de informes que cada uno de nosotros presente, también tuviéramos a mano el canal de comunicación directa con la comisión.
Tiene la palabra el doctor Vázquez Acuña.
Por mi parte, simplemente quiero transmitir lo que hemos conversado en nuestra comisión, en el sentido de que el espíritu de esta reunión era tener un primer encuentro y abrir canales de comunicación para que, independientemente de los pedidos de informes que cada uno de nosotros presente, también tuviéramos a mano el canal de comunicación directa con la comisión.
Tiene la palabra el doctor Vázquez Acuña.
SR. VÁZQUEZ ACUÑA Señor presidente: soy juez de la Nación y presido el Tribunal Oral de la Capital Federal. Creo que hay algunas cuestiones que no se trataron. La primera es que la cobertura no solamente debe provenir del Estado. Es cierto que el Estado argentino es responsable de la salud de toda la población. Pero de acuerdo con lo dispuesto por las leyes 24.455 y 24.754 las obras sociales y las prepagas también son responsables de la cobertura integral de las personas que consumen drogas o que tienen problemas de salud. No debemos olvidar nunca este tema, porque siempre decimos que le vamos a pedir al Estado nacional o a las provincias, pero muchos de nuestros chicos dependen de las obras sociales y sólo algunos de ellos -privilegiados- pertenecen a prepagas.
Como decía la doctora Cuñarro, muchas de las medidas requeridas a través de acciones relacionadas con el tema de la salud obedecen justamente a que las obras sociales y las prepagas no dan una respuesta. Esa es una cuestión que quería aclarar porque no sobrevoló esta reunión. Creo que es importante exigirle a las obras sociales y a las prepagas -también a nivel provincial- que den cobertura integral en esta materia.
Nos preguntaban cuáles son los impactos de la intervención de la Comisión y del Comité del que formo parte. Creo que en eso somos explícitos: el cambio de paradigma. Nos llevó un año establecer este cambio de paradigma en la comunidad, en ustedes, en el Senado, en el Poder Judicial, etcétera. Lo que estamos señalando principalmente es que en materia persecutoria se recurra a las agencias de persecución, llámese ministerio público, agencias policiales, instituciones responsables, etcétera. Para la materia de la salud están las agencias de salud e inclusión social.
Entonces, en materia de atención a los usuarios de drogas debemos recurrir al área de Salud. No debemos tener organismos de dos frentes, que complican las cosas. Ese es nuestro eje fundamental.
También perseguimos el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico, la persecución al blanqueo de dinero, la corrupción, el control y la articulación de políticas en estas materias. Para la materia de la drogadicción están las agencias de salud, desarrollo, inclusión social, trabajo y educación.
Eso es lo que quería decirles. No me podía quedar callado. Estoy convencido de que se requiere un trabajo en conjunto entre el Parlamento, el Poder ejecutivo y el Poder Judicial, del cual soy miembro. Coincido con el doctor Damín en que es muy fácil buscar al juez para que haga de padre -lo digo con una experiencia de más de veinte años en la materia ya que soy juez desde comienzos de la democracia-, pero lo cierto es que esto no debe ser así. Es verdad que es necesario el control judicial, pero creo que es mucho mejor el control de las defensorías y las personas capaces. Hay que evitar derivar estas cuestiones a los jueces, sobre todo a los penales.
Como decía la doctora Cuñarro, muchas de las medidas requeridas a través de acciones relacionadas con el tema de la salud obedecen justamente a que las obras sociales y las prepagas no dan una respuesta. Esa es una cuestión que quería aclarar porque no sobrevoló esta reunión. Creo que es importante exigirle a las obras sociales y a las prepagas -también a nivel provincial- que den cobertura integral en esta materia.
Nos preguntaban cuáles son los impactos de la intervención de la Comisión y del Comité del que formo parte. Creo que en eso somos explícitos: el cambio de paradigma. Nos llevó un año establecer este cambio de paradigma en la comunidad, en ustedes, en el Senado, en el Poder Judicial, etcétera. Lo que estamos señalando principalmente es que en materia persecutoria se recurra a las agencias de persecución, llámese ministerio público, agencias policiales, instituciones responsables, etcétera. Para la materia de la salud están las agencias de salud e inclusión social.
Entonces, en materia de atención a los usuarios de drogas debemos recurrir al área de Salud. No debemos tener organismos de dos frentes, que complican las cosas. Ese es nuestro eje fundamental.
También perseguimos el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico, la persecución al blanqueo de dinero, la corrupción, el control y la articulación de políticas en estas materias. Para la materia de la drogadicción están las agencias de salud, desarrollo, inclusión social, trabajo y educación.
Eso es lo que quería decirles. No me podía quedar callado. Estoy convencido de que se requiere un trabajo en conjunto entre el Parlamento, el Poder ejecutivo y el Poder Judicial, del cual soy miembro. Coincido con el doctor Damín en que es muy fácil buscar al juez para que haga de padre -lo digo con una experiencia de más de veinte años en la materia ya que soy juez desde comienzos de la democracia-, pero lo cierto es que esto no debe ser así. Es verdad que es necesario el control judicial, pero creo que es mucho mejor el control de las defensorías y las personas capaces. Hay que evitar derivar estas cuestiones a los jueces, sobre todo a los penales.
SR. PRESIDENTE PERALTA Para terminar, voy a agradecer nuevamente a los funcionarios que nos han visitado. Asimismo, quiero dispensar la ausencia del presidente de la Comisión de Salud, el diputado Morante, que por cuestiones ineludibles no pudo estar hoy presente.
Por último, quiero aprovechar la oportunidad para expresarles a todos ustedes, que son funcionarios nacionales, que todas las ideas y diseños de políticas que están haciendo requieren de la implementación -sí o sí- de las provincias. Las políticas deben estar compatibilizadas en términos de implementación, metodologías y financiamiento con las provincias. En particular, yo pido que se ponga una fuerte atención a los controles de la ejecución, porque a veces las buenas ideas fracasan por la falta de control y quedan en eso, en buenas ideas.
Damos por levantada la reunión.
Por último, quiero aprovechar la oportunidad para expresarles a todos ustedes, que son funcionarios nacionales, que todas las ideas y diseños de políticas que están haciendo requieren de la implementación -sí o sí- de las provincias. Las políticas deben estar compatibilizadas en términos de implementación, metodologías y financiamiento con las provincias. En particular, yo pido que se ponga una fuerte atención a los controles de la ejecución, porque a veces las buenas ideas fracasan por la falta de control y quedan en eso, en buenas ideas.
Damos por levantada la reunión.
la hora 13 y 54.