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LEGISLACION PENAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 404
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PROYECTO DE DECLARACION
Expediente: 3107-D-2014
Sumario: EXPRESAR RECHAZO POR LAS DECLARACIONES QUE FORMULARON EL DIA 29 DE ABRIL DE 2014 EN LA "FERIA DEL LIBRO", LOS FISCALES GENERAL DOCTOR ALEJANDRO ALAGIA Y DE CASACION DOCTOR JAVIER DE LUCA, SOBRE UN DESCREIMIENTO EN EL DERECHO PENAL DE QUIENES DEBEN APLICARLO.
Fecha: 05/05/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 37
Su rechazo categórico y sin cortapisas
a las declaraciones formuladas el día 29 de abril de 2014 en la Feria del Libro por
parte del fiscal general Dr. Alejandro Alagia y el fiscal de Casación Dr. Javier De
Luca, quienes, cada uno a su turno, evidenciaron un descreimiento en el derecho
penal por parte de quienes deben aplicarlo; llamando "conflictos sociales" a los
delitos; consideraron al Código Penal vigente como "racista", "sexista", "misógino"
y "clasista" y "oligárquico"; que la seguridad en democracia es también seguridad
frente a las autoridades, frente al accionar policial; que el primer problema es
quién controla al controlador" y que "cuando se habla de seguridad", es "para
pocos y para pocas cosas"; que "aquí ( en el debate sobre esta gravísima cuestión
de la inseguridad) aparece la falacia del combate contra la inseguridad", pues es
"pretender que el derecho penal sirva como un conformador social, como un
sistema de legitimación de un estado de cosas, pero el problema es que ese
estado de cosas no es justo, no es igualitario"."El modelo de sociedad que
proponen generalmente los voceros de la lucha contra la inseguridad es un modelo
social excluyente de un montón de sectores sociales, que deja afuera del juego a
millones de personas".
Las aseveraciones transcriptas
patentizan un criterio sobrecargado de ideología extremista pues so pretexto de
proteger a los desamparados, desguarnece a la sociedad entera, incluidos los
excluidos, aunque esto aparezca como una contradicción. Lo prueban los hechos:
la mayoría de las víctimas de la delincuencia son pobres, quien carecen de resortes
protectores y hasta de los patrullajes policiales elementales por el conocido motivo
de que en las vecindades precarias la policía no ingresa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Comencemos por reproducir las
declaraciones que desdeñamos y rechazamos de plano para poder rebatirlas
adecuadamente.
El fiscal general Alagia destacó que lo
positivo es que este proyecto de reforma del Código Penal es "una declaración de
desconfianza"; (hacia las penas).
La charla, organizada por Ediciones
Infojus en el marco de la Feria del Libro, fue una curiosa exposición de
descreimiento en el derecho penal por parte de quienes deben aplicarlo, con el rol
precisamente de acusar y perseguir al delincuente.
"Cuando se habla de seguridad, se
habla de seguridad para pocos y para pocas cosas", denunció De Luca. Y aclaró
que esa concepción -que él considera reduccionista- de la seguridad, se refiere
"esencialmente a los conflictos sociales (sic) que tienen que ver con daños a la
integridad corporal" y "a la propiedad".
Nótese que, además de minimizar el
valor de la vida humana y de la propiedad, llama "conflicto social" al delito, lo que
en cierta forma lo legitima. Un homicidio para esta descabellada concepción es
sólo un "conflicto social".
Luego de presentarse como
"garantistas" y miembros de "Justicia Legítima, un espacio de democratización de
uno de los poderes del gobierno" (sic, por Estado), el fiscal Aliaga explicó por qué
le parece necesario un nuevo código.
"Creemos que es la oportunidad de
disputar una determinada economía del castigo, una cultura punitiva, porque el
código vigente es un código conservador, producto de una cultura oligárquica.
Rodolfo Moreno fue fundador del Partido Conservador de la provincia de Buenos
Aires, aunque el código se sancionó en 1921, durante el gobierno de Hipólito
Yrigoyen. "Moreno, y otros que tuvieron influencia en la sanción de ese
instrumento legal, pertenecían a una cultura totalmente diferente a la de los
últimos 30 años".
Sin temor al anacronismo, siguió
diciendo: "Ninguno de ellos era profundamente democrático: creían que la
sociedad debía estar jerarquizada entre los que mandan y los que obedecen, entre
los que saben y los que no saben. Favorecían una cultura de elite, profundamente
antidemocrática (...), la cultura del positivismo y de la oligarquía (que) identificaba
al delito con la pobreza, los problemas sociales con la degeneración racista. No
solamente era un código fuertemente influenciado por el racismo sino con un neto
contenido misógino: era sexista, racista, clasista".
Como ya no es representativo de
nuestra época, se "hace necesario que un nuevo código penal para el país esté
vinculado a un programa constitucional y de derechos humanos", señaló Alagia.
Una precisión: si fuese como
extremosamente sostiene Alagia, el democrático - (¿alguien puede ponerlo en
duda...?) presidente Yrigoyen debió vetar esa ley de 1921. Si no lo hizo es porque
expresaba lo que es una ley genuina, la voluntad general de su tiempo.
El fiscal De Luca: inició su exposición
debatiendo el concepto de seguridad. "La seguridad en democracia es también
seguridad frente a las autoridades, frente al accionar policial; el primer problema
es quién controla al controlador".
También afirmó que "cuando se habla
de seguridad", es "para pocos y para pocas cosas". "Esencialmente -aclaró- los
conflictos sociales que tienen que ver con daños a la integridad corporal y a la
integridad física; con lo físico y con la propiedad. Es a esa inseguridad a la que se
pretende oponer un combate, es decir, luchar contra la inseguridad es equivalente
a dotar de seguridad y este binomio es falso".
Para De Luca, la seguridad "se provee
con seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad laboral, pleno empleo,
oportunidades de tipo económico, sociales, culturales, etcétera; no necesariamente
combatiendo la inseguridad". Algo así como decirle al enfermo grave que su
patología se combate haciendo vida sana, omitiendo que aquí y ahora lo primero
es controlar y erradicar esa enfermedad que padece y que amenaza su vida.
Recuperado, ¡claro que deberá guardar una vida sana!
Criticó que para combatir la
inseguridad siempre se apele "al castigo, al mal, al derecho penal, al poder
punitivo"; haciendo una curiosa asociación entre las penas que derivan de las leyes
y el "mal". Y omitiendo que el delito es el mal real.
"Es decir, cuando hablamos de
seguridad o de criminalidad hablamos de criminalidad para pocos, para gente que
realiza conductas que no son las conductas que ordinariamente, todos los días,
realizan los jueces o los fiscales, no es la criminalidad para uno, para gente como
uno", se explayó.
"Aquí aparece la falacia del combate
contra la inseguridad", siguió diciendo el fiscal: pretender que el derecho penal
"sirva como un conformador social, como un sistema de legitimación de un estado
de cosas, pero el problema es que ese estado de cosas no es justo, no es
igualitario".
Esa frase expone el núcleo de la
concepción abolicionista: no se puede castigar el delito porque lo que lo provoca y
por lo tanto lo justifica es una injusticia social de base.
A continuación, De Luca se dedicó a
criticar a quienes objetan esta reforma: "El modelo de sociedad que proponen
generalmente los voceros de la lucha contra la inseguridad es un modelo social
excluyente de un montón de sectores sociales, que deja afuera del juego a
millones de personas".
"Nuestra concepción no es
abolicionista porque no conocemos una solución distinta en el momento que nos
ha tocado vivir", lamentó.
"Voy a tener con este Código Penal -
agregó- la seguridad de que no me van a pegar un palo en la cabeza por haber
hecho algo que no está en ese código". Eso es lo principal para él. Lo demás -la
seguridad de las personas frente al delito- es secundario, como lo deja entrever en
esta frase: "Después, lo que pasa en la realidad es un asunto mucho más complejo
que no tiene solución por vía de un código penal".
"Entonces, que salga una persona a
decir 'el que las hace las paga o las debe pagar' es bastante fuerte para nosotros
desde el punto de vista de la mediocridad argumental. Porque hace 30 años
estamos viendo que el que las hace nunca las paga", concluyó, exponiendo
crudamente su ausencia de fe en el derecho penal.
"El desafío y la audacia de este
proyecto -concluyó por su parte Alejandro Alagia- es discutir un código penal sin
hacerle propaganda al castigo, planteando que el castigo es una solución
irracional, una trampa".
El Código Penal, dicen, debe servir
antes que nada, no para castigar a quien infringe la ley, sino para proteger al
ciudadano del poder punitivo del Estado. "El anteproyecto da seguridad ante la
posibilidad infinita de que alguien me castigue por cualquier cosa", dijo por
ejemplo De Luca.
Los fiscales introducen planteos
ideológicos que llevan a desconocer "la noción de autoridad" (como enseña el
filósofo hegeliano Alexandre Kojéve en su obra homónima). El punto de partida de
este estudio es una caracterización de la autoridad muy cercana a la que varias
décadas después proporcionaría Michel Foucault sobre el poder: "la Autoridad es,
en lo esencial, activa y no pasiva [...] la Autoridad es, pues, necesariamente una
relación [...] sólo se tiene autoridad sobre lo que puede reaccionar".
Hay autoridad cuando quien obedece
tiene la posibilidad de no hacerlo y renuncia a esa posibilidad. Interesado en
"establecer una lista de todos los fenómenos autoritarios", el pensador ruso
despliega un análisis fenomenológico, del que resultan cuatro tipos "puros" de
autoridad, que asocia con las teorías que considera más apropiadas para
estudiarlos: 1) la del Jefe, que se sostiene en la posesión de un saber que le
permite adelantarse al resto, prever, proyectar. Quien mejor ilustra este tipo de
autoridad es, según Alexandre Kojève, Aristóteles; 2) la del Amo que, siendo capaz
de asumir, en pos del reconocimiento, el riesgo de la acción (incluso, y en especial,
cuando su vida está en juego), se impone sobre quien es esclavo de su instinto de
conservación. Hegel es, sin duda, quien mejor expone esto; 3) la del Padre, ligada
a la tradición, desarrollada de modo acabado por la filosofía escolástica; 4) la del
Juez, sustentada en la honestidad e imparcialidad, cuya explicación nos ha legado
Platón.
Por otra parte, el abstruso
igualitarismo que proclaman y el abolicionismo penal que niegan, pero en realidad
reverencian, es parte de una batalla ideológica de pensadores postmarxistas que
en nombre del relativismo moral llegan a proponer ideas descabelladas que en
boca de integrantes del Ministerio Público de la Nación, sirven sólo para trastrocar
el concepto y los fines de los Derechos Humanos, a los cuales ven sólo aplicables
para los ciudadanos en conflicto con la ley penal (o sea, los delincuentes) en
franco detrimento del resto de los argentinos de bien que obran con sujeción a las
normas legales (o sea, los honestos) y por hacerlo, tienen temor de su integridad y
se enrejan para que los criminales hagan su faena.
La tolerancia con el delito, como
evidencian estos abogados de la compasión, es un mal en sí mismo que
retroalimenta las conductas punibles y las justifica en nombre de la injusticia
social y de la inevitabilidad a la que los empuja un Estado dominado por el
supuesto orden social burgués. La ideología progresista igualitarista destruye un
país sea cual sea su historia y su conformación racial.
Estas concepciones no son garantistas
porque apego a las garantías de la Constitución tenemos todos. Son literalmente
abolicionistas del sistema penal en el que definitivamente descreen.
Cabe precisar que todos somos
conscientes que no es sólo el Código Penal la herramienta contra la inseguridad.
Esta lucha decisiva y crucial exige una batería de soluciones de diversa naturaleza.
Dentro de ellas está el Código Penal, sobre todo cuando la prevención ha
fracasado.
Como señala, la pedagoga sueca
Inger Enqvist en su obra "Repensar la educación" el "buenismo" hace que
aumenten las conductas negativas, el mal comportamiento y el número de
personas con problemas graves. La armonía social que dicen defender los fiscales,
en nuestro país actualmente se comprueba de manera empírica la aplicación de la
pena de muerte en ciudadanos honestos por parte de los delincuentes, el
incremento de las actividades delictivas vinculadas al narcotráfico y
comercialización de drogas; como también dentro de la anomia a la que nos han
conducido deliberadamente llegamos a observar con perplejidad y desazón que
hechos ajenos a nuestra cultura y a nuestro país se reiteran: linchamientos y
acciones de sicarios.
No podemos permanecer callados
frente a declaraciones altisonantes y envenenadas, porque si lo hacemos en poco
tiempo podemos ser las víctimas de los autoritarios y violentos de cualquier origen
y como decía el escritor Bertolt Brecht en su poema famoso: "Ahora vienen por mí,
pero es demasiado tarde".
Los fiscales están para proteger al
pueblo frente a los delincuentes. Las declaraciones ideológicas de los fiscales
Alejandro Alagia y Javier De Luca ameritan que sean trasladados inmediatamente
a la Defensoría Oficial. Ellos quieren defender delincuentes y no perseguir su
castigo legal. Conforme con su vocación, están ocupando puestos equivocados.
Ellos deben ser defensores, no fiscales.
Por todo lo expuesto, es que solicito
el acompañamiento de mis pares para la aprobación de este proyecto de
declaración.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |
Trámite en comisión(Cámara de Diputados)
Fecha | Movimiento | Resultado |
---|---|---|
12/08/2014 | INICIACIÓN DE ESTUDIO | Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría |
30/09/2014 | INICIACIÓN DE ESTUDIO | Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría |