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LEGISLACION PENAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 404
Secretario Administrativo DR. SAADE MARTIN OMAR
Martes 15.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-7493/94 Internos 2403/01
clpenal@hcdn.gob.ar
- FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
- LEGISLACION PENAL
Reunión del día 03/08/2010
- .
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los tres días del mes de agosto de 2010, a la hora 15 y 40:
SR. PRESIDENTE VEGA Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal -que presido- y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que preside la señora diputada Claudia Rucci.
La idea es escuchar la opinión de la sociedad civil sobre un tema de alta atención social e institucional como el vinculado con la tragedia de la trata.
Ustedes saben que desde hace bastantes meses estamos trabajando en un proyecto sobre el tema, pero no queremos que suceda lo que ocurrió hace dos años. Quizás por un apuro excesivo y una fragilidad en la traducción jurídica del reclamo social cometimos errores que estamos tratando de rectificar. Por eso los hemos invitado y agradecemos la presencia de todos lo que hoy nos visitan.
La única limitación que pondremos es la que nos fija el límite temporal que tenemos. Quienes harán uso de la palabra la llevarán a cabo de conformidad con lo que marca el reglamento de esta Cámara de Diputados de la Nación y que usamos en este tipo de reuniones. Concretamente, tendrán el mismo tiempo para exponer que el que tenemos los señores diputados cuando lo hacemos en el recinto. Esto es por razones de orden y de disponibilidad física de espacio. El orden de exposición lo fijará la señora presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, diputada Claudia Rucci y los expositores se ubicarán en el espacio reservado al lado de la Presidencia. El tiempo reglamentario que nosotros tenemos y que vamos a fijar es de siete minutos.
La idea es escuchar la opinión de la sociedad civil sobre un tema de alta atención social e institucional como el vinculado con la tragedia de la trata.
Ustedes saben que desde hace bastantes meses estamos trabajando en un proyecto sobre el tema, pero no queremos que suceda lo que ocurrió hace dos años. Quizás por un apuro excesivo y una fragilidad en la traducción jurídica del reclamo social cometimos errores que estamos tratando de rectificar. Por eso los hemos invitado y agradecemos la presencia de todos lo que hoy nos visitan.
La única limitación que pondremos es la que nos fija el límite temporal que tenemos. Quienes harán uso de la palabra la llevarán a cabo de conformidad con lo que marca el reglamento de esta Cámara de Diputados de la Nación y que usamos en este tipo de reuniones. Concretamente, tendrán el mismo tiempo para exponer que el que tenemos los señores diputados cuando lo hacemos en el recinto. Esto es por razones de orden y de disponibilidad física de espacio. El orden de exposición lo fijará la señora presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, diputada Claudia Rucci y los expositores se ubicarán en el espacio reservado al lado de la Presidencia. El tiempo reglamentario que nosotros tenemos y que vamos a fijar es de siete minutos.
SRA. PRESIDENTA RUCCI Quisiera agradecer la presencia de todas las asociaciones que han sido invitadas y, sobre todo, la de los familiares y las víctimas.
Estamos trabajando para poder generar modificaciones en la ley de trata existente y que se constituya en una norma que ayude a terminar con este flagelo que vivimos en la Argentina. De modo que para nosotros es muy importante vuestra presencia para nutrirnos y para, mediante el consenso, llegar a tener la ley que todos los argentinos merecemos.
Creo que estamos empezando a hablar de derechos humanos. Este es un derecho humano importante y debemos trabajar en conjunto. Por ello, quiero agradecer a los diputados de ambas comisiones por el esfuerzo y seriedad con el objetivo de llegar a un consenso para seguir adelante con esto.
Tiene la palabra el señor Juan Carlos Yacante, abuelo de "Peli" Mercado.
Estamos trabajando para poder generar modificaciones en la ley de trata existente y que se constituya en una norma que ayude a terminar con este flagelo que vivimos en la Argentina. De modo que para nosotros es muy importante vuestra presencia para nutrirnos y para, mediante el consenso, llegar a tener la ley que todos los argentinos merecemos.
Creo que estamos empezando a hablar de derechos humanos. Este es un derecho humano importante y debemos trabajar en conjunto. Por ello, quiero agradecer a los diputados de ambas comisiones por el esfuerzo y seriedad con el objetivo de llegar a un consenso para seguir adelante con esto.
Tiene la palabra el señor Juan Carlos Yacante, abuelo de "Peli" Mercado.
SR. YACANTE Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por la invitación. El que tenía que estar aquí era mi tío, el abuelo de "Peli", quien no pudo concurrir por razones de salud. Soy Juan Yacante, tío de "Peli" Mercado, quien está desaparecida en la provincia de la Rioja desde el 26 de abril de 2005.
No sé cuáles serán los motivos por los cuales la Justicia de la provincia de La Rioja no actúa en el caso de "Peli". Para nosotros como familiares es duro luchar y peregrinar día a día en la búsqueda de "Peli"; ya han pasado cinco años. Siempre le decimos al juez que no es una cosa la que se busca, sino una vida. Todos los que estamos aquí creo que tenemos hijos o nietos y saben lo doloroso que es peregrinar en esto.
El caso de "Peli" está en la justicia ordinaria de la provincia de la Rioja porque sucedió en 2005 y la ley sobre trata de personas se sancionó en 2008. Cada vez que queremos hablar con el juez que tiene a su cargo la causa no nos puede atender por uno u otro motivo. No quiero venir en esta oportunidad a escrachar ni mandar al frente a nadie, simplemente pedimos justicia.
En esta semana en la provincia de La Rioja se están desarrollando unas jornadas sobre derechos humanos. Todos se deben imaginar que nosotros vamos a estar ahí en esas jornadas, invitados por el señor Bordón, quien está a cargo de Derechos Humanos de la provincia. Antes de subir al micro para venir aquí me llamó una persona y me invitó a participar en un foro de derechos humanos que se hacía en la plaza 25 de Mayo para que contemos el caso de "Peli". Será porque vinimos 4 o 5 veces a Buenos Aires a hablar sobre el tema. Gracias a Dios hubo gente que supo escuchar el caso de "Peli".
Este año se perdió otra chica en la provincia de La Rioja, Jacqueline Ormeño, que está desaparecida, compañera de "Peli", que también dejó dos nenes. Antes de venir aquí conversé con la mamá y me dijo que estaba pasando por lo mismo que nosotros.
Hace poco tuve la oportunidad de estar aquí, en una audiencia con el doctor Masquelet, secretario de Justicia, que se quedó comprometido en hablar. En La Rioja se creó una unidad operativa de trata de personas. Él se comprometió en que lo iban a llamar para tener algún tipo de entrevista con nosotros, pero todavía no recibimos ningún llamado de la unidad especial.
Como familiares de "Peli", pedimos que se tenga en cuenta este caso. En la provincia de La Rioja parece que existen privilegios; pareciera como si "Peli" fuera una chica de otro país porque a través de los viajes que hicimos para acá los medios de prensa saben que "Peli" está desaparecida.
Gracias a Dios acá encontramos gente muy buena a la cual como familiares le estamos muy agradecidos. Es difícil. Ojalá que esta modificación de la ley y esta oportunidad que nos están dando a los familiares y a las víctimas -sobre todo a las víctimas- sirva para algo.
Para nosotros, como familiares, es muy doloroso pasar un cumpleaños, una Navidad, un Año Nuevo sin "Peli", es difícil. Si lo es para mí como tío, me pongo en el lugar de las madres que están acá, que son también víctimas. Creo que todos somos víctimas y debería hablarse del tema de la trata en todo ámbito educativo y en toda institución.
Nuevamente muchas gracias por esta oportunidad de dejarnos contar el caso de "Peli". Espero que no existan nunca más casos como el de "Peli", el de Marita Verón o el de Jacqueline; y que realmente en la provincia de La Rioja se haga algo por estos casos. Me hago cargo de lo que digo porque hasta ahora, con el caso de Peli no se hizo absolutamente nada.
Quiero agradecer a las personas que me invitaron, a los señores diputados, desde ya quedando a disposición para lo que sea necesario y les pueda ser útil. Nosotros como familiares de "Peli" estamos a su entera disposición. (Aplausos.)
No sé cuáles serán los motivos por los cuales la Justicia de la provincia de La Rioja no actúa en el caso de "Peli". Para nosotros como familiares es duro luchar y peregrinar día a día en la búsqueda de "Peli"; ya han pasado cinco años. Siempre le decimos al juez que no es una cosa la que se busca, sino una vida. Todos los que estamos aquí creo que tenemos hijos o nietos y saben lo doloroso que es peregrinar en esto.
El caso de "Peli" está en la justicia ordinaria de la provincia de la Rioja porque sucedió en 2005 y la ley sobre trata de personas se sancionó en 2008. Cada vez que queremos hablar con el juez que tiene a su cargo la causa no nos puede atender por uno u otro motivo. No quiero venir en esta oportunidad a escrachar ni mandar al frente a nadie, simplemente pedimos justicia.
En esta semana en la provincia de La Rioja se están desarrollando unas jornadas sobre derechos humanos. Todos se deben imaginar que nosotros vamos a estar ahí en esas jornadas, invitados por el señor Bordón, quien está a cargo de Derechos Humanos de la provincia. Antes de subir al micro para venir aquí me llamó una persona y me invitó a participar en un foro de derechos humanos que se hacía en la plaza 25 de Mayo para que contemos el caso de "Peli". Será porque vinimos 4 o 5 veces a Buenos Aires a hablar sobre el tema. Gracias a Dios hubo gente que supo escuchar el caso de "Peli".
Este año se perdió otra chica en la provincia de La Rioja, Jacqueline Ormeño, que está desaparecida, compañera de "Peli", que también dejó dos nenes. Antes de venir aquí conversé con la mamá y me dijo que estaba pasando por lo mismo que nosotros.
Hace poco tuve la oportunidad de estar aquí, en una audiencia con el doctor Masquelet, secretario de Justicia, que se quedó comprometido en hablar. En La Rioja se creó una unidad operativa de trata de personas. Él se comprometió en que lo iban a llamar para tener algún tipo de entrevista con nosotros, pero todavía no recibimos ningún llamado de la unidad especial.
Como familiares de "Peli", pedimos que se tenga en cuenta este caso. En la provincia de La Rioja parece que existen privilegios; pareciera como si "Peli" fuera una chica de otro país porque a través de los viajes que hicimos para acá los medios de prensa saben que "Peli" está desaparecida.
Gracias a Dios acá encontramos gente muy buena a la cual como familiares le estamos muy agradecidos. Es difícil. Ojalá que esta modificación de la ley y esta oportunidad que nos están dando a los familiares y a las víctimas -sobre todo a las víctimas- sirva para algo.
Para nosotros, como familiares, es muy doloroso pasar un cumpleaños, una Navidad, un Año Nuevo sin "Peli", es difícil. Si lo es para mí como tío, me pongo en el lugar de las madres que están acá, que son también víctimas. Creo que todos somos víctimas y debería hablarse del tema de la trata en todo ámbito educativo y en toda institución.
Nuevamente muchas gracias por esta oportunidad de dejarnos contar el caso de "Peli". Espero que no existan nunca más casos como el de "Peli", el de Marita Verón o el de Jacqueline; y que realmente en la provincia de La Rioja se haga algo por estos casos. Me hago cargo de lo que digo porque hasta ahora, con el caso de Peli no se hizo absolutamente nada.
Quiero agradecer a las personas que me invitaron, a los señores diputados, desde ya quedando a disposición para lo que sea necesario y les pueda ser útil. Nosotros como familiares de "Peli" estamos a su entera disposición. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA RUCCI Tiene la palabra la señora Adriana Gordó, madre de Dana Pecci.
SRA. GORDÓ Buenas tardes, mi nombre es Adriana Gordó y soy la mamá de Dana Josefina Dora Pecci, asesinada por un tratante de personas, Pedro Rudecindo Adorno, el 17 de noviembre del 2007. Dana tenía toda su documentación encima, recibió seis tiros en la cabeza y vivió dos días para poder incriminar a quien le había disparado.
Ella se estaba escapando junto con su beba de un año y medio, Luciana, mi única nieta. Tengo..., ahora tengo que decir "tenía", dos hijos Danilo de 30 y Dana, que ahora tendría que tener 22 años, porque se llevaban ocho años de diferencia. Me queda Danilo, y él sufre todos los días la pérdida de su única hermana.
Desapareció en julio del 2005, secuestrada por Pedro Rudecindo Adorno, que era la segunda vez que la secuestraba, porque ya la había secuestrado en el año 2003. Las autoridades no hicieron absolutamente nada. Dana se pudo escapar, estuvo tres meses secuestrada y yo le dije: "Dana, vamos a hacer la denuncia urgente a Olavarría". Ella me contestó: "¿qué querés, que terminemos las dos muertas en una zanja?".
Desgraciadamente, ella fue la que terminó muerta, no en una zanja sino en el Sanatorio San Roque de Gonnet, después de haber firmado la autorización para que la operen. Firmó, puso su número de DNI y la fiscal Virginia Bravo de la UFI Nº 7 la hizo enterrar como "NN posible paraguaya".
Hace pocos días se suspendió el juicio oral y público a este degenerado, Pedro Rudecindo Adorno, porque, pobrecito, está enfermo del corazón. Pero él estaba enfermo del corazón antes de secuestrar a mi hija.
Así que le tienen consideración -la que no le tuvieron a mi hija, ya que la enterraron como NN- y le hacen un juicio abreviado.
En ese juicio, la jueza Torrisi, del Juzgado en lo Criminal Nº 2 de La Plata, junto con el fiscal Sagastume, que era el que tenía que defender a mi hija, determinaron que debía cumplir once años de prisión, pero que por buen comportamiento, cuando tenga 74 años -ahora tiene 70- va a poder salir en libertad.
Mi hijo dijo: "Dejá que salga", a lo que le respondí: "No te vas a ensuciar por semejante cosa".
Ahora, Dana no está más pero sí está mi nieta, y eso es lo que me mueve a mí.
A mi hija la estaba buscando así. Esta era mi hija.
Ella se estaba escapando junto con su beba de un año y medio, Luciana, mi única nieta. Tengo..., ahora tengo que decir "tenía", dos hijos Danilo de 30 y Dana, que ahora tendría que tener 22 años, porque se llevaban ocho años de diferencia. Me queda Danilo, y él sufre todos los días la pérdida de su única hermana.
Desapareció en julio del 2005, secuestrada por Pedro Rudecindo Adorno, que era la segunda vez que la secuestraba, porque ya la había secuestrado en el año 2003. Las autoridades no hicieron absolutamente nada. Dana se pudo escapar, estuvo tres meses secuestrada y yo le dije: "Dana, vamos a hacer la denuncia urgente a Olavarría". Ella me contestó: "¿qué querés, que terminemos las dos muertas en una zanja?".
Desgraciadamente, ella fue la que terminó muerta, no en una zanja sino en el Sanatorio San Roque de Gonnet, después de haber firmado la autorización para que la operen. Firmó, puso su número de DNI y la fiscal Virginia Bravo de la UFI Nº 7 la hizo enterrar como "NN posible paraguaya".
Hace pocos días se suspendió el juicio oral y público a este degenerado, Pedro Rudecindo Adorno, porque, pobrecito, está enfermo del corazón. Pero él estaba enfermo del corazón antes de secuestrar a mi hija.
Así que le tienen consideración -la que no le tuvieron a mi hija, ya que la enterraron como NN- y le hacen un juicio abreviado.
En ese juicio, la jueza Torrisi, del Juzgado en lo Criminal Nº 2 de La Plata, junto con el fiscal Sagastume, que era el que tenía que defender a mi hija, determinaron que debía cumplir once años de prisión, pero que por buen comportamiento, cuando tenga 74 años -ahora tiene 70- va a poder salir en libertad.
Mi hijo dijo: "Dejá que salga", a lo que le respondí: "No te vas a ensuciar por semejante cosa".
Ahora, Dana no está más pero sí está mi nieta, y eso es lo que me mueve a mí.
A mi hija la estaba buscando así. Esta era mi hija.
- Muestra la foto.
SRA. GORDÓ Esta es mi nieta, Luciana Paola.
- Muestra la foto.
SRA. GORDÓ Los proxenetas le ponen el apellido para que no haya delito, pero yo estoy pidiendo un ADN a favor de mi nieta para ver de quién es hija.
Mi hija terminó así en la morgue.
Mi hija terminó así en la morgue.
- Muestra la foto.
SRA. GORDÓ Perdón por la foto. Pero esta cara era esta misma cara, y terminó así.
- Muestra varias fotos.
SRA. GORDÓ Terminó sola. Peor que un perro. Porque la dejaron morir sola.
Antes de morir, mi hija dio la dirección donde yo vivía y también dijo: "Sálveme, doctor porque tengo una bebé a quien criar junto con mi mamá. No quiero que mi bebé se quede con esa gente de mierda". La gente de mierda son los hijos del asesino, que ponen a mi nieta en Internet -para provocarme- como la familia unida.
Estos son los cuatro hijos de Pedro Rudecindo Adorno y de Iris Mabel Giaconía, que es funcionaria de la municipalidad de Olavarría.
Muestra la foto.
Antes de morir, mi hija dio la dirección donde yo vivía y también dijo: "Sálveme, doctor porque tengo una bebé a quien criar junto con mi mamá. No quiero que mi bebé se quede con esa gente de mierda". La gente de mierda son los hijos del asesino, que ponen a mi nieta en Internet -para provocarme- como la familia unida.
Estos son los cuatro hijos de Pedro Rudecindo Adorno y de Iris Mabel Giaconía, que es funcionaria de la municipalidad de Olavarría.
Muestra la foto.
SRA. GORDÓ Al intendente Eseverri, que no está ajeno de esto, le pido que termine de una vez por todas con la corrupción en Olavarría y que se comprometa a limpiar todos los prostíbulos que todavía existen, porque va a caer él también.
Las personas de Olavarría tienen miedo de hablar, pero otras no y hay jueces que no son corruptos, como todos los que me tocaron a mí cuando pedí el amparo y el habeas corpus a favor de mi nieta. En esa oportunidad, seis jueces se declararon incompetentes en Azul, Tandil y Olavarría. Fue cuando recibí la amenaza de muerte para toda mi familia, incluso para mi nieta.
Ahora estoy luchando porque la jueza Iermini, lamentablemente también se vendió, junto con la juez de Azul, María Cristina Beaucamp, a la cual tuve que denunciar en la Suprema Corte de la provincia y se declaró incompetente aduciendo que me tenía miedo. Una jueza. ¿Por qué? Porque hizo todo mal.
La directora de Acción Social de Olavarría dio un informe de mi persona a la Dirección de Niñez y Adolescencia de La Plata diciendo por escrito -gracias Silvia Díaz por haberlo hecho por escrito- lo siguiente:
Que la abuela materna nunca quiso conocer a la nena, que el tío, Danilo, sí la vio una vez sola, fue la única vez que se la dejaron ver y que yo tenía problemas mentales. Silvia Díaz en este momento ya recibió una demanda penal y civil por injurias hacia mi persona.
No voy a parar hasta obtener la tutela de mi nieta. Lamentablemente, en Olavarría están todos comprados. Así que lo único que yo les pido, para que mi hija pueda descansar en paz y tenga la tranquilidad -desde donde está- de que su bebé se va a criar con la verdad acerca de lo que le pasó a su mamá para salvarla, de que va a estar con su abuela y su familia. Estamos pidiendo desesperadamente la tutela definitiva.
Lo único que les pido es que me ayuden a sacar el caso de Olavarría, porque de otra manera no voy a tener a mi nieta. Porque en Olavarría la mafia se llama Adorno. Gracias. (Aplausos.)
Las personas de Olavarría tienen miedo de hablar, pero otras no y hay jueces que no son corruptos, como todos los que me tocaron a mí cuando pedí el amparo y el habeas corpus a favor de mi nieta. En esa oportunidad, seis jueces se declararon incompetentes en Azul, Tandil y Olavarría. Fue cuando recibí la amenaza de muerte para toda mi familia, incluso para mi nieta.
Ahora estoy luchando porque la jueza Iermini, lamentablemente también se vendió, junto con la juez de Azul, María Cristina Beaucamp, a la cual tuve que denunciar en la Suprema Corte de la provincia y se declaró incompetente aduciendo que me tenía miedo. Una jueza. ¿Por qué? Porque hizo todo mal.
La directora de Acción Social de Olavarría dio un informe de mi persona a la Dirección de Niñez y Adolescencia de La Plata diciendo por escrito -gracias Silvia Díaz por haberlo hecho por escrito- lo siguiente:
Que la abuela materna nunca quiso conocer a la nena, que el tío, Danilo, sí la vio una vez sola, fue la única vez que se la dejaron ver y que yo tenía problemas mentales. Silvia Díaz en este momento ya recibió una demanda penal y civil por injurias hacia mi persona.
No voy a parar hasta obtener la tutela de mi nieta. Lamentablemente, en Olavarría están todos comprados. Así que lo único que yo les pido, para que mi hija pueda descansar en paz y tenga la tranquilidad -desde donde está- de que su bebé se va a criar con la verdad acerca de lo que le pasó a su mamá para salvarla, de que va a estar con su abuela y su familia. Estamos pidiendo desesperadamente la tutela definitiva.
Lo único que les pido es que me ayuden a sacar el caso de Olavarría, porque de otra manera no voy a tener a mi nieta. Porque en Olavarría la mafia se llama Adorno. Gracias. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA RUCCI Tiene la palabra la señora Lourdes Hidalgo.
SRA. HIDALGO Buenas tardes. Me llamo Lourdes Hidalgo, soy de nacionalidad boliviana. Hace unos años, en el 2006, me trajeron de Bolivia diciéndome que iba a tener un mejor trabajo aquí en Argentina. Como allá en mi país hay una crisis, y ante el ofrecimiento de pagarme en dólares y la posibilidad de tener un trabajo para poder vivir mejor, me vine.
Desgraciadamente, trabajé en el taller que se incendió el 30 de marzo del 2006, en el cual lamentablemente murieron mis dos compañeros y cuatro niños inocentes, que no tenían nada que ver. Cada vez que recuerdo me duele mucho y siempre al ver el fuego me pregunto: ¿cómo habrán muerto mis compañeros? ¡Qué dolor es sentir que te quema el fuego!
En ese taller estuvimos sesenta y cinco personas adentro de un galpón cerrado. Tenía una puerta nada más y las piezas estaban hechas de telas y cartón; la gente a su manera las construía como podía porque no tenía lugar para vivir bien.
A mí misma me engañaron, me dijeron que cuando venga me iban a dar una pieza, pero cuando llegué me dieron una tela y quedé muy sorprendida. En el taller que estuve trabajando había un solo baño para sesenta y cinco personas, cuarenta mayores y veinticinco niños. Así ocurrió la tragedia donde murieron seis personas, y sé que el incendio se produjo por estas malas condiciones.
El tiempo pasa y veo que siguen existiendo talleres en los cuales se trabaja de esta manera. Incluso traen de mi país a personas que no saben hablar castellano, que hablan el aymará y no entienden muy bien el castellano. Todavía siguen trayendo personas de Bolivia acá a la Argentina para hacerlos laburar, porque en los talleres clandestinos se labura dieciocho o veinte horas.
Incluso yo trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tenía que dormir allí. De la cama iba directo a la máquina y de la máquina a la cama.
Lo que pasa es que hasta el día de hoy se siguen viendo talleres clandestinos en las provincias. Aquí también hay un montón de talleres que siguen trabajando así, donde se esclaviza a personas. Hay personas que vienen, aparte de Bolivia, de países como Perú o Paraguay.
Para nosotros no hubo justicia porque los dueños de los talleres donde yo trabajaba, donde hubo muertos, siguen teniendo sus talleres y continúan esclavizando a la gente. Están libres y no hubo justicia para nosotros.
Doy las gracias a Gustavo, porque gracias a él estoy trabajando en la cooperativa, pero no trabajo 18 o 20 horas, sino que lo hago 8 horas. Estoy con la mente de seguir luchando contra el trabajo esclavo. Agradezco a todos ustedes por haberme escuchado.
Hoy en día tengo la oportunidad de hablar. Luego de la tragedia que pasó fuimos amenazados y más que nadie mi persona. No nos dejaban decir la verdad, nos amenazaban diciendo que iban a matar a las personas que hablaran. Por esa razón, hoy en día tengo la libertad de hablar sin miedo. Tengo la mente de seguir adelante, de seguir luchando. Quiero pedir a todos ustedes que nos ayuden a salir adelante, a que no haya más trabajo esclavo. (Aplausos.)
Desgraciadamente, trabajé en el taller que se incendió el 30 de marzo del 2006, en el cual lamentablemente murieron mis dos compañeros y cuatro niños inocentes, que no tenían nada que ver. Cada vez que recuerdo me duele mucho y siempre al ver el fuego me pregunto: ¿cómo habrán muerto mis compañeros? ¡Qué dolor es sentir que te quema el fuego!
En ese taller estuvimos sesenta y cinco personas adentro de un galpón cerrado. Tenía una puerta nada más y las piezas estaban hechas de telas y cartón; la gente a su manera las construía como podía porque no tenía lugar para vivir bien.
A mí misma me engañaron, me dijeron que cuando venga me iban a dar una pieza, pero cuando llegué me dieron una tela y quedé muy sorprendida. En el taller que estuve trabajando había un solo baño para sesenta y cinco personas, cuarenta mayores y veinticinco niños. Así ocurrió la tragedia donde murieron seis personas, y sé que el incendio se produjo por estas malas condiciones.
El tiempo pasa y veo que siguen existiendo talleres en los cuales se trabaja de esta manera. Incluso traen de mi país a personas que no saben hablar castellano, que hablan el aymará y no entienden muy bien el castellano. Todavía siguen trayendo personas de Bolivia acá a la Argentina para hacerlos laburar, porque en los talleres clandestinos se labura dieciocho o veinte horas.
Incluso yo trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tenía que dormir allí. De la cama iba directo a la máquina y de la máquina a la cama.
Lo que pasa es que hasta el día de hoy se siguen viendo talleres clandestinos en las provincias. Aquí también hay un montón de talleres que siguen trabajando así, donde se esclaviza a personas. Hay personas que vienen, aparte de Bolivia, de países como Perú o Paraguay.
Para nosotros no hubo justicia porque los dueños de los talleres donde yo trabajaba, donde hubo muertos, siguen teniendo sus talleres y continúan esclavizando a la gente. Están libres y no hubo justicia para nosotros.
Doy las gracias a Gustavo, porque gracias a él estoy trabajando en la cooperativa, pero no trabajo 18 o 20 horas, sino que lo hago 8 horas. Estoy con la mente de seguir luchando contra el trabajo esclavo. Agradezco a todos ustedes por haberme escuchado.
Hoy en día tengo la oportunidad de hablar. Luego de la tragedia que pasó fuimos amenazados y más que nadie mi persona. No nos dejaban decir la verdad, nos amenazaban diciendo que iban a matar a las personas que hablaran. Por esa razón, hoy en día tengo la libertad de hablar sin miedo. Tengo la mente de seguir adelante, de seguir luchando. Quiero pedir a todos ustedes que nos ayuden a salir adelante, a que no haya más trabajo esclavo. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA RUCCI Tiene la palabra el señor Taboada.
SR. TABOADA Buenas tardes. Soy de nacionalidad boliviana y vengo de la provincia de Buenos Aires, de una granja avícola en la localidad de Pilar.
El 16 de abril de 2008 fui el primero en denunciar a mi granja y hubo un allanamiento donde se descubrieron niños trabajando. Había denunciado a la firma Nuestra Huella porque se trabajaba 16 o 17 horas en la cría de gallinas ponedoras, teníamos la cerca electrificada.
También hay mucha trata de personas hasta hoy. El modo de traer gente de Bolivia o de Misiones y de operar es así: cuando hay algún familiar adentro de la granja el capataz o alguna de las dueñas, Ester o María Luaces, le preguntan si tiene algún pariente o amigo en Bolivia, le pagan los pasajes y le dan un premio de 3, 4 o 5 mil pesos para que vaya hasta Bolivia y traiga gente. Este es el modo de traer gente, y le prometen casa y vivienda digna, donde no va a pagar luz, ni alquiler y le dan todo más un sueldo de unos mil o dos mil pesos.
Pero todo eso es mentira. Antes de la denuncia que yo hice, allí se trabajaba de lunes a lunes; uno no tenía ni domingos ni feriados, y nos pagaban un solo sueldo. Uno tenía que tener sí o sí a sus hijos y a su señora para que lo ayudaran. En ese entonces nos pagaban 800 pesos. Y no importaba si uno tenía documento o no, porque igual tenía que trabajar "en negro".
Venía el dueño, Carlos Luaces, que ya falleció, y decía: "¿Qué están haciendo tus hijos?" Yo le contestaba "Están en casa". Y me decía: "No; vos dedicate a remover el guano, y que tus hijos y tu señora junten huevos. Así vas a poder cobrar un buen premio a fin de mes". Pero pasaba el mes y nunca cumplía; te prometía, pasaban los meses, y después te decía "Ché, estás flaco; metete en uno de los pasillos del galpón, buscá una gallina que esté medio muerta..." -por prolapso u otra enfermedad- "...y decile a tu señora que te haga una sopa. Así vas a poder trabajar mejor". Pero esas gallinas estaban alimentadas químicamente, y eso es lo que quería que nosotros comiéramos.
Si reclamábamos porque teníamos a nuestros hijos enfermos, nos decía: "Nosotros te vamos a mandar los medicamentos; vos no podés salir. No tenemos personal para cubrirte", y ellos mismos te medicaban. Te daban pastillas de colores y te decían: "El azul es ibuprofeno, te calma esto; el amarillo y el verde son vitaminas". Ellos mismos te medicaban.
Además, no teníamos salidas, francos ni nada. Todo era trabajo esclavo. Hasta hoy en día, después de la denuncia que yo hice, siguen trayendo gente de Misiones o de Bolivia, con engaños, para que venga acá y la exploten. Y si no servís o querés reclamar algo, te echan sin beneficios ni nada.
Después de que yo hice la denuncia, me echaron, pero no me indemnizaron ni me pagaron nada.
Además, hubo muertes por intoxicación; compañeros que murieron por fumigar demasiado, por utilizar tóxicos o químicos para matar moscas o lauchas, porque abundan esos bichos. Cuando te dan un frasco con hipermetrina para matar las moscas, allí dice que tiene que ser manejado por un experto. Pero nosotros lo usábamos, y también lo manipulaban nuestros hijos, sin protección.
A raíz de esos tóxicos, mi señora perdió un bebé en el año 2007. Y una compañera tuvo un bebé sin cabeza; lo primero que preguntaron en el hospital era dónde trabajaba, y cuando contestó que en una granja, le dijeron que era consecuencia de los químicos. Dijeron "Ustedes no se cuidan, no dicen nada, se callan". El bebé nació sin cabeza, en Luján, y quedó registrado en el hospital.
Ahora bajó un poco el tema de la esclavitud, pero eso no ocurre en otras granjas. Nuestra Huella tiene más de setenta granjas distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires; también tiene granjas en Río Cuarto, exporta huevos a Asia y a África, los vende a Coto, a Walmart y a Disco. Es una empresa bien grande, que se aprovecha de nosotros, los humildes, los trabajadores, los pobres.
Hace un año y medio falleció un compañero mío, que vivía a metros de mi casa, por intoxicación con veneno. Sin embargo, nadie dijo nada. Todo es como una mafia en Pilar. La dueña o presidenta de Nuestra Huella, Alejandra López Camelo, es prima del intendente Zúccaro; el apoderado de Nuestra Huella es Sergio Bivort, ex intendente de Pilar. Ester Luaces, la mayor accionista de Nuestra Huella, tiene un colegio, creo que es el Santa Teresita, el más prestigioso de Pilar. Es decir, son gente poderosa, como nosotros decimos, pero nadie hace nada. Hasta ahora sigo reclamando por los derechos de mis compañeros; sigo reclamando todo.
Ahí hay trata de personas, reducción a la servidumbre. Antes del allanamiento toda la granja estaba electrificada. No nos dejaban salir.
A mi nena de 13 años se le habían quemado los pies y tenía que llevarla al hospital, pero me decían: "¿Y en tu galpón quién se queda?" "Mi señora", contestaba. "No, vos no podes salir", me respondían. Tuve que llevarla a ocultas a mi hija para que tenga atención médica.
En Pilar todo es como una mafia. Si uno dice que se va a quejar a las autoridades, la dueña misma de la granja te dice: "Si querés andá a quejarte a la Municipalidad, al Ministerio de Trabajo o a donde vos quieras, que yo no les tengo miedo". Y si uno hace un reclamo, te echan.
Desde hace dos años que estoy desempleado. Hago changas. Inclusive vinieron de la colectividad boliviana -la empresa los contrató- a decirme que no haga nada, que me quede callado.
Quiero agradecer a la gente de acá y a La Alameda, que siempre me está dando una mano.
Tengo muchas cosas que contarles, pero tengo que ser breve. Muchas gracias. (Aplausos.)
El 16 de abril de 2008 fui el primero en denunciar a mi granja y hubo un allanamiento donde se descubrieron niños trabajando. Había denunciado a la firma Nuestra Huella porque se trabajaba 16 o 17 horas en la cría de gallinas ponedoras, teníamos la cerca electrificada.
También hay mucha trata de personas hasta hoy. El modo de traer gente de Bolivia o de Misiones y de operar es así: cuando hay algún familiar adentro de la granja el capataz o alguna de las dueñas, Ester o María Luaces, le preguntan si tiene algún pariente o amigo en Bolivia, le pagan los pasajes y le dan un premio de 3, 4 o 5 mil pesos para que vaya hasta Bolivia y traiga gente. Este es el modo de traer gente, y le prometen casa y vivienda digna, donde no va a pagar luz, ni alquiler y le dan todo más un sueldo de unos mil o dos mil pesos.
Pero todo eso es mentira. Antes de la denuncia que yo hice, allí se trabajaba de lunes a lunes; uno no tenía ni domingos ni feriados, y nos pagaban un solo sueldo. Uno tenía que tener sí o sí a sus hijos y a su señora para que lo ayudaran. En ese entonces nos pagaban 800 pesos. Y no importaba si uno tenía documento o no, porque igual tenía que trabajar "en negro".
Venía el dueño, Carlos Luaces, que ya falleció, y decía: "¿Qué están haciendo tus hijos?" Yo le contestaba "Están en casa". Y me decía: "No; vos dedicate a remover el guano, y que tus hijos y tu señora junten huevos. Así vas a poder cobrar un buen premio a fin de mes". Pero pasaba el mes y nunca cumplía; te prometía, pasaban los meses, y después te decía "Ché, estás flaco; metete en uno de los pasillos del galpón, buscá una gallina que esté medio muerta..." -por prolapso u otra enfermedad- "...y decile a tu señora que te haga una sopa. Así vas a poder trabajar mejor". Pero esas gallinas estaban alimentadas químicamente, y eso es lo que quería que nosotros comiéramos.
Si reclamábamos porque teníamos a nuestros hijos enfermos, nos decía: "Nosotros te vamos a mandar los medicamentos; vos no podés salir. No tenemos personal para cubrirte", y ellos mismos te medicaban. Te daban pastillas de colores y te decían: "El azul es ibuprofeno, te calma esto; el amarillo y el verde son vitaminas". Ellos mismos te medicaban.
Además, no teníamos salidas, francos ni nada. Todo era trabajo esclavo. Hasta hoy en día, después de la denuncia que yo hice, siguen trayendo gente de Misiones o de Bolivia, con engaños, para que venga acá y la exploten. Y si no servís o querés reclamar algo, te echan sin beneficios ni nada.
Después de que yo hice la denuncia, me echaron, pero no me indemnizaron ni me pagaron nada.
Además, hubo muertes por intoxicación; compañeros que murieron por fumigar demasiado, por utilizar tóxicos o químicos para matar moscas o lauchas, porque abundan esos bichos. Cuando te dan un frasco con hipermetrina para matar las moscas, allí dice que tiene que ser manejado por un experto. Pero nosotros lo usábamos, y también lo manipulaban nuestros hijos, sin protección.
A raíz de esos tóxicos, mi señora perdió un bebé en el año 2007. Y una compañera tuvo un bebé sin cabeza; lo primero que preguntaron en el hospital era dónde trabajaba, y cuando contestó que en una granja, le dijeron que era consecuencia de los químicos. Dijeron "Ustedes no se cuidan, no dicen nada, se callan". El bebé nació sin cabeza, en Luján, y quedó registrado en el hospital.
Ahora bajó un poco el tema de la esclavitud, pero eso no ocurre en otras granjas. Nuestra Huella tiene más de setenta granjas distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires; también tiene granjas en Río Cuarto, exporta huevos a Asia y a África, los vende a Coto, a Walmart y a Disco. Es una empresa bien grande, que se aprovecha de nosotros, los humildes, los trabajadores, los pobres.
Hace un año y medio falleció un compañero mío, que vivía a metros de mi casa, por intoxicación con veneno. Sin embargo, nadie dijo nada. Todo es como una mafia en Pilar. La dueña o presidenta de Nuestra Huella, Alejandra López Camelo, es prima del intendente Zúccaro; el apoderado de Nuestra Huella es Sergio Bivort, ex intendente de Pilar. Ester Luaces, la mayor accionista de Nuestra Huella, tiene un colegio, creo que es el Santa Teresita, el más prestigioso de Pilar. Es decir, son gente poderosa, como nosotros decimos, pero nadie hace nada. Hasta ahora sigo reclamando por los derechos de mis compañeros; sigo reclamando todo.
Ahí hay trata de personas, reducción a la servidumbre. Antes del allanamiento toda la granja estaba electrificada. No nos dejaban salir.
A mi nena de 13 años se le habían quemado los pies y tenía que llevarla al hospital, pero me decían: "¿Y en tu galpón quién se queda?" "Mi señora", contestaba. "No, vos no podes salir", me respondían. Tuve que llevarla a ocultas a mi hija para que tenga atención médica.
En Pilar todo es como una mafia. Si uno dice que se va a quejar a las autoridades, la dueña misma de la granja te dice: "Si querés andá a quejarte a la Municipalidad, al Ministerio de Trabajo o a donde vos quieras, que yo no les tengo miedo". Y si uno hace un reclamo, te echan.
Desde hace dos años que estoy desempleado. Hago changas. Inclusive vinieron de la colectividad boliviana -la empresa los contrató- a decirme que no haga nada, que me quede callado.
Quiero agradecer a la gente de acá y a La Alameda, que siempre me está dando una mano.
Tengo muchas cosas que contarles, pero tengo que ser breve. Muchas gracias. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA RUCCI Tiene la palabra la señora Susana Trimarco.
SRA. TRIMARCO Señora presidenta: muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a esta honorable comisión por haberme invitado.
La mayoría de los argentinos conoce el caso de mi amada hija Marita. Me refiero al secuestro y desaparición de mi hija ya hace ocho años.
Hoy me siento muy triste porque hace poco perdí otro ser querido, el padre de mi hija y mi esposo. Él se murió de tristeza. Lo encontré en el dormitorio con el portarretrato de Marita. Cayó en una depresión, por eso ustedes siempre me veían a mí luchar y luchar. El no quería vivir porque su hija no estaba, no había forma de sacarlo de esa depresión y se murió. El último día me dijo: "Yo quiero morirme porque no la tengo a mi hija. No aguanto más. No sé de dónde sacas fuerzas vos para seguir en esto".
Les quiero contar que la fuerza y la potencia que tengo me vienen del corazón cuando enfrento a estas mafias, a estos delincuentes, lacras humanas que se dedican a destruir las vidas de las personas, de nuestras hijas y de las familias, porque a mí me destruyeron. Para defender a mi hija hoy quedamos Micaela, mi nieta e hija de Marita, y yo. Y voy a seguir haciéndolo con todo mi corazón. Dios me fortalece para seguir adelante.
Por otro lado, ya estamos notificados para hacer la presentación de las pruebas para el juicio, cosa que haremos dentro de unos días.
La Justicia tardó ocho años en hacer este juicio. Fíjense ustedes, más lento que una tortuga. Pero ¿por qué lo hacen? Porque he sido custodia permanentemente -con mi nieta en los brazos- exigiendo a los señores jueces y a la Justicia que hagan lo que tienen que hacer.
Sin embargo, así manipularon y ensuciaron la causa de mi hija. Así la ensuciaron: "se fue porque quiso, estuvo con un amante, abandonó a su hija". Eso es lo que hacen: ensuciar a las víctimas. Seguí adelante porque sé la hija que crié y sé lo que soy como mamá y como persona y cómo estoy criando a mi nieta que hoy está sentada en este auditorio.
Voy a seguir haciéndolo y exigiré a los señores jueces -que están sentados en un sillón y a los cuales les pagamos un sueldo todos nosotros- que hagan lo que tienen que hacer y que no llevan a cabo.
La investigación en torno a mi hija tiene 79 cuerpos y se han detectado 426 tratantes que operan a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Quién hizo esa investigación? La mamá de Marita Verón. Yo me expuse, me metí en los prostíbulos. Y lo sigo haciendo. Ahora, que nos estamos aproximando al juicio, me han empezado a enviar amenazas a través de cartas anónimas acerca de que mi hija está enterrada y asesinada allá o que me la van a llevar a mi nieta. No les tengo miedo. Voy a seguir; que me maten, no me importa. Pero ellos van a ir a rendir cuentas en la Justicia. Son 25 personas imputadas de las cuales 13 han sido procesadas y elevadas a juicio. El expediente pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque los señores de Tucumán -dado que no aparecía Marita- la querían dar por muerta. ¿Cómo la van a dar por muerta si no apareció? ¿Dónde está el cuerpo? Eso era lo que les decía.
La causa estuvo acá durante seis meses y medio y comencé a molestarlos hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación recomendó a la justicia de Tucumán para que estas 13 personas procesadas y elevadas a juicio sean castigados y se llegue al juicio oral.
Hay 79 cuerpos de la causa principal, pero en lo relativo al paradero de mi hija llevamos 40 cuerpos más. Allí están muy claras las pruebas de estos delincuentes. Yo no vivo sino que vivo para esto. Así como yo no tengo vida tampoco van a tener vida ellos.
Ese momento lo estoy esperando por hora y minuto. Estamos notificados para hacer la presentación de prueba respecto de la cual teníamos 80 testigos y quedaron 50 provenientes de distintas partes del país. Se trata de víctimas que la vieron a mi hija y durmieron con ella. Hablo de personas que fueron víctimas de estos atorrantes que están procesados.
Tenemos que velar por la seguridad de estas chicas que son víctimas y que para mí son como hijas. Hay muchas organizaciones internacionales que vendrán a acompañarme y que serán veedoras del juicio. Los señores jueces tendrán que hacer lo que tienen que hacer: justicia. No voy a cerrar mis ojos hasta no saber qué hicieron con mi hija, dónde está y cómo está. La quiero como esté. Mi compromiso de por vida es acompañar a los padres y madres que me necesitan porque yo vivo para esto.
En la fundación tenemos 679 causas judicializadas de Tucumán y de distintos lugares del país. Esto es terrible. Dios me da fuerzas y me fortalece.
Como me dijo un sacerdote amigo: "Dios te puso en esto y Dios te va a sacar de esto." Tengo un vacío muy grande en mi alma, en mi corazón. Cuando tengo que salir de mi casa tengo que dejar a mi nieta en mi casa con la empleada. Mi nieta se creó en medio de policías porque va a acompañada de policías al ir y venir del colegio. No es una chica que lleve una vida normal. Ella se crió viendo todo esto. Sabe de qué hablo y está aquí. Colabora en la fundación, atiende el teléfono. Enfrenta a los sinvergüenzas cuando me mandan mensajes. Creo que sin darme cuenta la preparé para esta lucha, para que no le pase lo que le pasó a su madre.
Le pido a todos ustedes, que están sentados aquí en el Congreso de la Nación, que tienen poder y voz, que se comprometan de verdad. Acá hay que hablar menos y hacer más. Las víctimas necesitan no solo que las rescaten sin acompañamiento, asistencia, protección de ellas y de su familia. Eso lo estamos haciendo nosotros. A mí me cuesta mucho, me expongo mucho, peleo con la policía, con los jueces, con los fiscales y con quien se me ponga adelante.
No les tengo miedo y no me importa decir lo que tenga que decir a la presidenta de la Nación. A mí me arrancaron a mi hija y no vale ninguna plata del mundo. Mi hija es mi hija, y quiero que la devuelvan al seno familiar.
Yo les digo algo por favor, ya que han tomado esta decisión y agradezco el compromiso por la modificación de la ley. Aquí se habla de consentimiento. Hemos rescatado chicas que son menores de edad y otras que no lo son.
Hemos rescatado a una que se la llevaron cuando tenía 17 años y la recuperamos a los 30 años. ¿De qué consentimiento hablamos? Las víctimas de la trata de personas no dan el consentimiento, ninguna mujer quiere ser violada, explotada, drogada y con su identidad cambiada. Ninguna. Ninguna está ahí en ese lugar horrible porque quiere, y lo puedo decir porque yo estuve, yo lo viví y casi me violan. Pero yo lo hice por mi hija para poder obtener informe sobre mi hija.
Entonces, ¡qué me vienen hacer hablar de consentimiento y de los años de pena! Un delincuente, un sinvergüenza que viola los derechos humanos de una persona, que le quita el derecho a la vida, a la libertad, ¿puede tener un castigo de 3 años de prisión? Debe dársele 25 años de cárcel, lapso durante el cual debe estar limpiando, trabajando y produciendo para el Estado por lo que ha hecho. Yo no quiero que lo maten. Estoy defendiendo los derechos a la vida y a la libertad. Pero el que comete un delito tiene que pagar.
Estos sinvergüenzas además se enriquecen explotando a las mujeres. Hace diez días sacamos de un prostíbulo en Tucumán a una niña de 14 años -tres años más que mi nieta-, que contó que por día pasaban 42 tipos. La niña era virgen; el primer cliente le hizo lo que le hizo: le quitó su virginidad. Ella lloraba.
Esto no puede ser. Es algo muy cruel. Todos hablamos y hablamos. También las autoridades tienen que hacer algo para dar castigo a los clientes; si hay clientes todo esto va a seguir.
Entonces, también tenemos que hacer algo frente a eso, es decir, tenemos que hacer campañas contra estos señores que consumen este tipo de explotación de las mujeres comprando sexo.
Estos delincuentes se enriquecen, tienen camionetas cuatro por cuatro, celulares satelitales, veinte o treinta propiedades, todo a costilla de las mujeres. Entonces, el Estado, por intermedio de la AFIP, debería controlar de dónde saca este señor ese dinero ilegal, y que ese dinero vaya a una cuenta, para ser usado en la recuperación de la víctima, para su tratamiento, para curar el alma de la víctima, porque acá no hay recursos. Yo golpeo puertas y puertas, pido y no paro de pedir para atender a las víctimas que están en nuestra Fundación, quienes están recibiendo asistencia integral.
Estoy muy contenta porque ahora estamos por inaugurar un centro maternal para hijos de las víctimas, porque los niños van a la Fundación con traumas psicológicos, con problemas de conducta; no los quieren recibir en los colegios. A esos niños también hay que ayudarlos. Hay niños que han sido víctimas desde el vientre de la madre, porque su mamá estuvo hasta los nueve meses de embarazo en el prostíbulo y la hicieron trabajar hasta ese momento.
Día a día vemos cosas horrorosas. Nosotros hacemos un trabajo silencioso, callado, porque no queremos exponer a las víctimas. No podemos salir a decir a los periodistas: "Esta víctima sí, estos no". Las resguardamos, les damos seguridad, les damos contención, para que las víctimas se sientan como en su casa. Vienen contentas a la Fundación a hacer los talleres. Estamos haciendo talleres para que aprendan algún oficio, y les conseguimos trabajo.
De todo corazón, les pido que miren todos estos puntos. Hay que modificar la legislación para proteger a la víctima, que es la que ha sufrido; que no tenga que demostrar que ella ha sido víctima. Que este atorrante y degenerado que la explotó, que la violó y que le hizo todo lo que le hizo, sea el que pague y el que tenga que decir si no hizo esto o aquello.
Cuando se haga el juicio de Marita los voy a invitar a todos ustedes; va a ser televisado para todo el país. Quiero que les vean la cara a todos estos atorrantes degenerados que hicieron desaparecer a mi hija.
Les agradezco de todo corazón a las madres que están acá, víctimas como yo, y espero que tengamos fuerza, que sigamos adelante luchando por nuestras hijas, cada una desde su lugar, poniendo su granito de arena, para que podamos salir adelante, y que estos sinvergüenzas vayan a la cárcel. Muchas gracias. (Aplausos.)
La mayoría de los argentinos conoce el caso de mi amada hija Marita. Me refiero al secuestro y desaparición de mi hija ya hace ocho años.
Hoy me siento muy triste porque hace poco perdí otro ser querido, el padre de mi hija y mi esposo. Él se murió de tristeza. Lo encontré en el dormitorio con el portarretrato de Marita. Cayó en una depresión, por eso ustedes siempre me veían a mí luchar y luchar. El no quería vivir porque su hija no estaba, no había forma de sacarlo de esa depresión y se murió. El último día me dijo: "Yo quiero morirme porque no la tengo a mi hija. No aguanto más. No sé de dónde sacas fuerzas vos para seguir en esto".
Les quiero contar que la fuerza y la potencia que tengo me vienen del corazón cuando enfrento a estas mafias, a estos delincuentes, lacras humanas que se dedican a destruir las vidas de las personas, de nuestras hijas y de las familias, porque a mí me destruyeron. Para defender a mi hija hoy quedamos Micaela, mi nieta e hija de Marita, y yo. Y voy a seguir haciéndolo con todo mi corazón. Dios me fortalece para seguir adelante.
Por otro lado, ya estamos notificados para hacer la presentación de las pruebas para el juicio, cosa que haremos dentro de unos días.
La Justicia tardó ocho años en hacer este juicio. Fíjense ustedes, más lento que una tortuga. Pero ¿por qué lo hacen? Porque he sido custodia permanentemente -con mi nieta en los brazos- exigiendo a los señores jueces y a la Justicia que hagan lo que tienen que hacer.
Sin embargo, así manipularon y ensuciaron la causa de mi hija. Así la ensuciaron: "se fue porque quiso, estuvo con un amante, abandonó a su hija". Eso es lo que hacen: ensuciar a las víctimas. Seguí adelante porque sé la hija que crié y sé lo que soy como mamá y como persona y cómo estoy criando a mi nieta que hoy está sentada en este auditorio.
Voy a seguir haciéndolo y exigiré a los señores jueces -que están sentados en un sillón y a los cuales les pagamos un sueldo todos nosotros- que hagan lo que tienen que hacer y que no llevan a cabo.
La investigación en torno a mi hija tiene 79 cuerpos y se han detectado 426 tratantes que operan a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Quién hizo esa investigación? La mamá de Marita Verón. Yo me expuse, me metí en los prostíbulos. Y lo sigo haciendo. Ahora, que nos estamos aproximando al juicio, me han empezado a enviar amenazas a través de cartas anónimas acerca de que mi hija está enterrada y asesinada allá o que me la van a llevar a mi nieta. No les tengo miedo. Voy a seguir; que me maten, no me importa. Pero ellos van a ir a rendir cuentas en la Justicia. Son 25 personas imputadas de las cuales 13 han sido procesadas y elevadas a juicio. El expediente pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque los señores de Tucumán -dado que no aparecía Marita- la querían dar por muerta. ¿Cómo la van a dar por muerta si no apareció? ¿Dónde está el cuerpo? Eso era lo que les decía.
La causa estuvo acá durante seis meses y medio y comencé a molestarlos hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación recomendó a la justicia de Tucumán para que estas 13 personas procesadas y elevadas a juicio sean castigados y se llegue al juicio oral.
Hay 79 cuerpos de la causa principal, pero en lo relativo al paradero de mi hija llevamos 40 cuerpos más. Allí están muy claras las pruebas de estos delincuentes. Yo no vivo sino que vivo para esto. Así como yo no tengo vida tampoco van a tener vida ellos.
Ese momento lo estoy esperando por hora y minuto. Estamos notificados para hacer la presentación de prueba respecto de la cual teníamos 80 testigos y quedaron 50 provenientes de distintas partes del país. Se trata de víctimas que la vieron a mi hija y durmieron con ella. Hablo de personas que fueron víctimas de estos atorrantes que están procesados.
Tenemos que velar por la seguridad de estas chicas que son víctimas y que para mí son como hijas. Hay muchas organizaciones internacionales que vendrán a acompañarme y que serán veedoras del juicio. Los señores jueces tendrán que hacer lo que tienen que hacer: justicia. No voy a cerrar mis ojos hasta no saber qué hicieron con mi hija, dónde está y cómo está. La quiero como esté. Mi compromiso de por vida es acompañar a los padres y madres que me necesitan porque yo vivo para esto.
En la fundación tenemos 679 causas judicializadas de Tucumán y de distintos lugares del país. Esto es terrible. Dios me da fuerzas y me fortalece.
Como me dijo un sacerdote amigo: "Dios te puso en esto y Dios te va a sacar de esto." Tengo un vacío muy grande en mi alma, en mi corazón. Cuando tengo que salir de mi casa tengo que dejar a mi nieta en mi casa con la empleada. Mi nieta se creó en medio de policías porque va a acompañada de policías al ir y venir del colegio. No es una chica que lleve una vida normal. Ella se crió viendo todo esto. Sabe de qué hablo y está aquí. Colabora en la fundación, atiende el teléfono. Enfrenta a los sinvergüenzas cuando me mandan mensajes. Creo que sin darme cuenta la preparé para esta lucha, para que no le pase lo que le pasó a su madre.
Le pido a todos ustedes, que están sentados aquí en el Congreso de la Nación, que tienen poder y voz, que se comprometan de verdad. Acá hay que hablar menos y hacer más. Las víctimas necesitan no solo que las rescaten sin acompañamiento, asistencia, protección de ellas y de su familia. Eso lo estamos haciendo nosotros. A mí me cuesta mucho, me expongo mucho, peleo con la policía, con los jueces, con los fiscales y con quien se me ponga adelante.
No les tengo miedo y no me importa decir lo que tenga que decir a la presidenta de la Nación. A mí me arrancaron a mi hija y no vale ninguna plata del mundo. Mi hija es mi hija, y quiero que la devuelvan al seno familiar.
Yo les digo algo por favor, ya que han tomado esta decisión y agradezco el compromiso por la modificación de la ley. Aquí se habla de consentimiento. Hemos rescatado chicas que son menores de edad y otras que no lo son.
Hemos rescatado a una que se la llevaron cuando tenía 17 años y la recuperamos a los 30 años. ¿De qué consentimiento hablamos? Las víctimas de la trata de personas no dan el consentimiento, ninguna mujer quiere ser violada, explotada, drogada y con su identidad cambiada. Ninguna. Ninguna está ahí en ese lugar horrible porque quiere, y lo puedo decir porque yo estuve, yo lo viví y casi me violan. Pero yo lo hice por mi hija para poder obtener informe sobre mi hija.
Entonces, ¡qué me vienen hacer hablar de consentimiento y de los años de pena! Un delincuente, un sinvergüenza que viola los derechos humanos de una persona, que le quita el derecho a la vida, a la libertad, ¿puede tener un castigo de 3 años de prisión? Debe dársele 25 años de cárcel, lapso durante el cual debe estar limpiando, trabajando y produciendo para el Estado por lo que ha hecho. Yo no quiero que lo maten. Estoy defendiendo los derechos a la vida y a la libertad. Pero el que comete un delito tiene que pagar.
Estos sinvergüenzas además se enriquecen explotando a las mujeres. Hace diez días sacamos de un prostíbulo en Tucumán a una niña de 14 años -tres años más que mi nieta-, que contó que por día pasaban 42 tipos. La niña era virgen; el primer cliente le hizo lo que le hizo: le quitó su virginidad. Ella lloraba.
Esto no puede ser. Es algo muy cruel. Todos hablamos y hablamos. También las autoridades tienen que hacer algo para dar castigo a los clientes; si hay clientes todo esto va a seguir.
Entonces, también tenemos que hacer algo frente a eso, es decir, tenemos que hacer campañas contra estos señores que consumen este tipo de explotación de las mujeres comprando sexo.
Estos delincuentes se enriquecen, tienen camionetas cuatro por cuatro, celulares satelitales, veinte o treinta propiedades, todo a costilla de las mujeres. Entonces, el Estado, por intermedio de la AFIP, debería controlar de dónde saca este señor ese dinero ilegal, y que ese dinero vaya a una cuenta, para ser usado en la recuperación de la víctima, para su tratamiento, para curar el alma de la víctima, porque acá no hay recursos. Yo golpeo puertas y puertas, pido y no paro de pedir para atender a las víctimas que están en nuestra Fundación, quienes están recibiendo asistencia integral.
Estoy muy contenta porque ahora estamos por inaugurar un centro maternal para hijos de las víctimas, porque los niños van a la Fundación con traumas psicológicos, con problemas de conducta; no los quieren recibir en los colegios. A esos niños también hay que ayudarlos. Hay niños que han sido víctimas desde el vientre de la madre, porque su mamá estuvo hasta los nueve meses de embarazo en el prostíbulo y la hicieron trabajar hasta ese momento.
Día a día vemos cosas horrorosas. Nosotros hacemos un trabajo silencioso, callado, porque no queremos exponer a las víctimas. No podemos salir a decir a los periodistas: "Esta víctima sí, estos no". Las resguardamos, les damos seguridad, les damos contención, para que las víctimas se sientan como en su casa. Vienen contentas a la Fundación a hacer los talleres. Estamos haciendo talleres para que aprendan algún oficio, y les conseguimos trabajo.
De todo corazón, les pido que miren todos estos puntos. Hay que modificar la legislación para proteger a la víctima, que es la que ha sufrido; que no tenga que demostrar que ella ha sido víctima. Que este atorrante y degenerado que la explotó, que la violó y que le hizo todo lo que le hizo, sea el que pague y el que tenga que decir si no hizo esto o aquello.
Cuando se haga el juicio de Marita los voy a invitar a todos ustedes; va a ser televisado para todo el país. Quiero que les vean la cara a todos estos atorrantes degenerados que hicieron desaparecer a mi hija.
Les agradezco de todo corazón a las madres que están acá, víctimas como yo, y espero que tengamos fuerza, que sigamos adelante luchando por nuestras hijas, cada una desde su lugar, poniendo su granito de arena, para que podamos salir adelante, y que estos sinvergüenzas vayan a la cárcel. Muchas gracias. (Aplausos.)
SRA. CHIENO Quisiera saber el nombre de la fundación.
SRA. TRIMARCO Es la Fundación María de los Ángeles por la Lucha contra la Trata de Personas. Así figura en la página de Internet.
SRA. CHIENO Muchas gracias.
SRA. PRESIDENTA RUCCI Tiene la palabra el señor Gustavo Vera.
SR. VERA Señora presidenta: buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Como de costumbre voy a tratar de ser lo más políticamente incorrecto posible porque cuando se trata de temas de trata, justamente lo que no molesta, no sirve.
Estamos hablando de fenómenos que no son hechos policiales o derechos humanos aislados sino de fenómenos sistémicos, de un país que tiene de piso mínimo ocho mil prostíbulos, y esta es una cifra que dio el propio fiscal antitrata. Por lo tanto tenemos entre 45 mil y 50 mil mujeres reducidas a la servidumbre.
Estamos hablando de un país que tiene medio millón de personas esclavizadas, que es una categoría superior a la del trabajo forzoso, que según la OIT es aquél trabajo de más de doce horas y sin ningún derecho.
El trabajo esclavo es mucho más que eso porque en general supera las dieciséis horas y las víctimas viven en el lugar donde trabajan, por lo tanto su voluntad está totalmente dominada y manipulada por el patrón.
De ese medio millón de personas, por lo menos 200 mil están en la industria de la indumentaria. La propia Cámara de la Indumentaria, sin sonrojarse, mientras por un lado dice que facturó 6 mil millones de pesos, por otro lado reconoce que el 78 por ciento trabaja en forma informal -eufemismos para denominar al trabajo esclavo- e inclusive hace pocos días reconoció que la mitad trabaja en forma esclava. A confesión de parte, relevo de pruebas.
El resto del trabajo esclavo se reparte entre la agricultura y la horticultura, como lo han visto por televisión ya que lo hemos filmado, en el caso del ajo, la cebolla, la zahoria, el zapallo, la vid, la industria avícola, ladrilleros, calzado y construcción.
Mientras estamos hablando acá, en Villazon-Yacuiba y en la Triple Frontera pasa y pasa gente. Hay una industria montada alrededor de la trata, que es la misma que funciona tanto para la trata con fines de explotación sexual como para la trata con fines de explotación laboral. Hay agencias de contratación truchas, con anuncios engañosos. Avisos que inclusive se publican en aymará, en quechua o guaraní, y empresas de ómnibus muy prestigiosas, que están denunciadas judicialmente por nosotros, como Flecha Bus o La Veloz del Norte, donde pagando un 20 por ciento más para cruzar la frontera se adquiere el derecho a saludar a la Gendarmería por la ventanilla.
Es decir, estamos hablando de hechos sistémicos, de un sistema neoesclavista de producción que se está instalando en la Argentina, del cual no se beneficia fundamentalmente La Salada -más allá de que está sacando buenos dividendos-, sino las grandes marcas y las grandes empresas.
El trabajador avícola que habló hace un rato trabajaba para una empresa que se llama Nuestra Huella, que le vende a Walmart y Carrefour y exporta a la Comunidad Económica Europea.
La Alameda ha denunciado judicialmente a 103 marcas, de las cuales por lo menos unas 70 denunciamos conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y con el Gobierno de la Ciudad. De manera que tan equivocados no estábamos.
La princesa Máxima dejó de comprar pilchas cuando descubrimos el taller clandestino en Pompeya donde los trabajadores estaban encerrados. Recordarán también el caso de Kosiuko o de Cheeky.
Evidentemente estamos frente a un hecho sistémico, entonces no bastan las lindas palabras y los lindos conceptos. Estamos cansados de tener leyes -algunas muy buenas- que lamentablemente nadie cumple. Por ejemplo, la ley del trabajo a domicilio o la ley de profilaxis, que en materia de trata son las dos principales leyes que se incumplen deliberadamente para fortalecer este sistema de proxenetismo, trata, tráfico, trabajo esclavo y, por supuesto, lavado. Los directores de la UFI cambian más veces que el técnico de River el año pasado y las causas de lavado no llegan nunca a buen término porque -como bien dijo monseñor Bergoglio- los esclavistas cobran en Puerto Madero.
Me parece que tenemos que tratar de sincerarnos. No basta solamente con eliminar el consentimiento -que en eso ya hay consenso-, no basta con agravar las penas, no basta con sacar la distinción arbitraria de mayor y menor. Lo importante no es solamente el qué, sino el cómo y el quién. Es decir, cómo lo vamos a hacer y quién lo va a hacer.
Si vamos a seguir con la misma división de trata de la Policía Federal, de Gendarmería o de Prefectura, que en vez de ser cuerpos especializados para combatir la trata se han transformado en botines de corrupción, unos en la frontera, otros en las ciudades y otros en los pueblos, no sirve.
Aquí está la ex oficial Nancy Miño, que con 18 años en la fuerza -todavía en funciones- ha denunciado a la división de trata completa, donde estuvo desde un principio como así también en todos los allanamientos más emblemáticos.
No nos pueden mentir: tenemos las pruebas, las fotos y las constancias judiciales. Se la llevamos al doctor Lijo quien allanó la División de Trata de la Policía Federal y ahora está haciendo fulbito para que la causa se enfríe. No somos tontos y sabemos lo que está pasando.
Entonces, no puede haber divisiones de trata que sean monopolios de ninguna fuerza porque se transforman en botín. Y esto es lo que ha demostrado la experiencia. Probablemente haya que crear una división nueva o armar alguna que sea el resultado de una conjunción interfuerzas. Pero debe ser con un fuerte control legislativo y judicial. O sea, los tres poderes se tienen que controlar entre sí. Si no, estamos en el horno.
¿Vamos a votar una linda ley de trata con la oficina de rescate que tenemos? ¿Con lo que hizo en Mar del Plata? Allí rescataron a 68 pibas y las tiraron en la esquina. O lo que pasó en Liniers hace tres semanas cuando estando drogadas o borrachas las entrevistaban dentro de los prostíbulos y con el policía a diez metros, y decía que no era víctima de trata y la sacaban por la puerta. Esto se vio porque fue todo filmado y cubierto por los canales de televisión. A partir de ese momento, nos censuró Canal 7, y esto fue dicho por los mismos productores, por el pecado de haber filmado cómo actuaba la señorita Zaida Gatti y todo su equipo. Nancy Miño lo ha denunciado judicialmente.
Hablamos de una oficina de rescate que debe ser el producto de un concurso de oposición y antecedentes y que debiera contar con un protocolo claro de asistencia. Además, debe contar con un control legislativo y judicial. No puede haber, en materia de trata, una fuerza que actúe en forma unilateral porque acá hay mucho dinero dando vuelta. Esto corrompe y genera nichos de corrupción donde los organismos que supuestamente tienen que rescatar a las víctimas luego no lo hacen.
Hablo a nivel de las fuerzas de seguridad como del Ministerio de Justicia. Cuando publican una estadística y mencionan que se han rescatado 500 y pico de víctimas, ¿por qué no preguntan dónde están esas víctimas? ¿Dónde se reinsertaron laboralmente o cuándo volvieron a trabajar? ¡Somos grandes! La mayoría fue revictimizada. Y lo podemos decir desde las 140 causas penales que tenemos, con la autoridad de haber cerrado las "casitas" de Río Gallegos y de haberle filmado a Vallecas a cien metros de la Superintendencia la presencia de prostíbulos con trata, con menores y drogas. Además, hicimos la causa con trece diputados de todos los partidos. Inclusive, la actriz Soledad Silveyra marchó en esa causa. Lo decimos con la autoridad de haber denunciado a 103 marcas de ropa.
Concretamente, no basta con las cuestiones doctrinarias y jurídicas; hay que reformatear la oficina de rescate y las divisiones de trata, crear un programa de asistencia a las víctimas y armar un programa de lucha contra el trabajo forzoso y esclavo. La idea no es equiparar a los países europeos pero sí a Brasil. ¿Ustedes tienen conocimiento de que en Brasil cuando el gobierno denuncia a una empresa por el trabajo esclavo publica en la página web del Ministerio de Trabajo a esa empresa y le aplican una especie de Veraz social donde le suspende los créditos bancarios y financieros durante un tiempo? Así, pasan a ser parias en el mercado. Esto lo hace el Ministerio de Trabajo en Brasil y no el de Francia. El gobierno brasileño confiscó seis millones de reales a empresas que utilizaban el trabajo esclavo. ¿Cuántas empresas ha denunciado penalmente por trabajo esclavo el Ministerio de Trabajo? Se los respondo: ninguna. ¿Y respecto del trabajo infantil? Ninguna. Llevé la nómina de 22 empresas y esa información está en el juzgado federal del doctor Walter Bento en la provincia de Mendoza. Estamos esperando que el gobierno se digne a considerar los problemas gravísimos -penales y de derechos humanos- que están involucrados allí.
No seguimos la ruta del dinero. Entonces, hay que crear una agencia de confiscación. Hay ejemplos que son exitosos, como por ejemplo el de Italia. Hace poco ha venido la red antimafiosa Libera que es, por lejos, la más consecuente en la lucha contra las mafias y el crimen organizado. Esa agencia de administración de bienes confiscados es presidida por un funcionario elegido por las dos terceras partes del Parlamento y tiene un reglamento muy específico para la reutilización social de los bienes confiscados. Eso es lo que hay que hacer, porque si no seguimos la ruta y el tema del lavado estamos en el horno.
Concretamente, Libera ha logrado expropiar empresas enteras con obreros y todo y las rescató para el Estado y la gestión social.
No es solamente importante el qué, porque si no, es un engaño. Vamos a hacer una linda ley con los mismos instrumentos y seguiremos dando vueltas en círculo. Lo importante es el cómo y el quién. Por lo tanto, hay que reformatear los instrumentos de lucha contra la trata -algo básico y elemental-, ir detrás de la ruta del dinero a través de una agencia de confiscación. Cualquier organismo competente que se cree, por las dudas, debe tener controles de todos lados. Ya lo dijo el general: "El hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor". (Aplausos.)
Estamos hablando de fenómenos que no son hechos policiales o derechos humanos aislados sino de fenómenos sistémicos, de un país que tiene de piso mínimo ocho mil prostíbulos, y esta es una cifra que dio el propio fiscal antitrata. Por lo tanto tenemos entre 45 mil y 50 mil mujeres reducidas a la servidumbre.
Estamos hablando de un país que tiene medio millón de personas esclavizadas, que es una categoría superior a la del trabajo forzoso, que según la OIT es aquél trabajo de más de doce horas y sin ningún derecho.
El trabajo esclavo es mucho más que eso porque en general supera las dieciséis horas y las víctimas viven en el lugar donde trabajan, por lo tanto su voluntad está totalmente dominada y manipulada por el patrón.
De ese medio millón de personas, por lo menos 200 mil están en la industria de la indumentaria. La propia Cámara de la Indumentaria, sin sonrojarse, mientras por un lado dice que facturó 6 mil millones de pesos, por otro lado reconoce que el 78 por ciento trabaja en forma informal -eufemismos para denominar al trabajo esclavo- e inclusive hace pocos días reconoció que la mitad trabaja en forma esclava. A confesión de parte, relevo de pruebas.
El resto del trabajo esclavo se reparte entre la agricultura y la horticultura, como lo han visto por televisión ya que lo hemos filmado, en el caso del ajo, la cebolla, la zahoria, el zapallo, la vid, la industria avícola, ladrilleros, calzado y construcción.
Mientras estamos hablando acá, en Villazon-Yacuiba y en la Triple Frontera pasa y pasa gente. Hay una industria montada alrededor de la trata, que es la misma que funciona tanto para la trata con fines de explotación sexual como para la trata con fines de explotación laboral. Hay agencias de contratación truchas, con anuncios engañosos. Avisos que inclusive se publican en aymará, en quechua o guaraní, y empresas de ómnibus muy prestigiosas, que están denunciadas judicialmente por nosotros, como Flecha Bus o La Veloz del Norte, donde pagando un 20 por ciento más para cruzar la frontera se adquiere el derecho a saludar a la Gendarmería por la ventanilla.
Es decir, estamos hablando de hechos sistémicos, de un sistema neoesclavista de producción que se está instalando en la Argentina, del cual no se beneficia fundamentalmente La Salada -más allá de que está sacando buenos dividendos-, sino las grandes marcas y las grandes empresas.
El trabajador avícola que habló hace un rato trabajaba para una empresa que se llama Nuestra Huella, que le vende a Walmart y Carrefour y exporta a la Comunidad Económica Europea.
La Alameda ha denunciado judicialmente a 103 marcas, de las cuales por lo menos unas 70 denunciamos conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y con el Gobierno de la Ciudad. De manera que tan equivocados no estábamos.
La princesa Máxima dejó de comprar pilchas cuando descubrimos el taller clandestino en Pompeya donde los trabajadores estaban encerrados. Recordarán también el caso de Kosiuko o de Cheeky.
Evidentemente estamos frente a un hecho sistémico, entonces no bastan las lindas palabras y los lindos conceptos. Estamos cansados de tener leyes -algunas muy buenas- que lamentablemente nadie cumple. Por ejemplo, la ley del trabajo a domicilio o la ley de profilaxis, que en materia de trata son las dos principales leyes que se incumplen deliberadamente para fortalecer este sistema de proxenetismo, trata, tráfico, trabajo esclavo y, por supuesto, lavado. Los directores de la UFI cambian más veces que el técnico de River el año pasado y las causas de lavado no llegan nunca a buen término porque -como bien dijo monseñor Bergoglio- los esclavistas cobran en Puerto Madero.
Me parece que tenemos que tratar de sincerarnos. No basta solamente con eliminar el consentimiento -que en eso ya hay consenso-, no basta con agravar las penas, no basta con sacar la distinción arbitraria de mayor y menor. Lo importante no es solamente el qué, sino el cómo y el quién. Es decir, cómo lo vamos a hacer y quién lo va a hacer.
Si vamos a seguir con la misma división de trata de la Policía Federal, de Gendarmería o de Prefectura, que en vez de ser cuerpos especializados para combatir la trata se han transformado en botines de corrupción, unos en la frontera, otros en las ciudades y otros en los pueblos, no sirve.
Aquí está la ex oficial Nancy Miño, que con 18 años en la fuerza -todavía en funciones- ha denunciado a la división de trata completa, donde estuvo desde un principio como así también en todos los allanamientos más emblemáticos.
No nos pueden mentir: tenemos las pruebas, las fotos y las constancias judiciales. Se la llevamos al doctor Lijo quien allanó la División de Trata de la Policía Federal y ahora está haciendo fulbito para que la causa se enfríe. No somos tontos y sabemos lo que está pasando.
Entonces, no puede haber divisiones de trata que sean monopolios de ninguna fuerza porque se transforman en botín. Y esto es lo que ha demostrado la experiencia. Probablemente haya que crear una división nueva o armar alguna que sea el resultado de una conjunción interfuerzas. Pero debe ser con un fuerte control legislativo y judicial. O sea, los tres poderes se tienen que controlar entre sí. Si no, estamos en el horno.
¿Vamos a votar una linda ley de trata con la oficina de rescate que tenemos? ¿Con lo que hizo en Mar del Plata? Allí rescataron a 68 pibas y las tiraron en la esquina. O lo que pasó en Liniers hace tres semanas cuando estando drogadas o borrachas las entrevistaban dentro de los prostíbulos y con el policía a diez metros, y decía que no era víctima de trata y la sacaban por la puerta. Esto se vio porque fue todo filmado y cubierto por los canales de televisión. A partir de ese momento, nos censuró Canal 7, y esto fue dicho por los mismos productores, por el pecado de haber filmado cómo actuaba la señorita Zaida Gatti y todo su equipo. Nancy Miño lo ha denunciado judicialmente.
Hablamos de una oficina de rescate que debe ser el producto de un concurso de oposición y antecedentes y que debiera contar con un protocolo claro de asistencia. Además, debe contar con un control legislativo y judicial. No puede haber, en materia de trata, una fuerza que actúe en forma unilateral porque acá hay mucho dinero dando vuelta. Esto corrompe y genera nichos de corrupción donde los organismos que supuestamente tienen que rescatar a las víctimas luego no lo hacen.
Hablo a nivel de las fuerzas de seguridad como del Ministerio de Justicia. Cuando publican una estadística y mencionan que se han rescatado 500 y pico de víctimas, ¿por qué no preguntan dónde están esas víctimas? ¿Dónde se reinsertaron laboralmente o cuándo volvieron a trabajar? ¡Somos grandes! La mayoría fue revictimizada. Y lo podemos decir desde las 140 causas penales que tenemos, con la autoridad de haber cerrado las "casitas" de Río Gallegos y de haberle filmado a Vallecas a cien metros de la Superintendencia la presencia de prostíbulos con trata, con menores y drogas. Además, hicimos la causa con trece diputados de todos los partidos. Inclusive, la actriz Soledad Silveyra marchó en esa causa. Lo decimos con la autoridad de haber denunciado a 103 marcas de ropa.
Concretamente, no basta con las cuestiones doctrinarias y jurídicas; hay que reformatear la oficina de rescate y las divisiones de trata, crear un programa de asistencia a las víctimas y armar un programa de lucha contra el trabajo forzoso y esclavo. La idea no es equiparar a los países europeos pero sí a Brasil. ¿Ustedes tienen conocimiento de que en Brasil cuando el gobierno denuncia a una empresa por el trabajo esclavo publica en la página web del Ministerio de Trabajo a esa empresa y le aplican una especie de Veraz social donde le suspende los créditos bancarios y financieros durante un tiempo? Así, pasan a ser parias en el mercado. Esto lo hace el Ministerio de Trabajo en Brasil y no el de Francia. El gobierno brasileño confiscó seis millones de reales a empresas que utilizaban el trabajo esclavo. ¿Cuántas empresas ha denunciado penalmente por trabajo esclavo el Ministerio de Trabajo? Se los respondo: ninguna. ¿Y respecto del trabajo infantil? Ninguna. Llevé la nómina de 22 empresas y esa información está en el juzgado federal del doctor Walter Bento en la provincia de Mendoza. Estamos esperando que el gobierno se digne a considerar los problemas gravísimos -penales y de derechos humanos- que están involucrados allí.
No seguimos la ruta del dinero. Entonces, hay que crear una agencia de confiscación. Hay ejemplos que son exitosos, como por ejemplo el de Italia. Hace poco ha venido la red antimafiosa Libera que es, por lejos, la más consecuente en la lucha contra las mafias y el crimen organizado. Esa agencia de administración de bienes confiscados es presidida por un funcionario elegido por las dos terceras partes del Parlamento y tiene un reglamento muy específico para la reutilización social de los bienes confiscados. Eso es lo que hay que hacer, porque si no seguimos la ruta y el tema del lavado estamos en el horno.
Concretamente, Libera ha logrado expropiar empresas enteras con obreros y todo y las rescató para el Estado y la gestión social.
No es solamente importante el qué, porque si no, es un engaño. Vamos a hacer una linda ley con los mismos instrumentos y seguiremos dando vueltas en círculo. Lo importante es el cómo y el quién. Por lo tanto, hay que reformatear los instrumentos de lucha contra la trata -algo básico y elemental-, ir detrás de la ruta del dinero a través de una agencia de confiscación. Cualquier organismo competente que se cree, por las dudas, debe tener controles de todos lados. Ya lo dijo el general: "El hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor". (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA RUCCI Tiene la palabra la señora Andrea Romero Rendón.
SRA. RENDÓN Vengo de la fundación María de los Ángeles. Recién habló Susana Trimarco y voy a limitarme a dar los consejos sobre el proyecto de ley.
El primero se refiere al tema del consentimiento. No debe existir un consentimiento exigido para las víctimas mayores de 18 años porque generalmente las víctimas son engañadas. Ellas dan un primer sí, hay un primer consentimiento cuando dicen que sí quieren trabajar, sí quieren un mejor trabajo, sí quieren progresar. Esto está viciado por el engaño, pero el engaño es muy difícil de probar para las víctimas. Los tratantes se defienden con ese consentimiento. En Colombia no existe la diferencia entre mayor y menor de edad respecto al consentimiento. Simplemente se define la trata de personas y se quita el tema del consentimiento.
El segundo punto que quiero mencionar son los años de pena. La trata de personas es un delito complejo, es un delito producto de la sumatoria de varios delitos y debe ser penado como la sumatoria de varios delitos. Ahora creo que la gente que va a ser juzgada si llega a ser culpable en el caso de Marita, recibirá varios años de condena porque está siendo juzgada por varios delitos. Si fuera solo trata de personas le darían muchos años menos. Esto es un punto importante a evaluar.
El tercer punto es que los bienes que sean producto de la explotación de las personas sean incautados por el Estado y que sirvan para la recuperación de estas víctimas. Esas personas se están haciendo ricas producto de la explotación de las personas y es necesario hacer la ruta del dinero y sacarles esos bienes para poder asistir mejor a las víctimas.
El cuarto punto es crear un presupuesto para asistencia a la víctima, que ahora no hay. No hay dinero para asistir directamente a las víctimas. Sabemos muy bien que las tenemos que asistir pero no hay con qué hacerlo. Esto es muy importante que quede plasmado en el proyecto de ley.
En quinto lugar, no ganamos nada en que muchos de los que estamos aquí sepamos qué es la trata de personas, pero en la calle la gente está muy poco sensibilizada con el tema. Seguimos teniendo casos en que las chicas denuncian que las trataron de secuestrar y la propia familia le pregunta por qué salió con esa minifalda o por qué creyó en esa persona. Debe haber una firme política de conciencia hacia la sociedad. Tiene que haber campañas de concientización, de prevención y de sensibilización hacia la población para poder abarcar estos temas.
Estos son los cinco temas que, desde la Fundación María de los Ángeles creemos que debe incluir el proyecto. (Aplausos.)
El primero se refiere al tema del consentimiento. No debe existir un consentimiento exigido para las víctimas mayores de 18 años porque generalmente las víctimas son engañadas. Ellas dan un primer sí, hay un primer consentimiento cuando dicen que sí quieren trabajar, sí quieren un mejor trabajo, sí quieren progresar. Esto está viciado por el engaño, pero el engaño es muy difícil de probar para las víctimas. Los tratantes se defienden con ese consentimiento. En Colombia no existe la diferencia entre mayor y menor de edad respecto al consentimiento. Simplemente se define la trata de personas y se quita el tema del consentimiento.
El segundo punto que quiero mencionar son los años de pena. La trata de personas es un delito complejo, es un delito producto de la sumatoria de varios delitos y debe ser penado como la sumatoria de varios delitos. Ahora creo que la gente que va a ser juzgada si llega a ser culpable en el caso de Marita, recibirá varios años de condena porque está siendo juzgada por varios delitos. Si fuera solo trata de personas le darían muchos años menos. Esto es un punto importante a evaluar.
El tercer punto es que los bienes que sean producto de la explotación de las personas sean incautados por el Estado y que sirvan para la recuperación de estas víctimas. Esas personas se están haciendo ricas producto de la explotación de las personas y es necesario hacer la ruta del dinero y sacarles esos bienes para poder asistir mejor a las víctimas.
El cuarto punto es crear un presupuesto para asistencia a la víctima, que ahora no hay. No hay dinero para asistir directamente a las víctimas. Sabemos muy bien que las tenemos que asistir pero no hay con qué hacerlo. Esto es muy importante que quede plasmado en el proyecto de ley.
En quinto lugar, no ganamos nada en que muchos de los que estamos aquí sepamos qué es la trata de personas, pero en la calle la gente está muy poco sensibilizada con el tema. Seguimos teniendo casos en que las chicas denuncian que las trataron de secuestrar y la propia familia le pregunta por qué salió con esa minifalda o por qué creyó en esa persona. Debe haber una firme política de conciencia hacia la sociedad. Tiene que haber campañas de concientización, de prevención y de sensibilización hacia la población para poder abarcar estos temas.
Estos son los cinco temas que, desde la Fundación María de los Ángeles creemos que debe incluir el proyecto. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA RUCCI Tiene la palabra Monique Altschul, de la Fundación Mujeres en Igualdad.
SRA. ALTSCHUL Buenas tardes a todas y todos. Creo que todos los testimonios que hemos escuchado hasta ahora nos demuestran que este es un tema de derechos humanos. No es sólo la violación de los derechos por las redes de tratantes sino que estos mismos derechos humanos tienen que ser considerados para la asistencia de las víctimas.
Esta es una de las miradas que realmente falta en este momento en todos los planes de asistencia. En muchísimos casos la asistencia es improvisada, hay pocos equipos interdisciplinarios, las víctimas son a menudo obligadas a declarar inmediatamente después de ser rescatadas o incluso cuando todavía están en los prostíbulos, y no se les da el tiempo necesario para que previamente reciban asistencia psicológica, médica y legal sobre sus derechos. Una víctima no está obligada a declarar; lo puede hacer si ella lo quiere. Estos también son derechos humanos.
Hay todo un tema de discriminación, tanto durante la trata como durante la asistencia posterior. Hay discriminación social, racial, socioeconómica y de todo tipo.
En cuanto a la legislación, vemos que la ley que tenemos tiene un aspecto muy positivo, que es que se trata de una norma federal. Eso es muy importante para hacer el seguimiento de las víctimas por provincia; de hecho, vemos que se han rescatado más víctimas -no sabemos si correctamente o no, pero los números así lo demuestran- y que hay más casos judicializados.
Por otro lado, es importante que el Código Penal se aplique no solamente a la trata internacional sino también a la interna. Recordemos que hay muchas más víctimas de trata interna -es decir, de ciudadanas y ciudadanos argentinos- que las que vienen de otros países, generalmente limítrofes.
Coincido con la presentación efectuada por la Fundación María de los Ángeles en cuanto a la importancia del decomiso de los bienes de los tratantes, y yo insistiría en que fueran destinados al uso exclusivo de la rehabilitación y reinserción de las víctimas.
Una de las grandes dificultades que enfrentamos en este momento tiene que ver con el hecho de hacer denuncias o consultas. Los teléfonos establecidos al efecto son a menudo restringidos a la Capital Federal, no pudiéndose acceder a ellos desde el Gran Buenos Aires, donde hay muchísimos casos de trata y gran cantidad de población en situación de vulnerabilidad. Un número 136 o 137 resulta inaccesible si se cruza la avenida General Paz, y más aun cuando se llama desde otras provincias.
A menudo se nos dice que no puede haber un número de tres dígitos que sea común a toda la República Argentina. Sin embargo, en la reciente ley reglamentada por el Consejo Nacional de la Mujer, sobre violencia de género, se establece que habrá un número al que se podrá llamar desde toda la Argentina. Si es posible para estos casos, también debería serlo para los supuestos de trata.
Recordemos que no es fácil establecer nuestros servicios, que hay que entrenar personal, tener equipos bien formados que sepan qué contestar y cómo derivar las denuncias. En general, se trata de equipos muy mal pagos, y a menudo están integrados por estudiantes, tal como ocurre con el 911 que funciona en la provincia de Buenos Aires. Suelen ser estudiantes que trabajan unos meses, porque necesitan hacer una changa, y una vez que están entrenados se van y hay que volver a entrenar a otros equipos.
Insisto también en la importancia de defender los derechos humanos de las víctimas durante todo el proceso, desde el momento del rescate hasta la asistencia y la reinserción. Asimismo, debe contarse con el consentimiento informado antes de iniciar acciones, así como resulta necesario defender la confidencialidad y el derecho a la privacidad, no solamente para las víctimas sino también para los testigos y los equipos que trabajan en el tema de trata. A menudo sus nombres son revelados a la prensa en un deseo de publicar noticias de actividades del Estado, poniendo así en peligro a esas personas, que suelen ser jóvenes, con chicos, etcétera. De manera que también los equipos de rescate o de atención a las víctimas tienen este derecho a la confidencialidad respecto de sus nombres.
Finalmente me voy a referir al tema de la prevención.
La prevención se puede hacer de muchas formas y tiene que incluir mensajes dirigidos a los clientes porque muchas veces no tienen noción de que están cometiendo un delito. Recuerdo una campaña que hizo hace muchos años el Consejo del Niño, Niña y Adolescente en la Ciudad de Buenos Aires, que fue realmente muy efectiva. A partir de eso hubo muchos clientes de prostitución que llamaron para hacer denuncias y cobraron conciencia de lo que estaban haciendo.
En cuanto al tema de la reinserción, tanto en el ámbito internacional como nacional, hay que hacer una evaluación del riesgo y respetar la voluntad de la víctima.
En estos momentos se sabe de muchos casos en donde las víctimas son reenviadas inmediatamente a sus lugares de origen sin consultar si están de acuerdo o no y si corren o no peligro. En última instancia es la víctima la que debe decidir si quiere volver al lugar de origen, si quiere quedarse en el lugar donde está o si quiere trasladarse a otro lugar que no sea ninguno de estos dos.
El apoyo para la reinserción tiene que contar con asistencia médica, psicológica, legal, financiera, orientación vocacional, ayuda para microemprendimientos y conexión con agencias de trabajo.
En distintos países hay agencias de trabajo dedicadas exclusivamente a mujeres que han sufrido violencia de género o trata. Desde un principio se les da capacitación, luego se hace el contacto con agencias de trabajo y se las inserta, a veces por primera vez, en el mundo laboral.
Finalmente, las condiciones de los albergues y los refugios. Prácticamente carecemos de ellos. Uno de los pocos es el de la Fundación María de los Ángeles en Tucumán. Ahora están apareciendo algunos en Capital Federal. Uno ya existe y el otro estará próximamente.
Esto lugares tienen que asegurar que las víctimas no corran riesgos físicos y que el equipo de trabajadores tampoco sufra riesgos. Además, hay que preparar muy bien a dichos equipos para que sepan que están trabajando con una población de salud mental sumamente dañada por el trauma.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que trabajar día tras día en estos lugares genera estrés y burn out en el equipo de atención.
Antes del ingreso a los albergues o refugios es importante que las víctimas conozcan las condiciones de los mismos, como los horarios, sus responsabilidades, cuáles son las reglas generales, etcétera. Además tiene que haber tratamiento para las enfermedades ya que muchas de las víctimas que ingresan tienen HIV sida, tuberculosis o distintas enfermedades.
También tiene que haber principios éticos en el cuidado y en las entrevistas a las víctimas, donde tiene que existir el buen trato, paciencia, no discriminación y confidencialidad.
En cuanto al Código Penal debo decir que no soy abogada, de manera que lo único que hice fue una búsqueda comparada con distintos lugares del mundo. En ese sentido, Argentina no está tan mal ubicada con respecto a los distintos países del mundo.
Las penas por el delito de trata en diferentes países son: Estados Unidos, entre 10 años hasta prisión perpetua; Colombia, de 13 a 23; Argentina, de 13 a 20 años, según distintas categorías; México, de 6 a 18 años y si son funcionarios públicos un 50 por ciento más -este es un dato interesante-; Ecuador, hasta 16 años; España, de 4 a 15 años; Brasil, una multa y hasta 12 años de prisión; Alemania, de 6 meses a 10 años; Perú, de 1 a 8 años; Suecia, hasta 6 años y una multa, al igual que Noruega; Paraguay, hasta 6 años; Canadá, hasta 5 años y Venezuela cero.
El hecho de que Suecia, Noruega y ahora Finlandia tengan una pena de hasta 6 años demuestra que lo importante no es la cantidad de años sino el cumplimiento efectivo de la misma.
Es decir, que esos años tienen que pasarlos en prisión y que además se apliquen todas las demás medidas. (Aplausos.)
Esta es una de las miradas que realmente falta en este momento en todos los planes de asistencia. En muchísimos casos la asistencia es improvisada, hay pocos equipos interdisciplinarios, las víctimas son a menudo obligadas a declarar inmediatamente después de ser rescatadas o incluso cuando todavía están en los prostíbulos, y no se les da el tiempo necesario para que previamente reciban asistencia psicológica, médica y legal sobre sus derechos. Una víctima no está obligada a declarar; lo puede hacer si ella lo quiere. Estos también son derechos humanos.
Hay todo un tema de discriminación, tanto durante la trata como durante la asistencia posterior. Hay discriminación social, racial, socioeconómica y de todo tipo.
En cuanto a la legislación, vemos que la ley que tenemos tiene un aspecto muy positivo, que es que se trata de una norma federal. Eso es muy importante para hacer el seguimiento de las víctimas por provincia; de hecho, vemos que se han rescatado más víctimas -no sabemos si correctamente o no, pero los números así lo demuestran- y que hay más casos judicializados.
Por otro lado, es importante que el Código Penal se aplique no solamente a la trata internacional sino también a la interna. Recordemos que hay muchas más víctimas de trata interna -es decir, de ciudadanas y ciudadanos argentinos- que las que vienen de otros países, generalmente limítrofes.
Coincido con la presentación efectuada por la Fundación María de los Ángeles en cuanto a la importancia del decomiso de los bienes de los tratantes, y yo insistiría en que fueran destinados al uso exclusivo de la rehabilitación y reinserción de las víctimas.
Una de las grandes dificultades que enfrentamos en este momento tiene que ver con el hecho de hacer denuncias o consultas. Los teléfonos establecidos al efecto son a menudo restringidos a la Capital Federal, no pudiéndose acceder a ellos desde el Gran Buenos Aires, donde hay muchísimos casos de trata y gran cantidad de población en situación de vulnerabilidad. Un número 136 o 137 resulta inaccesible si se cruza la avenida General Paz, y más aun cuando se llama desde otras provincias.
A menudo se nos dice que no puede haber un número de tres dígitos que sea común a toda la República Argentina. Sin embargo, en la reciente ley reglamentada por el Consejo Nacional de la Mujer, sobre violencia de género, se establece que habrá un número al que se podrá llamar desde toda la Argentina. Si es posible para estos casos, también debería serlo para los supuestos de trata.
Recordemos que no es fácil establecer nuestros servicios, que hay que entrenar personal, tener equipos bien formados que sepan qué contestar y cómo derivar las denuncias. En general, se trata de equipos muy mal pagos, y a menudo están integrados por estudiantes, tal como ocurre con el 911 que funciona en la provincia de Buenos Aires. Suelen ser estudiantes que trabajan unos meses, porque necesitan hacer una changa, y una vez que están entrenados se van y hay que volver a entrenar a otros equipos.
Insisto también en la importancia de defender los derechos humanos de las víctimas durante todo el proceso, desde el momento del rescate hasta la asistencia y la reinserción. Asimismo, debe contarse con el consentimiento informado antes de iniciar acciones, así como resulta necesario defender la confidencialidad y el derecho a la privacidad, no solamente para las víctimas sino también para los testigos y los equipos que trabajan en el tema de trata. A menudo sus nombres son revelados a la prensa en un deseo de publicar noticias de actividades del Estado, poniendo así en peligro a esas personas, que suelen ser jóvenes, con chicos, etcétera. De manera que también los equipos de rescate o de atención a las víctimas tienen este derecho a la confidencialidad respecto de sus nombres.
Finalmente me voy a referir al tema de la prevención.
La prevención se puede hacer de muchas formas y tiene que incluir mensajes dirigidos a los clientes porque muchas veces no tienen noción de que están cometiendo un delito. Recuerdo una campaña que hizo hace muchos años el Consejo del Niño, Niña y Adolescente en la Ciudad de Buenos Aires, que fue realmente muy efectiva. A partir de eso hubo muchos clientes de prostitución que llamaron para hacer denuncias y cobraron conciencia de lo que estaban haciendo.
En cuanto al tema de la reinserción, tanto en el ámbito internacional como nacional, hay que hacer una evaluación del riesgo y respetar la voluntad de la víctima.
En estos momentos se sabe de muchos casos en donde las víctimas son reenviadas inmediatamente a sus lugares de origen sin consultar si están de acuerdo o no y si corren o no peligro. En última instancia es la víctima la que debe decidir si quiere volver al lugar de origen, si quiere quedarse en el lugar donde está o si quiere trasladarse a otro lugar que no sea ninguno de estos dos.
El apoyo para la reinserción tiene que contar con asistencia médica, psicológica, legal, financiera, orientación vocacional, ayuda para microemprendimientos y conexión con agencias de trabajo.
En distintos países hay agencias de trabajo dedicadas exclusivamente a mujeres que han sufrido violencia de género o trata. Desde un principio se les da capacitación, luego se hace el contacto con agencias de trabajo y se las inserta, a veces por primera vez, en el mundo laboral.
Finalmente, las condiciones de los albergues y los refugios. Prácticamente carecemos de ellos. Uno de los pocos es el de la Fundación María de los Ángeles en Tucumán. Ahora están apareciendo algunos en Capital Federal. Uno ya existe y el otro estará próximamente.
Esto lugares tienen que asegurar que las víctimas no corran riesgos físicos y que el equipo de trabajadores tampoco sufra riesgos. Además, hay que preparar muy bien a dichos equipos para que sepan que están trabajando con una población de salud mental sumamente dañada por el trauma.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que trabajar día tras día en estos lugares genera estrés y burn out en el equipo de atención.
Antes del ingreso a los albergues o refugios es importante que las víctimas conozcan las condiciones de los mismos, como los horarios, sus responsabilidades, cuáles son las reglas generales, etcétera. Además tiene que haber tratamiento para las enfermedades ya que muchas de las víctimas que ingresan tienen HIV sida, tuberculosis o distintas enfermedades.
También tiene que haber principios éticos en el cuidado y en las entrevistas a las víctimas, donde tiene que existir el buen trato, paciencia, no discriminación y confidencialidad.
En cuanto al Código Penal debo decir que no soy abogada, de manera que lo único que hice fue una búsqueda comparada con distintos lugares del mundo. En ese sentido, Argentina no está tan mal ubicada con respecto a los distintos países del mundo.
Las penas por el delito de trata en diferentes países son: Estados Unidos, entre 10 años hasta prisión perpetua; Colombia, de 13 a 23; Argentina, de 13 a 20 años, según distintas categorías; México, de 6 a 18 años y si son funcionarios públicos un 50 por ciento más -este es un dato interesante-; Ecuador, hasta 16 años; España, de 4 a 15 años; Brasil, una multa y hasta 12 años de prisión; Alemania, de 6 meses a 10 años; Perú, de 1 a 8 años; Suecia, hasta 6 años y una multa, al igual que Noruega; Paraguay, hasta 6 años; Canadá, hasta 5 años y Venezuela cero.
El hecho de que Suecia, Noruega y ahora Finlandia tengan una pena de hasta 6 años demuestra que lo importante no es la cantidad de años sino el cumplimiento efectivo de la misma.
Es decir, que esos años tienen que pasarlos en prisión y que además se apliquen todas las demás medidas. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA RUCCI Tiene la palabra el señor Fernando Mao, perteneciente a la asociación RATT.
SR. MAO Señora presidenta: para nosotros es un honor estar aquí presentes y haber podido desde la sociedad civil internalizar esta problemática a lo largo y ancho del país con organizaciones que trabajan diariamente por la restitución del derecho de las víctimas.
Represento a la Red Nacional Alto al Tráfico de la Trata y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Hablamos de una red creada en el año 2006 por organizaciones que trabajábamos protocolos de infancia. Estábamos preocupados por la cantidad de niños que estaban en situación de explotación sexual infantil. Apenas la red se funda -con el aval del comité argentino de seguimiento presidido por la señora de Carlotto- mágicamente recibimos el llamado del Ministerio del Interior para incorporarnos a un plan nacional que iba a lanzar Eva Giberti en el marco de un programa de víctimas contra la violencia. No entendíamos mucho, pues nuestras organizaciones trabajan protocolos de infancia hasta 18 años y el tema era trata de personas y no de niños, niñas y adolescentes, pero había que unificar criterios. Allí se incorporaron organizaciones feministas, entre ellas la organización "Generar" que preside la licenciada Viviana Caminos.
En ese momento tuvimos una dificultad con el gobierno nacional porque en reuniones privadas nos decían que "había que comerse el sapo", es decir, que se iba a analizar el tema de la trata hasta los 18 años. Como éramos organizaciones que pertenecíamos a un colectivo que trabajaba protocolos de infancia, debíamos adecuarnos a trabajar hasta los 18 años.
Por esa razón decidimos apartarnos de ese camino y refundar esta red como Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata. A partir de ese momento todas las organizaciones miembros de la RATT fuimos demonizadas. Por ejemplo, la ONG "Amigos de Luz de Infancia" de Puerto Iguazú, fue apartadas de todos los programas, el municipio le quitó el convenio que tenía. Hubo un acuerdo entre el municipio de Puerto Iguazú con el gobierno de la provincia de Misiones, el gobierno nacional y el organismo rector que es el CENAF.
Desde nuestro organismo queremos decirles que todos los días se está comerciando con carne humana. Cada vez son más los niños y niñas que desaparecen. Bregamos por un plan nacional de aplicación de la ley 26.364 y que se traduzcan las acciones efectivas que hace la fundación de Marita Verón. Debe existir la aplicación de un plan nacional en torno a la ley 26.364 y con sus modificaciones.
Reconozco el avance de la gestión política actual y la anterior en cuanto al tema de los derechos humanos, castigo a los delitos de lesa humanidad y el castigo a miles de miserables que se robaron la vida de 30 mil desaparecidos. Pero hoy, Argentina está enmarcada en la lucha por los derechos humanos con un Estado de derecho en el que tenemos casi cuatro desapariciones por día de víctimas de trata con diferentes fines, entonces me pregunto, entonces, ¿dónde están los derechos humanos? A las familias se les roba la vida. Cuando llegan denuncias a la RATT nos permiten ingresar a los allanamientos y en las familias -tal como lo expresaba Susana Trimarco- hay un duelo permanente. Casi siempre son familias indigentes. No mandan más a sus hijos a la escuela porque temen que se los roben. Hay un desamparo total de políticas públicas hacia esas familias.
Fue sancionada la ley 26.061 de protección integral de los derechos del niño y hemos notado que allí está expresada la figura del defensor nacional de los derechos del niño, pero esa norma no está reglamentada.
Les pedimos a los señores legisladores que esta ley contenga los cambios que pide la sociedad civil. Esto lo digo en relación al tema de la pena. Concretamente, la licenciada Viviana Caminos -asesora de la doctora Giberti- hablaba en una mesa de diálogo acerca de la promulgación de la ley.
Decía que la pena es chica, porque es un delito excarcelable y eso legitima la trata en la Argentina y nosotros vemos que la trata ha aumentado en el país. Por eso pedimos tener prontamente esta ley con sus modificaciones para que realmente no tengamos más niños y mujeres víctimas de este flagelo criminal. (Aplausos.)
Represento a la Red Nacional Alto al Tráfico de la Trata y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Hablamos de una red creada en el año 2006 por organizaciones que trabajábamos protocolos de infancia. Estábamos preocupados por la cantidad de niños que estaban en situación de explotación sexual infantil. Apenas la red se funda -con el aval del comité argentino de seguimiento presidido por la señora de Carlotto- mágicamente recibimos el llamado del Ministerio del Interior para incorporarnos a un plan nacional que iba a lanzar Eva Giberti en el marco de un programa de víctimas contra la violencia. No entendíamos mucho, pues nuestras organizaciones trabajan protocolos de infancia hasta 18 años y el tema era trata de personas y no de niños, niñas y adolescentes, pero había que unificar criterios. Allí se incorporaron organizaciones feministas, entre ellas la organización "Generar" que preside la licenciada Viviana Caminos.
En ese momento tuvimos una dificultad con el gobierno nacional porque en reuniones privadas nos decían que "había que comerse el sapo", es decir, que se iba a analizar el tema de la trata hasta los 18 años. Como éramos organizaciones que pertenecíamos a un colectivo que trabajaba protocolos de infancia, debíamos adecuarnos a trabajar hasta los 18 años.
Por esa razón decidimos apartarnos de ese camino y refundar esta red como Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata. A partir de ese momento todas las organizaciones miembros de la RATT fuimos demonizadas. Por ejemplo, la ONG "Amigos de Luz de Infancia" de Puerto Iguazú, fue apartadas de todos los programas, el municipio le quitó el convenio que tenía. Hubo un acuerdo entre el municipio de Puerto Iguazú con el gobierno de la provincia de Misiones, el gobierno nacional y el organismo rector que es el CENAF.
Desde nuestro organismo queremos decirles que todos los días se está comerciando con carne humana. Cada vez son más los niños y niñas que desaparecen. Bregamos por un plan nacional de aplicación de la ley 26.364 y que se traduzcan las acciones efectivas que hace la fundación de Marita Verón. Debe existir la aplicación de un plan nacional en torno a la ley 26.364 y con sus modificaciones.
Reconozco el avance de la gestión política actual y la anterior en cuanto al tema de los derechos humanos, castigo a los delitos de lesa humanidad y el castigo a miles de miserables que se robaron la vida de 30 mil desaparecidos. Pero hoy, Argentina está enmarcada en la lucha por los derechos humanos con un Estado de derecho en el que tenemos casi cuatro desapariciones por día de víctimas de trata con diferentes fines, entonces me pregunto, entonces, ¿dónde están los derechos humanos? A las familias se les roba la vida. Cuando llegan denuncias a la RATT nos permiten ingresar a los allanamientos y en las familias -tal como lo expresaba Susana Trimarco- hay un duelo permanente. Casi siempre son familias indigentes. No mandan más a sus hijos a la escuela porque temen que se los roben. Hay un desamparo total de políticas públicas hacia esas familias.
Fue sancionada la ley 26.061 de protección integral de los derechos del niño y hemos notado que allí está expresada la figura del defensor nacional de los derechos del niño, pero esa norma no está reglamentada.
Les pedimos a los señores legisladores que esta ley contenga los cambios que pide la sociedad civil. Esto lo digo en relación al tema de la pena. Concretamente, la licenciada Viviana Caminos -asesora de la doctora Giberti- hablaba en una mesa de diálogo acerca de la promulgación de la ley.
Decía que la pena es chica, porque es un delito excarcelable y eso legitima la trata en la Argentina y nosotros vemos que la trata ha aumentado en el país. Por eso pedimos tener prontamente esta ley con sus modificaciones para que realmente no tengamos más niños y mujeres víctimas de este flagelo criminal. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE VEGA Tiene la palabra la señora Marta Fontenla.
SRA. FONTENLA Soy integrante de un grupo feminista y de la campaña abolicionista "ni una mujer más víctima de las redes de prostitución".
Si bien el tema central con el que trabajamos es la explotación sexual de mujeres, niños y niñas, en esto que estamos trabajando por la reforma de la ley están incluidos todos los fines que están ahora tratándose con la problemática de la trata.
En ese sentido, estamos analizando todos los proyectos de ley que se han presentado como modificación de la ley 26.364. De los dictámenes que se han elaborado hasta ahora sólo conocemos dos. Hemos elaborado una serie de lineamientos que son los que creemos que debe seguir una ley que realmente pretenda perseguir el delito por un lado y, por otro, pueda proteger a las víctimas.
En este sentido, nuestra propuesta tiene tres ejes fundamentales: por una parte abarca a la ley penal, la modificación de los tipos penales y sus definiciones. Otro es la asistencia a las víctimas de trata. Creemos que tiene que crearse un organismo especial dentro del Estado con un rango jerárquico importante y presupuesto propio para atender los casos de asistencia y protección a las víctimas. El tercer punto que incluimos para que se pueda atender bien esta problemática es la cuestión de la investigación.
En este sentido proponemos la creación de una policía judicial o de un cuerpo de investigadores especializados para toda la problemática de trata y de crimen organizado trasnacional, dado que hasta ahora y con la sanción de esta ley, se ha logrado obtener alguna sanción a algún regente de prostíbulo, sin que se haya llegado a poder investigar y detener a los organizadores, financiadores y todos los que lucran con esta explotación humana.
Respecto a la definición del tipo penal, pensamos que hay que sacar los medios comisivos. O sea, el consentimiento de la víctima tiene que ser una presunción iure et de iure de la no existencia que esté emanando desde el mismo cuerpo de la ley.
Respecto a las acciones, hemos visto que en varios de los proyectos presentados se han incluido varias acciones más, pero nosotras proponemos agregar dos: una que es utilizar la palabra "contactar" porque la palabra "captar" se ha interpretado en los procesos judiciales como una acción que incluye el engaño, que puede ser mayor o menor. Por lo tanto, también proponemos que se incluya además de "captar", la palabra "contactar". Por otro lado, nos referimos a la acción de "facilitar". Estas acciones van a permitir que la autoría no quede limitada a las acciones que propone la ley en este momento sino que pueda haber algunas autorías de cómplices y partícipes que pasen a ser autores directos y no queden en un rango inferior para la penalización y persecución del delito.
En cuanto a los fines que se han agregado, nosotras teníamos más fines de los que tiene la ley 26.364, y advertimos que ahora también se han agregado otros. Nosotras tenemos dos más para agregar, que son la explotación de la mendicidad ajena, por una parte, y la supresión de estado civil e identidad. Este último está agregado en el dictamen y consta en alguno de los proyectos. Estas serían las propuestas que tenemos respecto de los fines perseguidos.
Por otro lado, la técnica jurídica es otro de los problemas que presenta en este momento este tema, por la gran cantidad de modificaciones que ha recibido el Código Penal y las leyes que lo complementan. Específicamente en cuanto a la ley de trata, con la sanción de la 26.364 se ha perdido cierta coherencia. El problema se plantea, por ejemplo, con el delito de servidumbre.
Para dar mayor coherencia al Código Penal, el delito de trata debería ser tipificado en función del medio perseguido por el tratante. Es decir, el bien jurídico que se intenta proteger con la figura de la trata no es solamente la libertad. La libertad es uno de los tantos bienes jurídicos protegidos, ya que además se persigue proteger la integridad sexual, la integridad física y la integridad psíquica de la víctima.
A medida que vamos desgajando cuáles son los bienes jurídicos tutelados, pensamos que la figura debería denominarse "trata para la explotación de la prostitución ajena", como fue incorporado en el proyecto de Córdoba, ya que el concepto de "comercio sexual" deja una serie de puertas abiertas para la incorporación de otros conceptos. Desde la perspectiva abolicionista que sostenemos, pensamos que un país con nuestra tradición debería tener cuidado frente a esas puertas o ventanas que se abren para incorporar aquellas cosas que desde el punto de vista ético no corresponderían al modelo de sociedad que realmente queremos.
Entonces, en esta cuestión de los delitos, la figura de la trata de personas que tiene por fin la explotación sexual debería contemplar la definición y los agravantes dentro del título relativo a los delitos contra la integridad sexual.
En este capítulo, como la trata es un delito muy conexo con el proxenetismo y el rufianismo, consideramos que estos dos delitos tendrían que volver a incorporarse, pero sacando los medios comisivos, porque si queremos dar coherencia al delito de trata con el resto de las figuras delictivas, debemos modificar los artículos 125, 127 y 127 bis, dejando una sola definición para el delito. En el caso de ausencia o vicio de la voluntad, o de algún medio comisivo, debería preverse algún agravante para este tipo de delitos, tal como sucedía antes de la reforma de 1999. En efecto, esto se termina de destapar con la reforma de 2008, pero el problema viene de la reforma del Código Penal de 1999.
Para terminar -sin perjuicio de solicitar la incorporación a la versión taquigráfica del resto del material que he traído-, entre los delitos que tienen como bien jurídico protegido la libertad, tendríamos que contemplar las figuras de la servidumbre y del trabajo esclavo.
Finalmente, también habría que modificar el artículo 121 de la ley de migraciones -20.871-, para volver a su redacción original. En su redacción original estaba incorporado el tema de la prostitución, pero fue eliminado con la reforma de la ley de trata.
Esto en algún proyecto también está siendo contemplado, lo mismo que la mendicidad ajena.
La síntesis entonces sería: la definición de los tipos penales, la ubicación de cada tipo penal según el bien jurídico protegido, la asistencia a la víctima con la creación de un organismo y la investigación penal con un cuerpo especial de investigadores judiciales.
Es decir, limpiar de la ley desde el punto de vista de quienes están realizando la investigación para tratar de empezar de cero, con dependencia de otras instituciones que no sean las fuerzas de seguridad. (Aplausos.)
Si bien el tema central con el que trabajamos es la explotación sexual de mujeres, niños y niñas, en esto que estamos trabajando por la reforma de la ley están incluidos todos los fines que están ahora tratándose con la problemática de la trata.
En ese sentido, estamos analizando todos los proyectos de ley que se han presentado como modificación de la ley 26.364. De los dictámenes que se han elaborado hasta ahora sólo conocemos dos. Hemos elaborado una serie de lineamientos que son los que creemos que debe seguir una ley que realmente pretenda perseguir el delito por un lado y, por otro, pueda proteger a las víctimas.
En este sentido, nuestra propuesta tiene tres ejes fundamentales: por una parte abarca a la ley penal, la modificación de los tipos penales y sus definiciones. Otro es la asistencia a las víctimas de trata. Creemos que tiene que crearse un organismo especial dentro del Estado con un rango jerárquico importante y presupuesto propio para atender los casos de asistencia y protección a las víctimas. El tercer punto que incluimos para que se pueda atender bien esta problemática es la cuestión de la investigación.
En este sentido proponemos la creación de una policía judicial o de un cuerpo de investigadores especializados para toda la problemática de trata y de crimen organizado trasnacional, dado que hasta ahora y con la sanción de esta ley, se ha logrado obtener alguna sanción a algún regente de prostíbulo, sin que se haya llegado a poder investigar y detener a los organizadores, financiadores y todos los que lucran con esta explotación humana.
Respecto a la definición del tipo penal, pensamos que hay que sacar los medios comisivos. O sea, el consentimiento de la víctima tiene que ser una presunción iure et de iure de la no existencia que esté emanando desde el mismo cuerpo de la ley.
Respecto a las acciones, hemos visto que en varios de los proyectos presentados se han incluido varias acciones más, pero nosotras proponemos agregar dos: una que es utilizar la palabra "contactar" porque la palabra "captar" se ha interpretado en los procesos judiciales como una acción que incluye el engaño, que puede ser mayor o menor. Por lo tanto, también proponemos que se incluya además de "captar", la palabra "contactar". Por otro lado, nos referimos a la acción de "facilitar". Estas acciones van a permitir que la autoría no quede limitada a las acciones que propone la ley en este momento sino que pueda haber algunas autorías de cómplices y partícipes que pasen a ser autores directos y no queden en un rango inferior para la penalización y persecución del delito.
En cuanto a los fines que se han agregado, nosotras teníamos más fines de los que tiene la ley 26.364, y advertimos que ahora también se han agregado otros. Nosotras tenemos dos más para agregar, que son la explotación de la mendicidad ajena, por una parte, y la supresión de estado civil e identidad. Este último está agregado en el dictamen y consta en alguno de los proyectos. Estas serían las propuestas que tenemos respecto de los fines perseguidos.
Por otro lado, la técnica jurídica es otro de los problemas que presenta en este momento este tema, por la gran cantidad de modificaciones que ha recibido el Código Penal y las leyes que lo complementan. Específicamente en cuanto a la ley de trata, con la sanción de la 26.364 se ha perdido cierta coherencia. El problema se plantea, por ejemplo, con el delito de servidumbre.
Para dar mayor coherencia al Código Penal, el delito de trata debería ser tipificado en función del medio perseguido por el tratante. Es decir, el bien jurídico que se intenta proteger con la figura de la trata no es solamente la libertad. La libertad es uno de los tantos bienes jurídicos protegidos, ya que además se persigue proteger la integridad sexual, la integridad física y la integridad psíquica de la víctima.
A medida que vamos desgajando cuáles son los bienes jurídicos tutelados, pensamos que la figura debería denominarse "trata para la explotación de la prostitución ajena", como fue incorporado en el proyecto de Córdoba, ya que el concepto de "comercio sexual" deja una serie de puertas abiertas para la incorporación de otros conceptos. Desde la perspectiva abolicionista que sostenemos, pensamos que un país con nuestra tradición debería tener cuidado frente a esas puertas o ventanas que se abren para incorporar aquellas cosas que desde el punto de vista ético no corresponderían al modelo de sociedad que realmente queremos.
Entonces, en esta cuestión de los delitos, la figura de la trata de personas que tiene por fin la explotación sexual debería contemplar la definición y los agravantes dentro del título relativo a los delitos contra la integridad sexual.
En este capítulo, como la trata es un delito muy conexo con el proxenetismo y el rufianismo, consideramos que estos dos delitos tendrían que volver a incorporarse, pero sacando los medios comisivos, porque si queremos dar coherencia al delito de trata con el resto de las figuras delictivas, debemos modificar los artículos 125, 127 y 127 bis, dejando una sola definición para el delito. En el caso de ausencia o vicio de la voluntad, o de algún medio comisivo, debería preverse algún agravante para este tipo de delitos, tal como sucedía antes de la reforma de 1999. En efecto, esto se termina de destapar con la reforma de 2008, pero el problema viene de la reforma del Código Penal de 1999.
Para terminar -sin perjuicio de solicitar la incorporación a la versión taquigráfica del resto del material que he traído-, entre los delitos que tienen como bien jurídico protegido la libertad, tendríamos que contemplar las figuras de la servidumbre y del trabajo esclavo.
Finalmente, también habría que modificar el artículo 121 de la ley de migraciones -20.871-, para volver a su redacción original. En su redacción original estaba incorporado el tema de la prostitución, pero fue eliminado con la reforma de la ley de trata.
Esto en algún proyecto también está siendo contemplado, lo mismo que la mendicidad ajena.
La síntesis entonces sería: la definición de los tipos penales, la ubicación de cada tipo penal según el bien jurídico protegido, la asistencia a la víctima con la creación de un organismo y la investigación penal con un cuerpo especial de investigadores judiciales.
Es decir, limpiar de la ley desde el punto de vista de quienes están realizando la investigación para tratar de empezar de cero, con dependencia de otras instituciones que no sean las fuerzas de seguridad. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA RUCCI Tiene la palabra la señora Mercedes Assorati, de la Asociación Esclavitud Cero.
La Presidencia solicita que pongamos voluntad en condensar el mensaje en los siete minutos que estipulamos porque está por comenzar una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y muchos diputados deben asistir a la misma. Por eso les pido, por favor, que tratemos de ser lo más breve posibles. Muchísimas gracias.
La Presidencia solicita que pongamos voluntad en condensar el mensaje en los siete minutos que estipulamos porque está por comenzar una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y muchos diputados deben asistir a la misma. Por eso les pido, por favor, que tratemos de ser lo más breve posibles. Muchísimas gracias.
SRA. ASSORATI Señora presidenta: vengo en representación del programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro.
Nosotros venimos trabajando desde el 2008 en el tema de la ley y queremos ante todo agradecer la apertura y la convocatoria que ha hecho permanentemente la Cámara de Diputados de la Nación para que realmente se pueda discutir y se puedan escuchar las distintas opiniones de las organizaciones en esta nueva modificación de la ley de trata.
Solicitamos también el apoyo de las Cámaras del Congreso de la Nación para un pedido de informes respecto a los hechos de corrupción que se han denunciado en torno a la División Trata de Personas de la Policía Federal, y en torno a irregularidades en la operatoria de la Oficina de Rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata.
Este pedido de informes ya se ha girado y esperamos que los diputados y las diputadas quieran apoyarlo porque como sociedad necesitamos respuestas en torno a cómo se designaron estas autoridades y quién estuvo controlando el ejercicio del mandato que se les había sido otorgado.
Las organizaciones que nos reunimos en Villa María en el mes de mayo de este año concluimos que la situación actual en Argentina en torno a la trata constituye una situación de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, que afectan a un gran colectivo de personas, particularmente las más vulnerables comos son las mujeres, niños, niñas y migrantes.
Esta situación compromete la responsabilidad del Estado argentino y por ello amerita una rápida definición para tener una seria e integral nueva política pública de combate contra la trata de personas y asistencia a las víctimas, que debe ser instituida por ley para garantizar su efectivo cumplimiento.
Quiero recordar a los legisladores que por decreto se creó un programa nacional de trata en el año 2008, que nunca fue efectivamente implementado. Por lo cual no creemos más en decretos. Necesitamos una ley que asegure que este gobierno y los siguientes van a tener que responder a esta crisis social y de derechos humanos que constituye la trata de personas.
En relación al anteproyecto que se está discutiendo, las organizaciones estamos asistiendo a las reuniones de asesores y podemos dar nuestra opinión. En ese sentido nos parece que el tipo penal propuesto es más adecuado y eficiente que el vigente, y que permitiría superar los obstáculos que se han presentado en la persecución del delito, básicamente por la problemática de la federalización del delito hasta el momento de la explotación.
En la actualidad, si bien el delito de trata es federal, dicha federalización es solamente hasta el momento de la explotación. La explotación sigue siendo investigada por la justicia local.
Han dado sobradas pruebas de ello todos los que se expresaron en el sentido de que hay un alto nivel de impunidad en todos los casos judicializados de trata; no estamos teniendo resultados. Básicamente, creemos que las distintas provincias no pueden investigar este tipo de delitos en sus propios territorios. Y es porque los jueces están siendo amenazados y los secretarios han sido comprados. Hay mucha problemática y es la justicia federal la que tiene que investigar desde el momento en que se capta a una persona incluyendo la situación de explotación también.
Sin embargo, parece necesario incorporar algunas definiciones que están contenidas en los instrumentos internacionales ratificados por Argentina para aclarar y facilitar la utilización del tipo penal, tales como la servidumbre, servidumbre por deuda, la servidumbre de la gleba y el matrimonio servil. Hay muchas otras que Argentina se ha comprometido respetar y que no están recogidas en la legislación penal en forma adecuada.
Es importante aclarar al Poder Judicial en general y a los jueces en particular qué es lo que incluye la explotación y cuáles son los tipos y formas análogas a la esclavitud.
Al referirnos al proyecto en cuestión nos preocupa la ausencia de modificaciones en el artículo 6° de la ley 26.364 que establece los derechos de las víctimas, en particular en lo que hace a la asistencia. La actual redacción, por su vaguedad, ha permitido que se brinde una asistencia mínima que va entre 4 días y una semana -en la mayor parte de los casos-, luego de la cual son abandonadas a su suerte y retornadas a los lugares de origen sin asegurar un derecho a la no repetición de las violaciones sufridas que tienen todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y sin restituir los derechos conculcados.
Por otra parte, en su redacción actual la ley no recoge todas las obligaciones internacionales que la Argentina se comprometió a cumplir. En efecto, omite toda referencia a la reinserción social de las víctimas y sólo asegura el retorno al lugar de origen, en el cual la víctima está desprotegida y en situación de inanición y pobreza absoluta.
Estos retornos se producen en general sin una adecuada evaluación del riesgo. Si una persona es rescatada un día y a los cuatro días es enviada de vuelta a su lugar de origen nos está dando la clara pauta de que no hay una evaluación de riesgo. Esto lo obligan las convenciones internacionales, y en particular, el Protocolo de Palermo.
Esta evaluación de riesgo no puede ser solamente judicial. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las víctimas no están denunciando dado que están amenazadas y tienen temor y, además, el Estado no les brinda la asistencia debida. Muchas no denuncian y, sin embargo, conservan el derecho a ser protegidas por el Estado de las represalias que puedan sufrir por parte de los tratantes.
Tenemos víctimas amenazadas que han sido rescatadas por la oficina respectiva, han sido llevadas de vuelta a sus lugares de origen y piden ayuda a las organizaciones sociales para devolver la deuda con los tratantes. Es más: solicitan asistencia para comer y pagar remedios a las organizaciones sociales debido a que el Estado las ha abandonado.
Esto es algo que no puede quedar a la deriva. La ley de trata dice que se dará asistencia pero no dice ni por cuánto tiempo ni cómo será dicha ayuda. Entonces, se dice que se da asistencia, pero lo que se hace es brindar una de emergencia, luego de lo cual quedan abandonadas a su suerte.
Quisiéramos que se incluya el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando contra la trata de personas.
Que se promueva y facilite el trabajo mancomunado con las organizaciones de la sociedad civil.
En este momento las organizaciones no sólo no tenemos ningún apoyo en términos de asistencia en recursos para ayudar a las víctimas, sino que además hemos sufrido un patrón de ataques a las sedes, a las personas -muchas han terminado en el hospital-, de seguimiento y de escuchas telefónicas. No hemos tenido ninguna respuesta por parte del Estado en este sentido.
Queremos que se incluya taxativamente la obligación de informar a las víctimas de sus derechos no sólo en materia penal, sino también en materia civil, laboral y administrativa. En la actualidad sólo se les dice a las víctimas cuáles son sus derechos en torno al proceso penal contra el tratante, y no que podrían solicitar una reparación por parte de los tratantes, incluso también administrativa, y nada respecto a la justicia laboral y civil.
También tenemos que pensar en el problema de la restitución de los niños nacidos en cautiverio. Esto es espantoso, pero es una realidad. Aquí estuvo una abuela cuya nieta fue apropiado por los tratantes siendo bebé. Estos casos que se repiten, porque como ustedes se imaginarán en los prostíbulos nacen muchos niños, que son apropiados por los tratantes. Las madres tienen problemas médicos muy importantes, muchas mueren, algunas se escapan y los niños quedan a la deriva. Hay que recuperarlos y protegerlos.
Que se asegure que ninguna víctima será retornada sin que se haga una evaluación de riesgo y sin que se le informe a la víctima sobre esa evaluación para que pueda tomar una decisión con la información adecuada.
Que se establezca de inmediato y mientras se va organizando un sistema nacional de asistencia a las víctimas un cupo prioritario para las víctimas de trata en todos los programas sociales que actualmente están disponibles en todas las provincias y en el Estado nacional. Esto no sólo podría mejorar la situación actual en lo inmediato sino también constituir el inicio de una política reparatoria para las víctimas de trata que son víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Que los procedimientos y acciones que establezca la ley a favor de las víctimas garanticen la restitución de los derechos violados, la recuperación de las secuelas físicas y emocionales y el apoyo para el desarrollo de un proyecto de vida sustentable.
Para que esto pueda ser realidad, se debe trabajar en el tema de la incautación y decomiso de los bienes producto de la trata, en lo cual coincido con las organizaciones que lo han manifestado. Es imperioso que esto sea legislado muy claramente y que se establezca un fondo especial para víctimas de trata de personas y donde vayan a parar los fondos que se incauten para dar asistencia y ayudar en el desarrollo de un proyecto de vida.
Respecto a la persecución penal, nos parece importante que se incorpore la figura del agente encubierto para la investigación del delito de trata, para lograr llegar al vértice de estas organizaciones delictivas.
Por el momento, todas las investigaciones de trata se han quedado en el regente o el dueño del prostíbulo, pero no han logrado llegar a los grandes tratantes. En el caso de trata laboral, no hay ningún dueño de gran marca que haya pagado judicialmente por el trabajo esclavo. En el caso de trata para explotación sexual, tenemos grandes tratantes que manejan 400 o 500 mujeres y no hay ningún tratante que haya sido ni siquiera imputado en una causa.
Respecto al tema de la oficina de rescate, tal como han dicho otras organizaciones, creemos que es necesario dar por tierra con el sistema institucional actual. No funciona y además realmente ya está manchado. Es imposible que se pueda mejorar.
Lo que proponemos es crear una oficina multiinstitucional para la investigación de este delito, que congregue al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la Dirección de Inteligencia Criminal, todas las fuerzas de seguridad -Prefectura, Gendarmería y Policía- y que incorpore a Derechos Humanos.
Queremos que haya personas del área de Derechos Humanos presentes en todos los allanamientos, evitando que se produzcan los abusos que en este momento se están cometiendo.
En lo que hace a agravantes, nos parece importante que en los casos en que se produzca la muerte de la víctima, esto se considere precisamente como un agravante, ya que en la actualidad no está previsto. A su vez, pedimos que se incorpore la inhabilitación absoluta y permanente de los funcionarios públicos actuales o ex funcionarios públicos comprometidos en el delito de trata. Por favor, a estos funcionarios no los queremos nunca más ejerciendo un cargo público.
En lo que hace a la composición, misión y funciones del Comité contra la Trata que crea la ley, nos parece que todavía hay que trabajar mucho. Consideramos necesario delinear mejor los contenidos del programa nacional. Hemos enviado correos electrónicos a todos los legisladores con una propuesta concreta en ese sentido.
Además, consideramos necesario incorporar un mecanismo de supervisión y monitoreo de la política de trata que se adopte, algo que no está previsto. Para ello, nosotros hemos propuesto que sean las Defensorías del Pueblo las que desarrollen ese monitoreo, en conjunto con la sociedad civil.
Por último, nos parece que sería simbólicamente trascendental incluir la penalización de los prostituyentes en la norma a adoptarse sobre trata de personas.
También sería importante que muchas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en las provincias puedan ser convocadas a las próximas audiencias públicas para que transmitan sus preocupaciones. En general, las vemos desde los lugares de explotación -la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y otras provincias, como Córdoba-, pero no estamos viendo la realidad de las localidades desde donde se están llevando a las mujeres y los niños. En algunos casos están viendo cambiada su pirámide poblacional por el número de mujeres que desaparecen. Por lo tanto, esto nos parece muy importante, y dentro de este programa debe desarrollarse un sistema nacional de asistencia a las víctimas. Por eso nos parece importantísimo incorporar a los representantes de las provincias en el comité que se cree.
Asimismo, debe implementarse un programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas, algo que consideramos fundamental. Es una vergüenza que en la República Argentina no se puedan cruzar datos de la Prefectura con los de Migraciones o los de la Policía Federal, porque tienen programas de computación incompatibles. No podemos seguir así. Tenemos que procurar que todos los programas sean compatibles, de modo que se puedan comparar los datos.
También queremos que a las organizaciones nos informen los datos de migraciones internacionales -algo que ahora no está sucediendo-, ya que existen patrones claros de trata y de tráfico de personas. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de Villazón, Bolivia, determinó en una investigación que en el año 2007 habían entrado 15 mil menores de edad a la República Argentina sin acompañamiento de sus padres, la mayoría de los cuales tenía como destino la trata laboral y sexual.
Entonces, si nosotros no tenemos como organización la información de los patrones migratorios, difícilmente podemos colaborar con el Estado en la prevención y en la asistencia en los lugares que se necesitan. (Aplausos.)
Nosotros venimos trabajando desde el 2008 en el tema de la ley y queremos ante todo agradecer la apertura y la convocatoria que ha hecho permanentemente la Cámara de Diputados de la Nación para que realmente se pueda discutir y se puedan escuchar las distintas opiniones de las organizaciones en esta nueva modificación de la ley de trata.
Solicitamos también el apoyo de las Cámaras del Congreso de la Nación para un pedido de informes respecto a los hechos de corrupción que se han denunciado en torno a la División Trata de Personas de la Policía Federal, y en torno a irregularidades en la operatoria de la Oficina de Rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata.
Este pedido de informes ya se ha girado y esperamos que los diputados y las diputadas quieran apoyarlo porque como sociedad necesitamos respuestas en torno a cómo se designaron estas autoridades y quién estuvo controlando el ejercicio del mandato que se les había sido otorgado.
Las organizaciones que nos reunimos en Villa María en el mes de mayo de este año concluimos que la situación actual en Argentina en torno a la trata constituye una situación de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, que afectan a un gran colectivo de personas, particularmente las más vulnerables comos son las mujeres, niños, niñas y migrantes.
Esta situación compromete la responsabilidad del Estado argentino y por ello amerita una rápida definición para tener una seria e integral nueva política pública de combate contra la trata de personas y asistencia a las víctimas, que debe ser instituida por ley para garantizar su efectivo cumplimiento.
Quiero recordar a los legisladores que por decreto se creó un programa nacional de trata en el año 2008, que nunca fue efectivamente implementado. Por lo cual no creemos más en decretos. Necesitamos una ley que asegure que este gobierno y los siguientes van a tener que responder a esta crisis social y de derechos humanos que constituye la trata de personas.
En relación al anteproyecto que se está discutiendo, las organizaciones estamos asistiendo a las reuniones de asesores y podemos dar nuestra opinión. En ese sentido nos parece que el tipo penal propuesto es más adecuado y eficiente que el vigente, y que permitiría superar los obstáculos que se han presentado en la persecución del delito, básicamente por la problemática de la federalización del delito hasta el momento de la explotación.
En la actualidad, si bien el delito de trata es federal, dicha federalización es solamente hasta el momento de la explotación. La explotación sigue siendo investigada por la justicia local.
Han dado sobradas pruebas de ello todos los que se expresaron en el sentido de que hay un alto nivel de impunidad en todos los casos judicializados de trata; no estamos teniendo resultados. Básicamente, creemos que las distintas provincias no pueden investigar este tipo de delitos en sus propios territorios. Y es porque los jueces están siendo amenazados y los secretarios han sido comprados. Hay mucha problemática y es la justicia federal la que tiene que investigar desde el momento en que se capta a una persona incluyendo la situación de explotación también.
Sin embargo, parece necesario incorporar algunas definiciones que están contenidas en los instrumentos internacionales ratificados por Argentina para aclarar y facilitar la utilización del tipo penal, tales como la servidumbre, servidumbre por deuda, la servidumbre de la gleba y el matrimonio servil. Hay muchas otras que Argentina se ha comprometido respetar y que no están recogidas en la legislación penal en forma adecuada.
Es importante aclarar al Poder Judicial en general y a los jueces en particular qué es lo que incluye la explotación y cuáles son los tipos y formas análogas a la esclavitud.
Al referirnos al proyecto en cuestión nos preocupa la ausencia de modificaciones en el artículo 6° de la ley 26.364 que establece los derechos de las víctimas, en particular en lo que hace a la asistencia. La actual redacción, por su vaguedad, ha permitido que se brinde una asistencia mínima que va entre 4 días y una semana -en la mayor parte de los casos-, luego de la cual son abandonadas a su suerte y retornadas a los lugares de origen sin asegurar un derecho a la no repetición de las violaciones sufridas que tienen todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y sin restituir los derechos conculcados.
Por otra parte, en su redacción actual la ley no recoge todas las obligaciones internacionales que la Argentina se comprometió a cumplir. En efecto, omite toda referencia a la reinserción social de las víctimas y sólo asegura el retorno al lugar de origen, en el cual la víctima está desprotegida y en situación de inanición y pobreza absoluta.
Estos retornos se producen en general sin una adecuada evaluación del riesgo. Si una persona es rescatada un día y a los cuatro días es enviada de vuelta a su lugar de origen nos está dando la clara pauta de que no hay una evaluación de riesgo. Esto lo obligan las convenciones internacionales, y en particular, el Protocolo de Palermo.
Esta evaluación de riesgo no puede ser solamente judicial. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las víctimas no están denunciando dado que están amenazadas y tienen temor y, además, el Estado no les brinda la asistencia debida. Muchas no denuncian y, sin embargo, conservan el derecho a ser protegidas por el Estado de las represalias que puedan sufrir por parte de los tratantes.
Tenemos víctimas amenazadas que han sido rescatadas por la oficina respectiva, han sido llevadas de vuelta a sus lugares de origen y piden ayuda a las organizaciones sociales para devolver la deuda con los tratantes. Es más: solicitan asistencia para comer y pagar remedios a las organizaciones sociales debido a que el Estado las ha abandonado.
Esto es algo que no puede quedar a la deriva. La ley de trata dice que se dará asistencia pero no dice ni por cuánto tiempo ni cómo será dicha ayuda. Entonces, se dice que se da asistencia, pero lo que se hace es brindar una de emergencia, luego de lo cual quedan abandonadas a su suerte.
Quisiéramos que se incluya el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando contra la trata de personas.
Que se promueva y facilite el trabajo mancomunado con las organizaciones de la sociedad civil.
En este momento las organizaciones no sólo no tenemos ningún apoyo en términos de asistencia en recursos para ayudar a las víctimas, sino que además hemos sufrido un patrón de ataques a las sedes, a las personas -muchas han terminado en el hospital-, de seguimiento y de escuchas telefónicas. No hemos tenido ninguna respuesta por parte del Estado en este sentido.
Queremos que se incluya taxativamente la obligación de informar a las víctimas de sus derechos no sólo en materia penal, sino también en materia civil, laboral y administrativa. En la actualidad sólo se les dice a las víctimas cuáles son sus derechos en torno al proceso penal contra el tratante, y no que podrían solicitar una reparación por parte de los tratantes, incluso también administrativa, y nada respecto a la justicia laboral y civil.
También tenemos que pensar en el problema de la restitución de los niños nacidos en cautiverio. Esto es espantoso, pero es una realidad. Aquí estuvo una abuela cuya nieta fue apropiado por los tratantes siendo bebé. Estos casos que se repiten, porque como ustedes se imaginarán en los prostíbulos nacen muchos niños, que son apropiados por los tratantes. Las madres tienen problemas médicos muy importantes, muchas mueren, algunas se escapan y los niños quedan a la deriva. Hay que recuperarlos y protegerlos.
Que se asegure que ninguna víctima será retornada sin que se haga una evaluación de riesgo y sin que se le informe a la víctima sobre esa evaluación para que pueda tomar una decisión con la información adecuada.
Que se establezca de inmediato y mientras se va organizando un sistema nacional de asistencia a las víctimas un cupo prioritario para las víctimas de trata en todos los programas sociales que actualmente están disponibles en todas las provincias y en el Estado nacional. Esto no sólo podría mejorar la situación actual en lo inmediato sino también constituir el inicio de una política reparatoria para las víctimas de trata que son víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Que los procedimientos y acciones que establezca la ley a favor de las víctimas garanticen la restitución de los derechos violados, la recuperación de las secuelas físicas y emocionales y el apoyo para el desarrollo de un proyecto de vida sustentable.
Para que esto pueda ser realidad, se debe trabajar en el tema de la incautación y decomiso de los bienes producto de la trata, en lo cual coincido con las organizaciones que lo han manifestado. Es imperioso que esto sea legislado muy claramente y que se establezca un fondo especial para víctimas de trata de personas y donde vayan a parar los fondos que se incauten para dar asistencia y ayudar en el desarrollo de un proyecto de vida.
Respecto a la persecución penal, nos parece importante que se incorpore la figura del agente encubierto para la investigación del delito de trata, para lograr llegar al vértice de estas organizaciones delictivas.
Por el momento, todas las investigaciones de trata se han quedado en el regente o el dueño del prostíbulo, pero no han logrado llegar a los grandes tratantes. En el caso de trata laboral, no hay ningún dueño de gran marca que haya pagado judicialmente por el trabajo esclavo. En el caso de trata para explotación sexual, tenemos grandes tratantes que manejan 400 o 500 mujeres y no hay ningún tratante que haya sido ni siquiera imputado en una causa.
Respecto al tema de la oficina de rescate, tal como han dicho otras organizaciones, creemos que es necesario dar por tierra con el sistema institucional actual. No funciona y además realmente ya está manchado. Es imposible que se pueda mejorar.
Lo que proponemos es crear una oficina multiinstitucional para la investigación de este delito, que congregue al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la Dirección de Inteligencia Criminal, todas las fuerzas de seguridad -Prefectura, Gendarmería y Policía- y que incorpore a Derechos Humanos.
Queremos que haya personas del área de Derechos Humanos presentes en todos los allanamientos, evitando que se produzcan los abusos que en este momento se están cometiendo.
En lo que hace a agravantes, nos parece importante que en los casos en que se produzca la muerte de la víctima, esto se considere precisamente como un agravante, ya que en la actualidad no está previsto. A su vez, pedimos que se incorpore la inhabilitación absoluta y permanente de los funcionarios públicos actuales o ex funcionarios públicos comprometidos en el delito de trata. Por favor, a estos funcionarios no los queremos nunca más ejerciendo un cargo público.
En lo que hace a la composición, misión y funciones del Comité contra la Trata que crea la ley, nos parece que todavía hay que trabajar mucho. Consideramos necesario delinear mejor los contenidos del programa nacional. Hemos enviado correos electrónicos a todos los legisladores con una propuesta concreta en ese sentido.
Además, consideramos necesario incorporar un mecanismo de supervisión y monitoreo de la política de trata que se adopte, algo que no está previsto. Para ello, nosotros hemos propuesto que sean las Defensorías del Pueblo las que desarrollen ese monitoreo, en conjunto con la sociedad civil.
Por último, nos parece que sería simbólicamente trascendental incluir la penalización de los prostituyentes en la norma a adoptarse sobre trata de personas.
También sería importante que muchas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en las provincias puedan ser convocadas a las próximas audiencias públicas para que transmitan sus preocupaciones. En general, las vemos desde los lugares de explotación -la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y otras provincias, como Córdoba-, pero no estamos viendo la realidad de las localidades desde donde se están llevando a las mujeres y los niños. En algunos casos están viendo cambiada su pirámide poblacional por el número de mujeres que desaparecen. Por lo tanto, esto nos parece muy importante, y dentro de este programa debe desarrollarse un sistema nacional de asistencia a las víctimas. Por eso nos parece importantísimo incorporar a los representantes de las provincias en el comité que se cree.
Asimismo, debe implementarse un programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas, algo que consideramos fundamental. Es una vergüenza que en la República Argentina no se puedan cruzar datos de la Prefectura con los de Migraciones o los de la Policía Federal, porque tienen programas de computación incompatibles. No podemos seguir así. Tenemos que procurar que todos los programas sean compatibles, de modo que se puedan comparar los datos.
También queremos que a las organizaciones nos informen los datos de migraciones internacionales -algo que ahora no está sucediendo-, ya que existen patrones claros de trata y de tráfico de personas. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de Villazón, Bolivia, determinó en una investigación que en el año 2007 habían entrado 15 mil menores de edad a la República Argentina sin acompañamiento de sus padres, la mayoría de los cuales tenía como destino la trata laboral y sexual.
Entonces, si nosotros no tenemos como organización la información de los patrones migratorios, difícilmente podemos colaborar con el Estado en la prevención y en la asistencia en los lugares que se necesitan. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA RUCCI Tiene la palabra la señora Margarita Bellotti.
SRA. BELLOTTI Señora presidenta: en primer lugar, quiero agradecer esta invitación. He venido en representación de la agrupación feminista ATEM 25 de Noviembre, Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, que también forma parte de la campaña abolicionista "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución", por la que habló Marta Fontenla, previamente a Mercedes Assorati.
Coincido con lo que planteó Marta, sobre todo en cuanto a que el tema de la prostitución nos ocupa desde hace muchos años.
Venimos trabajando sobre la ley contra la trata de personas desde la red "No a la Trata", de la que también formamos parte desde el 2007, y desde la campaña abolicionista desde el año 2008, realizando una campaña de firmas para la modificación de la ley que hemos entregado en reiteradas oportunidades al Congreso.
Los temas que voy a tratar son los relacionados con los delitos. Después hablará Graciela Collantes de AMMAR Capital y de la Asociación de Mujeres Argentina por los Derechos Humanos sobre el tema asistencia.
En cuanto al tema de los delitos, en primer lugar me voy a referir a lo relacionado con los agravantes.
De la lectura que hicimos del informe de la comisión o de los asesores -no sé bien de quién es- encontramos que hay una ampliación de los agravantes que nos parece auspiciosa, como los relacionados con los medios comisivos -al sacar los medios comisivos de la constitución del delito quedan como agravantes- y el tema de que se pusiera en riesgo la salud física de la víctima.
Ahí nosotras nos hacemos una pregunta: ¿por qué no plantear como agravante cuando se produjeren como producto o consecuencia del delito lesiones graves a la víctima o bien la muerte? Tal vez el criterio haya sido dejar esto para el tema del concurso real no previsto como figura agravada, pero es una pregunta que nos hacemos.
Hay dos agravantes que nos parecen fundamentales que son, cuando se hiciere de la trata de personas una actividad permanente o cuando se organizare la trata de personas o se financiare, es decir se hicieran aportes económicos para su organización.
Esto está en el despacho de comisión como figura agravada y nos parece fundamental que se mantenga. De lo contrario, con las acciones previstas, o si se incorporan acciones previstas para la tipificación del delito, quedarían libres o no imputables este tipo de actividades.
Otra de las cuestiones que quiero tratar tiene que ver con el delito de servidumbre. El Código Penal actual prevé dos acciones: el que redujere a una persona a servidumbre u otra condición análoga y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella.
El dictamen que leímos incluye "esclavitud". Esto nos parece bien, porque a pesar de que la Constitución Nacional prohíbe la esclavitud en el artículo 15, no hay una figura penal y quedaba subsumida en servidumbre.
Luego habla de "la explotación y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella". En ese sentido nos parece que poner el término "explotación" en esta figura no tiene sentido, ya que la explotación está definida en el artículo 10 de la ley 26.364 e incluye otra serie de figuras o de acciones. No tiene sentido que se repita acá porque se va a superponer, por ejemplo, con la explotación de prostitución ajena, con el tráfico de órganos, etcétera.
La acción de "recibir" ya está en el delito de trata. Por lo tanto, nosotras mantendríamos para servidumbre las acciones de reducir a una persona a esclavitud, servidumbre o condición análoga, o a trabajos forzados y el que la mantuviere en tal condición.
El otro tema con el cual tenemos plenos acuerdos y que se trató aquí es el decomiso de los bienes de los tratantes.
El decomiso ya está previsto en el artículo 23 del Código Penal: el decomiso de los bienes en cualquier caso que se cometiere un delito, aquellos bienes que sean empleados para la comisión del delito o los que fueran adquiridos con los beneficios que produjera la comisión del delito.
Lo que sugerimos es que se agregue una disposición similar a aquella prevista para los artículos 142 bis y 170 del Código Penal, es decir secuestro y secuestro extorsivo, y que en el artículo 23 se diga expresamente que cuando se trate de esos delitos, quedarán comprendidos en los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad y que los bienes decomisados serán afectados a programas de asistencia a la víctima.
Nosotros interpondríamos allí un artículo que planteara que en caso de condena impuesta por los delitos de trata, los de explotación de prostitución ajena, servidumbre y promoción y facilitación de la prostitución, quedarán comprendidos entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde haya tenido lugar la explotación de la víctima, entendiendo como explotación en los términos del artículo 10 de la ley 26.364, con todas las ampliaciones que figuran en los proyectos mencionados anteriormente.
Coincido con que hay que incorporar la inhabilitación a los funcionarios públicos. Además, debemos incluir una figura relacionada con el lavado de activos. Este tema, producto de la trata de personas, tiene que ser un delito previsto expresamente y por supuesto una figura agravada.
Toda la cuestión relacionada con la reforma de la ley de trata, los artículos vinculados con el proxenetismo y el rufianismo, fueron propuestos en la Primera Jornada Nacional Abolicionista sobre Prostitución y Trata de Mujeres y Niñas, que se realizó en Buenos Aires el 4 y 5 de diciembre en la Facultad de Filosofía y Letras.
Asimismo, sería importante incluir las figuras agravadas lo vinculado con delitos de secuestro y secuestro extorsivo en el caso de personas mayores de 70 años y aquella situación en la que una persona tuviera una discapacidad o una enfermedad que le impidiera valerse por sí misma.
Finalmente, quiero referirme a un punto que está previsto en algunos proyectos -no en el dictamen- vinculado con la penalización del cliente de trata. Hay dos cuestiones que quisiéramos señalar.
En primer lugar, en el caso de prostitución no hablamos de "clientes" sino de "prostituyente" o "prostituidor". No estamos de acuerdo en que se legitime la reducción de una persona o de su cuerpo a mercancía. En todos los otros casos habría que definir bien qué es un cliente de trabajo esclavo. Es decir, ¿la empresa que le compra al taller clandestino o la persona que compra la mercadería? ¿Qué es un cliente de mendicidad? Si se llegara a incorporar alguna penalización al cliente de trata de personas también debe definirse qué significa "cliente" en la parte general del Código, es decir en el artículo 77 del Código Penal o como artículo 77 bis.
En relación a aquellos instrumentos jurídicos internacionales que tienen vigencia en nuestro país y forman parte del derecho interno con jerarquía superior a las leyes, creemos que tienen que ser especialmente tenidos en cuenta al legislar. Entre ellos, la Convención contra la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena -de 1949- que ha ratificado nuestro país y que incluye el control de las agencias de colocación. Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
Coincido con lo que planteó Marta, sobre todo en cuanto a que el tema de la prostitución nos ocupa desde hace muchos años.
Venimos trabajando sobre la ley contra la trata de personas desde la red "No a la Trata", de la que también formamos parte desde el 2007, y desde la campaña abolicionista desde el año 2008, realizando una campaña de firmas para la modificación de la ley que hemos entregado en reiteradas oportunidades al Congreso.
Los temas que voy a tratar son los relacionados con los delitos. Después hablará Graciela Collantes de AMMAR Capital y de la Asociación de Mujeres Argentina por los Derechos Humanos sobre el tema asistencia.
En cuanto al tema de los delitos, en primer lugar me voy a referir a lo relacionado con los agravantes.
De la lectura que hicimos del informe de la comisión o de los asesores -no sé bien de quién es- encontramos que hay una ampliación de los agravantes que nos parece auspiciosa, como los relacionados con los medios comisivos -al sacar los medios comisivos de la constitución del delito quedan como agravantes- y el tema de que se pusiera en riesgo la salud física de la víctima.
Ahí nosotras nos hacemos una pregunta: ¿por qué no plantear como agravante cuando se produjeren como producto o consecuencia del delito lesiones graves a la víctima o bien la muerte? Tal vez el criterio haya sido dejar esto para el tema del concurso real no previsto como figura agravada, pero es una pregunta que nos hacemos.
Hay dos agravantes que nos parecen fundamentales que son, cuando se hiciere de la trata de personas una actividad permanente o cuando se organizare la trata de personas o se financiare, es decir se hicieran aportes económicos para su organización.
Esto está en el despacho de comisión como figura agravada y nos parece fundamental que se mantenga. De lo contrario, con las acciones previstas, o si se incorporan acciones previstas para la tipificación del delito, quedarían libres o no imputables este tipo de actividades.
Otra de las cuestiones que quiero tratar tiene que ver con el delito de servidumbre. El Código Penal actual prevé dos acciones: el que redujere a una persona a servidumbre u otra condición análoga y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella.
El dictamen que leímos incluye "esclavitud". Esto nos parece bien, porque a pesar de que la Constitución Nacional prohíbe la esclavitud en el artículo 15, no hay una figura penal y quedaba subsumida en servidumbre.
Luego habla de "la explotación y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella". En ese sentido nos parece que poner el término "explotación" en esta figura no tiene sentido, ya que la explotación está definida en el artículo 10 de la ley 26.364 e incluye otra serie de figuras o de acciones. No tiene sentido que se repita acá porque se va a superponer, por ejemplo, con la explotación de prostitución ajena, con el tráfico de órganos, etcétera.
La acción de "recibir" ya está en el delito de trata. Por lo tanto, nosotras mantendríamos para servidumbre las acciones de reducir a una persona a esclavitud, servidumbre o condición análoga, o a trabajos forzados y el que la mantuviere en tal condición.
El otro tema con el cual tenemos plenos acuerdos y que se trató aquí es el decomiso de los bienes de los tratantes.
El decomiso ya está previsto en el artículo 23 del Código Penal: el decomiso de los bienes en cualquier caso que se cometiere un delito, aquellos bienes que sean empleados para la comisión del delito o los que fueran adquiridos con los beneficios que produjera la comisión del delito.
Lo que sugerimos es que se agregue una disposición similar a aquella prevista para los artículos 142 bis y 170 del Código Penal, es decir secuestro y secuestro extorsivo, y que en el artículo 23 se diga expresamente que cuando se trate de esos delitos, quedarán comprendidos en los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad y que los bienes decomisados serán afectados a programas de asistencia a la víctima.
Nosotros interpondríamos allí un artículo que planteara que en caso de condena impuesta por los delitos de trata, los de explotación de prostitución ajena, servidumbre y promoción y facilitación de la prostitución, quedarán comprendidos entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde haya tenido lugar la explotación de la víctima, entendiendo como explotación en los términos del artículo 10 de la ley 26.364, con todas las ampliaciones que figuran en los proyectos mencionados anteriormente.
Coincido con que hay que incorporar la inhabilitación a los funcionarios públicos. Además, debemos incluir una figura relacionada con el lavado de activos. Este tema, producto de la trata de personas, tiene que ser un delito previsto expresamente y por supuesto una figura agravada.
Toda la cuestión relacionada con la reforma de la ley de trata, los artículos vinculados con el proxenetismo y el rufianismo, fueron propuestos en la Primera Jornada Nacional Abolicionista sobre Prostitución y Trata de Mujeres y Niñas, que se realizó en Buenos Aires el 4 y 5 de diciembre en la Facultad de Filosofía y Letras.
Asimismo, sería importante incluir las figuras agravadas lo vinculado con delitos de secuestro y secuestro extorsivo en el caso de personas mayores de 70 años y aquella situación en la que una persona tuviera una discapacidad o una enfermedad que le impidiera valerse por sí misma.
Finalmente, quiero referirme a un punto que está previsto en algunos proyectos -no en el dictamen- vinculado con la penalización del cliente de trata. Hay dos cuestiones que quisiéramos señalar.
En primer lugar, en el caso de prostitución no hablamos de "clientes" sino de "prostituyente" o "prostituidor". No estamos de acuerdo en que se legitime la reducción de una persona o de su cuerpo a mercancía. En todos los otros casos habría que definir bien qué es un cliente de trabajo esclavo. Es decir, ¿la empresa que le compra al taller clandestino o la persona que compra la mercadería? ¿Qué es un cliente de mendicidad? Si se llegara a incorporar alguna penalización al cliente de trata de personas también debe definirse qué significa "cliente" en la parte general del Código, es decir en el artículo 77 del Código Penal o como artículo 77 bis.
En relación a aquellos instrumentos jurídicos internacionales que tienen vigencia en nuestro país y forman parte del derecho interno con jerarquía superior a las leyes, creemos que tienen que ser especialmente tenidos en cuenta al legislar. Entre ellos, la Convención contra la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena -de 1949- que ha ratificado nuestro país y que incluye el control de las agencias de colocación. Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA RUCCI Tiene la palabra la señora Graciela Collantes.
SRA. COLLANTES Señora presidenta: pertenezco a la Asociación Argentina de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, AMMAR Capital.
La organización nuclea a mujeres en situación de prostitución o de explotación sexual. Somos parte de la campaña abolicionista denominada "Ni una víctima más por la red de prostitución" y de la red "No a la trata". Y desde hace bastantes años hemos sido parte de esta gran lucha que hemos emprendido en todo este tema.
Fuimos los conejitos de Indias que descubrimos todo esto y colaboramos para concientizar acerca de lo que representa la trata y el tráfico de personas para la explotación sexual.
Muchas de las que componemos la organización fuimos víctimas de explotación sexual, de trata y tráfico de personas.
Llegado a un punto hicimos un proceso y por eso estamos acompañando este proyecto. No queremos perder de vista el tema y que no nos pase lo mismo que en 2008 cuando se aprobó un proyecto de ley que sabíamos que no iba a ayudar a las víctimas. Pero los diputados nos decían "más vale aprobar una ley de carácter federal", total seguimos perdiendo cinco años más de tiempo para revisar y seguir investigando. En 2008 teníamos claro el tema del consentimiento, que los tres años que daban a los proxenetas no eran nada, porque entraban y salían con la misma pena.
Se habló mucho. Acompañamos todos los proyectos en los cuales podemos estar y visibilizar qué es lo que podemos hacer. Este es nuestro trabajo. No somos abogados, pero sí colaboramos con ellos concientizándolos porque es una pata fundamental para que esta ley pueda ser lo más correcta y para que sirva a las víctimas. Creo que el rol más peligroso es la asistencia a las víctimas. Podemos tener una ley muy bonita y pintoresca, pero si no se cumple, estaremos en la misma situación.
Por eso nosotras como organización hemos colaborado también en esta propuesta con la campaña. Nos tocó hablar sobre la asistencia a las víctimas. También debe modificarse la ley en este aspecto, porque debería concebirse como una política de Estado. En este sentido pedimos la creación de un organismo especial, una secretaría de Estado o una oficina de asistencia a la víctima o como lo queramos llamar, siempre dependiendo del Poder Ejecutivo y con sus propios recursos asignados por la ley de presupuesto o de los impuestos existentes u otros impuestos a crearse con estos fines, a los efectos de atender a las víctimas de trata y explotación sexual, para hacer prevención de la prostitución y de la trata de personas, controlado por el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las organizaciones sociales.
El segundo punto del que hablamos es el referido a la atención de las víctimas y la creación de un organismo idóneo, capaz, preparado para contener y asistir a las víctimas. El personal que forme parte de este organismo en sus cargos directivos debe ser elegido por concurso público que acredite su capacidad en la problemática. A su vez deberá tener formación en cuestión de género y derechos humanos, tendrá estabilidad en su cargo y se aplicará el escalafón de la administración pública, sin perjuicio de la contratación de personal especializado en aquellas áreas que lo requieran. Se dividirá en áreas para atender a las víctimas según el fin perseguido.
Asimismo se creará un área de capacitación y actualización permanente para todo el personal que forme parte del organismo, ya sea de manera estable o contratada. El 70 por ciento del personal debe tener estabilidad. Tendrá delegaciones permanentes en todo el país y firmará convenios con las provincias a fin de proveer los recursos necesarios y optimizar los existentes.
En ningún caso se fragmentará la asistencia a las víctimas, cuya atención estará a cargo del organismo desde que se tome conocimiento de la situación de las víctimas así como el seguimiento y la asistencia hasta la total recuperación y reinserción.
Se deberá prestar toda la ayuda requerida a los hijos, a las víctimas y familiares menores de 21 años. Asimismo se deberá proveer un resarcimiento o prestación social con carácter de derecho establecido a cargo del Estado, que incluya especialmente formación y capacitación hasta que la persona víctima de explotación pueda reinsertarse en un empleo adecuado.
En todos los casos, la asistencia deberá estar a cargo del Estado, que no podrá tercerizarla.
Este organismo deberá realizar estadísticas de los casos de trata para todos los fines, dado que las existentes no tienen una base de esa naturaleza y pueden estar sub o sobredimensionadas. Hasta ahora no conocemos ninguna estadística con verdaderos fundamentos.
En relación con la investigación, también se deberá elaborar un protocolo de investigación, con la finalidad de detectar las redes y a todos sus cómplices. (Aplausos.)
La organización nuclea a mujeres en situación de prostitución o de explotación sexual. Somos parte de la campaña abolicionista denominada "Ni una víctima más por la red de prostitución" y de la red "No a la trata". Y desde hace bastantes años hemos sido parte de esta gran lucha que hemos emprendido en todo este tema.
Fuimos los conejitos de Indias que descubrimos todo esto y colaboramos para concientizar acerca de lo que representa la trata y el tráfico de personas para la explotación sexual.
Muchas de las que componemos la organización fuimos víctimas de explotación sexual, de trata y tráfico de personas.
Llegado a un punto hicimos un proceso y por eso estamos acompañando este proyecto. No queremos perder de vista el tema y que no nos pase lo mismo que en 2008 cuando se aprobó un proyecto de ley que sabíamos que no iba a ayudar a las víctimas. Pero los diputados nos decían "más vale aprobar una ley de carácter federal", total seguimos perdiendo cinco años más de tiempo para revisar y seguir investigando. En 2008 teníamos claro el tema del consentimiento, que los tres años que daban a los proxenetas no eran nada, porque entraban y salían con la misma pena.
Se habló mucho. Acompañamos todos los proyectos en los cuales podemos estar y visibilizar qué es lo que podemos hacer. Este es nuestro trabajo. No somos abogados, pero sí colaboramos con ellos concientizándolos porque es una pata fundamental para que esta ley pueda ser lo más correcta y para que sirva a las víctimas. Creo que el rol más peligroso es la asistencia a las víctimas. Podemos tener una ley muy bonita y pintoresca, pero si no se cumple, estaremos en la misma situación.
Por eso nosotras como organización hemos colaborado también en esta propuesta con la campaña. Nos tocó hablar sobre la asistencia a las víctimas. También debe modificarse la ley en este aspecto, porque debería concebirse como una política de Estado. En este sentido pedimos la creación de un organismo especial, una secretaría de Estado o una oficina de asistencia a la víctima o como lo queramos llamar, siempre dependiendo del Poder Ejecutivo y con sus propios recursos asignados por la ley de presupuesto o de los impuestos existentes u otros impuestos a crearse con estos fines, a los efectos de atender a las víctimas de trata y explotación sexual, para hacer prevención de la prostitución y de la trata de personas, controlado por el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las organizaciones sociales.
El segundo punto del que hablamos es el referido a la atención de las víctimas y la creación de un organismo idóneo, capaz, preparado para contener y asistir a las víctimas. El personal que forme parte de este organismo en sus cargos directivos debe ser elegido por concurso público que acredite su capacidad en la problemática. A su vez deberá tener formación en cuestión de género y derechos humanos, tendrá estabilidad en su cargo y se aplicará el escalafón de la administración pública, sin perjuicio de la contratación de personal especializado en aquellas áreas que lo requieran. Se dividirá en áreas para atender a las víctimas según el fin perseguido.
Asimismo se creará un área de capacitación y actualización permanente para todo el personal que forme parte del organismo, ya sea de manera estable o contratada. El 70 por ciento del personal debe tener estabilidad. Tendrá delegaciones permanentes en todo el país y firmará convenios con las provincias a fin de proveer los recursos necesarios y optimizar los existentes.
En ningún caso se fragmentará la asistencia a las víctimas, cuya atención estará a cargo del organismo desde que se tome conocimiento de la situación de las víctimas así como el seguimiento y la asistencia hasta la total recuperación y reinserción.
Se deberá prestar toda la ayuda requerida a los hijos, a las víctimas y familiares menores de 21 años. Asimismo se deberá proveer un resarcimiento o prestación social con carácter de derecho establecido a cargo del Estado, que incluya especialmente formación y capacitación hasta que la persona víctima de explotación pueda reinsertarse en un empleo adecuado.
En todos los casos, la asistencia deberá estar a cargo del Estado, que no podrá tercerizarla.
Este organismo deberá realizar estadísticas de los casos de trata para todos los fines, dado que las existentes no tienen una base de esa naturaleza y pueden estar sub o sobredimensionadas. Hasta ahora no conocemos ninguna estadística con verdaderos fundamentos.
En relación con la investigación, también se deberá elaborar un protocolo de investigación, con la finalidad de detectar las redes y a todos sus cómplices. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE VEGA Como varios señores diputados debemos asistir a la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, les reitero a los invitados el pedido en el sentido de que no excedan los siete minutos de exposición.
Tiene la palabra la señora Sara Torres.
Tiene la palabra la señora Sara Torres.
SRA. TORRES Señor presidente: voy a ser muy breve, pues muchas de las cuestiones que quería plantear ya fueron expresadas.
Pertenezco a la Coalición Latinoamericana contra la Trata de Personas y a la Coalición Internacional, un organismo que trabaja este tipo de problemáticas desde el año 1980, y estamos en el país desde el año 1990.
Hemos acompañado todos los procesos del Convenio contra la Trata, y encontramos que en vez de haber disminuido la trata de personas desde el Protocolo de Palermo hasta la fecha, la explotación ha aumentado exponencialmente. O sea que la aplicación de este protocolo no ha servido para prevenir el delito ni para asistir a las víctimas.
Quisiera hacer unos comentarios respecto del proyecto de modificación a la ley 26.364.
En primer lugar, me voy a referir a la necesidad de mantener los compromisos internacionales. El compromiso oportunamente asumido fue el de reformar la legislación para adecuarla a todos los compromisos internacionales, pero se está dejando de lado el análisis e implementación de todos los tratados ratificados y vigentes que ligan al país con relación a la trata y problemas conexos, como el Convenio contra la Tortura y la Esclavitud; el de Derechos Humanos; el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el convenio de 1949; el Tratado sobre Desaparición Forzada de Personas, el de la OIT sobre trabajo esclavo y otros.
Incluso, como ya se hizo entre 2006 y 2008, se está dejando de lado el instrumento legal base, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, y solo se toma en cuenta el Protocolo contra la Trata de Personas, omitiéndose perseguir a los delincuentes y confiscar los bienes que son producto del delito.
También se están dejando de lado cuestiones que, según los fallos de nuestra Corte Suprema de Justicia, deben ser tomadas en cuenta, como los pronunciamientos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en especial el informe de Sigma Huda, del año 2006, aprobado por 17 países -la Argentina incluida-, según el cual los varones no tiene derechos adquiridos para disponer del cuerpo de las mujeres con fines de prostitución, versus los votos en contra de solo dos países europeos, defensores e impulsores de la legalización de la prostitución.
Podemos mencionar también los documentos para perfeccionar la lucha antitrata preparados por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito -UNODC-, y en especial los dos más recientes: el manual para parlamentarios y la ley modelo contra la trata de personas.
La Comisión de Legislación Penal dejó de lado sus propios estudios en curso sobre el derecho comparado iniciados en marzo de este año.
El compromiso público que no sólo obliga a las presidencias de las comisiones sino también a todos los legisladores y se aplica también al texto de la reforma proyectada.
Un solo ejemplo de lo que hemos analizado: el punto 5 dice textualmente: "Teniendo en cuenta que la esclavitud y trata de personas implica una privación de la libertad total o parcial de carácter más grave que el secuestro, consideramos que la pena de esos delitos debe ser superior a lo establecido en el punto 142 bis y sus agravantes".
Ese artículo 142 estipula una pena de diez a veinticinco años si la víctima fuera mujer o menor de dieciocho años, con el agravante de prisión o reclusión perpetua en caso de muerte de la víctima.
En contraposición, la última versión del borrador propone modificar el actual artículo fijando penas inferiores con prisión solamente de cuatro a diez años.
Tampoco se toma en cuenta la opinión de la UFASE del Ministerio Público Fiscal sobre la reforma proyectada. Por el contrario, entendemos que su titular así lo expresó en una reunión de asesores de esta Cámara.
Existen diecisiete o dieciocho proyectos presentados por algo más de veinte legisladores que quizás contengan iniciativas importantes, pero creemos que no se están analizando en su totalidad.
Ese es el análisis que hicimos del proyecto. (Aplausos.)
Pertenezco a la Coalición Latinoamericana contra la Trata de Personas y a la Coalición Internacional, un organismo que trabaja este tipo de problemáticas desde el año 1980, y estamos en el país desde el año 1990.
Hemos acompañado todos los procesos del Convenio contra la Trata, y encontramos que en vez de haber disminuido la trata de personas desde el Protocolo de Palermo hasta la fecha, la explotación ha aumentado exponencialmente. O sea que la aplicación de este protocolo no ha servido para prevenir el delito ni para asistir a las víctimas.
Quisiera hacer unos comentarios respecto del proyecto de modificación a la ley 26.364.
En primer lugar, me voy a referir a la necesidad de mantener los compromisos internacionales. El compromiso oportunamente asumido fue el de reformar la legislación para adecuarla a todos los compromisos internacionales, pero se está dejando de lado el análisis e implementación de todos los tratados ratificados y vigentes que ligan al país con relación a la trata y problemas conexos, como el Convenio contra la Tortura y la Esclavitud; el de Derechos Humanos; el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el convenio de 1949; el Tratado sobre Desaparición Forzada de Personas, el de la OIT sobre trabajo esclavo y otros.
Incluso, como ya se hizo entre 2006 y 2008, se está dejando de lado el instrumento legal base, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, y solo se toma en cuenta el Protocolo contra la Trata de Personas, omitiéndose perseguir a los delincuentes y confiscar los bienes que son producto del delito.
También se están dejando de lado cuestiones que, según los fallos de nuestra Corte Suprema de Justicia, deben ser tomadas en cuenta, como los pronunciamientos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en especial el informe de Sigma Huda, del año 2006, aprobado por 17 países -la Argentina incluida-, según el cual los varones no tiene derechos adquiridos para disponer del cuerpo de las mujeres con fines de prostitución, versus los votos en contra de solo dos países europeos, defensores e impulsores de la legalización de la prostitución.
Podemos mencionar también los documentos para perfeccionar la lucha antitrata preparados por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito -UNODC-, y en especial los dos más recientes: el manual para parlamentarios y la ley modelo contra la trata de personas.
La Comisión de Legislación Penal dejó de lado sus propios estudios en curso sobre el derecho comparado iniciados en marzo de este año.
El compromiso público que no sólo obliga a las presidencias de las comisiones sino también a todos los legisladores y se aplica también al texto de la reforma proyectada.
Un solo ejemplo de lo que hemos analizado: el punto 5 dice textualmente: "Teniendo en cuenta que la esclavitud y trata de personas implica una privación de la libertad total o parcial de carácter más grave que el secuestro, consideramos que la pena de esos delitos debe ser superior a lo establecido en el punto 142 bis y sus agravantes".
Ese artículo 142 estipula una pena de diez a veinticinco años si la víctima fuera mujer o menor de dieciocho años, con el agravante de prisión o reclusión perpetua en caso de muerte de la víctima.
En contraposición, la última versión del borrador propone modificar el actual artículo fijando penas inferiores con prisión solamente de cuatro a diez años.
Tampoco se toma en cuenta la opinión de la UFASE del Ministerio Público Fiscal sobre la reforma proyectada. Por el contrario, entendemos que su titular así lo expresó en una reunión de asesores de esta Cámara.
Existen diecisiete o dieciocho proyectos presentados por algo más de veinte legisladores que quizás contengan iniciativas importantes, pero creemos que no se están analizando en su totalidad.
Ese es el análisis que hicimos del proyecto. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE VEGA Tiene la palabra la señora Fabiana Tuñez de La Casa del Encuentro.
SRA. TUÑEZ Señor presidente: en primer lugar agradezco a los pocos diputados y diputadas que están presentes ya que es importante su presencia.
Esto demuestra quizás que muchas veces los temas que duelen, que tocan profundamente estructuras, generan esto: el acuerdo para modificar una ley pero la imposibilidad de escuchar a todas las organizaciones de la sociedad civil, que si hubiesen sido escuchadas, la anterior ley hubiese salido un poco mejor.
Voy a hacer un resumen y a hablar de las penas. Argentina es un país de origen, tránsito y trata de personas, sin embargo la actual ley tiene las penas más bajas de América Latina. Voy a citar solo algunos ejemplos: en Colombia el delito de trata está penado con prisión de 13 a 23 años; en República Dominicana de 10 a 15; en Perú de 8 a 25, y en Bolivia de 8 a 12.
Este delito debe ser sancionado ejemplarmente por las leyes de nuestro país. Aumentar las penas no producirá que desaparezca el delito, seguramente, pero tiene que haber una señal clara y contundente desde el Estado de que este tipo de conductas y delitos no son aceptadas y además serán sancionadas.
Analizando algunos textos de un filósofo español del derecho penal me gustaría resaltar algunas ideas adaptadas para contextualizar.
Siempre las normas penales tienen en la mira un bien jurídico que proteger: la vida, la integridad física, los bienes, la dignidad de las personas, etcétera.
La evolución de las ideas en torno a lo que es o debe ser un bien jurídico protegido ha evolucionado a través de los tiempos. A veces esos intereses, bienes jurídicos, serán derivaciones de derechos humanos superiores, piezas necesarias indispensables para el funcionamiento de la realidad social.
Cuando los intereses de diverso origen son reputados como imprescindibles en el máximo grado se transformarán en bienes jurídicos penalmente tutelables. Aquí es donde nos preguntamos si aquí y ahora la vida de las mujeres, las niñas o personas víctimas de trata es un bien jurídico que debe elevarse en grado de protección desde el que tiene en la actualidad a uno superior, o es que el tema no interesa.
Si no le interesa a algunos es aquí donde la sociedad civil y la clase política -que representa a esa sociedad- deben ponerse firmes para reclamar.
En la literatura penal se comprueba que problemas de grave dimensión humana y política son zanjados muchas veces con un frío academicismo. Es decir, como si éste estuviera reñido con la autocrítica. Precisamente, la autocrítica puede servirnos para adquirir conciencia de que estamos trabajando sobre conceptos generalizadores y estereotipados; trabajamos con el respaldo de verdades acuñadas sobre presupuestos que no se quieren discutir en sus bases más profundas.
Vemos que algunos penalistas pareciera que tienen miedo a realizar un análisis comprometido y sincero de los conceptos que utilizan, como si ello fuera a poner en peligro la solidez de un sistema abriendo la puerta al caos y la anarquía.
No es por esto que se habrá de derrumbar un edificio perfecto, sino que sólo se caerán las partes más envejecidas e inservibles que demandan una urgente remodelación.
Hay que hacer un análisis crítico del sistema y ver si tenemos soluciones mejores para ordenar la convivencia, porque este sistema es como un cuerpo vivo capaz de una permanente modificación, sin que por ello se caiga en un vacío sin red.
Hay temas que no evolucionan porque se tienen como cuestiones fuera de discusión. ¿Por qué fuera de discusión? ¿No han cambiado los tiempos? ¿Por qué no pueden cambiar los temas y las formas de abordarlo?
Estamos de acuerdo con la confiscación de bienes y decomiso, y hacemos una propuesta basada en que al iniciarse un procedimiento contra un traficante de personas con destino a la prostitución o explotación laboral, las autoridades podrán decomisar todo el patrimonio del acusado y esos bienes serán subastados una vez que esté firme la sentencia condenatoria. El dinero recaudado se dedicará a programas integrales de asistencia a las víctimas con control de la sociedad civil y de diferentes sectores del Estado.
Muchas personas piensan que la prostitución es el oficio más viejo del mundo, pero es la esclavitud más vieja del mundo. Es una de las violencias más extremas que puede vivir una mujer. La trata es el resultado de este pensamiento. La prostitución y la esclavitud no es un destino para nadie. ¿Por qué tendría que serlo sólo para las mujeres o las personas pobres? Sin prostituyentes clientes que demandan, no existiría ni la prostitución ni la trata. Pero, con la modificación de la ley, no va a alcanzar, si como sociedad no comenzamos a cuestionar el problema de fondo que es la legitimación de la violencia hacia las mujeres y si no atacamos al corazón del sistema de opresión y comenzamos a generar estrategias de sensibilización, trabajo y organización. La violencia hacia las mujeres debe ser considerada como una cuestión política, social, cultural y tratada como tal: un tema de derechos humanos.
Pedimos a los diputados y diputadas que esta vez tratemos de consensuar la mejor ley. Además, solicitamos que el Senado de la Nación lleve a cabo el tratamiento de esta misma ley que va a salir de esta Cámara de Diputados, para no tener que dilatar y entrar en grandes debates.
Esto debemos pensarlo entre todos y todas. Aquellas desaparecidas, secuestradas y explotadas primero son mujeres, niñas, sujetos plenos de derecho y tienen una historia, familia, proyectos, amistades, anhelos, ilusiones, son hijas, madres, amigas, novias, esposas, compañeras de alguien, a quienes les han robado y les siguen robando sus vidas. En cambio, los clientes prostituyentes son padres, novios, compañeros, amigos que consideran a las mujeres como cosas, objetos, mercancías que se pueden comprar y vender.
Eso es lo que está pasando en nuestro país.
Dejemos de lado la hipocresía para enfrentar este grave problema que es de todas y de todos. Hace más de tres años que venimos a manifestarnos públicamente frente al Congreso de la Nación e invitamos a los diputados y a las diputadas a participar -algunos vienen de vez en cuando o lo hacen permanentemente- como una acción y demostración cabal de que las estamos buscando, de que las queremos con vida a todas. Me refiero a Marita Verón, a Florencia Penacchi, a Andrea López, a Peli Mercado, a todas, las cientos de mujeres y niñas que no son un nombre, son una historia de la cual todos y todas somos responsables. (Aplausos.)
Esto demuestra quizás que muchas veces los temas que duelen, que tocan profundamente estructuras, generan esto: el acuerdo para modificar una ley pero la imposibilidad de escuchar a todas las organizaciones de la sociedad civil, que si hubiesen sido escuchadas, la anterior ley hubiese salido un poco mejor.
Voy a hacer un resumen y a hablar de las penas. Argentina es un país de origen, tránsito y trata de personas, sin embargo la actual ley tiene las penas más bajas de América Latina. Voy a citar solo algunos ejemplos: en Colombia el delito de trata está penado con prisión de 13 a 23 años; en República Dominicana de 10 a 15; en Perú de 8 a 25, y en Bolivia de 8 a 12.
Este delito debe ser sancionado ejemplarmente por las leyes de nuestro país. Aumentar las penas no producirá que desaparezca el delito, seguramente, pero tiene que haber una señal clara y contundente desde el Estado de que este tipo de conductas y delitos no son aceptadas y además serán sancionadas.
Analizando algunos textos de un filósofo español del derecho penal me gustaría resaltar algunas ideas adaptadas para contextualizar.
Siempre las normas penales tienen en la mira un bien jurídico que proteger: la vida, la integridad física, los bienes, la dignidad de las personas, etcétera.
La evolución de las ideas en torno a lo que es o debe ser un bien jurídico protegido ha evolucionado a través de los tiempos. A veces esos intereses, bienes jurídicos, serán derivaciones de derechos humanos superiores, piezas necesarias indispensables para el funcionamiento de la realidad social.
Cuando los intereses de diverso origen son reputados como imprescindibles en el máximo grado se transformarán en bienes jurídicos penalmente tutelables. Aquí es donde nos preguntamos si aquí y ahora la vida de las mujeres, las niñas o personas víctimas de trata es un bien jurídico que debe elevarse en grado de protección desde el que tiene en la actualidad a uno superior, o es que el tema no interesa.
Si no le interesa a algunos es aquí donde la sociedad civil y la clase política -que representa a esa sociedad- deben ponerse firmes para reclamar.
En la literatura penal se comprueba que problemas de grave dimensión humana y política son zanjados muchas veces con un frío academicismo. Es decir, como si éste estuviera reñido con la autocrítica. Precisamente, la autocrítica puede servirnos para adquirir conciencia de que estamos trabajando sobre conceptos generalizadores y estereotipados; trabajamos con el respaldo de verdades acuñadas sobre presupuestos que no se quieren discutir en sus bases más profundas.
Vemos que algunos penalistas pareciera que tienen miedo a realizar un análisis comprometido y sincero de los conceptos que utilizan, como si ello fuera a poner en peligro la solidez de un sistema abriendo la puerta al caos y la anarquía.
No es por esto que se habrá de derrumbar un edificio perfecto, sino que sólo se caerán las partes más envejecidas e inservibles que demandan una urgente remodelación.
Hay que hacer un análisis crítico del sistema y ver si tenemos soluciones mejores para ordenar la convivencia, porque este sistema es como un cuerpo vivo capaz de una permanente modificación, sin que por ello se caiga en un vacío sin red.
Hay temas que no evolucionan porque se tienen como cuestiones fuera de discusión. ¿Por qué fuera de discusión? ¿No han cambiado los tiempos? ¿Por qué no pueden cambiar los temas y las formas de abordarlo?
Estamos de acuerdo con la confiscación de bienes y decomiso, y hacemos una propuesta basada en que al iniciarse un procedimiento contra un traficante de personas con destino a la prostitución o explotación laboral, las autoridades podrán decomisar todo el patrimonio del acusado y esos bienes serán subastados una vez que esté firme la sentencia condenatoria. El dinero recaudado se dedicará a programas integrales de asistencia a las víctimas con control de la sociedad civil y de diferentes sectores del Estado.
Muchas personas piensan que la prostitución es el oficio más viejo del mundo, pero es la esclavitud más vieja del mundo. Es una de las violencias más extremas que puede vivir una mujer. La trata es el resultado de este pensamiento. La prostitución y la esclavitud no es un destino para nadie. ¿Por qué tendría que serlo sólo para las mujeres o las personas pobres? Sin prostituyentes clientes que demandan, no existiría ni la prostitución ni la trata. Pero, con la modificación de la ley, no va a alcanzar, si como sociedad no comenzamos a cuestionar el problema de fondo que es la legitimación de la violencia hacia las mujeres y si no atacamos al corazón del sistema de opresión y comenzamos a generar estrategias de sensibilización, trabajo y organización. La violencia hacia las mujeres debe ser considerada como una cuestión política, social, cultural y tratada como tal: un tema de derechos humanos.
Pedimos a los diputados y diputadas que esta vez tratemos de consensuar la mejor ley. Además, solicitamos que el Senado de la Nación lleve a cabo el tratamiento de esta misma ley que va a salir de esta Cámara de Diputados, para no tener que dilatar y entrar en grandes debates.
Esto debemos pensarlo entre todos y todas. Aquellas desaparecidas, secuestradas y explotadas primero son mujeres, niñas, sujetos plenos de derecho y tienen una historia, familia, proyectos, amistades, anhelos, ilusiones, son hijas, madres, amigas, novias, esposas, compañeras de alguien, a quienes les han robado y les siguen robando sus vidas. En cambio, los clientes prostituyentes son padres, novios, compañeros, amigos que consideran a las mujeres como cosas, objetos, mercancías que se pueden comprar y vender.
Eso es lo que está pasando en nuestro país.
Dejemos de lado la hipocresía para enfrentar este grave problema que es de todas y de todos. Hace más de tres años que venimos a manifestarnos públicamente frente al Congreso de la Nación e invitamos a los diputados y a las diputadas a participar -algunos vienen de vez en cuando o lo hacen permanentemente- como una acción y demostración cabal de que las estamos buscando, de que las queremos con vida a todas. Me refiero a Marita Verón, a Florencia Penacchi, a Andrea López, a Peli Mercado, a todas, las cientos de mujeres y niñas que no son un nombre, son una historia de la cual todos y todas somos responsables. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE VEGA Tiene la palabra la señora Margarita Meira, por la organización Madres de Constitución.
SRA. MEIRA Buenas tardes a todas y todos, soy integrante también de la RATT.
El pelo blanco que tengo son canas, a pesar de tener tintura. Es lamentable porque vine acompañada de una chica que rescatamos hace siete meses de un prostíbulo con su niña de 4 años que estaba haciendo casting de pornografía infantil también. Hace siete meses que está a cargo de la institución porque el Estado no tiene ningún programa para la trata. Ella se escapó con lo puesto, con su nena y hasta ahora está todo totalmente a cargo nuestro. Lo más lamentable es que se está hablando del tema trata y ella está viendo que las personas que han venido a este encuentro se están yendo. Me pregunto si toman en serio al tema trata.
Según esta chica que está sentada allí, en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al mal recuento que hicimos, hay mil prostíbulos, en cada uno hay ocho chicas secuestradas. Por lo tanto, en la Capital hay ocho mil chicas secuestradas en prostíbulos y todos estamos mirando para otro lado y hablando de prevención.
No estamos muy de acuerdo con la prevención porque lo que hay que hacer es entrar en los prostíbulos y rescatar a las chicas. Ellas saben cómo se rescatan a las chicas. No queremos policías ni funcionarios que traicionan a las chicas. Al lado de ella hay un chico que vino de Paraguay porque está buscando a su familia, que hace seis años la trajeron a Buenos Aires.
Creo que estamos perdiendo el tiempo si nos portamos de esa forma. Aquí hay cosas que se pueden hacer. Hay leyes que son perfectas, lamentablemente en 2008 se votó un mamarracho. Deberíamos tener el nombre de los diputados que votaron esa ley para hacerles un "escrache" en sus domicilios. No se puede hacer una ley faltando a los tratados internacionales. Los tratados internacionales son claros y la Argentina es parte de ellos y sin embargo votaron una ley en contra de ellos, que por suerte no se reglamentó.
También en nombre de ella tendría que decir que la prostitución y los prostíbulos están porque los hombres no van a un prostíbulo a divertirse, como dijo Macri, "que hay que abrir más prostíbulos para que los chicos se diviertan". Aquí los hombres, cuando van a un prostíbulo, van a violar y a maltratar a las mujeres. Ella cuenta que pasó por más de 25 y 30 hombres por día, y tiene 19 años; está enferma, pero el Estado no tiene programa de atención médica para ella, y menos para su hija. Ella estuvo unos días afuera, y por suerte pudimos hacerla ir; ahora vuelve, y como la nena faltó unos días a clase, tiene que llevar un certificado médico. Les estoy hablando de lo más mínimo que pasa una mamá con una criatura: no tiene un techo, no tiene apoyo, no tiene dinero y ni siquiera tendría comida si no estuviera a nuestro cargo. La nena no se puede atender ni puede obtener un certificado de aptitud física, porque nunca ha ido a un médico.
Estas son las cosas sobre las cuales tendríamos que estar hablando. Vuelvo a decir que es lamentable que se haya ido más de la mitad de la gente que estuvo aquí presente.
Les agradezco mucho que nos hayan invitado. Tendríamos que recorrer todo el país invitando a todas las asociaciones, que estamos trabajando a pulmón, sin uno solo peso, porque reitero que el Estado no tiene programas para trata.
Cuando a ella la rescatamos, en ese momento yo no estaba en la institución y la llevaron al área de Promoción Social de la ciudad, donde la mandaron a un refugio. De día tenía que estar en la calle, en manos de la policía, y al riesgo de los proxenetas, que si la agarran sabemos que no vuelve. Para nosotros es muy difícil tenerla, porque la debemos cuidar y hacer de policía, ya que el Estado no le ofrece protección.
En el mes de diciembre ella hizo la denuncia; denunció todo, hasta lo más aberrante. Yo soy mamá de una hija desaparecida por el tema de trata. Resulta que si uno está buscando a los hijos desaparecidos, aparecen en las páginas de Internet de los prostíbulos. Según ella, estos proxenetas pegan en la calle tarjetitas con fotos de chicas secuestradas. Se lo hizo saber al juez, pero todavía no se allanó ni uno solo de los prostíbulos sobre los que ella denunció esta aberración. Y dice que la Policía Federal cobra 16 mil pesos por prostíbulo, lo que multiplicado por mil, hacen 16 millones de pesos por mes que se lleva el jefe de policía. Esto es muy grave. Yo creo que en este momento la prostitución está dejando más dinero que la droga.
Ella también cuenta que en los prostíbulos se vende muchísima droga y que le obligan a consumir la droga porque ellos tienen que vender el doble. Cuando el cliente se droga, compra la droga y tiene que pagar el doble, porque también es para las chicas. Se imaginan que ellas atienden a más de 25 hombres por día, y si de ellos, diez son consumidores, tienen que consumir también diez papelitos de droga.
Todo esto está denunciado por ella, y se lo demostró a la UFASE; entró a la página del prostíbulo y le puso todas las chicas menores que están secuestradas en los prostíbulos en los que ella estuvo -porque estuvo en varios-, pero todavía, desde diciembre a la fecha, no ha pasado nada.
Desgraciadamente esto lo tendríamos que tomar de otra forma. Ella está diciendo: si hay tanta gente caminando atrás de los prostíbulos, ¿por qué tenemos más de mil prostíbulos abiertos en este momento en la Ciudad de Buenos Aires?
La verdad que es lamentable; yo tenía otras cosas para decir, pero les recordaría a los señores diputados y a todos los presentes que durante la dictadura los secuestros los hacía el gobierno; ahora los hacen los civiles, apoyados por los gobiernos. Esto se llama delito de lesa humanidad. Les pediría a los diputados que estos delitos contemplados en la ley de trata fueran considerados como de lesa humanidad.
Los proxenetas se esconden y después aparecen. Si es de lesa humanidad los podemos perseguir y no van a decir que tienen setenta años y pueden cumplir arresto domiciliario por la edad. Debe ser de lesa humanidad.
Tengo muchas cosas más para decir pero no se puede perder el tiempo. Muchísimas gracias y hasta pronto. (Aplausos.)
El pelo blanco que tengo son canas, a pesar de tener tintura. Es lamentable porque vine acompañada de una chica que rescatamos hace siete meses de un prostíbulo con su niña de 4 años que estaba haciendo casting de pornografía infantil también. Hace siete meses que está a cargo de la institución porque el Estado no tiene ningún programa para la trata. Ella se escapó con lo puesto, con su nena y hasta ahora está todo totalmente a cargo nuestro. Lo más lamentable es que se está hablando del tema trata y ella está viendo que las personas que han venido a este encuentro se están yendo. Me pregunto si toman en serio al tema trata.
Según esta chica que está sentada allí, en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al mal recuento que hicimos, hay mil prostíbulos, en cada uno hay ocho chicas secuestradas. Por lo tanto, en la Capital hay ocho mil chicas secuestradas en prostíbulos y todos estamos mirando para otro lado y hablando de prevención.
No estamos muy de acuerdo con la prevención porque lo que hay que hacer es entrar en los prostíbulos y rescatar a las chicas. Ellas saben cómo se rescatan a las chicas. No queremos policías ni funcionarios que traicionan a las chicas. Al lado de ella hay un chico que vino de Paraguay porque está buscando a su familia, que hace seis años la trajeron a Buenos Aires.
Creo que estamos perdiendo el tiempo si nos portamos de esa forma. Aquí hay cosas que se pueden hacer. Hay leyes que son perfectas, lamentablemente en 2008 se votó un mamarracho. Deberíamos tener el nombre de los diputados que votaron esa ley para hacerles un "escrache" en sus domicilios. No se puede hacer una ley faltando a los tratados internacionales. Los tratados internacionales son claros y la Argentina es parte de ellos y sin embargo votaron una ley en contra de ellos, que por suerte no se reglamentó.
También en nombre de ella tendría que decir que la prostitución y los prostíbulos están porque los hombres no van a un prostíbulo a divertirse, como dijo Macri, "que hay que abrir más prostíbulos para que los chicos se diviertan". Aquí los hombres, cuando van a un prostíbulo, van a violar y a maltratar a las mujeres. Ella cuenta que pasó por más de 25 y 30 hombres por día, y tiene 19 años; está enferma, pero el Estado no tiene programa de atención médica para ella, y menos para su hija. Ella estuvo unos días afuera, y por suerte pudimos hacerla ir; ahora vuelve, y como la nena faltó unos días a clase, tiene que llevar un certificado médico. Les estoy hablando de lo más mínimo que pasa una mamá con una criatura: no tiene un techo, no tiene apoyo, no tiene dinero y ni siquiera tendría comida si no estuviera a nuestro cargo. La nena no se puede atender ni puede obtener un certificado de aptitud física, porque nunca ha ido a un médico.
Estas son las cosas sobre las cuales tendríamos que estar hablando. Vuelvo a decir que es lamentable que se haya ido más de la mitad de la gente que estuvo aquí presente.
Les agradezco mucho que nos hayan invitado. Tendríamos que recorrer todo el país invitando a todas las asociaciones, que estamos trabajando a pulmón, sin uno solo peso, porque reitero que el Estado no tiene programas para trata.
Cuando a ella la rescatamos, en ese momento yo no estaba en la institución y la llevaron al área de Promoción Social de la ciudad, donde la mandaron a un refugio. De día tenía que estar en la calle, en manos de la policía, y al riesgo de los proxenetas, que si la agarran sabemos que no vuelve. Para nosotros es muy difícil tenerla, porque la debemos cuidar y hacer de policía, ya que el Estado no le ofrece protección.
En el mes de diciembre ella hizo la denuncia; denunció todo, hasta lo más aberrante. Yo soy mamá de una hija desaparecida por el tema de trata. Resulta que si uno está buscando a los hijos desaparecidos, aparecen en las páginas de Internet de los prostíbulos. Según ella, estos proxenetas pegan en la calle tarjetitas con fotos de chicas secuestradas. Se lo hizo saber al juez, pero todavía no se allanó ni uno solo de los prostíbulos sobre los que ella denunció esta aberración. Y dice que la Policía Federal cobra 16 mil pesos por prostíbulo, lo que multiplicado por mil, hacen 16 millones de pesos por mes que se lleva el jefe de policía. Esto es muy grave. Yo creo que en este momento la prostitución está dejando más dinero que la droga.
Ella también cuenta que en los prostíbulos se vende muchísima droga y que le obligan a consumir la droga porque ellos tienen que vender el doble. Cuando el cliente se droga, compra la droga y tiene que pagar el doble, porque también es para las chicas. Se imaginan que ellas atienden a más de 25 hombres por día, y si de ellos, diez son consumidores, tienen que consumir también diez papelitos de droga.
Todo esto está denunciado por ella, y se lo demostró a la UFASE; entró a la página del prostíbulo y le puso todas las chicas menores que están secuestradas en los prostíbulos en los que ella estuvo -porque estuvo en varios-, pero todavía, desde diciembre a la fecha, no ha pasado nada.
Desgraciadamente esto lo tendríamos que tomar de otra forma. Ella está diciendo: si hay tanta gente caminando atrás de los prostíbulos, ¿por qué tenemos más de mil prostíbulos abiertos en este momento en la Ciudad de Buenos Aires?
La verdad que es lamentable; yo tenía otras cosas para decir, pero les recordaría a los señores diputados y a todos los presentes que durante la dictadura los secuestros los hacía el gobierno; ahora los hacen los civiles, apoyados por los gobiernos. Esto se llama delito de lesa humanidad. Les pediría a los diputados que estos delitos contemplados en la ley de trata fueran considerados como de lesa humanidad.
Los proxenetas se esconden y después aparecen. Si es de lesa humanidad los podemos perseguir y no van a decir que tienen setenta años y pueden cumplir arresto domiciliario por la edad. Debe ser de lesa humanidad.
Tengo muchas cosas más para decir pero no se puede perder el tiempo. Muchísimas gracias y hasta pronto. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA RUCCI Han terminado de hablar todos los expositores. Una vez más quiero agradecer a todas las organizaciones, familiares, víctimas y diputados que están trabajando en este tema.
Quiero recordar que el próximo martes 12, a las 15 horas, tenemos otra audiencia pública donde van a venir expertos académicos y funcionarios del Estado que están trabajando en la lucha contra la trata.
Por otro lado, les digo a los diputados de mi comisión que para mañana hemos citado a las 14 horas a los asesores para hablar sobre esta audiencia y rescatar algunas cosas que seguramente tendremos que agregar en nuestro dictamen. Por eso les pido que vayan todos los asesores.
De mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos, una vez más. (Aplausos.)
- Es la hora 18 y 16.
Quiero recordar que el próximo martes 12, a las 15 horas, tenemos otra audiencia pública donde van a venir expertos académicos y funcionarios del Estado que están trabajando en la lucha contra la trata.
Por otro lado, les digo a los diputados de mi comisión que para mañana hemos citado a las 14 horas a los asesores para hablar sobre esta audiencia y rescatar algunas cosas que seguramente tendremos que agregar en nuestro dictamen. Por eso les pido que vayan todos los asesores.
De mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos, una vez más. (Aplausos.)
- Es la hora 18 y 16.
APENDICE
Exposición de la Sra. MARTA FONTENLA