ARTÍCULO 1º.- Agréguese al Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984, como artículo 290 bis el siguiente: "La declaración de rebeldía del imputado pronunciada después de recibida su declaración indagatoria no suspenderá el desarrollo del juicio en el que aquel será representado por su abogado defensor. La sentencia condenatoria que recaiga en la causa será revisada en casación a simple pedido del condenado contumaz formalizado dentro de los diez días de comparecido ante el Tribunal. En tal caso su defensor deberá fundar el recurso en la oportunidad prevista por el art. 465".

ARTÍCULO 2º.-.Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Una de las garantías más eficaces con que cuenta el Hombre para enfrentar el desborde del poder punitivo del Estado es el derecho de defensa. La idea de que no puede haber castigo institucional sin darle al interesado la posibilidad de refutar, ante un juez imparcial, los cargos que se le formulen y probar los hechos que lo favorecen es prácticamente un paradigma cultural de la modernidad. Así lo consagra el Pacto de San José de Costa Rica en su art. 8º. Y así lo reconocen la totalidad de los países que suscribieron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966 cuyo art. 14.- 1 también lo establece.

Sin embargo ha de admitirse que de poco serviría consagrar el derecho de defensa en las normas de mayor jerarquía que integran el orden jurídico (constitucionales y convencionales) si no se organizara un procedimiento que impidiera la afectación de tan alta prerrogativa ciudadana. Consecuente con ello en la Argentina, que exhibe una tradición garantista inveterada, iniciada ya con el Reglamento de Seguridad Individual de 1811, con el propósito de evitar que el juicio llevado adelante contra un ausente pudiera afectar su derecho de defensa, todas las leyes de enjuiciamiento y códigos de procedimiento penales, federales y provinciales, no autorizan la celebración del juicio penal en rebeldía, es decir in absentia del imputado. Y en particular, concretando la razón del presente proyecto, así lo dispone el art. 290 del CPPN que suspende el trámite del debate ante la rebeldía del enjuiciado.

También es verdad que demasiadas veces, una actitud elusiva por parte del imputado que el orden ritual permite, impide que el procedimiento avance hacia su destino final que es la sentencia, frustrando las pretensiones de Justicia de las partes restantes (querellantes, actores civiles, coimputados) que ante dicha parálisis procesal se sienten burladas, cuestión muchísimo mas perniciosa aún cuando se trata de delitos de lesa humanidad o de genocidio. En tales supuestos la frustración de las aspiraciones de Justicia de las víctimas es inmensa. Y el descrédito del Poder Judicial mayúsculo. La fuga del imputado hacia países que no reconocen o no conceden la extradición, como ocurrió con el Reino Unido cuando le negó al juez Galeano el pedido de entrega de Hadi Soleimanpour, detenido por Interpol en Durham, o que incluso directamente, como ha sido el caso de la República Islámica de Irán, protegen a los acusados impidiendo el desarrollo del juicio, instala en los familiares de las víctimas con espontáneo y masivo apoyo social, la idea de que los poderes del Estado encubren asesinos pavorosos. Y por añadidura, en estos casos, el dispendio de actividad judicial es enorme.

No es ocioso señalar asimismo, que países como Italia y Francia, tributarios de la misma cultura jurídica que Argentina permiten el juicio en ausencia que se desarrolla con el imputado en rebeldía, procedimiento que se ha reglamentado con el propósito de asegurar al latitante el derecho de defensa. Así ocurrió con el exdictador Videla, condenado en ausencia por los tribunales italianos, y con los represores Astiz, Acosta, Pernia y Cavallo también condenados en rebeldía por la justicia francesa.

Enseña al respecto LEONE, teniendo en vista el código italiano, una de las fuentes de nuestro CPPN que, "El procedimiento contumacial -lejos de ser como en ocasiones, antiguamente, un conjunto de normas en odio o en daño del contumaz- tiende a asegurar a este la más amplia esfera de defensa y el ejercicio del derecho de impugnación" (sic en LEONE, Giovanni, "Tratado de Derecho Procesal Penal, Ed. Ejea, Bs. As. 1963, T. II, p. 440). E incluso merece cita expresa, el proyecto de nuestro eminente MAIER que al desarrollar en el Apéndice I de su Código Procesal Penal modelo para Latinoamérica el Procedimiento contra Ausentes, en el segundo párrafo del artículo 2 dispone: "El Ministerio público podrá requerir la continuación del debate contra un ausente, hasta su terminación, cuando su rebeldía se produzca durante el debate y él ya haya prestado declaración sobre la acusación, siempre que el tribunal no considere necesaria su presencia" (sic en MAIER, Julio, Derecho Procesal Penal argentino, Ed. Hammurabi, Bs. As. 1989, T.1 a, p. 432).

Con estos antecedentes a la vista, el presente proyecto postula, en el marco del procedimiento vigente en la Nación, una reforma sencilla, casi imperceptible, pero que en un enorme y significativo universo de casos, sin afectación alguna del derecho de defensa, habrá de permitir el desarrollo normal del juicio contra el imputado contumaz, impidiendo además que su ausencia sea utilizada como táctica procesal para eludir la acción de la justicia cerrándole además la puerta a la desnaturalización de la garantía que no debe ser usada para impedir la aplicación de la Ley.

La reforma propuesta no se proyecta sobre nada de lo que ocurra en la Instrucción que seguirá desarrollándose tal como ha sido prevista en el Libro Segundo del CPPN. Está diseñada, en cambio, para actuar sólo en el ámbito del juicio (actos preliminares y debate) al que es imposible que arribe el procedimiento si el imputado no ha rendido declaración indagatoria, o al menos sin haber tenido la oportunidad de hacerlo, aunque se hubiera negado. Se trata entonces de juicios en los que el enjuiciado fue indagado, contó con abogado defensor, pudo aportar la prueba de descargo y recurrir el auto de procesamiento, así como deducir nulidades si hubiese sido el caso de que a su criterio y en su perjuicio se hubiera incurrido en deficiencias formales graves. Es decir que se trata de un sujeto procesal que ha llegado al juicio en rebeldía pero disponiendo de todas las garantías que la Constitución, las Convenciones y el Código Procesal Penal le acuerdan al imputado.

Para ese supuesto el proyecto postula autorizar la realización integra del juicio, incluido el dictado de la sentencia, que es la estación conclusiva del procedimiento por antonomasia. Todo ello se podrá realizar, de sancionarse la iniciativa, sin ningún inconveniente, en ausencia del enjuiciado. Claro que para la vigencia plena del derecho de defensa el condenado compareciente, manifestando simplemente dentro de los diez días de producido su comparendo su deseo de que la sentencia sea revisada en casación, el expediente se elevará a esos fines a la Cámara respectiva ante la cual el defensor deberá exponer los motivos para revocarla.

En síntesis, pensamos que la sanción del presente proyecto permitirá resolver una enorme cantidad de casos paralizados porque el enjuiciado no ha comparecido al juicio, no obstante haber ejercido en plenitud, en la instrucción, su derecho de defensa. Y lo hará sin sacrificar absolutamente ninguna de aquellas prerrogativas que integran el derecho defensa.

Saludamos a V.H. con toda consideración