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LIBERTAD DE EXPRESION
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 134
Jueves 10.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2167 Internos 2135/2139/2167
clexpresion@hcdn.gov.ar
- LIBERTAD DE EXPRESION
Reunión del día 17/05/2016
- LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de mayo de 2016, a la hora 15 y 36:
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión.
En esta oportunidad contamos con la presencia de trabajadores de medios de prensa y de comunicación, a quienes agradecemos su presencia porque nos parece importante escucharlos, tener sus testimonios y construir una agenda compartida respecto de la problemática que nos ocupa: la voz de los trabajadores de prensa y el aporte de la pluralidad de voces.
Esta convocatoria es la continuidad de la primera reunión que celebró esta comisión, a la que fueron invitados los peticionantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como se recordará, a través del decreto de necesidad y urgencia emitido por el presidente Macri se dio por terminada la aplicación plena de la ley.
Nuestra idea es escuchar a quienes hoy nos visitan. Como contamos con la presencia de taquígrafos de la Cámara de Diputados, la Presidencia solicita que, a medida que les ceda el uso de la palabra, se identifiquen para que quede registrado quién pronuncia cada discurso.
Tiene la palabra la señora diputada Banfi, quien ha pedido expresamente hablar en primer término.
En esta oportunidad contamos con la presencia de trabajadores de medios de prensa y de comunicación, a quienes agradecemos su presencia porque nos parece importante escucharlos, tener sus testimonios y construir una agenda compartida respecto de la problemática que nos ocupa: la voz de los trabajadores de prensa y el aporte de la pluralidad de voces.
Esta convocatoria es la continuidad de la primera reunión que celebró esta comisión, a la que fueron invitados los peticionantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como se recordará, a través del decreto de necesidad y urgencia emitido por el presidente Macri se dio por terminada la aplicación plena de la ley.
Nuestra idea es escuchar a quienes hoy nos visitan. Como contamos con la presencia de taquígrafos de la Cámara de Diputados, la Presidencia solicita que, a medida que les ceda el uso de la palabra, se identifiquen para que quede registrado quién pronuncia cada discurso.
Tiene la palabra la señora diputada Banfi, quien ha pedido expresamente hablar en primer término.
SRA. BANFI Señor presidente: agradezco a quienes nos visitan por su presencia. En honor a la verdad, y principalmente por el derecho de acceso a la información que todos tenemos, me parece importante transmitir que esta reunión es antirreglamentaria porque presenta una irregularidad. Aclaro que no busco utilizar el reglamento para generar algún tipo de impedimento, pero como autoridad de la comisión junto con el señor diputado Remo Carlotto -quien de manera unilateral ha hecho esta convocatoria- considero fundamental aclarar el sentido del reglamento, principalmente por los efectos que tendrá esta reunión.
Como planteara al señor diputado Carlotto, el objetivo de que la comisión funcione ajustándose al reglamento es justamente poder hacer un seguimiento de cada tema como corresponde. Es importante que quienes nos visitan sepan esto.
Aunque no haya quórum, hemos decidido quedarnos en la reunión. Como no están participando todos los diputados ni las personas que han sido convocadas, pedí al presidente de la comisión que la reprograme, justamente por los efectos que debería tener y para que no sea meramente informativa. Es decir, para que sea una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión a partir de la cual los diputados podamos trabajar luego en función de los reclamos que se realicen. Creo que es muy importante escuchar a todos y por eso les agradezco que hayan venido.
Otra de las cuestiones que ayer planteé al señor presidente de la comisión fue la necesidad de trabajar en conjunto en el armado de la convocatoria de muchos trabajadores que, por distintas razones, hoy se ven afectados en su trabajo. El objeto de esta comisión es principalmente saber cómo ha afectado el ejercicio de la libertad de expresión el desarrollo de sus actividades como periodistas.
He querido hacer esta aclaración para que quede constancia en la versión taquigráfica, principalmente porque esta es una reunión antirreglamentaria y, por lo tanto, irregular a los efectos del trabajo que se desarrolla en el Congreso de la Nación.
Como planteara al señor diputado Carlotto, el objetivo de que la comisión funcione ajustándose al reglamento es justamente poder hacer un seguimiento de cada tema como corresponde. Es importante que quienes nos visitan sepan esto.
Aunque no haya quórum, hemos decidido quedarnos en la reunión. Como no están participando todos los diputados ni las personas que han sido convocadas, pedí al presidente de la comisión que la reprograme, justamente por los efectos que debería tener y para que no sea meramente informativa. Es decir, para que sea una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión a partir de la cual los diputados podamos trabajar luego en función de los reclamos que se realicen. Creo que es muy importante escuchar a todos y por eso les agradezco que hayan venido.
Otra de las cuestiones que ayer planteé al señor presidente de la comisión fue la necesidad de trabajar en conjunto en el armado de la convocatoria de muchos trabajadores que, por distintas razones, hoy se ven afectados en su trabajo. El objeto de esta comisión es principalmente saber cómo ha afectado el ejercicio de la libertad de expresión el desarrollo de sus actividades como periodistas.
He querido hacer esta aclaración para que quede constancia en la versión taquigráfica, principalmente porque esta es una reunión antirreglamentaria y, por lo tanto, irregular a los efectos del trabajo que se desarrolla en el Congreso de la Nación.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor diputado Plaini.
SR. PLAINI Señor presidente: si bien tengo una afonía bastante importante y espero que me escuchen, no quise faltar a estar reunión que, según la señora diputada, es antirreglamentaria; pero como yo no soy reglamentarista sino laburante, me preocupa la situación de los trabajadores aquí presentes más allá de cómo se aplica o no el reglamento -algo que siempre es discutido en la Cámara-, porque estamos hablando de personas que laburan y que están en problemas: de Télam, del grupo América, de Tiempo Argentino, de la revista Barcelona, de Radio Madre, etcétera.
Lamento mucho el poco compromiso de los diputados, que somos electos por el voto popular, porque estamos viviendo en una Argentina en la que hay despidos y problemas con los periodistas y otros laburantes. Entonces, ponerse reglamentarista en una situación en la que se está afectando la condición humana no es lo más conveniente.
Como estamos en democracia, la diputada puede tener su opinión y yo la mía; pero lamento mucho que hoy no se encuentre presente en esta comisión una cantidad más grande de legisladores. Todos nos llenamos la boca hablando de libertad de expresión, que para algunos es libertad de prensa y para mí otra cosa -libertad de empresa-, pero resulta que a la hora de discutir sobre un tema tan candente como la situación que atraviesan familias, periodistas y otros laburantes, nos ponemos reglamentaristas y hay diputados ausentes.
Por lo tanto, señor presidente, sugiero que continuemos y que, si tuviere que adecuarse a alguna instancia del reglamento, así lo haga y convoque a otra reunión, a la que nosotros también concurriremos y espero que lo mismo hagan otros compañeros. (Aplausos.)
Lamento mucho el poco compromiso de los diputados, que somos electos por el voto popular, porque estamos viviendo en una Argentina en la que hay despidos y problemas con los periodistas y otros laburantes. Entonces, ponerse reglamentarista en una situación en la que se está afectando la condición humana no es lo más conveniente.
Como estamos en democracia, la diputada puede tener su opinión y yo la mía; pero lamento mucho que hoy no se encuentre presente en esta comisión una cantidad más grande de legisladores. Todos nos llenamos la boca hablando de libertad de expresión, que para algunos es libertad de prensa y para mí otra cosa -libertad de empresa-, pero resulta que a la hora de discutir sobre un tema tan candente como la situación que atraviesan familias, periodistas y otros laburantes, nos ponemos reglamentaristas y hay diputados ausentes.
Por lo tanto, señor presidente, sugiero que continuemos y que, si tuviere que adecuarse a alguna instancia del reglamento, así lo haga y convoque a otra reunión, a la que nosotros también concurriremos y espero que lo mismo hagan otros compañeros. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la señora diputada Moreau.
SRA. MOREAU Señor presidente: en primer lugar, agradezco por su presencia a los trabajadores que han venido a esta reunión, a quienes brindo toda mi solidaridad en su reclamo y en su lucha. A mí también me hubiera gustado que concurran muchos otros legisladores, ya que todos estábamos informados de a qué veníamos y por qué.
Por otro lado, creo que reuniones como ésta deberían replicarse en otras comisiones que tienen más que ver con el ámbito laboral. Estoy convencida de que la emergencia ocupacional en la Argentina atraviesa a todos los sectores sociales y a distintas áreas. Hoy son los periodistas y los trabajadores de la comunicación quienes nos brindan su opinión, pero en estos días también hemos recibido a trabajadores de la construcción y a representantes de las pequeñas y medianas empresas.
Hay una situación que el Parlamento no puede desconocer; por eso, y más allá del reglamento, todos hemos venido aquí a informarnos sobre esta problemática directamente desde los propios afectados. Por eso me parece que la reunión debe continuar y que tienen que expresarse aquellos que hoy tienen sus voces calladas.
Por otro lado, creo que reuniones como ésta deberían replicarse en otras comisiones que tienen más que ver con el ámbito laboral. Estoy convencida de que la emergencia ocupacional en la Argentina atraviesa a todos los sectores sociales y a distintas áreas. Hoy son los periodistas y los trabajadores de la comunicación quienes nos brindan su opinión, pero en estos días también hemos recibido a trabajadores de la construcción y a representantes de las pequeñas y medianas empresas.
Hay una situación que el Parlamento no puede desconocer; por eso, y más allá del reglamento, todos hemos venido aquí a informarnos sobre esta problemática directamente desde los propios afectados. Por eso me parece que la reunión debe continuar y que tienen que expresarse aquellos que hoy tienen sus voces calladas.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la señora diputada Villavicencio.
SRA. VILLAVICENCIO Señor presidente: primero, doy las gracias a quienes nos visitan por haber concurrido a esta reunión. Desde el interbloque Cambiemos queremos escuchar los motivos de su presencia; nos solidarizamos con ellos y deseamos escuchar cada planteo, de los que nos haremos eco para después trabajar en función de ello.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor diputado Valdés.
SR. VALDÉS Señor presidente: en primer lugar, agradezco y saludo la presencia de los trabajadores. Voy a retomar lo que mencionó la señora diputada Banfi en cuanto a que es necesario poder hacer este tipo de reuniones de manera conjunta, porque justamente son para escucharnos y no para sacar ventajas.
Creo que la intención de la diputada, conforme habíamos conversado, fue poner blanco sobre negro respecto del carácter de la reunión; no aplicar una cuestión reglamentaria. Sin lugar a dudas, escucharnos entre todos es lo que perseguimos desde hace mucho tiempo. Entonces, no tratemos de sacar ventajas delante de trabajadores que están en una situación angustiosa, aunque en política se intente hacerlo permanentemente.
Creo que es momento de escuchar. Si es necesario tendremos otra reunión y todas las que hagan falta; pero no exhibamos un carácter cuando somos oposición y otro cuando somos oficialismo.
Pienso que los problemas derivados del ejercicio de la libertad de expresión tienen que ser presentados siguiendo una sola regla, una sola pauta, independientemente de que seamos oficialismo u oposición. Por eso entiendo que a continuación debemos escuchar a los trabajadores para tratar de sacar conclusiones respecto de lo que está ocurriendo porque a eso vinimos: a escuchar.
Creo que la intención de la diputada, conforme habíamos conversado, fue poner blanco sobre negro respecto del carácter de la reunión; no aplicar una cuestión reglamentaria. Sin lugar a dudas, escucharnos entre todos es lo que perseguimos desde hace mucho tiempo. Entonces, no tratemos de sacar ventajas delante de trabajadores que están en una situación angustiosa, aunque en política se intente hacerlo permanentemente.
Creo que es momento de escuchar. Si es necesario tendremos otra reunión y todas las que hagan falta; pero no exhibamos un carácter cuando somos oposición y otro cuando somos oficialismo.
Pienso que los problemas derivados del ejercicio de la libertad de expresión tienen que ser presentados siguiendo una sola regla, una sola pauta, independientemente de que seamos oficialismo u oposición. Por eso entiendo que a continuación debemos escuchar a los trabajadores para tratar de sacar conclusiones respecto de lo que está ocurriendo porque a eso vinimos: a escuchar.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO La Presidencia quiere aclarar dos puntos.
El primero es que, en reuniones informativas como la de hoy -ya que la idea de la convocatoria era escuchar a los trabajadores exponer sobre su situación-, no merecen mayor discusión acerca de si el procedimiento está en estricta línea con el reglamento. Este es un ámbito legislativo pero eminentemente político; entonces, no hay que tener tantas preocupaciones cuando existe la posibilidad de escuchar a los trabajadores y conocer su realidad. De esta manera nosotros, no ya desde esta comisión sino desde el Congreso de la Nación y de la Cámara de Diputados en particular, podremos tener una mirada sobre la situación general por la que está atravesando el país -concretamente, la libertad de expresión- y ayudar a solucionar algunos de los problemas que se presentan.
De todas maneras, es costumbre en la Cámara que transcurrida media hora de la establecida en la convocatoria se aplique el procedimiento del artículo 108 del reglamento, que permite a las comisiones funcionar con una proporción menor de diputados. También es costumbre que, más allá de que los legisladores no permanezcan en la sala durante el transcurso de toda la reunión, el presente que dan al sentarse contribuya a formar el número reglamentario para que la comisión pueda funcionar.
Dicho esto, creo que tenemos que ir a lo importante: dar la palabra a los compañeros y compañeras que han venido en el día de hoy.
Hay una lista de oradores y una serie de pedidos que algunos compañeros hicieron llegar a esta Presidencia porque tienen otros compromisos que encarar. A quienes sean invitados a hacer uso de la palabra les pido que se identifiquen y sean breves en sus exposiciones, a fin de que todos puedan exponer.
En primer lugar, hará uso de la palabra el señor Gabriel Michi, de Radio América.
Sr. Michi.- Señor presidente: agradezco a los señores diputados por la invitación. Me hubiera gustado que estuviera presente la totalidad de los miembros de esta comisión, porque la libertad de expresión es un tema crucial no solo para los trabajadores de prensa sino también para la República. Debería haber conciencia de lo que se está jugando acá; de hecho, no estamos en una comisión que trata sobre asuntos laborales sino, nada más y nada menos, que en el seno de la Comisión de Libertad de Expresión.
Hablaré como trabajador de Radio América pero también como miembro de la Comisión Directiva del Foro de Periodismo Argentino -FOPEA-, quien me encomendó que comente que la situación que se está viviendo a raíz de los despidos y el desempleo en el periodismo no tiene precedentes en la historia argentina por múltiples motivos. Nunca hubo tantos despidos de periodistas en tan poco tiempo, hecho que afecta directamente -aclaro que no estoy haciendo ningún tipo de análisis político- la libertad de expresión porque son voces que se acallan y realidades que desaparecen.
Antes de comentar la situación específica de Radio América, me gustaría que Cristian Kapun, periodista del mismo medio, lea un texto de nuestro sindicato, Sipreba.
El primero es que, en reuniones informativas como la de hoy -ya que la idea de la convocatoria era escuchar a los trabajadores exponer sobre su situación-, no merecen mayor discusión acerca de si el procedimiento está en estricta línea con el reglamento. Este es un ámbito legislativo pero eminentemente político; entonces, no hay que tener tantas preocupaciones cuando existe la posibilidad de escuchar a los trabajadores y conocer su realidad. De esta manera nosotros, no ya desde esta comisión sino desde el Congreso de la Nación y de la Cámara de Diputados en particular, podremos tener una mirada sobre la situación general por la que está atravesando el país -concretamente, la libertad de expresión- y ayudar a solucionar algunos de los problemas que se presentan.
De todas maneras, es costumbre en la Cámara que transcurrida media hora de la establecida en la convocatoria se aplique el procedimiento del artículo 108 del reglamento, que permite a las comisiones funcionar con una proporción menor de diputados. También es costumbre que, más allá de que los legisladores no permanezcan en la sala durante el transcurso de toda la reunión, el presente que dan al sentarse contribuya a formar el número reglamentario para que la comisión pueda funcionar.
Dicho esto, creo que tenemos que ir a lo importante: dar la palabra a los compañeros y compañeras que han venido en el día de hoy.
Hay una lista de oradores y una serie de pedidos que algunos compañeros hicieron llegar a esta Presidencia porque tienen otros compromisos que encarar. A quienes sean invitados a hacer uso de la palabra les pido que se identifiquen y sean breves en sus exposiciones, a fin de que todos puedan exponer.
En primer lugar, hará uso de la palabra el señor Gabriel Michi, de Radio América.
Sr. Michi.- Señor presidente: agradezco a los señores diputados por la invitación. Me hubiera gustado que estuviera presente la totalidad de los miembros de esta comisión, porque la libertad de expresión es un tema crucial no solo para los trabajadores de prensa sino también para la República. Debería haber conciencia de lo que se está jugando acá; de hecho, no estamos en una comisión que trata sobre asuntos laborales sino, nada más y nada menos, que en el seno de la Comisión de Libertad de Expresión.
Hablaré como trabajador de Radio América pero también como miembro de la Comisión Directiva del Foro de Periodismo Argentino -FOPEA-, quien me encomendó que comente que la situación que se está viviendo a raíz de los despidos y el desempleo en el periodismo no tiene precedentes en la historia argentina por múltiples motivos. Nunca hubo tantos despidos de periodistas en tan poco tiempo, hecho que afecta directamente -aclaro que no estoy haciendo ningún tipo de análisis político- la libertad de expresión porque son voces que se acallan y realidades que desaparecen.
Antes de comentar la situación específica de Radio América, me gustaría que Cristian Kapun, periodista del mismo medio, lea un texto de nuestro sindicato, Sipreba.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor Kapun.
SR. KAPUN Señor presidente: como dijo Gabriel Michi, soy periodista de Radio América e integrante de la Rama Interradial del Sipreba, y preparamos un comunicado que engloba a todas las radios y que paso leer. Dice así:
"Las comisiones internas del Sipreba (Radio América, Del Plata, Splendid, El Mundo y Madre) hacen saber a los señores diputados que desde noviembre de 2015 los trabajadores de prensa radial nos encontramos ante una crisis laboral sin precedentes, donde quinientos puestos de trabajo se encuentran en riesgo producto de la negligencia empresaria y la inacción de los organismos del Estado integrados por el gobierno anterior y el actual.
"Despidos, pagos en cuotas del salario, precarización laboral, persecución sindical y vaciamiento son una constante en el rubro de prensa radial.
"Queremos remarcar que el caso más simbólico es el del Grupo Veintitrés, donde el ex candidato a intendente de Tigre del Frente para la Victoria, Sergio Szpolski vació todo un grupo de medios, dejando a ochocientos trabajadores en la calle sin que los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social pusieran a disposición un solo plan de ayuda para los trabajadores de prensa.
"Es muy llamativa la situación de Radio América, con licencia otorgada por el Estado y donde Sergio Szpolski dejó la emisora librada a su suerte y tanto el Ministerio de Comunicaciones como el ENACOM han tenido una pasiva actitud que pareciera favorecer al propio Szpolski en su retirada de los medios de comunicación.
"Tampoco se ha observado una línea de acción de la Superintendencia de Servicios de Salud ni de la AFIP ante la caída de las obras sociales y prepagas de los trabajadores y de la falta de pago en las cargas de seguridad social desde hace siete años.
"Situaciones análogas se dan en las radios Del Plata y Splendid donde desde hace meses estas empresas abonan en cuotas el salario con el perjuicio que esto ocasiona a casi doscientos trabajadores.
Por su parte en Radio Madre se observa la falta de pago desde hace dos meses de los sueldos, producto del corte de la pauta publicitaria del Estado, lo que afecta a veintiséis compañeros de esta emisora y sus familias.
"Mientras tanto, en Radio El Mundo, hemos detectado decenas de casos de precarización laboral y alarmantes situaciones de persecución sindical y malos tratos a los trabajadores de prensa. Casos como el de Rivadavia, donde casi cincuenta trabajadores de prensa no cobran su sueldo desde hace seis meses completan un cuadro realmente alarmante.
"Por todo esto y entendiendo que lo mencionado vulnera además de los derechos laborales de nuestros representados la libertad de expresión, solicitamos de manera urgente se convoque desde esta comisión a los organismos mencionados."
La nota está firmada por Sipreba y las comisiones internas Rama Radio.
"Las comisiones internas del Sipreba (Radio América, Del Plata, Splendid, El Mundo y Madre) hacen saber a los señores diputados que desde noviembre de 2015 los trabajadores de prensa radial nos encontramos ante una crisis laboral sin precedentes, donde quinientos puestos de trabajo se encuentran en riesgo producto de la negligencia empresaria y la inacción de los organismos del Estado integrados por el gobierno anterior y el actual.
"Despidos, pagos en cuotas del salario, precarización laboral, persecución sindical y vaciamiento son una constante en el rubro de prensa radial.
"Queremos remarcar que el caso más simbólico es el del Grupo Veintitrés, donde el ex candidato a intendente de Tigre del Frente para la Victoria, Sergio Szpolski vació todo un grupo de medios, dejando a ochocientos trabajadores en la calle sin que los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social pusieran a disposición un solo plan de ayuda para los trabajadores de prensa.
"Es muy llamativa la situación de Radio América, con licencia otorgada por el Estado y donde Sergio Szpolski dejó la emisora librada a su suerte y tanto el Ministerio de Comunicaciones como el ENACOM han tenido una pasiva actitud que pareciera favorecer al propio Szpolski en su retirada de los medios de comunicación.
"Tampoco se ha observado una línea de acción de la Superintendencia de Servicios de Salud ni de la AFIP ante la caída de las obras sociales y prepagas de los trabajadores y de la falta de pago en las cargas de seguridad social desde hace siete años.
"Situaciones análogas se dan en las radios Del Plata y Splendid donde desde hace meses estas empresas abonan en cuotas el salario con el perjuicio que esto ocasiona a casi doscientos trabajadores.
Por su parte en Radio Madre se observa la falta de pago desde hace dos meses de los sueldos, producto del corte de la pauta publicitaria del Estado, lo que afecta a veintiséis compañeros de esta emisora y sus familias.
"Mientras tanto, en Radio El Mundo, hemos detectado decenas de casos de precarización laboral y alarmantes situaciones de persecución sindical y malos tratos a los trabajadores de prensa. Casos como el de Rivadavia, donde casi cincuenta trabajadores de prensa no cobran su sueldo desde hace seis meses completan un cuadro realmente alarmante.
"Por todo esto y entendiendo que lo mencionado vulnera además de los derechos laborales de nuestros representados la libertad de expresión, solicitamos de manera urgente se convoque desde esta comisión a los organismos mencionados."
La nota está firmada por Sipreba y las comisiones internas Rama Radio.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Continúa en el uso de la palabra el señor Michi.
SR. MICHI Señor presidente: como dije, a continuación me referiré específicamente a la situación de Radio América, donde desde hace cinco meses estamos sin cobrar nuestros salarios. La radio está prácticamente a cargo de los trabajadores debido al abandono de los empresarios.
Si se me permite, leeré una carta de los trabajadores de Radio América que dice así:
"Los trabajadores de LR9 Radio América, AM 1190, queremos informarles de la difícil situación que estamos atravesando desde el mes de diciembre, cuando los empresarios propietarios de esta emisora, como de un gran número de medios de comunicación, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel -entre otros- decidieron abandonamos, dejando solo en el caso de Radio América a ciento veinte personas sin cobrar sus salarios y sin cobertura de salud. Lo mismo ocurrió con los trabajadores de Tiempo Argentino. Pero en el ex Grupo Veintitrés también fueron afectados otros medios como el diario E1 Argentino (en sus diferentes versiones locales), la revista 7 Días, el portal Infonews, entre muchos otros.
"Todos estos medios manejados por estos pseudoempresarios durante años recibieron cientos de millones de pesos de publicidad oficial y, sin siquiera pagar las respectivas indemnizaciones, dejaron a ochocientos trabajadores en la calle. Como un agravante más, durante todos estos años no hicieron los aportes previsionales pese a hacernos los descuentos en nuestros salarios, lo que constituye un delito fiscal y penal, además de privarnos de nuestras futuras jubilaciones. Todos estos hechos fueron denunciados ante las autoridades públicas del anterior y el actual gobierno, pero estos empresarios siguen impunes.
"En el caso de Radio América y Tiempo Argentino, a esta altura se nos adeuda el segundo Salario Anual Complementario de 2015 y los salarios de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. O sea, hace cinco meses que no tenemos nuestros correspondientes ingresos y, con esto, nuestras familias están atravesando una situación desesperante, donde está afectado e1 derecho básico y prioritario de la alimentación y la manutención. Desde ese momento es que estamos en retención de tareas, concurriendo todos los días a nuestros puestos de trabajo, en nuestros horarios correspondientes, pero sin ninguna presencia de la parte patronal y sin cobrar nuestros salarios.
"Hemos tenido quince audiencias en el Ministerio de Trabajo, pero nunca la parte empresaria, que faltó a la mayoría ellas, cumplió con lo acordado. Incluso vio1ó cuatro actas con cronogramas de pagos rubricadas ante la cartera laboral. Hoy esa parte patronal estaría representada por el empresario Juan Mariano Martínez Rojas que, supuestamente, le habría comprado la empresa a Szpolski y compañía, algo que aún no fue acreditado ni ante la Inspección General de Justicia ni ante el ENACOM. Es más, Martínez Rojas pretende tomar posesión de la radio sin esa documentación indispensable y sin pagar la deuda ni garantizar los salarios futuros de los trabajadores.
"Por todo ello es que les solicitamos que, como representantes del pueblo argentino, promuevan acciones en esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que el Ministerio de Trabajo de la Nación nos otorgue los REPRO (Programa de Recuperación Productiva), establecidos para situaciones de crisis como la que estamos padeciendo, algo que hemos solicitado en repetidas ocasiones a esa cartera, pedido que fue apoyado por las centrales sindicales en forma oficial y por escrito.
"También les solicitamos el apoyo explícito a nuestro reclamo, que es en defensa de las fuentes de trabajo y de la libertad de expresión, pilar central de la democracia y garantía elemental de nuestra Constitución Nacional.
"Dado que el ex Grupo Veintitrés fue el que más publicidad oficial recibió durante el gobierno anterior y que tenemos información de que aún le restan facturas por cobrar en ese concepto, es que pedimos que nos apoyen en la demanda de que esa pauta vaya directo a pagar las deudas salariales que tienen con nosotros y no sean entregados a los empresarios inescrupulosos que vaciaron esos medios y dejaron en la calle a ochocientas familias.
"También les pedimos que arbitren los medios para que se reconozcan nuestros derechos previsionales y jubilatorios, que nos fueron robados por la parte empresaria cuando no hicieron los aportes correspondientes.
"Y solicitamos que se obligue a los empresarios que estaban o están detrás de estos medios a comparecer para dar explicaciones ante este Congreso de la Nación ya que lo que han hecho en el vaciamiento de estas empresas puede haber afectado recursos del erario público.
"Es importante que los diputados tengan en cuenta que durante estos meses que han pasado fuimos los trabajadores los que mantuvimos al aire una emisora con noventa años de historia como es LR9 Radio América, incluso pagando los impuestos que dejó de pagar la parte empresaria, manteniendo la higiene y el funcionamiento de las instalaciones, y evitando que la radio se cierre, pierda su licencia otorgada por el Estado y desaparezca del dial. Lo hicimos en defensa de nuestra fuente de trabajo, pero lo hicimos también en defensa de la libertad de expresión, de la pluralidad de voces y, en definitiva, de la democracia."
Por eso pedimos a los señores diputados: "Ayúdennos a mantener vivo este sueño."
Si se me permite, leeré una carta de los trabajadores de Radio América que dice así:
"Los trabajadores de LR9 Radio América, AM 1190, queremos informarles de la difícil situación que estamos atravesando desde el mes de diciembre, cuando los empresarios propietarios de esta emisora, como de un gran número de medios de comunicación, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel -entre otros- decidieron abandonamos, dejando solo en el caso de Radio América a ciento veinte personas sin cobrar sus salarios y sin cobertura de salud. Lo mismo ocurrió con los trabajadores de Tiempo Argentino. Pero en el ex Grupo Veintitrés también fueron afectados otros medios como el diario E1 Argentino (en sus diferentes versiones locales), la revista 7 Días, el portal Infonews, entre muchos otros.
"Todos estos medios manejados por estos pseudoempresarios durante años recibieron cientos de millones de pesos de publicidad oficial y, sin siquiera pagar las respectivas indemnizaciones, dejaron a ochocientos trabajadores en la calle. Como un agravante más, durante todos estos años no hicieron los aportes previsionales pese a hacernos los descuentos en nuestros salarios, lo que constituye un delito fiscal y penal, además de privarnos de nuestras futuras jubilaciones. Todos estos hechos fueron denunciados ante las autoridades públicas del anterior y el actual gobierno, pero estos empresarios siguen impunes.
"En el caso de Radio América y Tiempo Argentino, a esta altura se nos adeuda el segundo Salario Anual Complementario de 2015 y los salarios de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. O sea, hace cinco meses que no tenemos nuestros correspondientes ingresos y, con esto, nuestras familias están atravesando una situación desesperante, donde está afectado e1 derecho básico y prioritario de la alimentación y la manutención. Desde ese momento es que estamos en retención de tareas, concurriendo todos los días a nuestros puestos de trabajo, en nuestros horarios correspondientes, pero sin ninguna presencia de la parte patronal y sin cobrar nuestros salarios.
"Hemos tenido quince audiencias en el Ministerio de Trabajo, pero nunca la parte empresaria, que faltó a la mayoría ellas, cumplió con lo acordado. Incluso vio1ó cuatro actas con cronogramas de pagos rubricadas ante la cartera laboral. Hoy esa parte patronal estaría representada por el empresario Juan Mariano Martínez Rojas que, supuestamente, le habría comprado la empresa a Szpolski y compañía, algo que aún no fue acreditado ni ante la Inspección General de Justicia ni ante el ENACOM. Es más, Martínez Rojas pretende tomar posesión de la radio sin esa documentación indispensable y sin pagar la deuda ni garantizar los salarios futuros de los trabajadores.
"Por todo ello es que les solicitamos que, como representantes del pueblo argentino, promuevan acciones en esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que el Ministerio de Trabajo de la Nación nos otorgue los REPRO (Programa de Recuperación Productiva), establecidos para situaciones de crisis como la que estamos padeciendo, algo que hemos solicitado en repetidas ocasiones a esa cartera, pedido que fue apoyado por las centrales sindicales en forma oficial y por escrito.
"También les solicitamos el apoyo explícito a nuestro reclamo, que es en defensa de las fuentes de trabajo y de la libertad de expresión, pilar central de la democracia y garantía elemental de nuestra Constitución Nacional.
"Dado que el ex Grupo Veintitrés fue el que más publicidad oficial recibió durante el gobierno anterior y que tenemos información de que aún le restan facturas por cobrar en ese concepto, es que pedimos que nos apoyen en la demanda de que esa pauta vaya directo a pagar las deudas salariales que tienen con nosotros y no sean entregados a los empresarios inescrupulosos que vaciaron esos medios y dejaron en la calle a ochocientas familias.
"También les pedimos que arbitren los medios para que se reconozcan nuestros derechos previsionales y jubilatorios, que nos fueron robados por la parte empresaria cuando no hicieron los aportes correspondientes.
"Y solicitamos que se obligue a los empresarios que estaban o están detrás de estos medios a comparecer para dar explicaciones ante este Congreso de la Nación ya que lo que han hecho en el vaciamiento de estas empresas puede haber afectado recursos del erario público.
"Es importante que los diputados tengan en cuenta que durante estos meses que han pasado fuimos los trabajadores los que mantuvimos al aire una emisora con noventa años de historia como es LR9 Radio América, incluso pagando los impuestos que dejó de pagar la parte empresaria, manteniendo la higiene y el funcionamiento de las instalaciones, y evitando que la radio se cierre, pierda su licencia otorgada por el Estado y desaparezca del dial. Lo hicimos en defensa de nuestra fuente de trabajo, pero lo hicimos también en defensa de la libertad de expresión, de la pluralidad de voces y, en definitiva, de la democracia."
Por eso pedimos a los señores diputados: "Ayúdennos a mantener vivo este sueño."
SR. PRESIDENTE CARLOTTO A título informativo, esta Presidencia ha pedido al señor jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, que nos dé información sobre la ejecución de la pauta oficial anterior y posterior al 10 diciembre 2015, como asimismo respecto de la situación que pudiera presentarse sobre las pautas endosadas.
De esa manera, podremos saber cuál fue su destino y procurar que efectivamente sea utilizada para saldar la deuda con los trabajadores. Nos parece importante que sepan esto porque forma parte de las solicitudes que estamos haciendo al gobierno nacional para tener mayor cantidad de elementos respecto de esta situación.
Tiene la palabra el señor diputado Plaini.
De esa manera, podremos saber cuál fue su destino y procurar que efectivamente sea utilizada para saldar la deuda con los trabajadores. Nos parece importante que sepan esto porque forma parte de las solicitudes que estamos haciendo al gobierno nacional para tener mayor cantidad de elementos respecto de esta situación.
Tiene la palabra el señor diputado Plaini.
SR. PLAINI Señor presidente: sería bueno que tomemos nota de esto en la comisión para solicitar al ministro de Trabajo que asista a los compañeros con los REPRO. Estos programas existen, y en la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo del otro día el ministro dijo que los estaban dando. Entonces, también podrían ser otorgados a los compañeros de Radio América.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
SRA. BANFI Señor presidente: más allá de que escuchemos y leamos permanentemente comentarios sobre situaciones similares a las que se generaron en el Grupo Veintitrés y otras empresas de medios, me parece importante que todos colaboremos para saldarlas a fin de que los trabajadores puedan continuar con sus actividades.
Con respecto a los REPRO, como entiendo que están manteniendo reuniones en el Ministerio de Trabajo, también sería bueno generar un canal de comunicación -quizás a través de Gabriel Michi- para hacer un seguimiento y saber si los empresarios que hoy aducen ser propietarios de ese grupo se hacen presentes y rinden cuentas como corresponde. Sé que el Ministerio de Trabajo ya está haciendo un seguimiento.
Es importante que los trabajadores puedan no solo acceder a los REPRO a través de las cooperativas organizadas en Radio América y en diferentes emisoras sino también resolver su situación laboral.
En el marco de esta comisión queremos trabajar junto con la de Legislación del Trabajo. Por eso, más allá de las acciones que tome el señor presidente, desde el interbloque Cambiemos nos comprometemos a transmitir estas demandas a dicha comisión para que también puedan ser canalizadas por esa vía. Creo que es un punto fundamental para resolver el conflicto en forma inmediata y todos puedan volver a trabajar.
Teníamos conocimiento de problema previsional y jubilatorio, que nos parece gravísimo. Estamos ante una persona que no solo abandonó una empresa que se mantuvo durante muchos años seguramente para sostener la voz de un gobierno -esto hay que decirlo- sino que también negreó a la gente. No pagar las cargas previsionales y jubilatorias es robar al Estado, robar a la gente y usarla.
Este punto también es importante. Por eso nosotros nos ocuparemos de que quienes trabajan en estas agencias puedan dar una respuesta y los trabajadores tengan acceso a la información -también de parte del Estado- respecto del seguimiento que se está haciendo de su situación. La idea es que no tengan una sola vía de información sino que puedan ampliarla para saber cómo están trabajando los diferentes canales que representan su situación laboral.
Creo que es fundamental tomar conciencia del cambio de situación en el que nos encontramos y de cuál es nuestra tarea como Comisión de Libertad de Expresión: ampliar cada vez más la pluralidad de voces. Esta es la idea y entiendo que así quedó sentado este fin de semana cuando funcionarios del gobierno dejamos bien claro que el cambio se enfoca principalmente a que los medios públicos son del Estado, mientras que los privados, en el marco del Estado, deben ser apoyados para mantener esa pluralidad de voces.
Vamos a trabajar en esto, ya que el compromiso de los diputados que integramos esta comisión está orientado hacia un único objetivo: fortalecer la libertad de expresión.
Con respecto a los REPRO, como entiendo que están manteniendo reuniones en el Ministerio de Trabajo, también sería bueno generar un canal de comunicación -quizás a través de Gabriel Michi- para hacer un seguimiento y saber si los empresarios que hoy aducen ser propietarios de ese grupo se hacen presentes y rinden cuentas como corresponde. Sé que el Ministerio de Trabajo ya está haciendo un seguimiento.
Es importante que los trabajadores puedan no solo acceder a los REPRO a través de las cooperativas organizadas en Radio América y en diferentes emisoras sino también resolver su situación laboral.
En el marco de esta comisión queremos trabajar junto con la de Legislación del Trabajo. Por eso, más allá de las acciones que tome el señor presidente, desde el interbloque Cambiemos nos comprometemos a transmitir estas demandas a dicha comisión para que también puedan ser canalizadas por esa vía. Creo que es un punto fundamental para resolver el conflicto en forma inmediata y todos puedan volver a trabajar.
Teníamos conocimiento de problema previsional y jubilatorio, que nos parece gravísimo. Estamos ante una persona que no solo abandonó una empresa que se mantuvo durante muchos años seguramente para sostener la voz de un gobierno -esto hay que decirlo- sino que también negreó a la gente. No pagar las cargas previsionales y jubilatorias es robar al Estado, robar a la gente y usarla.
Este punto también es importante. Por eso nosotros nos ocuparemos de que quienes trabajan en estas agencias puedan dar una respuesta y los trabajadores tengan acceso a la información -también de parte del Estado- respecto del seguimiento que se está haciendo de su situación. La idea es que no tengan una sola vía de información sino que puedan ampliarla para saber cómo están trabajando los diferentes canales que representan su situación laboral.
Creo que es fundamental tomar conciencia del cambio de situación en el que nos encontramos y de cuál es nuestra tarea como Comisión de Libertad de Expresión: ampliar cada vez más la pluralidad de voces. Esta es la idea y entiendo que así quedó sentado este fin de semana cuando funcionarios del gobierno dejamos bien claro que el cambio se enfoca principalmente a que los medios públicos son del Estado, mientras que los privados, en el marco del Estado, deben ser apoyados para mantener esa pluralidad de voces.
Vamos a trabajar en esto, ya que el compromiso de los diputados que integramos esta comisión está orientado hacia un único objetivo: fortalecer la libertad de expresión.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor Félix Vallejos, delegado de Editorial Atlántida.
SR. VALLEJOS Señor presidente: como delegado de Editorial Atlántida Televisa vengo a dar testimonio de que, como muchos otros trabajadores argentinos, fuimos víctimas de esta ola de despidos.
El miércoles 27 de abril, la patronal despidió compulsivamente a veintiocho trabajadores de diferentes áreas de la editorial: de la revista Gente, de la revista Para Ti y también de los sectores de archivo y administración. La excusa o la justificación que dio la empresa fue que se trataba de una reestructuración debido a que la devaluación había encarecido el costo del papel. Luego de ese miércoles en que los despidos fueron veintiocho, en una reunión de la comisión interna uno de los directores nos dijo que en los sucesivos días los despidos iban a seguir porque tenían pensado echar a cerca de cuarenta trabajadores.
Por suerte, la reacción de la asamblea de trabajadores y de todos los compañeros de la editorial fue instantánea. Después de una fuerte lucha que emprendimos de inmediato logramos no solo suspender el envío de once telegramas de despido que se iban a mandar entre jueves y viernes sino también la reincorporación de uno de los compañeros.
Hoy, una de nuestras preocupaciones más grandes es ese listado de once trabajadores que quedó en suspenso. La verdad es que, si bien por el momento no se siguió con los despidos, la incertidumbre y el miedo continúan latentes. Por eso, la asamblea de trabajadores de Editorial Atlántida Televisa pide a los señores diputados que instrumenten las herramientas que tengan a su alcance para frenar esta ola de despidos que está sufriendo el gremio de prensa.
El miércoles 27 de abril, la patronal despidió compulsivamente a veintiocho trabajadores de diferentes áreas de la editorial: de la revista Gente, de la revista Para Ti y también de los sectores de archivo y administración. La excusa o la justificación que dio la empresa fue que se trataba de una reestructuración debido a que la devaluación había encarecido el costo del papel. Luego de ese miércoles en que los despidos fueron veintiocho, en una reunión de la comisión interna uno de los directores nos dijo que en los sucesivos días los despidos iban a seguir porque tenían pensado echar a cerca de cuarenta trabajadores.
Por suerte, la reacción de la asamblea de trabajadores y de todos los compañeros de la editorial fue instantánea. Después de una fuerte lucha que emprendimos de inmediato logramos no solo suspender el envío de once telegramas de despido que se iban a mandar entre jueves y viernes sino también la reincorporación de uno de los compañeros.
Hoy, una de nuestras preocupaciones más grandes es ese listado de once trabajadores que quedó en suspenso. La verdad es que, si bien por el momento no se siguió con los despidos, la incertidumbre y el miedo continúan latentes. Por eso, la asamblea de trabajadores de Editorial Atlántida Televisa pide a los señores diputados que instrumenten las herramientas que tengan a su alcance para frenar esta ola de despidos que está sufriendo el gremio de prensa.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor diputado Plaini.
SR. PLAINI Señor presidente: frente a este panorama, que no es distinto al planteado por muchos trabajadores de varios sectores, ya que la diputada del oficialismo acompañó la idea de que se soliciten los REPRO también desde la Comisión de Legislación del Trabajo -que algunos de nosotros integramos-, pido que se envíe una nota al presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el compañero Roberti, para que reciban en ese ámbito a los trabajadores. Nosotros acompañaremos esa solicitud.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Se procederá de esa manera, señor diputado.
Tiene la palabra el señor Nicolás Luna, delegado de Télam.
Tiene la palabra el señor Nicolás Luna, delegado de Télam.
SR. LUNA Señor presidente: como delegado de Télam quiero decir que ver a todos los compañeros que están sufriendo en este momento es muy triste. No es la misma realidad que está viviendo la agencia, pero hay que decir las cosas como suceden.
Nosotros sufrimos la desafectación de nueve historietistas, a quienes no les pagaban desde hacía tres meses. Después, se dio de baja al producto. En principio se les ofreció seguir trabajando en la empresa, pero realizando otro tipo de tarea que no era la de informar a través de las historietas.
Esta situación todavía está en veremos. Es importante destacar que el suplemento Historietas Nacionales era el único medio a nivel nacional de este tipo que se ofrecía para el interior del país.
Hace un tiempo, Juan Sasturain hizo una nota con respecto a esto en Página 12. Nos parece importante destacar que la pluralidad de voces también tiene que ver con este tipo de medidas que afectan no solamente al periodismo gráfico, televisivo o radial sino también a canales como la historieta, que también informan.
El suplemento semanal Historietas Nacionales no sale más y estamos tratando de resolver la situación de esos nueve compañeros.
En la agencia hay un cambio de gestión, pero también hay que ser honesto y decir que existe una predisposición a mantener los puestos de trabajo; detrás de eso estamos.
Sin embargo, no podemos dejar de señalar que la realidad del gremio pasa por un momento muy triste y que nuestro mandato como comisión interna es solidarizarnos con todos los trabajadores que están sufriendo el despido y el cierre de medios.
Por otro lado, quiero mencionar puntualmente la situación de un compañero de la revista Veintitrés que fue a una movilización del Grupo Olmos para solidarizarse y fue despedido por eso. No recuerdo el nombre, pero manifestamos nuestra solidaridad hacia todos.
Nosotros sufrimos la desafectación de nueve historietistas, a quienes no les pagaban desde hacía tres meses. Después, se dio de baja al producto. En principio se les ofreció seguir trabajando en la empresa, pero realizando otro tipo de tarea que no era la de informar a través de las historietas.
Esta situación todavía está en veremos. Es importante destacar que el suplemento Historietas Nacionales era el único medio a nivel nacional de este tipo que se ofrecía para el interior del país.
Hace un tiempo, Juan Sasturain hizo una nota con respecto a esto en Página 12. Nos parece importante destacar que la pluralidad de voces también tiene que ver con este tipo de medidas que afectan no solamente al periodismo gráfico, televisivo o radial sino también a canales como la historieta, que también informan.
El suplemento semanal Historietas Nacionales no sale más y estamos tratando de resolver la situación de esos nueve compañeros.
En la agencia hay un cambio de gestión, pero también hay que ser honesto y decir que existe una predisposición a mantener los puestos de trabajo; detrás de eso estamos.
Sin embargo, no podemos dejar de señalar que la realidad del gremio pasa por un momento muy triste y que nuestro mandato como comisión interna es solidarizarnos con todos los trabajadores que están sufriendo el despido y el cierre de medios.
Por otro lado, quiero mencionar puntualmente la situación de un compañero de la revista Veintitrés que fue a una movilización del Grupo Olmos para solidarizarse y fue despedido por eso. No recuerdo el nombre, pero manifestamos nuestra solidaridad hacia todos.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor Santiago Ibarra, de Antena Negra TV.
SR. IBARRA Señor presidente: no sé si todos conocen el caso de Antena Negra, un medio comunitario que integra la Red Nacional de Medios Alternativos. Como siempre decimos, porque históricamente los medios comunitarios fuimos perseguidos e invisibilizados, además de dar la noticia somos parte de ella. Por eso venimos acá a contar cuál es nuestro conflicto.
Mientras pensábamos en qué vendríamos a decir, en principio decíamos que si esta reunión hubiera sido el año pasado también habríamos venido, porque nuestro conflicto y su judicialización datan del año pasado.
Arrancamos a transmitir en Televisión Digital Abierta el 24 de marzo de 2015. Por la noche, un empleado o técnico de Prosegur vino a decirnos que interferíamos su señal, cuando en ninguna parte estaba establecido que Prosegur ocupaba parte de la frecuencia destinada a Televisión Digital Abierta.
A partir de ese hecho, Prosegur comienza una acción judicial contra el canal y hay un imputado en la causa. Luego, el juez Martínez De Giorgi procede al allanamiento; la AFTIC manda a sus técnicos a comprobar si había interferencia o no, corroboran que sí la hay y entonces el juez autoriza el allanamiento de nuestro canal.
No sé si todos pudieron ver cómo fue la situación, pero salió en todos los medios. Rompieron todas las instalaciones del canal y los medios de trabajo, y se llevaron los equipos de transmisión.
Posteriormente, con la presión que sabemos hacer los medios comunitarios -que es salir a la calle a reclamar lo que es nuestro-, la AFSCA elabora un documento y lo presenta al juez.
Como consecuencia de ello, el magistrado reconoce a Antena Negra TV como un canal de televisión, sobresee al imputado y sostiene que el conflicto se debía resolver en sede administrativa y no, como se venía haciendo hasta el momento, en sede penal.
La Sala II revoca este fallo por entender que no había pruebas para pasar del fuero penal al administrativo, con lo cual empieza nuevamente el proceso judicial. Ahora no están la AFTIC ni la AFSCA sino el ENACOM, que hace exactamente lo mismo que había hecho la AFTIC un año antes: mandar a sus técnicos para corroborar si hay interferencia. Cuando determinan que sí la hay, el juez procede a ordenar el allanamiento.
Cuando nos enteramos, empezamos a comunicar que iba a haber un allanamiento que suponíamos iba a ser igual de violento que el anterior. A partir de la gran difusión que tuvo el conflicto, de que todos los medios comunitarios y no comunitarios, personas de a pie y demás sectores visibilizaran el posible allanamiento, el juez dio un paso atrás, bajó la orden de allanamiento y cambió la estrategia: en vez de llevar adelante un procedimiento con posibles consecuencias mediáticas, nos obligó a devolver en cuarenta y ocho horas los equipos al ENACOM.
Lo único que logró esto fue solapar la violencia. Siendo un medio comunitario y teniendo una persona judicializada penalmente, si no entregábamos los equipos caíamos en desacato, lo que iba a complicar demasiado la causa penal. Dado que como medio comunitario no teníamos fuerza suficiente para ir en contra de esa situación, debimos entregar los equipos.
Hoy no estamos saliendo al aire. Transmitimos solo por Internet y seguimos los mismos pasos de la otra vez: denunciar en la calle y tratar que el conflicto se difunda. Con esa única esperanza vinimos a esta reunión; queremos aprovechar esta ocasión donde hay compañeros periodistas no solo para solidarizarnos con sus causas sino también para comunicarles la nuestra.
Al no estar en el aire, dejamos de comunicar lo que suelen publicar los medios comunitarios y por lo que es importante que existan: las luchas de los pueblos originarios, de los compañeros de Tierra del Fuego y de los compañeros de Tiempo Argentino. También con ellos estuvimos y saludamos su cooperativización; creemos que es un gran proceso que están llevando a cabo.
En este momento, más que en ningún otro, se está demostrando que no se puede confiar en los patrones. Conocía lo que ocurre en Radio América y me parece terrible. Nos parece que el proceso de cooperativización ayuda también al proceso de tomar conciencia sobre dónde hay que estar y contra quién es necesario posicionarse.
También queremos comunicar que los compañeros de Tierra del Fuego tuvieron que venir hasta Buenos Aires para contar su conflicto porque en su provincia hay un cerco mediático que no les permite hacerlo. Hay cinco compañeros que estuvieron presos; actualmente están libres, pero su situación es como si ya se les hubiese aplicado una pena porque están en libertad condicional sin juicio previo. Es un escenario totalmente irregular que no creo que tenga precedentes. Lo comento aquí porque no estamos en el aire; si no, podríamos hacerlo por esa vía.
Por otro lado, quiero comentar que en 2010 hicimos el censo que la ley de medios pedía y solicitamos al organismo pertinente la apertura de los concursos, específicamente para la categoría "F" de medios comunitarios sin fines de lucro en alta frecuencia. Nunca se abrió, con lo cual era imposible que nos dieran una licencia. Denunciamos esto millones de veces: por una falta de regularización y porque los organismos pertinentes no han hecho el trabajo que debían hacer, hay una persona penalmente judicializada. Justamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó el caso de Antena Negra para referirse a los conflictos derivados de la falta de regularización.
No es posible hablar de libre expresión si no se tienen en cuenta los aspectos técnicos para garantizarla. Es decir, si no hay un plan técnico ni una orden de migración de las señales ni un reparto del espectro. Esto puede traer como consecuencia, por ejemplo, que se impute penalmente a una persona por comunicar, algo que es muy raro y que no sé si sucedió en otros casos.
En suma, pedimos la apertura de los concursos, que la causa pase del fuero penal al administrativo y que Antena Negra, de una vez por todas, cuente con su licencia para dejar de estar en una situación irregular y tenga la posibilidad de comunicar, ya que ése es el trabajo de los medios comunitarios.
Mientras pensábamos en qué vendríamos a decir, en principio decíamos que si esta reunión hubiera sido el año pasado también habríamos venido, porque nuestro conflicto y su judicialización datan del año pasado.
Arrancamos a transmitir en Televisión Digital Abierta el 24 de marzo de 2015. Por la noche, un empleado o técnico de Prosegur vino a decirnos que interferíamos su señal, cuando en ninguna parte estaba establecido que Prosegur ocupaba parte de la frecuencia destinada a Televisión Digital Abierta.
A partir de ese hecho, Prosegur comienza una acción judicial contra el canal y hay un imputado en la causa. Luego, el juez Martínez De Giorgi procede al allanamiento; la AFTIC manda a sus técnicos a comprobar si había interferencia o no, corroboran que sí la hay y entonces el juez autoriza el allanamiento de nuestro canal.
No sé si todos pudieron ver cómo fue la situación, pero salió en todos los medios. Rompieron todas las instalaciones del canal y los medios de trabajo, y se llevaron los equipos de transmisión.
Posteriormente, con la presión que sabemos hacer los medios comunitarios -que es salir a la calle a reclamar lo que es nuestro-, la AFSCA elabora un documento y lo presenta al juez.
Como consecuencia de ello, el magistrado reconoce a Antena Negra TV como un canal de televisión, sobresee al imputado y sostiene que el conflicto se debía resolver en sede administrativa y no, como se venía haciendo hasta el momento, en sede penal.
La Sala II revoca este fallo por entender que no había pruebas para pasar del fuero penal al administrativo, con lo cual empieza nuevamente el proceso judicial. Ahora no están la AFTIC ni la AFSCA sino el ENACOM, que hace exactamente lo mismo que había hecho la AFTIC un año antes: mandar a sus técnicos para corroborar si hay interferencia. Cuando determinan que sí la hay, el juez procede a ordenar el allanamiento.
Cuando nos enteramos, empezamos a comunicar que iba a haber un allanamiento que suponíamos iba a ser igual de violento que el anterior. A partir de la gran difusión que tuvo el conflicto, de que todos los medios comunitarios y no comunitarios, personas de a pie y demás sectores visibilizaran el posible allanamiento, el juez dio un paso atrás, bajó la orden de allanamiento y cambió la estrategia: en vez de llevar adelante un procedimiento con posibles consecuencias mediáticas, nos obligó a devolver en cuarenta y ocho horas los equipos al ENACOM.
Lo único que logró esto fue solapar la violencia. Siendo un medio comunitario y teniendo una persona judicializada penalmente, si no entregábamos los equipos caíamos en desacato, lo que iba a complicar demasiado la causa penal. Dado que como medio comunitario no teníamos fuerza suficiente para ir en contra de esa situación, debimos entregar los equipos.
Hoy no estamos saliendo al aire. Transmitimos solo por Internet y seguimos los mismos pasos de la otra vez: denunciar en la calle y tratar que el conflicto se difunda. Con esa única esperanza vinimos a esta reunión; queremos aprovechar esta ocasión donde hay compañeros periodistas no solo para solidarizarnos con sus causas sino también para comunicarles la nuestra.
Al no estar en el aire, dejamos de comunicar lo que suelen publicar los medios comunitarios y por lo que es importante que existan: las luchas de los pueblos originarios, de los compañeros de Tierra del Fuego y de los compañeros de Tiempo Argentino. También con ellos estuvimos y saludamos su cooperativización; creemos que es un gran proceso que están llevando a cabo.
En este momento, más que en ningún otro, se está demostrando que no se puede confiar en los patrones. Conocía lo que ocurre en Radio América y me parece terrible. Nos parece que el proceso de cooperativización ayuda también al proceso de tomar conciencia sobre dónde hay que estar y contra quién es necesario posicionarse.
También queremos comunicar que los compañeros de Tierra del Fuego tuvieron que venir hasta Buenos Aires para contar su conflicto porque en su provincia hay un cerco mediático que no les permite hacerlo. Hay cinco compañeros que estuvieron presos; actualmente están libres, pero su situación es como si ya se les hubiese aplicado una pena porque están en libertad condicional sin juicio previo. Es un escenario totalmente irregular que no creo que tenga precedentes. Lo comento aquí porque no estamos en el aire; si no, podríamos hacerlo por esa vía.
Por otro lado, quiero comentar que en 2010 hicimos el censo que la ley de medios pedía y solicitamos al organismo pertinente la apertura de los concursos, específicamente para la categoría "F" de medios comunitarios sin fines de lucro en alta frecuencia. Nunca se abrió, con lo cual era imposible que nos dieran una licencia. Denunciamos esto millones de veces: por una falta de regularización y porque los organismos pertinentes no han hecho el trabajo que debían hacer, hay una persona penalmente judicializada. Justamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó el caso de Antena Negra para referirse a los conflictos derivados de la falta de regularización.
No es posible hablar de libre expresión si no se tienen en cuenta los aspectos técnicos para garantizarla. Es decir, si no hay un plan técnico ni una orden de migración de las señales ni un reparto del espectro. Esto puede traer como consecuencia, por ejemplo, que se impute penalmente a una persona por comunicar, algo que es muy raro y que no sé si sucedió en otros casos.
En suma, pedimos la apertura de los concursos, que la causa pase del fuero penal al administrativo y que Antena Negra, de una vez por todas, cuente con su licencia para dejar de estar en una situación irregular y tenga la posibilidad de comunicar, ya que ése es el trabajo de los medios comunitarios.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la señora Cynthia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
SRA. OTTAVIANO Señor presidente: en primer lugar, saludo a las trabajadoras, los trabajadores, los diputados y las diputadas. Permítanme reconocer la trascendencia de esta convocatoria y agradecer la invitación que me han hecho llegar.
Desde la perspectiva de la Defensoría del Público, es necesario aclarar que estamos aquí reunidos en defensa del derecho humano a la comunicación. Es decir, del derecho a dar y recibir información, y a informar a título individual pero, sobre todo, a título colectivo. Estamos aquí por la faz colectiva de este derecho humano a la comunicación que implica poder acceder a las ideas, a las opiniones y a las perspectivas de otras personas en la sociedad en que vivimos.
Es un hecho trascendente que convierte una democracia en un espacio en el que se pueda vivir, no en un espacio en el que permanentemente se restringen los derechos humanos y específicamente el de acceso a la comunicación.
Justamente porque es un derecho humano, el Estado tiene un rol de salvaguarda; no podemos olvidar esto ni soslayarlo. No estamos hablando nada más que de conflictos laborales. Por eso pido por favor que no se atomicen las realidades que están describiendo los trabajadores y las trabajadoras, porque no estamos hablando de un conflicto particular sino de lesiones muy claras en todos los estamentos posibles de los servicios de comunicación audiovisual que terminan lastimando el derecho humano a la comunicación.
De manera que, desde la perspectiva de la Defensoría del Público, es importante que otras comisiones también puedan llevar adelante distintas medidas para solucionar este gran conflicto. Estamos hablando de lesiones a la libertad de expresión y del derecho humano a la comunicación.
Estas afectaciones a los derechos de más de dos mil quinientas personas que trabajan en los servicios de comunicación audiovisual, provocadas por despidos masivos y arbitrarios, precarización laboral o persecución sindical e ideológica, vienen ocurriendo en los últimos seis meses. En este sentido, rescato las palabras de Gabriel Michi, de FOPEA, en cuanto a que se trata de un hecho que no tiene antecedentes en la historia reciente de la Argentina.
Ante esta situación, la Defensoría del Público que represento recomienda a las autoridades nacionales y provinciales la adopción de medidas urgentes y efectivas para evitar nuevas vulneraciones a los derechos laborales, a la libertad de expresión y a la celebración de audiencias para revertir lo que ya se produjo.
Se trata no solo de evitar que vuelva a ocurrir sino de reparar los derechos que ya fueron afectados.
De acuerdo con la información que recabamos en diálogo con trabajadores y trabajadoras y con sus representantes en el ámbito de la Defensoría del Público, la situación se agrava en un contexto en el que se discontinuó el pago de la publicidad oficial; eso es lo que denuncian los trabajadores y las trabajadoras. También se detuvo la realización de proyectos audiovisuales impulsados por políticas públicas estatales.
Además, se está ocultando información sobre la titularidad de las licencias, sin que los organismos con competencia específica ofrezcan soluciones. Se afecta entonces así la libertad de expresión y los derechos de las audiencias que, en el ámbito de la Defensoría del Público, manifestaron su preocupación en los últimos meses por el financiamiento de esta situación general en los servicios de comunicación audiovisual. Estas informaciones no se registran todos los días en dichos servicios; por el contrario, se silencian y ocultan las realidades que ya hemos escuchado y las que seguramente escucharemos en los próximos minutos.
Las leyes nacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos protegen el trabajo y la estabilidad en el empleo pronunciándose, justamente, contra el despido, pero también protegiendo la continuidad de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual. En ese sentido, no hay que olvidar el artículo 50 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tiene plena vigencia en la Argentina.
Se encuentran también el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 7°, inciso d), del Protocolo de San Salvador. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo no solo incorpora en su Constitución la libertad de expresión dentro de sus cuatro principios fundamentales sobre la dignidad humana, sino que se pronuncia en el Convenio 158 y en la Recomendación 176 sobre la anulación del despido arbitrario y la reposición en el puesto de trabajo. Sobre todo, en afectaciones y despidos que impliquen la violación de otros derechos humanos; en este caso, la libertad de expresión, el derecho a la información y los derechos de las audiencias.
Creo que estamos aquí reunidos a título informativo, y espero que los señores diputados puedan trabajar en función de lo informado y de toda la legislación que hemos mencionado.
Justamente en función de lo expuesto, y reconociendo que la precarización laboral y los despidos masivos en los servicios de comunicación audiovisual lesionan la libertad de expresión y funcionan como factores de disciplinamiento editorial y social, la Defensoría del Público hace una recomendación. Si bien la hemos hecho pública e incluso entregamos una nota en esta comisión, quiero reiterarla y dejar la relatoría para que los señores diputados puedan ver que esta situación no se da solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; se mencionó Tierra del Fuego, pero también la vemos en provincias como Córdoba. Por eso llamamos a encontrar soluciones en todo el país y no solo para casos puntuales.
Como decía, la Defensoría del Público recomienda a los Poderes Ejecutivos nacional y provinciales -en particular al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al Ente Nacional de Comunicaciones y a la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078- y a ambas Cámaras del Congreso Nacional -sobre todo a sus comisiones encargadas de abordar las problemáticas laborales y comunicacionales- que adopten, en el marco de sus competencias, medidas inmediatas y efectivas para evitar las afectaciones al derecho humano a la comunicación y revertir las que ya se produjeron.
Este cuadro de situación fue puesto en conocimiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, a partir de las denuncias recibidas, hace un seguimiento específico del estado de incumplimiento de la libertad de expresión en la Argentina. También fue informado a la Relatoría Especial para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas.
Lamento que no estén presentes los treinta y un miembros de esta comisión.
Esto lo digo como trabajadora de la comunicación audiovisual. Casi nunca nos escuchan; por eso, no solo sufrimos situaciones como las que se relataron, que son graves para la sociedad argentina en su conjunto, sino también que se haga oídos sordos.
Si hay incertidumbre, si hay miedo, no se puede ejercer libremente el periodismo. Es falso que alguien pueda trabajar en forma libre en los servicios de comunicación audiovisual, contribuyendo a la pluralidad y diversidad, si tiene miedo a ser perseguido y despedido. Más aún cuando las autoridades competentes hacen silencio frente a esa situación o no ofrecen soluciones de manera inmediata.
Por eso pido responsabilidad y sensibilidad; no solo solidaridad. Pido a los señores legisladores que tengan conciencia frente a esta encrucijada histórica para la sociedad en la que estamos hoy quienes ocupamos responsabilidades en el ámbito del Estado.
Tomen medidas efectivas que frenen estas vulneraciones de manera urgente, señores diputados, porque estas situaciones terminan vulnerando directamente a la democracia.
No hay democracia posible sin libertad de expresión. No hay democracia posible sin derecho humano a la comunicación.
Como decía, enviamos la nota de manera formal; pero si es necesario algún otro requerimiento, pido que nos lo hagan saber porque es cierto que puede naufragar el reclamo colectivo del derecho humano a la comunicación por cuestiones formales. Aquí estamos tratando cuestiones de fondo. Entonces, si haya algún impedimento de forma, háganlo saber lo antes posible para que no sea en vano no solo este dolor sino la afectación de la vida cotidiana que estamos teniendo en la Argentina.
Desde mi punto de vista, creo que los señores legisladores tienen todos los elementos para defender no solo la democracia sino también a los trabajadores, para no dejarlos abandonados a merced de la falta de cumplimiento del deber que tiene el Estado de salvaguardar el derecho humano a la comunicación tanto de quienes trabajamos en los servicios de comunicación audiovisual como de todo el pueblo argentino. (Aplausos).
Desde la perspectiva de la Defensoría del Público, es necesario aclarar que estamos aquí reunidos en defensa del derecho humano a la comunicación. Es decir, del derecho a dar y recibir información, y a informar a título individual pero, sobre todo, a título colectivo. Estamos aquí por la faz colectiva de este derecho humano a la comunicación que implica poder acceder a las ideas, a las opiniones y a las perspectivas de otras personas en la sociedad en que vivimos.
Es un hecho trascendente que convierte una democracia en un espacio en el que se pueda vivir, no en un espacio en el que permanentemente se restringen los derechos humanos y específicamente el de acceso a la comunicación.
Justamente porque es un derecho humano, el Estado tiene un rol de salvaguarda; no podemos olvidar esto ni soslayarlo. No estamos hablando nada más que de conflictos laborales. Por eso pido por favor que no se atomicen las realidades que están describiendo los trabajadores y las trabajadoras, porque no estamos hablando de un conflicto particular sino de lesiones muy claras en todos los estamentos posibles de los servicios de comunicación audiovisual que terminan lastimando el derecho humano a la comunicación.
De manera que, desde la perspectiva de la Defensoría del Público, es importante que otras comisiones también puedan llevar adelante distintas medidas para solucionar este gran conflicto. Estamos hablando de lesiones a la libertad de expresión y del derecho humano a la comunicación.
Estas afectaciones a los derechos de más de dos mil quinientas personas que trabajan en los servicios de comunicación audiovisual, provocadas por despidos masivos y arbitrarios, precarización laboral o persecución sindical e ideológica, vienen ocurriendo en los últimos seis meses. En este sentido, rescato las palabras de Gabriel Michi, de FOPEA, en cuanto a que se trata de un hecho que no tiene antecedentes en la historia reciente de la Argentina.
Ante esta situación, la Defensoría del Público que represento recomienda a las autoridades nacionales y provinciales la adopción de medidas urgentes y efectivas para evitar nuevas vulneraciones a los derechos laborales, a la libertad de expresión y a la celebración de audiencias para revertir lo que ya se produjo.
Se trata no solo de evitar que vuelva a ocurrir sino de reparar los derechos que ya fueron afectados.
De acuerdo con la información que recabamos en diálogo con trabajadores y trabajadoras y con sus representantes en el ámbito de la Defensoría del Público, la situación se agrava en un contexto en el que se discontinuó el pago de la publicidad oficial; eso es lo que denuncian los trabajadores y las trabajadoras. También se detuvo la realización de proyectos audiovisuales impulsados por políticas públicas estatales.
Además, se está ocultando información sobre la titularidad de las licencias, sin que los organismos con competencia específica ofrezcan soluciones. Se afecta entonces así la libertad de expresión y los derechos de las audiencias que, en el ámbito de la Defensoría del Público, manifestaron su preocupación en los últimos meses por el financiamiento de esta situación general en los servicios de comunicación audiovisual. Estas informaciones no se registran todos los días en dichos servicios; por el contrario, se silencian y ocultan las realidades que ya hemos escuchado y las que seguramente escucharemos en los próximos minutos.
Las leyes nacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos protegen el trabajo y la estabilidad en el empleo pronunciándose, justamente, contra el despido, pero también protegiendo la continuidad de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual. En ese sentido, no hay que olvidar el artículo 50 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tiene plena vigencia en la Argentina.
Se encuentran también el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 7°, inciso d), del Protocolo de San Salvador. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo no solo incorpora en su Constitución la libertad de expresión dentro de sus cuatro principios fundamentales sobre la dignidad humana, sino que se pronuncia en el Convenio 158 y en la Recomendación 176 sobre la anulación del despido arbitrario y la reposición en el puesto de trabajo. Sobre todo, en afectaciones y despidos que impliquen la violación de otros derechos humanos; en este caso, la libertad de expresión, el derecho a la información y los derechos de las audiencias.
Creo que estamos aquí reunidos a título informativo, y espero que los señores diputados puedan trabajar en función de lo informado y de toda la legislación que hemos mencionado.
Justamente en función de lo expuesto, y reconociendo que la precarización laboral y los despidos masivos en los servicios de comunicación audiovisual lesionan la libertad de expresión y funcionan como factores de disciplinamiento editorial y social, la Defensoría del Público hace una recomendación. Si bien la hemos hecho pública e incluso entregamos una nota en esta comisión, quiero reiterarla y dejar la relatoría para que los señores diputados puedan ver que esta situación no se da solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; se mencionó Tierra del Fuego, pero también la vemos en provincias como Córdoba. Por eso llamamos a encontrar soluciones en todo el país y no solo para casos puntuales.
Como decía, la Defensoría del Público recomienda a los Poderes Ejecutivos nacional y provinciales -en particular al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al Ente Nacional de Comunicaciones y a la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078- y a ambas Cámaras del Congreso Nacional -sobre todo a sus comisiones encargadas de abordar las problemáticas laborales y comunicacionales- que adopten, en el marco de sus competencias, medidas inmediatas y efectivas para evitar las afectaciones al derecho humano a la comunicación y revertir las que ya se produjeron.
Este cuadro de situación fue puesto en conocimiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, a partir de las denuncias recibidas, hace un seguimiento específico del estado de incumplimiento de la libertad de expresión en la Argentina. También fue informado a la Relatoría Especial para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas.
Lamento que no estén presentes los treinta y un miembros de esta comisión.
Esto lo digo como trabajadora de la comunicación audiovisual. Casi nunca nos escuchan; por eso, no solo sufrimos situaciones como las que se relataron, que son graves para la sociedad argentina en su conjunto, sino también que se haga oídos sordos.
Si hay incertidumbre, si hay miedo, no se puede ejercer libremente el periodismo. Es falso que alguien pueda trabajar en forma libre en los servicios de comunicación audiovisual, contribuyendo a la pluralidad y diversidad, si tiene miedo a ser perseguido y despedido. Más aún cuando las autoridades competentes hacen silencio frente a esa situación o no ofrecen soluciones de manera inmediata.
Por eso pido responsabilidad y sensibilidad; no solo solidaridad. Pido a los señores legisladores que tengan conciencia frente a esta encrucijada histórica para la sociedad en la que estamos hoy quienes ocupamos responsabilidades en el ámbito del Estado.
Tomen medidas efectivas que frenen estas vulneraciones de manera urgente, señores diputados, porque estas situaciones terminan vulnerando directamente a la democracia.
No hay democracia posible sin libertad de expresión. No hay democracia posible sin derecho humano a la comunicación.
Como decía, enviamos la nota de manera formal; pero si es necesario algún otro requerimiento, pido que nos lo hagan saber porque es cierto que puede naufragar el reclamo colectivo del derecho humano a la comunicación por cuestiones formales. Aquí estamos tratando cuestiones de fondo. Entonces, si haya algún impedimento de forma, háganlo saber lo antes posible para que no sea en vano no solo este dolor sino la afectación de la vida cotidiana que estamos teniendo en la Argentina.
Desde mi punto de vista, creo que los señores legisladores tienen todos los elementos para defender no solo la democracia sino también a los trabajadores, para no dejarlos abandonados a merced de la falta de cumplimiento del deber que tiene el Estado de salvaguardar el derecho humano a la comunicación tanto de quienes trabajamos en los servicios de comunicación audiovisual como de todo el pueblo argentino. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann.
SRA. SCHMIDT LIERMANN Señor presidente: agradezco la presencia de los trabajadores.
En cuanto a lo que dijo la defensora del Público, hay un tercer punto que creo que es fundamental: citar a los responsables, como ya lo pidieron periodistas y otros trabajadores del sector. Es decir, a los empresarios que en forma totalmente irresponsable manejaron la pauta publicitaria creando, a veces, incluso medios casi ficticios. Hay que ser coherente y pensar también en este tercer punto.
Tenemos dos situaciones. Una, que es la más urgente, es la de los trabajadores, para quienes hay que buscar una solución. Estamos abocados a eso y nos comprometemos especialmente a hablar con el ministro Triaca para que analice el otorgamiento de los REPRO. Independientemente de que se cite a la Comisión de Legislación del Trabajo, trataremos de hablar directamente con el señor ministro para ver qué está pasando.
De todas maneras, pido a la defensora del Público que no olvide que cierta gente actuó con total irresponsabilidad. No pueden quedar impunes porque si no, lamentablemente, después pasa lo de siempre: los trabajadores que tienen ganas de llevar adelante su tarea resultan siendo víctimas de gente con intereses espurios. Por lo tanto, nuestro compromiso es también tratar de investigar qué pasó. Por eso me encantaría que se cite a los empresarios a la comisión.
Con respecto a Télam, se me ocurre que podríamos hacer un intento con el Ministerio de Cultura para ver si desde allí se puede desarrollar algún programa que permita rescatar las historietas. No prometo nada, pero lo vamos a intentar. Ya en la Comisión de Cultura, el año pasado trabajamos mucho sobre la importancia de la historieta como valor cultural y casi patrimonial.
Agradezco a todos los que hoy nos visitan por su presencia y les hago saber nuestra disposición para trabajar en el tema.
Sr. Presidente (Carlotto).- Tiene la palabra el señor Sergio D'Arco, de Canal 360 TV.
En cuanto a lo que dijo la defensora del Público, hay un tercer punto que creo que es fundamental: citar a los responsables, como ya lo pidieron periodistas y otros trabajadores del sector. Es decir, a los empresarios que en forma totalmente irresponsable manejaron la pauta publicitaria creando, a veces, incluso medios casi ficticios. Hay que ser coherente y pensar también en este tercer punto.
Tenemos dos situaciones. Una, que es la más urgente, es la de los trabajadores, para quienes hay que buscar una solución. Estamos abocados a eso y nos comprometemos especialmente a hablar con el ministro Triaca para que analice el otorgamiento de los REPRO. Independientemente de que se cite a la Comisión de Legislación del Trabajo, trataremos de hablar directamente con el señor ministro para ver qué está pasando.
De todas maneras, pido a la defensora del Público que no olvide que cierta gente actuó con total irresponsabilidad. No pueden quedar impunes porque si no, lamentablemente, después pasa lo de siempre: los trabajadores que tienen ganas de llevar adelante su tarea resultan siendo víctimas de gente con intereses espurios. Por lo tanto, nuestro compromiso es también tratar de investigar qué pasó. Por eso me encantaría que se cite a los empresarios a la comisión.
Con respecto a Télam, se me ocurre que podríamos hacer un intento con el Ministerio de Cultura para ver si desde allí se puede desarrollar algún programa que permita rescatar las historietas. No prometo nada, pero lo vamos a intentar. Ya en la Comisión de Cultura, el año pasado trabajamos mucho sobre la importancia de la historieta como valor cultural y casi patrimonial.
Agradezco a todos los que hoy nos visitan por su presencia y les hago saber nuestra disposición para trabajar en el tema.
Sr. Presidente (Carlotto).- Tiene la palabra el señor Sergio D'Arco, de Canal 360 TV.
SR. D'ARCO Señor presidente: agradezco a los diputados que integran esta comisión y a todos mis colegas poder estar acá para expresar lo que está sucediendo en los medios de comunicación.
Lamento profundamente que no hayan venido todos los diputados. Cuando a muchos de ellos los cruzábamos en la calle y les contábamos nuestros problemas, los veíamos muy aquejados; pero cuando tienen que venir a una mesa de discusión, lamentablemente no lo hacen.
Venimos con dificultades desde el mes de enero; claramente, el canal empezó a tener inconvenientes para pagar no solo los salarios sino también las coberturas médicas. Hay compañeras que están embarazadas; sabemos la responsabilidad que eso implica y que esta situación es un abandono absoluto de persona. En fin, se trata de un problema que es un común denominador, según lo que hemos escuchado de otros compañeros en el transcurso de la tarde.
Lamentablemente, hubo diputados que manifestaron que algunos de los medios creados eran ficticios. Algunos de esos "medios ficticios" fueron imposibilitados de salir al aire; tal es el caso nuestro, donde hubo muchas excusas, nunca se cumplió con la ley de medios, se pusieron un montón de amparos y no nos dejaron crecer. Claro, entonces ahora se dice que era un medio ficticio.
Por otro lado, escuché a los diputados hablar de hacer un esfuerzo grande para que haya pluralidad de voces, para que todos podamos escucharnos y tengamos diferentes miradas. Asimismo, que hubo medios creados para hacer política para un gobierno, lo que no es cierto porque muchos compañeros trabajan en esos medios. A nosotros nos tratan de pertenecer a un canal ultra "K" y solo somos trabajadores. No hay muchos compañeros que sean militantes políticos; varios vienen a buscar laburo independientemente del color de camiseta que tengan. Realmente duele escuchar expresiones de ese tipo en este ámbito cuando muchos compañeros están denunciando persecución gremial.
Soy delegado de la Comisión Interna de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Sabemos que hay muchas internas dentro de nuestro gremio, pero hoy estamos acá unidos en un punto común porque esta situación alcanza a todos.
He ido haciendo algunas anotaciones durante la reunión; por ejemplo, cuando se dijo que se ha tirado mucha plata por el aire y que ahora se quiere desfinanciar a esos medios para tratar de acallar voces. Cuando se creó nuestro canal como el primero para desarrollar la Televisión Digital Abierta, acompañando así lo que fue la aprobación de la ley de medios, se pusieron todos los esfuerzos para llevar el proyecto adelante. Hoy vemos que esa norma, por un decreto de necesidad y urgencia, dejó de operar en muchos de sus artículos. Entonces, tampoco se sabe qué va a pasar con la Televisión Digital Abierta.
Realmente es una preocupación que hoy tenemos los ciento diez compañeros que hacemos 360 TV, porque no recibimos respuesta de parte del Estado y no sabemos si el canal va a seguir.
No solamente venimos a plantear nuestro problema a esta mesa. También hemos ido al ENACOM y aún estamos esperando que nos reciban. De esto hace ya tres meses.
Hemos tratado de hablar con el ministro Marcos Peña, quien se mostró muy preocupado en una carta que nos envió pero nunca nos atendió. También fuimos a ver al señor Lombardi, quien delante de muchos compañeros -luego de reconocer que el Estado debía plata a nuestro medio y a otros tantos más- nos propuso sentarse con las empresas y los trabajadores para tratar, de alguna manera, que el dinero que debía el Estado por pauta publicitaria fuera a los trabajadores. Esa reunión nunca se hizo; hace tres meses que estamos esperando.
Escucho a algunos diputados muy preocupados por la pluralidad de voces o por establecer un diálogo; pero olvidan que detrás de cada trabajador hay una familia y sueños esperando ese diálogo, y que esa respuesta nunca llega. Entonces se pierden los sueños; la gente se desilusiona, comienza a tener problemas psiquiátricos -agravados porque no tiene cobertura médica- y no sabe cuál va a ser su futuro en un contexto de país que no es muy esperanzador.
Quisiera que los diputados tomen nota de que solamente con hablar, escuchar y dialogar las dificultades no se solucionan; se necesitan hechos concretos.
Lamento profundamente que no hayan venido todos los diputados. Cuando a muchos de ellos los cruzábamos en la calle y les contábamos nuestros problemas, los veíamos muy aquejados; pero cuando tienen que venir a una mesa de discusión, lamentablemente no lo hacen.
Venimos con dificultades desde el mes de enero; claramente, el canal empezó a tener inconvenientes para pagar no solo los salarios sino también las coberturas médicas. Hay compañeras que están embarazadas; sabemos la responsabilidad que eso implica y que esta situación es un abandono absoluto de persona. En fin, se trata de un problema que es un común denominador, según lo que hemos escuchado de otros compañeros en el transcurso de la tarde.
Lamentablemente, hubo diputados que manifestaron que algunos de los medios creados eran ficticios. Algunos de esos "medios ficticios" fueron imposibilitados de salir al aire; tal es el caso nuestro, donde hubo muchas excusas, nunca se cumplió con la ley de medios, se pusieron un montón de amparos y no nos dejaron crecer. Claro, entonces ahora se dice que era un medio ficticio.
Por otro lado, escuché a los diputados hablar de hacer un esfuerzo grande para que haya pluralidad de voces, para que todos podamos escucharnos y tengamos diferentes miradas. Asimismo, que hubo medios creados para hacer política para un gobierno, lo que no es cierto porque muchos compañeros trabajan en esos medios. A nosotros nos tratan de pertenecer a un canal ultra "K" y solo somos trabajadores. No hay muchos compañeros que sean militantes políticos; varios vienen a buscar laburo independientemente del color de camiseta que tengan. Realmente duele escuchar expresiones de ese tipo en este ámbito cuando muchos compañeros están denunciando persecución gremial.
Soy delegado de la Comisión Interna de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Sabemos que hay muchas internas dentro de nuestro gremio, pero hoy estamos acá unidos en un punto común porque esta situación alcanza a todos.
He ido haciendo algunas anotaciones durante la reunión; por ejemplo, cuando se dijo que se ha tirado mucha plata por el aire y que ahora se quiere desfinanciar a esos medios para tratar de acallar voces. Cuando se creó nuestro canal como el primero para desarrollar la Televisión Digital Abierta, acompañando así lo que fue la aprobación de la ley de medios, se pusieron todos los esfuerzos para llevar el proyecto adelante. Hoy vemos que esa norma, por un decreto de necesidad y urgencia, dejó de operar en muchos de sus artículos. Entonces, tampoco se sabe qué va a pasar con la Televisión Digital Abierta.
Realmente es una preocupación que hoy tenemos los ciento diez compañeros que hacemos 360 TV, porque no recibimos respuesta de parte del Estado y no sabemos si el canal va a seguir.
No solamente venimos a plantear nuestro problema a esta mesa. También hemos ido al ENACOM y aún estamos esperando que nos reciban. De esto hace ya tres meses.
Hemos tratado de hablar con el ministro Marcos Peña, quien se mostró muy preocupado en una carta que nos envió pero nunca nos atendió. También fuimos a ver al señor Lombardi, quien delante de muchos compañeros -luego de reconocer que el Estado debía plata a nuestro medio y a otros tantos más- nos propuso sentarse con las empresas y los trabajadores para tratar, de alguna manera, que el dinero que debía el Estado por pauta publicitaria fuera a los trabajadores. Esa reunión nunca se hizo; hace tres meses que estamos esperando.
Escucho a algunos diputados muy preocupados por la pluralidad de voces o por establecer un diálogo; pero olvidan que detrás de cada trabajador hay una familia y sueños esperando ese diálogo, y que esa respuesta nunca llega. Entonces se pierden los sueños; la gente se desilusiona, comienza a tener problemas psiquiátricos -agravados porque no tiene cobertura médica- y no sabe cuál va a ser su futuro en un contexto de país que no es muy esperanzador.
Quisiera que los diputados tomen nota de que solamente con hablar, escuchar y dialogar las dificultades no se solucionan; se necesitan hechos concretos.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor Martín Piqué, de Tiempo Argentino.
SR. PIQUÉ Señor presidente: tal como lo hicieron mis compañeros, agradezco a los diputados que han venido y a quienes no lo hicieron les digo que ojalá que en próximas reuniones donde se debata la situación de los trabajadores, puedan estar presentes porque son los representantes del pueblo.
Soy miembro trabajador del diario Tiempo Argentino. Los compañeros de Radio América contaron en detalle la situación, pero voy a sumar a sus descripciones la situación del grupo Veintitrés, que encabeza Sergio Szpolski. Luego haré algunos comentarios y pedidos concretos que venimos haciendo los trabajadores de Tiempo Argentino en todos los foros a los que nos invitan.
En primer lugar, quiero compartir una buena noticia en medio de tantas malas que no son naturales sino que se dan como consecuencia de ciertas políticas y acciones de las personas. La buena noticia es que, como muchos saben, los trabajadores de Tiempo Argentino nos organizamos como cooperativa. Su constitución fue reconocida con una matrícula, tal como consta en el folio 568, libro 43. Esto para nosotros es un gran logro obtenido, nada más ni nada menos, que a partir de nuestra organización.
Estamos manteniendo Tiempo Argentino con un semanario que se publica los días domingos y una demanda sostenida de un diario que no es ficticio sino real. En muchos lugares nos piden por favor que sigamos editando Tiempo Argentino; de hecho, no llegamos a cubrir la demanda en los puestos de venta. Es una verdadera alegría para nosotros descubrir que hay muchos lectores para el diario que estamos editando. Ahora que no hay un patrón -como se habló acá y comparto esa definición-, la línea editorial es una construcción colectiva; por eso sentimos una mayor alegría cuando nuestro diario se vende y llega a agotarse.
Quiero sumarme al pedido de los compañeros de Radio América porque es un mandato de la asamblea de trabajadores de Tiempo Argentino pedir los REPRO. Venimos solicitándolos desde que comenzó este conflicto hace cinco meses -que parecen cinco años-, porque estamos sin cobrar los sueldos, nos deben el medio aguinaldo y nos quedamos sin cobertura médica. El Programa de Recuperación Productiva existe; fue aplicado por este gobierno en algunos casos, pero a los trabajadores del grupo Veintitrés -como seguramente a otros- nos está discriminando. Entonces, exigimos que se apliquen los REPRO a los trabajadores de Radio América y de Tiempo Argentino.
Como es sabido, nosotros intentamos en estos meses que Sergio Szpolski -que es, o fue, el accionista principal del grupo Veintitrés- se hiciera cargo de la situación de vaciamiento acelerado del grupo y de los medios que lo conforman. Otro mandato de la asamblea es pedir a los señores diputados que citen a Sergio Szpolski para que dé explicaciones en este Parlamento. Es una figura que atraviesa varios espacios políticos: fue candidato a intendente por el Frente para la Victoria, como han dicho acá y lo recordamos, pero es un hombre que proviene del radicalismo, un empresario con importantes conexiones con las estructuras de inteligencia de la Argentina: Darío Richarte y otros nombres mencionados en los últimos años como Jaime Stiuso.
Quizá, esta particularidad hace que tenga tanta facilidad para desaparecer de la escena. De manera que nosotros, los trabajadores del grupo Veintitrés, recordamos a los representantes del pueblo que esta persona tiene que dar explicaciones.
Como trabajadores de un grupo de medios que en los últimos años recibió pauta oficial, entendemos que el debate sobre el tema, que está pendiente, también nos atraviesa. Consideramos que la existencia de medios no debe estar librada al mercado porque si no sólo existirían los grandes medios. Nos parece interesante -esta es mi propuesta concreta- escuchar a especialistas; por ejemplo, a abogados como Damián Loreti y Martín Becerra que conocen esta materia y plantean que es preciso diferenciar entre la pauta oficial que se utiliza para la difusión de los actos de gobierno con un sentido federal, y los subsidios al pluralismo y la diversidad informativa.
Instamos a esta comisión para que, en esta casa que representa a todos los argentinos, se debata. Como en otros países, ya que se habla de acceso a la información pública y de gobiernos abiertos -conceptos que circulan bastante en el mundo-, se podría impulsar un proyecto para que se otorguen subsidios al pluralismo y a la diversidad informativa, ya que ello garantizará la existencia de diferentes medios.
En el caso de los medios gráficos, que en una primera etapa cumplen la función de garantizar la diversidad, quizás el Estado tendría que reconocer -no desde la publicidad oficial sino desde ese tipo de subsidios- que deben ser ayudados, como sucede en otros países.
Otro tema que queremos plantear es uno que ya hemos llevado a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: así como existe una normativa local para medios barriales, que haya una similar a nivel nacional para los medios cooperativos. Tiempo Argentino es el primer diario cooperativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hay muchos otros: el de Villa María, Comercio y Justicia, El Independiente de La Rioja, etcétera.
El proceso de Tiempo Argentino también tiene sus particularidades porque es un diario de dimensión nacional que se cooperativizó por el vaciamiento empresarial, y a nosotros nos parece que eso debe ser tutelado o acompañado desde este Poder Legislativo.
Comparto la idea de que no se deben atomizar las situaciones. Hay un escenario general de concentración reforzado por la crisis de algunos medios que obviamente estaban vinculados a una manera indirecta de subsidiar: el uso de la pauta oficial. Muchos de esos medios tenían una demanda sostenida y genuina, y eso es lo que se intenta hacer desaparecer de la escena comunicacional.
Sabemos que hay funcionarios del actual gobierno que consideran que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay muchos diarios en proporción con la cantidad de habitantes. Nos parece que es un pensamiento precario e incoherente con las apelaciones a la pluralidad informativa y la diversidad de voces.
Por eso, también instamos a los señores diputados a que entiendan que a nosotros, los trabajadores, la concentración de medios nos pone en la siguiente situación: si permanecen nada más que uno, dos o tres grupos fuertes, solo nos queda la opción de disciplinarnos detrás de las líneas editoriales de esos medios -sin idealizar ninguna etapa anterior-, no trabajar, quedar en los medios alternativos -que son muy importantes, como Antena Negra- o pasar a formar parte de un medio cooperativo, que es lo que hicimos en nuestro caso.
Quiero terminar mi exposición pidiendo nuevamente que se considere el otorgamiento de los REPRO para todos los trabajadores del grupo Veintitrés y que no se invisibilice a los responsables de su situación. Nadie se puede hacer el desentendido o pensar que el costo político lo va a pagar un sector, ya que el empresario que nos ocupa tiene vínculos transversales. Quizás, eso es lo que él cree que garantizará su impunidad.
Tiempo Argentino va a mantenerse con la fuerza de sus trabajadores y la demanda de los lectores. Estamos ampliando la línea editorial agregando nuevos elementos y nos gustaría que se suspendan los despidos. Aunque no es la cuestión que vinimos a debatir, como nos involucra como trabajadores decimos que ojalá el proyecto de ley que será tratado en el recinto de la Cámara baja pueda ser sancionado, porque hay una situación de despidos en todo el escenario laboral argentino y también en los medios de comunicación.
Soy miembro trabajador del diario Tiempo Argentino. Los compañeros de Radio América contaron en detalle la situación, pero voy a sumar a sus descripciones la situación del grupo Veintitrés, que encabeza Sergio Szpolski. Luego haré algunos comentarios y pedidos concretos que venimos haciendo los trabajadores de Tiempo Argentino en todos los foros a los que nos invitan.
En primer lugar, quiero compartir una buena noticia en medio de tantas malas que no son naturales sino que se dan como consecuencia de ciertas políticas y acciones de las personas. La buena noticia es que, como muchos saben, los trabajadores de Tiempo Argentino nos organizamos como cooperativa. Su constitución fue reconocida con una matrícula, tal como consta en el folio 568, libro 43. Esto para nosotros es un gran logro obtenido, nada más ni nada menos, que a partir de nuestra organización.
Estamos manteniendo Tiempo Argentino con un semanario que se publica los días domingos y una demanda sostenida de un diario que no es ficticio sino real. En muchos lugares nos piden por favor que sigamos editando Tiempo Argentino; de hecho, no llegamos a cubrir la demanda en los puestos de venta. Es una verdadera alegría para nosotros descubrir que hay muchos lectores para el diario que estamos editando. Ahora que no hay un patrón -como se habló acá y comparto esa definición-, la línea editorial es una construcción colectiva; por eso sentimos una mayor alegría cuando nuestro diario se vende y llega a agotarse.
Quiero sumarme al pedido de los compañeros de Radio América porque es un mandato de la asamblea de trabajadores de Tiempo Argentino pedir los REPRO. Venimos solicitándolos desde que comenzó este conflicto hace cinco meses -que parecen cinco años-, porque estamos sin cobrar los sueldos, nos deben el medio aguinaldo y nos quedamos sin cobertura médica. El Programa de Recuperación Productiva existe; fue aplicado por este gobierno en algunos casos, pero a los trabajadores del grupo Veintitrés -como seguramente a otros- nos está discriminando. Entonces, exigimos que se apliquen los REPRO a los trabajadores de Radio América y de Tiempo Argentino.
Como es sabido, nosotros intentamos en estos meses que Sergio Szpolski -que es, o fue, el accionista principal del grupo Veintitrés- se hiciera cargo de la situación de vaciamiento acelerado del grupo y de los medios que lo conforman. Otro mandato de la asamblea es pedir a los señores diputados que citen a Sergio Szpolski para que dé explicaciones en este Parlamento. Es una figura que atraviesa varios espacios políticos: fue candidato a intendente por el Frente para la Victoria, como han dicho acá y lo recordamos, pero es un hombre que proviene del radicalismo, un empresario con importantes conexiones con las estructuras de inteligencia de la Argentina: Darío Richarte y otros nombres mencionados en los últimos años como Jaime Stiuso.
Quizá, esta particularidad hace que tenga tanta facilidad para desaparecer de la escena. De manera que nosotros, los trabajadores del grupo Veintitrés, recordamos a los representantes del pueblo que esta persona tiene que dar explicaciones.
Como trabajadores de un grupo de medios que en los últimos años recibió pauta oficial, entendemos que el debate sobre el tema, que está pendiente, también nos atraviesa. Consideramos que la existencia de medios no debe estar librada al mercado porque si no sólo existirían los grandes medios. Nos parece interesante -esta es mi propuesta concreta- escuchar a especialistas; por ejemplo, a abogados como Damián Loreti y Martín Becerra que conocen esta materia y plantean que es preciso diferenciar entre la pauta oficial que se utiliza para la difusión de los actos de gobierno con un sentido federal, y los subsidios al pluralismo y la diversidad informativa.
Instamos a esta comisión para que, en esta casa que representa a todos los argentinos, se debata. Como en otros países, ya que se habla de acceso a la información pública y de gobiernos abiertos -conceptos que circulan bastante en el mundo-, se podría impulsar un proyecto para que se otorguen subsidios al pluralismo y a la diversidad informativa, ya que ello garantizará la existencia de diferentes medios.
En el caso de los medios gráficos, que en una primera etapa cumplen la función de garantizar la diversidad, quizás el Estado tendría que reconocer -no desde la publicidad oficial sino desde ese tipo de subsidios- que deben ser ayudados, como sucede en otros países.
Otro tema que queremos plantear es uno que ya hemos llevado a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: así como existe una normativa local para medios barriales, que haya una similar a nivel nacional para los medios cooperativos. Tiempo Argentino es el primer diario cooperativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hay muchos otros: el de Villa María, Comercio y Justicia, El Independiente de La Rioja, etcétera.
El proceso de Tiempo Argentino también tiene sus particularidades porque es un diario de dimensión nacional que se cooperativizó por el vaciamiento empresarial, y a nosotros nos parece que eso debe ser tutelado o acompañado desde este Poder Legislativo.
Comparto la idea de que no se deben atomizar las situaciones. Hay un escenario general de concentración reforzado por la crisis de algunos medios que obviamente estaban vinculados a una manera indirecta de subsidiar: el uso de la pauta oficial. Muchos de esos medios tenían una demanda sostenida y genuina, y eso es lo que se intenta hacer desaparecer de la escena comunicacional.
Sabemos que hay funcionarios del actual gobierno que consideran que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay muchos diarios en proporción con la cantidad de habitantes. Nos parece que es un pensamiento precario e incoherente con las apelaciones a la pluralidad informativa y la diversidad de voces.
Por eso, también instamos a los señores diputados a que entiendan que a nosotros, los trabajadores, la concentración de medios nos pone en la siguiente situación: si permanecen nada más que uno, dos o tres grupos fuertes, solo nos queda la opción de disciplinarnos detrás de las líneas editoriales de esos medios -sin idealizar ninguna etapa anterior-, no trabajar, quedar en los medios alternativos -que son muy importantes, como Antena Negra- o pasar a formar parte de un medio cooperativo, que es lo que hicimos en nuestro caso.
Quiero terminar mi exposición pidiendo nuevamente que se considere el otorgamiento de los REPRO para todos los trabajadores del grupo Veintitrés y que no se invisibilice a los responsables de su situación. Nadie se puede hacer el desentendido o pensar que el costo político lo va a pagar un sector, ya que el empresario que nos ocupa tiene vínculos transversales. Quizás, eso es lo que él cree que garantizará su impunidad.
Tiempo Argentino va a mantenerse con la fuerza de sus trabajadores y la demanda de los lectores. Estamos ampliando la línea editorial agregando nuevos elementos y nos gustaría que se suspendan los despidos. Aunque no es la cuestión que vinimos a debatir, como nos involucra como trabajadores decimos que ojalá el proyecto de ley que será tratado en el recinto de la Cámara baja pueda ser sancionado, porque hay una situación de despidos en todo el escenario laboral argentino y también en los medios de comunicación.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO La Presidencia adelanta, a título informativo, que estamos trabajando sobre un proyecto para el otorgamiento de subsidios al pluralismo y la diversidad informativa. Estamos buscando modelos comparados para poder llevar adelante la idea, que luego haremos circular entre los diputados y las diputadas más allá del bloque al que pertenezcan. Nos parece que es una propuesta que puede traer soluciones importantes y una mirada distinta respecto del financiamiento de los medios de comunicación; es decir, de la forma como se puedan sostener.
Tiene la palabra la señora Cintia Alcaraz, de Radio Kermés de la provincia de La Pampa.
Tiene la palabra la señora Cintia Alcaraz, de Radio Kermés de la provincia de La Pampa.
SRA. ALCARAZ Señor presidente: Radio Kermés es la primera y única radio de La Pampa sin fines de lucro nacida en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lamentablemente ha sido derogada en casi todos los puntos importantes que defendíamos.
Antes de contar la situación que estamos atravesando en la provincia los comunicadores y, por lo tanto, las audiencias, voy a hacer un paréntesis para reclamar al ENACOM que pague los subsidios concursados que tenemos los medios alternativos, no solo porque son un derecho adquirido sino también porque los hemos rendido. Es decir que implicaron costos y compromisos, por lo menos hasta fin de año, con productos. Los legisladores y compañeros de La Pampa conocen la seriedad con la que trabajamos y los productos que entregamos al público, que son para uso comunitario.
Exigimos ese pago porque la actual situación también implica un cercenamiento de nuestras voces, la imposibilidad de asumir las obligaciones comprometidas y una condena a desaparecer en no mucho tiempo. Todos sabemos qué costos conlleva mantener un medio comunitario.
Somos más de cuarenta los comunicadores y las comunicadoras que laburamos en Radio Kermés. En todo caso, si la situación no se soluciona como corresponde, la judicializaremos; no puede haber más dilación en torno a este tema.
Hechos estos comentarios, paso a relatar lo que está ocurriendo en la provincia. Para enmarcar la situación, debo decir que esta historia tiene más de treinta y cinco años y que se relaciona no solo con un funcionario sino también con una idea, con una política de Estado que se repite por tercera vez en nuestra provincia.
El 10 de diciembre se crea el Ministerio de Seguridad, separándolo del Ministerio de Justicia, y se nombra al frente a uno de los funcionarios más violentos que ha tenido la historia de La Pampa, por lo menos en democracia: Juan Carlos Tierno.
Para el periodismo es conocido como El Loco o El Golpeador. Hemos traído un libro que escribió el periodista Juan Carlos Martínez donde sintetiza los treinta y cinco años de historia política, personal y de connivencia institucional que protegió a este funcionario llamado Juan Carlos Tierno, hoy ministro de Seguridad y antes secretario de Seguridad, acusado de cometer actos de tortura en las comisarías en 2005. Gracias a esto, en 2006 se creó la Secretaría de Derechos Humanos, que hoy funciona como mero aparato decorativo porque no otorga respuestas ni a la ciudadanía ni a los trabajadores y las trabajadoras de prensa.
Como decía, el 10 de diciembre se crea el Ministerio de Seguridad. A partir del mes de febrero, como reglamentación interna pero también para el público, el ministro impide a los efectivos policiales dar cualquier tipo información a los trabajadores y las trabajadoras de prensa y a los medios de comunicación, bajo la excusa de que cualquier hecho delictivo tenía que ser informado por la fiscalía. Luego fuimos comprobando que, en realidad, esa directiva estaba dirigida a ocultar los propios crímenes llevados a cabo por la policía y a profundizar las políticas represivas instaladas por el ministro de Seguridad.
Está claro que no nos interesa la policía; por lo menos a nosotros, como medio alternativo, no nos interesa tenerla como fuente, pero sí necesitamos conocer hechos concretos y objetivos acerca de muertes o persecuciones policiales que después se niegan vía comunicado interno del ministerio. Entonces, hay que estar enterándose a cuentagotas y buscando información a través de los vecinos, que también tienen miedo de ofrecerla porque saben cuáles son las represalias.
El 22 de abril a las 9 de la noche -yo salía de una capacitación de la Defensoría del Público-, me topo en pleno centro santarroseño con un operativo policial en el que estaban requisando el carrito de un bebé y a dos pibas de unos veinte años; una de ellas, su madre. Me acerco a preguntar qué pasaba y, como tengo una militancia en derechos humanos, planteé a la policía que estaba violando -por lo menos- los derechos humanos de los niños, ya que para esos casos debía tener un protocolo distintivo. Esto ya nos ocurrió al cubrir desalojos: llega la policía totalmente armada y expone a los chicos a situaciones profundamente violentas que, además, son violatorias de los tratados internacionales.
En ese momento, el jefe del operativo me dice que me vaya y no moleste. Yo saco mi teléfono celular, herramienta que utilizo para grabar y tomar imágenes, y el jefe del operativo me lo arrebata diciéndome que estoy cometiendo un ilícito, ya que desde el 10 de diciembre era delito tomar imágenes a la policía. Entendí que estaba tratando de aplicar el protocolo de seguridad -no sé qué estaba queriendo decirme- y me niego diciéndole que no era así, que no tenía ninguna razón de ser lo que me estaba advirtiendo y que yo no estaba cometiendo ningún delito.
Fui detenida a las 21 y 10. Unos minutos antes, a las 21 y 6, había enviado un audio a mis compañeras para que vinieran a auxiliarme. Sin razonabilidad y sin que mediara disposición alguna, fui detenida e incomunicada durante más de dos horas y media en una comisaría. Me metieron en un calabozo junto a las mujeres y a los niños, quienes también habían sido detenidos y trasladados en la misma camioneta. Nos separaban del resto de los presos simplemente las rejas. La única diferencia era que en el calabozo la luz se apaga y al lado, donde no hay calabozo, no.
Me ficharon y me iniciaron una causa penal sin decir qué delito se me imputaba. Les expliqué que estaba trabajando para Radio Kermés; además, mi teléfono tenía todas las identificaciones. Me respondieron que lo que había hecho era entorpecer el accionar de la Justicia y me imputaron el delito prescripto por el artículo 241, inciso 2, del Código Penal. Supuestamente, así había sido ordenado por el fiscal de turno.
Todo el tiempo exigí una defensa para mí y para las chicas, pero no me fue dada. Había una mujer en el hall de la comisaría que me alcanzó un teléfono celular, porque el mío estaba secuestrado y no me dejaban llamar a mi familia que, dicho sea de paso, desde hacía dos horas y media no sabía dónde estaba. Pude llamar a una de las redacciones para que fuera un grupo de compañeros a cubrir el hecho, que era de una gravedad importante porque se había transgredido todo límite de tolerancia. Ya nos había ocurrido que nos sacaran de operativos en la calle, pero no al extremo de detenernos. Si fuera por todos los teléfonos celulares que andan dando vueltas en la calle, si se penalizara una conducta que es totalmente libre y civil las cárceles se llenarían de gente que toma fotografías.
Estuve encerrada en el calabozo hasta las once y pico de la noche. Llegó un montón de compañeros; como justo estaba el Encuentro Nacional de AMARC, había medios para tirar para arriba. Las organizaciones sociales también se hicieron presentes y ahí decidieron liberarme, luego de iniciarme una causa por tomar una fotografía en un operativo en la vía pública, que -por lo menos desde mi espacio periodístico- entendíamos que debíamos cubrir porque se estaban violentando derechos humanos; en este caso, de niños.
A modo de asterisco, agregaría que ningún fiscal se puso a investigar cuáles eran esas violaciones a los derechos humanos de los niños. Esto es importante destacarlo porque también hay una complicidad por parte del Poder Judicial que da mucho miedo. No es el primer hecho de violencia policial contra alguien que pretende intervenir en un operativo en la vía pública; hay casos que las propias fiscalías decidieron archivar. La violencia policial se está profundizando en esta provincia como en otras, pero en este caso hay complicidad por parte del resto de los poderes; ni hablar del Ejecutivo, que es quien le da vía libre y carta blanca a este ministro para que con la policía haga lo que quiera.
Hace cuatro semanas inicié una causa contra la policía por apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad, pero todavía no me llamaron a declarar, ni a mí ni a ningún testigo. La única prueba que se impulsó desde la fiscalía fue pedir las cámaras de seguridad a la propia policía, que claramente dijo que no había. La posición de la fiscalía es que cuando nosotros -o un civil, porque la libertad de expresión no es solo un derecho de los trabajadores de prensa- denunciamos algún tipo de atropello de la policía, es decir: son opiniones encontradas. Es lo mismo que nos dijeron en la Secretaría de Derechos Humanos. De hecho, cuando fuimos con los compañeros del sindicato de prensa, sotto voce la directora de la secretaría nos dijo que no podían hacer nada porque si no, literalmente, "los echaban a la mierda".
En consecuencia, nos encontramos con que tenemos que viajar 800 kilómetros desde La Pampa para buscar algún tipo de apoyo. No conozco la reglamentación de esta comisión, pero creo que por lo menos es necesario que emita un dictamen para advertir sobre esta situación de peligro.
Lo que se pretende con el cepo informativo impuesto por el Ministerio de Seguridad es disciplinarnos. El ministro tiene claramente una afrenta antiprensa; ya en el año 2001 inició una pretendida censura previa contra los compañeros de la revista Lumbre por dos publicaciones. En una se lo denunciaba porque cuando era director del Banco de La Pampa se había enriquecido ilegalmente por obtener información sobre la cartera de deudores de la propia entidad y por comprar de manera leonina los campos de los chacareros que estaban en la quiebra.
Esto generó un leading case en la provincia de La Pampa, porque en 2005 fue la primera sentencia contra la censura previa fundamentada en postulados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo cierto es que claramente esto es una réplica recrudecida de lo que ya vivimos. Hay víctimas fatales, ya que se produjeron tres muertes a raíz de persecuciones policiales que fueron ocultadas. Sobre ellas no hay ningún tipo de información que permita a los trabajadores de prensa llegar al hecho objetivo; es decir, si existió o no la persecución, más allá de lo que nosotros construyamos después con nuestras propias fuentes.
Esto también está generando que la sociedad asuma el rol de fiscal. En el día de ayer, la policía detuvo en la provincia de La Pampa a tres niños -de nueve, siete y once años- supuestamente por haber roto un vidrio y los dejó detenidos en la comisaría durante varias horas. Reitero las edades: nueve, siete y once años. La única información que pudimos obtener es la voz de una vecina del barrio que se tuvo que ir corriendo a la comisaría a buscar a los tres niños.
El cepo informativo implica violación a los derechos humanos; no es para cuidar a las personas, como dijeron en mi caso. El argumento fue que me habían detenido porque pretendí tomar imágenes de niños, asumiendo que no sabemos cómo cubrir cuando hay menores de edad. En todo caso, veremos nosotros después qué responsabilidades asumimos.
La única función que tiene esta directiva del Ministerio de Seguridad de cercenar la información a los trabajadores de prensa es ocultar los propios delitos y el recrudecimiento de políticas represivas, además de instalar enemigos nuevos; en este caso, niños y adolescentes de los barrios que no pueden llegar al centro porque todos los días hay cercos de operativos policiales que impiden acceder al centro de la ciudad capital.
La idea es instalar, por ejemplo, supuestas políticas contra el narcotráfico que les permiten hacer acuerdos con la DEA y manejar presupuestos enormes. Para eso necesitan que cuando un periodista ve, en un operativo antidrogas, que se llevan solamente dos plantas de marihuana o unos pocos gramos de alguna otra sustancia, no lo pueda contar. También nos ha ocurrido estar presentes en un operativo durante la noche y que nos saquen de un boliche por ver que lo único que secuestraban era un descarte en el suelo. Después, esto se plantea como política antinarcotráfico y se genera en la sociedad la idea de que existe cierta problemática, cuando en realidad la única que tenemos es la fuerte represión que viene creciendo desde diciembre. Esto excede a mi detención ilegal.
Creo que pude resumir lo que está pasando en La Pampa. El que conté no es un hecho aislado y, si dejamos pasar esta situación, resulta claro que se va a replicar.
A continuación, mi compañero Flavio Frangolini, de Fatpren, también expresará su opinión.
Antes de contar la situación que estamos atravesando en la provincia los comunicadores y, por lo tanto, las audiencias, voy a hacer un paréntesis para reclamar al ENACOM que pague los subsidios concursados que tenemos los medios alternativos, no solo porque son un derecho adquirido sino también porque los hemos rendido. Es decir que implicaron costos y compromisos, por lo menos hasta fin de año, con productos. Los legisladores y compañeros de La Pampa conocen la seriedad con la que trabajamos y los productos que entregamos al público, que son para uso comunitario.
Exigimos ese pago porque la actual situación también implica un cercenamiento de nuestras voces, la imposibilidad de asumir las obligaciones comprometidas y una condena a desaparecer en no mucho tiempo. Todos sabemos qué costos conlleva mantener un medio comunitario.
Somos más de cuarenta los comunicadores y las comunicadoras que laburamos en Radio Kermés. En todo caso, si la situación no se soluciona como corresponde, la judicializaremos; no puede haber más dilación en torno a este tema.
Hechos estos comentarios, paso a relatar lo que está ocurriendo en la provincia. Para enmarcar la situación, debo decir que esta historia tiene más de treinta y cinco años y que se relaciona no solo con un funcionario sino también con una idea, con una política de Estado que se repite por tercera vez en nuestra provincia.
El 10 de diciembre se crea el Ministerio de Seguridad, separándolo del Ministerio de Justicia, y se nombra al frente a uno de los funcionarios más violentos que ha tenido la historia de La Pampa, por lo menos en democracia: Juan Carlos Tierno.
Para el periodismo es conocido como El Loco o El Golpeador. Hemos traído un libro que escribió el periodista Juan Carlos Martínez donde sintetiza los treinta y cinco años de historia política, personal y de connivencia institucional que protegió a este funcionario llamado Juan Carlos Tierno, hoy ministro de Seguridad y antes secretario de Seguridad, acusado de cometer actos de tortura en las comisarías en 2005. Gracias a esto, en 2006 se creó la Secretaría de Derechos Humanos, que hoy funciona como mero aparato decorativo porque no otorga respuestas ni a la ciudadanía ni a los trabajadores y las trabajadoras de prensa.
Como decía, el 10 de diciembre se crea el Ministerio de Seguridad. A partir del mes de febrero, como reglamentación interna pero también para el público, el ministro impide a los efectivos policiales dar cualquier tipo información a los trabajadores y las trabajadoras de prensa y a los medios de comunicación, bajo la excusa de que cualquier hecho delictivo tenía que ser informado por la fiscalía. Luego fuimos comprobando que, en realidad, esa directiva estaba dirigida a ocultar los propios crímenes llevados a cabo por la policía y a profundizar las políticas represivas instaladas por el ministro de Seguridad.
Está claro que no nos interesa la policía; por lo menos a nosotros, como medio alternativo, no nos interesa tenerla como fuente, pero sí necesitamos conocer hechos concretos y objetivos acerca de muertes o persecuciones policiales que después se niegan vía comunicado interno del ministerio. Entonces, hay que estar enterándose a cuentagotas y buscando información a través de los vecinos, que también tienen miedo de ofrecerla porque saben cuáles son las represalias.
El 22 de abril a las 9 de la noche -yo salía de una capacitación de la Defensoría del Público-, me topo en pleno centro santarroseño con un operativo policial en el que estaban requisando el carrito de un bebé y a dos pibas de unos veinte años; una de ellas, su madre. Me acerco a preguntar qué pasaba y, como tengo una militancia en derechos humanos, planteé a la policía que estaba violando -por lo menos- los derechos humanos de los niños, ya que para esos casos debía tener un protocolo distintivo. Esto ya nos ocurrió al cubrir desalojos: llega la policía totalmente armada y expone a los chicos a situaciones profundamente violentas que, además, son violatorias de los tratados internacionales.
En ese momento, el jefe del operativo me dice que me vaya y no moleste. Yo saco mi teléfono celular, herramienta que utilizo para grabar y tomar imágenes, y el jefe del operativo me lo arrebata diciéndome que estoy cometiendo un ilícito, ya que desde el 10 de diciembre era delito tomar imágenes a la policía. Entendí que estaba tratando de aplicar el protocolo de seguridad -no sé qué estaba queriendo decirme- y me niego diciéndole que no era así, que no tenía ninguna razón de ser lo que me estaba advirtiendo y que yo no estaba cometiendo ningún delito.
Fui detenida a las 21 y 10. Unos minutos antes, a las 21 y 6, había enviado un audio a mis compañeras para que vinieran a auxiliarme. Sin razonabilidad y sin que mediara disposición alguna, fui detenida e incomunicada durante más de dos horas y media en una comisaría. Me metieron en un calabozo junto a las mujeres y a los niños, quienes también habían sido detenidos y trasladados en la misma camioneta. Nos separaban del resto de los presos simplemente las rejas. La única diferencia era que en el calabozo la luz se apaga y al lado, donde no hay calabozo, no.
Me ficharon y me iniciaron una causa penal sin decir qué delito se me imputaba. Les expliqué que estaba trabajando para Radio Kermés; además, mi teléfono tenía todas las identificaciones. Me respondieron que lo que había hecho era entorpecer el accionar de la Justicia y me imputaron el delito prescripto por el artículo 241, inciso 2, del Código Penal. Supuestamente, así había sido ordenado por el fiscal de turno.
Todo el tiempo exigí una defensa para mí y para las chicas, pero no me fue dada. Había una mujer en el hall de la comisaría que me alcanzó un teléfono celular, porque el mío estaba secuestrado y no me dejaban llamar a mi familia que, dicho sea de paso, desde hacía dos horas y media no sabía dónde estaba. Pude llamar a una de las redacciones para que fuera un grupo de compañeros a cubrir el hecho, que era de una gravedad importante porque se había transgredido todo límite de tolerancia. Ya nos había ocurrido que nos sacaran de operativos en la calle, pero no al extremo de detenernos. Si fuera por todos los teléfonos celulares que andan dando vueltas en la calle, si se penalizara una conducta que es totalmente libre y civil las cárceles se llenarían de gente que toma fotografías.
Estuve encerrada en el calabozo hasta las once y pico de la noche. Llegó un montón de compañeros; como justo estaba el Encuentro Nacional de AMARC, había medios para tirar para arriba. Las organizaciones sociales también se hicieron presentes y ahí decidieron liberarme, luego de iniciarme una causa por tomar una fotografía en un operativo en la vía pública, que -por lo menos desde mi espacio periodístico- entendíamos que debíamos cubrir porque se estaban violentando derechos humanos; en este caso, de niños.
A modo de asterisco, agregaría que ningún fiscal se puso a investigar cuáles eran esas violaciones a los derechos humanos de los niños. Esto es importante destacarlo porque también hay una complicidad por parte del Poder Judicial que da mucho miedo. No es el primer hecho de violencia policial contra alguien que pretende intervenir en un operativo en la vía pública; hay casos que las propias fiscalías decidieron archivar. La violencia policial se está profundizando en esta provincia como en otras, pero en este caso hay complicidad por parte del resto de los poderes; ni hablar del Ejecutivo, que es quien le da vía libre y carta blanca a este ministro para que con la policía haga lo que quiera.
Hace cuatro semanas inicié una causa contra la policía por apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad, pero todavía no me llamaron a declarar, ni a mí ni a ningún testigo. La única prueba que se impulsó desde la fiscalía fue pedir las cámaras de seguridad a la propia policía, que claramente dijo que no había. La posición de la fiscalía es que cuando nosotros -o un civil, porque la libertad de expresión no es solo un derecho de los trabajadores de prensa- denunciamos algún tipo de atropello de la policía, es decir: son opiniones encontradas. Es lo mismo que nos dijeron en la Secretaría de Derechos Humanos. De hecho, cuando fuimos con los compañeros del sindicato de prensa, sotto voce la directora de la secretaría nos dijo que no podían hacer nada porque si no, literalmente, "los echaban a la mierda".
En consecuencia, nos encontramos con que tenemos que viajar 800 kilómetros desde La Pampa para buscar algún tipo de apoyo. No conozco la reglamentación de esta comisión, pero creo que por lo menos es necesario que emita un dictamen para advertir sobre esta situación de peligro.
Lo que se pretende con el cepo informativo impuesto por el Ministerio de Seguridad es disciplinarnos. El ministro tiene claramente una afrenta antiprensa; ya en el año 2001 inició una pretendida censura previa contra los compañeros de la revista Lumbre por dos publicaciones. En una se lo denunciaba porque cuando era director del Banco de La Pampa se había enriquecido ilegalmente por obtener información sobre la cartera de deudores de la propia entidad y por comprar de manera leonina los campos de los chacareros que estaban en la quiebra.
Esto generó un leading case en la provincia de La Pampa, porque en 2005 fue la primera sentencia contra la censura previa fundamentada en postulados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo cierto es que claramente esto es una réplica recrudecida de lo que ya vivimos. Hay víctimas fatales, ya que se produjeron tres muertes a raíz de persecuciones policiales que fueron ocultadas. Sobre ellas no hay ningún tipo de información que permita a los trabajadores de prensa llegar al hecho objetivo; es decir, si existió o no la persecución, más allá de lo que nosotros construyamos después con nuestras propias fuentes.
Esto también está generando que la sociedad asuma el rol de fiscal. En el día de ayer, la policía detuvo en la provincia de La Pampa a tres niños -de nueve, siete y once años- supuestamente por haber roto un vidrio y los dejó detenidos en la comisaría durante varias horas. Reitero las edades: nueve, siete y once años. La única información que pudimos obtener es la voz de una vecina del barrio que se tuvo que ir corriendo a la comisaría a buscar a los tres niños.
El cepo informativo implica violación a los derechos humanos; no es para cuidar a las personas, como dijeron en mi caso. El argumento fue que me habían detenido porque pretendí tomar imágenes de niños, asumiendo que no sabemos cómo cubrir cuando hay menores de edad. En todo caso, veremos nosotros después qué responsabilidades asumimos.
La única función que tiene esta directiva del Ministerio de Seguridad de cercenar la información a los trabajadores de prensa es ocultar los propios delitos y el recrudecimiento de políticas represivas, además de instalar enemigos nuevos; en este caso, niños y adolescentes de los barrios que no pueden llegar al centro porque todos los días hay cercos de operativos policiales que impiden acceder al centro de la ciudad capital.
La idea es instalar, por ejemplo, supuestas políticas contra el narcotráfico que les permiten hacer acuerdos con la DEA y manejar presupuestos enormes. Para eso necesitan que cuando un periodista ve, en un operativo antidrogas, que se llevan solamente dos plantas de marihuana o unos pocos gramos de alguna otra sustancia, no lo pueda contar. También nos ha ocurrido estar presentes en un operativo durante la noche y que nos saquen de un boliche por ver que lo único que secuestraban era un descarte en el suelo. Después, esto se plantea como política antinarcotráfico y se genera en la sociedad la idea de que existe cierta problemática, cuando en realidad la única que tenemos es la fuerte represión que viene creciendo desde diciembre. Esto excede a mi detención ilegal.
Creo que pude resumir lo que está pasando en La Pampa. El que conté no es un hecho aislado y, si dejamos pasar esta situación, resulta claro que se va a replicar.
A continuación, mi compañero Flavio Frangolini, de Fatpren, también expresará su opinión.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor Flavio Frangolini.
SR. FRANGOLINI Señor presidente: creo que también estaba en la lista de oradores, no sé si me habían anotado cuando llegué.
Soy periodista de La Pampa, secretario adjunto a cargo del sindicato de prensa y secretario de Organización de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Si bien voy a hacer referencia específicamente a la situación institucional que vivimos en nuestra provincia, quiero robar unos segundos para referirme a la grotesca e inédita situación que ya han relatado los compañeros.
A pesar de ser de La Pampa, conozco a muchos de los aquí presentes porque desde hace tres años vamos de lucha en lucha en la Capital Federal y en otros lugares del país. La situación que estamos pasando los trabajadores de prensa de la Argentina es aberrante.
La señora Cynthia Ottaviano dijo que hasta ahora son más de dos mil quinientos los despidos; más de ochocientos, casi mil, se produjeron en la Capital Federal.
La precarización de nuestra actividad es histórica, no obedece al 10 de diciembre. No es que vivíamos en el paraíso y de repente estamos en el infierno. La precarización de los trabajadores de prensa alcanza a un 50 por ciento; eso es lo que tenemos más o menos calculado en todo el país. Es una problemática histórica que observamos no solo en el ámbito privado sino también en el Estado. Este último, cuando es patronal despide, precariza y también persigue. Así pasa en las cuarenta y ocho emisoras de Radio Nacional, en las nueve de RTA y en todas las universitarias. En las diez radios FM que tiene la Universidad Tecnológica Nacional no hay un solo trabajador en blanco y también hubo despidos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Es decir que estas situaciones no se dan solamente en las empresas privadas, si bien allí tenemos efectivamente la mayor problemática.
No quiero extenderme sobre el tema, pero no puedo dejar de señalar que como no había dirigentes que pudieran resumir la situación, las organizaciones de prensa, después de veinticinco años de estar divididas, nos unimos por primera vez. Teníamos dos federaciones y muchos sindicatos no estaban agrupados. Por eso hemos conformado una mesa nacional con cuarenta sindicatos de prensa. El único que quedó afuera es UPTBA pero estamos todos, incluyendo Sipreba.
El 8 de junio, en conmemoración del 7 de ese mes que se celebra el Día del Periodista y del Trabajador de Prensa, vamos a hacer una masiva movilización a Capital Federal para visibilizar una situación que está invisibilizada, porque obviamente los medios publican cualquier conflicto menos el nuestro.
Invito a los señores diputados para que, como representantes del pueblo, concurran a nuestra manifestación del 8 de junio, a las 15 en el Obelisco. Este es uno de los primeros lugares donde lo anunciamos porque es una idea bastante nueva.
En cuanto a Tiempo Argentino, el diario se vende también por suscripción que se puede hacer por Internet. Vale 30 pesos, y para quien quiere recibir los cuatro diarios del mes, el costo es de 120 pesos. Es decir que con 120 pesos estarían llevando el diario a sus casas y ayudando a sus compañeros. También hay un formulario para asociarse; agregando 200 pesos más o la cifra que se desee, se puede contribuir con la cooperativa. Como todavía no han cobrado un solo sueldo quienes están trabajando, creo que el comentario viene a colación.
En cuanto a Juan Carlos Tierno, el señor diputado Carlotto conoce el tema. La compañera Cintia Alcaraz ya contó la historia, que comenzó con el advenimiento mismo de la democracia cuando en 1984, el bloque de diputados radicales de La Pampa ya pedía informes sobre una mujer golpeada y torturada por Juan Carlos Tierno, que en aquel momento era fiscal de Estado de la provincia.
El señor diputado Torroba, que está aquí, no me va a dejar mentir. Desde entonces, su carrera política ha sido una correría. Ha sido intendente de la ciudad de Santa Rosa, cargo en el que duró noventa días por las masivas marchas populares de los vecinos. Como intendente aprobó el presupuesto municipal por decreto porque no tenía quórum en el Concejo Deliberante. Por eso fue acusado de abuso de autoridad y condenado en todas las instancias, incluyendo el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Hoy hay un recurso pendiente en la Corte.
Esta persona, acusada de golpeadora, puede ser funcionario pese a que la condena es con inhabilitación para ejercer cargos públicos. En 2007 fue sacado del cargo de ministro de Gobierno por las torturas que claramente había en las comisarías y por las denuncias de casos de gatillo fácil. Con una inhabilitación para ejercer cargos públicos como condena, el gobernador lo ha nombrado igual como ministro.
Nosotros sabemos que la Corte Suprema de Justicia no va a poder dar vuelta un fallo. Imagínense ustedes, que son diputados, lo que significa aprobar por decreto un presupuesto cuando es una facultad exclusiva de los legisladores. No tiene ninguna posibilidad de zafar.
Ese personaje es un ministro del gobierno provincial. Hace pocos meses, en el verano, reprimió con balas de goma en un operativo policial digno de Rambo a vecinos de la provincia de Buenos Aires que, en la zona limítrofe del Meridiano V, estaban taponando la inundación del Río Quinto para salvar una de sus localidades. Allí fueron golpeados concejales y el intendente, y un hombre sufrió nueve balazos de goma en la cara.
Ese señor, que conduce la camioneta policial en las persecuciones y en los boliches bailables se presenta personalmente con una banda de patoteros y oficiales para ver si hay jóvenes que consumen drogas, es quien tiene a su cargo la seguridad en nuestra provincia.
Venimos aquí porque uno de sus principales enemigos somos los periodistas: uno de los enjuiciados por calumnias e injurias -como decía la compañera Cintia Alcaraz- soy yo. En el año 2001 publicamos en Lumbre cómo se había enriquecido siendo director del Banco de La Pampa y cómo había comprado el campo a su vecino, un viejito de 72 años a quien apretó con la deuda que tenía con dicha entidad. Cuando el juicio se ventiló en forma oral y pública en el año 2005 nosotros, como periodistas imputados, desistimos de la declaración de ese señor que había dado origen a la nota. Nosotros, como periodistas, a pesar de que era fundamental el testimonio del dueño del campo, desistimos de presentarlo porque estaba internado en el hospital con cáncer en una situación terminal. Sin embargo, el ministro, que era nuestro querellante, obligó a la jueza a hacer un careo con este señor que estaba enfermo y moribundo en una cama. Imagínense la situación, cuando nosotros mismos no queríamos pese a que nos fue favorable porque el hombre, a pesar de su estado, se acordaba. Este cariz de persona es el que venimos a presentar.
Queremos que los diputados de la Nación tomen cartas en el asunto porque no estamos hablando del pasado sino del futuro. Aquí va a sobrevenir una tragedia tarde o temprano. Cuando ello ocurra, cuando un periodista caiga bajo las balas de la policía o un niño muera presa del gatillo fácil -porque entre los principales enemigos no solo está la prensa sino también los adolescentes-, vendremos a contar una tragedia anunciada.
Esa es la situación que vivimos en la provincia de la Pampa con el ministro Juan Carlos Tierno, un personaje harto conocido también aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, más allá de que la comisión no cuente con quórum, para nosotros sería muy importante que pudiera expedirse al respecto.
Antes de finalizar, quiero recordar a los diputados de la Comisión de Libertad de Expresión, por si quedara alguna duda sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa, que sus salarios, sus condiciones previsionales y el contexto en el que desarrollan la actividad son muy importantes para que exista la libertad de expresión. Vale decir que, si estamos negreados, no nos pagan los salarios que corresponden, no nos encuadran en la categoría pertinente o nos persiguen, no hay libertad de expresión. Por lo tanto, esta comisión también debe considerar los derechos laborales de los trabajadores de prensa.
Soy periodista de La Pampa, secretario adjunto a cargo del sindicato de prensa y secretario de Organización de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Si bien voy a hacer referencia específicamente a la situación institucional que vivimos en nuestra provincia, quiero robar unos segundos para referirme a la grotesca e inédita situación que ya han relatado los compañeros.
A pesar de ser de La Pampa, conozco a muchos de los aquí presentes porque desde hace tres años vamos de lucha en lucha en la Capital Federal y en otros lugares del país. La situación que estamos pasando los trabajadores de prensa de la Argentina es aberrante.
La señora Cynthia Ottaviano dijo que hasta ahora son más de dos mil quinientos los despidos; más de ochocientos, casi mil, se produjeron en la Capital Federal.
La precarización de nuestra actividad es histórica, no obedece al 10 de diciembre. No es que vivíamos en el paraíso y de repente estamos en el infierno. La precarización de los trabajadores de prensa alcanza a un 50 por ciento; eso es lo que tenemos más o menos calculado en todo el país. Es una problemática histórica que observamos no solo en el ámbito privado sino también en el Estado. Este último, cuando es patronal despide, precariza y también persigue. Así pasa en las cuarenta y ocho emisoras de Radio Nacional, en las nueve de RTA y en todas las universitarias. En las diez radios FM que tiene la Universidad Tecnológica Nacional no hay un solo trabajador en blanco y también hubo despidos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Es decir que estas situaciones no se dan solamente en las empresas privadas, si bien allí tenemos efectivamente la mayor problemática.
No quiero extenderme sobre el tema, pero no puedo dejar de señalar que como no había dirigentes que pudieran resumir la situación, las organizaciones de prensa, después de veinticinco años de estar divididas, nos unimos por primera vez. Teníamos dos federaciones y muchos sindicatos no estaban agrupados. Por eso hemos conformado una mesa nacional con cuarenta sindicatos de prensa. El único que quedó afuera es UPTBA pero estamos todos, incluyendo Sipreba.
El 8 de junio, en conmemoración del 7 de ese mes que se celebra el Día del Periodista y del Trabajador de Prensa, vamos a hacer una masiva movilización a Capital Federal para visibilizar una situación que está invisibilizada, porque obviamente los medios publican cualquier conflicto menos el nuestro.
Invito a los señores diputados para que, como representantes del pueblo, concurran a nuestra manifestación del 8 de junio, a las 15 en el Obelisco. Este es uno de los primeros lugares donde lo anunciamos porque es una idea bastante nueva.
En cuanto a Tiempo Argentino, el diario se vende también por suscripción que se puede hacer por Internet. Vale 30 pesos, y para quien quiere recibir los cuatro diarios del mes, el costo es de 120 pesos. Es decir que con 120 pesos estarían llevando el diario a sus casas y ayudando a sus compañeros. También hay un formulario para asociarse; agregando 200 pesos más o la cifra que se desee, se puede contribuir con la cooperativa. Como todavía no han cobrado un solo sueldo quienes están trabajando, creo que el comentario viene a colación.
En cuanto a Juan Carlos Tierno, el señor diputado Carlotto conoce el tema. La compañera Cintia Alcaraz ya contó la historia, que comenzó con el advenimiento mismo de la democracia cuando en 1984, el bloque de diputados radicales de La Pampa ya pedía informes sobre una mujer golpeada y torturada por Juan Carlos Tierno, que en aquel momento era fiscal de Estado de la provincia.
El señor diputado Torroba, que está aquí, no me va a dejar mentir. Desde entonces, su carrera política ha sido una correría. Ha sido intendente de la ciudad de Santa Rosa, cargo en el que duró noventa días por las masivas marchas populares de los vecinos. Como intendente aprobó el presupuesto municipal por decreto porque no tenía quórum en el Concejo Deliberante. Por eso fue acusado de abuso de autoridad y condenado en todas las instancias, incluyendo el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Hoy hay un recurso pendiente en la Corte.
Esta persona, acusada de golpeadora, puede ser funcionario pese a que la condena es con inhabilitación para ejercer cargos públicos. En 2007 fue sacado del cargo de ministro de Gobierno por las torturas que claramente había en las comisarías y por las denuncias de casos de gatillo fácil. Con una inhabilitación para ejercer cargos públicos como condena, el gobernador lo ha nombrado igual como ministro.
Nosotros sabemos que la Corte Suprema de Justicia no va a poder dar vuelta un fallo. Imagínense ustedes, que son diputados, lo que significa aprobar por decreto un presupuesto cuando es una facultad exclusiva de los legisladores. No tiene ninguna posibilidad de zafar.
Ese personaje es un ministro del gobierno provincial. Hace pocos meses, en el verano, reprimió con balas de goma en un operativo policial digno de Rambo a vecinos de la provincia de Buenos Aires que, en la zona limítrofe del Meridiano V, estaban taponando la inundación del Río Quinto para salvar una de sus localidades. Allí fueron golpeados concejales y el intendente, y un hombre sufrió nueve balazos de goma en la cara.
Ese señor, que conduce la camioneta policial en las persecuciones y en los boliches bailables se presenta personalmente con una banda de patoteros y oficiales para ver si hay jóvenes que consumen drogas, es quien tiene a su cargo la seguridad en nuestra provincia.
Venimos aquí porque uno de sus principales enemigos somos los periodistas: uno de los enjuiciados por calumnias e injurias -como decía la compañera Cintia Alcaraz- soy yo. En el año 2001 publicamos en Lumbre cómo se había enriquecido siendo director del Banco de La Pampa y cómo había comprado el campo a su vecino, un viejito de 72 años a quien apretó con la deuda que tenía con dicha entidad. Cuando el juicio se ventiló en forma oral y pública en el año 2005 nosotros, como periodistas imputados, desistimos de la declaración de ese señor que había dado origen a la nota. Nosotros, como periodistas, a pesar de que era fundamental el testimonio del dueño del campo, desistimos de presentarlo porque estaba internado en el hospital con cáncer en una situación terminal. Sin embargo, el ministro, que era nuestro querellante, obligó a la jueza a hacer un careo con este señor que estaba enfermo y moribundo en una cama. Imagínense la situación, cuando nosotros mismos no queríamos pese a que nos fue favorable porque el hombre, a pesar de su estado, se acordaba. Este cariz de persona es el que venimos a presentar.
Queremos que los diputados de la Nación tomen cartas en el asunto porque no estamos hablando del pasado sino del futuro. Aquí va a sobrevenir una tragedia tarde o temprano. Cuando ello ocurra, cuando un periodista caiga bajo las balas de la policía o un niño muera presa del gatillo fácil -porque entre los principales enemigos no solo está la prensa sino también los adolescentes-, vendremos a contar una tragedia anunciada.
Esa es la situación que vivimos en la provincia de la Pampa con el ministro Juan Carlos Tierno, un personaje harto conocido también aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, más allá de que la comisión no cuente con quórum, para nosotros sería muy importante que pudiera expedirse al respecto.
Antes de finalizar, quiero recordar a los diputados de la Comisión de Libertad de Expresión, por si quedara alguna duda sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa, que sus salarios, sus condiciones previsionales y el contexto en el que desarrollan la actividad son muy importantes para que exista la libertad de expresión. Vale decir que, si estamos negreados, no nos pagan los salarios que corresponden, no nos encuadran en la categoría pertinente o nos persiguen, no hay libertad de expresión. Por lo tanto, esta comisión también debe considerar los derechos laborales de los trabajadores de prensa.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO En relación con Juan Carlos Tierno, solamente quiero agregar que tenemos una larga experiencia porque oportunamente iniciamos una batalla muy grande desde la Comisión de Derechos Humanos y Garantías para que dejara de cumplir funciones como ministro de gobierno, porque lo que estaba haciendo era aplicar la tortura en forma generalizada en la provincia.
Desde esta comisión, y también desde la de Derechos Humanos y Garantías, podemos elevar un pedido de informes tanto al gobierno de la provincia como a la Justicia con respecto al estado de la causa, las razones por las que se tomaron estas medidas y el decreto que, en definitiva, imposibilita el pleno ejercicio de la libertad profesional que deben tener los periodistas. Este es el camino que nosotros hicimos en aquel momento: acercarnos a la situación de conflicto, demandar claridad y, fundamentalmente, evitar que exista persecución.
Esta es una historia conocida; uno los escucha hablar y es como si volviéramos al año 2006, cuando estábamos frente a aquel conflicto. Por eso, queremos asumir un compromiso desde esta comisión y hacerlo extensivo a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que también cuenta con antecedentes sobre el tema. En aquel momento, también presentamos un pedido de informes con respecto a este funcionario.
De todas maneras, nosotros debemos hacer un análisis sobre lo que pasa recurrentemente en La Pampa, porque no se trata solo de la actitud de un funcionario sino de la predisposición política para que estos funcionarios existan y del marco legal que les permite actuar de esa manera.
Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
Desde esta comisión, y también desde la de Derechos Humanos y Garantías, podemos elevar un pedido de informes tanto al gobierno de la provincia como a la Justicia con respecto al estado de la causa, las razones por las que se tomaron estas medidas y el decreto que, en definitiva, imposibilita el pleno ejercicio de la libertad profesional que deben tener los periodistas. Este es el camino que nosotros hicimos en aquel momento: acercarnos a la situación de conflicto, demandar claridad y, fundamentalmente, evitar que exista persecución.
Esta es una historia conocida; uno los escucha hablar y es como si volviéramos al año 2006, cuando estábamos frente a aquel conflicto. Por eso, queremos asumir un compromiso desde esta comisión y hacerlo extensivo a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que también cuenta con antecedentes sobre el tema. En aquel momento, también presentamos un pedido de informes con respecto a este funcionario.
De todas maneras, nosotros debemos hacer un análisis sobre lo que pasa recurrentemente en La Pampa, porque no se trata solo de la actitud de un funcionario sino de la predisposición política para que estos funcionarios existan y del marco legal que les permite actuar de esa manera.
Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
SRA. BANFI Señor presidente: más allá de que sea harto conocido el caso de este ministro de gobierno, resulta inadmisible que siga siendo un representante del Estado. Esto, solamente lo posibilita la connivencia política.
Hay algo fundamental: los derechos humanos no tienen fronteras. Esto también es importante para que entendamos que no se limitan a La Pampa ni a ninguna otra provincia; ni siquiera a nuestro país.
A modo de acompañamiento, el señor diputado Torroba ha presentado un proyecto por el que se repudia esta situación, justamente para hacer un seguimiento del caso en el marco institucional que tiene esta comisión y poder así, como dijo el señor presidente, dar quizás un certero cauce a esta realidad que se vive, que parece infinita y a la que nadie encuentra una solución. La iremos acompañando en todo este proceso y creo que ése también debe ser el compromiso de esta comisión.
Hay algo fundamental: los derechos humanos no tienen fronteras. Esto también es importante para que entendamos que no se limitan a La Pampa ni a ninguna otra provincia; ni siquiera a nuestro país.
A modo de acompañamiento, el señor diputado Torroba ha presentado un proyecto por el que se repudia esta situación, justamente para hacer un seguimiento del caso en el marco institucional que tiene esta comisión y poder así, como dijo el señor presidente, dar quizás un certero cauce a esta realidad que se vive, que parece infinita y a la que nadie encuentra una solución. La iremos acompañando en todo este proceso y creo que ése también debe ser el compromiso de esta comisión.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Dado que aún restan varios oradores, la Presidencia solicita brevedad en los discursos.
Tiene la palabra el señor diputado Torroba.
Tiene la palabra el señor diputado Torroba.
SR. TORROBA Señor presidente: en primer lugar, agradezco que esté Cintia Alcaraz porque fui yo quien pidió que fuera recibida en esta comisión.
Como bien decía la señora diputada Banfi, los derechos humanos no deben tener banderías políticas.
Por otro lado, sugiero a los miembros de las comisiones de Libertad de Expresión y de Derechos Humanos y Garantías que visiten la ciudad de Santa Rosa para tomar contacto con organizaciones no gubernamentales y con gente del gobierno y del municipio, porque puede ser de gran ayuda.
Como bien decía la señora diputada Banfi, los derechos humanos no deben tener banderías políticas.
Por otro lado, sugiero a los miembros de las comisiones de Libertad de Expresión y de Derechos Humanos y Garantías que visiten la ciudad de Santa Rosa para tomar contacto con organizaciones no gubernamentales y con gente del gobierno y del municipio, porque puede ser de gran ayuda.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Será un gusto visitar la provincia de La Pampa, señor diputado.
Tiene la palabra la señora Stella Maris Hernández, del Sindicato de Prensa de Rosario.
Tiene la palabra la señora Stella Maris Hernández, del Sindicato de Prensa de Rosario.
SRA. HERNÁNDEZ Señor presidente: si bien en Rosario y en la provincia de Santa Fe el drama que vive Buenos Aires no se repite de la misma manera ni con la misma intensidad, se están dando a nivel de todo el país despidos por goteo, retiros voluntarios y distintos aprietes que repiten la misma matriz de Buenos Aires, pero en otra escala.
Voy a ser breve pero contundente respecto de algo fundamental. Si bien nosotros todavía no sufrimos el impacto que se advierte en Buenos Aires a raíz del vaciamiento de algunos medios, sí tenemos una larga historia de grupos concentrados que sumieron no solo a la ciudad sino también a la provincia en despidos.
En virtud de que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como ley de medios, merced a la disposición del gobierno nacional ha quedado prácticamente sin efecto, nosotros vemos una perspectiva aún más peligrosa que va a profundizar la situación de precarización de los trabajadores y las trabajadoras. El corazón de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es profundamente antimonopólico. Entonces, al quedar liberados los monopolios, volvemos a ver una película que ya conocemos: la concentración de medios y lo que ella entraña. Es decir, menos trabajo, polifunciones, menor calidad en los productos y menos voces.
Pedimos a los legisladores que tomen en cuenta que esa ley que ahora está en un limbo, es una ley por la que todos peleamos, tanto los trabajadores como las organizaciones libres del pueblo. Hoy en día, esa norma se está reviendo y se ejerce un poder absolutamente distinto del espíritu que tenía.
Yo era representante en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y ocupaba uno de los tres lugares correspondientes a los trabajadores. En estos últimos seis meses también perdimos esa instancia. Entonces, pido a los legisladores y las legisladoras que tomen en cuenta lo que dijo la defensora del Público: si hablamos de prensa y medios de comunicación, la cuestión laboral va unida a los derechos a la comunicación, a las audiencias y a que toda la sociedad reciba y emita información. Somos nosotros los que estamos en esa bisagra y por eso es importante que nos escuchen. Para cualquier norma que se evalúe, sea desde el ENACOM o desde donde fuere, pido que tomen en cuenta la voz de los trabajadores cuando pase por esta legislatura. Somos nosotros los que hacemos los medios, los que día a día los sostenemos y los que cuando los patrones abandonan o vacían las empresas nos hacemos cargo, como bien lo están haciendo los trabajadores de Tiempo Argentino y como en algún momento lo hicieron los trabajadores de nuestro diario El Ciudadano. Les pido que tomen en cuenta esto, señores diputados.
Por otro lado, quiero reiterar dos conceptos. Uno fue mencionado por el compañero Flavio Frangolini, de Fatpren. El 8 de junio será la primera vez que nos reuniremos todos los trabajadores de prensa del país por el Día del Periodista y del Trabajador de Prensa, aquí en Buenos Aires.
Es preciso tener en cuenta que en el interior también ocurren situaciones similares con las pautas y que los pequeños medios están asfixiados porque tampoco se están pagando los FOMECA, subsidios para alentar la producción que también eran, si se quiere, trabajo indirecto para los gremios de prensa y de la comunicación. Hemos retrocedido muchísimo; necesitamos poder avanzar y que nos consideren.
Repudiamos además el protocolo de seguridad de la ministra Bullrich; ya lo hemos dicho y lo reiteramos. No aceptamos que a los periodistas se nos ponga en un corralito para que no podamos contar lo que estamos viendo. Este protocolo es una manera de establecer en distintos niveles cercos informativos.
Por eso reitero a los legisladores y a las legisladoras nuestro pedido para que hagan todo lo posible para hacer efectivos la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y el derecho a un trabajo digno de todos los trabajadores y todas las trabajadoras de prensa.
Voy a ser breve pero contundente respecto de algo fundamental. Si bien nosotros todavía no sufrimos el impacto que se advierte en Buenos Aires a raíz del vaciamiento de algunos medios, sí tenemos una larga historia de grupos concentrados que sumieron no solo a la ciudad sino también a la provincia en despidos.
En virtud de que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como ley de medios, merced a la disposición del gobierno nacional ha quedado prácticamente sin efecto, nosotros vemos una perspectiva aún más peligrosa que va a profundizar la situación de precarización de los trabajadores y las trabajadoras. El corazón de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es profundamente antimonopólico. Entonces, al quedar liberados los monopolios, volvemos a ver una película que ya conocemos: la concentración de medios y lo que ella entraña. Es decir, menos trabajo, polifunciones, menor calidad en los productos y menos voces.
Pedimos a los legisladores que tomen en cuenta que esa ley que ahora está en un limbo, es una ley por la que todos peleamos, tanto los trabajadores como las organizaciones libres del pueblo. Hoy en día, esa norma se está reviendo y se ejerce un poder absolutamente distinto del espíritu que tenía.
Yo era representante en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y ocupaba uno de los tres lugares correspondientes a los trabajadores. En estos últimos seis meses también perdimos esa instancia. Entonces, pido a los legisladores y las legisladoras que tomen en cuenta lo que dijo la defensora del Público: si hablamos de prensa y medios de comunicación, la cuestión laboral va unida a los derechos a la comunicación, a las audiencias y a que toda la sociedad reciba y emita información. Somos nosotros los que estamos en esa bisagra y por eso es importante que nos escuchen. Para cualquier norma que se evalúe, sea desde el ENACOM o desde donde fuere, pido que tomen en cuenta la voz de los trabajadores cuando pase por esta legislatura. Somos nosotros los que hacemos los medios, los que día a día los sostenemos y los que cuando los patrones abandonan o vacían las empresas nos hacemos cargo, como bien lo están haciendo los trabajadores de Tiempo Argentino y como en algún momento lo hicieron los trabajadores de nuestro diario El Ciudadano. Les pido que tomen en cuenta esto, señores diputados.
Por otro lado, quiero reiterar dos conceptos. Uno fue mencionado por el compañero Flavio Frangolini, de Fatpren. El 8 de junio será la primera vez que nos reuniremos todos los trabajadores de prensa del país por el Día del Periodista y del Trabajador de Prensa, aquí en Buenos Aires.
Es preciso tener en cuenta que en el interior también ocurren situaciones similares con las pautas y que los pequeños medios están asfixiados porque tampoco se están pagando los FOMECA, subsidios para alentar la producción que también eran, si se quiere, trabajo indirecto para los gremios de prensa y de la comunicación. Hemos retrocedido muchísimo; necesitamos poder avanzar y que nos consideren.
Repudiamos además el protocolo de seguridad de la ministra Bullrich; ya lo hemos dicho y lo reiteramos. No aceptamos que a los periodistas se nos ponga en un corralito para que no podamos contar lo que estamos viendo. Este protocolo es una manera de establecer en distintos niveles cercos informativos.
Por eso reitero a los legisladores y a las legisladoras nuestro pedido para que hagan todo lo posible para hacer efectivos la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y el derecho a un trabajo digno de todos los trabajadores y todas las trabajadoras de prensa.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor Roberto Caballero.
SR. CABALLERO Señor presidente: en primer lugar, agradezco esta invitación.
Simplemente quiero contar algo que ocurrió a principio de año, poco después de la asunción del nuevo gobierno, en el sistema de medios públicos. Específicamente en Radio Nacional, un grupo de profesionales -muchos de ellos de larga trayectoria académica y periodística- fueron discontinuados de su labor a partir de ese momento. Esto sucedió cuando la mayoría de esos profesionales tenía contratos vigentes por todo 2016, contratos firmados entre septiembre y octubre -como ocurría casi todos los años- y aprobados por un órgano colegiado; en este caso, por la autoridad colegiada que regía RTA de acuerdo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En ese momento denunciamos que se trataba de listas negras; incluso, en noviembre ya lo había dicho públicamente la directora de Radio Nacional, la señora María Seoane. Por eso propongo que en futuras reuniones de la comisión sea citada, porque fue ella quien apuntó con nombre y apellido a los encargados de armar las listas que se confeccionaron por cuestiones ideológicas y políticas, batalladas mediáticamente por el señor Hernán Lombardi, quien hizo una campaña de calumnias sobre la mayoría de estos trabajadores. En muchas de esas calumnias afirmaba que éramos "ultra K", violentos y fanáticos. También ventiló contratos públicos -hecho que no está mal- diciendo que eran contratos caros y que esa era la motivación para discontinuarnos en las tareas que cumplíamos en RTA.
En consecuencia, propongo a la Comisión de Libertad de Expresión que coteje lo que paga Radio Nacional por los contratos actuales con lo que se pagaba el año pasado en virtud de aquellos contratos. Así podrá verificar de modo taxativo si ahora estamos en presencia de contratos más caros o más baratos. En el primer caso, se caería uno de los argumentos que usó el señor Lombardi y quedaría comprobado que se trató de un caso de persecución y de discriminación ideológicas.
Por cuestiones profesionales, uno se va enterando de algunas cosas. Ayer me llegó un comunicado -va a ser difícil que lo lea porque tengo muy mala vista- de la Comisión Interna de Prensa de Canal 7, un medio que también forma parte del sistema de medios públicos. En ese comunicado, que dejaré en esta comisión, se denuncia la existencia de listas negras armadas en función de cuestiones ideológicas, militancias políticas, etcétera. Lleva la firma de Cesar Nenna, Norberto González, Jorge Rodríguez y Agustín Lecchi, integrantes de la comisión interna, y deja en claro que se está aplicando el mismo sistema que en Radio Nacional.
Es una realidad que el sistema público está más gubernamentalizado que antes; los sistemas colegiados entraron en crisis, no hay representación gremial, prácticamente no hay representación universitaria y tampoco de la oposición en la mayoría de los organismos del sistema de medios públicos. Me parece que es un tema a tener en cuenta, porque la salud del sistema de medios públicos depende no solo de la libertad de expresión sino también de la política oficial, que puede seguir dos caminos: promueve la libertad de expresión o la ataca.
Escuché atentamente todo lo que se dijo.
Desde ya que estamos en presencia de dos mil quinientos trabajadores con problemas de trabajo; pero eso forma parte de algo mucho más amplio, porque no estamos ante una cuestión estrictamente laboral.
Si bien es cierto que en estos seis meses ocurren situaciones que antes también sucedían, con la mayoría de ellas no es así; por ejemplo, no había dos mil quinientos trabajadores con problemas laborales y miles de despidos.
Por eso digo a los diputados del oficialismo que se hagan cargo de lo que ha sucedido en estos seis meses. Me pregunto si lo harán porque soy periodista, pero también porque escuché decir que había medios ficticios o artificiales.
Si hay alguien que desde la potestad del Estado se puede permitir calificar de ficticios o artificiales a algunos medios de comunicación, en realidad estamos en presencia de una restricción muy severa a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la calificación por parte del Estado de cuáles son los medios que deben sobrevivir o no en función de esta caracterización que hacen, es un ataque directo a la libertad de expresión. Pasaron seis meses desde que asumió este nuevo gobierno.
El otro día leí en un diario que SANCOR, como todos los años, fue a pedir ayuda al Estado para poder mantener el empleo; es probable que se la den. SANCOR, desde el gobierno de Duhalde y pasando por el de Néstor Kirchner, siempre ha recibido ayudas estatales para poder conservar el empleo. Me pregunto por qué está tan naturalizado que una empresa láctea pueda recibir fomento público para sostener el empleo y no aquellas que se dedican a la comunicación. Si hay una predisposición a creer que hay medios artificiales o ficticios y otros que no lo son, me parece que la pregunta se contesta sola.
Otro caso es el de General Motors. Hace unos años tuvo una crisis muy severa donde también amenazaba con despedir trabajadores. El Estado nacional le dio un crédito del Bicentenario y también los REPRO. Entonces, me pregunto por qué este gobierno, este Estado o sus administradores eventuales, no están haciendo absolutamente nada con estos mil trabajadores de prensa y periodistas despedidos o en situación de crisis laboral.
Hablar de la pesada herencia en estas cuestiones no tiene mucho criterio, porque esto que sucede es ahora. Podemos discutir eternamente lo que pasó en los últimos años, pero lo que está pasando es ahora. La gente que no tiene un ingreso, no lo tiene ahora. La gente que no tiene una cobertura de salud, no la tiene ahora.
Ustedes, los legisladores, son el Estado; por lo tanto, deberían dar respuesta a esta situación de los ciudadanos. No importa si son "K", si son "anti K", si son radicales o lo que fuere. Son ciudadanos que tenían un trabajo y hoy lo perdieron, mientras el Estado mira para otro lado.
Los REPRO no se pueden dar en función de la cara. Son para todos aquellos que atraviesan situaciones como las que los compañeros describieron. ¿Por qué no lo hicieron?
Escuché por ahí decir que querían meter preso a Sergio Szpolski o algo por el estilo. Me parece bárbaro, pero tampoco hicieron algo para que eso ocurra. No vi a ninguno denunciándolo, y al decir esto no hablo de los canales de televisión concentrados del grupo Clarín o de América TV sino de los juzgados. No vi a ninguno presentarse en sede judicial para pedir que esos responsables empresariales paguen por lo que no pagaron. Una cosa es hablar a las cámaras y otra la responsabilidad que tienen quienes hoy son oficialismo, una responsabilidad que me parece que no están cumpliendo.
Ojalá me equivoque y que a partir de este encuentro se puedan activar los mecanismos, no solamente para juzgar lo que pasó sino para que en el futuro mediato se resuelvan situaciones alarmantes que describen una situación general donde yo creo que la libertad de expresión está claramente cuestionada y lesionada. El Estado argentino tiene responsabilidad en este estado de situación porque está promoviendo políticas que generan este tipo de lesiones a la comunicación que, como bien sabemos, es un derecho humano.
Con la señora diputada Schmidt Liermann nos conocemos porque en otro momento estuvo en programas de televisión o de radio de los medios que calificó como "artificiales". Es bueno remarcar que tardaron apenas quince días en dictar una serie de decretos de necesidad y urgencia que beneficiaron al grupo Clarín; dispusieron, entre otras cosas, la derogación de los tres artículos antimonopolio de la ley de medios -el 161, el 45 y el 41, si mal no recuerdo-, que era lo que pedían los grupos Clarín y Vila-Manzano.
Tardaron quince días en resolver el problema que esos grupos económicos empresarios tenían con la ley, pero resulta que a los trabajadores no pueden resolverles siquiera uno en seis meses. Háganse un replanteo, por favor.
Conozco a la señora diputada Cornelia Schmidt Liermann y sé que está muy comprometida con lo que hace, pero también es una cuestión de percepción y, como bien marcaba la defensora del Público, de sensibilidad.
Estamos en presencia de una crisis de la magnitud que se está describiendo, que claramente afecta a la libertad de expresión porque no son cualquiera los medios que están cerrando o tienen mayores problemas; son aquellos que dejaron de recibir la pauta oficial por una decisión política del gobierno actual.
Entonces, quienes fueron los grandes interpeladores del gobierno anterior por el uso que hacía de la pauta, ¿por qué no modifican ahora la situación? ¿Por qué no se ponen a discutir una ley de publicidad oficial o de fomento público? La verdad es que no veo excusas para que no lo hagan. Creo que sería óptimo, porque además sacaría la discusión entre medios artificiales o ficticios y medios que deben sobrevivir y otros que no.
¿Saben por qué sobrevive Clarín? El medio que más publicidad oficial recibió, no en términos de cantidad de millones sino en porcentuales de aumento, fue Clarín. Algún día el kirchnerismo tendrá que explicar por qué sucedió eso, ya que se contradice con su discurso. Habrá que preguntar a Scoccimarro, a quien también se podría citar a esta comisión para que lo explique dado que es una especialista en materia de pauta.
Hay una cuestión central: el grupo Clarín puede sostenerse porque tiene Cablevisión. Entonces, cuando Mauricio Macri da al grupo Clarín la posibilidad de seguir concentrándose, le está dando una capacidad de sobrevida que otros medios no tienen.
Ya desaparecieron otros medios, entre ellos canales de cable, por beneficiar a los oligopolios de Clarín y de Vila-Manzano. Si prosiguen estas políticas que incrementan la concentración de medios, vamos a seguir viendo este panorama desolador y la situación será cada vez peor.
Entonces, saquemos la discusión de los ejes falsos donde discutimos cuáles son las líneas editoriales. Todas tienen que estar, también las artificiales y ficticias, porque no está en discusión qué se puede decir y qué no.
Me parece que hay un error de concepción: cuando ese grupo concentrado tenga que venir por quienes hoy son oficialismo lo va a hacer, del mismo modo que va por los derechos de los trabajadores y por el derecho humano a la comunicación. A esto tenemos que prestar atención.
Yo veo a Hernán Lombardi muy preocupado por cuestiones que están teñidas de un revanchismo y de un ideologismo que ninguno de nosotros tiene. Lo veo, y con esto no lo quiero describir ni catalogar, muy radicalizado con gente que no piensa como él, como es mi caso. Sin embargo, yo quiero una sociedad donde tanto Hernán Lombardi como yo podamos hablar.
Cuando vemos en perspectiva las acciones que se llevaron adelante respecto del sistema de medios públicos, advertimos que desapareció gente que en su momento había defendido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en su gran mayoría también había sido denunciada penalmente -como en mi caso- por el grupo Clarín. Así como le entregaron esos decretos de necesidad y urgencia para que puedan seguir concentrándose, también le dieron en bandeja a algunos periodistas y comunicadores que durante todo este tiempo confrontamos con él por estar convencidos que de que así debe ser, porque la democracia no se sostiene con un monopolio de esas características.
Todo esto, como estamos en la Comisión de Libertad de Expresión, lo podemos hablar. Sinceramente pido a los señores diputados que citen a Hernán Lombardi, a Jorge Sigal y a Jorge Grecco para hablar sobre estas cuestiones con absoluta libertad. Sería bueno que expliquen por qué, cuando tienen que ordenar algo -en este caso, el sistema de medios públicos- lo hacen con un criterio ideológico tan dañino y lesionador de la pluralidad que avergüenza a una democracia tan madura como la nuestra.
Podría discutir tranquilamente con Lombardi toda la tarde. Quizás nos pongamos de acuerdo y quizás no, pero sería ideal que a partir de esta comisión se genere un ámbito de discusión porque este proceso que estamos viviendo en los últimos seis meses algún responsable tiene, y me parece que se actúa con mucha liviandad desde el Estado nacional en asuntos que son realmente urgentes.
Finalmente, ya que hablamos de tantos decretos de necesidad y urgencia -como los que se dictaron en este caso-, me parece urgente y necesario decir lo siguiente. Clarín puede iniciarme una acción penal y Hernán Lombardi ensuciarme en los medios; no tengo problemas con eso porque sé que Lombardi va a pasar y Macri también. Más allá de la discriminación ideológica, me parece que tienen una responsabilidad los representantes del pueblo y es que hay compañeros que desde hace cinco o seis meses no cobran sus salarios.
Todas las reuniones que se han hecho en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social fueron infructuosas. En muchos casos se obtuvieron peores resultados, porque claramente la tendencia de ese ministerio es no escuchar y beneficiar a quienes resultan dañados en las relaciones que se establecen entre una empresa y sus trabajadores, sino claramente a las empresas.
Esto debería ser urgentemente modificado. La razón por la cual no les dan los REPRO a los compañeros de Radio América, de Tiempo Argentino y de CN 23 que quedaron sin trabajo, es puramente ideológica y busca castigar a una línea editorial.
Lo más curioso es que Tiempo Argentino sale a la calle todos los domingos y tiene la misma línea editorial. Entonces, no es que había pauta simplemente; hay gente que piensa lo que piensa. No puede ser que para este gobierno sea un enemigo o un problema quien piensa distinto de sus ministros o del presidente, porque cada vez que eso pasa la democracia se debilita. Pienso que los diputados tienen una enorme responsabilidad para que esto no suceda.
Dejo en la secretaría de la comisión el comunicado de los trabajadores de Canal 7 porque la situación es grave: están circulando e-mails con nombres de personas, su trayectoria, etcétera, y en función de eso se está determinado quiénes van a continuar con su trabajo y quiénes no. Por ello, los comprometo a citar a alguna autoridad de RTA al Congreso para que sea indagada sobre este tema. (Aplausos.)
Simplemente quiero contar algo que ocurrió a principio de año, poco después de la asunción del nuevo gobierno, en el sistema de medios públicos. Específicamente en Radio Nacional, un grupo de profesionales -muchos de ellos de larga trayectoria académica y periodística- fueron discontinuados de su labor a partir de ese momento. Esto sucedió cuando la mayoría de esos profesionales tenía contratos vigentes por todo 2016, contratos firmados entre septiembre y octubre -como ocurría casi todos los años- y aprobados por un órgano colegiado; en este caso, por la autoridad colegiada que regía RTA de acuerdo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En ese momento denunciamos que se trataba de listas negras; incluso, en noviembre ya lo había dicho públicamente la directora de Radio Nacional, la señora María Seoane. Por eso propongo que en futuras reuniones de la comisión sea citada, porque fue ella quien apuntó con nombre y apellido a los encargados de armar las listas que se confeccionaron por cuestiones ideológicas y políticas, batalladas mediáticamente por el señor Hernán Lombardi, quien hizo una campaña de calumnias sobre la mayoría de estos trabajadores. En muchas de esas calumnias afirmaba que éramos "ultra K", violentos y fanáticos. También ventiló contratos públicos -hecho que no está mal- diciendo que eran contratos caros y que esa era la motivación para discontinuarnos en las tareas que cumplíamos en RTA.
En consecuencia, propongo a la Comisión de Libertad de Expresión que coteje lo que paga Radio Nacional por los contratos actuales con lo que se pagaba el año pasado en virtud de aquellos contratos. Así podrá verificar de modo taxativo si ahora estamos en presencia de contratos más caros o más baratos. En el primer caso, se caería uno de los argumentos que usó el señor Lombardi y quedaría comprobado que se trató de un caso de persecución y de discriminación ideológicas.
Por cuestiones profesionales, uno se va enterando de algunas cosas. Ayer me llegó un comunicado -va a ser difícil que lo lea porque tengo muy mala vista- de la Comisión Interna de Prensa de Canal 7, un medio que también forma parte del sistema de medios públicos. En ese comunicado, que dejaré en esta comisión, se denuncia la existencia de listas negras armadas en función de cuestiones ideológicas, militancias políticas, etcétera. Lleva la firma de Cesar Nenna, Norberto González, Jorge Rodríguez y Agustín Lecchi, integrantes de la comisión interna, y deja en claro que se está aplicando el mismo sistema que en Radio Nacional.
Es una realidad que el sistema público está más gubernamentalizado que antes; los sistemas colegiados entraron en crisis, no hay representación gremial, prácticamente no hay representación universitaria y tampoco de la oposición en la mayoría de los organismos del sistema de medios públicos. Me parece que es un tema a tener en cuenta, porque la salud del sistema de medios públicos depende no solo de la libertad de expresión sino también de la política oficial, que puede seguir dos caminos: promueve la libertad de expresión o la ataca.
Escuché atentamente todo lo que se dijo.
Desde ya que estamos en presencia de dos mil quinientos trabajadores con problemas de trabajo; pero eso forma parte de algo mucho más amplio, porque no estamos ante una cuestión estrictamente laboral.
Si bien es cierto que en estos seis meses ocurren situaciones que antes también sucedían, con la mayoría de ellas no es así; por ejemplo, no había dos mil quinientos trabajadores con problemas laborales y miles de despidos.
Por eso digo a los diputados del oficialismo que se hagan cargo de lo que ha sucedido en estos seis meses. Me pregunto si lo harán porque soy periodista, pero también porque escuché decir que había medios ficticios o artificiales.
Si hay alguien que desde la potestad del Estado se puede permitir calificar de ficticios o artificiales a algunos medios de comunicación, en realidad estamos en presencia de una restricción muy severa a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la calificación por parte del Estado de cuáles son los medios que deben sobrevivir o no en función de esta caracterización que hacen, es un ataque directo a la libertad de expresión. Pasaron seis meses desde que asumió este nuevo gobierno.
El otro día leí en un diario que SANCOR, como todos los años, fue a pedir ayuda al Estado para poder mantener el empleo; es probable que se la den. SANCOR, desde el gobierno de Duhalde y pasando por el de Néstor Kirchner, siempre ha recibido ayudas estatales para poder conservar el empleo. Me pregunto por qué está tan naturalizado que una empresa láctea pueda recibir fomento público para sostener el empleo y no aquellas que se dedican a la comunicación. Si hay una predisposición a creer que hay medios artificiales o ficticios y otros que no lo son, me parece que la pregunta se contesta sola.
Otro caso es el de General Motors. Hace unos años tuvo una crisis muy severa donde también amenazaba con despedir trabajadores. El Estado nacional le dio un crédito del Bicentenario y también los REPRO. Entonces, me pregunto por qué este gobierno, este Estado o sus administradores eventuales, no están haciendo absolutamente nada con estos mil trabajadores de prensa y periodistas despedidos o en situación de crisis laboral.
Hablar de la pesada herencia en estas cuestiones no tiene mucho criterio, porque esto que sucede es ahora. Podemos discutir eternamente lo que pasó en los últimos años, pero lo que está pasando es ahora. La gente que no tiene un ingreso, no lo tiene ahora. La gente que no tiene una cobertura de salud, no la tiene ahora.
Ustedes, los legisladores, son el Estado; por lo tanto, deberían dar respuesta a esta situación de los ciudadanos. No importa si son "K", si son "anti K", si son radicales o lo que fuere. Son ciudadanos que tenían un trabajo y hoy lo perdieron, mientras el Estado mira para otro lado.
Los REPRO no se pueden dar en función de la cara. Son para todos aquellos que atraviesan situaciones como las que los compañeros describieron. ¿Por qué no lo hicieron?
Escuché por ahí decir que querían meter preso a Sergio Szpolski o algo por el estilo. Me parece bárbaro, pero tampoco hicieron algo para que eso ocurra. No vi a ninguno denunciándolo, y al decir esto no hablo de los canales de televisión concentrados del grupo Clarín o de América TV sino de los juzgados. No vi a ninguno presentarse en sede judicial para pedir que esos responsables empresariales paguen por lo que no pagaron. Una cosa es hablar a las cámaras y otra la responsabilidad que tienen quienes hoy son oficialismo, una responsabilidad que me parece que no están cumpliendo.
Ojalá me equivoque y que a partir de este encuentro se puedan activar los mecanismos, no solamente para juzgar lo que pasó sino para que en el futuro mediato se resuelvan situaciones alarmantes que describen una situación general donde yo creo que la libertad de expresión está claramente cuestionada y lesionada. El Estado argentino tiene responsabilidad en este estado de situación porque está promoviendo políticas que generan este tipo de lesiones a la comunicación que, como bien sabemos, es un derecho humano.
Con la señora diputada Schmidt Liermann nos conocemos porque en otro momento estuvo en programas de televisión o de radio de los medios que calificó como "artificiales". Es bueno remarcar que tardaron apenas quince días en dictar una serie de decretos de necesidad y urgencia que beneficiaron al grupo Clarín; dispusieron, entre otras cosas, la derogación de los tres artículos antimonopolio de la ley de medios -el 161, el 45 y el 41, si mal no recuerdo-, que era lo que pedían los grupos Clarín y Vila-Manzano.
Tardaron quince días en resolver el problema que esos grupos económicos empresarios tenían con la ley, pero resulta que a los trabajadores no pueden resolverles siquiera uno en seis meses. Háganse un replanteo, por favor.
Conozco a la señora diputada Cornelia Schmidt Liermann y sé que está muy comprometida con lo que hace, pero también es una cuestión de percepción y, como bien marcaba la defensora del Público, de sensibilidad.
Estamos en presencia de una crisis de la magnitud que se está describiendo, que claramente afecta a la libertad de expresión porque no son cualquiera los medios que están cerrando o tienen mayores problemas; son aquellos que dejaron de recibir la pauta oficial por una decisión política del gobierno actual.
Entonces, quienes fueron los grandes interpeladores del gobierno anterior por el uso que hacía de la pauta, ¿por qué no modifican ahora la situación? ¿Por qué no se ponen a discutir una ley de publicidad oficial o de fomento público? La verdad es que no veo excusas para que no lo hagan. Creo que sería óptimo, porque además sacaría la discusión entre medios artificiales o ficticios y medios que deben sobrevivir y otros que no.
¿Saben por qué sobrevive Clarín? El medio que más publicidad oficial recibió, no en términos de cantidad de millones sino en porcentuales de aumento, fue Clarín. Algún día el kirchnerismo tendrá que explicar por qué sucedió eso, ya que se contradice con su discurso. Habrá que preguntar a Scoccimarro, a quien también se podría citar a esta comisión para que lo explique dado que es una especialista en materia de pauta.
Hay una cuestión central: el grupo Clarín puede sostenerse porque tiene Cablevisión. Entonces, cuando Mauricio Macri da al grupo Clarín la posibilidad de seguir concentrándose, le está dando una capacidad de sobrevida que otros medios no tienen.
Ya desaparecieron otros medios, entre ellos canales de cable, por beneficiar a los oligopolios de Clarín y de Vila-Manzano. Si prosiguen estas políticas que incrementan la concentración de medios, vamos a seguir viendo este panorama desolador y la situación será cada vez peor.
Entonces, saquemos la discusión de los ejes falsos donde discutimos cuáles son las líneas editoriales. Todas tienen que estar, también las artificiales y ficticias, porque no está en discusión qué se puede decir y qué no.
Me parece que hay un error de concepción: cuando ese grupo concentrado tenga que venir por quienes hoy son oficialismo lo va a hacer, del mismo modo que va por los derechos de los trabajadores y por el derecho humano a la comunicación. A esto tenemos que prestar atención.
Yo veo a Hernán Lombardi muy preocupado por cuestiones que están teñidas de un revanchismo y de un ideologismo que ninguno de nosotros tiene. Lo veo, y con esto no lo quiero describir ni catalogar, muy radicalizado con gente que no piensa como él, como es mi caso. Sin embargo, yo quiero una sociedad donde tanto Hernán Lombardi como yo podamos hablar.
Cuando vemos en perspectiva las acciones que se llevaron adelante respecto del sistema de medios públicos, advertimos que desapareció gente que en su momento había defendido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en su gran mayoría también había sido denunciada penalmente -como en mi caso- por el grupo Clarín. Así como le entregaron esos decretos de necesidad y urgencia para que puedan seguir concentrándose, también le dieron en bandeja a algunos periodistas y comunicadores que durante todo este tiempo confrontamos con él por estar convencidos que de que así debe ser, porque la democracia no se sostiene con un monopolio de esas características.
Todo esto, como estamos en la Comisión de Libertad de Expresión, lo podemos hablar. Sinceramente pido a los señores diputados que citen a Hernán Lombardi, a Jorge Sigal y a Jorge Grecco para hablar sobre estas cuestiones con absoluta libertad. Sería bueno que expliquen por qué, cuando tienen que ordenar algo -en este caso, el sistema de medios públicos- lo hacen con un criterio ideológico tan dañino y lesionador de la pluralidad que avergüenza a una democracia tan madura como la nuestra.
Podría discutir tranquilamente con Lombardi toda la tarde. Quizás nos pongamos de acuerdo y quizás no, pero sería ideal que a partir de esta comisión se genere un ámbito de discusión porque este proceso que estamos viviendo en los últimos seis meses algún responsable tiene, y me parece que se actúa con mucha liviandad desde el Estado nacional en asuntos que son realmente urgentes.
Finalmente, ya que hablamos de tantos decretos de necesidad y urgencia -como los que se dictaron en este caso-, me parece urgente y necesario decir lo siguiente. Clarín puede iniciarme una acción penal y Hernán Lombardi ensuciarme en los medios; no tengo problemas con eso porque sé que Lombardi va a pasar y Macri también. Más allá de la discriminación ideológica, me parece que tienen una responsabilidad los representantes del pueblo y es que hay compañeros que desde hace cinco o seis meses no cobran sus salarios.
Todas las reuniones que se han hecho en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social fueron infructuosas. En muchos casos se obtuvieron peores resultados, porque claramente la tendencia de ese ministerio es no escuchar y beneficiar a quienes resultan dañados en las relaciones que se establecen entre una empresa y sus trabajadores, sino claramente a las empresas.
Esto debería ser urgentemente modificado. La razón por la cual no les dan los REPRO a los compañeros de Radio América, de Tiempo Argentino y de CN 23 que quedaron sin trabajo, es puramente ideológica y busca castigar a una línea editorial.
Lo más curioso es que Tiempo Argentino sale a la calle todos los domingos y tiene la misma línea editorial. Entonces, no es que había pauta simplemente; hay gente que piensa lo que piensa. No puede ser que para este gobierno sea un enemigo o un problema quien piensa distinto de sus ministros o del presidente, porque cada vez que eso pasa la democracia se debilita. Pienso que los diputados tienen una enorme responsabilidad para que esto no suceda.
Dejo en la secretaría de la comisión el comunicado de los trabajadores de Canal 7 porque la situación es grave: están circulando e-mails con nombres de personas, su trayectoria, etcétera, y en función de eso se está determinado quiénes van a continuar con su trabajo y quiénes no. Por ello, los comprometo a citar a alguna autoridad de RTA al Congreso para que sea indagada sobre este tema. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Para nosotros es importante contar con toda la información relacionada con las listas negras denunciadas por algunos periodistas.
Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann.
Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann.
SRA. SCHMIDT LIERMANN Señor presidente: justamente, quería hacer referencia a ese tema.
Gracias a estos teléfonos celulares inteligentes, mientras el señor Caballero hablaba pude averiguar que desde RTA, Jorge Sigal niega la situación planteada: dice que es falso de toda falsedad que circulen listas negras.
También me comunican desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -hablando ahora de agilizar la entrega de REPRO para los trabajadores de prensa, en especial para los de CN 23- que hubo una reunión de tres horas con los trabajadores, que se recibió el reclamo y que se les explicó que los REPRO tenían que ser solicitados por la empresa. El problema, dicen, es que, en su última presentación, el señor Martínez Rojas -el nuevo dueño- afirma que se hará cargo del diario y que anulará los pedidos. A la fecha, los REPRO no fueron solicitados por las vías correspondientes ni fue aportada la documentación necesaria.
Tenemos que ver cómo hacemos para aceitar esto para que no se transforme en un tema burocrático que no soluciona el problema.
Varios asistentes a la reunión hablan a la vez.
Gracias a estos teléfonos celulares inteligentes, mientras el señor Caballero hablaba pude averiguar que desde RTA, Jorge Sigal niega la situación planteada: dice que es falso de toda falsedad que circulen listas negras.
También me comunican desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -hablando ahora de agilizar la entrega de REPRO para los trabajadores de prensa, en especial para los de CN 23- que hubo una reunión de tres horas con los trabajadores, que se recibió el reclamo y que se les explicó que los REPRO tenían que ser solicitados por la empresa. El problema, dicen, es que, en su última presentación, el señor Martínez Rojas -el nuevo dueño- afirma que se hará cargo del diario y que anulará los pedidos. A la fecha, los REPRO no fueron solicitados por las vías correspondientes ni fue aportada la documentación necesaria.
Tenemos que ver cómo hacemos para aceitar esto para que no se transforme en un tema burocrático que no soluciona el problema.
Varios asistentes a la reunión hablan a la vez.
SR. NUDELMAN En Cresta Roja tampoco había un dueño y, sin embargo, apareció la plata. Aquí estamos hablando de quinientos trabajadores que no cobran desde hace cinco meses. Es una vergüenza que se quiera seguir un protocolo cuando la patronal no desapareció sino que está en el país, y tiene lazos con el anterior gobierno pero también con el actual. Por eso no pagan el costo político y penal de dejar a tantos trabajadores en la calle. Es una barbaridad que esto pase en nuestro país a plena luz del día.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor Caballero.
SR. CABALLERO Señor presidente: quiero hacer un comentario relacionado con lo que acaba de decir el compañero.
La respuesta que da el Ministerio de Trabajo, de que los REPRO deben ser pedidos por la empresa, es claramente burocrática. La gente no está cobrando y ellos lo saben porque salió en los diarios: Clarín y La Nación lo publican todo el tiempo. Es sabido qué sucedió con Szpolski y otros empresarios; entonces, que la Justicia investigue y los metan presos. Pero hay una situación urgente y es la que viven los trabajadores. Hay un Ministerio de Trabajo que responde burocráticamente, y en este punto debemos plantear una vez más el tema de la sensibilidad. Nadie pide que todos sean votantes del PRO o de tal o cual cosa. Pero estamos en una situación de emergencia absoluta, con un Estado que dice que como los empresarios se fueron, no pueden dar los REPRO. ¿Entonces para quiénes son? ¿Para General Motors? ¿Para SANCOR? ¿Para Cresta Roja? Para estos trabajadores de prensa también tendrían que ser.
Por otra parte, también es necesario que se debata sobre una ley de fomento porque es real que aquí se cometió un error. Durante todo este tiempo, se financió con pauta oficial aquello que debería tener un fondo de fomento específico, como sucede en España y en Francia. No hay que agarrarse de los pelos por eso, pero no usemos la cuestión de la pauta oficial para triquiñuelas o chantajes políticos porque no tiene sentido.
La respuesta que da el Ministerio de Trabajo, de que los REPRO deben ser pedidos por la empresa, es claramente burocrática. La gente no está cobrando y ellos lo saben porque salió en los diarios: Clarín y La Nación lo publican todo el tiempo. Es sabido qué sucedió con Szpolski y otros empresarios; entonces, que la Justicia investigue y los metan presos. Pero hay una situación urgente y es la que viven los trabajadores. Hay un Ministerio de Trabajo que responde burocráticamente, y en este punto debemos plantear una vez más el tema de la sensibilidad. Nadie pide que todos sean votantes del PRO o de tal o cual cosa. Pero estamos en una situación de emergencia absoluta, con un Estado que dice que como los empresarios se fueron, no pueden dar los REPRO. ¿Entonces para quiénes son? ¿Para General Motors? ¿Para SANCOR? ¿Para Cresta Roja? Para estos trabajadores de prensa también tendrían que ser.
Por otra parte, también es necesario que se debata sobre una ley de fomento porque es real que aquí se cometió un error. Durante todo este tiempo, se financió con pauta oficial aquello que debería tener un fondo de fomento específico, como sucede en España y en Francia. No hay que agarrarse de los pelos por eso, pero no usemos la cuestión de la pauta oficial para triquiñuelas o chantajes políticos porque no tiene sentido.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Es importante, a partir de este comunicado, tomar contacto tanto con los delegados de la Comisión Interna para hacernos de la información respecto de las listas negras, como con las autoridades públicas. Si se corrobora que es verdad, sería un acto de enorme gravedad que incumbe directamente a esta comisión.
De manera que tomaremos las medidas necesarias para hacernos de la información con respecto a las listas negras.
Tiene la palabra la señora diputada Banfi y luego el señor diputado Plaini.
De manera que tomaremos las medidas necesarias para hacernos de la información con respecto a las listas negras.
Tiene la palabra la señora diputada Banfi y luego el señor diputado Plaini.
SRA. BANFI Señor presidente: seré breve porque apremia el tiempo. Solicito a la Presidencia que haga llegar a todos los miembros de la comisión la información que va recibiendo, así todos podemos cotejarla. Incluso la que presentó la señora Ottaviano, para que tomemos conocimiento de todo el material que reciba la Presidencia de la comisión.
Por otro lado, quiero exponer que conversamos permanentemente con el Poder Ejecutivo nacional y que sus miembros están dispuestos a venir cada vez que sean citados. Además de las visitas que constitucionalmente corresponden al jefe de Gabinete de Ministros, también está la posibilidad de que vengan las autoridades de todos los medios públicos a los que se ha hecho referencia. Hemos conversado con ellos y sabemos que están a plena disposición para poder analizar cualquier tipo de inquietud.
Con respecto a lo que planteaban sobre la burocratización, lamentablemente creo que a veces está la necesidad de ajustarse a ciertos criterios cuando faltan la sensibilidad o la empatía necesarias. Pero cuando hay voluntad política para sortear esas cuestiones, el rol de todos los diputados, sin banderas políticas, es ser gestores para traccionar la sensibilidad de aquellos con quienes nos relacionamos para, entre todos, buscar una solución. Ello es parte del compromiso de esta comisión a través de sus autoridades y también de nosotros, que estamos en contacto permanente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para ver cómo podemos colaborar. Por eso apoyamos la propuesta del señor diputado Plaini, de convocar a la Comisión de Legislación del Trabajo para que se una a esta instancia de intentar resolver esta situación inmediata.
Por otro lado, quiero exponer que conversamos permanentemente con el Poder Ejecutivo nacional y que sus miembros están dispuestos a venir cada vez que sean citados. Además de las visitas que constitucionalmente corresponden al jefe de Gabinete de Ministros, también está la posibilidad de que vengan las autoridades de todos los medios públicos a los que se ha hecho referencia. Hemos conversado con ellos y sabemos que están a plena disposición para poder analizar cualquier tipo de inquietud.
Con respecto a lo que planteaban sobre la burocratización, lamentablemente creo que a veces está la necesidad de ajustarse a ciertos criterios cuando faltan la sensibilidad o la empatía necesarias. Pero cuando hay voluntad política para sortear esas cuestiones, el rol de todos los diputados, sin banderas políticas, es ser gestores para traccionar la sensibilidad de aquellos con quienes nos relacionamos para, entre todos, buscar una solución. Ello es parte del compromiso de esta comisión a través de sus autoridades y también de nosotros, que estamos en contacto permanente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para ver cómo podemos colaborar. Por eso apoyamos la propuesta del señor diputado Plaini, de convocar a la Comisión de Legislación del Trabajo para que se una a esta instancia de intentar resolver esta situación inmediata.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor diputado Plaini.
SR. PLAINI Señor presidente: solicito que se cite a la Comisión Interna de Prensa de Canal 7, al señor Miguel Pereira y al señor Jorge Sigal para que ratifiquen o rectifiquen la circular a la que se hizo referencia.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO La Presidencia solicita a los oradores brevedad, dado que todavía quedan cinco intervenciones.
Tiene la palabra el señor diputado Solá.
Tiene la palabra el señor diputado Solá.
SR. SOLÁ Señor presidente: hoy podemos conocer información mucho más precisa -por las investigaciones judiciales y las gestiones que se han hecho-, lo cual es muy importante para todos: los trabajadores de Tiempo Argentino, de Canal 360 TV, de CN 23, de distintos medios del interior y de Radio América, que numéricamente parecen ser los más afectados.
Cuesta creer que cuando hablamos de falta de sensibilidad nos estemos refiriendo no a un político sino al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. Se trata de los REPRO, de gente que hace meses no cobra el sueldo. Quizá el ministro Aranguren puede tener sensibilidad -aunque parecería que no mucha-, pero aquí hablamos del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. A mí me daría mucha vergüenza ser de Cambiemos y tener este ministro en la cartera laboral.
Cuesta creer que cuando hablamos de falta de sensibilidad nos estemos refiriendo no a un político sino al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. Se trata de los REPRO, de gente que hace meses no cobra el sueldo. Quizá el ministro Aranguren puede tener sensibilidad -aunque parecería que no mucha-, pero aquí hablamos del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. A mí me daría mucha vergüenza ser de Cambiemos y tener este ministro en la cartera laboral.
SRA. SCHMIDT LIERMANN Yo estoy muy orgullosa de nuestro ministro de Trabajo.
SRA. BANFI Por eso el señor diputado no es de Cambiemos.
Varios asistentes a la reunión hablan a la vez.
Varios asistentes a la reunión hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor Piqué.
SR. PIQUÉ Señor presidente: quiero realizar un aporte a los señores diputados con respecto a los REPRO.
En Tiempo Argentino estuvimos estudiando el tema, porque venimos reclamando que nos paguen los REPRO, y descubrimos -tampoco es un gran hallazgo- que como existe una continuidad administrativa y jurídica del Estado, en la gestión nacional anterior fueron aplicados en un caso donde la patronal no los pidió: la metalúrgica Allocco. Pongo este antecedente a disposición porque, si hay intención de otorgar los REPRO, hay maneras de hacerlo y experiencias que pueden funcionar como precedente. No sé si en términos jurídicos se puede hablar de cosa juzgada, pero es un antecedente administrativo.
En todo caso, lo que refleja esto son las prioridades de un gobierno. El reciente programa anunciado de primer empleo contempla un subsidio de 1.000 pesos a la cadena McDonald's por cada joven que contrate en trabajo precario. Eso es una especie de REPRO, cuando a nosotros desde hace cinco meses no nos quieren dar nada.
En Tiempo Argentino estuvimos estudiando el tema, porque venimos reclamando que nos paguen los REPRO, y descubrimos -tampoco es un gran hallazgo- que como existe una continuidad administrativa y jurídica del Estado, en la gestión nacional anterior fueron aplicados en un caso donde la patronal no los pidió: la metalúrgica Allocco. Pongo este antecedente a disposición porque, si hay intención de otorgar los REPRO, hay maneras de hacerlo y experiencias que pueden funcionar como precedente. No sé si en términos jurídicos se puede hablar de cosa juzgada, pero es un antecedente administrativo.
En todo caso, lo que refleja esto son las prioridades de un gobierno. El reciente programa anunciado de primer empleo contempla un subsidio de 1.000 pesos a la cadena McDonald's por cada joven que contrate en trabajo precario. Eso es una especie de REPRO, cuando a nosotros desde hace cinco meses no nos quieren dar nada.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor Martín Suárez, delegado del Sipreba en Radio Madre.
SR. SUÁREZ Señor presidente: hace poco tiempo, los trabajadores de Radio Madre AM 530 decidimos elegir delegado dentro de la emisora. Como trabajadores de radio, como periodistas y como gente que acompaña cada paso que dan las Madres de Plaza de Mayo, veíamos como una falta de respeto organizarnos dentro de un medio que fue creado por ellas.
El contexto político cambió; la situación fue empeorando día a día y decidimos, desde el 8 de marzo de este año, organizarnos y estar en asamblea permanente. Lo hicimos porque notamos un cambio drástico en la administración de lo que todos los compañeros aquí presentes y de cada uno de los medios -tanto de radio, de televisión como de medios gráficos- están diciendo; me refiero al corte abrupto de la pauta publicitaria, que hoy por hoy -y creo que es una de las cosas que tendría que cambiar- es solamente administrada por el Poder Ejecutivo nacional. Se malinterpreta que es algo que da el Estado, pero a partir de la decisión del Poder Ejecutivo.
Esto es algo que, sin lugar a dudas, en un futuro deberá ser debatido en esta Comisión de Libertad de Expresión, que tanto bien hace para profundizar la batalla de ideas dentro del campo nacional y popular.
Lo que queremos destacar más que nada es que somos víctimas. Nos encontramos, de alguna manera, siendo perseguidos por el nuevo Poder Ejecutivo nacional, no solamente en lo que tiene que ver con las Madres de Plaza de Mayo sino en especial en lo que se refiere a los trabajadores que hacemos la radio y que día a día, más allá de no cobrar desde hace aproximadamente dos meses ningún tipo de salario, seguimos manteniendo la estructura íntegra de la radio como podemos: con una programación cortada, con móviles en vivo, con algunos enlatados y de manera precaria pero con la misma energía y voluntad de seguir adelante para que no nos corten esta voz que tan bien le hace, creemos, a gran parte de la sociedad.
Pasó algo que debemos tener en cuenta. Si bien el motivo de esta reunión no es hablar de algo meramente político, en este caso es imposible separar lo sindical de lo político. Apenas comenzó el cambio de gobierno, creció de una manera estrepitosa la audiencia de la radio. Es decir, había gente que estaba con necesidad absoluta de escuchar esa voz. Algunos dicen que es el 49 por ciento que no eligió al actual gobierno, otros que es aquella voz que estuvo siempre. Hace diez años que estamos en el aire con trabajadores reales; somos familias reales que hacemos día a día la programación. No somos un medio ficticio, una expresión que dolió mucho, señora diputada Schmidt Liermann. Ya sé que no la dijo con mala fe ni de manera despectiva; eso espero.
El contexto político cambió; la situación fue empeorando día a día y decidimos, desde el 8 de marzo de este año, organizarnos y estar en asamblea permanente. Lo hicimos porque notamos un cambio drástico en la administración de lo que todos los compañeros aquí presentes y de cada uno de los medios -tanto de radio, de televisión como de medios gráficos- están diciendo; me refiero al corte abrupto de la pauta publicitaria, que hoy por hoy -y creo que es una de las cosas que tendría que cambiar- es solamente administrada por el Poder Ejecutivo nacional. Se malinterpreta que es algo que da el Estado, pero a partir de la decisión del Poder Ejecutivo.
Esto es algo que, sin lugar a dudas, en un futuro deberá ser debatido en esta Comisión de Libertad de Expresión, que tanto bien hace para profundizar la batalla de ideas dentro del campo nacional y popular.
Lo que queremos destacar más que nada es que somos víctimas. Nos encontramos, de alguna manera, siendo perseguidos por el nuevo Poder Ejecutivo nacional, no solamente en lo que tiene que ver con las Madres de Plaza de Mayo sino en especial en lo que se refiere a los trabajadores que hacemos la radio y que día a día, más allá de no cobrar desde hace aproximadamente dos meses ningún tipo de salario, seguimos manteniendo la estructura íntegra de la radio como podemos: con una programación cortada, con móviles en vivo, con algunos enlatados y de manera precaria pero con la misma energía y voluntad de seguir adelante para que no nos corten esta voz que tan bien le hace, creemos, a gran parte de la sociedad.
Pasó algo que debemos tener en cuenta. Si bien el motivo de esta reunión no es hablar de algo meramente político, en este caso es imposible separar lo sindical de lo político. Apenas comenzó el cambio de gobierno, creció de una manera estrepitosa la audiencia de la radio. Es decir, había gente que estaba con necesidad absoluta de escuchar esa voz. Algunos dicen que es el 49 por ciento que no eligió al actual gobierno, otros que es aquella voz que estuvo siempre. Hace diez años que estamos en el aire con trabajadores reales; somos familias reales que hacemos día a día la programación. No somos un medio ficticio, una expresión que dolió mucho, señora diputada Schmidt Liermann. Ya sé que no la dijo con mala fe ni de manera despectiva; eso espero.
SRA. SCHMIDT LIERMANN No...
SR. SUÁREZ Nos dolió porque somos un medio hecho por personas, por trabajadores de prensa con ideología. Algunos nos llaman trabajadores de prensa militante. Difiero totalmente de eso; somos trabajadores comprometidos con una realidad como cualquiera de los que están aquí presentes y provienen de diferentes medios de comunicación: de izquierda, de derecha, de centroderecha, etcétera. Somos trabajadores comprometidos también con los derechos laborales que hemos adquirido no en estos últimos años sino a lo largo de la historia argentina.
Por eso estamos aquí, para defender los derechos de mis compañeros de Radio Madre; somos veintiséis familias en un estado totalmente desesperante. Hace dos meses que no cobramos nada y estamos aquí, sin lugar a dudas, para pedir lo mismo que los compañeros trabajadores de Radio América:
los REPRO, algo que el gobierno debería dar de manera automática.
Ahora bien, si uno se pone a pensar no debería hacer falta, porque lo que solicitamos precisamente es una pauta oficial como la que reciben otros medios: Radio Mitre o aquellos pertenecientes al grupo La Nación o el diario Perfil.
Hay un estudio que se realiza en todas las academias del país y de Latinoamérica, es decir, de todo el bloque regional, que es el caso de Perfil. Precisamente, hace unos años solicitaba la pauta oficial al gobierno que se fue, ya que se sentía perjudicado porque solamente podía imprimir una tirada los fines de semana, debido a que le había sido quitada dicha pauta de manera totalmente injusta.
De la misma forma, nosotros pedimos el porcentaje que nos corresponde porque somos un medio legal, hecho con trabajadores reales y comprometidos; que nos vuelvan a dar la pauta oficial y, en el peor de los casos, los REPRO. Queremos que la radio siga en pie porque es lo que garantiza -como todos los otros compañeros de trabajo de los diferentes medios de comunicación- que la libertad de expresión y la democracia tengan un verdadero lugar en este país. (Aplausos.)
Por eso estamos aquí, para defender los derechos de mis compañeros de Radio Madre; somos veintiséis familias en un estado totalmente desesperante. Hace dos meses que no cobramos nada y estamos aquí, sin lugar a dudas, para pedir lo mismo que los compañeros trabajadores de Radio América:
los REPRO, algo que el gobierno debería dar de manera automática.
Ahora bien, si uno se pone a pensar no debería hacer falta, porque lo que solicitamos precisamente es una pauta oficial como la que reciben otros medios: Radio Mitre o aquellos pertenecientes al grupo La Nación o el diario Perfil.
Hay un estudio que se realiza en todas las academias del país y de Latinoamérica, es decir, de todo el bloque regional, que es el caso de Perfil. Precisamente, hace unos años solicitaba la pauta oficial al gobierno que se fue, ya que se sentía perjudicado porque solamente podía imprimir una tirada los fines de semana, debido a que le había sido quitada dicha pauta de manera totalmente injusta.
De la misma forma, nosotros pedimos el porcentaje que nos corresponde porque somos un medio legal, hecho con trabajadores reales y comprometidos; que nos vuelvan a dar la pauta oficial y, en el peor de los casos, los REPRO. Queremos que la radio siga en pie porque es lo que garantiza -como todos los otros compañeros de trabajo de los diferentes medios de comunicación- que la libertad de expresión y la democracia tengan un verdadero lugar en este país. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra Irene Haimovichi, del diario La Nación.
SRA. HAIMOVICHI Señor presidente: puede resultar raro que los periodistas del diario La Nación tenga problemas igual que aquellos tildados de militantes kirchneristas. Digo "tildados" porque todos los trabajadores poseemos alguna ideología, aun los que piensan que no la tienen. Todos hacemos nuestro trabajo en el marco de una ideología.
Estoy un poco emocionada, señor presidente; agradezco esta invitación y, sobre todo, a mis compañeros. También a Cynthia Ottaviano, que hace un laburo realmente importante, y sobre todo a los trabajadores de prensa que hoy están representando a sus compañeros y a distintas organizaciones gremiales.
Los trabajadores de prensa tenemos hoy un gran desafío y hay algo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo: unirnos, porque del otro lado están unidos y se concentran cada vez más, situación que nos condiciona como trabajadores. Ese es el desafío que tenemos.
Esta historia no empezó con el gobierno de Mauricio Macri, aunque en este tiempo se ha profundizado terriblemente una realidad que ya existe en los medios de nuestro país y del resto del mundo. Yo puedo contar la experiencia que conozco: en la industria de la comunicación, los grandes cambios son utilizados desde siempre -como ocurre con todos los patrones ante los cambios tecnológicos e industriales- no sólo para enriquecerse más sino para precarizar y sacar más rédito de la explotación de los trabajadores. Este concepto, "explotación de los trabajadores", que parecía olvidado, está ahí siempre.
No es nueva esta precarización y existe una cantidad incontable de trabajadores de la comunicación -tomé algunas notas porque no iba a recordar todo- a quienes se les desconocen derechos básicos. Estos trabajadores, incluso a veces pagan para trabajar en los medios. Puede parecer una locura, pero Clarín y La Nación tienen maestrías -que son pagas y muy caras- en las que durante los últimos cuatros meses la gente trabaja en la redacción para pagar el curso. Esas personas están trabajando, no haciendo una práctica. Están cumpliendo con la labor de los trabajadores y llenando puestos de la redacción.
Aparte de eso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde probablemente no se pueda contar con exactitud cuántos trabajadores de prensa hay -creemos que entre 5.000 y 7.000 formales, y el doble o triple de informales-, hay una gran nebulosa de trabajadores que llamamos "colaboradores".
Dentro de ella hay una nebulosa mayor conocida como "colaboradores sub-24". Si alguno conoce el Estatuto del Periodista sabrá que hay una forma de relación laboral que es la del colaborador, que se refiere a aquellas personas que no siendo periodistas hacen una columna o colaboración sobre un tema específico. El estatuto aclara que, pasadas las veinticuatro colaboraciones, pasan a ser colaboradores permanentes, que es una especie de semilegalización de su relación contractual.
El estatuto se refiere a personas que hacen no tareas típicas del trabajador de prensa sino otras que son excepcionales. Por ejemplo, una nota con un cirujano que habla de una nueva operación; quien hace su columna con ese reportaje es un colaborador.
Cuando en el año 1946 se dictó el estatuto se pensó que era necesario aclarar esta figura, que después sirvió como base para la flexibilización de miles de trabajadores: ocho mil, nueve mil, diez mil, no tenemos la cantidad porque hay medios que se hacen con un editor y el resto son todos colaboradores. Estoy hablando de medios como la revista del diario La Nación o la revista Pymes, del diario Clarín, que es editada prácticamente por colaboradores factureros, que no tienen derecho a vacaciones ni aguinaldo ni a enfermarse, porque si lo hacen no cobran. Hay gente trabajando en esas condiciones desde hace más de diez años.
Ahora nos despiden masivamente, pero nos vienen achurando desde hace mucho tiempo. Cuento esto porque me parece que es la base para entender que no puede haber libertad de expresión si las condiciones de trabajo son similares a las de los peones del campo invisibilizados. Parece un delirio comparar a estos muchachos o chicos que se encuentran en grandes campos de hacendados argentinos en situaciones precarias con trabajadores urbanos. Pero es real, existen. Tendríamos que buscar uno por uno a esos trabajadores que siguieron una carrera universitaria o egresaron de los institutos de formación profesional y terminan haciendo algún que otro trabajito para sobrevivir o pagando para que su labor sea publicada en los medios. Además, sostienen sus propios teléfonos -celulares o de línea- y sus computadoras, pero nadie les reconoce nada.
Sobre esa base, sobre este gran mundo de trabajadores "recontraprecarizados", es que quienes estamos efectivos defendemos nuestros derechos. Es difícil, porque este gobierno está aplicando un sistema donde hay más despidos, más precarización y más disciplinamiento para los trabajadores. Esto pasa en los medios de comunicación y en los medios concentrados desde hace muchos años.
Esto también es un atentado contra la libertad de expresión e impide que los trabajadores nos podamos organizar. Así ocurrió en Clarín, donde durante diez años no tuvieron comisión interna. Esta situación origina además que tengamos miedo de levantar la cabeza frente a los patrones, más allá de que acordemos o no con la línea editorial. No podemos discutir nada si tememos perder el trabajo.
En algún momento, en Clarín hubo una buena línea entre trabajadores, comisión interna, asamblea y un sindicato presente que permitió bajar de la publicación una solicitada de Videla. Hace poco, gracias a doce años de profunda democracia y de poder sentirla en el trabajo interno del diario, los trabajadores de La Nación pudimos pararnos contra un editorial vergonzoso publicado al día siguiente de que ganara Macri la Presidencia, que pretendía marcar la cancha al nuevo gobierno en materia de derechos humanos. Eso lo hicimos los trabajadores. Hoy, cuando pasaron solo seis meses, no sé si podríamos volver a hacerlo.
Desde hace unos veinte años, la aplicación de nuevas tecnologías en producción y circulación de la información modifica, tal como ocurre en todas las industrias, la cultura laboral y de las audiencias o lectores. Ese cambio en la industria, por el cual las nuevas tecnologías deberían mejorar las condiciones laborales, fue y es utilizado por los empresarios para flexibilizar y precarizar más las condiciones de trabajo. En el diario La Nación, en 2009 hubo despidos masivos; en realidad, se producían desde hacía varios años. Es cíclico y, si se me permite, daré algunos datos.
Los trabajadores gráficos, cuando entré a trabajar hace poco más de veinte años, eran seiscientos; ahora, no sé si llegan a ciento veinte. En la redacción debemos tener unos trescientos cincuenta trabajadores en todas las plataformas; antes, teníamos esa misma cifra solo para la redacción central.
Después de esos grandes despidos, donde fueron desvinculados cien trabajadores de la redacción y otros tantos de la administración, todos los años la empresa abre una ventana después de las paritarias por la que despide, a través un sistema que se llama prejubilación, a los trabajadores mayores de cincuenta y ocho años. Esto genera que la redacción sea cuasijuvenil, ya que quedan pocos mayores.
Todos los trabajadores de prensa sabemos -quienes no lo son también podrán entender lo que voy a decir- que una buena redacción es aquella que tiene esos viejos lobos de mar que se las saben todas y nos enseñan en la vida cotidiana a hacer buen periodismo. Nos estamos quedando sin ellos porque parece que son prescindibles, que ya la experiencia no vale.
También tengo para contar que el año pasado, la empresa hizo una presentación del cambio en la forma operativa de trabajar que experimentaban los medios del mundo en general y de la Argentina en particular, ante trescientos periodistas y los miembros de la comisión interna. Como es un tema que me interesa mucho, tomé notas y saqué un informe. Lo hice de manera personal porque no quería que nadie me dijera que no lo hiciera; entonces no consulté, firmé el trabajo y lo mandé hacia afuera. Fui sancionada. En ese informe se cuentan los cambios que se están produciendo y las propuestas de reformas laborales. Si hablamos de libertad de expresión y de información, esto fue un ataque. Siendo delegada, recibo una sanción por informar a mis compañeros y al mundo de trabajadores de prensa algo que todos sabemos pero que, al menos yo, nunca había corporizado tan claramente.
Creo que no hay manera de separar el ejercicio de la libertad de expresión de las condiciones laborales de quienes trabajamos en comunicación. Ello afecta no solo a los trabajadores con una ideología o que pertenecen a un medio con cierta línea ideológica sino también a los de otros medios con una línea ideológica diferente.
Al trabajador de una tabacalera nadie le pregunta si le preocupa el cáncer o no. Todo el mundo entiende que tiene ese empleo porque es el que consiguió. Yo trabajo en el diario La Nación desde hace más de veinte años y no tengo su línea editorial en mi cabeza; lo mismo ocurre con muchísimos trabajadores de prensa.
También es importante saber que la libertad de expresión, las mejores condiciones laborales y una mayor organización de los trabajadores permiten a las asambleas discutir internamente sobre ciertas cuestiones de la línea editorial, aun en los medios concentrados de derecha, de izquierda, peronistas, no peronistas o lo que fuere. Tenemos que poder ejercer esa libertad en todos lados y contar con medios que representen todo el arco ideológico, para que todos los seres humanos que viven en este país -los que forman parte de las distintas audiencias, nuestros ciudadanos, quienes nos visitan, los inmigrantes, etcétera- tengan un medio donde verse reflejados y, al mismo tiempo, los medios para reflejar lo que piensan.
Estoy un poco emocionada, señor presidente; agradezco esta invitación y, sobre todo, a mis compañeros. También a Cynthia Ottaviano, que hace un laburo realmente importante, y sobre todo a los trabajadores de prensa que hoy están representando a sus compañeros y a distintas organizaciones gremiales.
Los trabajadores de prensa tenemos hoy un gran desafío y hay algo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo: unirnos, porque del otro lado están unidos y se concentran cada vez más, situación que nos condiciona como trabajadores. Ese es el desafío que tenemos.
Esta historia no empezó con el gobierno de Mauricio Macri, aunque en este tiempo se ha profundizado terriblemente una realidad que ya existe en los medios de nuestro país y del resto del mundo. Yo puedo contar la experiencia que conozco: en la industria de la comunicación, los grandes cambios son utilizados desde siempre -como ocurre con todos los patrones ante los cambios tecnológicos e industriales- no sólo para enriquecerse más sino para precarizar y sacar más rédito de la explotación de los trabajadores. Este concepto, "explotación de los trabajadores", que parecía olvidado, está ahí siempre.
No es nueva esta precarización y existe una cantidad incontable de trabajadores de la comunicación -tomé algunas notas porque no iba a recordar todo- a quienes se les desconocen derechos básicos. Estos trabajadores, incluso a veces pagan para trabajar en los medios. Puede parecer una locura, pero Clarín y La Nación tienen maestrías -que son pagas y muy caras- en las que durante los últimos cuatros meses la gente trabaja en la redacción para pagar el curso. Esas personas están trabajando, no haciendo una práctica. Están cumpliendo con la labor de los trabajadores y llenando puestos de la redacción.
Aparte de eso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde probablemente no se pueda contar con exactitud cuántos trabajadores de prensa hay -creemos que entre 5.000 y 7.000 formales, y el doble o triple de informales-, hay una gran nebulosa de trabajadores que llamamos "colaboradores".
Dentro de ella hay una nebulosa mayor conocida como "colaboradores sub-24". Si alguno conoce el Estatuto del Periodista sabrá que hay una forma de relación laboral que es la del colaborador, que se refiere a aquellas personas que no siendo periodistas hacen una columna o colaboración sobre un tema específico. El estatuto aclara que, pasadas las veinticuatro colaboraciones, pasan a ser colaboradores permanentes, que es una especie de semilegalización de su relación contractual.
El estatuto se refiere a personas que hacen no tareas típicas del trabajador de prensa sino otras que son excepcionales. Por ejemplo, una nota con un cirujano que habla de una nueva operación; quien hace su columna con ese reportaje es un colaborador.
Cuando en el año 1946 se dictó el estatuto se pensó que era necesario aclarar esta figura, que después sirvió como base para la flexibilización de miles de trabajadores: ocho mil, nueve mil, diez mil, no tenemos la cantidad porque hay medios que se hacen con un editor y el resto son todos colaboradores. Estoy hablando de medios como la revista del diario La Nación o la revista Pymes, del diario Clarín, que es editada prácticamente por colaboradores factureros, que no tienen derecho a vacaciones ni aguinaldo ni a enfermarse, porque si lo hacen no cobran. Hay gente trabajando en esas condiciones desde hace más de diez años.
Ahora nos despiden masivamente, pero nos vienen achurando desde hace mucho tiempo. Cuento esto porque me parece que es la base para entender que no puede haber libertad de expresión si las condiciones de trabajo son similares a las de los peones del campo invisibilizados. Parece un delirio comparar a estos muchachos o chicos que se encuentran en grandes campos de hacendados argentinos en situaciones precarias con trabajadores urbanos. Pero es real, existen. Tendríamos que buscar uno por uno a esos trabajadores que siguieron una carrera universitaria o egresaron de los institutos de formación profesional y terminan haciendo algún que otro trabajito para sobrevivir o pagando para que su labor sea publicada en los medios. Además, sostienen sus propios teléfonos -celulares o de línea- y sus computadoras, pero nadie les reconoce nada.
Sobre esa base, sobre este gran mundo de trabajadores "recontraprecarizados", es que quienes estamos efectivos defendemos nuestros derechos. Es difícil, porque este gobierno está aplicando un sistema donde hay más despidos, más precarización y más disciplinamiento para los trabajadores. Esto pasa en los medios de comunicación y en los medios concentrados desde hace muchos años.
Esto también es un atentado contra la libertad de expresión e impide que los trabajadores nos podamos organizar. Así ocurrió en Clarín, donde durante diez años no tuvieron comisión interna. Esta situación origina además que tengamos miedo de levantar la cabeza frente a los patrones, más allá de que acordemos o no con la línea editorial. No podemos discutir nada si tememos perder el trabajo.
En algún momento, en Clarín hubo una buena línea entre trabajadores, comisión interna, asamblea y un sindicato presente que permitió bajar de la publicación una solicitada de Videla. Hace poco, gracias a doce años de profunda democracia y de poder sentirla en el trabajo interno del diario, los trabajadores de La Nación pudimos pararnos contra un editorial vergonzoso publicado al día siguiente de que ganara Macri la Presidencia, que pretendía marcar la cancha al nuevo gobierno en materia de derechos humanos. Eso lo hicimos los trabajadores. Hoy, cuando pasaron solo seis meses, no sé si podríamos volver a hacerlo.
Desde hace unos veinte años, la aplicación de nuevas tecnologías en producción y circulación de la información modifica, tal como ocurre en todas las industrias, la cultura laboral y de las audiencias o lectores. Ese cambio en la industria, por el cual las nuevas tecnologías deberían mejorar las condiciones laborales, fue y es utilizado por los empresarios para flexibilizar y precarizar más las condiciones de trabajo. En el diario La Nación, en 2009 hubo despidos masivos; en realidad, se producían desde hacía varios años. Es cíclico y, si se me permite, daré algunos datos.
Los trabajadores gráficos, cuando entré a trabajar hace poco más de veinte años, eran seiscientos; ahora, no sé si llegan a ciento veinte. En la redacción debemos tener unos trescientos cincuenta trabajadores en todas las plataformas; antes, teníamos esa misma cifra solo para la redacción central.
Después de esos grandes despidos, donde fueron desvinculados cien trabajadores de la redacción y otros tantos de la administración, todos los años la empresa abre una ventana después de las paritarias por la que despide, a través un sistema que se llama prejubilación, a los trabajadores mayores de cincuenta y ocho años. Esto genera que la redacción sea cuasijuvenil, ya que quedan pocos mayores.
Todos los trabajadores de prensa sabemos -quienes no lo son también podrán entender lo que voy a decir- que una buena redacción es aquella que tiene esos viejos lobos de mar que se las saben todas y nos enseñan en la vida cotidiana a hacer buen periodismo. Nos estamos quedando sin ellos porque parece que son prescindibles, que ya la experiencia no vale.
También tengo para contar que el año pasado, la empresa hizo una presentación del cambio en la forma operativa de trabajar que experimentaban los medios del mundo en general y de la Argentina en particular, ante trescientos periodistas y los miembros de la comisión interna. Como es un tema que me interesa mucho, tomé notas y saqué un informe. Lo hice de manera personal porque no quería que nadie me dijera que no lo hiciera; entonces no consulté, firmé el trabajo y lo mandé hacia afuera. Fui sancionada. En ese informe se cuentan los cambios que se están produciendo y las propuestas de reformas laborales. Si hablamos de libertad de expresión y de información, esto fue un ataque. Siendo delegada, recibo una sanción por informar a mis compañeros y al mundo de trabajadores de prensa algo que todos sabemos pero que, al menos yo, nunca había corporizado tan claramente.
Creo que no hay manera de separar el ejercicio de la libertad de expresión de las condiciones laborales de quienes trabajamos en comunicación. Ello afecta no solo a los trabajadores con una ideología o que pertenecen a un medio con cierta línea ideológica sino también a los de otros medios con una línea ideológica diferente.
Al trabajador de una tabacalera nadie le pregunta si le preocupa el cáncer o no. Todo el mundo entiende que tiene ese empleo porque es el que consiguió. Yo trabajo en el diario La Nación desde hace más de veinte años y no tengo su línea editorial en mi cabeza; lo mismo ocurre con muchísimos trabajadores de prensa.
También es importante saber que la libertad de expresión, las mejores condiciones laborales y una mayor organización de los trabajadores permiten a las asambleas discutir internamente sobre ciertas cuestiones de la línea editorial, aun en los medios concentrados de derecha, de izquierda, peronistas, no peronistas o lo que fuere. Tenemos que poder ejercer esa libertad en todos lados y contar con medios que representen todo el arco ideológico, para que todos los seres humanos que viven en este país -los que forman parte de las distintas audiencias, nuestros ciudadanos, quienes nos visitan, los inmigrantes, etcétera- tengan un medio donde verse reflejados y, al mismo tiempo, los medios para reflejar lo que piensan.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la señora Ana Laura Tornaquindici.
SRA. TORNAQUINDICI Señor presidente: pertenezco al Sipreba, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y además soy delegada del diario BAE.
He sido recientemente despedida. El mismo día que se llevaban a cabo las elecciones de la Comisión Directiva del Sipreba, la patronal del grupo Olmos -los dueños de medios como Crónica, que todos conocen- me mandó un telegrama de despido por ser delegada y miembro del sindicato, donde soy secretaria de Mujeres y Géneros. Esto ocurrió unos quince días atrás aproximadamente.
Traigo a esta reunión la voz del Sipreba; el hecho de estar entre los últimos oradores tiene el beneficio de poder escuchar un poco todas las voces, pero también el límite de que mucha gente ya se fue. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires surge como un sindicato de delegados de base que responde a sus asambleas, por la falta de organización que había en la UTPBA, que es el otro sindicato, que no acompañaba ninguna lucha ni tenía delegados, sobre todo en prensa escrita. Así nació un plenario autoconvocado de delegados. A su vez, a mediados del año pasado decidimos conformar un sindicato de prensa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la idea de hacer algo a nivel nacional con todos los trabajadores y las trabajadoras de prensa.
Quiero contar cómo nació el Sipreba, el análisis que hicimos durante todos estos años y de qué manera nos posicionamos, cuestiones que tienen que ver con algo que por ahí no se comentó mucho: la independencia de los trabajadores frente a los empresarios. Antes y ahora sufrimos persecución sindical, despidos y precarización tanto en medios oficialistas como opositores.
Lo mismo ocurre respecto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Cuando planteábamos los problemas al gobierno anterior recibíamos la misma respuesta: o sea, ninguna, tal como les sucede ahora a los trabajadores de Radio América y de Tiempo Argentino con el ministro Triaca.
La conclusión que nosotros sacamos es que los empresarios se ponen de uno u otro lado de la grieta pero nunca del lado de los trabajadores, porque cuando nos tienen que despedir, precarizar o perseguir sindicalmente, no solamente lo hacen, al margen de la línea editorial a la que pertenezcan, sino que son convalidados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de este gobierno y del anterior. Hay una especie de pacto. En los medios salen a diferenciarse y se presentan como sectores distintos, pero cuando tienen que ir en contra de los trabajadores unifican sus posiciones y responden con un solo puño. Lo mismo sucede con las cámaras empresariales. Nosotros no estamos participando de la paritaria a la que fue convocado el otro sindicato, que prácticamente no tiene representación de delegados y que para el sector de prensa escrita cerró la peor paritaria de todos los gremios del país: con un 25 y 27 por ciento en tres cuotas y una paritaria de trece meses.
Digo esto para que se sepa que nosotros no solamente peleamos contra el gobierno de turno, el Ministerio de Trabajo y los empresarios sino también contra muchos sindicatos. De hecho, a mí me despiden del diario BAE que, como todos saben, una de sus patas sindicales responde a Antonio Caló, que se dice es el verdadero dueño del grupo Crónica.
En este debate sobre pauta oficial donde también vemos cómo podemos resolver el ataque contra los trabajadores, quiero decir que cuando había pauta los empresarios igual se la llevaban ellos; no se la daban a los trabajadores. Nosotros no pedimos pauta para los vaciadores ni para los empresarios; pedimos una respuesta para los trabajadores, para los despidos, para la libre organización gremial y para que se respete nuestro convenio colectivo de trabajo, que no se cumple en ningún medio: ni oficialista ni opositor, ni ahora ni antes.
También queremos una respuesta por la complicidad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social frente a todas estas medidas. Tal como comentaron los compañeros de Radio América y de Tiempo Argentino, se les negaron siempre los REPRO. Sabemos que los vaciadores son empresarios ligados a medios "K" o exoficialistas; tal es el caso del grupo Olmos, en el que yo trabajaba, donde hace más de dos años sufre una persecución muy fuerte la organización gremial con complicidad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Como Sindicato de Prensa de Buenos Aires llamamos a una posición independiente que favorezca a los trabajadores, que no se ponga de un lado o del otro de los empresarios vaciadores y precarizadores, y que se dé respuesta a los trabajadores.
Uno de los temas de los que se habla esta semana es la prohibición de los despidos. Me parece que esta comisión tiene que pedir que se prohíban los despidos en el sector de la prensa en forma retroactiva, porque hubo más de mil despidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de dos mil en todo el país. Si se quiere defender la libertad de expresión, se debe proteger a los trabajadores frenando todo lo que signifique precarización laboral. Asimismo, cualquier tipo de subsidio del Estado debe ser entregado a los trabajadores y no a grupos que se lo llevan a su casa.
He sido recientemente despedida. El mismo día que se llevaban a cabo las elecciones de la Comisión Directiva del Sipreba, la patronal del grupo Olmos -los dueños de medios como Crónica, que todos conocen- me mandó un telegrama de despido por ser delegada y miembro del sindicato, donde soy secretaria de Mujeres y Géneros. Esto ocurrió unos quince días atrás aproximadamente.
Traigo a esta reunión la voz del Sipreba; el hecho de estar entre los últimos oradores tiene el beneficio de poder escuchar un poco todas las voces, pero también el límite de que mucha gente ya se fue. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires surge como un sindicato de delegados de base que responde a sus asambleas, por la falta de organización que había en la UTPBA, que es el otro sindicato, que no acompañaba ninguna lucha ni tenía delegados, sobre todo en prensa escrita. Así nació un plenario autoconvocado de delegados. A su vez, a mediados del año pasado decidimos conformar un sindicato de prensa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la idea de hacer algo a nivel nacional con todos los trabajadores y las trabajadoras de prensa.
Quiero contar cómo nació el Sipreba, el análisis que hicimos durante todos estos años y de qué manera nos posicionamos, cuestiones que tienen que ver con algo que por ahí no se comentó mucho: la independencia de los trabajadores frente a los empresarios. Antes y ahora sufrimos persecución sindical, despidos y precarización tanto en medios oficialistas como opositores.
Lo mismo ocurre respecto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Cuando planteábamos los problemas al gobierno anterior recibíamos la misma respuesta: o sea, ninguna, tal como les sucede ahora a los trabajadores de Radio América y de Tiempo Argentino con el ministro Triaca.
La conclusión que nosotros sacamos es que los empresarios se ponen de uno u otro lado de la grieta pero nunca del lado de los trabajadores, porque cuando nos tienen que despedir, precarizar o perseguir sindicalmente, no solamente lo hacen, al margen de la línea editorial a la que pertenezcan, sino que son convalidados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de este gobierno y del anterior. Hay una especie de pacto. En los medios salen a diferenciarse y se presentan como sectores distintos, pero cuando tienen que ir en contra de los trabajadores unifican sus posiciones y responden con un solo puño. Lo mismo sucede con las cámaras empresariales. Nosotros no estamos participando de la paritaria a la que fue convocado el otro sindicato, que prácticamente no tiene representación de delegados y que para el sector de prensa escrita cerró la peor paritaria de todos los gremios del país: con un 25 y 27 por ciento en tres cuotas y una paritaria de trece meses.
Digo esto para que se sepa que nosotros no solamente peleamos contra el gobierno de turno, el Ministerio de Trabajo y los empresarios sino también contra muchos sindicatos. De hecho, a mí me despiden del diario BAE que, como todos saben, una de sus patas sindicales responde a Antonio Caló, que se dice es el verdadero dueño del grupo Crónica.
En este debate sobre pauta oficial donde también vemos cómo podemos resolver el ataque contra los trabajadores, quiero decir que cuando había pauta los empresarios igual se la llevaban ellos; no se la daban a los trabajadores. Nosotros no pedimos pauta para los vaciadores ni para los empresarios; pedimos una respuesta para los trabajadores, para los despidos, para la libre organización gremial y para que se respete nuestro convenio colectivo de trabajo, que no se cumple en ningún medio: ni oficialista ni opositor, ni ahora ni antes.
También queremos una respuesta por la complicidad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social frente a todas estas medidas. Tal como comentaron los compañeros de Radio América y de Tiempo Argentino, se les negaron siempre los REPRO. Sabemos que los vaciadores son empresarios ligados a medios "K" o exoficialistas; tal es el caso del grupo Olmos, en el que yo trabajaba, donde hace más de dos años sufre una persecución muy fuerte la organización gremial con complicidad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Como Sindicato de Prensa de Buenos Aires llamamos a una posición independiente que favorezca a los trabajadores, que no se ponga de un lado o del otro de los empresarios vaciadores y precarizadores, y que se dé respuesta a los trabajadores.
Uno de los temas de los que se habla esta semana es la prohibición de los despidos. Me parece que esta comisión tiene que pedir que se prohíban los despidos en el sector de la prensa en forma retroactiva, porque hubo más de mil despidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de dos mil en todo el país. Si se quiere defender la libertad de expresión, se debe proteger a los trabajadores frenando todo lo que signifique precarización laboral. Asimismo, cualquier tipo de subsidio del Estado debe ser entregado a los trabajadores y no a grupos que se lo llevan a su casa.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
SRA. BANFI Señor presidente: solo quiero hacer dos comentarios respecto de lo que se dijo sobre la pauta.
Es fundamental el tratamiento que podamos dar a ese tema, principalmente para conocer los destinos de la pauta publicitaria y los subsidios, y cómo se utiliza el dinero del erario público, tanto si hablamos de empresas privadas como de aquellas dependientes del Estado.
En la sesión de mañana, esta Cámara va a dar tratamiento al proyecto de ley de acceso a la información pública. A partir de su sanción, todos los ciudadanos podrán preguntar y los diferentes organismos estarán obligados a responder cada vez que reciban una solicitud. Todos podemos ser sujetos obligados de la Ley de Acceso a la Información cuando manejamos dinero o tenemos algún nivel de actividad con el erario público.
Ojalá podamos aprobarla definitivamente en este Congreso, porque hemos peleado durante doce años por ella y creemos que puede dar respuesta a estas cuestiones.
Lamento que se haya ido el señor diputado Solá porque yo no me refería a la insensibilidad del ministro Triaca sino todo lo contrario; puedo dar fe de su sensibilidad.
Es parte de nuestro trabajo escuchar a los trabajadores de prensa y tratar de canalizar las diferentes instancias que puedan tener para llevar la solución inmediata a su problemática. Nuevamente, agradezco muchísimo su presencia y toda la información que han podido compartir.
Es fundamental el tratamiento que podamos dar a ese tema, principalmente para conocer los destinos de la pauta publicitaria y los subsidios, y cómo se utiliza el dinero del erario público, tanto si hablamos de empresas privadas como de aquellas dependientes del Estado.
En la sesión de mañana, esta Cámara va a dar tratamiento al proyecto de ley de acceso a la información pública. A partir de su sanción, todos los ciudadanos podrán preguntar y los diferentes organismos estarán obligados a responder cada vez que reciban una solicitud. Todos podemos ser sujetos obligados de la Ley de Acceso a la Información cuando manejamos dinero o tenemos algún nivel de actividad con el erario público.
Ojalá podamos aprobarla definitivamente en este Congreso, porque hemos peleado durante doce años por ella y creemos que puede dar respuesta a estas cuestiones.
Lamento que se haya ido el señor diputado Solá porque yo no me refería a la insensibilidad del ministro Triaca sino todo lo contrario; puedo dar fe de su sensibilidad.
Es parte de nuestro trabajo escuchar a los trabajadores de prensa y tratar de canalizar las diferentes instancias que puedan tener para llevar la solución inmediata a su problemática. Nuevamente, agradezco muchísimo su presencia y toda la información que han podido compartir.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO La Presidencia informa que estamos entrando en la recta final de esta reunión. Contamos con la presencia de diecisiete diputados y diputadas a lo largo de esta audiencia; me parece importante resaltarlo para que la señora diputada no tenga preocupación alguna sobre la legalidad de esta reunión.
Tiene la palabra la señora Cynthia Ottaviano.
Tiene la palabra la señora Cynthia Ottaviano.
SRA. OTTAVIANO Señor presidente: ya que la señora diputada informó sobre el proyecto de ley de acceso a la información pública, aprovecho la ocasión para preguntar si la autoridad de aplicación quedó finalmente en manos del Poder Ejecutivo o si se establece una autoridad autónoma.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
SRA. BANFI Señor presidente: eso será materia de debate mañana. En nuestro dictamen, la autoridad de aplicación no solo estará en el Ejecutivo; hay una mala comprensión al respecto, ya que cada poder tendrá su propio órgano garante y estos se encontrarán sujetos a diferentes instancias.
Se ha planteado la posibilidad de que tenga otro nivel de diseño institucional cómo se definen, renuevan y remueven las autoridades que integran estos órganos garantes, pero cada poder tendrá los suyos. El que contempla el dictamen de mayoría es el órgano del Poder Ejecutivo, pero se invita a los Poderes Legislativo y Judicial a definir los suyos de manera idéntica, o sea, con las mismas consideraciones.
Se ha planteado la posibilidad de que tenga otro nivel de diseño institucional cómo se definen, renuevan y remueven las autoridades que integran estos órganos garantes, pero cada poder tendrá los suyos. El que contempla el dictamen de mayoría es el órgano del Poder Ejecutivo, pero se invita a los Poderes Legislativo y Judicial a definir los suyos de manera idéntica, o sea, con las mismas consideraciones.
SRA. OTTAVIANO Si se me permite, la Defensoría del Público ha dicho que las únicas autoridades de aplicación que fueron creadas en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual están gubernamentalizadas y no tienen representación en todos los sectores de la comunicación. ¿Coincide usted, señora diputada?
SRA. BANFI Por supuesto.
SRA. OTTAVIANO Entonces, habría que ver como lo modificamos, porque es una lesión actual a través de los decretos de necesidad y urgencia.
SRA. BANFI El sistema de órganos de control y de garantía en el diseño institucional que tiene la Argentina es paupérrimo y hay que revisarlo. Tanto integrantes del interbloque Cambiemos como muchos diputados que eran de la oposición tienen muchos proyectos para revisar los diseños institucionales de los organismos de control.
SRA. OTTAVIANO Quiero hacer una acotación muy breve frente a algunas expresiones que aportan confusión a la situación general actual.
Además de los distintos casos expuestos en este encuentro que reviste gran relevancia, desde mi punto de vista es necesario decir que hay diferentes niveles de conflictividad derivados de despidos arbitrarios, persecuciones y demás en Canal 26, en Crónica TV, en Radio Continental, en Radio Splendid, en radios FM de Córdoba y en distintos servicios de radio y televisión de esa provincia, en Radio El Mundo, en el sistema de Televisión Digital del Estado Nacional, en Radio Rivadavia, en El Argentino, en Infonews y en Infojus Noticias, por lo menos hasta el relevamiento hecho por la Defensoría del Público.
Lamentablemente, todos los días es necesario incorporar casos; también hubo conflictos en la productora PPT y esto no es ninguna ficción. No tener qué comer porque se perdió el trabajo es un hecho profundamente real y es mucho más grave que cualquier ficción; son hechos silenciados por los servicios de comunicación audiovisual. Queda demostrado en el hecho de que la cobertura periodística que se hizo de este encuentro es de Telesur, de Diputados TV, de Corrientes TV y de un equipo de la Televisión Pública. El resto de los medios de comunicación no están aquí para dar a conocer esta realidad.
Por eso, también es completamente grave lo que estamos viviendo: los hechos son silenciados ante el pueblo argentino que es luego quien toma las decisiones a través de la información que recibe de los servicios de comunicación audiovisual que hoy ejercen censura empresaria, sean de gestión privada o de gestión pública.
Sr. Presidente (Carlotto).- Tiene la palabra el señor Antonio García, periodista de Radio América.
Además de los distintos casos expuestos en este encuentro que reviste gran relevancia, desde mi punto de vista es necesario decir que hay diferentes niveles de conflictividad derivados de despidos arbitrarios, persecuciones y demás en Canal 26, en Crónica TV, en Radio Continental, en Radio Splendid, en radios FM de Córdoba y en distintos servicios de radio y televisión de esa provincia, en Radio El Mundo, en el sistema de Televisión Digital del Estado Nacional, en Radio Rivadavia, en El Argentino, en Infonews y en Infojus Noticias, por lo menos hasta el relevamiento hecho por la Defensoría del Público.
Lamentablemente, todos los días es necesario incorporar casos; también hubo conflictos en la productora PPT y esto no es ninguna ficción. No tener qué comer porque se perdió el trabajo es un hecho profundamente real y es mucho más grave que cualquier ficción; son hechos silenciados por los servicios de comunicación audiovisual. Queda demostrado en el hecho de que la cobertura periodística que se hizo de este encuentro es de Telesur, de Diputados TV, de Corrientes TV y de un equipo de la Televisión Pública. El resto de los medios de comunicación no están aquí para dar a conocer esta realidad.
Por eso, también es completamente grave lo que estamos viviendo: los hechos son silenciados ante el pueblo argentino que es luego quien toma las decisiones a través de la información que recibe de los servicios de comunicación audiovisual que hoy ejercen censura empresaria, sean de gestión privada o de gestión pública.
Sr. Presidente (Carlotto).- Tiene la palabra el señor Antonio García, periodista de Radio América.
SR. GARCÍA Señor presidente: acabo de hablar con algunos compañeros que están en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Había una reunión con Mariano Martínez Rojas, que es el supuesto dueño de Radio América.
Efectivamente, lo único que hizo Martínez Rojas fue presentar una carta de intención sobre los REPRO, pero no hay expediente ni formulario alguno que abra la posibilidad de que sean otorgados, con lo cual instamos a los diputados a que arbitren las medidas para que más allá del pedido, formal o no, podamos cobrar lo que se nos adeuda.
Además, quiero hacer una aclaración porque en un momento la señora diputada Banfi habló de Radio América como una cooperativa. Para que no haya confusiones, Tiempo Argentino sí formó como cooperativa, hecho que celebramos y acompañamos, pero Radio América no. Esto quiere decir que seguimos siendo empleados de una empresa privada que adeuda nuestros sueldos desde hace cinco meses.
Lo último que quiero agregar, en relación con la cobertura, es que Radio América transmitió mucho de lo que aquí se habló.
Efectivamente, lo único que hizo Martínez Rojas fue presentar una carta de intención sobre los REPRO, pero no hay expediente ni formulario alguno que abra la posibilidad de que sean otorgados, con lo cual instamos a los diputados a que arbitren las medidas para que más allá del pedido, formal o no, podamos cobrar lo que se nos adeuda.
Además, quiero hacer una aclaración porque en un momento la señora diputada Banfi habló de Radio América como una cooperativa. Para que no haya confusiones, Tiempo Argentino sí formó como cooperativa, hecho que celebramos y acompañamos, pero Radio América no. Esto quiere decir que seguimos siendo empleados de una empresa privada que adeuda nuestros sueldos desde hace cinco meses.
Lo último que quiero agregar, en relación con la cobertura, es que Radio América transmitió mucho de lo que aquí se habló.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann.
SRA. SCHMIDT LIERMANN Señor presidente: también para que no haya malinterpretaciones, quiero hacer una aclaración porque observé que cuando la señora Ottaviano hablaba de ficción me miraba.
Obviamente que esto es una realidad. Si nosotros estamos aquí dando la cara, tratando de escuchar y de encontrar soluciones es porque realmente la situación nos preocupa y nos ocupa. Además, estoy de acuerdo en ver cómo podemos buscar un camino más rápido para dejar atrás la burocracia y agradezco la información suministrada, que es la misma que tenemos nosotros.
Desde ya, todo aquel que quiera trabajar o necesite hacerlo, debe tener un lugar. Ese es nuestro concepto y tenemos que evaluar cómo lograrlo.
Obviamente que esto es una realidad. Si nosotros estamos aquí dando la cara, tratando de escuchar y de encontrar soluciones es porque realmente la situación nos preocupa y nos ocupa. Además, estoy de acuerdo en ver cómo podemos buscar un camino más rápido para dejar atrás la burocracia y agradezco la información suministrada, que es la misma que tenemos nosotros.
Desde ya, todo aquel que quiera trabajar o necesite hacerlo, debe tener un lugar. Ese es nuestro concepto y tenemos que evaluar cómo lograrlo.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la señora diputada Pitiot.
SRA. PITIOT Señor presidente: ante todo, quiero presentarme. Soy diputada nacional por el Frente Renovador y formo parte de la Comisión de Legislación del Trabajo, donde tenemos prevista una reunión para mañana a las 9. Por lo tanto, solicito copia del material justamente para poder hacer el planteo correspondiente de acuerdo con lo manifestado el señor diputado Plaini. Si somos más, hacemos más fuerza.
Asimismo, como mañana tendremos sesión inmediatamente después de esa reunión de comisión, armaremos un expediente para elevar un pedido de informes sobre la agilización del trámite para el otorgamiento de los REPRO.
Asimismo, como mañana tendremos sesión inmediatamente después de esa reunión de comisión, armaremos un expediente para elevar un pedido de informes sobre la agilización del trámite para el otorgamiento de los REPRO.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la señora Lorena Tapia Garzón.
SRA. TAPIA GARZÓN Señor presidente: llegamos al final con el último aliento.
Soy del diario El Argentino Zona Norte, uno de los zonales de El Argentino que se repartía gratuitamente. También estaban los de zona Sur, Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Quedamos en la calle alrededor de cuarenta trabajadores, quienes nos encontramos en la misma situación que los compañeros de Tiempo Argentino, Radio América y las revistas 7 Días y Cielos Argentinos: no cobramos los salarios ni el medio aguinaldo ni las vacaciones ni absolutamente nada desde diciembre.
Llegamos a un arreglo con la empresa por el pago de una pseudoindemnización equivalente a seis míseros sueldos, que en realidad corresponde a lo que nos deben de salario. Eso se firmó en el marco del SECLO en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pero nunca se pagó. Muchos de los compañeros de los otros zonales de El Argentino ni siquiera llegaron a ese acuerdo.
En la misma instancia que los compañeros de Tiempo Argentino iniciamos un proceso de cooperativización. No estamos publicando en formato papel porque no tenemos plata, pero lo hacemos por la web. También somos menos y nos resulta muy dificultoso salir a buscar cómo financiarlo.
Nos pasó en reiteradas oportunidades que en los distritos del conurbano norte -dónde además Sergio Szpolski fue candidato a intendente y utilizó nuestro diario para candidatearse- que, más allá de que nosotros sigamos haciendo un trabajo periodístico importante, con notas que incluso han trascendido la frontera nacional, nos pregunten cuál es la línea editorial que vamos a seguir. Esa es la consulta que nos hacen en los distritos cuando nos acercamos a contar que somos un diario que quiere seguir funcionando, por ahora como web. Lo que quiero decir es que hay una especie de condicionamiento donde, según lo que uno vaya a decir, pueden ayudarlo o no.
Por eso me parece importante cuando se habla de los subsidios que se van a replantear para las pequeñas empresas. El Argentino Zona Norte era una pequeña empresa que pertenecía a Szpolski y estaba ramificada en diferentes razones sociales. Nuestra razón social, Orleix Sociedad Anónima, tenía treinta trabajadores.
Entonces, hay que tener en cuenta y priorizar que estos subsidios se destinen a los procesos de cooperativización que se están dando fuertemente entre los trabajadores de prensa que han quedado fuera de esos espacios. Además, hemos vuelto a la carga en zona Norte porque encontramos mucha gente con necesidad de tener un lugar donde expresarse. Aquí es donde debemos hablar de las ollas populares, de las manifestaciones para plantear los problemas de los trabajadores docentes y el acompañamiento muy fuertemente que la Comisión de Derechos Humanos Zona Norte tuvo en cada una de las movilizaciones que hemos hecho a la Capital Federal.
Por otro lado, esta es la segunda vez que me quedo sin trabajo en dos años. En 2014 me despidieron de Perfil por una clara persecución gremial. Ahora, los delegados sindicales están procesados -la Justicia intervino allí- por una medida gremial que tomamos en contra de los despidos masivos que hubo en la editorial. En un momento echaron a veintiún trabajadores fotógrafos porque no servían más. ¿Para qué seguir teniendo fotógrafos en una editorial si es más fácil conseguir las imágenes en Internet o que un trabajador salga con una cámara, saque fotos o haga una filmación, vuelva a su trabajo y escriba para la web y para el diario?
Esto también es una forma de precarización y cuando nosotros nos organizamos para pelear por esto, nos terminaron despidiendo.
Con esto quiero demostrar que en Perfil estas situaciones también se están dando y que los trabajadores están cobrando en cuotas. Tienen que trabajar hasta las 7 de la tarde porque después se corta la luz, ya que no hay dinero para pagarla. Esto lo sé porque sigo teniendo a mis compañeros ahí adentro.
Soy del diario El Argentino Zona Norte, uno de los zonales de El Argentino que se repartía gratuitamente. También estaban los de zona Sur, Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Quedamos en la calle alrededor de cuarenta trabajadores, quienes nos encontramos en la misma situación que los compañeros de Tiempo Argentino, Radio América y las revistas 7 Días y Cielos Argentinos: no cobramos los salarios ni el medio aguinaldo ni las vacaciones ni absolutamente nada desde diciembre.
Llegamos a un arreglo con la empresa por el pago de una pseudoindemnización equivalente a seis míseros sueldos, que en realidad corresponde a lo que nos deben de salario. Eso se firmó en el marco del SECLO en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pero nunca se pagó. Muchos de los compañeros de los otros zonales de El Argentino ni siquiera llegaron a ese acuerdo.
En la misma instancia que los compañeros de Tiempo Argentino iniciamos un proceso de cooperativización. No estamos publicando en formato papel porque no tenemos plata, pero lo hacemos por la web. También somos menos y nos resulta muy dificultoso salir a buscar cómo financiarlo.
Nos pasó en reiteradas oportunidades que en los distritos del conurbano norte -dónde además Sergio Szpolski fue candidato a intendente y utilizó nuestro diario para candidatearse- que, más allá de que nosotros sigamos haciendo un trabajo periodístico importante, con notas que incluso han trascendido la frontera nacional, nos pregunten cuál es la línea editorial que vamos a seguir. Esa es la consulta que nos hacen en los distritos cuando nos acercamos a contar que somos un diario que quiere seguir funcionando, por ahora como web. Lo que quiero decir es que hay una especie de condicionamiento donde, según lo que uno vaya a decir, pueden ayudarlo o no.
Por eso me parece importante cuando se habla de los subsidios que se van a replantear para las pequeñas empresas. El Argentino Zona Norte era una pequeña empresa que pertenecía a Szpolski y estaba ramificada en diferentes razones sociales. Nuestra razón social, Orleix Sociedad Anónima, tenía treinta trabajadores.
Entonces, hay que tener en cuenta y priorizar que estos subsidios se destinen a los procesos de cooperativización que se están dando fuertemente entre los trabajadores de prensa que han quedado fuera de esos espacios. Además, hemos vuelto a la carga en zona Norte porque encontramos mucha gente con necesidad de tener un lugar donde expresarse. Aquí es donde debemos hablar de las ollas populares, de las manifestaciones para plantear los problemas de los trabajadores docentes y el acompañamiento muy fuertemente que la Comisión de Derechos Humanos Zona Norte tuvo en cada una de las movilizaciones que hemos hecho a la Capital Federal.
Por otro lado, esta es la segunda vez que me quedo sin trabajo en dos años. En 2014 me despidieron de Perfil por una clara persecución gremial. Ahora, los delegados sindicales están procesados -la Justicia intervino allí- por una medida gremial que tomamos en contra de los despidos masivos que hubo en la editorial. En un momento echaron a veintiún trabajadores fotógrafos porque no servían más. ¿Para qué seguir teniendo fotógrafos en una editorial si es más fácil conseguir las imágenes en Internet o que un trabajador salga con una cámara, saque fotos o haga una filmación, vuelva a su trabajo y escriba para la web y para el diario?
Esto también es una forma de precarización y cuando nosotros nos organizamos para pelear por esto, nos terminaron despidiendo.
Con esto quiero demostrar que en Perfil estas situaciones también se están dando y que los trabajadores están cobrando en cuotas. Tienen que trabajar hasta las 7 de la tarde porque después se corta la luz, ya que no hay dinero para pagarla. Esto lo sé porque sigo teniendo a mis compañeros ahí adentro.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra David Nudelman, delegado del diario BAE.
SR. NUDELMAN Señor presidente: hace tan solo dos años estuve acá, en esta misma sala, sentado donde se encuentra la señora diputada Banfi, denunciando la persecución gremial en el grupo Crónica. Está dirigido por los hermanos Olmos, testaferros de Antonio Caló, empresarios que rescataron de la quiebra la obra social de los metalúrgicos y la sacaron adelante con una compañía privada: Forjar Salud. Desde ese punto partieron; así comenzó el crecimiento exponencial de su grupo empresario, de su holding como lo llaman ellos, extendiéndose a clínicas y sanatorios y luego a la compra del diario Crónica, que estaba quebrado. Apenas lo hicieron buscaron disciplinar a sus trabajadores metiendo a una patota de barrabravas que dejó internados a muchos trabajadores del grupo Crónica en el año 2005.
Luego, en 2009, se despidió en pleno a la junta electoral que había hecho las elecciones para delegados gremiales de prensa. Por suerte, por un fallo de la Justicia fueron reinstalados. En el año 2010 compraron el diario BAE, que tenía cien trabajadores pero que hoy tiene tan solo treinta y siete.
Como delegados y como comisión interna, desde el ingreso de esta gente el día 3 de noviembre de 2010, que en los papeles aparecen como los dueños de BAE Negocios S.A., enfrentamos todo tipo de ataques: congelamiento en las paritarias, que logramos sortear mediante medidas de acción gremial; despidos, que logramos frenar con un paro en el diario; catorce trabajadores despedidos más por haber parado el diario, que logramos fuesen reincorporados, y evasión de los aportes previsionales.
Esto último es muy grave, porque los empresarios de los medios no pagaron los aportes previsionales durante seis años. Todos tenían un compromiso de canje por pauta a partir de un decreto que servía para la deuda del año 2008, y de ahí en adelante ninguno pagó los aportes previsionales. Al decir esto me refiero no solo al grupo Olmos sino también a los de Szpolski y Cristóbal López, donde sucedió lo mismo.
Lo que pasó con Cristóbal López y el impuesto a la transferencia de combustibles se reiteró en los medios, a escala generalizada, con los aportes previsionales. Las patronales se financiaron -incluso fuera de los medios, con otros negocios- reteniendo los aportes previsionales de los trabajadores. Esta es plata robada al Estado y a los trabajadores, porque la jubilación -que es un salario diferido- fue descontada de nuestros recibos de sueldo.
De esta manera se estaba llevando a cabo un fraude contra los trabajadores y contra el Estado, porque además sabemos que la movilidad jubilatoria de los trabajadores tiene que ver con el nivel de recaudación de la ANSES. Entonces, también ha perjudicado a los jubilados de este momento; no a los futuros jubilados.
Al mismo tiempo, como describía Irene Haimovichi, hay un nivel de precarización muy grande que inunda los medios: el de los mal llamados colaboradores, que cobran según la nota que publican. Es decir que, si no la publican, no les pagan. A veces los mandan a cubrir un hecho, después no publican la nota, no les pagan y no hay forma de reclamar. En los medios hay redacciones paralelas de factureros tan grandes como las redacciones de los trabajadores de planta.
Todas esas actitudes violatorias de convenios y estatutos fueron respondidas por el conjunto de los trabajadores del diario BAE una y otra vez. Yo esto redactando una demanda judicial para reclamar nuestra reinstalación y estoy sorprendido, porque cada quince días hay un conflicto; pero no porque nosotros seamos galos, que necesitamos un conflicto para sentirnos mejor, sino porque se avasallaron derechos adquiridos de los trabajadores y se violaron convenios y leyes laborales. Nos cansamos de denunciarlo ante el Ministerio de Trabajo del gobierno anterior, porque lamentablemente esto no empezó hace seis meses. Desde principios de año hay un reguero de despidos en muchos ámbitos, pero bastante tiempo antes recorrimos los pasillos del Ministerio de Trabajo sin encontrar respuestas. Las únicas que encontramos fueron cuando los trabajadores nos unimos para lograr una respuesta común.
Por eso hoy tenemos un nuevo sindicato de prensa en Buenos Aires. Hace cuatro años conseguimos las primeras paritarias; antes, no había. Los trabajadores las habían recuperado en muchos otros gremios, pero los compañeros ahora nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires -que en ese momento no existía- no tenían paritarias. No podían tener un salario común. Para que los señores diputados se den una idea, un trabajador de BAE ganaba 8.000 pesos y uno de Infobae, 3.600. Había una disparidad salarial que lo único que generaba era competencia entre los trabajadores; mientras, las patronales seguían llenándose de dinero.
Nosotros, en el diario BAE vivimos un ataque muy grave a la libertad sindical desde hace dos años y también en el diario Crónica. La empresa armó una nueva razón social, Aconcagua Sociedad Anónima, con un capital de 200.000 pesos y fue presionando a los trabajadores para que se pasaran a ella sin permitir el ingreso de los delegados. Es decir, todos eran invitados a formar parte de esa nueva empresa menos los delegados y los señalados como activistas sindicales; o sea, los que habían participado de juntas electorales o en alguna asamblea.
En el diario BAE en particular, la participación era unánime; excepto los jefes de redacción, todos participaban de la asamblea -incluso los editores de las distintas secciones- porque era una experiencia común. Recorrer las distintas patronales -desde Hadad, pasando por Szpolski- nos había dado la experiencia de mantenernos unidos, y esa era la única garantía para sostener nuestros derechos. La empresa lo entendió y buscó dividirnos; pasó una gran porción de trabajadores del diario Crónica y del diario BAE, una minoría.
Durante dos años, el diario BAE se hizo en dos redacciones. Una sede estaba en Pompeya, y los periodistas aquí presentes sabrán que allí no estábamos cerca de las fuentes de información y que nos encontrábamos en un barrio bastante peligroso; tanto es así que sufrimos varios asaltos. Otra sede estaba ubicada a seis cuadras de aquí, en la calle Combate de los Pozos. Es decir que, durante dos años, el diario se hizo con jefes virtuales en una sede y con los trabajadores en otra.
En marzo pasado, la patronal despidió a los treinta trabajadores del diario Crónica que resistían en la sede de Pompeya; hubo trece despidos en Crónica TV y otros veinticuatro en el diario BAE, salvo los dos delegados que fueron despedidos el 28 de mayo cuando el Sindicato de Prensa de Buenos Aires realizaba elecciones generales en la Ciudad. Mi compañera Ana Laura Tornaquindici, quien me precedió en el uso de la palabra, estaba siendo electa por más de mil cien trabajadores como secretaria de Mujeres y Género. En el país del "Ni una menos", los empresarios se dan el gusto de despedir a referentes de la defensa de los derechos de las mujeres en un gremio tan castigado, donde tienen un lugar tan aislado y perseguido por las propias patronales.
Es preocupante esto, porque yo puedo tener un enojo muy grande con una empresa que persigue a los trabajadores tanto de Crónica como de BAE y los escinde de su tutela sindical, un derecho constituido en la Argentina, pero esa es la línea general en los medios de prensa. Ya lo señaló Lorena Tapia Garzón: los delegados de Perfil están siendo procesados penalmente por defender a sus compañeros frente a la ola de despidos. Los dos delegados de Minuto Uno están en la calle, ya que fueron despedidos por Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En Clarín, tuvimos que hacer una campaña general por la libertad sindical; pero más allá de esa campaña general por la libertad sindical que hubo en Clarín, los trabajadores obtuvimos logros desde adentro. Cuando les pidieron que renuncien, se organizaron; hoy tienen una comisión interna y están peleando por ella. En la planta impresora de la calle Zepita del diario Clarín, la patronal los desconoce.
Es decir que el atentado a la libertad sindical recorre los medios de comunicación. Sin una organización sindical libre que permita la defensa de las condiciones de trabajo, no hay libertad de expresión. No existe la pluralidad de voces cuando la pluralidad de las voces de los trabajadores, con todas sus diferencias -tal como señaló Irene Haimovichi-, no está presente y no podemos expresarnos.
Yo trabajé en un medio oficialista, y cuando me quedé en la calle recibí acusaciones en las redes sociales tales como: "¡Eh, kuka! ¡Agarrá la pala!" Yo no soy kirchnerista. Soy un trabajador, y como señaló Irene Haimovichi no elegimos dónde trabajar; ofrezco mi fuerza de trabajo al patrón que me quiera contratar. Soy una persona responsable: cumplía mi horario y con mi tarea, pero hoy estoy en la calle como otros compañeros. ¿Por qué? Por defender a los trabajadores.
Necesitamos que actúen ustedes, los diputados, porque si no, la exposición de los trabajadores, por más fueros gremiales que tengamos, no les importa a estas patronales.
A mí me va a llevar muchos años ser reinstalado en esa empresa. Probablemente la redacción cambie totalmente. Probablemente los empresarios se fuguen.
Estamos discutiendo sobre la pauta, pero a mí me preocupa un poco lo del subsidio. Hay que hilar muy fino con la letra del subsidio, porque como señaló Lorena Tapia Garzón, Szpolski podría estar catalogado en el subsidio porque tenía dieciocho razones sociales, todas ellas pymes; pero su hermana posee una cuenta offshore en Panamá.
El grupo Olmos también tiene varias pymes, todas con menos de mil trescientos trabajadores: Crónica TV, Aconcagua, Alta Densidad y otras veinte vinculadas con bodegas, seguridad privada y hotelería. Tiene una cuenta offshore en Florida con la cual imprime el diario BAE Negocios Internacional los días jueves.
Sabemos que también el grupo Clarín poseía cuentas offshore; pero, por otro lado, Fontevecchia corta la luz a los trabajadores y se llena de plata con Caras China y Caras Brasil mientras los despide y persigue. Entonces, hay que ser cuidadosos e hilar muy fino.
Me preocupa mucho que en esta comisión se discuta la situación del empleo en los medios de comunicación, la situación de la libertad sindical para poder garantizar que los tutores sindicales de los trabajadores puedan asegurar el cumplimiento de las leyes y convenios y, sobre todo, que si va a haber una fuente de financiamiento no sea otorgada a aquellos patrones que despiden, que persiguen o que no pagan los salarios. Esos tipos no pueden recibir un peso más del Estado porque, por ejemplo, toda la plata que ganó Szpolski por la pauta la puso al servicio de sus nuevos negocios: de las cámaras de seguridad, de los chalecos antibalas, etcétera. ¿Pero a quién le va a vender eso? A los Estados municipales y provinciales. Son tipos que viven de su vínculo con el Estado.
Él tenía la licencia de Lonely Planet, una revista que vende miles de ejemplares en todo el mundo. Son guías de turismo de una marca instituida, ¡pero no pudo sacarla adelante! ¿Por qué? Porque lo suyo no es ser un empresario, hacer negocios, estar en los medios y trabajar. Lo suyo es vivir del Estado.
Entonces, a mí me preocupa mucho que mientras estamos tratando de encontrar una salida a esta situación -creo que vamos todos por el mismo camino, porque a nadie le gusta vivir en conflicto ni estar desempleado- se generen nuevos Szpolski.
No generemos nuevos Olmos. Tratemos de frenar el carro a todo esto, porque la única forma de garantizar la libertad de expresión es poner las fichas en los trabajadores que se la están jugando.
Los trabajadores de Radio América y de Tiempo Argentino están haciendo mucho más por la libertad de expresión que lo que podemos hacer todos nosotros juntos. Sin cobrar un peso mantienen vivos sus medios. Los compañeros de Radio América están cubriendo esta audiencia, cuando no la está cubriendo nadie. Es muy importante en este país que la voz de los trabajadores llegue a todos lados y cada uno tenga un lugar donde pronunciarse.
Es fundamental entender que el concepto de libertad de expresión debe estar asociado a la estabilidad laboral de los trabajadores de prensa, a recuperar esas dos mil fuentes de trabajo que se perdieron y a permitir la libre organización sindical. (Aplausos.)
Luego, en 2009, se despidió en pleno a la junta electoral que había hecho las elecciones para delegados gremiales de prensa. Por suerte, por un fallo de la Justicia fueron reinstalados. En el año 2010 compraron el diario BAE, que tenía cien trabajadores pero que hoy tiene tan solo treinta y siete.
Como delegados y como comisión interna, desde el ingreso de esta gente el día 3 de noviembre de 2010, que en los papeles aparecen como los dueños de BAE Negocios S.A., enfrentamos todo tipo de ataques: congelamiento en las paritarias, que logramos sortear mediante medidas de acción gremial; despidos, que logramos frenar con un paro en el diario; catorce trabajadores despedidos más por haber parado el diario, que logramos fuesen reincorporados, y evasión de los aportes previsionales.
Esto último es muy grave, porque los empresarios de los medios no pagaron los aportes previsionales durante seis años. Todos tenían un compromiso de canje por pauta a partir de un decreto que servía para la deuda del año 2008, y de ahí en adelante ninguno pagó los aportes previsionales. Al decir esto me refiero no solo al grupo Olmos sino también a los de Szpolski y Cristóbal López, donde sucedió lo mismo.
Lo que pasó con Cristóbal López y el impuesto a la transferencia de combustibles se reiteró en los medios, a escala generalizada, con los aportes previsionales. Las patronales se financiaron -incluso fuera de los medios, con otros negocios- reteniendo los aportes previsionales de los trabajadores. Esta es plata robada al Estado y a los trabajadores, porque la jubilación -que es un salario diferido- fue descontada de nuestros recibos de sueldo.
De esta manera se estaba llevando a cabo un fraude contra los trabajadores y contra el Estado, porque además sabemos que la movilidad jubilatoria de los trabajadores tiene que ver con el nivel de recaudación de la ANSES. Entonces, también ha perjudicado a los jubilados de este momento; no a los futuros jubilados.
Al mismo tiempo, como describía Irene Haimovichi, hay un nivel de precarización muy grande que inunda los medios: el de los mal llamados colaboradores, que cobran según la nota que publican. Es decir que, si no la publican, no les pagan. A veces los mandan a cubrir un hecho, después no publican la nota, no les pagan y no hay forma de reclamar. En los medios hay redacciones paralelas de factureros tan grandes como las redacciones de los trabajadores de planta.
Todas esas actitudes violatorias de convenios y estatutos fueron respondidas por el conjunto de los trabajadores del diario BAE una y otra vez. Yo esto redactando una demanda judicial para reclamar nuestra reinstalación y estoy sorprendido, porque cada quince días hay un conflicto; pero no porque nosotros seamos galos, que necesitamos un conflicto para sentirnos mejor, sino porque se avasallaron derechos adquiridos de los trabajadores y se violaron convenios y leyes laborales. Nos cansamos de denunciarlo ante el Ministerio de Trabajo del gobierno anterior, porque lamentablemente esto no empezó hace seis meses. Desde principios de año hay un reguero de despidos en muchos ámbitos, pero bastante tiempo antes recorrimos los pasillos del Ministerio de Trabajo sin encontrar respuestas. Las únicas que encontramos fueron cuando los trabajadores nos unimos para lograr una respuesta común.
Por eso hoy tenemos un nuevo sindicato de prensa en Buenos Aires. Hace cuatro años conseguimos las primeras paritarias; antes, no había. Los trabajadores las habían recuperado en muchos otros gremios, pero los compañeros ahora nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires -que en ese momento no existía- no tenían paritarias. No podían tener un salario común. Para que los señores diputados se den una idea, un trabajador de BAE ganaba 8.000 pesos y uno de Infobae, 3.600. Había una disparidad salarial que lo único que generaba era competencia entre los trabajadores; mientras, las patronales seguían llenándose de dinero.
Nosotros, en el diario BAE vivimos un ataque muy grave a la libertad sindical desde hace dos años y también en el diario Crónica. La empresa armó una nueva razón social, Aconcagua Sociedad Anónima, con un capital de 200.000 pesos y fue presionando a los trabajadores para que se pasaran a ella sin permitir el ingreso de los delegados. Es decir, todos eran invitados a formar parte de esa nueva empresa menos los delegados y los señalados como activistas sindicales; o sea, los que habían participado de juntas electorales o en alguna asamblea.
En el diario BAE en particular, la participación era unánime; excepto los jefes de redacción, todos participaban de la asamblea -incluso los editores de las distintas secciones- porque era una experiencia común. Recorrer las distintas patronales -desde Hadad, pasando por Szpolski- nos había dado la experiencia de mantenernos unidos, y esa era la única garantía para sostener nuestros derechos. La empresa lo entendió y buscó dividirnos; pasó una gran porción de trabajadores del diario Crónica y del diario BAE, una minoría.
Durante dos años, el diario BAE se hizo en dos redacciones. Una sede estaba en Pompeya, y los periodistas aquí presentes sabrán que allí no estábamos cerca de las fuentes de información y que nos encontrábamos en un barrio bastante peligroso; tanto es así que sufrimos varios asaltos. Otra sede estaba ubicada a seis cuadras de aquí, en la calle Combate de los Pozos. Es decir que, durante dos años, el diario se hizo con jefes virtuales en una sede y con los trabajadores en otra.
En marzo pasado, la patronal despidió a los treinta trabajadores del diario Crónica que resistían en la sede de Pompeya; hubo trece despidos en Crónica TV y otros veinticuatro en el diario BAE, salvo los dos delegados que fueron despedidos el 28 de mayo cuando el Sindicato de Prensa de Buenos Aires realizaba elecciones generales en la Ciudad. Mi compañera Ana Laura Tornaquindici, quien me precedió en el uso de la palabra, estaba siendo electa por más de mil cien trabajadores como secretaria de Mujeres y Género. En el país del "Ni una menos", los empresarios se dan el gusto de despedir a referentes de la defensa de los derechos de las mujeres en un gremio tan castigado, donde tienen un lugar tan aislado y perseguido por las propias patronales.
Es preocupante esto, porque yo puedo tener un enojo muy grande con una empresa que persigue a los trabajadores tanto de Crónica como de BAE y los escinde de su tutela sindical, un derecho constituido en la Argentina, pero esa es la línea general en los medios de prensa. Ya lo señaló Lorena Tapia Garzón: los delegados de Perfil están siendo procesados penalmente por defender a sus compañeros frente a la ola de despidos. Los dos delegados de Minuto Uno están en la calle, ya que fueron despedidos por Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En Clarín, tuvimos que hacer una campaña general por la libertad sindical; pero más allá de esa campaña general por la libertad sindical que hubo en Clarín, los trabajadores obtuvimos logros desde adentro. Cuando les pidieron que renuncien, se organizaron; hoy tienen una comisión interna y están peleando por ella. En la planta impresora de la calle Zepita del diario Clarín, la patronal los desconoce.
Es decir que el atentado a la libertad sindical recorre los medios de comunicación. Sin una organización sindical libre que permita la defensa de las condiciones de trabajo, no hay libertad de expresión. No existe la pluralidad de voces cuando la pluralidad de las voces de los trabajadores, con todas sus diferencias -tal como señaló Irene Haimovichi-, no está presente y no podemos expresarnos.
Yo trabajé en un medio oficialista, y cuando me quedé en la calle recibí acusaciones en las redes sociales tales como: "¡Eh, kuka! ¡Agarrá la pala!" Yo no soy kirchnerista. Soy un trabajador, y como señaló Irene Haimovichi no elegimos dónde trabajar; ofrezco mi fuerza de trabajo al patrón que me quiera contratar. Soy una persona responsable: cumplía mi horario y con mi tarea, pero hoy estoy en la calle como otros compañeros. ¿Por qué? Por defender a los trabajadores.
Necesitamos que actúen ustedes, los diputados, porque si no, la exposición de los trabajadores, por más fueros gremiales que tengamos, no les importa a estas patronales.
A mí me va a llevar muchos años ser reinstalado en esa empresa. Probablemente la redacción cambie totalmente. Probablemente los empresarios se fuguen.
Estamos discutiendo sobre la pauta, pero a mí me preocupa un poco lo del subsidio. Hay que hilar muy fino con la letra del subsidio, porque como señaló Lorena Tapia Garzón, Szpolski podría estar catalogado en el subsidio porque tenía dieciocho razones sociales, todas ellas pymes; pero su hermana posee una cuenta offshore en Panamá.
El grupo Olmos también tiene varias pymes, todas con menos de mil trescientos trabajadores: Crónica TV, Aconcagua, Alta Densidad y otras veinte vinculadas con bodegas, seguridad privada y hotelería. Tiene una cuenta offshore en Florida con la cual imprime el diario BAE Negocios Internacional los días jueves.
Sabemos que también el grupo Clarín poseía cuentas offshore; pero, por otro lado, Fontevecchia corta la luz a los trabajadores y se llena de plata con Caras China y Caras Brasil mientras los despide y persigue. Entonces, hay que ser cuidadosos e hilar muy fino.
Me preocupa mucho que en esta comisión se discuta la situación del empleo en los medios de comunicación, la situación de la libertad sindical para poder garantizar que los tutores sindicales de los trabajadores puedan asegurar el cumplimiento de las leyes y convenios y, sobre todo, que si va a haber una fuente de financiamiento no sea otorgada a aquellos patrones que despiden, que persiguen o que no pagan los salarios. Esos tipos no pueden recibir un peso más del Estado porque, por ejemplo, toda la plata que ganó Szpolski por la pauta la puso al servicio de sus nuevos negocios: de las cámaras de seguridad, de los chalecos antibalas, etcétera. ¿Pero a quién le va a vender eso? A los Estados municipales y provinciales. Son tipos que viven de su vínculo con el Estado.
Él tenía la licencia de Lonely Planet, una revista que vende miles de ejemplares en todo el mundo. Son guías de turismo de una marca instituida, ¡pero no pudo sacarla adelante! ¿Por qué? Porque lo suyo no es ser un empresario, hacer negocios, estar en los medios y trabajar. Lo suyo es vivir del Estado.
Entonces, a mí me preocupa mucho que mientras estamos tratando de encontrar una salida a esta situación -creo que vamos todos por el mismo camino, porque a nadie le gusta vivir en conflicto ni estar desempleado- se generen nuevos Szpolski.
No generemos nuevos Olmos. Tratemos de frenar el carro a todo esto, porque la única forma de garantizar la libertad de expresión es poner las fichas en los trabajadores que se la están jugando.
Los trabajadores de Radio América y de Tiempo Argentino están haciendo mucho más por la libertad de expresión que lo que podemos hacer todos nosotros juntos. Sin cobrar un peso mantienen vivos sus medios. Los compañeros de Radio América están cubriendo esta audiencia, cuando no la está cubriendo nadie. Es muy importante en este país que la voz de los trabajadores llegue a todos lados y cada uno tenga un lugar donde pronunciarse.
Es fundamental entender que el concepto de libertad de expresión debe estar asociado a la estabilidad laboral de los trabajadores de prensa, a recuperar esas dos mil fuentes de trabajo que se perdieron y a permitir la libre organización sindical. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Antes de finalizar, la Presidencia informa que será distribuida a todos los diputados y a todas las diputadas de la comisión una carta de la señora Ingrid Beck, directora de la revista Barcelona, quien está en medio de una apelación ante la Justicia a raíz de una sanción que recibió por una acción llevada adelante por Cecilia Pando como consecuencia de una contratapa de la revista, situación que también pone en jaque a la empresa en términos económicos.
Se procederá a distribuir esta nota para que todos los legisladores la tengan, ya que creemos que algunas modalidades del Poder Judicial respecto de algunos medios de comunicación también afectan la libertad de expresión; en este caso, lamentablemente hay una vinculación con alguien que reivindica el terrorismo de Estado.
Esta reunión es para nosotros el comienzo de una tarea que queremos continuar con cada uno de los trabajadores de prensa. Nos vamos llenos de material para analizar y queremos que esta agenda que estamos tratando sea de consulta permanente. Me interesa mucho que un trabajador plantee, por ejemplo, la existencia de algún subsidio a la pluralidad de voces y de qué manera se administra para que funcione correctamente. Para nosotros, esto es parte de la experiencia que nos pueden aportar.
En nombre de esta comisión agradezco a la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, señora Cynthia Ottaviano, y a todos los trabajadores de prensa por su presencia en esta reunión. Ha sido una jornada larga pero muy rica, y fue llevada a cabo en el marco de la legalidad del funcionamiento de esta comisión. (Aplausos.)
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
Se procederá a distribuir esta nota para que todos los legisladores la tengan, ya que creemos que algunas modalidades del Poder Judicial respecto de algunos medios de comunicación también afectan la libertad de expresión; en este caso, lamentablemente hay una vinculación con alguien que reivindica el terrorismo de Estado.
Esta reunión es para nosotros el comienzo de una tarea que queremos continuar con cada uno de los trabajadores de prensa. Nos vamos llenos de material para analizar y queremos que esta agenda que estamos tratando sea de consulta permanente. Me interesa mucho que un trabajador plantee, por ejemplo, la existencia de algún subsidio a la pluralidad de voces y de qué manera se administra para que funcione correctamente. Para nosotros, esto es parte de la experiencia que nos pueden aportar.
En nombre de esta comisión agradezco a la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, señora Cynthia Ottaviano, y a todos los trabajadores de prensa por su presencia en esta reunión. Ha sido una jornada larga pero muy rica, y fue llevada a cabo en el marco de la legalidad del funcionamiento de esta comisión. (Aplausos.)
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.