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LEGISLACION GENERAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P02 Oficina 234
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Secretario Administrativo DR. TRIANTAFILO GUILLERMO
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PROYECTO DE LEY
Expediente: 5322-D-2006
Sumario: RESTITUCION DE LAS TIERRAS DE LA FAMILIA CURIÑANCO - RUA NAHUELOUIR: DECLARAR DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A EXPROPIACION AL INMUEBLE DENOMINADO PREDIO SANTA ROSA, DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT.
Fecha: 13/09/2006
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 130
RESTITUCIÓN DE LAS
TIERRAS DE LA FAMILIA CURIÑANCO - RUA NAHUELQUIR
Artículo 1.- Se declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación el denominado "Predio Santa Rosa", sito en
el kilómetro 1448 de la Ruta Nacional nº 40, en el paraje Leleque, Localidad de El
Maitén, Departamento de Cushamen, Provincia de Chubut, de aproximadamente
535,8 hectáreas de superficie, formado por el polígono cuyas coordenadas son:
Punto 1: 42º 25 12.1´´ y 71º 06
20.2´´;
Punto 2: 42º 25 41.2´´ y 71º 07
01.7´´;
Punto 3: 42º 28 28.6´´ y 71º 06
18.2´´;
Punto 4: 42º 28 33.3´´ y 71º 05
45.6´´.
Artículo 2.- El inmueble que
se declara sujeto a expropiación por esta ley será restituido gratuitamente a sus
anteriores ocupantes por cualquier título, desalojados en el marco de la causa
número 159 - 159 del año 2003, del Juzgado en lo Correccional de Esquel,
Provincia de Chubut.
Artículo 3.- Los montos que
deban abonarse en concepto de indemnización por la expropiación dispuesta por
esta Ley, serán equivalentes a las sumas que oportunamente hubiera abonado su
actual titular al adquirirlas, no resultando de aplicación en consecuencia el Capítulo
IV ni el artículo 20 de la Ley 21.499.
Artículo 4.- Comuníquese al
Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto
no es más que la continuidad lógica del que presentáramos el día 5 de julio de
2004 (expte. 4013-D-04), en el que expresábamos nuestro "profundo rechazo al
fallo emitido por el Juzgado Correccional de Esquel, provincia del Chubut, a cargo
del juez Jorge Eyo, desconociendo los legítimos derechos a su tierra de la familia
mapuche de Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir y haciendo lugar a los
cuestionados títulos de la Compañía de Tierras Sud Argentino, propiedad de la
multinacional Benetton."
La altísima concentración de tierras
en pocas manos (la mayoría, extranjeras), se refleja en los siguientes datos:
- el 70% de la superficie en
propiedad privada en los departamentos Huiliche y Lacar (donde está San Martín
de los Andes y Junín de los Andes, Neuquén,) está en manos de propietarios
extranjeros.
- 6.900 familias y empresas
multinacionales son dueñas del 50 % del territorio nacional.
- Considerando el criterio de
explotaciones agropecuarias del Censo Nacional Agropecuario 2002 y tomando en
cuenta que en el total de los departamentos cordilleranos de Chubut hay alrededor
de 2000 productores distribuidos en las 6 millones de hectáreas existentes, de las
cuales 1 millón tienen bosque, podemos armarnos nuestro propio mapa de la
concentración de la tierra: sólo un 3 % de los productores (con más de 20 mil
hectáreas cada uno) concentra el 40% de la tierra, mientras que el 70% (con
explotaciones de menos de 2.500 hectáreas), sobrevive en el 10% de la tierra. El
resto se reparte en explotaciones de entre 2.500 y 20 mil hectáreas, con lo que si
sumamos a los sectores que más concentran (entre 2.500 y más de 20 mil
hectáreas) tenemos que el 90% de la superficie está en el 30% de las manos.
- el 82 por ciento de los productores
rurales son familias campesinas y trabajadores que sólo ocupan el trece por ciento
de la tierra.
- en la década pasada, más de 200
mil familias fueron expulsadas del campo hacia barrios empobrecidos de las
grandes ciudades.
- en la última década aumentó 14 por
ciento la población de las zonas urbanas y disminuyó ocho por ciento la de zonas
rurales.
- el empresario italiano Luciano
Benetton es dueño de 1,8 millones de hectáreas, el magnate norteamericano
Douglas Tompkins de medio millón, el empresario estadounidense Ted Turner
tiene 70.000 hectáreas, el británico Joe Lewis 15.000, el financista húngaro-
estadounidense George Soros 400.000 hectáreas.
En relación al predio que se pretende
restituir a sus legítimos dueños, cabe mencionar que su titular registral es una
"empresa fantasma" de la que se sabe que tiene 900.000 hectáreas en el país,
pero se ignora quiénes son sus socios, los titulares de las acciones, etcétera.
El fallo que garantizó a Benetton la
intangibilidad de su patrimonio se basó en una fotocopia borrosa de una escritura
de donación de unas 900.000 hectáreas otorgada por el entonces presidente
Uriburu en 1896 a diez ciudadanos ingleses en fracciones de unas 90.000
hectáreas cada una (algunas más, otras menos). Violando la legislación entonces
vigente, la escritura se hizo ante un escribano de Capital Federal, cuando debía
hacerse ante el escribano general de gobierno.
De acuerdo con la legislación vigente
en la época de la donación, una persona o sociedad no podía adquirir (menos
recibir en donación) una superficie mayor a 40.000 hectáreas y tampoco dos lotes;
y las donaciones no podían superar superficies de un "cuarto de legua" o 625
hectáreas.
Si se vendían (que no es el caso ya
que se trató de una donación) se debían realizar en remates públicos con base
mínima y el Estado no podía rematar más allá de un máximo por año que le fijaba
la normativa en vigor; precisamente para evitar la adquisición de superficies -
como las del caso- de 900.000 hectáreas por un solo particular.
En las estancias que se mencionan en
la donación se encuentran la estancia Leleque, la estancia Lepa y otras, dejando
constancia en la escritura de que se entregan con mejoras incluidas, cuando hasta
el día de hoy la mayor parte de esas estancias carecen de mejora alguna
En la fotocopia del título (en estado
borroso) figura luego una transferencia de estos ciudadanos ingleses a un
apoderado de la compañía de tierras. Así se consuma el apoderamiento de
900.000 hectáreas a nombre de esa sociedad, siempre que se acepte como válido
el "borroneado" título acompañado.
La Compañía de Tierras del Sur
(titular registral del Predio Santa Rosa) no estuvo inscripta en la ex Inspección de
Personas Jurídicas, ni en la Inspección de General de Justicia de la Nación. En la
provincia del Chubut está inscrita en ningún registro.
En los certificados del Registro de
Propiedad Inmueble presentados por la empresa de la estancia Lepa y de la
estancia Leleque (de 96.000 hectáreas una y de 85.000 hectáreas la otra) figura la
"obligación de mensurar". Se refiere a la mensura perimetral ("mensura sobre el
alambre"). En ninguna de las dos estancias se realizó la mensura exigida. Esa
mensura se exige para "certificar que lo que está dentro del alambre es igual a lo
que está en el título". Así de elemental. Si las estancias de las que la compañía de
tierras dice ser propietaria no están mensuradas, ¿cómo puede determinarse que
la finca que se exige restituir a la familia mapuche se encuentra dentro de esas
estancias? Un error de "apenas" el 1 % en una superficie de 96.000 hectáreas
implica nada más y nada menos que 960 hectáreas. ¿Cómo asegurar que el predio
Santa Rosa se halla dentro o fuera de la estancia Lepa?
¿Cómo aceptar sin más que se
invoque un título donde un presidente de la Nación -violando los mecanismos
legales vigentes de la época- done en un solo día una quinta parte de la provincia
de Chubut, cuando la política de donar se justificaba con el objetivo de "poblar", o
sea con muchas familias? Por eso estaba prohibida la donación o cesión de
superficies más amplias.
La ley de tierras 3.675 de la
provincia de Chubut prohíbe a las sociedades anónimas o a aquellas en las que no
se conozcan los titulares de las acciones, ser titulares de tierras fiscales.
El saqueo a los pueblos originarios -
genocidio mediante- abrió paso al latifundio, la especulación, el peculado, la
corrupción. Como lo señala Odonne el Estado se desprendió en 1885 "a favor de
541 particulares de 4.750.471 hectáreas" (Jacinto Odonne, La burguesía
terrateniente, pág. 218). Milcíades Peña remarca: "Sí, no hay ningún error:
4.750.471 hectáreas entre 541 personas". (De Mitre a Roca, pág. 78.)
Entre 1876 y 1903, en menos de
treinta años, el Estado regaló, o vendió por monedas, 41.787.023 hectáreas a
1843 personas (Milcíades Peña, obra citada, pág. 79). Recordemos que el
genocidio se justificó argumentando que lo que se pretendía era poblar la
Patagonia.
Como lo señaló Mauro Millán, de la
Organización de Comunidades Indígenas Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre, "en
el siglo XIX, la Argentina se abría a la inmigración extranjera, pero a los indígenas
nos exterminaban, por eso se obsequiaron las tierras de la Patagonia a los ingleses
con todas nuestras comunidades en el interior" ("I. P. S.", 1/6/04).
El presidente Juárez Celman, en
1888, señalaba: "Dicen que dilapido la tierra pública, que la doy al dominio de
capitales extranjeros: sirvo al país en la medida de mis capacidades. Pellegrini
mismo acaba de escribirme que la venta de 24.000 leguas sería instalar una nueva
Irlanda en la Argentina. ¿Pero no es mejor que esas tierras las explote el enérgico
sajón y no que sigan bajo la incuria del tehuelche?". Por supuesto que el "héroe" -
el genocida Roca- fue debidamente premiado. "Se quedó con una dádiva de
15.000 hectáreas." (Bayer.)
Entre esas tierras se encuentran las
entregadas a ciudadanos ingleses cuyos espurios títulos -teñidos de sangre,
ilegalidad y fraude- invocan con cínico ardor los Benetton.
Este proyecto no hace más que
responder al reclamo de numerosas organizaciones.
El Tercer Futa Trawün
(Tercer Parlamento Mapuche), celebrado los días 17 y 18 de abril de 2004, ha
destacado "la dignidad de nuestros hermanos, a quienes la Compañía de Tierras
del Sud Argentino intentó extorsionar al ofrecer su renuncia a la acción penal a
cambio de que ellos dejaran sin efecto su reclamo territorial. La negativa de los
Curiñanco Nahuelquir fue tan enérgica y rotunda que se escuchó hasta en Italia.
Sus ecos todavía se perciben sobre las 900.000 hectáreas que posee la compañía e
incluso en el lejano Treviso, base de operaciones de Benetton. El gesto de
nuestros hermanos se relaciona con la mejor tradición de lucha que aprendimos de
nuestros antepasados".
Entendemos que todos los supuestos
títulos de propiedad de estas sociedades anónimas deben caducar por muchas
razones pero especialmente por sus orígenes ilegítimos y por violentar incluso
normas constitucionales. Por otra parte, como lo señala la organización Enlace
Mapuche Internacional "los mapuches siempre han cuestionado la legalidad de los
títulos de propiedad que estas empresas dicen tener y sostenido que esas tierras...
les pertenecen. Las comunidades mapuches han reiterado que jamás han
renunciado a la pertenencia de esos territorios; que seguirán exigiendo se les
restituya y se han comprometido a no detener su lucha, hasta que el Estado
argentino les reconozca el derecho a vivir en las tierras de sus ancestros"
(comunicado de prensa; 10 de junio de 2004). El pueblo mapuche nunca dejó de
reclamar por las tierras de sus ancestros y sus derechos brutalmente
desconocidos. De otra forma lo expresa Millán: "El problema lleva más de un siglo
y continuará, por la precaria situación legal de los indígenas respecto de sus
tierras". "Sus abuelos -recordó- fueron desalojados de un predio comunitario, y
sus padres fueron empleados de una hacienda de la Compañía de Tierras Sud
Argentino." ("I. P. S."; 1/6/04.)
Como un aporte a esa lucha
propiciamos la sanción de este proyecto de repudio a un fallo escandaloso que
profundiza la injusticia de la situación planteada.
Osvaldo Bayer, refiriéndose a este
fallo judicial y a la necesidad de rechazarlo, expresó que "tienen que expedirse los
diputados y los senadores nacionales. Hay un camino legal sagrado: el hacer
respetar la limpia dignidad de los pobladores de estas tierras... Antes que los
dólares de Benetton, los sentimientos y los derechos de Atilio Curiñanco y Rosa
Nahuelquir. La ética". ("Página/12".)
Incluso un análisis puramente jurídico
pone en tela de juicio la validez de las adquisiciones de las tierras arrebatadas a
los pueblos originarios a raíz de la denominada "Conquista del Desierto".
La campaña de exterminio
encabezada por Julio A. Roca fue, técnicamente, un genocidio. Efectivamente: el
artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
(que tiene jerarquía constitucional) define a dicho delito como "cualquiera de los
actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o
parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso como tal: a) matanza de
miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los
miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas
destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por fuerza
de niños del grupo a otro grupo."
El Estado Nacional, por medio de su
Ejército, ejecutó todos y cada uno de los hechos enumerados en la norma
transcripta, con la clara finalidad de destruir totalmente al grupo étnico que
conforman los pueblos originarios. El propio Julio A. Roca así lo dijo: "Sellaremos
con sangre y fundiremos con el sable, de una vez y para siempre, esta
nacionalidad argentina, que tiene que formarse, como las pirámides de Egipto, y el
poder de los imperios, a costa de sangre y el sudor de muchas
generaciones."
Por otro lado, la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Delitos de Lesa Humanidad
(que también tiene jerarquía constitucional) establece en su artículo I que "Los
crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan
cometido:... b)... el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos actos no constituyen
una violación del derecho interno del país donde fuero cometidos."
Esta norma establece una suerte de
retroactividad de la Convención, al decir que los crímenes que enuncia son
imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido. En
consecuencia, las acciones emergentes del genocidio de 1879-1884 son
imprescriptibles.
Asimismo, la Convención consagra la
inoponibilidad de la legislación interna en materia de Genocidio. De acuerdo a la
legislación vigente en la época del Genocidio que motiva este proyecto, las
acciones llevadas a cabo por el Ejército Nacional eran perfectamente legales, ya
que se llevaron a cabo conforme lo dispuesto por las leyes 215 y 947. No obstante,
de acuerdo a la Convención, debe igualmente considerárselo un crimen
imprescriptible.
Un principio básico del derecho es
que nadie puede beneficiarse de los hechos ilícitos que hubiera cometido. De allí se
derivan todas las disposiciones legales que obligan al responsable de un delito a
reparar el daño causado, a restituir lo mal habido, etc. En consecuencia, los
responsables del Genocidio no pueden beneficiarse con lo obtenido a raíz de él.
Por ello, devienen nulos los actos que sean consecuencia de estos hechos,
cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido. De este modo, los afectados
por estos hechos pueden en cualquier momento ejercer las acciones a que los
mismos dan lugar, y deben en todo momento arbitrarse los medios para reparar
las consecuencias del Genocidio.
En otros términos: las consecuencias de los delitos imprescriptibles adolecen de
nulidad absoluta, por lo que "puede y debe ser declarada... aun sin petición de
parte... Puede alegarse por todos los que tengan interés en hacerlo, excepto el
que ha ejecutado el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba...
Puede también pedirse su anulación... en el interés de la moral o de la ley. La
nulidad absoluta no es susceptible de confirmación" y "La nulidad... vuelve las
cosas al mismo o igual estado en que se hallaban al momento del acto anulado".
Finalmente, "todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre
un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietario en virtud del acto
anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del
poseedor actual..." (artículos 1047, 1050 y 1051 del Código Civil).
En consecuencia, la apropiación que hizo el Estado Nacional de las tierras del sur
del Río Colorado, como resultado del genocidio encabezado por Roca, es un acto
absoluta e insanablemente nulo. Y todos los actos derivados de un acto nulo son, a
su vez, nulos. Eso es lo que quiere decir el Código Civil cuando dispone que "La
nulidad absoluta no es susceptible de confirmación."
En otras palabras: las compras que hicieron Bennetton, Lewis, Schwarzenegger,
Turner, etc., son nulas, simplemente porque derivan de un acto nulo. Y, según
dispone el propio Código Civil, "La nulidad... vuelve las cosas al mismo o igual
estado en que se hallaban al momento del acto anulado". Es decir: en relación a
las tierras del sur del Río Colorado, hay que volver la situación al momento anterior
a la llamada Conquista del Desierto.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
TINNIRELLO, CARLOS ALBERTO | CIUDAD de BUENOS AIRES | REDES |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
LEGISLACION GENERAL (Primera Competencia) |
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO |
PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite en comisión(Cámara de Diputados)
Fecha | Movimiento | Resultado |
---|---|---|
27/03/2007 | INICIACIÓN DE ESTUDIO | Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría |
Trámite
Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
---|---|---|---|
Diputados | SOLICITUD DEL AUTOR PARA ADJUNTAR DOCUMENTACION AL PROYECTO |