Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos pertinentes, se sirva informar todas las cuestiones relacionados con el funcionamiento del sistema carcelario argentino de mujeres:

1- Al régimen de vigilancia de las personas privadas de la libertad, Para que diga. ¿Se cumplen con las auditorias previstas para el personal penitenciario? En caso afirmativo indicar;

- con que periodicidad se realizan.

- como se llevan a cabo esos controles.

En caso negativo, explique los motivos.

2- ¿Existe un relevamiento en el sistema carcelario federal sobre cuántos fallecimientos se registran al año y por qué causas?

3 - ¿Cuántas denuncias se registran anualmente por abusos recibidos en prisión? Especifique por jurisdicción y por unidad carcelaria.

4- Remita un listado de las organizaciones que están autorizadas a prestar servicios auxiliares de apoyo a personas privadas de la libertad, en diversos ámbitos como re-educación, capacitación en oficios, reinserción etc.

Señor presidente:

La situación de las personas privadas de libertad en la Argentina es uno de los problemas de derechos humanos más acuciante que enfrenta el país, la importancia del tema no reside solo en las persistentes y sistemáticas violaciones de derechos que ocurren en la mayoría de los lugares de detención, si no en el tipo de respuesta del sistema político y de la comunidad para enfrentar los distintos conflictos que se plantean en una sociedad quebrada por la exclusión y la pobreza.

Conforme con el art.10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Regla N° 8 de las Reglas Mínimas, los procesados deben estar separados de los condenados y deben ser tratados de acuerdo con su condición de personas no condenadas por la comisión de un delito

Un estudio realizado en mayo del 2013 en cárceles federales revelo que las detenidas en prisión preventiva con frecuencia compartían pabellones u otras aéreas comunes con mujeres ya condenadas y que inclusive las mujeres con niños condenadas o no comparten los mismos espacios. Otro de los datos que nos aportó esta investigación fue que sobre la población carcelaria el 16,74 de las detenidas había presenciado abusos verbales y físicos en prisión, reportándolo a las autoridades pertinentes. Y el 55,56% de aquellas afirmo que los funcionarios no tomaron en serio sus denuncias. De esta forma queda evidenciada una vez más la sistemática violación de los derechos recogidos en normas internacionales, cabe mencionar el art.31 de La Regla de Bangkok que requiere que las prisiones establezcan políticas y reglamentos para el personal penitenciario con el fin de proteger a las mujeres privadas de su libertad contra todo tipo de violencia por razones de género,así como de abuso y acoso sexual.

Estas son algunas de las situaciones que las personas privadas de libertad padecen, el diagnóstico es extremadamente negativo y afecta en forma directa a un sector importante de la sociedad , impone que este tema forma parte de la agenda de derechos humos de la política nacional y de los sistemas provinciales , con urgencia y compromiso ético . Para lograrlo es fundamental que se consoliden mecanismos de control eficaces y que se cumplan con la

obligación internacional de implementar el Protocolo Facultativo , con una gestión que consiga avanzar en los cambios estructurales necesarios para romper con las viejas lógicas y prácticas policiales , penitenciarias y judiciales

Por todo lo expuesto, le solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.