Declarar su profunda consternación y preocupación por la muerte de más de 32 internos que se encontraban alojados en el Penal de Varones de Santiago del Estero, ocasionada el 4 de noviembre de 2007 en circunstancias todavía no determinadas judicialmente, pero que tendrían como trasfondo las malas condiciones de detención y la dilatada condición de procesados de la mayoría de los internos.

Señor presidente:

El domingo 4 de noviembre de 2007 se produjo un tremendo hecho luctuoso en la cárcel de Varones de Santiago del Estero, que provocó al menos la muerte de 32 internos, y de más de 12 heridos. Las circunstancias en que los hechos ocurrieron aún no han sido establecidas judicialmente, pero según informaciones preliminares tienen como trasfondo las malas condiciones de detención y la dilatada condición de procesados de la mayoría de los internos.

Más allá de las circunstancias particulares por las que se desencadenaros los hechos, es necesario recalcar que existen obligaciones de orden Constitucional e internacional respecto de personas privadas de libertad, que frente a lo ocurrido, podrían colocar al Estado en situación de vulneración de esas obligaciones.

Recordemos que según el artículo 18 de la Constitución Nacional "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice." Numerosos organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han puesto de manifiesto las malas condiciones de detención de las cárceles en la Argentina, advirtiendo de alguna manera sobre situaciones como las ocurridas en la cárcel de Varones de Santiago del Estero.

Pero además del problema de las malas condiciones de detención, el Estado también está obligado a respetar la presunción de inocencia de la que goza toda persona que todavía no ha sido condenada. Esta obligación emana de numerosos instrumentos internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, implica que si se va a privar de su libertad a una persona, aún cuando todavía no existe condena, esa privación de libertad tiene que ser limitada en el tiempo y en las condiciones en que se produce.

Según las informaciones, la mayoría de los presos de la cárcel de Varones de Santiago del Estero, está en condición de procesado, habiéndose excedido todo tiempo razonable para mantenerlos privados de libertad. A pesar de ello, a pesar de la vulneración de su presunción de inocencia, los procesados permanecen detenidos, y en condiciones no aceptables.

Es evidente que el poder punitivo del Estado, cuando se excede transgrediendo obligaciones constitucionales, genera inevitablemente situaciones de tan grave conflictividad como la que ocurrió en Santiago del Estero. Y por lo tanto, es el propio Estado el que debe asumir las responsabilidades pertinentes. En el caso, corresponde que lo haga no sólo el Estado Provincial de Santiago del Estero, sino también el Estado Nacional, desde que se encuentran comprometida tarea delegada de proteger los derechos humanos.

Asumir responsabilidades implica en este caso la investigación seria y eficiente de los hechos, pero también la modificación de las políticas públicas que generan un uso excesivo o dañino del poder punitivo del Estado.

Es por estos motivos que solicito a esta Honorable Cámara tratamiento y posterior aprobación de este expediente legislativo.-