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LIBERTAD DE EXPRESION
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 134
Jueves 10.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2167 Internos 2135/2139/2167
clexpresion@hcdn.gov.ar
- LIBERTAD DE EXPRESION
Reunión del día 20/08/2020
- INFORMATIVA
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinte días del mes de agosto de 2020, a la hora 18 y 11, comienza la reunión virtual de la Comisión de Libertad de Expresión, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia.
SR. PRESIDENTE WOLFF Buenas tardes a todos.
Tiene la palabra el secretario Silva.
Tiene la palabra el secretario Silva.
SR. SECRETARIO (SILVA) Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados. Debo informar que esta tarde se recibieron dos resoluciones presidenciales. Una de ellas es la número 1.094/2020 y designa como integrante de esta comisión a la diputada Brawer en reemplazo de la diputada Abdala de Matarazzo. La otra resolución presidencial recibida es la número 1.095/2020 y designa al señor diputado Patiño como secretario de esta comisión.
Le cedo la palabra al presidente de la comisión.
Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados. Debo informar que esta tarde se recibieron dos resoluciones presidenciales. Una de ellas es la número 1.094/2020 y designa como integrante de esta comisión a la diputada Brawer en reemplazo de la diputada Abdala de Matarazzo. La otra resolución presidencial recibida es la número 1.095/2020 y designa al señor diputado Patiño como secretario de esta comisión.
Le cedo la palabra al presidente de la comisión.
SR. PRESIDENTE WOLFF No habiendo objeciones a lo informado por el secretario, damos comienzo a esta reunión.
Buenas tardes a los invitados. El temario de la reunión de hoy es: intimidación a periodistas y políticos.
Contamos con la presencia de diez invitados. Cada uno dispondrá de cinco minutos para exponer. Después, harán uso de la palabra aquellos diputados presentes en esta sala virtual, en el orden en que se hayan anotado en nuestro chat.
Espero que siga reinando el respeto por el uso del tiempo y por las personas, que venimos manteniendo en esta comisión, más allá de la discusión política. La idea es poder expresarnos todos con libertad; de eso se trata.
No tengo mucho más para decir y, siguiendo el procedimiento, le cedo la palabra a la diputada Uceda, quien presentará a su primer invitado para que exponga sobre esta temática.
Buenas tardes a los invitados. El temario de la reunión de hoy es: intimidación a periodistas y políticos.
Contamos con la presencia de diez invitados. Cada uno dispondrá de cinco minutos para exponer. Después, harán uso de la palabra aquellos diputados presentes en esta sala virtual, en el orden en que se hayan anotado en nuestro chat.
Espero que siga reinando el respeto por el uso del tiempo y por las personas, que venimos manteniendo en esta comisión, más allá de la discusión política. La idea es poder expresarnos todos con libertad; de eso se trata.
No tengo mucho más para decir y, siguiendo el procedimiento, le cedo la palabra a la diputada Uceda, quien presentará a su primer invitado para que exponga sobre esta temática.
SRA. UCEDA Muchas gracias, presidente.
Saludo a todos los presentes; espero se encuentren bien.
Hoy tenemos el placer de contar con invitados como la señora Gabriela Tijman, del diario digital El submarino, de Jujuy; representantes de Periodistas Unidos y Autoconvocados de Jujuy; Enrique Córdoba, Radio Nacional; Micaela Polak, de Sipreba; la periodista Silvia Martínez Cassina, de Canal 13 y Natalia Aruguete, investigadora del Conicet. Convocamos mujeres para garantizar la paridad de género entre los invitados.
La idea es que cada uno de los invitados cuente algunas realidades -por ejemplo, la que está atravesando la provincia de Jujuy- en relación con el respeto a la libertad de expresión. Sobre esto se explayará Gabriela Tijman.
Como se ha planteado, esta comisión está al servicio de todos aquellos que entienden que su derecho constitucional al reconocimiento de la libertad de expresión puede haber sido censurado. Desde mi lugar, entiendo que, sin dudas, esto es lo que ha sufrido la señora Silvia Martínez Cassina, quien fuera desplazada de la conducción del noticiero de Canal 13 por manifestar su apoyo a los trabajadores y las trabajadoras de la televisión y de prensa.
Además, creemos que es necesario escuchar las voces de las mujeres que ejercen su función dentro de los medios. Sabemos que existe discriminación y persecución en razón de género. Creo que este ámbito es necesario para dar el debate y resolver estos conflictos.
También, y sin dudas, la pandemia expuso un montón de situaciones. Nos enfrentó al daño tremendo que ocasionan las fake news, pero también a la responsabilidad de la comunicación. Con preocupación, hemos visto a algunos comunicadores transmitir mensajes erróneos que generan daños en la salud de los argentinos y las argentinas. Algunos invitados nos harán reflexionar sobre este tema, que no se trata de otra cosa que de garantizar una comunicación justa, democrática y constructiva.
No tengo nada más para decir; es más importante escuchar a los invitados.
Tiene la palabra la señora Gabriela Tijman.
Saludo a todos los presentes; espero se encuentren bien.
Hoy tenemos el placer de contar con invitados como la señora Gabriela Tijman, del diario digital El submarino, de Jujuy; representantes de Periodistas Unidos y Autoconvocados de Jujuy; Enrique Córdoba, Radio Nacional; Micaela Polak, de Sipreba; la periodista Silvia Martínez Cassina, de Canal 13 y Natalia Aruguete, investigadora del Conicet. Convocamos mujeres para garantizar la paridad de género entre los invitados.
La idea es que cada uno de los invitados cuente algunas realidades -por ejemplo, la que está atravesando la provincia de Jujuy- en relación con el respeto a la libertad de expresión. Sobre esto se explayará Gabriela Tijman.
Como se ha planteado, esta comisión está al servicio de todos aquellos que entienden que su derecho constitucional al reconocimiento de la libertad de expresión puede haber sido censurado. Desde mi lugar, entiendo que, sin dudas, esto es lo que ha sufrido la señora Silvia Martínez Cassina, quien fuera desplazada de la conducción del noticiero de Canal 13 por manifestar su apoyo a los trabajadores y las trabajadoras de la televisión y de prensa.
Además, creemos que es necesario escuchar las voces de las mujeres que ejercen su función dentro de los medios. Sabemos que existe discriminación y persecución en razón de género. Creo que este ámbito es necesario para dar el debate y resolver estos conflictos.
También, y sin dudas, la pandemia expuso un montón de situaciones. Nos enfrentó al daño tremendo que ocasionan las fake news, pero también a la responsabilidad de la comunicación. Con preocupación, hemos visto a algunos comunicadores transmitir mensajes erróneos que generan daños en la salud de los argentinos y las argentinas. Algunos invitados nos harán reflexionar sobre este tema, que no se trata de otra cosa que de garantizar una comunicación justa, democrática y constructiva.
No tengo nada más para decir; es más importante escuchar a los invitados.
Tiene la palabra la señora Gabriela Tijman.
SRA. TIJMAN Buenas tardes a todos. Agradezco a las autoridades de la comisión y a los legisladores por la invitación.
Vengo en representación de un colectivo de periodistas de Jujuy que se conformó en el año 2017 a raíz de un episodio muy violento entre un funcionario del área de comunicación del gobierno y una productora. Ese hecho tuvo difusión nacional y evidenció una práctica y una manera de funcionar que, debemos decir, se mantiene hasta el día de hoy, pero morigerada.
Me propuse plantear cuatro o cinco temas, en virtud del tiempo que dispongo.
La intimidación a los periodistas en Jujuy se sigue manteniendo. Por ejemplo, ha habido episodios de funcionarios que expulsaron de una conferencia de prensa a alguna o algún periodista por considerar que estaban allí haciendo política o por otro argumento de ese tipo.
Asimismo, ha habido situaciones difíciles en recorridos del propio gobernador quien, por ejemplo, ha agredido a periodistas que simplemente estaban haciendo una cobertura y le hacían preguntas.
En términos generales, ya desde hace tiempo estamos teniendo muchos problemas para el acceso a la información. En este sentido, nosotros planteamos que no solo se está lesionando nuestro derecho a trabajar sino, fundamentalmente, el derecho de la población a acceder a la información.
Nos cuesta mucho acceder a la información oficial, certera, chequeable y pública, pero mucho más nos cuesta acceder a los funcionarios de primera línea, quienes, por ejemplo, no suelen conceder entrevistas.
Otro de los problemas en la provincia de Jujuy -como en muchos otros distritos del país- está vinculado con la existencia de numerosos y nuevos medios a partir de las nuevas tecnologías, pero también a partir de la organización tanto comunitaria como cooperativa o autogestionada, entre otras. En ese sentido, consideramos que es absolutamente urgente y necesario que exista una reglamentación para la distribución de la pauta publicitaria, tanto a nivel provincial como municipal, ya que se maneja de manera discrecional y, por supuesto, vinculada siempre con las relaciones políticas, empresariales e, incluso, familiares.
Por lo tanto, hay una cantidad muy grande de medios independientes, no empresariales, en algunos casos cooperativas que pertenecen a comunidades -sobre todo en el interior de la provincia de Jujuy-, que no tienen acceso a financiamiento y que, por supuesto, se ven excluidos. El Estado provincial debería garantizar la pluralidad de voces y su alcance a todos los sectores y a todo el territorio.
Señor presidente: me gustaría saber cuánto tiempo me resta.
Vengo en representación de un colectivo de periodistas de Jujuy que se conformó en el año 2017 a raíz de un episodio muy violento entre un funcionario del área de comunicación del gobierno y una productora. Ese hecho tuvo difusión nacional y evidenció una práctica y una manera de funcionar que, debemos decir, se mantiene hasta el día de hoy, pero morigerada.
Me propuse plantear cuatro o cinco temas, en virtud del tiempo que dispongo.
La intimidación a los periodistas en Jujuy se sigue manteniendo. Por ejemplo, ha habido episodios de funcionarios que expulsaron de una conferencia de prensa a alguna o algún periodista por considerar que estaban allí haciendo política o por otro argumento de ese tipo.
Asimismo, ha habido situaciones difíciles en recorridos del propio gobernador quien, por ejemplo, ha agredido a periodistas que simplemente estaban haciendo una cobertura y le hacían preguntas.
En términos generales, ya desde hace tiempo estamos teniendo muchos problemas para el acceso a la información. En este sentido, nosotros planteamos que no solo se está lesionando nuestro derecho a trabajar sino, fundamentalmente, el derecho de la población a acceder a la información.
Nos cuesta mucho acceder a la información oficial, certera, chequeable y pública, pero mucho más nos cuesta acceder a los funcionarios de primera línea, quienes, por ejemplo, no suelen conceder entrevistas.
Otro de los problemas en la provincia de Jujuy -como en muchos otros distritos del país- está vinculado con la existencia de numerosos y nuevos medios a partir de las nuevas tecnologías, pero también a partir de la organización tanto comunitaria como cooperativa o autogestionada, entre otras. En ese sentido, consideramos que es absolutamente urgente y necesario que exista una reglamentación para la distribución de la pauta publicitaria, tanto a nivel provincial como municipal, ya que se maneja de manera discrecional y, por supuesto, vinculada siempre con las relaciones políticas, empresariales e, incluso, familiares.
Por lo tanto, hay una cantidad muy grande de medios independientes, no empresariales, en algunos casos cooperativas que pertenecen a comunidades -sobre todo en el interior de la provincia de Jujuy-, que no tienen acceso a financiamiento y que, por supuesto, se ven excluidos. El Estado provincial debería garantizar la pluralidad de voces y su alcance a todos los sectores y a todo el territorio.
Señor presidente: me gustaría saber cuánto tiempo me resta.
SR. PRESIDENTE WOLFF Le queda un minuto de su tiempo, por lo que le solicito tenga a bien redondear su exposición.
SRA. TIJMAN Mencioné las agresiones o las actitudes violentas contra trabajadores de prensa y lo que nos está pasando, por ejemplo, en el marco de la pandemia.
Jujuy está teniendo una exposición muy grande a nivel nacional por la emergencia sanitaria tan extrema que está atravesando. Esta exposición también está poniéndonos a los trabajadores de prensa en una situación de mucha vulnerabilidad en estas últimas semanas. Esto se traduce en, por ejemplo, llamados o mensajes para pedir que por favor se baje una nota de un diario digital o que se eliminen los comentarios de los lectores. Nosotros no sabemos quiénes hacen esos comentarios; me refiero a los comentarios que algunos medios tienen habilitados.
Ha ocurrido que personas del área de prensa del gobierno provincial, o, incluso, funcionarios vinculados, directamente nos pidan que saquemos las notas. Realmente consideramos que esto es muy grave. Independientemente de la calidad o no de las publicaciones, es absolutamente grave y constituye un ejercicio de censura.
Finalmente, tomando las palabras de la señora diputada Uceda, quiero incorporar la gran necesidad que tenemos en Jujuy de que los medios -tanto privados como públicos- accedan a capacitaciones y protocolos para poder hacer un tratamiento informativo con perspectivas de género y de derechos -sobre todo en situaciones de género- y en lo que tiene que ver con el tratamiento de las niñas, niños y adolescentes.
Les agradezco mucho por este tiempo y espero que puedan construir una mejor forma de garantizar la libertad de expresión.
Jujuy está teniendo una exposición muy grande a nivel nacional por la emergencia sanitaria tan extrema que está atravesando. Esta exposición también está poniéndonos a los trabajadores de prensa en una situación de mucha vulnerabilidad en estas últimas semanas. Esto se traduce en, por ejemplo, llamados o mensajes para pedir que por favor se baje una nota de un diario digital o que se eliminen los comentarios de los lectores. Nosotros no sabemos quiénes hacen esos comentarios; me refiero a los comentarios que algunos medios tienen habilitados.
Ha ocurrido que personas del área de prensa del gobierno provincial, o, incluso, funcionarios vinculados, directamente nos pidan que saquemos las notas. Realmente consideramos que esto es muy grave. Independientemente de la calidad o no de las publicaciones, es absolutamente grave y constituye un ejercicio de censura.
Finalmente, tomando las palabras de la señora diputada Uceda, quiero incorporar la gran necesidad que tenemos en Jujuy de que los medios -tanto privados como públicos- accedan a capacitaciones y protocolos para poder hacer un tratamiento informativo con perspectivas de género y de derechos -sobre todo en situaciones de género- y en lo que tiene que ver con el tratamiento de las niñas, niños y adolescentes.
Les agradezco mucho por este tiempo y espero que puedan construir una mejor forma de garantizar la libertad de expresión.
SR. PRESIDENTE WOLFF Tiene la palabra el señor Diego Masci, periodista de San Luis, quien nos va a contar su historia.
SR. MASCI Señor presidente: gracias por recibirme en el seno de esta comisión. Hace exactamente una semana una jueza de primera instancia del Poder Judicial de la provincia de San Luis me condenó a pagar 90.000 pesos por haber violado la privacidad de una funcionaria, según lo que dice su sentencia judicial.
Cuento brevemente el caso para aquellos que no lo conocen. En noviembre de 2017, quien era ministra de Educación de la provincia de San Luis, en viaje de placer por Europa, precisamente en Ámsterdam, grabó un vídeo durante seis minutos y lo emitió a un número indeterminado de personas -según la sentencia judicial-, contando a lo largo de ese video que se encontraba drogada, fumada y borracha. Entre otros términos ella dijo "me fumé un churro", "me fui a Marte" y "fumé con unos chicos que conocí que eran españoles, que cuando vayamos en febrero con el ministerio iremos a visitar". Eso es lo que decía el video que la propia ministra en ese momento emitió y compartió con un grupo de amigos o conocidos usando la red social de Whatsapp.
Según consta en el expediente, el 24 de agosto de 2018 -nueve meses después-, una hora y media antes de que en mi sitio www.zbol.com.ar publicara una nota titulada "Aparece un video con la ministra de Educación de Rodríguez Saá aparentemente drogada", el video circulaba por redes sociales y grupos de Whatsapp de la ciudad y la provincia de San Luis. El vídeo, aparte de ser público, ya era masivo, pero no obstante a mí me condenaron por violación de la privacidad.
Ese día, a las 17 y10 -este es un dato técnico pero me interesa marcarlo-, yo entré al administrador de mi sitio y a las 17 y 22 publiqué la nota.
Cuatro días después el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, cuando reemplazó a la ministra de Educación, en el acto público realizado en la Casa de Gobierno comparó a la ministra saliente con Sarmiento y a mí me catalogó de canalla por publicar la información. En ese momento dio un dato muy interesante. Dijo que a las 17 y 10 del 24 de agosto el sitio zbol publicó la nota. A las 17 y 10 yo entré al administrador de mi sitio, pero lo publiqué a las 17 y 22. A las dos horas de haber publicado la nota mi sitio fue hackeado; los únicos que podían conocer el horario de ingreso a mi sitio era quien me hackeó el historial, el sitio y yo. Obviamente, nunca le conté al gobernador a qué hora había entrado a mi sitio; la información la obtuvo por otro lado.
Habiendo hecho esta pequeña síntesis, a los pocos días de que la ministra de Educación pasara a ser secretaria de Medio Ambiente, con rango ministerial, presentaron una demanda judicial en mi contra que -para suerte de quien me demandó-, tardó solamente menos de dos años en llegar a la sentencia, algo que no sucede muy a menudo en San Luis.
Para tener en cuenta el recorrido del video: la funcionaria lo publicó, lo compartió con amigos y conocidos, una hora antes de ser publicado en mi sitio tuvo masividad a través de las redes sociales y después de haber sido publicado en mi sitio a mí se me condenó por violación a la privacidad. ¿Puede una ministra de Educación desconocer el riesgo de las redes sociales? La respuesta es no. Básicamente, a su cargo está la aplicación de las TIC en el proceso educativo, la conformación de aulas virtuales y la administración del polo tecnológico de la Universidad Provincial de la Punta, que es el desarrollo de software que tiene la provincia. Si desconocía los riesgos, no estaba capacitada para ser funcionaria pública, y mucho menos ministra.
¿Por qué se publicó la nota? ¿Por qué se dio a conocer la información? Quien estaba diciendo que estaba drogada y borracha era la responsable de impartir las políticas públicas ligadas a la educación de 120.000 chicos y chicas de toda la provincia de San Luis que concurren a los establecimientos educativos públicos y privados.
Quien emitió el vídeo contando que estaba drogada y borracha era una de las titulares de los dos ministerios que la Sedronar determina como responsables de aplicar las políticas públicas ligadas a la lucha contra el alcohol y las drogas, es decir los ministerios de Educación y de Salud.
Me parece importante decir que nosotros hemos apelado la medida y vamos a perder en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia dentro de un tiempo indeterminado. Vamos a perder, básicamente porque en San Luis, al momento de ingresar al Poder Judicial, todos conocemos cuál va a ser nuestra sentencia al momento de iniciarse el proceso judicial, más allá de qué es lo que hayamos hecho, porque la sentencia llega según cómo nos paramos frente al poder y según cómo lo miramos.
Para tener en cuenta: nosotros necesitamos llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque entendemos que el problema no es Diego Masci y la sentencia que se aplicó a mi persona por 90.000 pesos. Nosotros entendemos que realmente lo que se está violando aquí es la libertad de expresión del periodismo de San Luis de poder dar a conocer información relacionada con funcionarios públicos o aquellos ligados al poder, y básicamente el derecho a recibir la información libremente que tienen todos los ciudadanos de esta provincia.
Lamentablemente, hacer periodismo en San Luis a partir del jueves pasado es mucho más difícil que lo que era antes de la sentencia. Previo a la sentencia, los medios de la provincia desde hace dos o tres años vienen siendo sometidos a una brutal presión de parte del poder político en cuanto a lo que son las agendas públicas de políticas informativas y lo que tiene que ver con el desarrollo de la agenda diaria de la información. Cotidianamente, medios privados de la provincia reciben, por orden del gobernador y de parte del secretario de Medios de la provincia, la agenda de los temas que deben tratarse ese día y a qué funcionarios se debe entrevistar.
Dicho esto, todos tenemos en claro que luego de la sentencia del otro día, ya no solo existe la coerción que se aplicaba con la pauta oficial mientras nos dicen a quién entrevistar, qué temas se deben tratar y cuáles son los temas que deben abordarse cada día, sino que ahora pesa sobre cada periodista de la provincia de San Luis una posible condena judicial cuando se salgan de la línea que marca el poder.
Tal como alguna vez dijo un gran filósofo y periodista argentino, generalmente el periodismo, cuando publica cosas, incomoda al poder. Cuando lo incomoda, pierde muchas veces publicidad, y probablemente a partir del jueves pasado -con mucha más fuerza y virulencia que antes- la autocensura se está paseando por casi todas las redacciones de la provincia de San Luis. Hoy, cuando un periodista se sienta frente a un micrófono o una computadora para escribir o hablar, sabe que además de poder quedarse sin el sustento diario que significa la pauta oficial, también puede pesar sobre él una condena judicial.
Vamos a apelar, pero básicamente porque entendemos que la libertad de expresión es un derecho, y la libertad de recibir información también es un derecho constitucional que está gravemente en riesgo en la provincia de San Luis. Este derecho hoy está siendo anulado por el poder político.
Cuento brevemente el caso para aquellos que no lo conocen. En noviembre de 2017, quien era ministra de Educación de la provincia de San Luis, en viaje de placer por Europa, precisamente en Ámsterdam, grabó un vídeo durante seis minutos y lo emitió a un número indeterminado de personas -según la sentencia judicial-, contando a lo largo de ese video que se encontraba drogada, fumada y borracha. Entre otros términos ella dijo "me fumé un churro", "me fui a Marte" y "fumé con unos chicos que conocí que eran españoles, que cuando vayamos en febrero con el ministerio iremos a visitar". Eso es lo que decía el video que la propia ministra en ese momento emitió y compartió con un grupo de amigos o conocidos usando la red social de Whatsapp.
Según consta en el expediente, el 24 de agosto de 2018 -nueve meses después-, una hora y media antes de que en mi sitio www.zbol.com.ar publicara una nota titulada "Aparece un video con la ministra de Educación de Rodríguez Saá aparentemente drogada", el video circulaba por redes sociales y grupos de Whatsapp de la ciudad y la provincia de San Luis. El vídeo, aparte de ser público, ya era masivo, pero no obstante a mí me condenaron por violación de la privacidad.
Ese día, a las 17 y10 -este es un dato técnico pero me interesa marcarlo-, yo entré al administrador de mi sitio y a las 17 y 22 publiqué la nota.
Cuatro días después el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, cuando reemplazó a la ministra de Educación, en el acto público realizado en la Casa de Gobierno comparó a la ministra saliente con Sarmiento y a mí me catalogó de canalla por publicar la información. En ese momento dio un dato muy interesante. Dijo que a las 17 y 10 del 24 de agosto el sitio zbol publicó la nota. A las 17 y 10 yo entré al administrador de mi sitio, pero lo publiqué a las 17 y 22. A las dos horas de haber publicado la nota mi sitio fue hackeado; los únicos que podían conocer el horario de ingreso a mi sitio era quien me hackeó el historial, el sitio y yo. Obviamente, nunca le conté al gobernador a qué hora había entrado a mi sitio; la información la obtuvo por otro lado.
Habiendo hecho esta pequeña síntesis, a los pocos días de que la ministra de Educación pasara a ser secretaria de Medio Ambiente, con rango ministerial, presentaron una demanda judicial en mi contra que -para suerte de quien me demandó-, tardó solamente menos de dos años en llegar a la sentencia, algo que no sucede muy a menudo en San Luis.
Para tener en cuenta el recorrido del video: la funcionaria lo publicó, lo compartió con amigos y conocidos, una hora antes de ser publicado en mi sitio tuvo masividad a través de las redes sociales y después de haber sido publicado en mi sitio a mí se me condenó por violación a la privacidad. ¿Puede una ministra de Educación desconocer el riesgo de las redes sociales? La respuesta es no. Básicamente, a su cargo está la aplicación de las TIC en el proceso educativo, la conformación de aulas virtuales y la administración del polo tecnológico de la Universidad Provincial de la Punta, que es el desarrollo de software que tiene la provincia. Si desconocía los riesgos, no estaba capacitada para ser funcionaria pública, y mucho menos ministra.
¿Por qué se publicó la nota? ¿Por qué se dio a conocer la información? Quien estaba diciendo que estaba drogada y borracha era la responsable de impartir las políticas públicas ligadas a la educación de 120.000 chicos y chicas de toda la provincia de San Luis que concurren a los establecimientos educativos públicos y privados.
Quien emitió el vídeo contando que estaba drogada y borracha era una de las titulares de los dos ministerios que la Sedronar determina como responsables de aplicar las políticas públicas ligadas a la lucha contra el alcohol y las drogas, es decir los ministerios de Educación y de Salud.
Me parece importante decir que nosotros hemos apelado la medida y vamos a perder en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia dentro de un tiempo indeterminado. Vamos a perder, básicamente porque en San Luis, al momento de ingresar al Poder Judicial, todos conocemos cuál va a ser nuestra sentencia al momento de iniciarse el proceso judicial, más allá de qué es lo que hayamos hecho, porque la sentencia llega según cómo nos paramos frente al poder y según cómo lo miramos.
Para tener en cuenta: nosotros necesitamos llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque entendemos que el problema no es Diego Masci y la sentencia que se aplicó a mi persona por 90.000 pesos. Nosotros entendemos que realmente lo que se está violando aquí es la libertad de expresión del periodismo de San Luis de poder dar a conocer información relacionada con funcionarios públicos o aquellos ligados al poder, y básicamente el derecho a recibir la información libremente que tienen todos los ciudadanos de esta provincia.
Lamentablemente, hacer periodismo en San Luis a partir del jueves pasado es mucho más difícil que lo que era antes de la sentencia. Previo a la sentencia, los medios de la provincia desde hace dos o tres años vienen siendo sometidos a una brutal presión de parte del poder político en cuanto a lo que son las agendas públicas de políticas informativas y lo que tiene que ver con el desarrollo de la agenda diaria de la información. Cotidianamente, medios privados de la provincia reciben, por orden del gobernador y de parte del secretario de Medios de la provincia, la agenda de los temas que deben tratarse ese día y a qué funcionarios se debe entrevistar.
Dicho esto, todos tenemos en claro que luego de la sentencia del otro día, ya no solo existe la coerción que se aplicaba con la pauta oficial mientras nos dicen a quién entrevistar, qué temas se deben tratar y cuáles son los temas que deben abordarse cada día, sino que ahora pesa sobre cada periodista de la provincia de San Luis una posible condena judicial cuando se salgan de la línea que marca el poder.
Tal como alguna vez dijo un gran filósofo y periodista argentino, generalmente el periodismo, cuando publica cosas, incomoda al poder. Cuando lo incomoda, pierde muchas veces publicidad, y probablemente a partir del jueves pasado -con mucha más fuerza y virulencia que antes- la autocensura se está paseando por casi todas las redacciones de la provincia de San Luis. Hoy, cuando un periodista se sienta frente a un micrófono o una computadora para escribir o hablar, sabe que además de poder quedarse sin el sustento diario que significa la pauta oficial, también puede pesar sobre él una condena judicial.
Vamos a apelar, pero básicamente porque entendemos que la libertad de expresión es un derecho, y la libertad de recibir información también es un derecho constitucional que está gravemente en riesgo en la provincia de San Luis. Este derecho hoy está siendo anulado por el poder político.
SR. PRESIDENTE WOLFF Para presentar a su próximo invitado, tiene la palabra la señora diputada Uceda.
SRA. UCEDA A continuación, en representación de Radio Nacional, tiene la palabra el señor Enrique Córdoba.
SR. CÓRDOBA Muy buenas tardes. En primera instancia, muchísimas gracias por la posibilidad del contacto. Es un gusto y un honor coincidir en esta instancia con lo que expresaba la colega y compañera de la provincia de Jujuy. En estos tiempos, desde la información, también esta pandemia nos pone en un rol fundamental a los comunicadores, sobre todo dando a conocer lo que atraviesa la provincia de Jujuy.
En materia de comunicación, entendemos que el gobernador Gerardo Morales tiene una idea clara y un trabajo específico en cuanto a lo que es esta pandemia. En cuanto al acceso a la información, los jujeños encontramos un blindaje en los principales medios. Por eso es de vital importancia desde nuestro sector -Radio Nacional de Jujuy- la posibilidad de expresar libremente aquellos testimonios que en muchos otros lugares no pueden darse a conocer ni tienen un espacio para alzar su voz.
En este último tiempo, en lo personal he sufrido diferentes escraches, amenazas y cuestiones que se llevan adelante de manera sistemática en la provincia de Jujuy simplemente por contar y brindar testimonio a través de los medios nacionales. He tenido la posibilidad de realizar diferentes informes a través de nuestra emisora en todo el país y de canales de noticias, y rápidamente la respuesta llega a través de un escrache, una amenaza o una intimidación. Esto me parece que lamentablemente es lo que atravesamos muchos comunicadores en la provincia de Jujuy.
Valoramos este tipo de espacios para expresar y al mismo tiempo hacer visible estas situaciones. Entendemos lo que es el acompañamiento de la normativa y sobre todo la valoración de la libertad de expresión, que muchas veces los comunicadores decimos de memoria. La libertad de expresión cada vez debe ser más verdadera en el día a día de nuestro rol como periodistas.
En este sentido, se valora la posibilidad de tener un acompañamiento y un respaldo desde diferentes sectores, pero me parece que esta pandemia también nos pone a los comunicadores en especial en este rol tan importante de llevar siempre la verdad y hacer visible lo que muchos otros no quieren dar a conocer, sobre todo a quienes vivimos en la provincia de Jujuy.
Agradecemos este espacio y esta posibilidad de participar. Ha sido un honor poder visibilizar y contar esta situación de la provincia de Jujuy.
En materia de comunicación, entendemos que el gobernador Gerardo Morales tiene una idea clara y un trabajo específico en cuanto a lo que es esta pandemia. En cuanto al acceso a la información, los jujeños encontramos un blindaje en los principales medios. Por eso es de vital importancia desde nuestro sector -Radio Nacional de Jujuy- la posibilidad de expresar libremente aquellos testimonios que en muchos otros lugares no pueden darse a conocer ni tienen un espacio para alzar su voz.
En este último tiempo, en lo personal he sufrido diferentes escraches, amenazas y cuestiones que se llevan adelante de manera sistemática en la provincia de Jujuy simplemente por contar y brindar testimonio a través de los medios nacionales. He tenido la posibilidad de realizar diferentes informes a través de nuestra emisora en todo el país y de canales de noticias, y rápidamente la respuesta llega a través de un escrache, una amenaza o una intimidación. Esto me parece que lamentablemente es lo que atravesamos muchos comunicadores en la provincia de Jujuy.
Valoramos este tipo de espacios para expresar y al mismo tiempo hacer visible estas situaciones. Entendemos lo que es el acompañamiento de la normativa y sobre todo la valoración de la libertad de expresión, que muchas veces los comunicadores decimos de memoria. La libertad de expresión cada vez debe ser más verdadera en el día a día de nuestro rol como periodistas.
En este sentido, se valora la posibilidad de tener un acompañamiento y un respaldo desde diferentes sectores, pero me parece que esta pandemia también nos pone a los comunicadores en especial en este rol tan importante de llevar siempre la verdad y hacer visible lo que muchos otros no quieren dar a conocer, sobre todo a quienes vivimos en la provincia de Jujuy.
Agradecemos este espacio y esta posibilidad de participar. Ha sido un honor poder visibilizar y contar esta situación de la provincia de Jujuy.
SR. PRESIDENTE WOLFF Tiene la palabra el diputado provincial Rodrigo Posse, de Santiago del Estero.
SR. POSSE Señor presidente, señores diputados: muchas gracias por este espacio. Soy diputado provincial de Juntos por el Cambio en Santiago del Estero y presidente del bloque de ese espacio político. Es una lástima que hoy no esté con nosotros la señora diputada Abdala de Matarazzo; recién tomo conocimiento de que ya no forma parte de esta comisión. Es un gusto que esté presente el señor diputado Bernardo José Herrera, quien ha sido secretario de la Cámara durante dos años en esta Cámara de Diputados, así que él no me va a dejar mentir.
El 2 de agosto pasado fui detenido o demorado durante un determinado tiempo por el personal policial, por orden del fiscal General y de los fiscales de diferentes jurisdicciones de mi provincia. No se me respetó el derecho a transitar ni las inmunidades que tengo como diputado provincial -que son las mismas que ustedes tienen como diputados nacionales-, reconocidas en nuestra Constitución Provincial. Lo nuestro va un poco más allá de la libertad de prensa, ya que la Constitución Provincial también habla de la libertad ambulatoria.
La realidad es que el 29 de julio salí de la ciudad capital de Santiago del Estero -de donde soy oriundo- y estuve recorriendo diferentes departamentos de la provincia. Santiago del Estero tiene 136.351 kilómetros cuadrados -creo que es la octava provincia en tamaño de nuestro país- y veintisiete departamentos. Como presidente de bloque recorro estos departamentos tratando de ver cuáles son las problemáticas comunes que tienen en los pueblos, ciudades y caseríos.
Cuando iba llegando a la localidad de Colonia Dora sufrí un primer intento de detención. Me dejaron ir, pero me hicieron firmar un acta de comparendo aclarando que había estado en ese pueblo.
Con posterioridad, cuando iba llegando a una localidad que se llama Garza, que ya forma parte de otro departamento, me esperaba personal policial para escoltarme a mi casa por orden del fiscal General y de dos fiscales intervinientes.
En todo momento aclaré mi condición de diputado. Había estado viajando durante varios días, y los sábados al mediodía cierra el momento de presentación de proyectos en la Cámara. Soy el presidente de bloque y quien revisa todos los proyectos de nuestro bloque, y aparte soy abogado. Entonces, casualmente cuando iba conduciendo mi camioneta, tenía en mi poder la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Reglamento de la Cámara de Diputados de Santiago del Estero.
En todo momento lo que hice fue indicar a los policías -que actuaban siempre por orden del Ministerio Fiscal- que tenía inmunidad de detención. Les expliqué que el decreto-ley 297, en su artículo 6°, inciso b), habla expresamente de las personas que se encuentran exceptuadas: las autoridades de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Acredité mi condición de diputado en todo momento. Desde Garza hasta mi casa me iba a acompañar personal policial, y como dije, me habían detenido en varias oportunidades.
Cuando estábamos a mitad de camino me llamó por teléfono la fiscal para pedirme disculpas y expresar que eso había sido un error y que sabía que estaba exceptuado. Y me dejaron continuar -no sin antes detenerme en todos y cada uno de los retenes- hasta llegar a Santiago del Estero.
Pero, con sorpresa, el 12 de agosto recibí una nota de Radio Nacional de Santiago del Estero en donde el fiscal General hacía referencia a que me llamaban a indagatoria y me iban a imputar por un delito, con una claridad conceptual -a mi entender totalmente desvirtuada- de que los diputados únicamente estábamos para hacer leyes y juntarnos en comisión. El artículo 136 de nuestra Constitución tiene 49 incisos que establecen las facultades del Poder Legislativo de Santiago del Estero, entre las cuales justamente se encuentra la de confirmar el nombramiento del fiscal General.
El señor fiscal también refirió que nosotros únicamente teníamos inmunidad de arresto, que esa era la única inmunidad que teníamos y que yo me había sobrepasado. Creo que esto responde a nuestro accionar en la Cámara de Diputados, donde constantemente presentamos pedidos de informes. Hemos denunciado la muerte de Mauro Ezequiel Coronel, ocurrida el 5 de mayo luego de haber sido apresado en una comisaría el 1° de mayo. Lo van a ver hoy en las noticias, puesto que está en el tapete. Esto se mantuvo escondido por mucho tiempo. Por supuesto, en las noticias de mi provincia no van a encontrar nada. Esta persona ha dejado cuatro niños de cinco años, cuatro años, dos años y tres meses de edad.
También denunciamos la irracional detención de Mariela del Pilar Cegna el 30 de mayo, de Candela Xiomara Bragna el 2 de junio, de Rodrigo Etchudez el 1° de junio y la de un grupo de médicos por estar haciendo una marcha en favor de los médicos cordobeses que habían sido imputados por la pandemia.
Nosotros en Santiago del Estero hoy tenemos más de 150 denuncias por abusos policiales y de la Justicia.
También tengo la dicha de ser abogado del señor Juan Pablo Suárez, quien fue el primer procesado por el delito de sedición, por una acción que sucedió el 9 de diciembre de 2013.
El 2 de agosto pasado fui detenido o demorado durante un determinado tiempo por el personal policial, por orden del fiscal General y de los fiscales de diferentes jurisdicciones de mi provincia. No se me respetó el derecho a transitar ni las inmunidades que tengo como diputado provincial -que son las mismas que ustedes tienen como diputados nacionales-, reconocidas en nuestra Constitución Provincial. Lo nuestro va un poco más allá de la libertad de prensa, ya que la Constitución Provincial también habla de la libertad ambulatoria.
La realidad es que el 29 de julio salí de la ciudad capital de Santiago del Estero -de donde soy oriundo- y estuve recorriendo diferentes departamentos de la provincia. Santiago del Estero tiene 136.351 kilómetros cuadrados -creo que es la octava provincia en tamaño de nuestro país- y veintisiete departamentos. Como presidente de bloque recorro estos departamentos tratando de ver cuáles son las problemáticas comunes que tienen en los pueblos, ciudades y caseríos.
Cuando iba llegando a la localidad de Colonia Dora sufrí un primer intento de detención. Me dejaron ir, pero me hicieron firmar un acta de comparendo aclarando que había estado en ese pueblo.
Con posterioridad, cuando iba llegando a una localidad que se llama Garza, que ya forma parte de otro departamento, me esperaba personal policial para escoltarme a mi casa por orden del fiscal General y de dos fiscales intervinientes.
En todo momento aclaré mi condición de diputado. Había estado viajando durante varios días, y los sábados al mediodía cierra el momento de presentación de proyectos en la Cámara. Soy el presidente de bloque y quien revisa todos los proyectos de nuestro bloque, y aparte soy abogado. Entonces, casualmente cuando iba conduciendo mi camioneta, tenía en mi poder la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Reglamento de la Cámara de Diputados de Santiago del Estero.
En todo momento lo que hice fue indicar a los policías -que actuaban siempre por orden del Ministerio Fiscal- que tenía inmunidad de detención. Les expliqué que el decreto-ley 297, en su artículo 6°, inciso b), habla expresamente de las personas que se encuentran exceptuadas: las autoridades de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Acredité mi condición de diputado en todo momento. Desde Garza hasta mi casa me iba a acompañar personal policial, y como dije, me habían detenido en varias oportunidades.
Cuando estábamos a mitad de camino me llamó por teléfono la fiscal para pedirme disculpas y expresar que eso había sido un error y que sabía que estaba exceptuado. Y me dejaron continuar -no sin antes detenerme en todos y cada uno de los retenes- hasta llegar a Santiago del Estero.
Pero, con sorpresa, el 12 de agosto recibí una nota de Radio Nacional de Santiago del Estero en donde el fiscal General hacía referencia a que me llamaban a indagatoria y me iban a imputar por un delito, con una claridad conceptual -a mi entender totalmente desvirtuada- de que los diputados únicamente estábamos para hacer leyes y juntarnos en comisión. El artículo 136 de nuestra Constitución tiene 49 incisos que establecen las facultades del Poder Legislativo de Santiago del Estero, entre las cuales justamente se encuentra la de confirmar el nombramiento del fiscal General.
El señor fiscal también refirió que nosotros únicamente teníamos inmunidad de arresto, que esa era la única inmunidad que teníamos y que yo me había sobrepasado. Creo que esto responde a nuestro accionar en la Cámara de Diputados, donde constantemente presentamos pedidos de informes. Hemos denunciado la muerte de Mauro Ezequiel Coronel, ocurrida el 5 de mayo luego de haber sido apresado en una comisaría el 1° de mayo. Lo van a ver hoy en las noticias, puesto que está en el tapete. Esto se mantuvo escondido por mucho tiempo. Por supuesto, en las noticias de mi provincia no van a encontrar nada. Esta persona ha dejado cuatro niños de cinco años, cuatro años, dos años y tres meses de edad.
También denunciamos la irracional detención de Mariela del Pilar Cegna el 30 de mayo, de Candela Xiomara Bragna el 2 de junio, de Rodrigo Etchudez el 1° de junio y la de un grupo de médicos por estar haciendo una marcha en favor de los médicos cordobeses que habían sido imputados por la pandemia.
Nosotros en Santiago del Estero hoy tenemos más de 150 denuncias por abusos policiales y de la Justicia.
También tengo la dicha de ser abogado del señor Juan Pablo Suárez, quien fue el primer procesado por el delito de sedición, por una acción que sucedió el 9 de diciembre de 2013.
SR. PRESIDENTE WOLFF Le pido que redondee su exposición, señor diputado.
SR. POSEE Sí, señor presidente.
Soy abogado en una causa contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia y he denunciado a tres de sus miembros en diferentes causas. Esta es la vida de los santiagueños.
Para terminar de cerrar mi relato, quiero decir que hoy he sido agredido en la vía pública por una persona que forma parte de un partido provincial que se llama Conciencia y Acción Ciudadana, que responde al ministro de Economía de la provincia de Santiago del Estero.
Esa es nuestra situación en Santiago del Estero.
Soy abogado en una causa contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia y he denunciado a tres de sus miembros en diferentes causas. Esta es la vida de los santiagueños.
Para terminar de cerrar mi relato, quiero decir que hoy he sido agredido en la vía pública por una persona que forma parte de un partido provincial que se llama Conciencia y Acción Ciudadana, que responde al ministro de Economía de la provincia de Santiago del Estero.
Esa es nuestra situación en Santiago del Estero.
SR. PRESIDENTE WOLFF Tiene la palabra la señora diputada Uceda.
SRA. UCEDA Ahora vamos a tener el gusto de escuchar a la señora Micaela Polak, secretaria de Mujeres y Género del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, SiPreBA. Es un testimonio que, al menos yo, estaba esperando.
Tiene la palabra la señora Micaela Polak.
Tiene la palabra la señora Micaela Polak.
SRA. POLAK Agradecemos especialmente a la señora diputada Marisa Uceda por la invitación a participar de esta reunión de comisión, ya que consideramos importante que se escuche la voz de los trabajadores en estos espacios institucionales.
En primer término, los invito a pensar la libertad de expresión considerando la precarización laboral que sufrimos todos los días, ya que se trata de una de las formas de intimidación más silenciada y a la vez más comunes de nuestra actividad. Nuestro salario no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos, para pagar un alquiler, para mantener hijes, ni para hacer actividades extralaborales porque no tenemos paritarias dignas desde hace años.
Los invito a pensar en un trabajador de prensa que, con suerte, tiene un trabajo fijo pero que no alcanza para cubrir esos gastos. Entonces, hace colaboraciones en distintos medios -así se las llama amablemente-, una columna en una radio, una nota en algún diario o portal y ruega que le paguen antes de los tres meses, ya que con la inflación el monto acordado seguramente será más paupérrimo.
Nuestro trabajador se levanta muy temprano para cubrir todas sus tareas laborales e intenta de esta manera llegar a fin de mes. Está seis horas en una redacción, cruza toda la ciudad para ir a una radio, vuelve a su casa y enciende la computadora para entregar la nota, que espera le paguen y para la que estuvo estudiando mucho tiempo antes de ponerse a escribir. Así, sigue cargando con esa injusticia porque es dificilísimo conseguir un trabajo periodístico en la Argentina.
En los últimos cuatro años, además de lo histórico que fue este trabajo en los medios, en el gobierno de Mauricio Macri se cerraron 4.500 puestos de trabajo. Por lo tanto, cualquier tarea que esté disponible se toma, a pesar de los malos tratos y las intimidaciones, porque no hay otra opción.
Quiero señalar que todo el tiempo estuve hablando en masculino, hablé de un trabajador de prensa. Sin embargo, a ese día agotador hay que sumar las tareas de cuidado con las que cargamos las mujeres en general, que debemos llevar a nuestros hijes al médico, a nuestras madres y nuestros padres, hacer actividades con elles, cocinar, limpiar, ir al supermercado y, además, tener que estar espléndidas para aparecer en los medios audiovisuales, ya que ante las cámaras solamente hay mujeres espléndidas.
Por otra parte, quienes tenemos la suerte de no atender las cuestiones de la cámara tenemos un lugar en los medios que también es bastante complejo. Constantemente debemos defender nuestro lugar en el trabajo, pelear por desarrollar tareas técnicas -ya que en general ese espacio es de los varones-, estar al aire diciendo cuestiones nimias como hablar del clima, del tránsito o de algún chimento de la farándula, o bien leer algo escrito por otra persona.
Cuando logramos romper con eso porque nos organizamos, ya que los trabajadores de prensa tenemos derechos que se vulneran en todos los medios -tanto en los públicos como en los privados-, es cuando tenemos mayores problemas de intimidaciones en las empresas.
A continuación va a hablar mi compañera, Silvia Martínez Cassina, quien relatará un caso puntual. Sin embargo, quiero hacer esta generalización de lo que pasa con las trabajadoras de prensa en los medios, las redacciones, los canales, las radios y las revistas.
Entonces, nos organizamos, y cuando lo hacemos -con todo lo que nos cuesta, porque además la vida de las trabajadoras de prensa es bastante tremenda, como ya mencioné-, el hecho de sumar una tarea sindical es todo un tema para nosotras. En ese punto las empresas tienen total libertad -porque siempre la tienen- de bajarnos de la conducción de un noticiero. Eso sucedió con Silvia, que se organizó, es delegada sindical y además permitió que la vida pasara. Sin embargo, en lugar de valorar su experiencia y su formación, lo único que ven es que está más grande que otras conductoras y por eso debe dar lugar a los compañeros varones, ya que ni siquiera la reemplazan por una mujer.
En este ámbito me pregunto y les pregunto de qué libertad de expresión estamos hablando si en estas empresas a cualquiera se le hace difícil hablar en un sentido distinto al de la línea editorial. Para las mujeres esto es aún peor.
Además, no hablemos de las disidencias, porque no existen o se cuentan con los dedos de una mano las compañeras travestis o trans en los medios de comunicación. Me pregunto dónde está la libertad de expresión en ese sentido.
Desde nuestro rol y organización, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, como así también desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa -que también integramos como SiPreBa-, sostenemos que el derecho debe ser a informar e informarse y que la libertad de expresión en los medios es un derecho de la ciudadanía y no solo de quienes trabajamos en ello.
La pregunta es cómo podemos pensar que hay libertad de expresión si no se escucha una voz disidente. Ya ni siquiera me refiero a la línea política o la representación de clases, porque las clases populares tampoco aparecen en los medios de comunicación; por lo menos no lo hacen informando o frente a una cámara conduciendo un espacio periodístico, sino que siempre son testigos o entrevistades.
En primer término, los invito a pensar la libertad de expresión considerando la precarización laboral que sufrimos todos los días, ya que se trata de una de las formas de intimidación más silenciada y a la vez más comunes de nuestra actividad. Nuestro salario no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos, para pagar un alquiler, para mantener hijes, ni para hacer actividades extralaborales porque no tenemos paritarias dignas desde hace años.
Los invito a pensar en un trabajador de prensa que, con suerte, tiene un trabajo fijo pero que no alcanza para cubrir esos gastos. Entonces, hace colaboraciones en distintos medios -así se las llama amablemente-, una columna en una radio, una nota en algún diario o portal y ruega que le paguen antes de los tres meses, ya que con la inflación el monto acordado seguramente será más paupérrimo.
Nuestro trabajador se levanta muy temprano para cubrir todas sus tareas laborales e intenta de esta manera llegar a fin de mes. Está seis horas en una redacción, cruza toda la ciudad para ir a una radio, vuelve a su casa y enciende la computadora para entregar la nota, que espera le paguen y para la que estuvo estudiando mucho tiempo antes de ponerse a escribir. Así, sigue cargando con esa injusticia porque es dificilísimo conseguir un trabajo periodístico en la Argentina.
En los últimos cuatro años, además de lo histórico que fue este trabajo en los medios, en el gobierno de Mauricio Macri se cerraron 4.500 puestos de trabajo. Por lo tanto, cualquier tarea que esté disponible se toma, a pesar de los malos tratos y las intimidaciones, porque no hay otra opción.
Quiero señalar que todo el tiempo estuve hablando en masculino, hablé de un trabajador de prensa. Sin embargo, a ese día agotador hay que sumar las tareas de cuidado con las que cargamos las mujeres en general, que debemos llevar a nuestros hijes al médico, a nuestras madres y nuestros padres, hacer actividades con elles, cocinar, limpiar, ir al supermercado y, además, tener que estar espléndidas para aparecer en los medios audiovisuales, ya que ante las cámaras solamente hay mujeres espléndidas.
Por otra parte, quienes tenemos la suerte de no atender las cuestiones de la cámara tenemos un lugar en los medios que también es bastante complejo. Constantemente debemos defender nuestro lugar en el trabajo, pelear por desarrollar tareas técnicas -ya que en general ese espacio es de los varones-, estar al aire diciendo cuestiones nimias como hablar del clima, del tránsito o de algún chimento de la farándula, o bien leer algo escrito por otra persona.
Cuando logramos romper con eso porque nos organizamos, ya que los trabajadores de prensa tenemos derechos que se vulneran en todos los medios -tanto en los públicos como en los privados-, es cuando tenemos mayores problemas de intimidaciones en las empresas.
A continuación va a hablar mi compañera, Silvia Martínez Cassina, quien relatará un caso puntual. Sin embargo, quiero hacer esta generalización de lo que pasa con las trabajadoras de prensa en los medios, las redacciones, los canales, las radios y las revistas.
Entonces, nos organizamos, y cuando lo hacemos -con todo lo que nos cuesta, porque además la vida de las trabajadoras de prensa es bastante tremenda, como ya mencioné-, el hecho de sumar una tarea sindical es todo un tema para nosotras. En ese punto las empresas tienen total libertad -porque siempre la tienen- de bajarnos de la conducción de un noticiero. Eso sucedió con Silvia, que se organizó, es delegada sindical y además permitió que la vida pasara. Sin embargo, en lugar de valorar su experiencia y su formación, lo único que ven es que está más grande que otras conductoras y por eso debe dar lugar a los compañeros varones, ya que ni siquiera la reemplazan por una mujer.
En este ámbito me pregunto y les pregunto de qué libertad de expresión estamos hablando si en estas empresas a cualquiera se le hace difícil hablar en un sentido distinto al de la línea editorial. Para las mujeres esto es aún peor.
Además, no hablemos de las disidencias, porque no existen o se cuentan con los dedos de una mano las compañeras travestis o trans en los medios de comunicación. Me pregunto dónde está la libertad de expresión en ese sentido.
Desde nuestro rol y organización, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, como así también desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa -que también integramos como SiPreBa-, sostenemos que el derecho debe ser a informar e informarse y que la libertad de expresión en los medios es un derecho de la ciudadanía y no solo de quienes trabajamos en ello.
La pregunta es cómo podemos pensar que hay libertad de expresión si no se escucha una voz disidente. Ya ni siquiera me refiero a la línea política o la representación de clases, porque las clases populares tampoco aparecen en los medios de comunicación; por lo menos no lo hacen informando o frente a una cámara conduciendo un espacio periodístico, sino que siempre son testigos o entrevistades.
SR. PRESIDENTE WOLFF Le pido por favor redondee su exposición.
SRA. POLAK Si en los medios no están todos los géneros que constituyen nuestra sociedad, es difícil que podamos hablar de libertad de expresión.
Por lo tanto, es una gran responsabilidad la que tenemos les comunicadores porque sabemos que lo que aparece en los medios repercute en ese invento al que llamamos "el sentido común" en la opinión pública. Entonces, somos conscientes de que tallamos en la audiencia.
Por todo lo expuesto y por mucho más, por lo que va a comentar Silvia y lo que manifestaron les compañeres anteriormente, necesitamos que se regule el trabajo en los medios de comunicación y se promueva la equidad.
Celebramos que tenga dictamen el proyecto de equidad en los medios de comunicación, impulsado por la senadora Norma Durango, para que haya un cupo travesti trans y se fomente su participación. En el mismo sentido, celebramos que se fomente la formación de las mujeres, de las disidencias, para que puedan ingresar a trabajar en los medios de comunicación y, sobre todo, se garanticen los derechos laborales no solo en lo salarial y en cuanto a las condiciones, sino también en lo relativo a la organización sindical. Creemos que esa es la única manera en que podremos hablar de libertad de expresión.
Por lo tanto, es una gran responsabilidad la que tenemos les comunicadores porque sabemos que lo que aparece en los medios repercute en ese invento al que llamamos "el sentido común" en la opinión pública. Entonces, somos conscientes de que tallamos en la audiencia.
Por todo lo expuesto y por mucho más, por lo que va a comentar Silvia y lo que manifestaron les compañeres anteriormente, necesitamos que se regule el trabajo en los medios de comunicación y se promueva la equidad.
Celebramos que tenga dictamen el proyecto de equidad en los medios de comunicación, impulsado por la senadora Norma Durango, para que haya un cupo travesti trans y se fomente su participación. En el mismo sentido, celebramos que se fomente la formación de las mujeres, de las disidencias, para que puedan ingresar a trabajar en los medios de comunicación y, sobre todo, se garanticen los derechos laborales no solo en lo salarial y en cuanto a las condiciones, sino también en lo relativo a la organización sindical. Creemos que esa es la única manera en que podremos hablar de libertad de expresión.
SR. PRESIDENTE WOLFF Gracias, señora Micaela Polak.
Tiene la palabra la señora Norma Devechi.
Tiene la palabra la señora Norma Devechi.
SRA. DEVECHI Buenas tardes a todos.
Trataré de resumir en cinco minutos una situación que vengo viviendo desde 2018 en Puerto Iguazú, donde desde esa fecha el intendente Claudio Raúl Filippa me niega información oficial.
Esta situación comenzó cuando, tanto en mi carácter de vecina como de trabajadora de prensa, me acerqué a la Municipalidad a consultar por un impuesto correspondiente a 2011 que querían cobrar a todos los vecinos del barrio donde vive mi madre, basándose en una ordenanza aprobada en 2013.
En esa oportunidad expliqué a quien me atendió, que era el encargado de prensa, que no podían cobrar un impuesto basados en una ordenanza sancionada dos años después de las obras. En ese momento, el secretario de prensa me dijo que mi madre no iba a abonar ese impuesto pero que los vecinos deberían pagarlo y que ese era el arreglo que él podía hacer conmigo. Obviamente, no acepté.
TURNO 5
Me ofreció tener la pauta publicitaria -entre comillas- a cambio de, justamente, no publicar esa irregularidad. En el medio provincial en el cual trabajo, que es el diario El Territorio, publicamos esa irregularidad y ahí comenzó la persecución.
Unos meses después de no recibir ningún tipo de información oficial -yo trabajaba en un programa radial que se llamaba Actualizate Iguazú-, o sea, dos o tres meses después de este planteo que hice al secretario de prensa, el dueño de la radio se acercó y me dijo que veía que yo estaba muy ocupada y que no iba a poder seguir con mi programa radial. Me quitó del espacio para no perder la pauta publicitaria y yo seguí trabajando solamente para el diario El Territorio.
El domingo 16 de noviembre de 2018, con el diario levantamos una nota publicada en el diario Infobae referida a unas estafas a la AFIP con facturas apócrifas en las que estaba denunciado el intendente de la municipalidad. La nota la levantamos en mi medio -tengo un sitio web-, así como también en el diario digital La voz de Cataratas, en el cual todavía trabajaba. El intendente emitió un audio de Whatsapp en el diario El Territorio, refiriéndose a mi persona. En ese audio solicitaba a los empleados municipales que, aquel que estuviese soltero, me consolara sexualmente, alegando que estaba histérica y que por eso hacía este tipo de publicaciones.
Señor presidente: si me lo permite, voy a reproducir el audio del intendente, para que ustedes lo puedan escuchar, y luego continuaré relatándoles cómo siguió la situación.
Trataré de resumir en cinco minutos una situación que vengo viviendo desde 2018 en Puerto Iguazú, donde desde esa fecha el intendente Claudio Raúl Filippa me niega información oficial.
Esta situación comenzó cuando, tanto en mi carácter de vecina como de trabajadora de prensa, me acerqué a la Municipalidad a consultar por un impuesto correspondiente a 2011 que querían cobrar a todos los vecinos del barrio donde vive mi madre, basándose en una ordenanza aprobada en 2013.
En esa oportunidad expliqué a quien me atendió, que era el encargado de prensa, que no podían cobrar un impuesto basados en una ordenanza sancionada dos años después de las obras. En ese momento, el secretario de prensa me dijo que mi madre no iba a abonar ese impuesto pero que los vecinos deberían pagarlo y que ese era el arreglo que él podía hacer conmigo. Obviamente, no acepté.
TURNO 5
Me ofreció tener la pauta publicitaria -entre comillas- a cambio de, justamente, no publicar esa irregularidad. En el medio provincial en el cual trabajo, que es el diario El Territorio, publicamos esa irregularidad y ahí comenzó la persecución.
Unos meses después de no recibir ningún tipo de información oficial -yo trabajaba en un programa radial que se llamaba Actualizate Iguazú-, o sea, dos o tres meses después de este planteo que hice al secretario de prensa, el dueño de la radio se acercó y me dijo que veía que yo estaba muy ocupada y que no iba a poder seguir con mi programa radial. Me quitó del espacio para no perder la pauta publicitaria y yo seguí trabajando solamente para el diario El Territorio.
El domingo 16 de noviembre de 2018, con el diario levantamos una nota publicada en el diario Infobae referida a unas estafas a la AFIP con facturas apócrifas en las que estaba denunciado el intendente de la municipalidad. La nota la levantamos en mi medio -tengo un sitio web-, así como también en el diario digital La voz de Cataratas, en el cual todavía trabajaba. El intendente emitió un audio de Whatsapp en el diario El Territorio, refiriéndose a mi persona. En ese audio solicitaba a los empleados municipales que, aquel que estuviese soltero, me consolara sexualmente, alegando que estaba histérica y que por eso hacía este tipo de publicaciones.
Señor presidente: si me lo permite, voy a reproducir el audio del intendente, para que ustedes lo puedan escuchar, y luego continuaré relatándoles cómo siguió la situación.
SR. PRESIDENTE WOLFF Sí, señora Devechi.
Luego de unos instantes:
SRA. DEVECHI Evidentemente tengo problemas técnicos, más allá de la cámara, y no puedo reproducir el audio en este momento.
Ante este audio, enviado por el intendente a los empleados municipales, realicé una denuncia policial, otra en el Juzgado de Instrucción N° 3, también una denuncia civil y una denuncia ante el INADI.
La que presenté en el juzgado penal fue desestimada por el juez de instrucción, quien indicó que no se encuadraba en ningún delito. Yo apelé esa decisión, pero la Cámara de Apelaciones también desestimó mi acción y ni siquiera emitió dictamen.
Desde ese día, tanto el juez de instrucción Martín Brites como el intendente reforzaron las negativas con respecto a mi trabajo. El hecho de que no me hayan brindado información oficial repercute en la calidad de mi labor, porque no tengo las voces oficiales para trabajar de manera tranquila.
La denuncia en el juzgado de instrucción que hice contra el intendente repercutió en noches sin dormir porque me apedrearon la casa; me han amenazado en la calle y me han dicho, por ejemplo, que si seguía publicando ciertas cosas que pasaban en la ciudad iba a amanecer flotando en el río. Tuve custodia policial durante un año, hasta el año pasado. Hasta hoy no puedo acceder a ninguna conferencia de prensa, excepto aquellas en las que participan los funcionarios provinciales, porque ellos me invitan.
Ningún funcionario público me da información respecto del ámbito municipal, excepto dos o tres que me la acercan por debajo de la mesa. No puedo acceder al trabajo en forma constante, y continúan las amenazas y los aprietes por parte del intendente, quien también aprieta a los empresarios, de quienes no puedo conseguir, por ejemplo, una pauta publicitaria para mi medio.
Muchas gracias por escucharme.
Ante este audio, enviado por el intendente a los empleados municipales, realicé una denuncia policial, otra en el Juzgado de Instrucción N° 3, también una denuncia civil y una denuncia ante el INADI.
La que presenté en el juzgado penal fue desestimada por el juez de instrucción, quien indicó que no se encuadraba en ningún delito. Yo apelé esa decisión, pero la Cámara de Apelaciones también desestimó mi acción y ni siquiera emitió dictamen.
Desde ese día, tanto el juez de instrucción Martín Brites como el intendente reforzaron las negativas con respecto a mi trabajo. El hecho de que no me hayan brindado información oficial repercute en la calidad de mi labor, porque no tengo las voces oficiales para trabajar de manera tranquila.
La denuncia en el juzgado de instrucción que hice contra el intendente repercutió en noches sin dormir porque me apedrearon la casa; me han amenazado en la calle y me han dicho, por ejemplo, que si seguía publicando ciertas cosas que pasaban en la ciudad iba a amanecer flotando en el río. Tuve custodia policial durante un año, hasta el año pasado. Hasta hoy no puedo acceder a ninguna conferencia de prensa, excepto aquellas en las que participan los funcionarios provinciales, porque ellos me invitan.
Ningún funcionario público me da información respecto del ámbito municipal, excepto dos o tres que me la acercan por debajo de la mesa. No puedo acceder al trabajo en forma constante, y continúan las amenazas y los aprietes por parte del intendente, quien también aprieta a los empresarios, de quienes no puedo conseguir, por ejemplo, una pauta publicitaria para mi medio.
Muchas gracias por escucharme.
SR. PRESIDENTE WOLFF Muchas gracias, Norma, por su testimonio.
Tiene la palabra la señora diputada Uceda.
Tiene la palabra la señora diputada Uceda.
SRA. UCEDA Señor presidente: a continuación, tendremos el gusto de escuchar a la periodista Silvia Martínez Cassina, de Canal 13.
SRA. MARTÍNEZ CASSINA Señor presidente: agradezco a la señora diputada Uceda por la invitación, así como también la atención y la escucha de los legisladores de la Comisión de Libertad de Expresión.
En primer lugar, quiero manifestar mi solidaridad para con mi antecesora, Norma Devechi, porque me parece terrible y brutal la violencia de género de la cual es víctima.
Me alegra que Micaela Polak me haya precedido en el uso de la palabra porque me ahorra muchísimo la descripción del encuadre de hostigamiento, de persecución y de desplazamiento de la coconducción de Noticiero Trece, del cual soy víctima.
Soy periodista hace treinta y ocho años; hace veintisiete años que trabajo en Canal 13 y desde hace veintitrés estoy en la coconducción, todos los mediodías, de Noticiero Trece. En verdad, la situación que estoy viviendo ahora tomó estado público por las redes sociales, a raíz de la visibilización absoluta de que mi desplazamiento era un hecho, aunque ya desde el año pasado venía cuestionando a mis jefes qué pasaba. Esto tiene que ver justamente con eso, con ese aviso institucional que, con una mirada muy machista, dice "informate todas las mañanas" y todos son conductores varones, siendo desplazadas las compañeras y conductoras tradicionales femeninas. Esto significa acallar la voz porque, como decía Micaela, no hay otra voz femenina ni feminista que defienda la perspectiva de género allí.
Claramente es una decisión de la Dirección de Noticias, a la que le molesta el compromiso, mi representación gremial, la construcción de un espacio de trabajadoras de todas las áreas de Artear y el trabajo que se está realizando desde la comisión interna de Sipreba. Cabe mencionar que es un espacio legítimo y genuino donde los trabajadores y las trabajadoras podemos abordar libremente las preocupaciones y todo aquello que nos afecta; incluso los contenidos, que también nos preocupan.
Nosotros también somos dueños de nuestra palabra, de lo que queremos transmitir y de cómo queremos hacerlo. Obviamente, esto molesta a la empresa.
Yo escuchaba los testimonios anteriores de intimidación, y los ejemplos que dieron son de funcionarios del poder político o del Poder Judicial. En mi caso, el embate contra la libertad de expresión es de la misma empresa privada donde trabajo. Esto empezó hace mucho tiempo, desde que tengo una expresión de libre pensamiento, un cuestionamiento crítico y un aporte, que para el grupo de trabajo debería ser enriquecedor porque es otra mirada y otra perspectiva.
Evidentemente, molesta si uno no se alinea al pensamiento hegemónico de ellos; me refiero a la empresa, a Canal 13, a Artear, que es parte del Grupo Clarín.
En 2016 sufrí la primera amenaza -porque realmente fue así- a raíz de unas líneas en una sección de espectáculos del diario Clarín, que es otra empresa del Grupo Clarín. El jefe de espectáculos mandó un mensaje muy intimidatorio -justo en la semana del "Ni una menos"- donde decía: cuidado, Silvia, porque vos estás hablando de Juana de Arco y esa Juana murió quemada en la hoguera.
A partir de ahí vienen las formas de censura, de tratar de acallar la voz o de aleccionar. Otro testimonio que escuchábamos, el de San Luis, decía que venía el mensaje aleccionador y, por consiguiente, la autocensura; no la censura explícita. No sea cosa que después digan que Canal 13 o el Grupo Clarín -que llevan tantas pancartas de premios a la libertad de expresión, premios internacionales y reconocimientos como gran medio de periodismo independiente- censura. Pero las formas de censura y de acallar voces son así: sutiles.
También puedo citar lo que hizo un productor ejecutivo en relación con el caso Maldonado, una semana en que no me dieron la posibilidad de presentar ese tema. Cuando fui a preguntar por qué no me lo permitían, o si había alguna orden de arriba, ese productor me respondió: no, se me ocurrió a mí, porque escuché una charla que vos tuviste. Aclaro que esa conversación no había sido al aire. Estando al aire, yo nunca hablé más allá de lo que decía la causa; siempre sostuve lo que decía la carátula: "Desaparición forzada de Santiago Maldonado". Es decir que no me permitían presentarlo porque un jefe intermedio escuchó algo que yo... En fin, había temas que ya no me daban.
Lo mismo ocurre, y más aún, últimamente con la cuarentena y la pandemia. En un intercambio con un columnista de salud en el que abordábamos la cuestión de quién cuida a los que nos cuidan y hablábamos de dos casos de COVID-19, un enfermero del Hospital Garrahan y otro del Ramos Mejía, yo dije: bueno, en tal sanatorio privado también se dan esas situaciones con los trabajadores. Por decir eso me llamaron y quisieron sacarme del aire. Ya me amenazaban; un jefe superior -de esos que están detrás de un escritorio y rara vez salen a la calle, con lo cual no saben qué es realmente una cobertura-, me decía: cada vez que te veo en la pantalla, subo el volumen porque tengo miedo de escuchar lo que vas a decir.
Esas son distintas formas de censura y hostigamiento.
Algunos opinan que esto es un medio privado y dicen: bueno, así es la línea editorial; si no te gusta, ¿por qué no te vas? A ellos, me parece importante aclararles que se trata de un medio de comunicación audiovisual, de un servicio de comunicación. Esto, muchas veces lo olvidamos. La empresa también, porque entiende la información como una mercancía que se rige o se regula por la medición del rating minuto a minuto, o por las necesidades propias de la empresa, ya sean económicas o políticas...
En primer lugar, quiero manifestar mi solidaridad para con mi antecesora, Norma Devechi, porque me parece terrible y brutal la violencia de género de la cual es víctima.
Me alegra que Micaela Polak me haya precedido en el uso de la palabra porque me ahorra muchísimo la descripción del encuadre de hostigamiento, de persecución y de desplazamiento de la coconducción de Noticiero Trece, del cual soy víctima.
Soy periodista hace treinta y ocho años; hace veintisiete años que trabajo en Canal 13 y desde hace veintitrés estoy en la coconducción, todos los mediodías, de Noticiero Trece. En verdad, la situación que estoy viviendo ahora tomó estado público por las redes sociales, a raíz de la visibilización absoluta de que mi desplazamiento era un hecho, aunque ya desde el año pasado venía cuestionando a mis jefes qué pasaba. Esto tiene que ver justamente con eso, con ese aviso institucional que, con una mirada muy machista, dice "informate todas las mañanas" y todos son conductores varones, siendo desplazadas las compañeras y conductoras tradicionales femeninas. Esto significa acallar la voz porque, como decía Micaela, no hay otra voz femenina ni feminista que defienda la perspectiva de género allí.
Claramente es una decisión de la Dirección de Noticias, a la que le molesta el compromiso, mi representación gremial, la construcción de un espacio de trabajadoras de todas las áreas de Artear y el trabajo que se está realizando desde la comisión interna de Sipreba. Cabe mencionar que es un espacio legítimo y genuino donde los trabajadores y las trabajadoras podemos abordar libremente las preocupaciones y todo aquello que nos afecta; incluso los contenidos, que también nos preocupan.
Nosotros también somos dueños de nuestra palabra, de lo que queremos transmitir y de cómo queremos hacerlo. Obviamente, esto molesta a la empresa.
Yo escuchaba los testimonios anteriores de intimidación, y los ejemplos que dieron son de funcionarios del poder político o del Poder Judicial. En mi caso, el embate contra la libertad de expresión es de la misma empresa privada donde trabajo. Esto empezó hace mucho tiempo, desde que tengo una expresión de libre pensamiento, un cuestionamiento crítico y un aporte, que para el grupo de trabajo debería ser enriquecedor porque es otra mirada y otra perspectiva.
Evidentemente, molesta si uno no se alinea al pensamiento hegemónico de ellos; me refiero a la empresa, a Canal 13, a Artear, que es parte del Grupo Clarín.
En 2016 sufrí la primera amenaza -porque realmente fue así- a raíz de unas líneas en una sección de espectáculos del diario Clarín, que es otra empresa del Grupo Clarín. El jefe de espectáculos mandó un mensaje muy intimidatorio -justo en la semana del "Ni una menos"- donde decía: cuidado, Silvia, porque vos estás hablando de Juana de Arco y esa Juana murió quemada en la hoguera.
A partir de ahí vienen las formas de censura, de tratar de acallar la voz o de aleccionar. Otro testimonio que escuchábamos, el de San Luis, decía que venía el mensaje aleccionador y, por consiguiente, la autocensura; no la censura explícita. No sea cosa que después digan que Canal 13 o el Grupo Clarín -que llevan tantas pancartas de premios a la libertad de expresión, premios internacionales y reconocimientos como gran medio de periodismo independiente- censura. Pero las formas de censura y de acallar voces son así: sutiles.
También puedo citar lo que hizo un productor ejecutivo en relación con el caso Maldonado, una semana en que no me dieron la posibilidad de presentar ese tema. Cuando fui a preguntar por qué no me lo permitían, o si había alguna orden de arriba, ese productor me respondió: no, se me ocurrió a mí, porque escuché una charla que vos tuviste. Aclaro que esa conversación no había sido al aire. Estando al aire, yo nunca hablé más allá de lo que decía la causa; siempre sostuve lo que decía la carátula: "Desaparición forzada de Santiago Maldonado". Es decir que no me permitían presentarlo porque un jefe intermedio escuchó algo que yo... En fin, había temas que ya no me daban.
Lo mismo ocurre, y más aún, últimamente con la cuarentena y la pandemia. En un intercambio con un columnista de salud en el que abordábamos la cuestión de quién cuida a los que nos cuidan y hablábamos de dos casos de COVID-19, un enfermero del Hospital Garrahan y otro del Ramos Mejía, yo dije: bueno, en tal sanatorio privado también se dan esas situaciones con los trabajadores. Por decir eso me llamaron y quisieron sacarme del aire. Ya me amenazaban; un jefe superior -de esos que están detrás de un escritorio y rara vez salen a la calle, con lo cual no saben qué es realmente una cobertura-, me decía: cada vez que te veo en la pantalla, subo el volumen porque tengo miedo de escuchar lo que vas a decir.
Esas son distintas formas de censura y hostigamiento.
Algunos opinan que esto es un medio privado y dicen: bueno, así es la línea editorial; si no te gusta, ¿por qué no te vas? A ellos, me parece importante aclararles que se trata de un medio de comunicación audiovisual, de un servicio de comunicación. Esto, muchas veces lo olvidamos. La empresa también, porque entiende la información como una mercancía que se rige o se regula por la medición del rating minuto a minuto, o por las necesidades propias de la empresa, ya sean económicas o políticas...
Se interrumpe el audio.
SRA. MARTÍNEZ CASSINA Decidieron entonces desplazar una voz -en este caso, la mía, que es en defensa de los derechos de la mujer con perspectiva de género- y correrme, como decía Micaela Polak. Ni siquiera se dio lugar a que se abriera una fuente de trabajo a otra compañera. Por el contrario, se incorporaron más varones. Me parece bárbaro el tema laboral; pero, un tercio de las trabajadoras, seguimos siendo minoría.
También estamos pidiendo equidad...
También estamos pidiendo equidad...
SR. PRESIDENTE WOLFF Vaya cerrando, por favor.
SRA. FERNÁNDEZ CASSINA A aquellos que opinan así, les aclaro que no solo se trata de una empresa de medios, sino también de un medio de comunicación. El derecho a informar es un derecho humano, no una mercancía.
También quiero recordarles que Canal 13 es una licencia de canal abierto que el Estado ha otorgado a una empresa privada. Esta tiene una gran responsabilidad y debe respetar el derecho humano de informar, como así también el derecho a la libertad de expresión.
Les agradezco muchísimo por haberme escuchado.
También quiero recordarles que Canal 13 es una licencia de canal abierto que el Estado ha otorgado a una empresa privada. Esta tiene una gran responsabilidad y debe respetar el derecho humano de informar, como así también el derecho a la libertad de expresión.
Les agradezco muchísimo por haberme escuchado.
SR. PRESIDENTE WOLFF Gracias, Silvia Martínez Cassina.
Tiene la palabra el señor Gabriel Hernández.
Tiene la palabra el señor Gabriel Hernández.
SR. HERNÁNDEZ Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haberme invitado. Realmente es muy importante para nosotros, desde Formosa, tener la oportunidad de ser escuchados en el orden nacional.
Muchas veces se ha dicho que Formosa es la isla de Gildo, porque realmente vivimos una situación de aislamiento donde solo hay una voz -que es la oficial-, un discurso único y un gobernador todopoderoso, un señor feudal que domina la provincia desde 1995 y que ha hecho reformar la Constitución para ser reelecto indefinidamente.
Muy pocos medios de prensa en mi provincia ejercen con libertad esta función social de informar y de permitir que la gente opine. En este sentido, debemos distinguir las dos funciones básicas que tiene un medio: no solamente que el periodista produzca información y la distribuya, sino también que el ciudadano o la ciudadana puedan llamar por teléfono, escribir una carta o ser entrevistados. Es decir, la sociedad necesita un medio de prensa que habilite el micrófono para que la gente opine.
Junto con mi mujer, Paola Cóspito -quien se encuentra aquí presente-, teníamos un programa de radio que se llamaba Mano a mano, cuyo objetivo era que la gente pudiera llamarnos. La mitad del programa consistía básicamente en recibir llamadas telefónicas. Durante esas llamadas, a veces se armaban lindas polémicas, porque no toda la gente coincidía ni todos expresamos un solo pensamiento. La intención del programa era que hubiese la mayor cantidad posible de voces.
El 21 de enero de 2013 llamó una persona anónima que habló del gobernador y mencionó la trágica muerte de su hijo. Esa comunicación fue muy breve, y la escuché al igual que el resto de los llamados. Nunca interrumpo una llamada. Algunas veces opino, pero otras veces no lo hago. En esta oportunidad, no dije nada. Cuando terminó la comunicación cambiamos de tema, llamó otra persona y se olvidó esa cuestión.
Sin embargo, una semana después empezó una verdadera tormenta mediática con funcionarios de los más altos niveles del gobierno. Nos acusaban de haber hecho algo macabro, de haber instalado el tema del hijo del gobernador, y decían que era una canallada imperdonable. Ellos utilizaron términos como "canalla" y "cobarde" cuando, en realidad, nosotros no habíamos opinado sobre el tema.
Quiero destacar lo siguiente. Yo siempre digo que, si uno dice algo con la lengua, debe tener espalda para bancarlo. Es decir, uno es responsable de sus dichos, de investigar y de chequear las fuentes de información.
Ahora bien, que alguien nos acuse o nos condene porque un tercero opina a través de una llamada telefónica, es algo realmente incalificable e inadmisible. Los periodistas no tenemos responsabilidad directa por la opinión de un tercero, sobre todo tratándose de una llamada telefónica, que es algo que está totalmente fuera de lo que es una producción o una invitación. Es decir, no se trata de una entrevista pautada, sino de algo que uno sinceramente pone al servicio de la gente al habilitar un micrófono o un teléfono.
Este hecho trajo como consecuencia una demanda del gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, quien logró que nos condenaran a mi esposa, a la dueña de la radio y a mí, además de a otros periodistas, a pagar la suma de 2 millones de pesos -estoy hablando del año 2015-, por haber permitido que esa persona opine.
Se nos impuso una verdadera multa civil que consistió no solamente en un resarcimiento al gobernador, ya que la jueza señaló en su fallo que imponía ese monto como algo disuasivo. Es decir, la condena debía ser ejemplificadora para que aquello no se reiterara, y se recurrió a algo que nuestra legislación no contempla: la multa civil.
Por otra parte, hay un hecho muy grave: dos días antes de que saliera esa llamada al aire, un funcionario del gobierno provincial se presentó ante un escribano y le pidió que grabara nuestro programa. ¿Cómo sabía el gobernador que dos días después íbamos a recibir ese llamado? Efectivamente, dos días más tarde lo recibimos y la grabación fue la prueba para condenarnos.
Nosotros apelamos. Recurrimos a la cámara y nos rechazaron; fuimos al superior tribunal y también nos rechazaron; ahora la causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También cabe aclarar que mi mujer, coconductora del programa, ese día no estaba en la radio; no participó. Ni siquiera se encontraba en Formosa, sino que estaba con mis hijas en Buenos Aires, a 1.200 kilómetros de distancia.
Aquí está mi esposa. Con su permiso, señor presidente, quisiera que ella comente muy brevemente su situación, ya que fue condenada, al igual que yo, a pesar de no haber participado ese día en el programa.
Muchas veces se ha dicho que Formosa es la isla de Gildo, porque realmente vivimos una situación de aislamiento donde solo hay una voz -que es la oficial-, un discurso único y un gobernador todopoderoso, un señor feudal que domina la provincia desde 1995 y que ha hecho reformar la Constitución para ser reelecto indefinidamente.
Muy pocos medios de prensa en mi provincia ejercen con libertad esta función social de informar y de permitir que la gente opine. En este sentido, debemos distinguir las dos funciones básicas que tiene un medio: no solamente que el periodista produzca información y la distribuya, sino también que el ciudadano o la ciudadana puedan llamar por teléfono, escribir una carta o ser entrevistados. Es decir, la sociedad necesita un medio de prensa que habilite el micrófono para que la gente opine.
Junto con mi mujer, Paola Cóspito -quien se encuentra aquí presente-, teníamos un programa de radio que se llamaba Mano a mano, cuyo objetivo era que la gente pudiera llamarnos. La mitad del programa consistía básicamente en recibir llamadas telefónicas. Durante esas llamadas, a veces se armaban lindas polémicas, porque no toda la gente coincidía ni todos expresamos un solo pensamiento. La intención del programa era que hubiese la mayor cantidad posible de voces.
El 21 de enero de 2013 llamó una persona anónima que habló del gobernador y mencionó la trágica muerte de su hijo. Esa comunicación fue muy breve, y la escuché al igual que el resto de los llamados. Nunca interrumpo una llamada. Algunas veces opino, pero otras veces no lo hago. En esta oportunidad, no dije nada. Cuando terminó la comunicación cambiamos de tema, llamó otra persona y se olvidó esa cuestión.
Sin embargo, una semana después empezó una verdadera tormenta mediática con funcionarios de los más altos niveles del gobierno. Nos acusaban de haber hecho algo macabro, de haber instalado el tema del hijo del gobernador, y decían que era una canallada imperdonable. Ellos utilizaron términos como "canalla" y "cobarde" cuando, en realidad, nosotros no habíamos opinado sobre el tema.
Quiero destacar lo siguiente. Yo siempre digo que, si uno dice algo con la lengua, debe tener espalda para bancarlo. Es decir, uno es responsable de sus dichos, de investigar y de chequear las fuentes de información.
Ahora bien, que alguien nos acuse o nos condene porque un tercero opina a través de una llamada telefónica, es algo realmente incalificable e inadmisible. Los periodistas no tenemos responsabilidad directa por la opinión de un tercero, sobre todo tratándose de una llamada telefónica, que es algo que está totalmente fuera de lo que es una producción o una invitación. Es decir, no se trata de una entrevista pautada, sino de algo que uno sinceramente pone al servicio de la gente al habilitar un micrófono o un teléfono.
Este hecho trajo como consecuencia una demanda del gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, quien logró que nos condenaran a mi esposa, a la dueña de la radio y a mí, además de a otros periodistas, a pagar la suma de 2 millones de pesos -estoy hablando del año 2015-, por haber permitido que esa persona opine.
Se nos impuso una verdadera multa civil que consistió no solamente en un resarcimiento al gobernador, ya que la jueza señaló en su fallo que imponía ese monto como algo disuasivo. Es decir, la condena debía ser ejemplificadora para que aquello no se reiterara, y se recurrió a algo que nuestra legislación no contempla: la multa civil.
Por otra parte, hay un hecho muy grave: dos días antes de que saliera esa llamada al aire, un funcionario del gobierno provincial se presentó ante un escribano y le pidió que grabara nuestro programa. ¿Cómo sabía el gobernador que dos días después íbamos a recibir ese llamado? Efectivamente, dos días más tarde lo recibimos y la grabación fue la prueba para condenarnos.
Nosotros apelamos. Recurrimos a la cámara y nos rechazaron; fuimos al superior tribunal y también nos rechazaron; ahora la causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También cabe aclarar que mi mujer, coconductora del programa, ese día no estaba en la radio; no participó. Ni siquiera se encontraba en Formosa, sino que estaba con mis hijas en Buenos Aires, a 1.200 kilómetros de distancia.
Aquí está mi esposa. Con su permiso, señor presidente, quisiera que ella comente muy brevemente su situación, ya que fue condenada, al igual que yo, a pesar de no haber participado ese día en el programa.
SR. PRESIDENTE WOLFF Puede hacerlo, pero le pido que vaya redondeando.
SRA. CÓSPITO Buenas noches, es un gusto estar con ustedes.
Lo único que quiero decir es que -como ya se señaló- ese día yo no estaba en el pueblo, sino en Buenos Aires. Estaba internada en el instituto FLENI de Escobar, donde una de mis hijas, que tiene discapacidad, estaba haciendo un módulo de rehabilitación.
Volví a Formosa recién una semana después, y me enteré entonces de lo sucedido. Igualmente, la jueza me condenó utilizando estas palabras: que tuve una semana completa para informarme, y que el día que volví a mi programa tendría que haber negado lo que había dicho esa persona.
Me sentí agraviada, no solo por haber recibido una condena a raíz de un llamado que ocurrió un día que yo no estuve, por algo que no escuché y de lo que tampoco me enteré, sino además porque además el gobernador -y esto es un agravio personal, directamente en mi condición de madre y de mujer-, en un acto realizado en el marco del programa "Por nuestra gente todo", dijo: y el dinero que voy a cobrar de los Hernández, lo voy a regalar a un centro de discapacidad. ¡Oh casualidad! El día que no estuve en el programa, estaba internada con mi hija que tiene una discapacidad.
Gildo Insfrán no solo maneja la Justicia, sino que no tiene límites. Muchísimas gracias.
Lo único que quiero decir es que -como ya se señaló- ese día yo no estaba en el pueblo, sino en Buenos Aires. Estaba internada en el instituto FLENI de Escobar, donde una de mis hijas, que tiene discapacidad, estaba haciendo un módulo de rehabilitación.
Volví a Formosa recién una semana después, y me enteré entonces de lo sucedido. Igualmente, la jueza me condenó utilizando estas palabras: que tuve una semana completa para informarme, y que el día que volví a mi programa tendría que haber negado lo que había dicho esa persona.
Me sentí agraviada, no solo por haber recibido una condena a raíz de un llamado que ocurrió un día que yo no estuve, por algo que no escuché y de lo que tampoco me enteré, sino además porque además el gobernador -y esto es un agravio personal, directamente en mi condición de madre y de mujer-, en un acto realizado en el marco del programa "Por nuestra gente todo", dijo: y el dinero que voy a cobrar de los Hernández, lo voy a regalar a un centro de discapacidad. ¡Oh casualidad! El día que no estuve en el programa, estaba internada con mi hija que tiene una discapacidad.
Gildo Insfrán no solo maneja la Justicia, sino que no tiene límites. Muchísimas gracias.
SR. HERNÁNDEZ Para redondear, nuestra situación es una síntesis de lo que pasa en Formosa, donde la Justicia está absolutamente al servicio del poder político y los medios de prensa son disciplinados a través de la pauta publicitaria. Cuando no te disciplinas, directamente hay acciones judiciales en tu contra.
Para toda esa gente que ha sido condenada, esta semana empezó la ejecución de sentencia. Es decir que, en cualquier momento, golpeará la puerta de nuestra casa un oficial de Justicia, y nos embargarán la casa y todo lo que tenemos, para pagar al gobernador.
Es realmente una gran injusticia, y me parece tremenda la doctrina de este fallo judicial porque nos obliga a los periodistas a confrontar con los oyentes, con los entrevistados. Lo que dice la jueza es que, como periodista, no tendría que haber permitido a la persona que llamó que diga eso del gobernador. Según ella dijo una mentira, y sabiendo yo que era una mentira tenía que corregir al entrevistado, confrontar con la persona que llama o deja un mensaje en la grabadora del programa. Es una barbaridad.
Los periodistas tenemos que ser responsables por lo que nosotros informamos, no por lo que dice un tercero. Eso es Campillay; esa es la Corte Suprema de Justicia a la Nación; esa es la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nosotros somos responsables de nuestra producción informativa, no de la de terceros, y tampoco podemos censurar ni prohibir a la gente que opine. Es una barbaridad.
Quiero terminar agradeciendo no solo a los señores diputados por esta posibilidad de hablar, sino también al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien citó nuestro caso dos años seguidos en el informe sobre la Argentina.
Por supuesto, me solidarizo con los colegas que han estado exponiendo su situación y que han relatado hechos de censura y de agresión. No tenemos que permitir esto y ustedes, que son nuestra voz en la Cámara de Diputados, tienen la posibilidad de corregir estas situaciones.
Para toda esa gente que ha sido condenada, esta semana empezó la ejecución de sentencia. Es decir que, en cualquier momento, golpeará la puerta de nuestra casa un oficial de Justicia, y nos embargarán la casa y todo lo que tenemos, para pagar al gobernador.
Es realmente una gran injusticia, y me parece tremenda la doctrina de este fallo judicial porque nos obliga a los periodistas a confrontar con los oyentes, con los entrevistados. Lo que dice la jueza es que, como periodista, no tendría que haber permitido a la persona que llamó que diga eso del gobernador. Según ella dijo una mentira, y sabiendo yo que era una mentira tenía que corregir al entrevistado, confrontar con la persona que llama o deja un mensaje en la grabadora del programa. Es una barbaridad.
Los periodistas tenemos que ser responsables por lo que nosotros informamos, no por lo que dice un tercero. Eso es Campillay; esa es la Corte Suprema de Justicia a la Nación; esa es la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nosotros somos responsables de nuestra producción informativa, no de la de terceros, y tampoco podemos censurar ni prohibir a la gente que opine. Es una barbaridad.
Quiero terminar agradeciendo no solo a los señores diputados por esta posibilidad de hablar, sino también al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien citó nuestro caso dos años seguidos en el informe sobre la Argentina.
Por supuesto, me solidarizo con los colegas que han estado exponiendo su situación y que han relatado hechos de censura y de agresión. No tenemos que permitir esto y ustedes, que son nuestra voz en la Cámara de Diputados, tienen la posibilidad de corregir estas situaciones.
SR. PRESIDENTE WOLFF Gracias, Gabriel.
SRA. UCEDA Recibimos a nuestra última invitada, la señora Natalia Aruguete.
SRA. ARUGUETE Muchas gracias por la invitación. Agradezco la iniciativa de proponerme dialogar sobre fake news y campañas de desinformación.
El tiempo que tenemos para exponer es muy corto; por ello, quiero poner a vuestra consideración si les parece conveniente que muestre algunas diapositivas para graficar mi exposición o si prefieren que no lo haga. He traído algunos gráficos sobre trabajos recientes, que me gustaría compartir.
El tiempo que tenemos para exponer es muy corto; por ello, quiero poner a vuestra consideración si les parece conveniente que muestre algunas diapositivas para graficar mi exposición o si prefieren que no lo haga. He traído algunos gráficos sobre trabajos recientes, que me gustaría compartir.
SRA. UCEDA Como te sea más cómodo, Natalia. Además, podés excederte un poquito, porque los otros expositores también lo hicieron.
SRA. ARUGUETE Paso entonces a proyectar una presentación.
Se proyecta una presentación de Powerpoint.
Se proyecta una presentación de Powerpoint.
SRA. ARUGUETE Lo que estamos viendo, en primer lugar, son los resultados de un estudio reciente que hicimos con colegas de la Universidad de Maryland coordinados por Ernesto Calvo, con quien también vengo trabajando sobre estos temas desde hace un tiempo.
Me parece importante plantear un escenario en el cual es posible impulsar y lograr que tenga efecto una estrategia de desinformación.
En principio, es prioritario distinguir entre lo que entendemos es una noticia falsa y una fake news. En ese sentido, algunos investigadores plantean que fake news es una estrategia de desinformación y que las noticias falsas -donde nos detenemos a pensar en el contenido como objeto de análisis- no siempre ni necesariamente tienen la intencionalidad política de generar un daño.
Las noticias falsas, en general, tienen que ver con vacíos en la información que se van llenando con sesgos y prejuicios. En esto, nos caben las generales de la ley a todos y a todas: usuarios de las redes sociales, usuarios de a pie, periodistas, dirigentes políticos e investigadores llenamos vacíos en la información con prejuicios cuanto más alejados estamos de que ciertas evidencias que puedan ser contrastadas. Esto tiene que ver con algo que no necesariamente es volitivo.
Si hablamos de fake news, por lo general hay una orquestación, una coordinación, de distintos tipos de usuarios que aceitan cierto tipo de estrategia para impulsarla. Nosotros interpretamos esto claramente como un acto de bullying, con el que se busca no solo hacer un daño a otro sino también energizar a la propia tropa para que se burle y ayude a cometer dicho acto.
Me parece central que podamos entender en qué escenarios políticos y, sobre todo, afectivos, se puede dar una estrategia de fake news. En general, es en escenarios polarizados.
En la Argentina tenemos escenarios polarizados. La pandemia y la cuarentena no han sido los casos de mayor polarización que hemos vivido en el país; por lo menos, no al comienzo, pero luego sí empezó a haber una suerte de polarización.
La identidad partidaria de los argentinos ha sido clave como elemento de polarización, sobre todo de polarización afectiva, aunque no necesariamente de polarización racional, donde se miden los pros y los contras de determinadas políticas públicas. Ese elemento afectivo también nos ha posicionado frente a la pandemia en relación con cómo percibimos ese riesgo.
Lo que quiero decir concretamente -tal vez di demasiadas vueltas- es que, según nuestro grado de acercamiento al actual gobierno, percibíamos que había más riesgos sobre la salud o más riesgos de padecer una crisis económica.
En el gráfico que estamos viendo, por encima de la línea punteada -que marca el cero- se ubica a quienes sopesan como mayor riesgo la posibilidad de quedarse sin trabajo o la posibilidad de perder la vida y enfermarse.
Este escenario polarizado es el que predispone que la circulación de noticias falsas tenga asidero, que nosotros las acojamos y que nos sintamos motivados a compartirlas.
Luego, en este escenario de polarización de la sociedad y más comprensivo en términos comunicacionales, nos tenemos que preguntar por las fake news.
No soy experta respecto a cómo se regulan legalmente las fake news, pero sí me parece importante que como legisladores o ciudadanos en general, puestos a pensar en qué tipo de regulaciones deben atender a las estrategias de desinformación, no dejemos de mirar otros aspectos que hacen al ecosistema del medio. O sea, no hay que analizar las fake news solamente como una estrategia de desinformación en redes sociales, sino como una estrategia de desinformación que se inscribe en ciertas preocupaciones de la población, promovidas por una composición mediática mucho más amplia.
Quiero contar solo un ejemplo, que me parece elocuente para poder mostrar eso. Una de las primeras estrategias de fake news que fue muy efectiva en la Argentina durante la pandemia fue la supuesta salida indiscriminada de presos. ¿Dónde se inició eso como espacio comunicacional que le dio asidero a esa estrategia y, sobre todo, dentro de esa estrategia, muy particularmente un ataque a los colectivos feministas? Por ejemplo, en una publicación que hizo el diario Clarín, la que no es menor, porque no se trata solamente de un reflejo de la realidad, como muchos periodistas muchas veces pretendemos decir -me incluyo en ese espacio profesional-, sino que, en realidad, las noticias se construyen.
Cuando las noticias se construyen, se construyen situaciones problemáticas y se atribuyen responsabilidades. Cuando las atribuciones de responsabilidad son individuales en lugar de colectivas, sociales o políticas, hay más propuestas punitivas como solución a ese tipo de atribución de responsabilidad. Si nosotros identificamos en esta noticia a un presidente como el único decisor de un evento que parece decidido de manera caprichosa, entonces todo se apunta contra un capricho individual en lugar de pensarse como un diseño de política en acuerdo con otros.
Me parece importante plantear un escenario en el cual es posible impulsar y lograr que tenga efecto una estrategia de desinformación.
En principio, es prioritario distinguir entre lo que entendemos es una noticia falsa y una fake news. En ese sentido, algunos investigadores plantean que fake news es una estrategia de desinformación y que las noticias falsas -donde nos detenemos a pensar en el contenido como objeto de análisis- no siempre ni necesariamente tienen la intencionalidad política de generar un daño.
Las noticias falsas, en general, tienen que ver con vacíos en la información que se van llenando con sesgos y prejuicios. En esto, nos caben las generales de la ley a todos y a todas: usuarios de las redes sociales, usuarios de a pie, periodistas, dirigentes políticos e investigadores llenamos vacíos en la información con prejuicios cuanto más alejados estamos de que ciertas evidencias que puedan ser contrastadas. Esto tiene que ver con algo que no necesariamente es volitivo.
Si hablamos de fake news, por lo general hay una orquestación, una coordinación, de distintos tipos de usuarios que aceitan cierto tipo de estrategia para impulsarla. Nosotros interpretamos esto claramente como un acto de bullying, con el que se busca no solo hacer un daño a otro sino también energizar a la propia tropa para que se burle y ayude a cometer dicho acto.
Me parece central que podamos entender en qué escenarios políticos y, sobre todo, afectivos, se puede dar una estrategia de fake news. En general, es en escenarios polarizados.
En la Argentina tenemos escenarios polarizados. La pandemia y la cuarentena no han sido los casos de mayor polarización que hemos vivido en el país; por lo menos, no al comienzo, pero luego sí empezó a haber una suerte de polarización.
La identidad partidaria de los argentinos ha sido clave como elemento de polarización, sobre todo de polarización afectiva, aunque no necesariamente de polarización racional, donde se miden los pros y los contras de determinadas políticas públicas. Ese elemento afectivo también nos ha posicionado frente a la pandemia en relación con cómo percibimos ese riesgo.
Lo que quiero decir concretamente -tal vez di demasiadas vueltas- es que, según nuestro grado de acercamiento al actual gobierno, percibíamos que había más riesgos sobre la salud o más riesgos de padecer una crisis económica.
En el gráfico que estamos viendo, por encima de la línea punteada -que marca el cero- se ubica a quienes sopesan como mayor riesgo la posibilidad de quedarse sin trabajo o la posibilidad de perder la vida y enfermarse.
Este escenario polarizado es el que predispone que la circulación de noticias falsas tenga asidero, que nosotros las acojamos y que nos sintamos motivados a compartirlas.
Luego, en este escenario de polarización de la sociedad y más comprensivo en términos comunicacionales, nos tenemos que preguntar por las fake news.
No soy experta respecto a cómo se regulan legalmente las fake news, pero sí me parece importante que como legisladores o ciudadanos en general, puestos a pensar en qué tipo de regulaciones deben atender a las estrategias de desinformación, no dejemos de mirar otros aspectos que hacen al ecosistema del medio. O sea, no hay que analizar las fake news solamente como una estrategia de desinformación en redes sociales, sino como una estrategia de desinformación que se inscribe en ciertas preocupaciones de la población, promovidas por una composición mediática mucho más amplia.
Quiero contar solo un ejemplo, que me parece elocuente para poder mostrar eso. Una de las primeras estrategias de fake news que fue muy efectiva en la Argentina durante la pandemia fue la supuesta salida indiscriminada de presos. ¿Dónde se inició eso como espacio comunicacional que le dio asidero a esa estrategia y, sobre todo, dentro de esa estrategia, muy particularmente un ataque a los colectivos feministas? Por ejemplo, en una publicación que hizo el diario Clarín, la que no es menor, porque no se trata solamente de un reflejo de la realidad, como muchos periodistas muchas veces pretendemos decir -me incluyo en ese espacio profesional-, sino que, en realidad, las noticias se construyen.
Cuando las noticias se construyen, se construyen situaciones problemáticas y se atribuyen responsabilidades. Cuando las atribuciones de responsabilidad son individuales en lugar de colectivas, sociales o políticas, hay más propuestas punitivas como solución a ese tipo de atribución de responsabilidad. Si nosotros identificamos en esta noticia a un presidente como el único decisor de un evento que parece decidido de manera caprichosa, entonces todo se apunta contra un capricho individual en lugar de pensarse como un diseño de política en acuerdo con otros.
SR. PRESIDENTE WOLFF Natalia, lleva nueve minutos de exposición. Le pido que vaya redondeando, si es tan amable, por favor.
SRA. ARUGUETE Sí, ya estaba por cerrar.
Pero, lo que quiero decir es que este caso fue replicado, tal cual como ha sido publicado por el diario Clarín, por ciento dos medios en los dos días subsiguientes. Esta homogeneidad mediática da un elemento de verosimilitud a esa noticia, producto de una homogeneidad que genera un espacio y un ambiente comunicacional para que haya una preocupación social generalizada y que, sobre esa preocupación generalizada, se pueda montar una estrategia de fake news. Entonces, este elemento comunicacional no es menor para que una estrategia de fake news pueda tener asidero y sea efectiva.
Por lo tanto, ¿cuál fue la estrategia de fake news a la que me quiero referir? Tiene que ver con estos tuits que estuvieron circulando en una estrategia de fake news, en los que se planteó que hubo una salida indiscriminada de presos; también se podría inventar que quinientos violadores van a salir así porque sí. Esa desinformación y esa tergiversación fueron usadas para atacar a los colectivos feministas preguntándoles dónde estaban las feministas en un marco de estas características.
Entonces, me quedo con este ejemplo. No me referiré a lo de Villa Azul, donde surgió algo similar, pero solamente para cerrar quiero mencionar que, cuando hay estrategias de fake news, hay distintos tipos de usuarios coordinados. No son solamente trolls, ni trolls pagos, sino que hay mucho aparato político que se arma alrededor de esto. En el caso de Villa Azul eso fue muy, muy claro. Existen lo que llamamos "fake news mills", que son medios apócrifos; por ejemplo, Infomedia es un medio apócrifo.
Pero, lo que quiero decir es que este caso fue replicado, tal cual como ha sido publicado por el diario Clarín, por ciento dos medios en los dos días subsiguientes. Esta homogeneidad mediática da un elemento de verosimilitud a esa noticia, producto de una homogeneidad que genera un espacio y un ambiente comunicacional para que haya una preocupación social generalizada y que, sobre esa preocupación generalizada, se pueda montar una estrategia de fake news. Entonces, este elemento comunicacional no es menor para que una estrategia de fake news pueda tener asidero y sea efectiva.
Por lo tanto, ¿cuál fue la estrategia de fake news a la que me quiero referir? Tiene que ver con estos tuits que estuvieron circulando en una estrategia de fake news, en los que se planteó que hubo una salida indiscriminada de presos; también se podría inventar que quinientos violadores van a salir así porque sí. Esa desinformación y esa tergiversación fueron usadas para atacar a los colectivos feministas preguntándoles dónde estaban las feministas en un marco de estas características.
Entonces, me quedo con este ejemplo. No me referiré a lo de Villa Azul, donde surgió algo similar, pero solamente para cerrar quiero mencionar que, cuando hay estrategias de fake news, hay distintos tipos de usuarios coordinados. No son solamente trolls, ni trolls pagos, sino que hay mucho aparato político que se arma alrededor de esto. En el caso de Villa Azul eso fue muy, muy claro. Existen lo que llamamos "fake news mills", que son medios apócrifos; por ejemplo, Infomedia es un medio apócrifo.
SR. PRESIDENTE WOLFF Natalia, le pido que cierre porque ya lleva diez minutos.
SRA. ARUGUETE Estoy cerrando en esta diapositiva. Me dijeron nueve minutos y me dijeron que tenía unos minutos más. Estoy cerrando.
SR. PRESIDENTE WOLFF Tenía cinco minutos y ya lleva diez.
SRA. ARUGUETE Bueno, está bien.
SR. PRESIDENTE WOLFF Tranquila. No le cierro el micrófono a nadie. Le pido que cierre la idea porque ha pasado su tiempo.
SRA. ARUGUETE Estoy cerrando la idea.
Entonces, en las estrategias de fake news lo que sí quiero plantear es que hay acuerdos de distintos tipos de actores que abonan estas estrategias, entre ellos, medios apócrifos, medios no apócrifos, medios tradicionales que también participan de estas estrategias de fake news, aparato político y trolls que forman parte del elenco estable de los últimos cuatro o cinco años en redes sociales. Muchísimas gracias.
Entonces, en las estrategias de fake news lo que sí quiero plantear es que hay acuerdos de distintos tipos de actores que abonan estas estrategias, entre ellos, medios apócrifos, medios no apócrifos, medios tradicionales que también participan de estas estrategias de fake news, aparato político y trolls que forman parte del elenco estable de los últimos cuatro o cinco años en redes sociales. Muchísimas gracias.
SR. PRESIDENTE WOLFF Gracias, Natalia. ¿Podemos sacar la pantalla compartida? ¿La saca usted?
SRA. ARUGUETE Sí, estoy haciéndolo.
SR. PRESIDENTE WOLFF Muy bien. Gracias, Natalia.
SR. SECRETARIO (SILVA) Señor presidente: le pido la palabra solo para acotar que la expositora anterior, la señora Natalia Aruguete, me pidió a mí incorporar la presentación que hizo a la versión taquigráfica, ya que los taquígrafos no pueden. Le mandé a la señora Aruguete mi dirección de correo electrónico por el chat. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE WOLFF Perfecto. No hay ningún inconveniente.
Tiene la palabra el señor Mario Capello.
Tiene la palabra el señor Mario Capello.
SR. CAPELLO Soy ingeniero de mina, tengo 66 años. Fui convencional constituyente cuando se reformó...
SR. PRESIDENTE WOLFF Mario, ¿puede abrir la cámara? ¿Tiene algún problema con la cámara? A veces hay problemas.
SR. CAPELLO A ver... ¿Ahí?
SR. PRESIDENTE WOLFF Al lado de donde dice "mute", tiene que presionar un dibujo que tiene una cámara con un punto verde y dice "stop my video".
SR. CAPELLO A ver...
SR. PRESIDENTE WOLFF No hay problema. Lo importante es escuchar su testimonio. No es condición el uso de cámara. Si no puede, empiece por favor.
SR. CAPELLO Yo me estoy viendo en el video.
SR. PRESIDENTE WOLFF Mis demás compañeros no lo están viendo, ¿verdad? Usted solo se está viendo, pero no se preocupe, Mario. Hable tranquilo que lo importante es su testimonio.
SR. CAPELLO Le decía que tengo 66 años. Fui convencional constituyente en la provincia de San Juan en 1986, cuatro veces legislador de esa provincia y diputado nacional entre 1999 y 2003. Fui secretario del bloque de sesenta y ocho diputados nacionales del radicalismo entre los años 2001 y 2003.
Lo que me trae acá no es una cuestión personal. Si bien me ocurrió -y voy a contar rápidamente el contexto-, digo que no es una cuestión personal porque llevo orgullosamente la carga de los veinte años de mi vida en que tuve la oportunidad de tener esta representación. Fue realmente un privilegio que he tenido, así que lo tomo como una carga pero además como un broche el no haber callado frente a tantas injusticias y, fundamentalmente, cuando venían desde el poder.
El diputado De Lamadrid, con otros diecinueve diputados, ha manifestado en un proyecto de declaración su preocupación por un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual limita definitivamente la inmunidad de opinión de los diputados provinciales. Eso es de una gravedad tremenda, porque la libertad de opinión es también la otra cara de la moneda del derecho a la información de los ciudadanos a ser informados sin más.
La propia Constitución de San Juan, en su artículo 27, dice lo siguiente: "Todos los habitantes tienen derecho a que se les informe veraz y auténticamente sin distorsiones de ningún tipo". También, en su artículo 138, al igual que la Constitución Nacional, dice: "Los miembros de la Cámara no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o votos que emitan en el desempeño de sus mandatos".
La querella que me inició la denuncia, que me la hizo uno de los miembros de la Corte de Justicia de San Juan -el doctor Caballero-, no se debió a una conferencia de prensa que yo di cuando presenté un proyecto para terminar con el privilegio que pretendían otorgarse, es decir, que los jueces cobraran antigüedad desde que se habían recibido de abogados. El problema era una denuncia penal que yo había realizado en el año 2005 contra la totalidad de los integrantes de la Corte de Justicia de San Juan y el fiscal general por incumplimiento de los deberes a su cargo.
Este incumplimiento fue una verdadera burla a los aspirantes a ingresar al Poder Judicial.
El artículo 45 de la Constitución de la provincia de San Juan dice: "Todos los habitantes sin discriminación alguna pueden acceder a los empleos públicos sin más requisitos que la idoneidad. El acceso a los cargos técnicos y administrativos está sujeto a realización de concursos." Sin embargo, debo decir que realmente esos concursos fueron fraudulentos. Como bien resaltó Infobae en esa época, en 2005, las preguntas que se hacían eran absolutamente amañadas. Leo algunas de las preguntas: "¿Cuáles son los cuatro elementos que componen el Estado argentino? ¿Cuándo se incorporó Buenos Aires al Estado argentino? ¿Cuáles de estas ciudades son capitales de países: Guayaquil, Canberra, Auckland, Tirana, Copenhague, Quebec?" Además, a los aspirantes se les preguntó qué autor escribió las obras literarias Las fuerzas morales, Los tiempos nuevos y El hombre mediocre y en qué años se descubrió petróleo por primera vez en la Argentina.
Dicho esto, una persona a la cual le habían entregado anticipadamente las preguntas y las respuestas las depositó en una escribanía el día anterior al examen del concurso. Aclaro que estas preguntas y respuestas se las entregaban antes del examen a los hijos del poder; en San Juan no hay juez que no tenga hijos, nueras, yernos, o parientes en el poder, así como también hay muchos dirigentes políticos que acceden de esta manera. Esto derivó en un escándalo total, y el doctor Luis Recio, que era el secretario de la Corte, rápidamente fue separado del cargo mientras se iniciaba una investigación, pero para protegerlo y no por otra cuestión. Debo decir que el señor Recio hoy es camarista de la provincia de San Juan. El hecho de no haber denunciado el posible delito cometido en el propio corazón del Poder Judicial fue lo que me llevó a hacer esta denuncia.
Posteriormente, seguían las cuestiones referidas a los graves problemas e inconvenientes que existían con el Poder Judicial. En una ocasión, presenté un proyecto de ley referido a que la antigüedad corriera a partir ejercicio del cargo de juez y no desde el momento de recibirse de abogado.
El propio excortista que me demandó dijo en el diario de San Juan: "Juez cortista va por otra demanda por los juicios políticos". Hay que decir que la Corte de San Juan de ese entonces tuvo seis juicios políticos, no sólo el mío, y precisamente algunos rondaban estos temas de gravedad.
Señor presidente: toda esta larga historia está planteada y la he alcanzado a su secretario para que la pusiera a disposición de los miembros de la comisión.
En ese entonces, el periodista me preguntó si el juez estaba trabajando, porque a todos los que le habían iniciado juicio político, él les iniciaba querellas por daños y perjuicios por lesionar su honor. Luego, cuando el periodista me preguntó qué pensaba de esto, le dije: "la va de gaucho malevo". Digo "gaucho malevo" en el sentido de patotero, de matón, de tratar de meter miedo, porque durante mucho tiempo él fue el presidente de la Federación Gaucha Sanjuanina. Era increíble ver en el expediente que se defendiera diciendo que él no era un gaucho malevo porque, en 2004, había ganado el Premio Matear de plata, que entrega la Federación Gaucha Argentina. Entonces, aunque esto da para risa, este era un juez de la Corte. Esto también mostraba la calidad de juez que teníamos, porque ese premio no se lo dieron a él, que era el presidente de la Federación Gaucha, sino a quienes hicieron la página web de la Federación Gaucha Sanjuanina. Es decir que estaba tomando un mérito que no le correspondía.
Lo que me trae acá no es una cuestión personal. Si bien me ocurrió -y voy a contar rápidamente el contexto-, digo que no es una cuestión personal porque llevo orgullosamente la carga de los veinte años de mi vida en que tuve la oportunidad de tener esta representación. Fue realmente un privilegio que he tenido, así que lo tomo como una carga pero además como un broche el no haber callado frente a tantas injusticias y, fundamentalmente, cuando venían desde el poder.
El diputado De Lamadrid, con otros diecinueve diputados, ha manifestado en un proyecto de declaración su preocupación por un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual limita definitivamente la inmunidad de opinión de los diputados provinciales. Eso es de una gravedad tremenda, porque la libertad de opinión es también la otra cara de la moneda del derecho a la información de los ciudadanos a ser informados sin más.
La propia Constitución de San Juan, en su artículo 27, dice lo siguiente: "Todos los habitantes tienen derecho a que se les informe veraz y auténticamente sin distorsiones de ningún tipo". También, en su artículo 138, al igual que la Constitución Nacional, dice: "Los miembros de la Cámara no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o votos que emitan en el desempeño de sus mandatos".
La querella que me inició la denuncia, que me la hizo uno de los miembros de la Corte de Justicia de San Juan -el doctor Caballero-, no se debió a una conferencia de prensa que yo di cuando presenté un proyecto para terminar con el privilegio que pretendían otorgarse, es decir, que los jueces cobraran antigüedad desde que se habían recibido de abogados. El problema era una denuncia penal que yo había realizado en el año 2005 contra la totalidad de los integrantes de la Corte de Justicia de San Juan y el fiscal general por incumplimiento de los deberes a su cargo.
Este incumplimiento fue una verdadera burla a los aspirantes a ingresar al Poder Judicial.
El artículo 45 de la Constitución de la provincia de San Juan dice: "Todos los habitantes sin discriminación alguna pueden acceder a los empleos públicos sin más requisitos que la idoneidad. El acceso a los cargos técnicos y administrativos está sujeto a realización de concursos." Sin embargo, debo decir que realmente esos concursos fueron fraudulentos. Como bien resaltó Infobae en esa época, en 2005, las preguntas que se hacían eran absolutamente amañadas. Leo algunas de las preguntas: "¿Cuáles son los cuatro elementos que componen el Estado argentino? ¿Cuándo se incorporó Buenos Aires al Estado argentino? ¿Cuáles de estas ciudades son capitales de países: Guayaquil, Canberra, Auckland, Tirana, Copenhague, Quebec?" Además, a los aspirantes se les preguntó qué autor escribió las obras literarias Las fuerzas morales, Los tiempos nuevos y El hombre mediocre y en qué años se descubrió petróleo por primera vez en la Argentina.
Dicho esto, una persona a la cual le habían entregado anticipadamente las preguntas y las respuestas las depositó en una escribanía el día anterior al examen del concurso. Aclaro que estas preguntas y respuestas se las entregaban antes del examen a los hijos del poder; en San Juan no hay juez que no tenga hijos, nueras, yernos, o parientes en el poder, así como también hay muchos dirigentes políticos que acceden de esta manera. Esto derivó en un escándalo total, y el doctor Luis Recio, que era el secretario de la Corte, rápidamente fue separado del cargo mientras se iniciaba una investigación, pero para protegerlo y no por otra cuestión. Debo decir que el señor Recio hoy es camarista de la provincia de San Juan. El hecho de no haber denunciado el posible delito cometido en el propio corazón del Poder Judicial fue lo que me llevó a hacer esta denuncia.
Posteriormente, seguían las cuestiones referidas a los graves problemas e inconvenientes que existían con el Poder Judicial. En una ocasión, presenté un proyecto de ley referido a que la antigüedad corriera a partir ejercicio del cargo de juez y no desde el momento de recibirse de abogado.
El propio excortista que me demandó dijo en el diario de San Juan: "Juez cortista va por otra demanda por los juicios políticos". Hay que decir que la Corte de San Juan de ese entonces tuvo seis juicios políticos, no sólo el mío, y precisamente algunos rondaban estos temas de gravedad.
Señor presidente: toda esta larga historia está planteada y la he alcanzado a su secretario para que la pusiera a disposición de los miembros de la comisión.
En ese entonces, el periodista me preguntó si el juez estaba trabajando, porque a todos los que le habían iniciado juicio político, él les iniciaba querellas por daños y perjuicios por lesionar su honor. Luego, cuando el periodista me preguntó qué pensaba de esto, le dije: "la va de gaucho malevo". Digo "gaucho malevo" en el sentido de patotero, de matón, de tratar de meter miedo, porque durante mucho tiempo él fue el presidente de la Federación Gaucha Sanjuanina. Era increíble ver en el expediente que se defendiera diciendo que él no era un gaucho malevo porque, en 2004, había ganado el Premio Matear de plata, que entrega la Federación Gaucha Argentina. Entonces, aunque esto da para risa, este era un juez de la Corte. Esto también mostraba la calidad de juez que teníamos, porque ese premio no se lo dieron a él, que era el presidente de la Federación Gaucha, sino a quienes hicieron la página web de la Federación Gaucha Sanjuanina. Es decir que estaba tomando un mérito que no le correspondía.
SR. PRESIDENTE WOLFF Pido que vaya redondeando, señor Capello.
SR. CAPELLO Redondeo pasando directamente al planteo hecho ante la Corte, donde pedí precisamente... (inaudible) ...en todas las instancias de San Juan, cómo venían fallando en contra de los fueros del legislador. Se le pidió a la Corte que: "Ordene la suspensión de la ejecución de la sentencia por entender que en el presente caso se está frente a una situación extrema excepcional y a un abuso al que nunca debió llegarse en virtud de la inmunidad parlamentaria en juego; y que admita la queja y declare mal denegado el recurso extraordinario y que el Máximo Tribunal resuelva sobre el punto disputado directamente o lo decida en el fondo, asumiendo su competencia positiva en consideración a su importancia y trascendencia institucional".
Lo que quiero decir, señor presidente, no lo hago por mí, sino que todos los diputados provinciales hemos visto los hechos gravísimos que están pasando con algunos periodistas. Si los diputados callan, si los diputados tienen miedo de hablar porque rápidamente van y les buscan el bolsillo con justicias amañadas a los poderes políticos -digo de cualquier poder político-, ¿quién va a hablar si el diputado no tiene esa libertad de expresión? ¿Quién va a hacerlo si es distinta la inmunidad de opinión que tiene el legislador nacional de la que tiene el legislador provincial, a pesar de que dicen ambas constituciones exactamente lo mismo? Además, la Constitución Nacional en el artículo 5° exige el funcionamiento republicano de los tres poderes provinciales gravemente lesionados cuando se vulnera la posibilidad de la libertad de expresión del legislador y el derecho a información de los ciudadanos.
Muchas gracias.
Lo que quiero decir, señor presidente, no lo hago por mí, sino que todos los diputados provinciales hemos visto los hechos gravísimos que están pasando con algunos periodistas. Si los diputados callan, si los diputados tienen miedo de hablar porque rápidamente van y les buscan el bolsillo con justicias amañadas a los poderes políticos -digo de cualquier poder político-, ¿quién va a hablar si el diputado no tiene esa libertad de expresión? ¿Quién va a hacerlo si es distinta la inmunidad de opinión que tiene el legislador nacional de la que tiene el legislador provincial, a pesar de que dicen ambas constituciones exactamente lo mismo? Además, la Constitución Nacional en el artículo 5° exige el funcionamiento republicano de los tres poderes provinciales gravemente lesionados cuando se vulnera la posibilidad de la libertad de expresión del legislador y el derecho a información de los ciudadanos.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE WOLFF Gracias, señor Capello.
Díganme si estoy equivocado, pero el primero que pidió la palabra es el diputado Martínez. ¿Es así?
Díganme si estoy equivocado, pero el primero que pidió la palabra es el diputado Martínez. ¿Es así?
SRA. UCEDA No, señor presidente; el diputado José Herrera.
SR. PRESIDENTE WOLFF Perdón, el diputado Herrera, que estaba antes que Mario Capello.
Tiene la palabra el señor diputado Herrera.
Tiene la palabra el señor diputado Herrera.
SR. HERRERA Señor presidente Waldo Wolff: le agradezco mucho la posibilidad de participar de la reunión, habida cuenta de que no soy miembro de esta comisión.
He pedido participar porque estaba invitado el diputado Posse, quien iba a plantear algunas circunstancias que él considera atropellos institucionales en nuestra provincia de Santiago del Estero, la cual tengo el orgullo de representar.
El diputado Posse manifestó que no lo iba a dejar mentir; él me conoce como funcionario de la Cámara de Diputados de la provincia de Santiago del Estero. Así, señor presidente, he pedido de la palabra porque efectivamente no lo voy a dejar mentir al diputado Posse.
El diputado Posse relató que lo había interceptado la policía y no lo dejaba cumplir con sus funciones de legislador. Eso no es verdad, señor presidente. Las normas, sean cuales fueren, son para ser cumplidas. El artículo 205 del Código Penal establece un modelo de ley penal en blanco, que es integrado por normas que devienen de normas nacionales o provinciales. Es decir que las competencias son concurrentes.
No es que no haya un delito en la actitud del diputado Posse. El diputado Posse no podía circular, señor presidente, porque hay un elemento que debemos tener en cuenta y que él esconde. Tanto el decreto provincial como el nacional establecieron cuáles son las personas esenciales que podían circular. Se establecieron algunas aplicaciones virtuales con carácter de declaración jurada que autorizaban la circulación. El diputado Posse solicitó un circulando para moverse en la provincia y se le otorgó esa autorización para circular de lunes a viernes en el horario de 7 a 15 horas. Es decir, el diputado Posee se sumó y aceptó esa norma provincial y esa norma nacional, pero después la policía lo paró en un operativo de rutina y lo encontró en flagrancia, pero dijo que le prohibían actuar como diputado provincial. Nada más alejado de la realidad que esto.
El diputado Posee, en realidad, fue citado a comparecer exclusivamente por el Ministerio Fiscal -que es el titular de la acción pública- porque estaba inhabilitado para circular.
Señor presidente: tenemos que entender una cosa. Recién escuchaba al periodista -creo que es Gabriel Hernández- que decía que siempre hay que chequear la información. Natalia recién nos explicaba qué son las fake news. El diputado Posse también nos anticipó que están preparando unas fake news sobre la muerte de un muchacho de nombre Córdoba en Santiago del Estero. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, se trata de un muchacho denunciado por violencia de género que luego fue detenido. La autopsia donde intervino la Justicia determinó que murió porque tenía un problema pulmonar de carácter infeccioso, una pulmonía bilateral.
Entonces, señor presidente, están preparando estas fake news que tratan de limar la situación por la cual hoy atraviesa nuestra provincia que no es fácil gobernar en medio de una pandemia que castiga no sólo a la provincia de Santiago del Estero, sino a la Argentina y al mundo.
También hay relatos sobre muchas otras situaciones como, por ejemplo, la prohibición de marchas. El 17 de agosto el diputado Posse hizo una marcha con 10 vehículos a los bocinazos y nadie lo interrumpió ni coartó su derecho de circular. Lo que pasa, señor presidente, es que no podemos venir a mentir como él lo hace. Eso me duele como santiagueño y los comprovincianos sienten lo mismo porque este gobierno nace después de una intervención federal de la provincia donde se había denunciado violencia institucional en los gobiernos anteriores.
Nos costó mucho esfuerzo a los santiagueños tener una nueva policía que, por ejemplo, ya no es designada con el dedo, cuyos miembros surgen de las escuelas de policía, bien formadas, con nuevos recursos, con cursos, con profesionalismo, con una nueva Secretaria de Seguridad y con nuevas políticas de carácter criminal.
No puede venir a cuestionar la Justicia cuando su partido es miembro del Consejo de la Magistratura y los jueces son elegidos por esta entidad.
He pedido participar porque estaba invitado el diputado Posse, quien iba a plantear algunas circunstancias que él considera atropellos institucionales en nuestra provincia de Santiago del Estero, la cual tengo el orgullo de representar.
El diputado Posse manifestó que no lo iba a dejar mentir; él me conoce como funcionario de la Cámara de Diputados de la provincia de Santiago del Estero. Así, señor presidente, he pedido de la palabra porque efectivamente no lo voy a dejar mentir al diputado Posse.
El diputado Posse relató que lo había interceptado la policía y no lo dejaba cumplir con sus funciones de legislador. Eso no es verdad, señor presidente. Las normas, sean cuales fueren, son para ser cumplidas. El artículo 205 del Código Penal establece un modelo de ley penal en blanco, que es integrado por normas que devienen de normas nacionales o provinciales. Es decir que las competencias son concurrentes.
No es que no haya un delito en la actitud del diputado Posse. El diputado Posse no podía circular, señor presidente, porque hay un elemento que debemos tener en cuenta y que él esconde. Tanto el decreto provincial como el nacional establecieron cuáles son las personas esenciales que podían circular. Se establecieron algunas aplicaciones virtuales con carácter de declaración jurada que autorizaban la circulación. El diputado Posse solicitó un circulando para moverse en la provincia y se le otorgó esa autorización para circular de lunes a viernes en el horario de 7 a 15 horas. Es decir, el diputado Posee se sumó y aceptó esa norma provincial y esa norma nacional, pero después la policía lo paró en un operativo de rutina y lo encontró en flagrancia, pero dijo que le prohibían actuar como diputado provincial. Nada más alejado de la realidad que esto.
El diputado Posee, en realidad, fue citado a comparecer exclusivamente por el Ministerio Fiscal -que es el titular de la acción pública- porque estaba inhabilitado para circular.
Señor presidente: tenemos que entender una cosa. Recién escuchaba al periodista -creo que es Gabriel Hernández- que decía que siempre hay que chequear la información. Natalia recién nos explicaba qué son las fake news. El diputado Posse también nos anticipó que están preparando unas fake news sobre la muerte de un muchacho de nombre Córdoba en Santiago del Estero. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, se trata de un muchacho denunciado por violencia de género que luego fue detenido. La autopsia donde intervino la Justicia determinó que murió porque tenía un problema pulmonar de carácter infeccioso, una pulmonía bilateral.
Entonces, señor presidente, están preparando estas fake news que tratan de limar la situación por la cual hoy atraviesa nuestra provincia que no es fácil gobernar en medio de una pandemia que castiga no sólo a la provincia de Santiago del Estero, sino a la Argentina y al mundo.
También hay relatos sobre muchas otras situaciones como, por ejemplo, la prohibición de marchas. El 17 de agosto el diputado Posse hizo una marcha con 10 vehículos a los bocinazos y nadie lo interrumpió ni coartó su derecho de circular. Lo que pasa, señor presidente, es que no podemos venir a mentir como él lo hace. Eso me duele como santiagueño y los comprovincianos sienten lo mismo porque este gobierno nace después de una intervención federal de la provincia donde se había denunciado violencia institucional en los gobiernos anteriores.
Nos costó mucho esfuerzo a los santiagueños tener una nueva policía que, por ejemplo, ya no es designada con el dedo, cuyos miembros surgen de las escuelas de policía, bien formadas, con nuevos recursos, con cursos, con profesionalismo, con una nueva Secretaria de Seguridad y con nuevas políticas de carácter criminal.
No puede venir a cuestionar la Justicia cuando su partido es miembro del Consejo de la Magistratura y los jueces son elegidos por esta entidad.
SR. PRESIDENTE WOLFF Solicito al señor diputado que vaya cerrando.
SR. HERRERA Señor presidente: el orgullo de mi provincia es que hemos salido del sistema inquisitorio para llegar al acusatorio en 2016. Esto ya está en práctica. En 2018 tuvimos la primera sentencia con el nuevo sistema.
El diputado Posse recién decía que hoy tuvo un problema judicial. Es verdad, señor presidente, le voy a pasar a la comisión los audios del diputado Posse donde reconoce que hoy le pegó a una persona y que intervino la mujer embarazada para evitar que lo siga golpeando.
El diputado Posse ofendió al Ministerio Público haciendo videos, acusándolo y tocándose los genitales en un video. ¿Eso es un diputado provincial?
El diputado Posse recién decía que hoy tuvo un problema judicial. Es verdad, señor presidente, le voy a pasar a la comisión los audios del diputado Posse donde reconoce que hoy le pegó a una persona y que intervino la mujer embarazada para evitar que lo siga golpeando.
El diputado Posse ofendió al Ministerio Público haciendo videos, acusándolo y tocándose los genitales en un video. ¿Eso es un diputado provincial?
SR. PRESIDENTE WOLFF Señor diputado, le pido que vaya cerrando su discurso.
SR. HERRERA En Santiago del Estero gobernamos para el ciento por ciento de los santiagueños: para el 76 por ciento que nos ha votado, para el 5 por ciento que representa el diputado Posse y para el resto.
En Santiago del Estero no hay ni habrá nunca violencia institucional; hay un respeto a las garantías constitucionales. Gracias, señor presidente.
En Santiago del Estero no hay ni habrá nunca violencia institucional; hay un respeto a las garantías constitucionales. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE WOLFF Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Martínez.
Tiene la palabra el señor diputado Martínez.
SR. MARTÍNEZ (G. P.) Señor presidente: quiero sacarles un minuto porque me parece oportuno recordar una fecha importante. En el día de hoy se cumplen 25 años del Foro Argentino de Radios Comunitarias, más conocido como FARCO, que abarca a más de 90 radios populares y comunitarias de todo el país. Hoy se realizó una transmisión especial desde la cabecera que tiene Radio Encuentro, liderada por un histórico de la comunicación popular como es Néstor Busso. Además de Viedma, estuvieron conectadas también radios de Mendoza, de Rosario, de Córdoba, de Neuquén y de un montón de lugares más.
Este año es especial para el foro, porque también en el mes de febrero se cumplieron 15 años del informativo de la red FARCO de noticias. Para los que somos de la ciudad de Rosario se agregan dos elementos más. La FM Aire Libre integra la red FARCO. Esta radio es muy importante en la zona oeste de la ciudad de Rosario porque tiene una presencia social y cultural trascendente a través de la muy querida biblioteca popular Cachilo, que hoy cumple 20 años. Por lo tanto, hay una cantidad importante de efemérides.
Señor presidente: quería acercar estas efemérides porque el derecho a una comunicación democrática es fundamental para la libertad de expresión. Por lo tanto, felicito a FARCO por estos 25 años de vida.
Este año es especial para el foro, porque también en el mes de febrero se cumplieron 15 años del informativo de la red FARCO de noticias. Para los que somos de la ciudad de Rosario se agregan dos elementos más. La FM Aire Libre integra la red FARCO. Esta radio es muy importante en la zona oeste de la ciudad de Rosario porque tiene una presencia social y cultural trascendente a través de la muy querida biblioteca popular Cachilo, que hoy cumple 20 años. Por lo tanto, hay una cantidad importante de efemérides.
Señor presidente: quería acercar estas efemérides porque el derecho a una comunicación democrática es fundamental para la libertad de expresión. Por lo tanto, felicito a FARCO por estos 25 años de vida.
SR. PRESIDENTE WOLFF Gracias, diputado. Le propongo que nos acerque un proyecto de declaración para evaluarlo.
Tiene la palabra el señor diputado Patiño.
Tiene la palabra el señor diputado Patiño.
SR. PATIÑO Señor presidente: solamente quiero hacer algunas apreciaciones conceptuales luego de haber escuchado todos los testimonios.
En esta comisión estamos para velar por la libertad de expresión. Como diputados juramos por la Constitución y en definitiva integramos un Congreso de la Nación donde nuestra principal función es el control republicano de las acciones del Poder Ejecutivo.
Me resulta raro pensar que debemos regular o controlar a los privados en el sentido de si emiten alguna información que podría ser considerada fake news, cuando el sentido de esta comisión es el control al Estado para defender al ciudadano en su derecho a expresarse libremente. Esto me llama la atención. Me parece una nueva doctrina, que estaría bueno pensar esto de defender la libertad de expresión controlando al ciudadano. La verdad, como mínimo me parece raro. Nunca lo pensé así. El parlamentarismo en el mundo nació de una manera diferente. Los congresos existen por otra razón y la Constitución Nacional por la que todos juramos existe por otro motivo.
Somos los representantes de los ciudadanos y como tales tenemos que defenderlos ante los atropellos del Estado. En este caso puede ser un atropello del Poder Ejecutivo nacional, provincial o de quien sea.
Estamos escuchando testimonios de ciudadanos que son perseguidos de alguna manera por sus opiniones. En definitiva, es lo que pensé que íbamos a estar haciendo en esta comisión. Espero ordenarla metodológicamente en el tiempo para entender bien cuáles son los temas que estamos tratando.
Entiendo que las fake news pueden ser un inconveniente, pero no sé si es propio de esta comisión tratar estos temas.
Con mucho respeto, también escuché el tema del trato que tienen las empresas periodísticas con sus periodistas, que me parece preocupante, pero no por eso voy a soslayar que estamos acá para defender a los ciudadanos ante el atropello del Estado en el nivel que sea. Nada más, señor presidente.
En esta comisión estamos para velar por la libertad de expresión. Como diputados juramos por la Constitución y en definitiva integramos un Congreso de la Nación donde nuestra principal función es el control republicano de las acciones del Poder Ejecutivo.
Me resulta raro pensar que debemos regular o controlar a los privados en el sentido de si emiten alguna información que podría ser considerada fake news, cuando el sentido de esta comisión es el control al Estado para defender al ciudadano en su derecho a expresarse libremente. Esto me llama la atención. Me parece una nueva doctrina, que estaría bueno pensar esto de defender la libertad de expresión controlando al ciudadano. La verdad, como mínimo me parece raro. Nunca lo pensé así. El parlamentarismo en el mundo nació de una manera diferente. Los congresos existen por otra razón y la Constitución Nacional por la que todos juramos existe por otro motivo.
Somos los representantes de los ciudadanos y como tales tenemos que defenderlos ante los atropellos del Estado. En este caso puede ser un atropello del Poder Ejecutivo nacional, provincial o de quien sea.
Estamos escuchando testimonios de ciudadanos que son perseguidos de alguna manera por sus opiniones. En definitiva, es lo que pensé que íbamos a estar haciendo en esta comisión. Espero ordenarla metodológicamente en el tiempo para entender bien cuáles son los temas que estamos tratando.
Entiendo que las fake news pueden ser un inconveniente, pero no sé si es propio de esta comisión tratar estos temas.
Con mucho respeto, también escuché el tema del trato que tienen las empresas periodísticas con sus periodistas, que me parece preocupante, pero no por eso voy a soslayar que estamos acá para defender a los ciudadanos ante el atropello del Estado en el nivel que sea. Nada más, señor presidente.
SR. PRESIDENTE WOLFF Les pido a los diputados que deseen hacer uso de la palabra que se anoten a través del chat. Esa es la metodología.
Como algunos me han escrito por mensajes privados -quiero ser transparente con el orden- les pido que se anoten en el chat, como siempre lo hacemos. Yo no tengo ningún otro orador anotado, así que aquellos que se han anotado a través de mensajes privados, les pido que lo hagan ahora para hablar.
Tiene la palabra el diputado Gustavo Menna.
Como algunos me han escrito por mensajes privados -quiero ser transparente con el orden- les pido que se anoten en el chat, como siempre lo hacemos. Yo no tengo ningún otro orador anotado, así que aquellos que se han anotado a través de mensajes privados, les pido que lo hagan ahora para hablar.
Tiene la palabra el diputado Gustavo Menna.
SR. MENNA Señor presidente: en realidad pedí la palabra para referirme a la intervención del diputado provincial por Santiago del Estero, porque me llamaron la atención sus consideraciones y creo que debo manifestarlo.
Según entendí, él defiende la potestad de los poderes públicos de disponer el arresto y la privación de la libertad de un legislador provincial por estar circulando por el territorio de su provincia. Y llamativamente cita y reconoce la existencia de un decreto -podríamos hacer otro debate para analizar la procedencia de estos decretos restrictivos de la circulación, el marco en el que se han dictado y demás- sobre el cual él mismo ha admitido que reconoce excepciones.
Una de ellas justamente es para las autoridades superiores de los distintos poderes del Estado en todos los niveles: federal, provincial y municipal. Él mismo la admite y está en los sucesivos decretos que se han dictado desde aquel decreto 297, del 19 de marzo de este año. De manera tal que me llama la atención que esté condicionando una garantía institucional sobre esta libertad -que está en la Constitución nacional y en las provinciales- que, como no podía ser de otra manera, ese decreto reconoce.
Aducir el hecho de que está cargado en una aplicación, como si fuese una limitación a esa prerrogativa, o una cuestión de horario, o que -según su parecer- esta garantía vendría a estar vigente de lunes a viernes, y en horario hábil, me parece grave.
Además, me parece que esto implica desconocer que todos los días, o periódicamente, vemos a funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y de muchas provincias desplazarse por todo el territorio de la Nación, a cualquier hora, en horario hábil y no hábil, de lunes a domingo, y van a las provincias.
Sin ir más lejos, ayer estuvo aquí, en la provincia del Chubut, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aquí tenemos una normativa provincial que establece una cuarentena de catorce días para quienes vienen desde distintos distritos que están con circulación comunitaria. Vienen ministros nacionales, también vino la ministra de Seguridad la semana pasada pero no permanecen catorce días en cuarentena aquí.
Yo le quiero manifestar, señor presidente, que en la oportunidad que nos trasladamos por tierra a Buenos Aires para pedir por la reapertura de la Cámara, al volver, tuvimos que hacer esa cuarentena. Sin embargo, los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional se desplazan libremente.
Desconozco si funcionarios del gobierno nacional han ido a la provincia de Santiago del Estero, pero según lo que ha manifestado recientemente el diputado cada uno de ellos deberían estar también sometidos a esos comparendos a los que hace referencia el diputado Posse porque, de lo contrario, estaríamos juzgando esta situación con una doble vara.
Obviamente, entiendo que esa es justamente una excepción fundada en normas de rango superior, como lo es la Constitución.
Simplemente quería manifestar mi postura -discúlpeme la irrupción- porque en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con la materia de libertad de expresión creo que ha quedado todo muy claro en las posiciones expuestas. Pero me parece que justamente, las prerrogativas parlamentarias no son privilegios puestos en función de las personas. Considero que en el funcionamiento y el desenvolvimiento libre de una institución basal de la democracia y del Estado de derecho, como son los parlamentos, no podemos permitir ni aceptar que esas libertades se coarten, y mucho menos cuando a funcionarios de otros poderes del Estado no se le imponen las mismas restricciones.
Hemos visto fotografías de funcionarios del Poder Ejecutivo con personas alrededor, circulando por todo el territorio nacional a cualquier hora, de manera tal que no podía dejar de expresar mi punto de vista.
Según entendí, él defiende la potestad de los poderes públicos de disponer el arresto y la privación de la libertad de un legislador provincial por estar circulando por el territorio de su provincia. Y llamativamente cita y reconoce la existencia de un decreto -podríamos hacer otro debate para analizar la procedencia de estos decretos restrictivos de la circulación, el marco en el que se han dictado y demás- sobre el cual él mismo ha admitido que reconoce excepciones.
Una de ellas justamente es para las autoridades superiores de los distintos poderes del Estado en todos los niveles: federal, provincial y municipal. Él mismo la admite y está en los sucesivos decretos que se han dictado desde aquel decreto 297, del 19 de marzo de este año. De manera tal que me llama la atención que esté condicionando una garantía institucional sobre esta libertad -que está en la Constitución nacional y en las provinciales- que, como no podía ser de otra manera, ese decreto reconoce.
Aducir el hecho de que está cargado en una aplicación, como si fuese una limitación a esa prerrogativa, o una cuestión de horario, o que -según su parecer- esta garantía vendría a estar vigente de lunes a viernes, y en horario hábil, me parece grave.
Además, me parece que esto implica desconocer que todos los días, o periódicamente, vemos a funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y de muchas provincias desplazarse por todo el territorio de la Nación, a cualquier hora, en horario hábil y no hábil, de lunes a domingo, y van a las provincias.
Sin ir más lejos, ayer estuvo aquí, en la provincia del Chubut, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aquí tenemos una normativa provincial que establece una cuarentena de catorce días para quienes vienen desde distintos distritos que están con circulación comunitaria. Vienen ministros nacionales, también vino la ministra de Seguridad la semana pasada pero no permanecen catorce días en cuarentena aquí.
Yo le quiero manifestar, señor presidente, que en la oportunidad que nos trasladamos por tierra a Buenos Aires para pedir por la reapertura de la Cámara, al volver, tuvimos que hacer esa cuarentena. Sin embargo, los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional se desplazan libremente.
Desconozco si funcionarios del gobierno nacional han ido a la provincia de Santiago del Estero, pero según lo que ha manifestado recientemente el diputado cada uno de ellos deberían estar también sometidos a esos comparendos a los que hace referencia el diputado Posse porque, de lo contrario, estaríamos juzgando esta situación con una doble vara.
Obviamente, entiendo que esa es justamente una excepción fundada en normas de rango superior, como lo es la Constitución.
Simplemente quería manifestar mi postura -discúlpeme la irrupción- porque en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con la materia de libertad de expresión creo que ha quedado todo muy claro en las posiciones expuestas. Pero me parece que justamente, las prerrogativas parlamentarias no son privilegios puestos en función de las personas. Considero que en el funcionamiento y el desenvolvimiento libre de una institución basal de la democracia y del Estado de derecho, como son los parlamentos, no podemos permitir ni aceptar que esas libertades se coarten, y mucho menos cuando a funcionarios de otros poderes del Estado no se le imponen las mismas restricciones.
Hemos visto fotografías de funcionarios del Poder Ejecutivo con personas alrededor, circulando por todo el territorio nacional a cualquier hora, de manera tal que no podía dejar de expresar mi punto de vista.
SR. PRESIDENTE WOLFF El diputado Buryaile me pregunta si puede hablar. Por supuesto, diputado, es la comisión de Libertad de Expresión: todos los diputados pueden hablar. No tiene voto porque hoy no se vota nada.
Le comento al invitado, el diputado Posse, quien me ha pedido la palabra para responder, que la mecánica que hemos diagramado con la diputada Uceda es evitar entrar en debate. Me parece que esta es una instancia superadora. Cada uno se ha expresado y ustedes tienen la posibilidad de seguir el debate por otros medios. En todo caso, en otro momento lo veremos.
Les pido también que no utilicemos el chat para respondernos entre nosotros. Todos nos venimos expresando con respeto y, en todo caso, este tema dará para seguir en otros momentos, sobre todo, cuando se levante la cuarentena y de manera presencial.
Así que, dicho esto, tengo anotado para hacer uso de la palabra al diputado Buryaile y después a la diputada Moisés.
Tiene la palabra el diputado Buryaile.
Le comento al invitado, el diputado Posse, quien me ha pedido la palabra para responder, que la mecánica que hemos diagramado con la diputada Uceda es evitar entrar en debate. Me parece que esta es una instancia superadora. Cada uno se ha expresado y ustedes tienen la posibilidad de seguir el debate por otros medios. En todo caso, en otro momento lo veremos.
Les pido también que no utilicemos el chat para respondernos entre nosotros. Todos nos venimos expresando con respeto y, en todo caso, este tema dará para seguir en otros momentos, sobre todo, cuando se levante la cuarentena y de manera presencial.
Así que, dicho esto, tengo anotado para hacer uso de la palabra al diputado Buryaile y después a la diputada Moisés.
Tiene la palabra el diputado Buryaile.
SR. BURYAILE ¿Me escucha bien? ¿Me escucha, presidente?
SR. PRESIDENTE WOLFF Sí, perfecto. Todos lo escuchamos.
SR. BURYAILE Si ve una luz de fondo es porque estoy en una casa en el medio del campo.
Quiero agradecerle la oportunidad que me da. Yo no pertenezco a la comisión, pero conozco el caso del doctor Hernández y de la señora Paola Cóspito. Los conozco a ambos, quienes se encuentran presentes en esta reunión.
No recuerdo bien si Hernández expresó que, además de ellos dos, hay otro periodista que transcribió la noticia que se produjo en la radio y que también está siendo condenado a pagar una suma millonaria por haber transcripto lo que fue la noticia y la expresión de una persona.
Es muy difícil tener libertad de expresión en Formosa. Para cada uno de los que estamos en el interior es muy difícil ir a un lugar y no poder tener acceso a los medios porque están copados por el oficialismo, pero yo soy respetuoso. Así como los periodistas pueden entrevistar a quienes quieren, los dueños de los medios nos entrevistan, o no, pero Formosa es un lugar muy hostil para la libertad de expresión.
Hace algún tiempo yo mismo he sido acusado vilmente por algún medio de cometer un delito. Me denunciaron en la justicia federal pero por suerte fui sobreseído.
Quiero decir que el doctor Hernández, y los periodistas que simplemente pusieron al aire a una persona, -es algo que sucede muy comúnmente en cualquier medio en la provincia de Formosa- tienen que hacerse responsables. Esto constituye un grave antecedente para la libertad de expresión.
No se puede condenar a alguien porque tuvo la osadía de confiar en la audiencia. Lo conozco, sé de su hombría de bien y creo que este caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Todos quienes ejercen el periodismo debieran tener muy en cuenta esto porque lamentablemente, si este fallo prospera, no solo van a ser responsables de sus opiniones, sino que también van a serlo por no rebatir la opinión de un entrevistado.
Por lo tanto -no sé cuál es el trámite, presidente-, pero creo que casos como éste o como otros que se han expresado en relación con otros lugares de la Argentina, no pueden pasar desapercibidos.
Lo que tiene que estar por encima de todo es la Constitución Nacional. En la Carta Magna uno de los conceptos fundamentales para que exista la libertad es la libertad de expresión. Por lo tanto, si perdemos la libertad de expresión, perdemos la libertad.
Este es un caso emblemático que debemos acompañar. Debemos velar por todos los medios para que no se cometa la injusticia de hacer responsable al conductor de un programa por algo que dijo otra persona al aire, aun cuando esta haya cometido una tropelía en la información u opinión que dio.
Quiero agradecerle la oportunidad que me da. Yo no pertenezco a la comisión, pero conozco el caso del doctor Hernández y de la señora Paola Cóspito. Los conozco a ambos, quienes se encuentran presentes en esta reunión.
No recuerdo bien si Hernández expresó que, además de ellos dos, hay otro periodista que transcribió la noticia que se produjo en la radio y que también está siendo condenado a pagar una suma millonaria por haber transcripto lo que fue la noticia y la expresión de una persona.
Es muy difícil tener libertad de expresión en Formosa. Para cada uno de los que estamos en el interior es muy difícil ir a un lugar y no poder tener acceso a los medios porque están copados por el oficialismo, pero yo soy respetuoso. Así como los periodistas pueden entrevistar a quienes quieren, los dueños de los medios nos entrevistan, o no, pero Formosa es un lugar muy hostil para la libertad de expresión.
Hace algún tiempo yo mismo he sido acusado vilmente por algún medio de cometer un delito. Me denunciaron en la justicia federal pero por suerte fui sobreseído.
Quiero decir que el doctor Hernández, y los periodistas que simplemente pusieron al aire a una persona, -es algo que sucede muy comúnmente en cualquier medio en la provincia de Formosa- tienen que hacerse responsables. Esto constituye un grave antecedente para la libertad de expresión.
No se puede condenar a alguien porque tuvo la osadía de confiar en la audiencia. Lo conozco, sé de su hombría de bien y creo que este caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Todos quienes ejercen el periodismo debieran tener muy en cuenta esto porque lamentablemente, si este fallo prospera, no solo van a ser responsables de sus opiniones, sino que también van a serlo por no rebatir la opinión de un entrevistado.
Por lo tanto -no sé cuál es el trámite, presidente-, pero creo que casos como éste o como otros que se han expresado en relación con otros lugares de la Argentina, no pueden pasar desapercibidos.
Lo que tiene que estar por encima de todo es la Constitución Nacional. En la Carta Magna uno de los conceptos fundamentales para que exista la libertad es la libertad de expresión. Por lo tanto, si perdemos la libertad de expresión, perdemos la libertad.
Este es un caso emblemático que debemos acompañar. Debemos velar por todos los medios para que no se cometa la injusticia de hacer responsable al conductor de un programa por algo que dijo otra persona al aire, aun cuando esta haya cometido una tropelía en la información u opinión que dio.
SR. PRESIDENTE WOLFF Gracias, diputado Buryaile.
Tiene la palabra la diputada Moisés.
Tiene la palabra la diputada Moisés.
SRA. MOISÉS Buenas tardes a todos y a todas.
Es muy bueno que podamos escuchar las expresiones de los periodistas y de los medios. Quiero agradecerles a las autoridades de la comisión, al diputado Wolff y a Marisa especialmente, por permitir la participación de los dos periodistas de Jujuy: Gabriela Tijman y Enrique Córdoba. Gracias también a ellos por participar.
Como un aporte a las expresiones que se vertieron, quiero decir que estamos para defender a los ciudadanos. El tema es de qué los defendemos. Uno de los legisladores dijo que debíamos defenderlos de los atropellos del Estado. Seguramente que sí. El Estado debe ser el que más tiene que trabajar en esto. Por eso tenemos la Defensoría del Público, el Enacom y los distintos organismos que deben garantizar la libertad de expresión y la posibilidad de que los medios de comunicación y los periodistas puedan ejercer esa libertad con todos los derechos que ello implica. Pero el debate está también en la responsabilidad de informar verazmente, con acceso a las fuentes, y en que esa libertad esté enmarcada en esa responsabilidad.
La responsabilidad no es solamente del Estado, sino también de los otros poderes. Está la responsabilidad de la Justicia de actuar en calumnias e injurias y en daños y perjuicios, porque es muy grave lo que a veces sucede en los medios de comunicación, ya que los efectos después no se pueden revertir.
Pienso que tenemos que fijarnos sobre todo en los más vulnerables, que en definitiva es el público. ¿A quién tenemos que defender? Al público. A los ciudadanos y ciudadanas que escuchan y que deben tener el derecho de escuchar todas las voces. Pero todas esas voces que nosotros debemos garantizar que tengan sus canales de expresión también tienen que estar limitadas en términos de un criterio de responsabilidad. Los medios de comunicación son empresas que representan intereses. Las agencias de publicidad que contratan en muchos casos no se dedican a la publicidad -al menos en términos de vender un producto- sino a bloquear información. Hay agentes privados que representan a empresas y a sectores políticos muy importantes justamente para que no se hable de sus clientes, o para que no se hable de determinados referentes políticos; en definitiva, para que no se muestre la información de ciertos lugares.
Escuché atentamente los casos de Santiago del Estero y Formosa. Seguramente los legisladores de esta comisión tendremos que adoptar criterios para velar que estos casos se resuelvan de otra manera. Pero no es distinto a lo que pasa en Jujuy. De hecho, lo que pasa allí es peor. Los periodistas jujeños ya lo han expresado.
Acá, en Jujuy, así como en muchos otros lugares, los medios están cooptados por la pauta provincial del gobierno provincial. El gobernador y sus funcionarios no permiten que los periodistas ejerzan su función debido a que hay intereses por detrás que establecen que los medios de comunicación sean usados por aquellos que pagan la pauta. Mientras tanto, hay muchas personas que no pueden expresarse.
Es en las redes sociales, que es el ámbito donde quizás la gente puede expresarse más, donde se ha podido echar luz sobre la realidad de la pandemia en la provincia de Jujuy, ya que en los medios se está tapando esta circunstancia extrema y grave que estamos viviendo, se informan erróneamente los datos y no hay transparencia en el uso de la información.
Tenemos mucha tarea por hacer en esta comisión. Pero la tarea fundamental es que en el debate nos pongamos de acuerdo sobre la necesidad de este equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad de quienes se expresan. No solamente me refiero a los medios y a los periodistas. A los diputados nacionales también. Vemos cómo a veces hay diputados que recorren medios de comunicación con el fin de instalar realidades que no existen y noticias que no son. A veces multiplican versiones de una realidad que no es, aunque lamentablemente hay que decir que a menudo la realidad es más fuerte que esas versiones.
Por tanto, nuestro rol es buscar los criterios adecuados para que puedan ser aplicados desde los tres poderes del Estado, pero también desde el control de los medios de comunicación, tal como lo establece nuestra ley de comunicación audiovisual.
La compañera que hizo la presentación ha sido muy clara en relación a cómo se difunde y se distorsiona la información. En efecto, se distorsiona el sentido que reciben los ciudadanos y ciudadanas, cuando en realidad tendríamos que procurar que reciban una información ética, veraz y responsable. Porque es muy rico que todos podamos expresarnos y que los periodistas del interior también puedan mostrar lo que piensan.
Veamos cuál es nuestra contradicción, la de los legisladores. Es así. Muchas veces somos contradictorios. Varios diputados cuestionaron la realidad de Formosa y de Santiago del Estero, pero después justifican la posición de medios de comunicación como Clarín y su multimedio, que es el ejemplo exponencial de cómo se mal utiliza el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión.
Es muy bueno que podamos escuchar las expresiones de los periodistas y de los medios. Quiero agradecerles a las autoridades de la comisión, al diputado Wolff y a Marisa especialmente, por permitir la participación de los dos periodistas de Jujuy: Gabriela Tijman y Enrique Córdoba. Gracias también a ellos por participar.
Como un aporte a las expresiones que se vertieron, quiero decir que estamos para defender a los ciudadanos. El tema es de qué los defendemos. Uno de los legisladores dijo que debíamos defenderlos de los atropellos del Estado. Seguramente que sí. El Estado debe ser el que más tiene que trabajar en esto. Por eso tenemos la Defensoría del Público, el Enacom y los distintos organismos que deben garantizar la libertad de expresión y la posibilidad de que los medios de comunicación y los periodistas puedan ejercer esa libertad con todos los derechos que ello implica. Pero el debate está también en la responsabilidad de informar verazmente, con acceso a las fuentes, y en que esa libertad esté enmarcada en esa responsabilidad.
La responsabilidad no es solamente del Estado, sino también de los otros poderes. Está la responsabilidad de la Justicia de actuar en calumnias e injurias y en daños y perjuicios, porque es muy grave lo que a veces sucede en los medios de comunicación, ya que los efectos después no se pueden revertir.
Pienso que tenemos que fijarnos sobre todo en los más vulnerables, que en definitiva es el público. ¿A quién tenemos que defender? Al público. A los ciudadanos y ciudadanas que escuchan y que deben tener el derecho de escuchar todas las voces. Pero todas esas voces que nosotros debemos garantizar que tengan sus canales de expresión también tienen que estar limitadas en términos de un criterio de responsabilidad. Los medios de comunicación son empresas que representan intereses. Las agencias de publicidad que contratan en muchos casos no se dedican a la publicidad -al menos en términos de vender un producto- sino a bloquear información. Hay agentes privados que representan a empresas y a sectores políticos muy importantes justamente para que no se hable de sus clientes, o para que no se hable de determinados referentes políticos; en definitiva, para que no se muestre la información de ciertos lugares.
Escuché atentamente los casos de Santiago del Estero y Formosa. Seguramente los legisladores de esta comisión tendremos que adoptar criterios para velar que estos casos se resuelvan de otra manera. Pero no es distinto a lo que pasa en Jujuy. De hecho, lo que pasa allí es peor. Los periodistas jujeños ya lo han expresado.
Acá, en Jujuy, así como en muchos otros lugares, los medios están cooptados por la pauta provincial del gobierno provincial. El gobernador y sus funcionarios no permiten que los periodistas ejerzan su función debido a que hay intereses por detrás que establecen que los medios de comunicación sean usados por aquellos que pagan la pauta. Mientras tanto, hay muchas personas que no pueden expresarse.
Es en las redes sociales, que es el ámbito donde quizás la gente puede expresarse más, donde se ha podido echar luz sobre la realidad de la pandemia en la provincia de Jujuy, ya que en los medios se está tapando esta circunstancia extrema y grave que estamos viviendo, se informan erróneamente los datos y no hay transparencia en el uso de la información.
Tenemos mucha tarea por hacer en esta comisión. Pero la tarea fundamental es que en el debate nos pongamos de acuerdo sobre la necesidad de este equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad de quienes se expresan. No solamente me refiero a los medios y a los periodistas. A los diputados nacionales también. Vemos cómo a veces hay diputados que recorren medios de comunicación con el fin de instalar realidades que no existen y noticias que no son. A veces multiplican versiones de una realidad que no es, aunque lamentablemente hay que decir que a menudo la realidad es más fuerte que esas versiones.
Por tanto, nuestro rol es buscar los criterios adecuados para que puedan ser aplicados desde los tres poderes del Estado, pero también desde el control de los medios de comunicación, tal como lo establece nuestra ley de comunicación audiovisual.
La compañera que hizo la presentación ha sido muy clara en relación a cómo se difunde y se distorsiona la información. En efecto, se distorsiona el sentido que reciben los ciudadanos y ciudadanas, cuando en realidad tendríamos que procurar que reciban una información ética, veraz y responsable. Porque es muy rico que todos podamos expresarnos y que los periodistas del interior también puedan mostrar lo que piensan.
Veamos cuál es nuestra contradicción, la de los legisladores. Es así. Muchas veces somos contradictorios. Varios diputados cuestionaron la realidad de Formosa y de Santiago del Estero, pero después justifican la posición de medios de comunicación como Clarín y su multimedio, que es el ejemplo exponencial de cómo se mal utiliza el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión.
SR. PRESIDENTE WOLFF Gracias, diputada Moisés.
Tiene la palabra el diputado Cacace.
Tiene la palabra el diputado Cacace.
SR. CACACE Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero destacar la importancia de lo que está ocurriendo en la comisión por el trabajo que se está llevando adelante y a usted, señor presidente, por hacer el seguimiento de los casos en las provincias.
Coincido con lo que decía hace un momento el diputado Buryaile sobre la preocupación de que muchas veces los estándares de protección de la libertad de expresión en las provincias son menores en función de que la sociedad civil a veces no es tan fuerte ni está tan atenta para denunciar y seguir las violaciones a la libertad de expresión y la posibilidad de los medios de trabajar. También hay mayores restricciones directas a través de hostigamientos y amenazas por parte de algunos gobiernos provinciales, así como indirectas a partir de la utilización de la pauta oficial.
En ese sentido, me parece muy importante que se haya escuchado y hecho el seguimiento de la situación en la provincia de San Luis y que estuviera el periodista Diego Masci para exponerlo. Debo decir muy claramente que lo que sucedió en San Luis no ocurriría en ninguna democracia liberal; es decir, condenar a un periodista por reportar lo que hace un funcionario público no estaría sujeto a delito en ninguna parte.
Es conocida la jurisprudencia del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los estándares de protección en distintos países que los funcionarios públicos tenemos que saber. De algún modo estamos sometidos al escrutinio público y no podemos apelar al derecho al honor de la misma forma que lo hace cualquier ciudadano.
Entiendo lo que decía recién la diputada sobre la responsabilidad de los medios de informar y de cómo se debe proteger a los ciudadanos, pero cuando estamos hablando de funcionarios públicos -como en el caso de San Luis- debe existir libertad de los medios para informar, porque eso hace al interés de los ciudadanos por acceder a la información pública.
Entonces quiero resaltar esto y pedir que en alguna instancia hagamos un pronunciamiento respecto de lo que ha ocurrido en mi provincia. Porque realmente el hecho de que haya una condena a un periodista por informar lo que hace un funcionario público vulnera, como digo, el derecho de los ciudadanos a estar informados y realmente es un atentado a la libertad de expresión.
Así que, les agradezco que se haya escuchado esta situación. Llamemos la atención sobre el punto y busquemos que esto no suceda en el ámbito de nuestras provincias argentinas. Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero destacar la importancia de lo que está ocurriendo en la comisión por el trabajo que se está llevando adelante y a usted, señor presidente, por hacer el seguimiento de los casos en las provincias.
Coincido con lo que decía hace un momento el diputado Buryaile sobre la preocupación de que muchas veces los estándares de protección de la libertad de expresión en las provincias son menores en función de que la sociedad civil a veces no es tan fuerte ni está tan atenta para denunciar y seguir las violaciones a la libertad de expresión y la posibilidad de los medios de trabajar. También hay mayores restricciones directas a través de hostigamientos y amenazas por parte de algunos gobiernos provinciales, así como indirectas a partir de la utilización de la pauta oficial.
En ese sentido, me parece muy importante que se haya escuchado y hecho el seguimiento de la situación en la provincia de San Luis y que estuviera el periodista Diego Masci para exponerlo. Debo decir muy claramente que lo que sucedió en San Luis no ocurriría en ninguna democracia liberal; es decir, condenar a un periodista por reportar lo que hace un funcionario público no estaría sujeto a delito en ninguna parte.
Es conocida la jurisprudencia del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los estándares de protección en distintos países que los funcionarios públicos tenemos que saber. De algún modo estamos sometidos al escrutinio público y no podemos apelar al derecho al honor de la misma forma que lo hace cualquier ciudadano.
Entiendo lo que decía recién la diputada sobre la responsabilidad de los medios de informar y de cómo se debe proteger a los ciudadanos, pero cuando estamos hablando de funcionarios públicos -como en el caso de San Luis- debe existir libertad de los medios para informar, porque eso hace al interés de los ciudadanos por acceder a la información pública.
Entonces quiero resaltar esto y pedir que en alguna instancia hagamos un pronunciamiento respecto de lo que ha ocurrido en mi provincia. Porque realmente el hecho de que haya una condena a un periodista por informar lo que hace un funcionario público vulnera, como digo, el derecho de los ciudadanos a estar informados y realmente es un atentado a la libertad de expresión.
Así que, les agradezco que se haya escuchado esta situación. Llamemos la atención sobre el punto y busquemos que esto no suceda en el ámbito de nuestras provincias argentinas. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE WOLFF Gracias, señor diputado Cacace.
Nuestra invitada Beatriz Devechi me pidió reproducir el audio ya que antes no lo habíamos hecho. Le pediría, por respeto al diputado Posse -a quien no se le ha permitido hacerlo- que si quiere me lo haga llegar y yo se lo reenvío por mail a todos los miembros de la comisión para que lo escuchen, estimada Beatriz, pero me parece que no es el momento.
Le pido disculpas, y háganoslo llegar; de todas maneras, lamentablemente la gran mayoría de nosotros ha escuchado ese audio porque fue viral. Usted lo sabe. Entonces, le reitero que nos lo haga llegar. Vamos a cumplir con el mandato de que lo escuchen todos los miembros de la comisión.
Tiene la palabra la diputada Banfi.
Nuestra invitada Beatriz Devechi me pidió reproducir el audio ya que antes no lo habíamos hecho. Le pediría, por respeto al diputado Posse -a quien no se le ha permitido hacerlo- que si quiere me lo haga llegar y yo se lo reenvío por mail a todos los miembros de la comisión para que lo escuchen, estimada Beatriz, pero me parece que no es el momento.
Le pido disculpas, y háganoslo llegar; de todas maneras, lamentablemente la gran mayoría de nosotros ha escuchado ese audio porque fue viral. Usted lo sabe. Entonces, le reitero que nos lo haga llegar. Vamos a cumplir con el mandato de que lo escuchen todos los miembros de la comisión.
Tiene la palabra la diputada Banfi.
SRA. BANFI En primer lugar, quiero agradecerle, señor presidente, por esta convocatoria.
Como decía el diputado preopinante esta convocatoria muy federal es muy importante para conocer y tener una visión clara de qué sucede con el ejercicio de los derechos humanos y el derecho de la libertad de expresión en todo el territorio de la Nación. Hay que tener en cuenta que el ejercicio de los derechos humanos no tiene jurisdicción, es decir, tiene un carácter interjurisdiccional y la posibilidad principalmente de que sea una política de Estado, ya que el Estado es el que respeta y tiene la observancia de la no objeción para el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de los ciudadanos.
En función de eso me parece que hay algunas cuestiones que es importante destacar. Primero, quiero solidarizarme con todos los periodistas que han estado hoy por aquellos arrebatos principalmente; hay una modalidad que penetra en cómo va operando la censura y la autocensura en donde tiene principalmente un efecto patrimonial.
Veíamos eso en el caso de la periodista Silvia Martínez Cassina, con quien me solidarizo, porque además tiene condiciones que blindan la posibilidad de que pierda su trabajo como gremialista, como sindicalista, como representante de las organizaciones sindicales. Ese carácter tiene que ser respetado y espero que tenga un proceso justo en la Justicia y que realmente le puedan reconocer su derecho que ha sido violentado, y no importa dónde. Me parece que nosotros debemos tener muy claro ese punto.
Además, siendo mujer se agrega el hecho de la violencia machista que los medios de comunicación lamentablemente no están ajenos. Venimos haciendo un trabajo importante en la comisión bicameral de la ENACOM y en la de Comunicaciones e Informática, con agenda de trabajo junto a la Comisión de las Mujeres y Diversidad para que los medios de comunicación tengan buenas prácticas con respecto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
En ese sentido, volviendo al punto patrimonial, vemos cómo impacta la censura y la autocensura en el patrimonio. Escuchamos el caso de Masci, de Hernández, de Capello, de Martínez Cassina porque perdió su trabajo.
Norma: no sé si perdiste tu trabajo; entiendo que sí. Perdoname que justo me llamaron y no puede estar atenta, pero me imagino que debe haber sido muy difícil continuar el ejercicio de tu trabajo y lo que implica estar en boca de todos. En función de eso justamente la libertad de prensa merece que tenga las garantías de parte del Estado para ejercer libremente, porque tienen un nivel de exposición mucho más alto.
Hay que recordar algo que es muy importante para la Argentina. En el año 2010 nuestro país se allanó en el caso Kimel. Se trataba de un caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se terminó con el carácter punitivo de la calumnia e injuria. Creo que la Argentina fue superador, principalmente porque es un fallo ejemplar que determina que nosotros no tenemos que usar el Código Penal ni la persecución penal sobre la expresión y que quede en las instancias privadas de los ciudadanos cualquier tipo de injerencia o afectación al honor.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay un ciudadano que se ve afectado en su patrimonio porque ya no pueden meterlo preso? A Hernández el gobernador Insfrán no lo puede meter preso, pero sí puede hacerle un juicio por daños y perjuicios porque en el fallo Kimel faltó algo, que fue uno de los compromisos de la Argentina.
En este tema, señor presidente, le pido que en esta Comisión de Libertad de Expresión junto con la de Legislación General trabajemos un proyecto -yo presenté uno en el año 2017- por el que los funcionarios públicos no puedan iniciarles juicios por daños y perjuicios a los periodistas. ¿Por qué? Porque tienen otras herramientas. Nosotros, los funcionarios públicos, tenemos otras herramientas, y si queremos iniciarle un juicio tenemos que demostrar la real malicia.
Debemos empezar a utilizar esas herramientas que tiene el régimen jurídico argentino justamente para evitar que exista este derrotero judicial que tiene que atravesar un periodista con el patrimonio de un trabajador común y corriente, como son los casos de Martínez Cassina, Hernández y Masci que tienen que ir a la Justicia porque un ministro, un gobernador o un presidente lo somete a un proceso judicial. Esto es parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nosotros estamos en deuda. Tenemos varios casos y vamos a tener muchos más, porque además ha proliferado la posibilidad de iniciar desde el lugar de funcionarios públicos denuncias por daños y perjuicios o lo que se denomina aquellas incumbencias a nuestro honor.
Nosotros podemos pedir el derecho a réplica, podemos utilizar el elemento resarcitorio que tiene el derecho justamente para evitar que se dañe el patrimonio durante todo este proceso. Y si alguna persona realmente incurrió en las responsabilidades ulteriores de lo que expresó, estaremos en una instancia donde deben resarcirse unos con otros; eso es lo que contempla la ley.
¿Qué quiero decir con esto? Hay un desequilibrio que tenemos que ordenar. Hay proyectos que buscan equilibrar esa situación entre lo que se expresa y la responsabilidad ulterior, y el Poder Judicial es el único que podría determinar esto.
Por último, y para terminar, solamente quiero hacer una salvedad con respecto a lo que dijo el diputado preopinante sobre Santiago del Estero.
Rodrigo Etchudez es un músico y Pilar Cegna, una médica de Santiago del Estero. Fueron perseguidos por la policía a través del ciberpatrullaje por lo que expresaban en sus redes sociales. Ella fue amenazada de ir presa si asistía a una marcha y él fue detenido porque hizo manifestaciones en contra del gobernador.
También ocurrió el caso Coronel: un chico de 22 años detenido por la policía. Estuvo en varios centros de detención, lo torturaron, lo internaron y murió; lo asesinó la policía. Eso pasa hoy en Santiago del Estero, y este último caso fue durante la cuarentena.
Me parece que antes de ponerse a gritar tenemos que reflexionar y conocer lo que pasa en el interior de nuestras provincias.
Estaría muy bueno que el gobernador Zamora repudie el funcionamiento y el comportamiento de su policía y que tome medidas, porque si no va a obligar a la ministra Frederic a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya que lo que está pasando hoy en Santiago del Estero, así como en otras provincias, es inadmisible. Gracias.
Como decía el diputado preopinante esta convocatoria muy federal es muy importante para conocer y tener una visión clara de qué sucede con el ejercicio de los derechos humanos y el derecho de la libertad de expresión en todo el territorio de la Nación. Hay que tener en cuenta que el ejercicio de los derechos humanos no tiene jurisdicción, es decir, tiene un carácter interjurisdiccional y la posibilidad principalmente de que sea una política de Estado, ya que el Estado es el que respeta y tiene la observancia de la no objeción para el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de los ciudadanos.
En función de eso me parece que hay algunas cuestiones que es importante destacar. Primero, quiero solidarizarme con todos los periodistas que han estado hoy por aquellos arrebatos principalmente; hay una modalidad que penetra en cómo va operando la censura y la autocensura en donde tiene principalmente un efecto patrimonial.
Veíamos eso en el caso de la periodista Silvia Martínez Cassina, con quien me solidarizo, porque además tiene condiciones que blindan la posibilidad de que pierda su trabajo como gremialista, como sindicalista, como representante de las organizaciones sindicales. Ese carácter tiene que ser respetado y espero que tenga un proceso justo en la Justicia y que realmente le puedan reconocer su derecho que ha sido violentado, y no importa dónde. Me parece que nosotros debemos tener muy claro ese punto.
Además, siendo mujer se agrega el hecho de la violencia machista que los medios de comunicación lamentablemente no están ajenos. Venimos haciendo un trabajo importante en la comisión bicameral de la ENACOM y en la de Comunicaciones e Informática, con agenda de trabajo junto a la Comisión de las Mujeres y Diversidad para que los medios de comunicación tengan buenas prácticas con respecto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
En ese sentido, volviendo al punto patrimonial, vemos cómo impacta la censura y la autocensura en el patrimonio. Escuchamos el caso de Masci, de Hernández, de Capello, de Martínez Cassina porque perdió su trabajo.
Norma: no sé si perdiste tu trabajo; entiendo que sí. Perdoname que justo me llamaron y no puede estar atenta, pero me imagino que debe haber sido muy difícil continuar el ejercicio de tu trabajo y lo que implica estar en boca de todos. En función de eso justamente la libertad de prensa merece que tenga las garantías de parte del Estado para ejercer libremente, porque tienen un nivel de exposición mucho más alto.
Hay que recordar algo que es muy importante para la Argentina. En el año 2010 nuestro país se allanó en el caso Kimel. Se trataba de un caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se terminó con el carácter punitivo de la calumnia e injuria. Creo que la Argentina fue superador, principalmente porque es un fallo ejemplar que determina que nosotros no tenemos que usar el Código Penal ni la persecución penal sobre la expresión y que quede en las instancias privadas de los ciudadanos cualquier tipo de injerencia o afectación al honor.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay un ciudadano que se ve afectado en su patrimonio porque ya no pueden meterlo preso? A Hernández el gobernador Insfrán no lo puede meter preso, pero sí puede hacerle un juicio por daños y perjuicios porque en el fallo Kimel faltó algo, que fue uno de los compromisos de la Argentina.
En este tema, señor presidente, le pido que en esta Comisión de Libertad de Expresión junto con la de Legislación General trabajemos un proyecto -yo presenté uno en el año 2017- por el que los funcionarios públicos no puedan iniciarles juicios por daños y perjuicios a los periodistas. ¿Por qué? Porque tienen otras herramientas. Nosotros, los funcionarios públicos, tenemos otras herramientas, y si queremos iniciarle un juicio tenemos que demostrar la real malicia.
Debemos empezar a utilizar esas herramientas que tiene el régimen jurídico argentino justamente para evitar que exista este derrotero judicial que tiene que atravesar un periodista con el patrimonio de un trabajador común y corriente, como son los casos de Martínez Cassina, Hernández y Masci que tienen que ir a la Justicia porque un ministro, un gobernador o un presidente lo somete a un proceso judicial. Esto es parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nosotros estamos en deuda. Tenemos varios casos y vamos a tener muchos más, porque además ha proliferado la posibilidad de iniciar desde el lugar de funcionarios públicos denuncias por daños y perjuicios o lo que se denomina aquellas incumbencias a nuestro honor.
Nosotros podemos pedir el derecho a réplica, podemos utilizar el elemento resarcitorio que tiene el derecho justamente para evitar que se dañe el patrimonio durante todo este proceso. Y si alguna persona realmente incurrió en las responsabilidades ulteriores de lo que expresó, estaremos en una instancia donde deben resarcirse unos con otros; eso es lo que contempla la ley.
¿Qué quiero decir con esto? Hay un desequilibrio que tenemos que ordenar. Hay proyectos que buscan equilibrar esa situación entre lo que se expresa y la responsabilidad ulterior, y el Poder Judicial es el único que podría determinar esto.
Por último, y para terminar, solamente quiero hacer una salvedad con respecto a lo que dijo el diputado preopinante sobre Santiago del Estero.
Rodrigo Etchudez es un músico y Pilar Cegna, una médica de Santiago del Estero. Fueron perseguidos por la policía a través del ciberpatrullaje por lo que expresaban en sus redes sociales. Ella fue amenazada de ir presa si asistía a una marcha y él fue detenido porque hizo manifestaciones en contra del gobernador.
También ocurrió el caso Coronel: un chico de 22 años detenido por la policía. Estuvo en varios centros de detención, lo torturaron, lo internaron y murió; lo asesinó la policía. Eso pasa hoy en Santiago del Estero, y este último caso fue durante la cuarentena.
Me parece que antes de ponerse a gritar tenemos que reflexionar y conocer lo que pasa en el interior de nuestras provincias.
Estaría muy bueno que el gobernador Zamora repudie el funcionamiento y el comportamiento de su policía y que tome medidas, porque si no va a obligar a la ministra Frederic a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya que lo que está pasando hoy en Santiago del Estero, así como en otras provincias, es inadmisible. Gracias.
SR. PRESIDENTE WOLFF No tengo más diputados anotados. ¿Alguien más se va a anotar? Mara Brawer.
SRA. BRAWER Perdón, lo aclaré en el Whatsapp y no cumplí con la consigna de ponerlo por acá.
SR. PRESIDENTE WOLFF No tiene que pedir perdón.
Tiene la palabra la diputada Mara Brawer.
Tiene la palabra la diputada Mara Brawer.
SRA. BRAWER Señor presidente: considero que hay muchos aspectos conceptuales en los que coincidimos los diputados y diputadas de los distintos bloques. Me refiero a la enorme preocupación por la libertad de expresión y por las distintas violaciones -diría limitaciones, más que violaciones- que pueden sufrir las personas en relación a determinados poderes del Estado.
Aquí se hizo referencia a diversos poderes ejecutivos y a un caso puntual con el Poder Judicial en la provincia de San Juan. Cabe mencionar que este tema no es de ahora. Concretamente, durante todo el gobierno anterior no dejamos de denunciar la expulsión de periodistas por expresar sus opiniones políticas en Twitter o por temas que ya debatimos en la Comisión de Seguridad Interior. Me refiero a la enorme cantidad de personas que fueron detenidas por haber tuiteado o a los periodistas heridos en las marchas.
Por ello, creo que a esta altura del partido hay que recordar, porque el que no recuerda termina repitiendo. En vez de que cada uno busque su propio ejemplo para tener la razón, creo que entre todos debemos reconocer que hay que velar por que los distintos poderes del Estado, no sólo los ejecutivos, no abusen ni limiten la libertad de expresión.
Hay un punto sobre el cual hay una divergencia en esta comisión, tal como lo señaló la señora diputada Carolina Moisés, y que debemos debatir. Muchos de los diputados preopinantes pertenecientes a Juntos por el Cambio nos dicen que nos tenemos que preocupar de las cosas sobre las que todos coincidimos y no respecto de lo que significan los grandes grupos económicos en el siglo XXI. Con solo mirar alguna película que proyecten los sábados a la tarde nos damos cuenta de que los intereses de grupos petroleros en tal país, en una determinada década y en un año puntual, terminaron generando golpes de Estado. Me refiero a los sucesos que a lo largo del mundo determinaran que el poder económico condicionara gobiernos, aboliera ideas y silenciara voces. Por eso, le agradezco al señor diputado Martínez que haya recordado a las radios comunitarias, de las cuales surgía un periodismo de confianza y de proximidad. Ahora hablamos de grandes grupos económicos que responden a empresas, a intereses o temas relacionados con la soja, el petróleo y la geopolítica, es decir, todo junto. Esos grupos nos están proponiendo que no hablemos de eso en la Comisión de Libertad de Expresión.
Le quiero expresar al señor diputado Patiño que cuando se legisla no se lo hace solamente desde el vínculo entre el individuo y el Estado. Existe el derecho de familia y el derecho administrativo. Son leyes que surgen de los parlamentos y que regulan las relaciones entre las empresas. Entonces, me parece que lo interesante de esta reunión es que pongamos en la agenda a todos los jugadores.
Por ejemplo, me parece muy interesante que abordemos en esta comisión el tema de las fake news porque considero que construyen comunicación. Y esas comunicaciones falsas reprimen y restringen la libertad de expresión de los sucesos. Los argentinos de a pie tienen derecho a saber por qué pasa lo que pasa.
Considero que lo importante de haber escuchado distintas voces es tener en cuenta que a la libertad de expresión hay que cuidarla y regularla, como Poder Legislativo, en todas sus dimensiones. Es decir, la dimensión de la empresa, de los grandes grupos económicos y, por supuesto, las intervenciones violatorias a derechos que pueden hacer los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Aquí se hizo referencia a diversos poderes ejecutivos y a un caso puntual con el Poder Judicial en la provincia de San Juan. Cabe mencionar que este tema no es de ahora. Concretamente, durante todo el gobierno anterior no dejamos de denunciar la expulsión de periodistas por expresar sus opiniones políticas en Twitter o por temas que ya debatimos en la Comisión de Seguridad Interior. Me refiero a la enorme cantidad de personas que fueron detenidas por haber tuiteado o a los periodistas heridos en las marchas.
Por ello, creo que a esta altura del partido hay que recordar, porque el que no recuerda termina repitiendo. En vez de que cada uno busque su propio ejemplo para tener la razón, creo que entre todos debemos reconocer que hay que velar por que los distintos poderes del Estado, no sólo los ejecutivos, no abusen ni limiten la libertad de expresión.
Hay un punto sobre el cual hay una divergencia en esta comisión, tal como lo señaló la señora diputada Carolina Moisés, y que debemos debatir. Muchos de los diputados preopinantes pertenecientes a Juntos por el Cambio nos dicen que nos tenemos que preocupar de las cosas sobre las que todos coincidimos y no respecto de lo que significan los grandes grupos económicos en el siglo XXI. Con solo mirar alguna película que proyecten los sábados a la tarde nos damos cuenta de que los intereses de grupos petroleros en tal país, en una determinada década y en un año puntual, terminaron generando golpes de Estado. Me refiero a los sucesos que a lo largo del mundo determinaran que el poder económico condicionara gobiernos, aboliera ideas y silenciara voces. Por eso, le agradezco al señor diputado Martínez que haya recordado a las radios comunitarias, de las cuales surgía un periodismo de confianza y de proximidad. Ahora hablamos de grandes grupos económicos que responden a empresas, a intereses o temas relacionados con la soja, el petróleo y la geopolítica, es decir, todo junto. Esos grupos nos están proponiendo que no hablemos de eso en la Comisión de Libertad de Expresión.
Le quiero expresar al señor diputado Patiño que cuando se legisla no se lo hace solamente desde el vínculo entre el individuo y el Estado. Existe el derecho de familia y el derecho administrativo. Son leyes que surgen de los parlamentos y que regulan las relaciones entre las empresas. Entonces, me parece que lo interesante de esta reunión es que pongamos en la agenda a todos los jugadores.
Por ejemplo, me parece muy interesante que abordemos en esta comisión el tema de las fake news porque considero que construyen comunicación. Y esas comunicaciones falsas reprimen y restringen la libertad de expresión de los sucesos. Los argentinos de a pie tienen derecho a saber por qué pasa lo que pasa.
Considero que lo importante de haber escuchado distintas voces es tener en cuenta que a la libertad de expresión hay que cuidarla y regularla, como Poder Legislativo, en todas sus dimensiones. Es decir, la dimensión de la empresa, de los grandes grupos económicos y, por supuesto, las intervenciones violatorias a derechos que pueden hacer los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
SR. PRESIDENTE WOLFF Le agradezco a la señora diputada Brawer por haber sido respetuosa con el tiempo de su intervención.
El señor diputado De Lamadrid me está pidiendo por teléfono hacer uso de la palabra pues no se ha podido anotar. Si el señor diputado De Lamadrid me escucha le pido que se anote. Le propongo a la señora diputada Uceda que les demos dos minutos a los señores diputados para que se anoten pues no me gusta especular con el uso de la palabra. Si luego del diputado De Lamadrid -que espero se anote- no se suma ningún otro legislador, le sugiero a la señora diputada Uceda que haga uso de la palabra y, quien les habla, haría el último discurso.
Tiene la palabra el señor diputado De Lamadrid. Luego de su intervención, hará uso de la palabra la señora diputada Uceda y quien les habla lo hará en último lugar.
El señor diputado De Lamadrid me está pidiendo por teléfono hacer uso de la palabra pues no se ha podido anotar. Si el señor diputado De Lamadrid me escucha le pido que se anote. Le propongo a la señora diputada Uceda que les demos dos minutos a los señores diputados para que se anoten pues no me gusta especular con el uso de la palabra. Si luego del diputado De Lamadrid -que espero se anote- no se suma ningún otro legislador, le sugiero a la señora diputada Uceda que haga uso de la palabra y, quien les habla, haría el último discurso.
Tiene la palabra el señor diputado De Lamadrid. Luego de su intervención, hará uso de la palabra la señora diputada Uceda y quien les habla lo hará en último lugar.
SR. DE LAMADRID Señor presidente: creo que es importante la reunión que hoy hemos tenido. Me parece que en su transcurso se han planteado casos que son muy significativos y que, en el contexto en el cual se están desarrollando determinadas cuestiones políticas en el país, adquieren una relevancia y una gravedad muy importantes.
Me refiero a los casos de Formosa, de San Luis -tal como lo ha manifestado el señor diputado Cacace-, la situación de Santiago del Estero -que involucra a un funcionario y a un legislador- y el que me ha tocado plantear en particular -acompañado por casi veinte colegas-, que afecta al señor diputado Capello en la provincia de San Juan.
En la Argentina debemos tener en claro que todos tenemos que defender, sin matices, el valor de la libertad de expresión. Se trata de un valor tan vapuleado en el país por los tiempos sin juridicidad, por los golpes militares y por la imposibilidad de muchos ciudadanos de expresarse en distintos momentos.
La libertad de expresión es como la libertad de conciencia. Además, representa la libertad de pensamiento. Es poder decir lo que uno piensa, manifestar su idea, dar su opinión, cuestionar, criticar, decir que no se está de acuerdo. Me parece que es algo sagrado y constituye uno de los principios más importantes del republicanismo en el mundo. Como es tan sagrado, no podemos equipararlo con cualquier situación.
En la Argentina todo es urgente y nada termina siendo urgente; todo es una emergencia, pero la bastardeamos. Todo es un ataque, pero no podemos equipararlo. A la libertad de expresión la tenemos que cuidar entre todos, pero debemos tener en claro que el gobierno no puede hacer un juicio de lo ajeno con generalizaciones mientras que, cuando se trata de las cuestiones propias, siempre exige que sean individuales.
Verdaderamente, nos debe guiar la prevención de las violaciones de la libertad de prensa y de expresión, pero no la justificación para llegar a situaciones equiparadoras -que no lo son- y así librarse de culpas. No se busca justicia, sino que muchas veces se busca que no se vea a uno como indiferente.
¿Cuál es la propuesta del gobierno frente a los casos de ataque a la libertad de expresión que estamos viendo? Este punto lo quiero poner en contexto. ¿La propuesta del gobierno es la reforma judicial? ¿Ese tema viene a colaborar con la libertad de expresión? ¿Es el proyecto del senador Parrilli que hace que los jueces se vean obligados -como algo genérico- a denunciar las presiones de los medios? ¿Que no haya resistencia a nada de lo que planea el gobierno y que se avasalle y viole la Constitución Nacional? ¿Que el gobierno le diga a la gente que para cuidarse tiene que entregar, detener y clausurar su vida, no ver a su familia y afectos?
Entonces, es necesario considerar esta temática con la seriedad que se merece.
La manipulación que hace el gobierno de la alarma social en favor de lo que le conviene en términos de libertad de expresión no parece ser la solución; tampoco llevar adelante o promover cierta anarquía controlada para garantizar una represión.
El proceso de vaciado de ciudadanía, desalentando la expresión a través de las marchas, tampoco parece la mejor herramienta para garantizar la libertad de expresión.
Entonces, debiéramos decirle al gobierno que dé el ejemplo y vele por el cumplimiento de la Constitución Nacional, en la que está salvaguardada la libertad de expresión; que no lleve adelante acciones contradictorias de avasallamiento y conculcación de derechos; que la cuarentena no pone en emergencia ni clausura la Constitución Nacional; que, si realmente se defiende la libertad de expresión, se debe abrir el Congreso para que los legisladores nacionales desarrollemos en plenitud nuestra tarea de expresarnos, representar a la ciudadanía y cumplir nuestro mandato constitucional al ciento por ciento de las posibilidades y de las prerrogativas otorgadas en la Constitución; que es necesario generar debates en serio y que los llamamientos al diálogo deben ser respaldados con acciones concretas que realmente sean un llamado al diálogo; que abandone la reforma judicial, que será un intento para generar menos libertad de expresión en los términos en que está planteada -esto es fundamental-; y que se nos invite a los opositores a la TV pública para dar un verdadero ejemplo de que está garantizada la libertad de expresión.
Creo que estas son las cosas que debemos discutir, señor presidente. Muchísimas gracias.
Me refiero a los casos de Formosa, de San Luis -tal como lo ha manifestado el señor diputado Cacace-, la situación de Santiago del Estero -que involucra a un funcionario y a un legislador- y el que me ha tocado plantear en particular -acompañado por casi veinte colegas-, que afecta al señor diputado Capello en la provincia de San Juan.
En la Argentina debemos tener en claro que todos tenemos que defender, sin matices, el valor de la libertad de expresión. Se trata de un valor tan vapuleado en el país por los tiempos sin juridicidad, por los golpes militares y por la imposibilidad de muchos ciudadanos de expresarse en distintos momentos.
La libertad de expresión es como la libertad de conciencia. Además, representa la libertad de pensamiento. Es poder decir lo que uno piensa, manifestar su idea, dar su opinión, cuestionar, criticar, decir que no se está de acuerdo. Me parece que es algo sagrado y constituye uno de los principios más importantes del republicanismo en el mundo. Como es tan sagrado, no podemos equipararlo con cualquier situación.
En la Argentina todo es urgente y nada termina siendo urgente; todo es una emergencia, pero la bastardeamos. Todo es un ataque, pero no podemos equipararlo. A la libertad de expresión la tenemos que cuidar entre todos, pero debemos tener en claro que el gobierno no puede hacer un juicio de lo ajeno con generalizaciones mientras que, cuando se trata de las cuestiones propias, siempre exige que sean individuales.
Verdaderamente, nos debe guiar la prevención de las violaciones de la libertad de prensa y de expresión, pero no la justificación para llegar a situaciones equiparadoras -que no lo son- y así librarse de culpas. No se busca justicia, sino que muchas veces se busca que no se vea a uno como indiferente.
¿Cuál es la propuesta del gobierno frente a los casos de ataque a la libertad de expresión que estamos viendo? Este punto lo quiero poner en contexto. ¿La propuesta del gobierno es la reforma judicial? ¿Ese tema viene a colaborar con la libertad de expresión? ¿Es el proyecto del senador Parrilli que hace que los jueces se vean obligados -como algo genérico- a denunciar las presiones de los medios? ¿Que no haya resistencia a nada de lo que planea el gobierno y que se avasalle y viole la Constitución Nacional? ¿Que el gobierno le diga a la gente que para cuidarse tiene que entregar, detener y clausurar su vida, no ver a su familia y afectos?
Entonces, es necesario considerar esta temática con la seriedad que se merece.
La manipulación que hace el gobierno de la alarma social en favor de lo que le conviene en términos de libertad de expresión no parece ser la solución; tampoco llevar adelante o promover cierta anarquía controlada para garantizar una represión.
El proceso de vaciado de ciudadanía, desalentando la expresión a través de las marchas, tampoco parece la mejor herramienta para garantizar la libertad de expresión.
Entonces, debiéramos decirle al gobierno que dé el ejemplo y vele por el cumplimiento de la Constitución Nacional, en la que está salvaguardada la libertad de expresión; que no lleve adelante acciones contradictorias de avasallamiento y conculcación de derechos; que la cuarentena no pone en emergencia ni clausura la Constitución Nacional; que, si realmente se defiende la libertad de expresión, se debe abrir el Congreso para que los legisladores nacionales desarrollemos en plenitud nuestra tarea de expresarnos, representar a la ciudadanía y cumplir nuestro mandato constitucional al ciento por ciento de las posibilidades y de las prerrogativas otorgadas en la Constitución; que es necesario generar debates en serio y que los llamamientos al diálogo deben ser respaldados con acciones concretas que realmente sean un llamado al diálogo; que abandone la reforma judicial, que será un intento para generar menos libertad de expresión en los términos en que está planteada -esto es fundamental-; y que se nos invite a los opositores a la TV pública para dar un verdadero ejemplo de que está garantizada la libertad de expresión.
Creo que estas son las cosas que debemos discutir, señor presidente. Muchísimas gracias.
SR. PRESIDENTE WOLFF Gracias, diputado.
Tiene la palabra la señora diputada Uceda.
Tiene la palabra la señora diputada Uceda.
SRA. UCEDA Muchas gracias, presidente. La verdad, iba a cerrar de otra manera, pero me veo un poco obligada a aclarar la ensalada de conceptos y de cuestiones que se han vertido en la última exposición.
Hacer una acusación, desde la comisión en la que estamos participando, de que el Congreso está cerrado, de por sí me parece una incoherencia. Decir que el gobierno no respeta la libertad de expresión cuando, según entiendo, no hubo ningún procedimiento, ninguna represión o multa -en mi provincia, se multa a los manifestantes cuando son gremiales; claramente, el lunes no se multó a nadie-, también me parece una incoherencia. Sin embargo, respeto la visión del diputado.
¿Quiere que le diga algo? Esto sí tiene que ver con la reforma judicial porque lo que hemos escuchado de cada uno de los manifestantes es que, supuestamente, el Poder Judicial está avanzando bajo las presiones de los gobiernos oficialistas. Será la hora entonces de reformular el Poder Judicial y determinar el tipo de poder que será.
Es entonces muy oportuno el momento de dar un debate serio sobre la reforma judicial en toda la República Argentina.
La libertad de expresión tiene muchas aristas: es una manera más de llevar adelante el ejercicio de la libertad.
No garantizamos la libertad de expresión al precarizar a los trabajadores de prensa o perseguir a las mujeres trabajadoras de los medios, como lo hemos visto.
Estos son los debates que nos debemos dar en esta comisión, con el respeto que considero hemos tenido durante las casi dos horas de reunión y con el carácter federal que ha tenido, lo que agradezco al diputado Wolff. Esto va en sintonía con lo que nos pide el presidente Alberto Fernández: tener un gobierno federal.
La verdad, pensar que no estamos legislando, cuando este Congreso ha sesionado más veces y ha aprobado más leyes que el año pasado, es burlarnos de nosotros mismos, y creo que no nos lo merecemos.
Me parece que, con lo que se está trabajando en ambas cámaras de este Congreso, no nos respetamos si decimos lo contrario.
Hemos sesionado, y aprobamos leyes muy importantes para aliviar el sufrimiento que le trae esta pandemia al pueblo argentino.
Creo que es complicado mezclar la cuarentena y la pandemia con la libertad de expresión. Me parece que se vincula con lo que decíamos sobre la necesidad de ser responsables a la hora de informar; también tenemos que ser responsables a la hora de debatir.
La cuarentena fue una medida sanitaria que se adoptó para cuidar de todos y todas las argentinas. En la provincia de Mendoza, donde gobierna la alianza Cambiemos-UCR, está abierta toda la actividad económica; sin embargo, no nos podemos reunir con nuestra familia o amigos porque los picos de contagios se han descontrolado. Y a ninguno de los opositores en Mendoza se nos ocurre decir que es una medida para privar o limitar la libertad de expresión de los ciudadanos.
Nosotros también tenemos que ser responsables; es lo que la ciudadanía espera de nosotros, tanto de quienes gobernamos como de quienes son oposición.
Agradezco que se hagan estas reuniones. Ojalá las próximas sean tan ricas como esta. Muchas gracias y buenas noches.
Hacer una acusación, desde la comisión en la que estamos participando, de que el Congreso está cerrado, de por sí me parece una incoherencia. Decir que el gobierno no respeta la libertad de expresión cuando, según entiendo, no hubo ningún procedimiento, ninguna represión o multa -en mi provincia, se multa a los manifestantes cuando son gremiales; claramente, el lunes no se multó a nadie-, también me parece una incoherencia. Sin embargo, respeto la visión del diputado.
¿Quiere que le diga algo? Esto sí tiene que ver con la reforma judicial porque lo que hemos escuchado de cada uno de los manifestantes es que, supuestamente, el Poder Judicial está avanzando bajo las presiones de los gobiernos oficialistas. Será la hora entonces de reformular el Poder Judicial y determinar el tipo de poder que será.
Es entonces muy oportuno el momento de dar un debate serio sobre la reforma judicial en toda la República Argentina.
La libertad de expresión tiene muchas aristas: es una manera más de llevar adelante el ejercicio de la libertad.
No garantizamos la libertad de expresión al precarizar a los trabajadores de prensa o perseguir a las mujeres trabajadoras de los medios, como lo hemos visto.
Estos son los debates que nos debemos dar en esta comisión, con el respeto que considero hemos tenido durante las casi dos horas de reunión y con el carácter federal que ha tenido, lo que agradezco al diputado Wolff. Esto va en sintonía con lo que nos pide el presidente Alberto Fernández: tener un gobierno federal.
La verdad, pensar que no estamos legislando, cuando este Congreso ha sesionado más veces y ha aprobado más leyes que el año pasado, es burlarnos de nosotros mismos, y creo que no nos lo merecemos.
Me parece que, con lo que se está trabajando en ambas cámaras de este Congreso, no nos respetamos si decimos lo contrario.
Hemos sesionado, y aprobamos leyes muy importantes para aliviar el sufrimiento que le trae esta pandemia al pueblo argentino.
Creo que es complicado mezclar la cuarentena y la pandemia con la libertad de expresión. Me parece que se vincula con lo que decíamos sobre la necesidad de ser responsables a la hora de informar; también tenemos que ser responsables a la hora de debatir.
La cuarentena fue una medida sanitaria que se adoptó para cuidar de todos y todas las argentinas. En la provincia de Mendoza, donde gobierna la alianza Cambiemos-UCR, está abierta toda la actividad económica; sin embargo, no nos podemos reunir con nuestra familia o amigos porque los picos de contagios se han descontrolado. Y a ninguno de los opositores en Mendoza se nos ocurre decir que es una medida para privar o limitar la libertad de expresión de los ciudadanos.
Nosotros también tenemos que ser responsables; es lo que la ciudadanía espera de nosotros, tanto de quienes gobernamos como de quienes son oposición.
Agradezco que se hagan estas reuniones. Ojalá las próximas sean tan ricas como esta. Muchas gracias y buenas noches.
SR. PRESIDENTE WOLFF Gracias, diputada.
Venimos bien y hemos mejorado mucho. Creo que entre todos estamos construyendo una comisión que, en momentos tan conflictivos para el país, me llena de orgullo presidir y compartir con usted, diputada Uceda, y con el resto de los diputados.
No creo en una visión única, motivo por el cual no considero que ustedes estén equivocados.
No pensamos igual, y considero que la Constitución y el sistema republicano nos permiten dirimir, competir y que haya ganadores y perdedores entre quienes no pensamos de la misma manera.
Yo no les voy a decir que ustedes están equivocados, como sí nos dice el presidente de la Nación a quienes pensamos distinto.
Pensamos diametralmente diferente, y trataremos de ordenarnos acá, pero me parece que estamos dando un buen ejemplo de convivencia y de debate.
En esta comisión hoy hubo diez invitados que hablaron libre y ordenadamente. Se cumplieron las reglas. Usted invitó a quien quiso, diputada Uceda; y yo también invité a quien quise. Así lo venimos haciendo desde hace tiempo, y así lo seguiremos haciendo.
Creo que cuando uno sostiene en el tiempo una línea de conducta construye un ámbito propicio para el debate, y estos ámbitos -como dije antes- son nuestros, de todos los presentes, no solo suyos o míos.
Creo que hicimos un gran trabajo; mostramos que la libertad de expresión -tanto en el ámbito periodístico como en el político, que era el temario de hoy- atraviesa a la Argentina toda. Cada uno expresó sus formas de pensar.
Invito a que, cuando estemos acá, nos pongamos por encima de nuestras banderías -más allá de las ideologías y partidos políticos a los que pertenezcamos- porque, si somos sinceros, al levantar un poco la cabeza vamos a ver que todos tenemos algo por corregir.
Solamente me resta agradecer al equipo de soporte de la Cámara; a Manuel Cotado y a su equipo; a nuestro secretario, el señor Silva; y al grupo que nos asiste.
Los felicito a todos porque creo que, en momentos en que los políticos no damos buenos ejemplos en muchos aspectos, hoy hemos dado un ejemplo de civilidad y de respeto.
La invito, diputada, a seguir conversando para ver qué temas vamos a tratar, qué nuevos invitados vamos a tener, y a seguir debatiendo a través de este hermoso sistema que tenemos: una democracia republicana en la que no pensamos todos igual.
Buenas noches a todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias.
Venimos bien y hemos mejorado mucho. Creo que entre todos estamos construyendo una comisión que, en momentos tan conflictivos para el país, me llena de orgullo presidir y compartir con usted, diputada Uceda, y con el resto de los diputados.
No creo en una visión única, motivo por el cual no considero que ustedes estén equivocados.
No pensamos igual, y considero que la Constitución y el sistema republicano nos permiten dirimir, competir y que haya ganadores y perdedores entre quienes no pensamos de la misma manera.
Yo no les voy a decir que ustedes están equivocados, como sí nos dice el presidente de la Nación a quienes pensamos distinto.
Pensamos diametralmente diferente, y trataremos de ordenarnos acá, pero me parece que estamos dando un buen ejemplo de convivencia y de debate.
En esta comisión hoy hubo diez invitados que hablaron libre y ordenadamente. Se cumplieron las reglas. Usted invitó a quien quiso, diputada Uceda; y yo también invité a quien quise. Así lo venimos haciendo desde hace tiempo, y así lo seguiremos haciendo.
Creo que cuando uno sostiene en el tiempo una línea de conducta construye un ámbito propicio para el debate, y estos ámbitos -como dije antes- son nuestros, de todos los presentes, no solo suyos o míos.
Creo que hicimos un gran trabajo; mostramos que la libertad de expresión -tanto en el ámbito periodístico como en el político, que era el temario de hoy- atraviesa a la Argentina toda. Cada uno expresó sus formas de pensar.
Invito a que, cuando estemos acá, nos pongamos por encima de nuestras banderías -más allá de las ideologías y partidos políticos a los que pertenezcamos- porque, si somos sinceros, al levantar un poco la cabeza vamos a ver que todos tenemos algo por corregir.
Solamente me resta agradecer al equipo de soporte de la Cámara; a Manuel Cotado y a su equipo; a nuestro secretario, el señor Silva; y al grupo que nos asiste.
Los felicito a todos porque creo que, en momentos en que los políticos no damos buenos ejemplos en muchos aspectos, hoy hemos dado un ejemplo de civilidad y de respeto.
La invito, diputada, a seguir conversando para ver qué temas vamos a tratar, qué nuevos invitados vamos a tener, y a seguir debatiendo a través de este hermoso sistema que tenemos: una democracia republicana en la que no pensamos todos igual.
Buenas noches a todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias.
-Es la hora 20 y 41.