Modificación del Código Penal de la Nación

ARTÍCULO 1°.- Incorpórese el inc. 11 al Art. 80 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Inc. 11°.- A toda persona que pertenece a su ámbito familiar, de convivencia o afectivo.

ARTÍCULO 2°.- Incorpórese el Art. 89 bis en el Código Penal de la Nación, el que quedara redactado de la siguiente manera:

Art. 89 bis.- Se impondrá prisión de un mes a tres años, al que causare lesión, en el cuerpo o en la salud, a toda persona que pertenezca a su ámbito familiar, de convivencia o afectivo.

ARTÍCULO 3°.- Incorpórese el Art. 248 ter en el Código Penal de la Nación, el que quedara redactado de la siguiente manera:

Art. 248 ter.- Se impondrá prisión de un mes a tres años al funcionario público que, teniendo competencia en la seguridad de las personas, desestimare negligentemente una denuncia sobre violencia ejercida sobre cualquier persona, de la cual resultaren de aplicación los Títulos I, II, III, IV y V de la parte especial del Código Penal.

Señor presidente:

Dayenoff entiende que el Derecho Penal tiene como característica esencial la de ser conminatorio y coercitivo, describe ciertas conductas y frente a la realización de estas, aplica penas que generalmente consisten en la privación de la libertad y funciona como instrumento del Estado.

La sociedad utiliza el sistema penal como medio de control sobre los individuos de comportamiento desviado, utilizando la pena como disuasivo de manera racional. El Derecho Penal cumple la función de mantenimiento del orden establecido por el estado.

Si bien entendemos que la calificación de ciertos tipos penales o la tipificación de nuevas conductas punibles por la ley penal no es la solución de fondo al problema de la violencia familiar, estamos seguros de que son herramientas que deben ser utilizadas por los operadores del sistema penal para la lucha contra este tipo de delitos. La tipificación de conductas por el Congreso en la ley penal, es la demostración de que el Estado entiende que la misma es merecedora de pena y expresa su decisión de luchar para erradicarla. Por supuesto que esta decisión debe ser acompañada por el resto de los poderes que conforman el Estado, desde las fuerzas de seguridad al momento de la prevención y toma de la denuncia, los centros públicos especializados actúen, como también de la justicia en el momento en que tome intervención.

La ley penal actualmente califica el homicidio del cónyuge, ascendiente o descendiente, y ello está claramente vinculado a un concepto clásico de familia. Entendemos que hoy existen grupos familiares que escapan a esta nominación, como es el caso de las familias ensambladas, constituidas por personas que construyen una relación luego de tener hijos o haber estado casadas con otras personas, viviendo todos en un mismo hogar. Por ello amerita la calificación del delito penal de homicidio y de lesiones de toda persona que pertenezca al mismo ámbito familiar, de convivencia o afectivo de la víctima.

Con este proyecto intentamos atacar legislativamente el problema de la violencia familiar en forma amplia, teniendo en cuenta que este tipo de violencia puede afectar a cualquier persona, hombre, mujer o niña.

Con respecto a las mujeres, hoy se puede hablar de femicidio como concepto político, relacionado con el asesinato de mujeres por razones asociadas a su género. El concepto de femicidio indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la inequidad del género, cuestiona los argumentos que tienden a culpar y a representar a los agresores como "locos" o como poseídos por fuerzas exteriores, inmanejables por sí mismos, el amor o la pasión.

Bajo esta concepción, entendemos que el femicidio se presenta cotidianamente en las vidas de las mujeres argentinas y así lo demuestran las investigaciones realizadas por movimientos de mujeres y ONG´s. Desde el año 2008 hasta el 2010, más de ochocientas mujeres y niñas han sido asesinadas por cuestiones vinculadas exclusivamente a su género Se excluye de estas investigaciones a todas las mujeres que, como consecuencia de haber recibido lesiones por violencia de género, ingresaron al hospital y fallecieron por causas indirectas antes de haberse iniciado el proceso judicial correspondiente.

Debido a que no existen estadísticas oficiales, creemos que este número de víctimas puede multiplicarse, escondiendo un fenómeno mayor, que alcanza a todas las clases sociales y rincones de nuestro país.

El femicidio, entendido de esta manera ampliada, incluyendo a familiares y personas vinculadas al ámbito de convivencia, afectivo o familiar de la víctima, tiene la eficacia de comprender una realidad trágica que hoy sucede en nuestro país y que desde nuestro lugar de legisladores debemos intentar resolver.

Al introducir el artículo tercero del proyecto, intentamos atacar seriamente un problema del actuar negligente de las fuerzas de seguridad con respecto a la toma de la denuncia y al trato de la víctima, denunciado por las asociaciones que trabajan con la temática de violencia familiar. El mayor problema de este actuar desacertado es el de producir un desaliento en cuanto a las denuncias por parte de las víctimas, familiares o terceras personas. Este parlamento debe tomar posición en este sentido y responsabilizar a los funcionarios que en forma negligente desechan y no actúan ante denuncias graves como las que se generan en este tipo de violencia, haciéndolos responsables por su accionar.

Es por ello que solicito a los señores diputados que me acompañen con este proyecto.