Comisiones »
Permanentes »
Comisión Permanente de Libertad de Expresión »
Reuniones »
Versiones Taquigráficas »
LIBERTAD DE EXPRESION
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 134
Jueves 10.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2167 Internos 2135/2139/2167
clexpresion@hcdn.gov.ar
- LIBERTAD DE EXPRESION
Reunión del día 20/04/2016
- VISITA DE LA REC. DE LA UNIV. NAC DE LANÚS Y REPRESENTANTES DE CCD, FARCO Y CELS
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinte días del mes de abril de 2016, a la hora 11 y 27:
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Buenos días a todos y a todas.
En primer lugar, quiero aclarar que este no es el día habitual de reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, que quedó fijado para los martes a las 15. Por lo tanto, agradezco la presencia de los diputados y de las diputadas que integran esta comisión, y de los que están acompañando esta audiencia.
El objetivo de esta convocatoria es una invitación que hemos cursado a quienes fueron peticionantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a la preocupación de organismos gubernamentales y no gubernamentales, respecto de las modificaciones que se hicieron a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y las consecuencias que tiene ello en su vinculación con la libertad de expresión.
El día que se realizó la audiencia nosotros participamos de una transmisión que se realizó en forma directa en el auditorio de esta Cámara. Sin embargo, nos parecía de suma importancia la participación y el contacto directo de los diputados y las diputadas de la Comisión de Libertad de Expresión, con quienes hicieron la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que éstos, a su vez, pudieran hacer una exposición más amplia de la que realizaron en la audiencia, que tiene su limitación de tiempo.
La Argentina tiene una tradición muy importante de vinculación con el sistema interamericano de derechos humanos. El comienzo o el punto más importante de esta vinculación fue a partir de la visita que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1979 a nuestro país, con motivo de los crímenes que estaba cometiendo la dictadura cívico-militar. Esa visita posibilitó el conocimiento, a nivel internacional, de lo que ya se venía denunciando, pero que a partir de ahí estaba siendo refrendado por un organismo de las características que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Argentina ha tenido siempre una vinculación y un trabajo permanente de peticiones ante el sistema interamericano en materia de derechos humanos.
Esta petición toma ese camino, y desde nuestra perspectiva es sumamente importante, así como también lo es el plazo y el tiempo en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la audiencia a los peticionantes.
En esta ocasión, queremos escuchar las voces de los participantes de esa audiencia. Además, estamos programando para el día 10 de mayo una invitación a los integrantes del Poder Ejecutivo, en representación del gobierno, que participaron de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para escuchar su posicionamiento.
Por otro lado, estamos realizando el registro taquigráfico de esta reunión con el fin de poder transmitir lo aquí dicho a la totalidad de los diputados y de las diputadas de la Cámara para que tengan conocimiento sobre este tema.
El espíritu de esta convocatoria es poner en la máxima preocupación institucional los riesgos de la libertad de expresión que, desde la perspectiva de esta presidencia, existen respecto de la aplicación del decreto de necesidad y urgencia que ha tenido la aprobación de la Cámara de Diputados en una sesión compleja.
Dentro de las funciones de la Comisión de Libertad de Expresión, está la de escuchar y hacer claramente visibles las demandas de aquellos que han sido constructores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de las instituciones que ha creado dicha norma.
Para ello, nos acompañan hoy la señora Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús; el señor Luis Lázaro, de la Coalición por una Comunicación Democrática; el señor Néstor Busso, del Foro Argentino de Radios Comunitarias y la señora María José Guembe, de la Defensoría del Público.
La idea es que haya una exposición, por parte de cada uno de los invitados, y que después existan las preguntas y las observaciones que quieran hacer los diputados y las diputadas, frente a lo que fue su presentación.
Tengamos en cuenta que nuestra intención es también invitar a los funcionarios que concurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder escucharlos.
Asimismo, debo decir que desde la presidencia de esta comisión hemos solicitado al ENACOM la información respecto de todas las actas y las resoluciones que se elaboraron, por parte de este organismo. Hay dificultades para el conocimiento público de cada una de las medias que se han ido tomando, y nos parece que esta comisión y la población, en general, deben tener conocimiento sobre cada una de las medidas que se toman.
Por ello, a partir de asumir la presidencia de la comisión, he cursado la invitación a los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas y del sistema interamericano para que nos visiten en el momento que consideren oportuno, a fin de plantear cuál es el debate que está teniendo la Argentina a partir de lo que significaron las modificaciones respecto de la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Tiene la palabra la señora Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús y unas de las peticionantes en Washington.
En primer lugar, quiero aclarar que este no es el día habitual de reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, que quedó fijado para los martes a las 15. Por lo tanto, agradezco la presencia de los diputados y de las diputadas que integran esta comisión, y de los que están acompañando esta audiencia.
El objetivo de esta convocatoria es una invitación que hemos cursado a quienes fueron peticionantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a la preocupación de organismos gubernamentales y no gubernamentales, respecto de las modificaciones que se hicieron a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y las consecuencias que tiene ello en su vinculación con la libertad de expresión.
El día que se realizó la audiencia nosotros participamos de una transmisión que se realizó en forma directa en el auditorio de esta Cámara. Sin embargo, nos parecía de suma importancia la participación y el contacto directo de los diputados y las diputadas de la Comisión de Libertad de Expresión, con quienes hicieron la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que éstos, a su vez, pudieran hacer una exposición más amplia de la que realizaron en la audiencia, que tiene su limitación de tiempo.
La Argentina tiene una tradición muy importante de vinculación con el sistema interamericano de derechos humanos. El comienzo o el punto más importante de esta vinculación fue a partir de la visita que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1979 a nuestro país, con motivo de los crímenes que estaba cometiendo la dictadura cívico-militar. Esa visita posibilitó el conocimiento, a nivel internacional, de lo que ya se venía denunciando, pero que a partir de ahí estaba siendo refrendado por un organismo de las características que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Argentina ha tenido siempre una vinculación y un trabajo permanente de peticiones ante el sistema interamericano en materia de derechos humanos.
Esta petición toma ese camino, y desde nuestra perspectiva es sumamente importante, así como también lo es el plazo y el tiempo en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la audiencia a los peticionantes.
En esta ocasión, queremos escuchar las voces de los participantes de esa audiencia. Además, estamos programando para el día 10 de mayo una invitación a los integrantes del Poder Ejecutivo, en representación del gobierno, que participaron de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para escuchar su posicionamiento.
Por otro lado, estamos realizando el registro taquigráfico de esta reunión con el fin de poder transmitir lo aquí dicho a la totalidad de los diputados y de las diputadas de la Cámara para que tengan conocimiento sobre este tema.
El espíritu de esta convocatoria es poner en la máxima preocupación institucional los riesgos de la libertad de expresión que, desde la perspectiva de esta presidencia, existen respecto de la aplicación del decreto de necesidad y urgencia que ha tenido la aprobación de la Cámara de Diputados en una sesión compleja.
Dentro de las funciones de la Comisión de Libertad de Expresión, está la de escuchar y hacer claramente visibles las demandas de aquellos que han sido constructores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de las instituciones que ha creado dicha norma.
Para ello, nos acompañan hoy la señora Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús; el señor Luis Lázaro, de la Coalición por una Comunicación Democrática; el señor Néstor Busso, del Foro Argentino de Radios Comunitarias y la señora María José Guembe, de la Defensoría del Público.
La idea es que haya una exposición, por parte de cada uno de los invitados, y que después existan las preguntas y las observaciones que quieran hacer los diputados y las diputadas, frente a lo que fue su presentación.
Tengamos en cuenta que nuestra intención es también invitar a los funcionarios que concurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder escucharlos.
Asimismo, debo decir que desde la presidencia de esta comisión hemos solicitado al ENACOM la información respecto de todas las actas y las resoluciones que se elaboraron, por parte de este organismo. Hay dificultades para el conocimiento público de cada una de las medias que se han ido tomando, y nos parece que esta comisión y la población, en general, deben tener conocimiento sobre cada una de las medidas que se toman.
Por ello, a partir de asumir la presidencia de la comisión, he cursado la invitación a los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas y del sistema interamericano para que nos visiten en el momento que consideren oportuno, a fin de plantear cuál es el debate que está teniendo la Argentina a partir de lo que significaron las modificaciones respecto de la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Tiene la palabra la señora Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús y unas de las peticionantes en Washington.
SRA. JARAMILLO Señor presidente: agradezco la invitación a esta Cámara, que es la casa de la democracia, y a la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión.
En principio voy a decir que tengo dos supuestos. El primero es que esta casa -en la cual trabajé muchos años, en la parte del Senado- tiene como misión profundizar la democracia, las libertades y los derechos. Particularmente, en este caso, los derechos a la expresión y a la palabra que, como todos sabemos, es un derecho humano.
Sobre la base de estos supuestos, quiero recordar lo que mencionó el señor diputado Carlotto en cuanto a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la misión de resguardar todos los derechos humanos, entre los que se encuentra la libertad de expresión.
Vengo a representar aquí a la Universidad Nacional de Lanús y también a Unisur TV, que es el canal de televisión de cinco universidades. Cabe mencionar que cada una de dichas universidades también cuenta con una radio.
Lo primero que quiero decir es que cuando recuperamos la democracia -como todos sabemos- había leyes de la dictadura. Muchos de los que estábamos viviendo en el exterior, no por voluntad propia, efectuamos permanentemente denuncias y gracias a ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a la Argentina. Sin embargo, cuando entre todos recuperamos la democracia, el presidente Alfonsín dictó solamente diez decretos de necesidad y urgencia.
Me gusta decir que las universidades son democracias en miniatura y, como ustedes saben, hay muchos sectores políticos que no están representados, pero existen, y todos convivimos.
Cuando recuperamos la democracia, vine a la Cámara de Senadores y tratamos de hacer todo por ley. Quiero señalar que no hubo ni necesidad ni urgencia para hacer un decreto, no hubo ni hay. Esa ley que construimos federalmente, con consultas permanentes, a lo largo y a lo ancho del país, tardó mucho tiempo. Después, tuvimos que enfrentar una medida cautelar y las universidades nos presentamos ante la Corte Suprema de Justicia para defender la libertad de expresión.
Esa ley fue una de las tantas que tuvimos que derogar de la época de la dictadura. El presidente Alfonsín, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados hicieron caso omiso respecto de que esas leyes no tenían legitimidad ni legalidad.
En este caso, la Cámara de Diputados dio legalidad al decreto, pero no legitimidad; no tiene realmente la profundidad ni la sustancia de una ley sancionada por los representantes del pueblo argentino. Por lo tanto, ese DNU no debería existir, tiene legalidad, pero no había necesidad ni urgencia.
Cuando tuvimos la audiencia ya estaba avalado por la Cámara de Diputados, pero con cuestionamientos, como manifestó el señor presidente de esta comisión.
Después de veinte años se logró derogar la ley de la dictadura y podría habérselo hecho a través de un decreto, pero desde la presidencia del bloque Justicialista -lo digo desde la Sala Pugliese- siempre acordábamos hacer todo por ley. Inclusive, en casos como el que se nos presenta ahora, que necesitamos reincorporar a todos aquellos que fueron despedidos por razones políticas.
Se han sancionado centenares de leyes para derogar leyes de la dictadura; sin embargo, aquí, con un DNU, se deroga una ley que tardó muchos años, incluso con la cautelar de Clarín llegada a la Corte Suprema de Justicia. No solamente que tardó muchos años, sino que fueron consultados y participamos todos.
¿Por qué estamos las universidades aquí? Porque las universidades, además de tener radio y televisión, tenemos el derecho a la palabra. Podemos tener muchas teorías del Estado. Yo no soy abogada. Siempre digo que la sociedad pide más Justicia y no más abogados. (Risas.) Por suerte hicimos y validamos la carrera de Justicia y Derechos Humanos -el presidente está dando clases- no de abogacía.
Soy doctora en Sociología, recibida en México, y tenemos muchas teorías del Estado; pero el Estado somos todos. Una cosa es el aparato del Estado y otra, es no incluir a la sociedad civil, a las comunidades, a los pueblos originarios y a todos los que tenemos derecho a la palabra, o teníamos derecho la palabra; no solo derecho a la palabra sino a estar representados, estábamos representados, las universidades teníamos un representante.
Ahora parece que Estado son solo -me excuso en este caso- algunos representantes de la oposición y todo el resto, Poder Ejecutivo. La comisión, cuando terminó, les pidió la pluralidad, y lo que contestó este gobierno, o los representantes del Estado, fue que se llamaba Derechos Humanos y Pluralidad Cultural.
No es cuestión de ponerle un nombre o de pluralidad; es cuestión de estar representados todos los sectores: la sociedad civil, las comunidades y, por supuesto, aquellas empresas sin fines de lucro. Nosotros no tenemos fines de lucro. Todo el conurbano Sur, los que constituimos este canal Unisur, queremos que todos escuchen todas las palabras. En la Universidad también escuchamos todas las palabras, porque es una democracia en miniatura. De eso se trata una democracia: de contener y trabajar para profundizar la democracia; tengo entendido que este es el lugar de la democracia, donde todos estamos representados.
Ante lo cual, ya estoy haciendo abuso de mi tiempo, lo que pedimos en la comisión -que muchos lo habrán visto y a mí me tocó el minuto para decirlo- es el apego a los principios interamericanos de democratización de los medios. Me refiero al pluralismo, la diversidad, la no concentración, la autonomía de los entes reguladores y el reconocimiento de los tres sectores de la comunicación audiovisual: el público, el comercial y el sin fines de lucro. También, que reparen los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados; que acepten el asesoramiento técnico ofrecido por la relatoría especial para la libertad de expresión y la reciba en visita oficial.
Finalmente, pretendemos que se garantice la transparencia de la participación plural y la representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación, así como también en los mecanismos de regulación y de control.
Para concluir -por lo menos, en mi caso, no creo en la mano invisible-, pedimos que el Estado regule y desconcentre la comunicación. En estos últimos días hemos visto una sola voz, es muy difícil; era una sola voz disonante en el caso de la televisión, y ni hablar de las radios y los diarios. Han hecho desaparecer a otros medios solapadamente, porque no son competitivos. Las universidades tampoco son competitivas, porque son autónomas; es decir, no tienen fondos propios. Es el Estado y, particularmente esta Cámara, la que nos da el presupuesto, o sea, lo paga todo el pueblo argentino.
Respecto de la mano invisible o la supuesta autorregulación del mercado, todos sabemos que es una fantasía. Ante lo cual, no regular y no desconcentrar los medios de comunicación audiovisual, evidentemente, no profundiza la democracia, de ninguna manera.
Por lo tanto, sabiendo cómo es esto, nosotros hemos creado en la universidad el Centro MacBride, porque justamente Sean MacBride, premio Nóbel de la Paz, dijo: "un solo mundo, múltiples voces". Queremos múltiples voces en este mundo. Creemos absolutamente que es un derecho humano, no solo porque lo creemos sino porque está establecido y es supraconstitucional, como todos ustedes lo saben.
Así que voy a ceder la palabra. Para cerrar, esto es lo que nosotros pensamos, en este caso en las cinco universidades que tenemos en el canal Unisur. Quiero agradecer de nuevo a la casa de la democracia y seguir convencida de que en esta casa deben escucharse todas las voces. Por lo tanto, felicito a la presidencia de la comisión y a todos los asistentes. Agradezco poder hacer uso de la palabra en nombre de las cinco universidades que representamos en este canal y de las radios comunitarias. En este caso, de una comunidad particular que es la universidad pública. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Carlotto).- Tiene la palabra la señora Guembe, de la Defensoría del Público.
En principio voy a decir que tengo dos supuestos. El primero es que esta casa -en la cual trabajé muchos años, en la parte del Senado- tiene como misión profundizar la democracia, las libertades y los derechos. Particularmente, en este caso, los derechos a la expresión y a la palabra que, como todos sabemos, es un derecho humano.
Sobre la base de estos supuestos, quiero recordar lo que mencionó el señor diputado Carlotto en cuanto a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la misión de resguardar todos los derechos humanos, entre los que se encuentra la libertad de expresión.
Vengo a representar aquí a la Universidad Nacional de Lanús y también a Unisur TV, que es el canal de televisión de cinco universidades. Cabe mencionar que cada una de dichas universidades también cuenta con una radio.
Lo primero que quiero decir es que cuando recuperamos la democracia -como todos sabemos- había leyes de la dictadura. Muchos de los que estábamos viviendo en el exterior, no por voluntad propia, efectuamos permanentemente denuncias y gracias a ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a la Argentina. Sin embargo, cuando entre todos recuperamos la democracia, el presidente Alfonsín dictó solamente diez decretos de necesidad y urgencia.
Me gusta decir que las universidades son democracias en miniatura y, como ustedes saben, hay muchos sectores políticos que no están representados, pero existen, y todos convivimos.
Cuando recuperamos la democracia, vine a la Cámara de Senadores y tratamos de hacer todo por ley. Quiero señalar que no hubo ni necesidad ni urgencia para hacer un decreto, no hubo ni hay. Esa ley que construimos federalmente, con consultas permanentes, a lo largo y a lo ancho del país, tardó mucho tiempo. Después, tuvimos que enfrentar una medida cautelar y las universidades nos presentamos ante la Corte Suprema de Justicia para defender la libertad de expresión.
Esa ley fue una de las tantas que tuvimos que derogar de la época de la dictadura. El presidente Alfonsín, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados hicieron caso omiso respecto de que esas leyes no tenían legitimidad ni legalidad.
En este caso, la Cámara de Diputados dio legalidad al decreto, pero no legitimidad; no tiene realmente la profundidad ni la sustancia de una ley sancionada por los representantes del pueblo argentino. Por lo tanto, ese DNU no debería existir, tiene legalidad, pero no había necesidad ni urgencia.
Cuando tuvimos la audiencia ya estaba avalado por la Cámara de Diputados, pero con cuestionamientos, como manifestó el señor presidente de esta comisión.
Después de veinte años se logró derogar la ley de la dictadura y podría habérselo hecho a través de un decreto, pero desde la presidencia del bloque Justicialista -lo digo desde la Sala Pugliese- siempre acordábamos hacer todo por ley. Inclusive, en casos como el que se nos presenta ahora, que necesitamos reincorporar a todos aquellos que fueron despedidos por razones políticas.
Se han sancionado centenares de leyes para derogar leyes de la dictadura; sin embargo, aquí, con un DNU, se deroga una ley que tardó muchos años, incluso con la cautelar de Clarín llegada a la Corte Suprema de Justicia. No solamente que tardó muchos años, sino que fueron consultados y participamos todos.
¿Por qué estamos las universidades aquí? Porque las universidades, además de tener radio y televisión, tenemos el derecho a la palabra. Podemos tener muchas teorías del Estado. Yo no soy abogada. Siempre digo que la sociedad pide más Justicia y no más abogados. (Risas.) Por suerte hicimos y validamos la carrera de Justicia y Derechos Humanos -el presidente está dando clases- no de abogacía.
Soy doctora en Sociología, recibida en México, y tenemos muchas teorías del Estado; pero el Estado somos todos. Una cosa es el aparato del Estado y otra, es no incluir a la sociedad civil, a las comunidades, a los pueblos originarios y a todos los que tenemos derecho a la palabra, o teníamos derecho la palabra; no solo derecho a la palabra sino a estar representados, estábamos representados, las universidades teníamos un representante.
Ahora parece que Estado son solo -me excuso en este caso- algunos representantes de la oposición y todo el resto, Poder Ejecutivo. La comisión, cuando terminó, les pidió la pluralidad, y lo que contestó este gobierno, o los representantes del Estado, fue que se llamaba Derechos Humanos y Pluralidad Cultural.
No es cuestión de ponerle un nombre o de pluralidad; es cuestión de estar representados todos los sectores: la sociedad civil, las comunidades y, por supuesto, aquellas empresas sin fines de lucro. Nosotros no tenemos fines de lucro. Todo el conurbano Sur, los que constituimos este canal Unisur, queremos que todos escuchen todas las palabras. En la Universidad también escuchamos todas las palabras, porque es una democracia en miniatura. De eso se trata una democracia: de contener y trabajar para profundizar la democracia; tengo entendido que este es el lugar de la democracia, donde todos estamos representados.
Ante lo cual, ya estoy haciendo abuso de mi tiempo, lo que pedimos en la comisión -que muchos lo habrán visto y a mí me tocó el minuto para decirlo- es el apego a los principios interamericanos de democratización de los medios. Me refiero al pluralismo, la diversidad, la no concentración, la autonomía de los entes reguladores y el reconocimiento de los tres sectores de la comunicación audiovisual: el público, el comercial y el sin fines de lucro. También, que reparen los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados; que acepten el asesoramiento técnico ofrecido por la relatoría especial para la libertad de expresión y la reciba en visita oficial.
Finalmente, pretendemos que se garantice la transparencia de la participación plural y la representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación, así como también en los mecanismos de regulación y de control.
Para concluir -por lo menos, en mi caso, no creo en la mano invisible-, pedimos que el Estado regule y desconcentre la comunicación. En estos últimos días hemos visto una sola voz, es muy difícil; era una sola voz disonante en el caso de la televisión, y ni hablar de las radios y los diarios. Han hecho desaparecer a otros medios solapadamente, porque no son competitivos. Las universidades tampoco son competitivas, porque son autónomas; es decir, no tienen fondos propios. Es el Estado y, particularmente esta Cámara, la que nos da el presupuesto, o sea, lo paga todo el pueblo argentino.
Respecto de la mano invisible o la supuesta autorregulación del mercado, todos sabemos que es una fantasía. Ante lo cual, no regular y no desconcentrar los medios de comunicación audiovisual, evidentemente, no profundiza la democracia, de ninguna manera.
Por lo tanto, sabiendo cómo es esto, nosotros hemos creado en la universidad el Centro MacBride, porque justamente Sean MacBride, premio Nóbel de la Paz, dijo: "un solo mundo, múltiples voces". Queremos múltiples voces en este mundo. Creemos absolutamente que es un derecho humano, no solo porque lo creemos sino porque está establecido y es supraconstitucional, como todos ustedes lo saben.
Así que voy a ceder la palabra. Para cerrar, esto es lo que nosotros pensamos, en este caso en las cinco universidades que tenemos en el canal Unisur. Quiero agradecer de nuevo a la casa de la democracia y seguir convencida de que en esta casa deben escucharse todas las voces. Por lo tanto, felicito a la presidencia de la comisión y a todos los asistentes. Agradezco poder hacer uso de la palabra en nombre de las cinco universidades que representamos en este canal y de las radios comunitarias. En este caso, de una comunidad particular que es la universidad pública. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Carlotto).- Tiene la palabra la señora Guembe, de la Defensoría del Público.
SRA. GUEMBE Señor presidente: vengo en representación de la licenciada Cynthia Ottaviano, que lamentablemente no pudo venir, ya que en este momento se está desarrollando un congreso internacional de defensores y defensoras de todos los continentes, aquí en Buenos Aires. Sin embargo, me pidió especialmente que les hiciera llegar su intención de participar en alguna otra ocasión en que la comisión se reúna.
La Defensoría del Público fue una de las peticionantes de la audiencia que se realizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la cantidad de denuncias y reclamos que recibimos del público y de los medios audiovisuales, luego del dictado del decreto que derogó parcialmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Digo "derogó parcialmente", porque es claro que la ley sigue vigente, a pesar de que una porción importante de su articulado ya no rige. Nosotros consideramos que la ley es el piso mínimo sobre el cual debe legislarse, que los artículos vigentes deben ser respetados, y los principios y derechos allí garantizados deben ser respetados, más allá de que por supuesto esperamos que pueda elevarse la protección de esos derechos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de la audiencia que se realizó el 8 de abril en Washington, habló de la "no vulneración del principio de regresividad"; es decir que lo que se había reconocido como derecho debe continuar siéndolo, más allá de que pueda, por supuesto, profundizarse. Por eso, queremos rescatar esas palabras del presidente en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no exista una regresión en la garantía de los derechos humanos.
Creemos, por supuesto, que hay que restablecer los límites de la concentración; límites que estaban claramente estipulados y que fueron reconocidos y aprobados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de un proceso también participativo, como fue la elaboración de la ley.
Algunas cuestiones específicas que creemos que no pueden dejarse de regular y garantizar son, por ejemplo, asegurar la programación con carácter plural, diverso y federal. Es necesario que se dé espacio a las programaciones y a los contenidos locales, a los programas y canales de las universidades nacionales, a los canales de las provincias, y si existieran, a los canales de los municipios.
El Estado argentino, en su declaración ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo referencia a una resolución sobre el deber de transmitir estos contenidos en cabeza de las operadoras de cable. Sin embargo, a pesar de haber dado una fecha exacta de sanción de dicha resolución -aparentemente dictada el 1° de abril-, cuando intentamos buscarla no pudimos encontrarla por ningún lado, hasta el día de hoy, en que informalmente un compañero abogado de Córdoba pudo conseguirla. Se trata de la resolución 1.394, que tiene fecha 15 de abril, y no 1° de abril, y que de algún modo contemplaría la obligación de los operadores de cable de incluir los contenidos globales, los contenidos de las universidades nacionales, los canales abiertos, etcétera. Todavía no tuvimos oportunidad de estudiarla en profundidad, pero esperamos que esa resolución cumpla con las obligaciones que la ley establecía en su artículo 65.
Otro aspecto específico sobre el que recibimos cuantiosas denuncias en la Defensoría del Público fue sobre la necesidad de que la ley o el proyecto de ley que se sancione cumpla con el establecimiento de una autoridad de aplicación independiente, no gubernamentalizada, con representación parlamentaria -tal como dice la ley que fue derogada- y, por supuesto, con participación sectorial de los medios comunitarios, las asociaciones sin fines de lucro, las universidades y los sindicatos que representan a los trabajadores.
Este es un aspecto muy importante para garantizar el resto de la ley y que la norma pueda aplicarse respetando los distintos intereses que se representan en la comunicación audiovisual.
En cuanto a los derechos específicos que la ley garantizaba, como los derechos humanos en general, los derechos de niños, niñas y adolescentes, los de las mujeres a la no violencia en los medios y la no discriminación, los derechos de los pueblos originarios y, especialmente, los derechos de las personas con discapacidad, es necesario que cualquier nuevo proyecto de ley garantice los derechos tal como estaban en la ley anterior y como siguen estando hoy, porque eso está vigente. Usemos esta oportunidad para ver si podemos elevar un poquito la protección.
En el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, si bien la ley 26.522 obliga a los licenciatarios a influir en los medios de accesibilidad, tanto de subtitulado oculto como castellano simple y también lengua de señas, esto es preciso porque se ha demostrado que los medios de comunicación, en general, no cumplen con este requisito o, si lo hacen, las herramientas que brindan no son suficientes como para que pueda accederse a la información. Esto ocurre porque el Wi-Fi es muy chico, el subtitulado oculto no está en sincro, el cable analógico no puede acceder al subtitulado oculto, etcétera. Hay muchos problemas para poder acceder a los contenidos y tenemos múltiples reclamos que ponemos a disposición de esta comisión, para que puedan conocer en profundidad el problema.
Por supuesto, creemos indispensable el fortalecimiento de la Defensoría del Público como el espacio desde el cual todos estos derechos puedan ser garantizados y defendidos.
Por último, voy a dejar en la comisión la presentación que la Defensoría del Público hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la resolución 21 de 2016 que dictamos a partir de la sanción del decreto de necesidad y urgencia que reformó la ley.
La Defensoría del Público fue una de las peticionantes de la audiencia que se realizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la cantidad de denuncias y reclamos que recibimos del público y de los medios audiovisuales, luego del dictado del decreto que derogó parcialmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Digo "derogó parcialmente", porque es claro que la ley sigue vigente, a pesar de que una porción importante de su articulado ya no rige. Nosotros consideramos que la ley es el piso mínimo sobre el cual debe legislarse, que los artículos vigentes deben ser respetados, y los principios y derechos allí garantizados deben ser respetados, más allá de que por supuesto esperamos que pueda elevarse la protección de esos derechos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de la audiencia que se realizó el 8 de abril en Washington, habló de la "no vulneración del principio de regresividad"; es decir que lo que se había reconocido como derecho debe continuar siéndolo, más allá de que pueda, por supuesto, profundizarse. Por eso, queremos rescatar esas palabras del presidente en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no exista una regresión en la garantía de los derechos humanos.
Creemos, por supuesto, que hay que restablecer los límites de la concentración; límites que estaban claramente estipulados y que fueron reconocidos y aprobados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de un proceso también participativo, como fue la elaboración de la ley.
Algunas cuestiones específicas que creemos que no pueden dejarse de regular y garantizar son, por ejemplo, asegurar la programación con carácter plural, diverso y federal. Es necesario que se dé espacio a las programaciones y a los contenidos locales, a los programas y canales de las universidades nacionales, a los canales de las provincias, y si existieran, a los canales de los municipios.
El Estado argentino, en su declaración ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo referencia a una resolución sobre el deber de transmitir estos contenidos en cabeza de las operadoras de cable. Sin embargo, a pesar de haber dado una fecha exacta de sanción de dicha resolución -aparentemente dictada el 1° de abril-, cuando intentamos buscarla no pudimos encontrarla por ningún lado, hasta el día de hoy, en que informalmente un compañero abogado de Córdoba pudo conseguirla. Se trata de la resolución 1.394, que tiene fecha 15 de abril, y no 1° de abril, y que de algún modo contemplaría la obligación de los operadores de cable de incluir los contenidos globales, los contenidos de las universidades nacionales, los canales abiertos, etcétera. Todavía no tuvimos oportunidad de estudiarla en profundidad, pero esperamos que esa resolución cumpla con las obligaciones que la ley establecía en su artículo 65.
Otro aspecto específico sobre el que recibimos cuantiosas denuncias en la Defensoría del Público fue sobre la necesidad de que la ley o el proyecto de ley que se sancione cumpla con el establecimiento de una autoridad de aplicación independiente, no gubernamentalizada, con representación parlamentaria -tal como dice la ley que fue derogada- y, por supuesto, con participación sectorial de los medios comunitarios, las asociaciones sin fines de lucro, las universidades y los sindicatos que representan a los trabajadores.
Este es un aspecto muy importante para garantizar el resto de la ley y que la norma pueda aplicarse respetando los distintos intereses que se representan en la comunicación audiovisual.
En cuanto a los derechos específicos que la ley garantizaba, como los derechos humanos en general, los derechos de niños, niñas y adolescentes, los de las mujeres a la no violencia en los medios y la no discriminación, los derechos de los pueblos originarios y, especialmente, los derechos de las personas con discapacidad, es necesario que cualquier nuevo proyecto de ley garantice los derechos tal como estaban en la ley anterior y como siguen estando hoy, porque eso está vigente. Usemos esta oportunidad para ver si podemos elevar un poquito la protección.
En el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, si bien la ley 26.522 obliga a los licenciatarios a influir en los medios de accesibilidad, tanto de subtitulado oculto como castellano simple y también lengua de señas, esto es preciso porque se ha demostrado que los medios de comunicación, en general, no cumplen con este requisito o, si lo hacen, las herramientas que brindan no son suficientes como para que pueda accederse a la información. Esto ocurre porque el Wi-Fi es muy chico, el subtitulado oculto no está en sincro, el cable analógico no puede acceder al subtitulado oculto, etcétera. Hay muchos problemas para poder acceder a los contenidos y tenemos múltiples reclamos que ponemos a disposición de esta comisión, para que puedan conocer en profundidad el problema.
Por supuesto, creemos indispensable el fortalecimiento de la Defensoría del Público como el espacio desde el cual todos estos derechos puedan ser garantizados y defendidos.
Por último, voy a dejar en la comisión la presentación que la Defensoría del Público hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la resolución 21 de 2016 que dictamos a partir de la sanción del decreto de necesidad y urgencia que reformó la ley.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor Esteban Lopardo, abogado de la Defensoría del Público.
SR. LOPARDO Señor presidente: quería remarcar un poco la resolución 1.394 de 2016 que si bien estatiza algunas aplicaciones del denominado must carrier, textualmente no menciona las autorizadas, concretamente, las universidades, en este caso.
Parece que quisieron corregir a través de una resolución -cualquier abogado puede entender que una resolución no puede modificar una ley- e intentaron modificar el decreto y, a su vez, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero se olvidaron de las universidades, que son autorizadas y no licenciatarias.
Producto de esta nueva resolución 1.394, cuando uno mira televisión, si lo hace, por ejemplo, a través de DirecTV, se considera que está mirando televisión. Sin embargo, si uno mira cualquier cable operador, no estaría mirando televisión. Me parece llamativo que a las empresas de televisión se les aplique una normativa y a los cables operadores, otra, porque dejan de ser televisión. Esto, agregado a lo que representa la televisión en nuestro país.
Parece que quisieron corregir a través de una resolución -cualquier abogado puede entender que una resolución no puede modificar una ley- e intentaron modificar el decreto y, a su vez, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero se olvidaron de las universidades, que son autorizadas y no licenciatarias.
Producto de esta nueva resolución 1.394, cuando uno mira televisión, si lo hace, por ejemplo, a través de DirecTV, se considera que está mirando televisión. Sin embargo, si uno mira cualquier cable operador, no estaría mirando televisión. Me parece llamativo que a las empresas de televisión se les aplique una normativa y a los cables operadores, otra, porque dejan de ser televisión. Esto, agregado a lo que representa la televisión en nuestro país.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor Luis Lázaro, de la Coalición para una Comunicación Democrática.
SR. LÁZARO Señor presidente: agradezco a la comisión por haber tenido esta iniciativa que revela una intencionalidad política de apertura y de escuchar las distintas opiniones. Esperamos que esta dinámica, esta metodología, pueda replicarse hacia adelante en el abordaje y el tratamiento de los distintos aspectos vinculados con el tema de la libertad de expresión.
En mi caso particular, voy a hablar en nombre de una organización que también compartimos con otros colegas y compañeros que se encuentran en la sala. Me refiero a la Coalición por una Comunicación Democrática, organización que definimos como organización de organizaciones, fundada en el año 2004, con más de doce años de actividad, en representación de distintos sectores de la sociedad civil, las asociaciones de trabajadores, los medios comunitarios, las universidades nacionales, los trabajadores de la comunicación de distintos ámbitos, los sectores religiosos y un conjunto de actores.
A lo largo de estos doce años esta organización ha mantenido la militancia permanente para defender la comunicación, como un derecho humano que nació con el objetivo básico de terminar con la vergüenza que significaba, para el sistema democrático, estar con una ley de radiodifusión de la dictadura a veintiún años de haberlo recuperado.
En el año 2004, en el momento del surgimiento, propusimos una plataforma de veintiún puntos, por una radiodifusión democrática, que al cabo de cinco años logró convertirse en la ley 26.522, una ley de la democracia.
Nuestra tarea no terminó allí, hemos sido y seguimos siendo custodios y vigilantes de la aplicación estricta y el cumplimiento de esos postulados. Lo hemos sido con el gobierno anterior y por supuesto lo vamos a ser con el actual.
La propuesta que la coalición compartió en el debate público, en más de veinticuatro foros, generó más de cien modificaciones al texto original del anteproyecto del Poder Ejecutivo. Luego de su ingreso a esta honorable casa, en agosto de 2009, tuvo cincuenta modificaciones en el debate parlamentario. Por ello, reflejó y refleja, en buena medida, un ejemplo de ley democrática, participativa e inclusiva, tal como lo han considerado los relatores de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y de las Naciones Unidas.
Dicha iniciativa, en su ingreso a esta comisión -consta así en el proyecto original- tenía una hipótesis de convergencia tecnológica, fundamentos que ahora se invocan como si acabaran de ser descubiertos por parte de quienes han dictado el decreto 267.
Quiero destacar el principio progresivo que establecía esa hipótesis de convergencia tecnológica del texto original de la iniciativa. El criterio del artículo 25 y subsiguientes del proyecto ingresado a la Cámara de Diputados planteaba la hipótesis de la desconcentración simultánea de los servicios de telecomunicaciones y de televisión por cable, para que la convergencia tecnológica no fuera al mismo tiempo un estímulo a la concentración económica en la propiedad de los medios.
Todo indica que el decreto 267 de 2015, al que se ha hecho referencia aquí -es lo que hemos planteado como afectación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, ha considerado solamente la parte económica de la televisión por cable, transfiriéndola al sector de las telecomunicaciones con una hipótesis que, en realidad, libera el mercado en detrimento de los más débiles, pero protege al poderoso de la competencia con otros poderosos, como son los telefónicos.
Por lo tanto, parecería que volvemos a las hipótesis de los años 90, en las que primaba la filosofía de que para un monopolio no hay nada mejor que otro monopolio, que fue lo que nos condujo a la debacle en esa década que terminó con la crisis de 2001. Además, se llevó puesta a más de la mitad de las empresas independientes de televisión por cable de esa época, por promover procesos de apertura y desregulación, que pasaron de 1.500 operadores independientes de televisión por cable, que había al comienzo de esa década, a solamente 700, al final de la misma.
Voy a mencionar un agravante más, porque de esa cantidad de operadores terminaron quedando solamente dos hacia el año 2002, que concentraban el 65 por ciento de los abonados, proceso que se completa con la fusión de 2007, cuando termina quedando uno solo.
Por lo tanto, el que queda solo en el mercado es el beneficiario principal de este decreto. A nosotros nos interesa establecer la relación directa existente entre la regulación de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y el derecho a la libertad de expresión. Dicho punto está consagrado en los estándares internacionales que ha incorporado toda la legislación comparada, empezando por los propios Estados Unidos, no solo en las reglas de must carry-must offer, o sea, el transporte de contenidos, sino también las cuotas de mercado que establecían y establecen el 35 por ciento, como tope máximo. Ese tope también lo establecía la ley 26.522 y fue removido en virtud de este decreto. Asimismo, contenía topes a la concentración de la propiedad de las licencias y al régimen de transferencia de las mismas, cuyo sistema termina quedando en una lógica puramente mercantil que sustrae esta actividad -como se ha dicho acá- del ámbito de las regulaciones, del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la comunicación de los ciudadanos.
Se ha hecho referencia, y lo queremos reafirmar también, a la modificación de la captura política de la autoridad regulatoria, a partir de una decisión que termina con un diseño que tenía un consejo federal formado por todas las provincias argentinas, con representación de distintos sectores. Un órgano colegiado de treinta y ocho miembros que tenía, entre sus funciones, designar dos de los directores de la autoridad federal, siendo uno de ellos del sector académico, de manera obligatoria. Nos acompaña en esta audiencia Eduardo Seminara, que justamente por la Universidad de Rosario integró el directorio de la autoridad, siendo designado por el consejo federal.
Por lo tanto, un principio de representatividad, de participación y de apertura fue disuelto de un plumazo junto con la disolución de la autoridad; y pasamos de un directorio de siete miembros, en el cual la mayoría la tenía el Poder Legislativo con tres representantes contra dos del Ejecutivo, a un nuevo organismo en el cual el Ejecutivo tiene cuatro representantes, más el legislador que le toca de la parte parlamentaria, completando así una mayoría automática de cinco miembros. Lo hemos dicho en la Corte Interamericana: esto viola los principios de autonomía y de independencia que debe tener un organismo regulatorio.
Quiero hacer referencia, dado el poco tiempo que tenemos, a un par de situaciones puntuales. Se habló recién de una resolución que acaba de conocerse, la vimos recién en los pasillos en el momento previo al ingreso. Esta resolución fue anunciada por el gobierno en Washington como algo que ya estaba hecho, pero salió con fecha 15. Es decir, lo hicieron después de Washington; lo prometieron ahí, pero lo hicieron acá, tratando de reparar en parte una de las graves afectaciones que tenía esa resolución, que era incumplir la obligación de transporte. La obligación de transporte es fundamental para asegurar el derecho de acceso al contenido local por parte de los ciudadanos. Es decir, sin la señal local de aire -además, no hay obligación de producir una señal propia-, los ciudadanos están condenados solamente a ver en el interior del país el paro de subte de Buenos Aires o el problema en la Panamericana. Lo que garantizaba el must carry era justamente la obligación de tener contenido local que permitiera a los ciudadanos saber qué está pasando en su ciudad, qué pasa con el intendente, cómo están las rutas, cuál es el pronóstico, etcétera.
Uno de estos casos -también se encuentra en la sala el doctor Rodríguez Villafañe- fue el que afectó en forma directa a la Universidad Nacional de Córdoba ante la negativa del distribuidor Cablevisión de transportar la señal de noticias CNA24N, primera señal de noticias del interior del país. Lo más llamativo del caso es que la semana pasada los abogados de Cablevisión presentaron a la Justicia un escrito fundando la decisión de no transmitir el canal de la Universidad en el hecho de que el decreto de necesidad y urgencia 267/2015 "ha excluido a la televisión por cable de las disposiciones contenidas en la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual".
Por lo tanto, hay afectación del derecho a la libertad de expresión en su doble dimensión. Por un lado, la dimensión individual; es decir, el derecho de poder opinar y emitir las opiniones, como lo protege el Pacto de San José de Costa Rica, y por otro, hay una afectación del derecho colectivo a la libertad de expresión, que es el derecho a recibir opiniones distintas en un mismo sitio, principio que, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó con plena constitucionalidad en el fallo Clarín contra el Estado nacional, en octubre de 2013, luego de la audiencia pública. Entonces, la Corte convalidó la plena constitucionalidad de estas medidas, que además establecían un tope del 35 por ciento del mercado, criterio de regulación de la propiedad cruzada, que es un tema que también se aplica en los Estados Unidos y en distintos lugares del mundo.
Quiero hacer un paréntesis para mencionar que la principal regla de la propiedad cruzada vigente en el mundo, que se aplica en Estados Unidos y en buena parte de Europa, es la ley de propiedad del periódico y del canal de televisión en la misma ciudad. Fue hace mucho tiempo dejada de lado en nuestro país -en 1989- con la Ley de Reforma del Estado y privatizaciones, que implicó justamente la arquitectura jurídica que abrió todo el proceso de apertura, desrregulación, desempleo, desocupación y crisis de la producción nacional.
T*.9
Voy a hacer una última mención, para no extenderme en el tiempo.
Junto con las reformas que establece la iniciativa, y más allá de esta resolución que estamos conociendo ahora -entre gallos y medianoche-, quiero sumar a lo manifestado por el doctor Lopardo, en relación con las universidades nacionales, la cuestión de los pueblos originarios, pues tampoco están contemplados en esta resolución de apuro.
Me refiero a una cláusula que obligue a los distribuidores de contenidos a distribuir señales que fueran producidas por los pueblos originarios, que están previstas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como parte del sector público no estatal.
Finalmente, las cuotas de producción nacional, de producción propia, de producción de una señal obligatoria, la que regula la protección de la producción nacional de contenidos, entendida no como una mercancía sino como parte de los derechos culturales protegidos por la convención de la UNESCO, también están afectadas seriamente por esta normativa.
La coalición, en su congreso nacional del 3 de marzo pasado realizado en esta misma casa, aprobó veintiún puntos nuevos como plataforma por una comunicación democrática, y plantea la necesidad de actualizar el debate de la comunicación, pero atendiendo muy especialmente la recomendación de la Comisión Interamericana de que toda medida que se tome no sea regresiva. Es decir que sea progresiva y no afecte derechos ya adquiridos.
Me parece que, en el debate hacia la convergencia y la extensión del derecho a la comunicación en las distintas plataformas, incluyendo internet, tenemos que ser muy claros en cuanto a trabajar con la mirada puesta en fortalecer los derechos adquiridos, y que la incorporación de nueva tecnología nos sirva para generar más diversidad, más pluralismo y fortalecimiento del derecho ciudadano. (Aplausos.)
En mi caso particular, voy a hablar en nombre de una organización que también compartimos con otros colegas y compañeros que se encuentran en la sala. Me refiero a la Coalición por una Comunicación Democrática, organización que definimos como organización de organizaciones, fundada en el año 2004, con más de doce años de actividad, en representación de distintos sectores de la sociedad civil, las asociaciones de trabajadores, los medios comunitarios, las universidades nacionales, los trabajadores de la comunicación de distintos ámbitos, los sectores religiosos y un conjunto de actores.
A lo largo de estos doce años esta organización ha mantenido la militancia permanente para defender la comunicación, como un derecho humano que nació con el objetivo básico de terminar con la vergüenza que significaba, para el sistema democrático, estar con una ley de radiodifusión de la dictadura a veintiún años de haberlo recuperado.
En el año 2004, en el momento del surgimiento, propusimos una plataforma de veintiún puntos, por una radiodifusión democrática, que al cabo de cinco años logró convertirse en la ley 26.522, una ley de la democracia.
Nuestra tarea no terminó allí, hemos sido y seguimos siendo custodios y vigilantes de la aplicación estricta y el cumplimiento de esos postulados. Lo hemos sido con el gobierno anterior y por supuesto lo vamos a ser con el actual.
La propuesta que la coalición compartió en el debate público, en más de veinticuatro foros, generó más de cien modificaciones al texto original del anteproyecto del Poder Ejecutivo. Luego de su ingreso a esta honorable casa, en agosto de 2009, tuvo cincuenta modificaciones en el debate parlamentario. Por ello, reflejó y refleja, en buena medida, un ejemplo de ley democrática, participativa e inclusiva, tal como lo han considerado los relatores de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y de las Naciones Unidas.
Dicha iniciativa, en su ingreso a esta comisión -consta así en el proyecto original- tenía una hipótesis de convergencia tecnológica, fundamentos que ahora se invocan como si acabaran de ser descubiertos por parte de quienes han dictado el decreto 267.
Quiero destacar el principio progresivo que establecía esa hipótesis de convergencia tecnológica del texto original de la iniciativa. El criterio del artículo 25 y subsiguientes del proyecto ingresado a la Cámara de Diputados planteaba la hipótesis de la desconcentración simultánea de los servicios de telecomunicaciones y de televisión por cable, para que la convergencia tecnológica no fuera al mismo tiempo un estímulo a la concentración económica en la propiedad de los medios.
Todo indica que el decreto 267 de 2015, al que se ha hecho referencia aquí -es lo que hemos planteado como afectación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, ha considerado solamente la parte económica de la televisión por cable, transfiriéndola al sector de las telecomunicaciones con una hipótesis que, en realidad, libera el mercado en detrimento de los más débiles, pero protege al poderoso de la competencia con otros poderosos, como son los telefónicos.
Por lo tanto, parecería que volvemos a las hipótesis de los años 90, en las que primaba la filosofía de que para un monopolio no hay nada mejor que otro monopolio, que fue lo que nos condujo a la debacle en esa década que terminó con la crisis de 2001. Además, se llevó puesta a más de la mitad de las empresas independientes de televisión por cable de esa época, por promover procesos de apertura y desregulación, que pasaron de 1.500 operadores independientes de televisión por cable, que había al comienzo de esa década, a solamente 700, al final de la misma.
Voy a mencionar un agravante más, porque de esa cantidad de operadores terminaron quedando solamente dos hacia el año 2002, que concentraban el 65 por ciento de los abonados, proceso que se completa con la fusión de 2007, cuando termina quedando uno solo.
Por lo tanto, el que queda solo en el mercado es el beneficiario principal de este decreto. A nosotros nos interesa establecer la relación directa existente entre la regulación de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y el derecho a la libertad de expresión. Dicho punto está consagrado en los estándares internacionales que ha incorporado toda la legislación comparada, empezando por los propios Estados Unidos, no solo en las reglas de must carry-must offer, o sea, el transporte de contenidos, sino también las cuotas de mercado que establecían y establecen el 35 por ciento, como tope máximo. Ese tope también lo establecía la ley 26.522 y fue removido en virtud de este decreto. Asimismo, contenía topes a la concentración de la propiedad de las licencias y al régimen de transferencia de las mismas, cuyo sistema termina quedando en una lógica puramente mercantil que sustrae esta actividad -como se ha dicho acá- del ámbito de las regulaciones, del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la comunicación de los ciudadanos.
Se ha hecho referencia, y lo queremos reafirmar también, a la modificación de la captura política de la autoridad regulatoria, a partir de una decisión que termina con un diseño que tenía un consejo federal formado por todas las provincias argentinas, con representación de distintos sectores. Un órgano colegiado de treinta y ocho miembros que tenía, entre sus funciones, designar dos de los directores de la autoridad federal, siendo uno de ellos del sector académico, de manera obligatoria. Nos acompaña en esta audiencia Eduardo Seminara, que justamente por la Universidad de Rosario integró el directorio de la autoridad, siendo designado por el consejo federal.
Por lo tanto, un principio de representatividad, de participación y de apertura fue disuelto de un plumazo junto con la disolución de la autoridad; y pasamos de un directorio de siete miembros, en el cual la mayoría la tenía el Poder Legislativo con tres representantes contra dos del Ejecutivo, a un nuevo organismo en el cual el Ejecutivo tiene cuatro representantes, más el legislador que le toca de la parte parlamentaria, completando así una mayoría automática de cinco miembros. Lo hemos dicho en la Corte Interamericana: esto viola los principios de autonomía y de independencia que debe tener un organismo regulatorio.
Quiero hacer referencia, dado el poco tiempo que tenemos, a un par de situaciones puntuales. Se habló recién de una resolución que acaba de conocerse, la vimos recién en los pasillos en el momento previo al ingreso. Esta resolución fue anunciada por el gobierno en Washington como algo que ya estaba hecho, pero salió con fecha 15. Es decir, lo hicieron después de Washington; lo prometieron ahí, pero lo hicieron acá, tratando de reparar en parte una de las graves afectaciones que tenía esa resolución, que era incumplir la obligación de transporte. La obligación de transporte es fundamental para asegurar el derecho de acceso al contenido local por parte de los ciudadanos. Es decir, sin la señal local de aire -además, no hay obligación de producir una señal propia-, los ciudadanos están condenados solamente a ver en el interior del país el paro de subte de Buenos Aires o el problema en la Panamericana. Lo que garantizaba el must carry era justamente la obligación de tener contenido local que permitiera a los ciudadanos saber qué está pasando en su ciudad, qué pasa con el intendente, cómo están las rutas, cuál es el pronóstico, etcétera.
Uno de estos casos -también se encuentra en la sala el doctor Rodríguez Villafañe- fue el que afectó en forma directa a la Universidad Nacional de Córdoba ante la negativa del distribuidor Cablevisión de transportar la señal de noticias CNA24N, primera señal de noticias del interior del país. Lo más llamativo del caso es que la semana pasada los abogados de Cablevisión presentaron a la Justicia un escrito fundando la decisión de no transmitir el canal de la Universidad en el hecho de que el decreto de necesidad y urgencia 267/2015 "ha excluido a la televisión por cable de las disposiciones contenidas en la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual".
Por lo tanto, hay afectación del derecho a la libertad de expresión en su doble dimensión. Por un lado, la dimensión individual; es decir, el derecho de poder opinar y emitir las opiniones, como lo protege el Pacto de San José de Costa Rica, y por otro, hay una afectación del derecho colectivo a la libertad de expresión, que es el derecho a recibir opiniones distintas en un mismo sitio, principio que, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó con plena constitucionalidad en el fallo Clarín contra el Estado nacional, en octubre de 2013, luego de la audiencia pública. Entonces, la Corte convalidó la plena constitucionalidad de estas medidas, que además establecían un tope del 35 por ciento del mercado, criterio de regulación de la propiedad cruzada, que es un tema que también se aplica en los Estados Unidos y en distintos lugares del mundo.
Quiero hacer un paréntesis para mencionar que la principal regla de la propiedad cruzada vigente en el mundo, que se aplica en Estados Unidos y en buena parte de Europa, es la ley de propiedad del periódico y del canal de televisión en la misma ciudad. Fue hace mucho tiempo dejada de lado en nuestro país -en 1989- con la Ley de Reforma del Estado y privatizaciones, que implicó justamente la arquitectura jurídica que abrió todo el proceso de apertura, desrregulación, desempleo, desocupación y crisis de la producción nacional.
T*.9
Voy a hacer una última mención, para no extenderme en el tiempo.
Junto con las reformas que establece la iniciativa, y más allá de esta resolución que estamos conociendo ahora -entre gallos y medianoche-, quiero sumar a lo manifestado por el doctor Lopardo, en relación con las universidades nacionales, la cuestión de los pueblos originarios, pues tampoco están contemplados en esta resolución de apuro.
Me refiero a una cláusula que obligue a los distribuidores de contenidos a distribuir señales que fueran producidas por los pueblos originarios, que están previstas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como parte del sector público no estatal.
Finalmente, las cuotas de producción nacional, de producción propia, de producción de una señal obligatoria, la que regula la protección de la producción nacional de contenidos, entendida no como una mercancía sino como parte de los derechos culturales protegidos por la convención de la UNESCO, también están afectadas seriamente por esta normativa.
La coalición, en su congreso nacional del 3 de marzo pasado realizado en esta misma casa, aprobó veintiún puntos nuevos como plataforma por una comunicación democrática, y plantea la necesidad de actualizar el debate de la comunicación, pero atendiendo muy especialmente la recomendación de la Comisión Interamericana de que toda medida que se tome no sea regresiva. Es decir que sea progresiva y no afecte derechos ya adquiridos.
Me parece que, en el debate hacia la convergencia y la extensión del derecho a la comunicación en las distintas plataformas, incluyendo internet, tenemos que ser muy claros en cuanto a trabajar con la mirada puesta en fortalecer los derechos adquiridos, y que la incorporación de nueva tecnología nos sirva para generar más diversidad, más pluralismo y fortalecimiento del derecho ciudadano. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el licenciado Busso, del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
SR. BUSSO Señor presidente: es un gusto estar aquí. Si la ida a Washington significa debatir en este lugar, ¡bienvenido el viaje! (Risas.) Creo que esta audiencia y debatir las leyes argentinas en esta casa es lo que siempre nos gustaría hacer.
Quiero decirles que no ha sido la primera vez que concurro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo hice en el año 2002, junto al doctor Damián Loreti, quien en esta ocasión también participó de la comitiva, para cuestionar la ley 22.285, de la dictadura, y las legislaciones sobre radio y televisión en América Latina, a partir de lo cual la comisión brindó un informe muy interesante. Es decir que ya habíamos cuestionado la legislación anterior, en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Soy parte de la Coalición por una Comunicación Democrática desde 2004, que fue su inicio, cuando el compañero Luis Lázaro planteó todo esto. Ese año nos reunimos un conjunto muy amplio de organizaciones y planteamos esos veintiún puntos, como una demanda al gobierno de entonces. Se la llevamos al Poder Ejecutivo y la presentamos tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Antes de ser sancionada la ley, esta Cámara aprobó los veintiún puntos, que se convirtieron en un proyecto y fueron declarados de interés.
Este debate y esta lucha por democratizar las comunicaciones vienen desde hace mucho tiempo. Las radios comunitarias estábamos prohibidas, porque la ley establecía que solamente las sociedades comerciales podían operar estaciones de radio o canales de televisión.
Desde ese momento, desafiando la ley de la dictadura, trabajamos por la democratización de las comunicaciones haciendo radio y ejerciendo el derecho a la comunicación, que sólo fue reconocido parcialmente con el cambio del artículo 45 de la ley, en 2005. Esas radios y canales de televisión de organizaciones sociales, que participaron activamente en el debate, tuvieron su reconocimiento y fortalecimiento con la Ley -26.522- de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La doctora Ana Jaramillo dijo que daba por supuesto el concepto de que la comunicación es un derecho humano. Este postulado es muy claro en los estándares internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la UNESCO, pero yo creo que justamente ese es el punto que está en discusión en nuestro país.
El tema en discusión es si la comunicación es un derecho humano o simplemente un negocio comercial. Si nos ponemos de acuerdo en que la comunicación es un derecho humano y, por lo tanto, el Estado tiene que intervenir para garantizar ese derecho, asegurando diversidad y pluralidad, todo lo demás son agregados, es una cuestión técnica en la que vamos a ponernos rápidamente de acuerdo. Lo que debemos discutir es si la comunicación es un derecho humano o un negocio comercial.
El decreto 267/15, tanto en su parte resolutiva como en sus argumentos, deja en claro, para el firmante, que la comunicación es una cuestión de mercado. Vimos con mucha preocupación las primeras declaraciones que hizo el ministro de Comunicaciones de la Nación, a poco de ser designado, en el sentido de que la comunicación es una cuestión de mercado y los medios tienen que competir.
En esa lógica, los medios comunitarios y los medios de las localidades de las provincias, los medios más pequeños, los barriales, sean privados comerciales o sin fines de lucro, van a desaparecer. Es imposible, en la lógica del mercado, competir con los medios de los grandes grupos concentrados que amplían sus audiencias, homogenizan la cultura y logran avanzar en sus negocios.
Esto es lo que fuimos a plantear, en definitiva, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pedimos la audiencia en los primeros días de enero, a poco de dictado el decreto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó esta audiencia. El hecho de que la haya otorgado ya tiene una significación muy importante. Es muy raro que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ponga en debate un tema como este, a poco de asumido un gobierno. Tengan en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó y convocó a esta audiencia en el mes de febrero y puso en discusión, en el tribunal del sistema interamericano de derechos humanos, la situación de la libertad de expresión en la Argentina, claramente vulnerada por alguna de las cuestiones que hoy resaltó Luis Lázaro.
Según todos los estándares internacionales, la autoridad de aplicación de la ley, el organismo regulatorio, debe tener independencia del gobierno.
Cuando el directorio estaba integrado por dos personas elegidas por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso de la Nación y dos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, algunos exdiputados -hoy autoridades nacionales- cuestionaban a la anterior autoridad, diciendo que no era suficientemente independiente del gobierno. Ahora, cinco de los siete miembros son del oficialismo, con el agravante -que ustedes sabrán valorar- de que los elegidos por la oposición parlamentaria pueden ser removidos, sin invocación de causa, por el presidente de la Nación. Es decir que los diputados o diputadas, senadores o senadoras que vayan en representación de las minorías parlamentarias, pueden ser removidos directamente, y sin invocar causa, por el presidente de la Nación. No sé qué tipo de representación puede hacerse cuando existe esta cláusula del decreto 267/15.
Además, los medios de organizaciones sociales, populares y comunitarios teníamos una promoción en la ley, por la cual el 33 por ciento del espectro estaba reservado para el sector sin fines de lucro. También teníamos un fondo de fomento, equivalente al 10 por ciento del total del gravamen, que pagábamos todos los radiodifusores de radio y televisión comerciales o no comerciales, destinado a los medios comunitarios e indígenas.
En la audiencia dijimos que habíamos perdido la representatividad en el consejo federal. Consejo que yo presidí en una primera etapa y que integré hasta su disolución, establecida en el decreto 267/15.
Aquél consejo federal era ampliamente participativo. No solamente estaban representados todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también todos los sectores relacionados con la comunicación. Había tres representantes por los trabajadores, tres por los prestadores privados comerciales, tres por los prestadores privados sin fines de lucro, dos por las universidades nacionales, uno por los indígenas, uno por los medios públicos y otro por las entidades gestoras de derecho. Todo eso se eliminó, pero lo que apareció públicamente es que se cambiaba al presidente del organismo; que había que sacar al presidente del organismo.
En realidad, borraron el directorio de siete miembros y el Consejo Federal de treinta y ocho miembros. Por lo tanto, hoy las provincias no tienen ninguna injerencia ni participación en el debate sobre las políticas de comunicación, con el agravante de que el decreto dice que en sesenta días se convocará a un nuevo consejo. Pasaron más de noventa días y ese consejo no fue convocado. Es decir, se está violando la propia norma dictada por el Poder Ejecutivo.
Nosotros resaltamos fuertemente el principio tradicional y clave, en materia de derechos humanos, de no regresividad. Es decir, no puede volverse atrás en derechos reconocidos. Sin embargo, este decreto desconoce derechos que eran reconocidos. Tanto es así que, al terminar la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, remarca dicho concepto. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza y el comisionado Eguiguren, hablan del principio de no regresividad. En el comunicado que emitió hace pocos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al terminar las sesiones, recuerda al gobierno argentino el principio de no regresividad, en materia de derechos humanos.
De manera que no volver atrás en derechos que ya estaban reconocidos es una obligación para el Estado nacional. En este sentido, las radios y los canales de televisión populares y comunitarios, nos sentimos afectados.
Nosotros creemos que no tuvimos respuesta del gobierno, porque solo se limitó a criticar al gobierno anterior y prometernos un paraíso para el futuro, que no sabemos cuándo va a llegar ni cómo va a ser.
Nos prometen una nueva ley que va a respetar los estándares internacionales. El problema es que mientras tanto, los grupos económicos concentrados, avanzan con fusiones y con compraventas.
La concentración ha avanzado, en este poco tiempo; avanzó, además, por sobre nuestras emisoras. Por ejemplo, estando en Washington, recibimos una carta documento de Supercanal intimando a cerrar un canal de televisión en Viedma, la ciudad donde vivo y trabajo.
Esto no lo hace el gobierno, lo hacen los grupos concentrados, porque tienen algún aval, y lo hacen con argumentos falaces. Así están avanzando concentraciones, fusiones, compras de empresas de telecomunicaciones, por parte de prestadores de servicios audiovisuales, lo que nos deja absolutamente desprotegidos, no solamente a los medios comunitarios sin fines de lucro sino también a las cooperativas de servicios públicos, como claramente lo dijo Oscar Nocetti -presidente de la Cooperativa de Santa Rosa, La Pampa-, o a los pequeños medios comerciales, como lo dijo su representante Osvaldo Francés, en la audiencia. (Aplausos.)
Quiero decirles que no ha sido la primera vez que concurro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo hice en el año 2002, junto al doctor Damián Loreti, quien en esta ocasión también participó de la comitiva, para cuestionar la ley 22.285, de la dictadura, y las legislaciones sobre radio y televisión en América Latina, a partir de lo cual la comisión brindó un informe muy interesante. Es decir que ya habíamos cuestionado la legislación anterior, en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Soy parte de la Coalición por una Comunicación Democrática desde 2004, que fue su inicio, cuando el compañero Luis Lázaro planteó todo esto. Ese año nos reunimos un conjunto muy amplio de organizaciones y planteamos esos veintiún puntos, como una demanda al gobierno de entonces. Se la llevamos al Poder Ejecutivo y la presentamos tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Antes de ser sancionada la ley, esta Cámara aprobó los veintiún puntos, que se convirtieron en un proyecto y fueron declarados de interés.
Este debate y esta lucha por democratizar las comunicaciones vienen desde hace mucho tiempo. Las radios comunitarias estábamos prohibidas, porque la ley establecía que solamente las sociedades comerciales podían operar estaciones de radio o canales de televisión.
Desde ese momento, desafiando la ley de la dictadura, trabajamos por la democratización de las comunicaciones haciendo radio y ejerciendo el derecho a la comunicación, que sólo fue reconocido parcialmente con el cambio del artículo 45 de la ley, en 2005. Esas radios y canales de televisión de organizaciones sociales, que participaron activamente en el debate, tuvieron su reconocimiento y fortalecimiento con la Ley -26.522- de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La doctora Ana Jaramillo dijo que daba por supuesto el concepto de que la comunicación es un derecho humano. Este postulado es muy claro en los estándares internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la UNESCO, pero yo creo que justamente ese es el punto que está en discusión en nuestro país.
El tema en discusión es si la comunicación es un derecho humano o simplemente un negocio comercial. Si nos ponemos de acuerdo en que la comunicación es un derecho humano y, por lo tanto, el Estado tiene que intervenir para garantizar ese derecho, asegurando diversidad y pluralidad, todo lo demás son agregados, es una cuestión técnica en la que vamos a ponernos rápidamente de acuerdo. Lo que debemos discutir es si la comunicación es un derecho humano o un negocio comercial.
El decreto 267/15, tanto en su parte resolutiva como en sus argumentos, deja en claro, para el firmante, que la comunicación es una cuestión de mercado. Vimos con mucha preocupación las primeras declaraciones que hizo el ministro de Comunicaciones de la Nación, a poco de ser designado, en el sentido de que la comunicación es una cuestión de mercado y los medios tienen que competir.
En esa lógica, los medios comunitarios y los medios de las localidades de las provincias, los medios más pequeños, los barriales, sean privados comerciales o sin fines de lucro, van a desaparecer. Es imposible, en la lógica del mercado, competir con los medios de los grandes grupos concentrados que amplían sus audiencias, homogenizan la cultura y logran avanzar en sus negocios.
Esto es lo que fuimos a plantear, en definitiva, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pedimos la audiencia en los primeros días de enero, a poco de dictado el decreto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó esta audiencia. El hecho de que la haya otorgado ya tiene una significación muy importante. Es muy raro que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ponga en debate un tema como este, a poco de asumido un gobierno. Tengan en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó y convocó a esta audiencia en el mes de febrero y puso en discusión, en el tribunal del sistema interamericano de derechos humanos, la situación de la libertad de expresión en la Argentina, claramente vulnerada por alguna de las cuestiones que hoy resaltó Luis Lázaro.
Según todos los estándares internacionales, la autoridad de aplicación de la ley, el organismo regulatorio, debe tener independencia del gobierno.
Cuando el directorio estaba integrado por dos personas elegidas por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso de la Nación y dos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, algunos exdiputados -hoy autoridades nacionales- cuestionaban a la anterior autoridad, diciendo que no era suficientemente independiente del gobierno. Ahora, cinco de los siete miembros son del oficialismo, con el agravante -que ustedes sabrán valorar- de que los elegidos por la oposición parlamentaria pueden ser removidos, sin invocación de causa, por el presidente de la Nación. Es decir que los diputados o diputadas, senadores o senadoras que vayan en representación de las minorías parlamentarias, pueden ser removidos directamente, y sin invocar causa, por el presidente de la Nación. No sé qué tipo de representación puede hacerse cuando existe esta cláusula del decreto 267/15.
Además, los medios de organizaciones sociales, populares y comunitarios teníamos una promoción en la ley, por la cual el 33 por ciento del espectro estaba reservado para el sector sin fines de lucro. También teníamos un fondo de fomento, equivalente al 10 por ciento del total del gravamen, que pagábamos todos los radiodifusores de radio y televisión comerciales o no comerciales, destinado a los medios comunitarios e indígenas.
En la audiencia dijimos que habíamos perdido la representatividad en el consejo federal. Consejo que yo presidí en una primera etapa y que integré hasta su disolución, establecida en el decreto 267/15.
Aquél consejo federal era ampliamente participativo. No solamente estaban representados todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también todos los sectores relacionados con la comunicación. Había tres representantes por los trabajadores, tres por los prestadores privados comerciales, tres por los prestadores privados sin fines de lucro, dos por las universidades nacionales, uno por los indígenas, uno por los medios públicos y otro por las entidades gestoras de derecho. Todo eso se eliminó, pero lo que apareció públicamente es que se cambiaba al presidente del organismo; que había que sacar al presidente del organismo.
En realidad, borraron el directorio de siete miembros y el Consejo Federal de treinta y ocho miembros. Por lo tanto, hoy las provincias no tienen ninguna injerencia ni participación en el debate sobre las políticas de comunicación, con el agravante de que el decreto dice que en sesenta días se convocará a un nuevo consejo. Pasaron más de noventa días y ese consejo no fue convocado. Es decir, se está violando la propia norma dictada por el Poder Ejecutivo.
Nosotros resaltamos fuertemente el principio tradicional y clave, en materia de derechos humanos, de no regresividad. Es decir, no puede volverse atrás en derechos reconocidos. Sin embargo, este decreto desconoce derechos que eran reconocidos. Tanto es así que, al terminar la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, remarca dicho concepto. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza y el comisionado Eguiguren, hablan del principio de no regresividad. En el comunicado que emitió hace pocos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al terminar las sesiones, recuerda al gobierno argentino el principio de no regresividad, en materia de derechos humanos.
De manera que no volver atrás en derechos que ya estaban reconocidos es una obligación para el Estado nacional. En este sentido, las radios y los canales de televisión populares y comunitarios, nos sentimos afectados.
Nosotros creemos que no tuvimos respuesta del gobierno, porque solo se limitó a criticar al gobierno anterior y prometernos un paraíso para el futuro, que no sabemos cuándo va a llegar ni cómo va a ser.
Nos prometen una nueva ley que va a respetar los estándares internacionales. El problema es que mientras tanto, los grupos económicos concentrados, avanzan con fusiones y con compraventas.
La concentración ha avanzado, en este poco tiempo; avanzó, además, por sobre nuestras emisoras. Por ejemplo, estando en Washington, recibimos una carta documento de Supercanal intimando a cerrar un canal de televisión en Viedma, la ciudad donde vivo y trabajo.
Esto no lo hace el gobierno, lo hacen los grupos concentrados, porque tienen algún aval, y lo hacen con argumentos falaces. Así están avanzando concentraciones, fusiones, compras de empresas de telecomunicaciones, por parte de prestadores de servicios audiovisuales, lo que nos deja absolutamente desprotegidos, no solamente a los medios comunitarios sin fines de lucro sino también a las cooperativas de servicios públicos, como claramente lo dijo Oscar Nocetti -presidente de la Cooperativa de Santa Rosa, La Pampa-, o a los pequeños medios comerciales, como lo dijo su representante Osvaldo Francés, en la audiencia. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Quiero agradecer a cada uno de los peticionantes que hicieron su intervención aquí.
Abrimos la participación a las preguntas que quieran realizar a los expositores, reiterando que nosotros tenemos previsto hacer una convocatoria a los funcionarios que participaron de la audiencia en Washington, para escuchar cuál es el posicionamiento. Me parece que lo que nos vienen a brindar hoy los expositores es parte de los insumos que vamos a tener como diputados y diputadas para generar ese punto de intercambio.
Tiene la palabra la señora diputada Ferreyra.
Abrimos la participación a las preguntas que quieran realizar a los expositores, reiterando que nosotros tenemos previsto hacer una convocatoria a los funcionarios que participaron de la audiencia en Washington, para escuchar cuál es el posicionamiento. Me parece que lo que nos vienen a brindar hoy los expositores es parte de los insumos que vamos a tener como diputados y diputadas para generar ese punto de intercambio.
Tiene la palabra la señora diputada Ferreyra.
SRA. FERREYRA Quiero compartir una preocupación, señor presidente. En la Comisión de Comunicaciones e Informática está por empezar una ronda de audiencias y creo que tendrían que trabajar las dos comisiones; no podemos hacerlo en paralelo y en forma separada. No puede haber una ley de medios sin que la Comisión de Libertad de Expresión sea partícipe, justamente por todo esto que se ha dicho aquí.
Mientras escuchaba recordaba algunas de las denuncias que nos traían, incluso hasta el cierre de las ventanillas, para la presentación de proyectos. Antes podían hacerse en otras regiones y ahora hay que venir a Buenos Aires; hasta eso es un atentado al federalismo.
También me acordaba de un joven correntino de alguna productora que, a raíz de esto, contó la historia de Artigas, y un periodista muy conocido con financiamiento buitre salió a quejarse; es eso también. No es solo el tema de los taxistas o los medios sino es nuestra propia historia que durante muchos años estuvo negada.
A partir de que debe haber una producción y contenidos locales, empezó a aflorar el tema de que hablemos de Artigas y de Rosa Guarú, para que sepamos que la Patria también se peleó en el interior y no fue un acto que ocurrió acá en Buenos Aires, en el Cabildo. Todo esto tuvo que ver con lo que significó tener contenidos locales y propios. Son fuentes de trabajo; no es solo contenido que se pierde sino una industria que ha generado bastante empleo, sobre todo, en el sector juvenil, que ha tomado como propia la producción de contenidos locales.
En este sentido, queremos apoyar y buscar la manera de compaginar nuestra labor para que ambas comisiones no tengan una convocatoria en paralelo.
Mientras escuchaba recordaba algunas de las denuncias que nos traían, incluso hasta el cierre de las ventanillas, para la presentación de proyectos. Antes podían hacerse en otras regiones y ahora hay que venir a Buenos Aires; hasta eso es un atentado al federalismo.
También me acordaba de un joven correntino de alguna productora que, a raíz de esto, contó la historia de Artigas, y un periodista muy conocido con financiamiento buitre salió a quejarse; es eso también. No es solo el tema de los taxistas o los medios sino es nuestra propia historia que durante muchos años estuvo negada.
A partir de que debe haber una producción y contenidos locales, empezó a aflorar el tema de que hablemos de Artigas y de Rosa Guarú, para que sepamos que la Patria también se peleó en el interior y no fue un acto que ocurrió acá en Buenos Aires, en el Cabildo. Todo esto tuvo que ver con lo que significó tener contenidos locales y propios. Son fuentes de trabajo; no es solo contenido que se pierde sino una industria que ha generado bastante empleo, sobre todo, en el sector juvenil, que ha tomado como propia la producción de contenidos locales.
En este sentido, queremos apoyar y buscar la manera de compaginar nuestra labor para que ambas comisiones no tengan una convocatoria en paralelo.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la señora diputada Banfi.
SRA. BANFI Señor presidente: agradezco a las personas que se acercaron hasta la comisión para traer su testimonio sobre el trabajo que han desarrollado en el marco de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Más allá de hablar en función de las opiniones respecto de la participación que también tuvo el gobierno, o los representantes que fueron por el gobierno -tendremos la posibilidad de escucharlos, y eso será algo muy positivo-, me parece que estaría bueno, en el marco de la Cámara y de lo que implica la Comisión de Derechos Humanos, aclarar algunas cuestiones en las que estamos todos de acuerdo. Esto es importante, principalmente, para el fortalecimiento de la pluralidad de voces y del diálogo.
Lo más importante que nosotros venimos a traer, en esta ocasión, es la posibilidad que nos dio el pueblo argentino de subsanar algunas cuestiones que hacen a la disparidad de criterios y no a la disparidad de los objetivos que nos planteamos.
Esto lo digo en función del fortalecimiento de los derechos, en general, y de los derechos humanos, en particular. En eso estamos todos de acuerdo y celebramos, por supuesto, que tengamos una norma y que sea dictada en democracia. Esto no está en juego, en ningún momento, y lo digo casi de un modo tranquilizador.
Principalmente el trabajo que tenemos, no sólo en esta comisión sino en todo el Parlamento, es fortalecer las voces y la libertad de expresión, junto con el desarrollo de las comunicaciones, como medio para fortalecer esa libertad de expresión.
Como ningún derecho es absoluto, también estamos en contra de la concentración de medios. Quiero traerles tranquilidad en esto. Lo digo no solamente como integrante del partido Cambiemos, sino también como vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión.
En lo que seguro no estamos de acuerdo, y justamente es lo que se planteó, es que el decreto de necesidad y urgencia que modificó la ley de medios -de más de 155 artículos se modificaron 23- afectó la norma. Podemos disentir, y eso es parte del debate, pero sin duda, objetivamente, el espíritu de lo que trajo y el trabajo que se desarrolló durante todos estos años no se vio afectado, en términos de la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Así podemos vivirlo dentro de la pluralidad de voces, en la Argentina de hoy.
Me parece importante decir que la urgencia devino de una mala implementación. Esa urgencia fue planteada en muchas ocasiones; incluso, la relatoría de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2010 y 2012, a través de la anterior relatora, Catalina Botero, llamó la atención sobre este tema. Por supuesto, celebró tener una ley de medios como la que tuvimos en 2009, pero siempre llamó la atención en el proceso de implementación. Si observamos estas cosas, creo que podemos estar de acuerdo en que no tuvo el carácter y no cumplió de manera satisfactoria con los procesos que debía tener esa implementación.
Esas deficiencias en la implementación devinieron en la necesidad de generar un sistema de regulación en el momento de la Argentina que vivimos, de la Argentina que recibimos, y en la obligación que tenemos por la responsabilidad asumida de ser gobernantes en este momento del país.
Es importante que podamos despojarnos de todo tipo de especulación ideológica, a la hora de observar la libertad de expresión principalmente, porque el valor fundamental en el cual se sostiene este derecho humano es la tolerancia.
En función de eso, me parece importante y celebro que en esta comisión podamos empezar -creo que es la primera audiencia- un diálogo en divergencia.
A partir de eso, podemos observar cómo vamos avanzando con el compromiso que asumimos el día que votamos el decreto 267/15, en la última sesión parlamentaria, y en cómo vamos avanzando en el proceso de tener una ley de medios adecuada no solo a las cuestiones que hacen a los medios de comunicación y a los estándares internacionales en los cuales se va a apoyar, sino también a los requerimientos del siglo XXI, en términos de convergencia.
Los invito a observar todos los procesos que vamos a ir acompañando, desde esta comisión, hacia todo el Parlamento, y las gestiones de gobierno que ellos demanden.
Más allá de hablar en función de las opiniones respecto de la participación que también tuvo el gobierno, o los representantes que fueron por el gobierno -tendremos la posibilidad de escucharlos, y eso será algo muy positivo-, me parece que estaría bueno, en el marco de la Cámara y de lo que implica la Comisión de Derechos Humanos, aclarar algunas cuestiones en las que estamos todos de acuerdo. Esto es importante, principalmente, para el fortalecimiento de la pluralidad de voces y del diálogo.
Lo más importante que nosotros venimos a traer, en esta ocasión, es la posibilidad que nos dio el pueblo argentino de subsanar algunas cuestiones que hacen a la disparidad de criterios y no a la disparidad de los objetivos que nos planteamos.
Esto lo digo en función del fortalecimiento de los derechos, en general, y de los derechos humanos, en particular. En eso estamos todos de acuerdo y celebramos, por supuesto, que tengamos una norma y que sea dictada en democracia. Esto no está en juego, en ningún momento, y lo digo casi de un modo tranquilizador.
Principalmente el trabajo que tenemos, no sólo en esta comisión sino en todo el Parlamento, es fortalecer las voces y la libertad de expresión, junto con el desarrollo de las comunicaciones, como medio para fortalecer esa libertad de expresión.
Como ningún derecho es absoluto, también estamos en contra de la concentración de medios. Quiero traerles tranquilidad en esto. Lo digo no solamente como integrante del partido Cambiemos, sino también como vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión.
En lo que seguro no estamos de acuerdo, y justamente es lo que se planteó, es que el decreto de necesidad y urgencia que modificó la ley de medios -de más de 155 artículos se modificaron 23- afectó la norma. Podemos disentir, y eso es parte del debate, pero sin duda, objetivamente, el espíritu de lo que trajo y el trabajo que se desarrolló durante todos estos años no se vio afectado, en términos de la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Así podemos vivirlo dentro de la pluralidad de voces, en la Argentina de hoy.
Me parece importante decir que la urgencia devino de una mala implementación. Esa urgencia fue planteada en muchas ocasiones; incluso, la relatoría de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2010 y 2012, a través de la anterior relatora, Catalina Botero, llamó la atención sobre este tema. Por supuesto, celebró tener una ley de medios como la que tuvimos en 2009, pero siempre llamó la atención en el proceso de implementación. Si observamos estas cosas, creo que podemos estar de acuerdo en que no tuvo el carácter y no cumplió de manera satisfactoria con los procesos que debía tener esa implementación.
Esas deficiencias en la implementación devinieron en la necesidad de generar un sistema de regulación en el momento de la Argentina que vivimos, de la Argentina que recibimos, y en la obligación que tenemos por la responsabilidad asumida de ser gobernantes en este momento del país.
Es importante que podamos despojarnos de todo tipo de especulación ideológica, a la hora de observar la libertad de expresión principalmente, porque el valor fundamental en el cual se sostiene este derecho humano es la tolerancia.
En función de eso, me parece importante y celebro que en esta comisión podamos empezar -creo que es la primera audiencia- un diálogo en divergencia.
A partir de eso, podemos observar cómo vamos avanzando con el compromiso que asumimos el día que votamos el decreto 267/15, en la última sesión parlamentaria, y en cómo vamos avanzando en el proceso de tener una ley de medios adecuada no solo a las cuestiones que hacen a los medios de comunicación y a los estándares internacionales en los cuales se va a apoyar, sino también a los requerimientos del siglo XXI, en términos de convergencia.
Los invito a observar todos los procesos que vamos a ir acompañando, desde esta comisión, hacia todo el Parlamento, y las gestiones de gobierno que ellos demanden.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor diputado Raffo.
SR. RAFFO Señor presidente: soy el más nuevo de los diputados, aunque naturalmente no el más joven, y es una emoción estar hablando de derechos humanos en una comisión presidida por alguien que lleva un apellido señero y legendario en la lucha por los derechos humanos.
Quiero celebrar la invitación que han hecho a los señores Busso, Lázaro y demás, porque es necesario tener este debate y analizar con mucho conocimiento el tema. Sin ofender a nadie, creo que ellos son los que más conocen, incluso más que yo.
Quiero celebrar la invitación que han hecho a los señores Busso, Lázaro y demás, porque es necesario tener este debate y analizar con mucho conocimiento el tema. Sin ofender a nadie, creo que ellos son los que más conocen, incluso más que yo.
SR. BUSSO Lo discutimos hace veinte años...
Sr. Raffo.- Sí, venimos trabajando juntos desde hace más de veinte años...
Dicho esto, voy a pedir a la señora Jaramillo que revea un punto de su exposición, en el que dijo que lo que acá se votó es ilegítimo. Cuando en esta casa, la mayoría de los representantes del pueblo vota algo, es la expresión de la legitimidad popular; a veces nos gusta, otras veces, no. Muchas veces, no me ha gustado lo que se votó en esta casa, en distintas oportunidades, pero creo que el principio de la democracia es que el Parlamento representa la legitimidad popular expresada, por el voto de los ciudadanos, libremente. Entonces, le pido que revea ese punto, porque a mí, como diputado, me duele.
Por otro lado, quiero hacer una reflexión. Yo escribí en contra de los DNU hasta el año 1994; uno de mis libros, en coautoría con Aftalión y Vilanova, se llama Introducción al Derecho, y en su última edición tiene un largo capítulo en contra, que hace referencia a la reforma constitucional, con los constituyentes que eligió el pueblo, que los incorporó.
Entonces, una norma no es ilegítima si se ajusta a la Constitución; puede no gustarnos. Debo decir que me sorprende, porque hay una gran cantidad de decretos de necesidad y urgencia, que fue legitimada por el Congreso de la Nación, cuando se votó el digesto jurídico. Entre ellos, es importante y beneficioso el decreto de necesidad y urgencia del presidente Duhalde que dio al cine nacional recursos para seguir existiendo, y autarquía al Instituto Nacional del Cine.
Si pensamos que la norma es ilegítima, vamos a tener problemas con toda la gente que defiende el cine nacional, y ha defendido y defiende ese decreto, que ya ha sido aprobado como ley. De manera que hay que ver la sustancia de las cosas.
Yo creo que, efectivamente, esta reforma de 21 o 23 artículos sobre 165 fue muy grave y avanza sobre el tema de la concentración. Es un tema en el que yo estoy casado con los principios y no con las palabras de una ley. No descalifico a la ex presidenta Kirchner, cuando mandó un proyecto, como bien señalaba mi amigo Luis Lázaro, proponiendo la concentración de las telefónicas. En ese momento yo estuve en contra de eso, con la coalición, y conseguimos la modificación. ¿Hubo ilegitimidad, hubo maldad? No; hubo un error, hubo que discutir y barajar de nuevo. Creo que acá tenemos que hacer lo mismo y defender la ley de medios, no como forma jurídica solamente, sino como contenido.
Voy a discrepar con mi amigo Busso, porque no defiendo las entidades sin fines de lucro; defiendo las radios comunitarias, como están definidas en el artículo 4° de la ley, que después, en una maniobra, de la noche a la mañana, no usó más ese concepto. Se Sacó la expresión "comunitarias" para poner "sin fines de lucro". Ahí, entraron las fundaciones de los bancos y el sindicato de la UOCRA, que -dicho con mucho respeto- no es comunitario.
Yo defiendo las radios comunitarias; por ejemplo, estuve defendiendo a Antena Negra, por el atropello que sufrió cuando le mandaron a la policía -AFSCA fue uno de los que lo hizo-, y el otro día también estuve apoyando la presentación de Barricada.
Acá se habló de los contenidos, algo que me parece importante. Por eso, he estado y estoy en contra de esa deformación que fue el programa BACUA, que dependía del Ministerio de Economía, en el que se daban por válidos, como contenidos de todo el país, los que se aprobaban para el programa BACUA.
Estoy trabajando y escribiendo sobre el tema. Por tal motivo, voy a pedir a quienes participan en el equipo de la defensoría, las presentaciones que hicieron por el atropello a Antena Negra y por lo que significó atribuir contenido de Tierra del Fuego o de Misiones a los productores de algo que se hacía en la Capital Federal, que manejaba, en un 95 por ciento, el programa BACUA.
El tema es complicado. Yo no sé qué presentaciones hicieron en Washington por estos atropellos. Respecto de la cuota de pantalla del cine nacional, hice una presentación hace casi un año ante AFSCA, porque vengo del cine nacional, y he preguntado cómo se cumplía el artículo 67, de la cuota de pantalla. He reenviado la respuesta oportunamente.
AFSCA me contestó que Cablevisión facturaba 10.000 pesos por año y aportaba en función de eso. ¡Se dan cuenta de que es una barbaridad! ¡Factura mucho más! También me dijeron que cumplían con la cuota de pantalla, porque habían comprado el Canal 12 de Córdoba -que ya sabemos a quién pertenece- y que por 134 pesos tenían la última película de Burman; con eso nos decían que cumplían con la ley...
Yo estoy con la ley, la he defendido y la defenderé. Entiendo que no fue traición de la ex presidenta Kirchner proponer la participación de las telefónicas con las productoras, sino que fue un error que podemos corregir.
Asimismo, entiendo que no atender a lo que hoy han dicho muchos invitados también sería un grave error. Estoy trabajando para atenderlo, pero hablemos con la verdad. No puedo decir la frase canónica que decía el general, porque ya me trajo problemas, pero entre nosotros no vamos a adivinarnos la suerte; vamos a trabajar, pero defendamos bien.
Si pueden informarme cómo accionó la Defensoría del Usuario con Antena Negra, el incumplimiento de la cuota de pantalla del cine nacional y la producción, van a ayudarme, porque estoy trabajando y estudiando estos temas.
Sr. Raffo.- Sí, venimos trabajando juntos desde hace más de veinte años...
Dicho esto, voy a pedir a la señora Jaramillo que revea un punto de su exposición, en el que dijo que lo que acá se votó es ilegítimo. Cuando en esta casa, la mayoría de los representantes del pueblo vota algo, es la expresión de la legitimidad popular; a veces nos gusta, otras veces, no. Muchas veces, no me ha gustado lo que se votó en esta casa, en distintas oportunidades, pero creo que el principio de la democracia es que el Parlamento representa la legitimidad popular expresada, por el voto de los ciudadanos, libremente. Entonces, le pido que revea ese punto, porque a mí, como diputado, me duele.
Por otro lado, quiero hacer una reflexión. Yo escribí en contra de los DNU hasta el año 1994; uno de mis libros, en coautoría con Aftalión y Vilanova, se llama Introducción al Derecho, y en su última edición tiene un largo capítulo en contra, que hace referencia a la reforma constitucional, con los constituyentes que eligió el pueblo, que los incorporó.
Entonces, una norma no es ilegítima si se ajusta a la Constitución; puede no gustarnos. Debo decir que me sorprende, porque hay una gran cantidad de decretos de necesidad y urgencia, que fue legitimada por el Congreso de la Nación, cuando se votó el digesto jurídico. Entre ellos, es importante y beneficioso el decreto de necesidad y urgencia del presidente Duhalde que dio al cine nacional recursos para seguir existiendo, y autarquía al Instituto Nacional del Cine.
Si pensamos que la norma es ilegítima, vamos a tener problemas con toda la gente que defiende el cine nacional, y ha defendido y defiende ese decreto, que ya ha sido aprobado como ley. De manera que hay que ver la sustancia de las cosas.
Yo creo que, efectivamente, esta reforma de 21 o 23 artículos sobre 165 fue muy grave y avanza sobre el tema de la concentración. Es un tema en el que yo estoy casado con los principios y no con las palabras de una ley. No descalifico a la ex presidenta Kirchner, cuando mandó un proyecto, como bien señalaba mi amigo Luis Lázaro, proponiendo la concentración de las telefónicas. En ese momento yo estuve en contra de eso, con la coalición, y conseguimos la modificación. ¿Hubo ilegitimidad, hubo maldad? No; hubo un error, hubo que discutir y barajar de nuevo. Creo que acá tenemos que hacer lo mismo y defender la ley de medios, no como forma jurídica solamente, sino como contenido.
Voy a discrepar con mi amigo Busso, porque no defiendo las entidades sin fines de lucro; defiendo las radios comunitarias, como están definidas en el artículo 4° de la ley, que después, en una maniobra, de la noche a la mañana, no usó más ese concepto. Se Sacó la expresión "comunitarias" para poner "sin fines de lucro". Ahí, entraron las fundaciones de los bancos y el sindicato de la UOCRA, que -dicho con mucho respeto- no es comunitario.
Yo defiendo las radios comunitarias; por ejemplo, estuve defendiendo a Antena Negra, por el atropello que sufrió cuando le mandaron a la policía -AFSCA fue uno de los que lo hizo-, y el otro día también estuve apoyando la presentación de Barricada.
Acá se habló de los contenidos, algo que me parece importante. Por eso, he estado y estoy en contra de esa deformación que fue el programa BACUA, que dependía del Ministerio de Economía, en el que se daban por válidos, como contenidos de todo el país, los que se aprobaban para el programa BACUA.
Estoy trabajando y escribiendo sobre el tema. Por tal motivo, voy a pedir a quienes participan en el equipo de la defensoría, las presentaciones que hicieron por el atropello a Antena Negra y por lo que significó atribuir contenido de Tierra del Fuego o de Misiones a los productores de algo que se hacía en la Capital Federal, que manejaba, en un 95 por ciento, el programa BACUA.
El tema es complicado. Yo no sé qué presentaciones hicieron en Washington por estos atropellos. Respecto de la cuota de pantalla del cine nacional, hice una presentación hace casi un año ante AFSCA, porque vengo del cine nacional, y he preguntado cómo se cumplía el artículo 67, de la cuota de pantalla. He reenviado la respuesta oportunamente.
AFSCA me contestó que Cablevisión facturaba 10.000 pesos por año y aportaba en función de eso. ¡Se dan cuenta de que es una barbaridad! ¡Factura mucho más! También me dijeron que cumplían con la cuota de pantalla, porque habían comprado el Canal 12 de Córdoba -que ya sabemos a quién pertenece- y que por 134 pesos tenían la última película de Burman; con eso nos decían que cumplían con la ley...
Yo estoy con la ley, la he defendido y la defenderé. Entiendo que no fue traición de la ex presidenta Kirchner proponer la participación de las telefónicas con las productoras, sino que fue un error que podemos corregir.
Asimismo, entiendo que no atender a lo que hoy han dicho muchos invitados también sería un grave error. Estoy trabajando para atenderlo, pero hablemos con la verdad. No puedo decir la frase canónica que decía el general, porque ya me trajo problemas, pero entre nosotros no vamos a adivinarnos la suerte; vamos a trabajar, pero defendamos bien.
Si pueden informarme cómo accionó la Defensoría del Usuario con Antena Negra, el incumplimiento de la cuota de pantalla del cine nacional y la producción, van a ayudarme, porque estoy trabajando y estudiando estos temas.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la señora Guembe.
SRA. GUEMBE Algunas cuestiones podemos enviárselas por correo electrónico, señor diputado; pero otras, ya pedí que me las mandaran, por ejemplo, el amicus curiae que presentamos defendiendo a la persona imputada de Antena Negra. Cabe mencionar que también denunciamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la señora diputada Schmidt Liermann.
SRA. SCHMIDT LIERMANN Señor presidente: agradezco esta convocatoria y la presencia de los invitados.
Quiero plantear un tema, independientemente de que tengamos un decreto o hayamos modificado una ley. Considero fundamental que, si tenemos la maravillosa posibilidad de hacer una ley mejor, concretamente, la hagamos. Lamentablemente, quedó demostrado que la ley anterior no se ha cumplido en muchos temas. Entonces, cuando una ley no se cumple, hay que preguntar por qué no se ha cumplido. Por ello, trataremos de sancionar la mejor ley.
Desde ya que el Poder Ejecutivo es gustoso de venir, vendrá y dialogará con ustedes, porque como bien dijo la vicepresidenta, tenemos que recuperar algo que nos enriquecerá a todos. Me refiero a la cultura del diálogo.
Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla del derecho humano a la comunicación y a la libertad de expresión, porque realmente es importante que esto exista y que se plasme en la verdad y en la práctica.
En mi opinión, otorgar la palabra no quiere decir acapararla. En la década pasada y, sobre todo, en los medios públicos de nuestro país, he sentido que se ha acaparado la palabra, y eso es lo que no debemos dejar que vuelva a suceder. Debemos tener medios que no sean gubernamentales sino de todos.
Quiero plantear un tema, independientemente de que tengamos un decreto o hayamos modificado una ley. Considero fundamental que, si tenemos la maravillosa posibilidad de hacer una ley mejor, concretamente, la hagamos. Lamentablemente, quedó demostrado que la ley anterior no se ha cumplido en muchos temas. Entonces, cuando una ley no se cumple, hay que preguntar por qué no se ha cumplido. Por ello, trataremos de sancionar la mejor ley.
Desde ya que el Poder Ejecutivo es gustoso de venir, vendrá y dialogará con ustedes, porque como bien dijo la vicepresidenta, tenemos que recuperar algo que nos enriquecerá a todos. Me refiero a la cultura del diálogo.
Hay que tener mucho cuidado cuando uno habla del derecho humano a la comunicación y a la libertad de expresión, porque realmente es importante que esto exista y que se plasme en la verdad y en la práctica.
En mi opinión, otorgar la palabra no quiere decir acapararla. En la década pasada y, sobre todo, en los medios públicos de nuestro país, he sentido que se ha acaparado la palabra, y eso es lo que no debemos dejar que vuelva a suceder. Debemos tener medios que no sean gubernamentales sino de todos.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor diputado Tomas.
SR. TOMAS Señor presidente: brevemente, quiero agradecer a todos ustedes la presencia a esta convocatoria de hoy. Vengo entusiasmado; yo no soy del ámbito de ustedes, pero siempre hemos estado en la discusión y en los debates.
Provengo de una provincia muy chiquita, que es la provincia de San Juan, y creo sinceramente que levantarme a la mañana y escuchar el tránsito o el clima en la Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires, no es federalismo, y eso, obviamente, nos preocupa muchísimo. Les comento un caso típico: mi mamá, mi abuela o quien sea, me pregunta: "¿viste lo que pasó?", a lo que respondo: "No, mami, eso pasó en Buenos Aires". (Risas.) Esto es lo que sufrimos nosotros en el interior; aunque a ustedes les parezca mentira, porque hay un bombardeo con estas cosas.
Quiero decirles que, como parte de mi bloque, hay una forma de pensar. Me opuse al DNU, y más allá de su contenido, que ustedes lo han expresado muy bien -y que comparto-, creo que es un decreto de necesidad y urgencia no sé si legítimo, pero abiertamente inconstitucional, porque la Corte Suprema de Justicia...
Provengo de una provincia muy chiquita, que es la provincia de San Juan, y creo sinceramente que levantarme a la mañana y escuchar el tránsito o el clima en la Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires, no es federalismo, y eso, obviamente, nos preocupa muchísimo. Les comento un caso típico: mi mamá, mi abuela o quien sea, me pregunta: "¿viste lo que pasó?", a lo que respondo: "No, mami, eso pasó en Buenos Aires". (Risas.) Esto es lo que sufrimos nosotros en el interior; aunque a ustedes les parezca mentira, porque hay un bombardeo con estas cosas.
Quiero decirles que, como parte de mi bloque, hay una forma de pensar. Me opuse al DNU, y más allá de su contenido, que ustedes lo han expresado muy bien -y que comparto-, creo que es un decreto de necesidad y urgencia no sé si legítimo, pero abiertamente inconstitucional, porque la Corte Suprema de Justicia...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. TOMAS Déjeme expresarme, porque estamos en la Comisión de Libertad de Expresión.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. TOMAS Abiertamente, la Corte Suprema de Justicia señaló cuáles son los dos elementos esenciales: la necesidad y la urgencia, lo dijo acá la señora Jaramillo, que me hace acordar a mi papá, porque Julio Jaramillo fue un gran cantante de boleros, y me recuerda mi infancia. (Risas.)
Creo que en esto hay que ser concretos, porque estamos hablando de un elemento constitucional, el decreto de necesidad y urgencia; pero hubo otras medidas. Además, el presidente, el Poder Ejecutivo, es el que convoca a sesiones extraordinarias, por lo que podríamos haber debatido el tema en tal circunstancia.
Por eso, nos opusimos al decreto, más allá del contenido, de lo resuelto, y de las autoridades, que no tuve el placer de conocer, creo que una sola vez vi a Sabbatella, cuando era diputado, como nosotros.
Coincido con que realmente esto es un derecho humano. Lo tengo tan claro, que cuando uno ve y escucha, como escuché al ministro decir que han cambiado las formas de pensar y esto es una cuestión de mercado, realmente estas declaraciones duelen mucho, porque yo sé lo que han peleado y discutido ustedes esta iniciativa; no me refiero solamente a ustedes sino a todo el debate que se planteó en la Cámara para lograr esta norma.
Acá se habló de los puntos de coincidencia que se tomaron como declaración de interés de la Cámara; me parece que esto es importante, como derechos adquiridos, para avanzar -si queremos-, con lo que propone cada una de las autoridades de esta comisión, en las modificaciones que puedan hacerse en la ley. Si vamos a tomar esto como base para discutir, hagámoslo pronto, porque el tema de los monopolios realmente nos preocupa muchísimo, ya que cada vez advertimos que avanza más.
Yo no entiendo esto de las telefónicas, por un lado, los cables, por el otro, o los canales abiertos. No puedo tener canal abierto y tengo cable, pero en nuestra provincia esto ocurre. No se puede tener este sistema, pero lo tiene telefónica; se prohibía tal cosa, pero ahora un cable lo tiene un canal abierto.
Entonces, me parece que acá se está concentrando la información, la comunicación. Yo también me siento -no sé cómo fue la expresión de la diputada- como avasallado, muchas veces, en la comunicación y en la información, y también estoy en este gobierno. Yo soy de la oposición, pero en este gobierno, por ahí, me siento avasallado en la comunicación y en la forma de expresión.
Así que mi propuesta concreta es la siguiente: tomemos los veintinueve principios de esta declaración, no volvamos para atrás y empecemos a avanzar en las modificaciones que podamos hacer en la ley y en los debates que puedan darse a futuro, en base a estos derechos ya adquiridos. Creo que estamos todos de acuerdo en modificar esta ley, y propongo que lo hagamos pronto.
Creo que en esto hay que ser concretos, porque estamos hablando de un elemento constitucional, el decreto de necesidad y urgencia; pero hubo otras medidas. Además, el presidente, el Poder Ejecutivo, es el que convoca a sesiones extraordinarias, por lo que podríamos haber debatido el tema en tal circunstancia.
Por eso, nos opusimos al decreto, más allá del contenido, de lo resuelto, y de las autoridades, que no tuve el placer de conocer, creo que una sola vez vi a Sabbatella, cuando era diputado, como nosotros.
Coincido con que realmente esto es un derecho humano. Lo tengo tan claro, que cuando uno ve y escucha, como escuché al ministro decir que han cambiado las formas de pensar y esto es una cuestión de mercado, realmente estas declaraciones duelen mucho, porque yo sé lo que han peleado y discutido ustedes esta iniciativa; no me refiero solamente a ustedes sino a todo el debate que se planteó en la Cámara para lograr esta norma.
Acá se habló de los puntos de coincidencia que se tomaron como declaración de interés de la Cámara; me parece que esto es importante, como derechos adquiridos, para avanzar -si queremos-, con lo que propone cada una de las autoridades de esta comisión, en las modificaciones que puedan hacerse en la ley. Si vamos a tomar esto como base para discutir, hagámoslo pronto, porque el tema de los monopolios realmente nos preocupa muchísimo, ya que cada vez advertimos que avanza más.
Yo no entiendo esto de las telefónicas, por un lado, los cables, por el otro, o los canales abiertos. No puedo tener canal abierto y tengo cable, pero en nuestra provincia esto ocurre. No se puede tener este sistema, pero lo tiene telefónica; se prohibía tal cosa, pero ahora un cable lo tiene un canal abierto.
Entonces, me parece que acá se está concentrando la información, la comunicación. Yo también me siento -no sé cómo fue la expresión de la diputada- como avasallado, muchas veces, en la comunicación y en la información, y también estoy en este gobierno. Yo soy de la oposición, pero en este gobierno, por ahí, me siento avasallado en la comunicación y en la forma de expresión.
Así que mi propuesta concreta es la siguiente: tomemos los veintinueve principios de esta declaración, no volvamos para atrás y empecemos a avanzar en las modificaciones que podamos hacer en la ley y en los debates que puedan darse a futuro, en base a estos derechos ya adquiridos. Creo que estamos todos de acuerdo en modificar esta ley, y propongo que lo hagamos pronto.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra la rectora Ana Jaramillo.
SRA. JARAMILLO Pedí la palabra para contestar al señor diputado Raffo sobre el tema de la legitimidad y la legalidad. Obviamente, yo dije que era legal; pero como también dije, no soy abogada, y por más que me digan que es un concepto polémico el que voy a decir -como me apunta el director del centro de derechos humanos de la universidad-, creo que las leyes deben salir de la conciencia jurídica popular, como sostenía algún teórico. Los representantes de un pueblo, que tienen conciencia de sus derechos, justamente le dan forma, discuten, debaten y elaboran una ley.
En todo caso dije que cuando trabaje acá hicimos muchos proyectos de ley, aclaro que yo no era senadora, pero sí asesora de un senador. Lo cierto es que una ley se modifica por otra ley; incluso, en la pesada herencia de la dictadura, nosotros modificamos por medio de una ley. Reitero: el presidente Alfonsín hizo sólo diez decretos de necesidad y urgencia.
Eso estaba acordado justamente con el presidente del bloque Justicialista y el presidente del bloque de la Unión Cívica Racial. Algunos artículos pueden modificarse por otra ley que esta casa debe justamente modificar, si hay algún tipo de inconveniente.
Por otra parte, en cuanto a la convergencia tecnológica, de la que se habló mucho, si vamos a derogar por decreto las leyes que están atrasadas tecnológicamente, porque no tienen algunos de los nuevos aparatos o aplicaciones tecnológicas, quiero decir que en la época en que yo trabajaba acá, teníamos una máquina IBM a bolita, ni siquiera había computadora. Entonces, si vamos a modificar por decreto todas las leyes que tienen algún componente tecnológico, tendríamos que eliminar muchas leyes.
Insisto en que la legitimidad viene del pueblo y no de las formas de hacer un DNU; podrían haberse modificado esos cuatro artículos, si tenían mayoría absoluta para hacerlo.
Lo cierto es que no se mandó un proyecto de modificación de una ley, se mandó un decreto, y no había necesidad ni urgencia. A muchos de nosotros, como pueblos originarios, comunidades, radios comunitarias, universidades, esto hizo que nos restara protagonismo. No se trata de que no podemos hacerlo, porque lo que no está prohibido está permitido; pero sabemos que es una pelea absolutamente desigual. Además, ya no tenemos representantes. Todo esto sucedió por un decreto. Sin embargo, podemos discutir los conceptos, aunque las palabras no tienen mucho sentido. Insisto: esto fue legal, pero en una democracia, los artículos de las leyes se modifican a través de otra ley. Así lo hicimos desde que logramos la recuperación de la democracia.
En todo caso dije que cuando trabaje acá hicimos muchos proyectos de ley, aclaro que yo no era senadora, pero sí asesora de un senador. Lo cierto es que una ley se modifica por otra ley; incluso, en la pesada herencia de la dictadura, nosotros modificamos por medio de una ley. Reitero: el presidente Alfonsín hizo sólo diez decretos de necesidad y urgencia.
Eso estaba acordado justamente con el presidente del bloque Justicialista y el presidente del bloque de la Unión Cívica Racial. Algunos artículos pueden modificarse por otra ley que esta casa debe justamente modificar, si hay algún tipo de inconveniente.
Por otra parte, en cuanto a la convergencia tecnológica, de la que se habló mucho, si vamos a derogar por decreto las leyes que están atrasadas tecnológicamente, porque no tienen algunos de los nuevos aparatos o aplicaciones tecnológicas, quiero decir que en la época en que yo trabajaba acá, teníamos una máquina IBM a bolita, ni siquiera había computadora. Entonces, si vamos a modificar por decreto todas las leyes que tienen algún componente tecnológico, tendríamos que eliminar muchas leyes.
Insisto en que la legitimidad viene del pueblo y no de las formas de hacer un DNU; podrían haberse modificado esos cuatro artículos, si tenían mayoría absoluta para hacerlo.
Lo cierto es que no se mandó un proyecto de modificación de una ley, se mandó un decreto, y no había necesidad ni urgencia. A muchos de nosotros, como pueblos originarios, comunidades, radios comunitarias, universidades, esto hizo que nos restara protagonismo. No se trata de que no podemos hacerlo, porque lo que no está prohibido está permitido; pero sabemos que es una pelea absolutamente desigual. Además, ya no tenemos representantes. Todo esto sucedió por un decreto. Sin embargo, podemos discutir los conceptos, aunque las palabras no tienen mucho sentido. Insisto: esto fue legal, pero en una democracia, los artículos de las leyes se modifican a través de otra ley. Así lo hicimos desde que logramos la recuperación de la democracia.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Para una aclaración tiene la palabra la señora diputada Banfi.
SRA. BANFI Señor presidente: quería hacer una aclaración al señor diputado Tomas.
Tiene todo el derecho de opinar. Solamente quise expresar mi postura, sin pretender sacarle el micrófono. Le aclaro que no veo ningún inconveniente en el hecho de disentir.
Tiene todo el derecho de opinar. Solamente quise expresar mi postura, sin pretender sacarle el micrófono. Le aclaro que no veo ningún inconveniente en el hecho de disentir.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor diputado Seminara.
SR. SEMINARA Señor presidente: agradezco a nuestros interlocutores, que fueron nuestros representantes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los asesores que están presentes y a los señores diputados.
El debate que se dio en la sesión sobre el tema de la necesidad y la urgencia nos lleva, en algún sentido, a lo que plantea la doctora Jaramillo: las leyes se reforman por leyes, no por decretos de necesidad y urgencia. Sin duda que entra en el terreno de lo subjetivo, la necesidad y la urgencia que tenía el gobierno de Mauricio Macri de derogar veintitrés artículos de la ley anterior, consagrar algunos derechos y cercenar otros.
Es cierto que los derechos que tenía el Grupo Clarín, consagrados por la ley anterior a la cual debía adecuarse y se negó sistemáticamente, llevaron a un debate en la Corte Suprema de Justicia que terminó dando la razón al Poder Ejecutivo y a quienes sosteníamos que la constitucionalidad era el camino de la desmonopolización del sistema de cables.
¿Qué hace el decreto de necesidad y urgencia? Consagra un nuevo derecho para el Grupo Clarín, sacándolo de lo regulado por la ley 26.522 y poniéndolo en el ámbito de las telecomunicaciones. Como dijo escuetamente el doctor Lopardo -quizás pasó inadvertido-, Clarín ya no es un prestador de servicios de televisión por un sistema de cable; ahora Clarín opera telecomunicaciones. Por lo tanto, podrá tener canal local, y habrá que ver cuál es el alcance de la nueva aclaración.
No se trata de decretos de necesidad y urgencia que vienen a reparar una cuestión de coyuntura y de emergencia, sino a dar un nuevo perfil a todo el sistema.
Este decreto de necesidad y urgencia que cuestionamos y seguiremos cuestionando, consagró derechos y excluyó, dentro del mismo segmento de grupos empresarios, a las telefónicas, por ejemplo, que las manda esperar dos, tres o cuatro años, para ser operador. En un sistema de convergencia, en un sistema de mercado, todos tienen los mismos derechos.
Nosotros no adscribimos a que sea el mercado quien regule las telecomunicaciones; nos oponemos terminantemente a eso, y esto vamos a defenderlo cuantas veces podamos, porque creemos que no hay igualdad de todos los ciudadanos para tener ese tipo de acceso, más ahora que vamos a ir hacia un sistema de convergencia.
Internet tiene que ser un derecho básico y garantizado para todos los ciudadanos; a más mercado, menos derechos para los más desposeídos. Es ahí, donde debe aparecer la figura del Estado, que no ha sido nombrada con la fuerza que nosotros creemos que debe ser nombrada.
Además, la propia ley, respecto de la constitución del consejo federal y de su directorio, tenía las herramientas para reformar lo relativo a la ejecución. Acá se ha hablado mucho de la gestión de Sabbatella, pero anteriormente hubo otros presidentes del directorio de la AFSCA, y también había un organismo de contralor, como bien dijo Néstor Busso -que fue presidente del consejo federal, durante los primeros dos años- que tenía herramientas para modificar y hasta someter a una evaluación la gestión del directorio y del presidente del directorio, en particular. En este sentido, juntando los votos necesarios, el propio reglamento de la autoridad federal concedía ese derecho. Pues bien, nada de eso se hizo. No hay ninguna presentación cuestionando la gestión del ex presidente Martín Sabbatella.
Más allá de que son ciertos los distintos procedimientos judiciales, y la mora que traía la regularización y la normalización del sistema de radiodifusión en la Argentina, no ha sido fácil pedir a Sabbatella resultados en menos de cuatro años. Lo demás es todo discutible.
Por otra parte, el diputado Raffo plantea cuestiones sobre la utilización del BACUA, y yo creo que este programa es un intento importante para federalizar la producción. Me parece que el sistema universitario -está la doctora Jaramillo, que puede dar fe de lo que voy a decir- ha sido uno de los grandes actores del BACUA, proveyendo una estructuración del propio CIN, en materia de producción audiovisual, generando regiones e integrando productoras de distintas universidades con productos de calidad.
Fundamentalmente, hay que reivindicar la idea de que esto nos permitirá a los argentinos ver la diversidad que tenemos y cómo piensa un chaqueño, un jujeño, un mendocino o un patagónico. Hoy eso está cuestionado, está prácticamente paralizado, y lo peor de todo es que no sabemos cómo va a seguir.
Tenemos que emprolijar o tratar de construir puntos de consensos más sólidos, sobre todo, en materia de concepción de derechos humanos, a futuro, porque si no vamos a entrar en el triste camino de la regresión en materia de derechos, que es algo que nos ha costado mucho a los argentinos. En ese sentido, agradezco que sea el diputado Carlotto quien presida esta comisión, porque es una manera de recordar permanentemente las cosas que han pasado en nuestra historia y que las responsabilidades no son para todos iguales.
El debate que se dio en la sesión sobre el tema de la necesidad y la urgencia nos lleva, en algún sentido, a lo que plantea la doctora Jaramillo: las leyes se reforman por leyes, no por decretos de necesidad y urgencia. Sin duda que entra en el terreno de lo subjetivo, la necesidad y la urgencia que tenía el gobierno de Mauricio Macri de derogar veintitrés artículos de la ley anterior, consagrar algunos derechos y cercenar otros.
Es cierto que los derechos que tenía el Grupo Clarín, consagrados por la ley anterior a la cual debía adecuarse y se negó sistemáticamente, llevaron a un debate en la Corte Suprema de Justicia que terminó dando la razón al Poder Ejecutivo y a quienes sosteníamos que la constitucionalidad era el camino de la desmonopolización del sistema de cables.
¿Qué hace el decreto de necesidad y urgencia? Consagra un nuevo derecho para el Grupo Clarín, sacándolo de lo regulado por la ley 26.522 y poniéndolo en el ámbito de las telecomunicaciones. Como dijo escuetamente el doctor Lopardo -quizás pasó inadvertido-, Clarín ya no es un prestador de servicios de televisión por un sistema de cable; ahora Clarín opera telecomunicaciones. Por lo tanto, podrá tener canal local, y habrá que ver cuál es el alcance de la nueva aclaración.
No se trata de decretos de necesidad y urgencia que vienen a reparar una cuestión de coyuntura y de emergencia, sino a dar un nuevo perfil a todo el sistema.
Este decreto de necesidad y urgencia que cuestionamos y seguiremos cuestionando, consagró derechos y excluyó, dentro del mismo segmento de grupos empresarios, a las telefónicas, por ejemplo, que las manda esperar dos, tres o cuatro años, para ser operador. En un sistema de convergencia, en un sistema de mercado, todos tienen los mismos derechos.
Nosotros no adscribimos a que sea el mercado quien regule las telecomunicaciones; nos oponemos terminantemente a eso, y esto vamos a defenderlo cuantas veces podamos, porque creemos que no hay igualdad de todos los ciudadanos para tener ese tipo de acceso, más ahora que vamos a ir hacia un sistema de convergencia.
Internet tiene que ser un derecho básico y garantizado para todos los ciudadanos; a más mercado, menos derechos para los más desposeídos. Es ahí, donde debe aparecer la figura del Estado, que no ha sido nombrada con la fuerza que nosotros creemos que debe ser nombrada.
Además, la propia ley, respecto de la constitución del consejo federal y de su directorio, tenía las herramientas para reformar lo relativo a la ejecución. Acá se ha hablado mucho de la gestión de Sabbatella, pero anteriormente hubo otros presidentes del directorio de la AFSCA, y también había un organismo de contralor, como bien dijo Néstor Busso -que fue presidente del consejo federal, durante los primeros dos años- que tenía herramientas para modificar y hasta someter a una evaluación la gestión del directorio y del presidente del directorio, en particular. En este sentido, juntando los votos necesarios, el propio reglamento de la autoridad federal concedía ese derecho. Pues bien, nada de eso se hizo. No hay ninguna presentación cuestionando la gestión del ex presidente Martín Sabbatella.
Más allá de que son ciertos los distintos procedimientos judiciales, y la mora que traía la regularización y la normalización del sistema de radiodifusión en la Argentina, no ha sido fácil pedir a Sabbatella resultados en menos de cuatro años. Lo demás es todo discutible.
Por otra parte, el diputado Raffo plantea cuestiones sobre la utilización del BACUA, y yo creo que este programa es un intento importante para federalizar la producción. Me parece que el sistema universitario -está la doctora Jaramillo, que puede dar fe de lo que voy a decir- ha sido uno de los grandes actores del BACUA, proveyendo una estructuración del propio CIN, en materia de producción audiovisual, generando regiones e integrando productoras de distintas universidades con productos de calidad.
Fundamentalmente, hay que reivindicar la idea de que esto nos permitirá a los argentinos ver la diversidad que tenemos y cómo piensa un chaqueño, un jujeño, un mendocino o un patagónico. Hoy eso está cuestionado, está prácticamente paralizado, y lo peor de todo es que no sabemos cómo va a seguir.
Tenemos que emprolijar o tratar de construir puntos de consensos más sólidos, sobre todo, en materia de concepción de derechos humanos, a futuro, porque si no vamos a entrar en el triste camino de la regresión en materia de derechos, que es algo que nos ha costado mucho a los argentinos. En ese sentido, agradezco que sea el diputado Carlotto quien presida esta comisión, porque es una manera de recordar permanentemente las cosas que han pasado en nuestra historia y que las responsabilidades no son para todos iguales.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ Señor presidente: agradezco la exposición que han hecho los invitados. Creo que sirve de mucho para comenzar un nuevo debate, porque ustedes sabrán que los debates de las legislaciones no se agotan con la sanción de una ley. En ese sentido, me parece muy oportuna la presencia de ustedes, y espero que además no se agote en esta oportunidad.
Sabemos que el decreto y su ratificación parlamentaria -cuestión que hay que mencionar-, se hicieron a través de las vías que establecen las normas vigentes y utilizadas durante varias décadas, para este tipo de normas, los decretos de necesidad y urgencias; vías que en el pasado han sido discutidas en su validez, y que son discutidas en el presente.
Les recuerdo, por ejemplo, que la Asignación Universal por Hijo fue un decreto de necesidad y urgencia, habiendo proyectos que podrían haberse discutido claramente en el Congreso de la Nación. Ese decreto fue muy criticado, no por el contenido sino por haber sido un decreto, porque cuando se convirtió en ley fue votado por todos. Por ello, la utilización de los decretos de necesidad y urgencia es un punto siempre en discusión.
En segundo lugar, se crea una instancia para la revisión de la ley, que no se derogó, sino que se modificó sustancialmente. En el debate de la nueva iniciativa tenemos que garantizar que permanezcan los derechos y los puntos positivos que contiene la ley de comunicaciones audiovisuales y obviamente evitar los vicios que tenía, porque el debate es continuo.
Obviamente, el federalismo es importante, al igual que es fundamental el equilibrio en la comunicación y la revisión de las organizaciones, tanto legales como regulatorias de las plataformas, pero debemos ponernos de acuerdo, desde un punto de vista político, sobre qué decimos cuando decimos ciertas cosas.
Cuando decimos "los poderosos", ¿nos referimos solamente a Clarín o a Clarín y a Telefe? Siempre escucho hablar de Clarín y nunca de Telefe. De hecho, pareció que hubo una guerra santa. Esto me da pie para hablar de otro tema relacionado no solamente con lo que establecía y establece la ley de medios audiovisuales sino también de lo que se utilizó y aplicó.
Cabe mencionar que mucho de lo que pasó y generó críticas, no fue tanto por lo que establecía la ley sino por cómo se aplicó, porque efectivamente la guerra santa contra Clarín hizo que Telefe nunca se adecuara y que los otros medios que estaban obligados a la adecuación tampoco lo hicieran. ¿Quién ganó? Ciertamente la ley no ganó y tampoco la ciudadanía. Siempre fue reprochable la aplicación de la iniciativa, y creo que en ese punto varios de nosotros estamos de acuerdo.
La tercera cuestión que mencionaré es una anécdota que se produjo cuando venía en un taxi hacia esta reunión, pues el taxista estaba escuchando una radio que transmitía noticias de Córdoba, claramente no eran de esta ciudad. Me parece muy bien que medios que se generan en distintas partes del país puedan ser transmitidos en otros lugares. Todo el mundo sabe, sobre todo quienes hacemos política, que nos interesa ser escuchados en varias regiones del país. No interesa salir solamente en Telefe o en Radio Mitre sino también en Cadena 3 y en otros medios; es decir, trascender las fronteras del lugar donde uno produjo la información, eso es pluralidad.
Es importantísimo resaltar que hay que preservar la comunicación, la generación de contenido y la posibilidad de difusión, más allá de lo comercial. Si solamente queda lo lucrativo o comercial, no estamos garantizando el derecho humano a la comunicación.
También debemos saber cómo se sostienen esas otras formas de organización de comunicación o generación de contenido. Ahí se presenta otra discusión. Uno dice que antes había muchos medios y ahora están cayendo, tenemos que saber de dónde venía el dinero para que algunos de esos medios se sostuvieran, si era equitativo o no, y si fue legal o no la utilización de esos recursos públicos. Todo eso tiene que formar parte de esta discusión, que no es lo que ocurrió en el pasado. No quiero ser injusto, probablemente haya formado parte, pero no ha primado en la ley y mucho menos en su aplicación.
Para cerrar -porque acá no venimos a agotar el debate sino a abrirlo-, queremos garantizar los derechos humanos, sobre todo el derecho humano a la comunicación. No podemos obligar al ciudadano a que escuche, lea o mire lo que nosotros queremos; por el contrario, debemos garantizar la posibilidad de que ingresen muchos medios o voces en su casa, en su móvil, en su tablet, en su rancho o donde esté. Eso es disponibilidad de la pluralidad de voces. Ahora bien, no podemos quejarnos si un periodista, un programa o un medio es preferido mayoritariamente por la audiencia, porque, en definitiva, son ciudadanos libres que están eligiendo escuchar un mensaje y rechazar otro. Esto también forma parte de la garantía del derecho básico de la libertad de expresión.
Entonces, miremos qué hacemos con los poderosos, pero no nos quejemos si los ciudadanos deciden escuchar a unos y no escuchar a otros.
Dicho esto -creo que han hablado mucho más ustedes que nosotros-, reitero el compromiso de trabajar sobre la ley a fin de que amplíe derechos, pero que revise los vicios del pasado.
Sabemos que el decreto y su ratificación parlamentaria -cuestión que hay que mencionar-, se hicieron a través de las vías que establecen las normas vigentes y utilizadas durante varias décadas, para este tipo de normas, los decretos de necesidad y urgencias; vías que en el pasado han sido discutidas en su validez, y que son discutidas en el presente.
Les recuerdo, por ejemplo, que la Asignación Universal por Hijo fue un decreto de necesidad y urgencia, habiendo proyectos que podrían haberse discutido claramente en el Congreso de la Nación. Ese decreto fue muy criticado, no por el contenido sino por haber sido un decreto, porque cuando se convirtió en ley fue votado por todos. Por ello, la utilización de los decretos de necesidad y urgencia es un punto siempre en discusión.
En segundo lugar, se crea una instancia para la revisión de la ley, que no se derogó, sino que se modificó sustancialmente. En el debate de la nueva iniciativa tenemos que garantizar que permanezcan los derechos y los puntos positivos que contiene la ley de comunicaciones audiovisuales y obviamente evitar los vicios que tenía, porque el debate es continuo.
Obviamente, el federalismo es importante, al igual que es fundamental el equilibrio en la comunicación y la revisión de las organizaciones, tanto legales como regulatorias de las plataformas, pero debemos ponernos de acuerdo, desde un punto de vista político, sobre qué decimos cuando decimos ciertas cosas.
Cuando decimos "los poderosos", ¿nos referimos solamente a Clarín o a Clarín y a Telefe? Siempre escucho hablar de Clarín y nunca de Telefe. De hecho, pareció que hubo una guerra santa. Esto me da pie para hablar de otro tema relacionado no solamente con lo que establecía y establece la ley de medios audiovisuales sino también de lo que se utilizó y aplicó.
Cabe mencionar que mucho de lo que pasó y generó críticas, no fue tanto por lo que establecía la ley sino por cómo se aplicó, porque efectivamente la guerra santa contra Clarín hizo que Telefe nunca se adecuara y que los otros medios que estaban obligados a la adecuación tampoco lo hicieran. ¿Quién ganó? Ciertamente la ley no ganó y tampoco la ciudadanía. Siempre fue reprochable la aplicación de la iniciativa, y creo que en ese punto varios de nosotros estamos de acuerdo.
La tercera cuestión que mencionaré es una anécdota que se produjo cuando venía en un taxi hacia esta reunión, pues el taxista estaba escuchando una radio que transmitía noticias de Córdoba, claramente no eran de esta ciudad. Me parece muy bien que medios que se generan en distintas partes del país puedan ser transmitidos en otros lugares. Todo el mundo sabe, sobre todo quienes hacemos política, que nos interesa ser escuchados en varias regiones del país. No interesa salir solamente en Telefe o en Radio Mitre sino también en Cadena 3 y en otros medios; es decir, trascender las fronteras del lugar donde uno produjo la información, eso es pluralidad.
Es importantísimo resaltar que hay que preservar la comunicación, la generación de contenido y la posibilidad de difusión, más allá de lo comercial. Si solamente queda lo lucrativo o comercial, no estamos garantizando el derecho humano a la comunicación.
También debemos saber cómo se sostienen esas otras formas de organización de comunicación o generación de contenido. Ahí se presenta otra discusión. Uno dice que antes había muchos medios y ahora están cayendo, tenemos que saber de dónde venía el dinero para que algunos de esos medios se sostuvieran, si era equitativo o no, y si fue legal o no la utilización de esos recursos públicos. Todo eso tiene que formar parte de esta discusión, que no es lo que ocurrió en el pasado. No quiero ser injusto, probablemente haya formado parte, pero no ha primado en la ley y mucho menos en su aplicación.
Para cerrar -porque acá no venimos a agotar el debate sino a abrirlo-, queremos garantizar los derechos humanos, sobre todo el derecho humano a la comunicación. No podemos obligar al ciudadano a que escuche, lea o mire lo que nosotros queremos; por el contrario, debemos garantizar la posibilidad de que ingresen muchos medios o voces en su casa, en su móvil, en su tablet, en su rancho o donde esté. Eso es disponibilidad de la pluralidad de voces. Ahora bien, no podemos quejarnos si un periodista, un programa o un medio es preferido mayoritariamente por la audiencia, porque, en definitiva, son ciudadanos libres que están eligiendo escuchar un mensaje y rechazar otro. Esto también forma parte de la garantía del derecho básico de la libertad de expresión.
Entonces, miremos qué hacemos con los poderosos, pero no nos quejemos si los ciudadanos deciden escuchar a unos y no escuchar a otros.
Dicho esto -creo que han hablado mucho más ustedes que nosotros-, reitero el compromiso de trabajar sobre la ley a fin de que amplíe derechos, pero que revise los vicios del pasado.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales.
SR. PALMIERI Señor presidente: también soy de la Universidad Nacional de Lanús.
Solamente porque me parecieron importantes algunas cuestiones que planteó la comisión, muy brevemente hago unas aclaraciones, en términos de este debate y de los problemas de implementación.
La comisión felicitó la presencia de los peticionantes -de hecho, concedió la audiencia-, agradeció y felicitó la presencia del Estado y, al mismo tiempo, las iniciativas y las propuestas de gobierno, que habían enviado o enunciado enviar. Sin embargo, uno de los comisionados señaló claramente -como había señalado en los anteriores problemas de implementación, pero esta vez fue más allá de dicho problema- que no veía en la nueva regulación cómo se garantizaba la no concentración. Entonces, ahí hay un problema de violación de derechos humanos vigente, en términos de intranquilidad.
La otra cuestión que planteó también muy claramente el relator, que además es autónomo de la comisión -en esa línea, hasta que no se solucione, es probable que aparezca en los próximos informes-, tiene que ver con violaciones a los derechos humanos por parte del Estado argentino, el cual integramos. La cuestión de que conforme estaba regulado el ente de aplicación, no cumplía los estándares de derechos humanos, ya no es problema de implementación de una ley sino de la normativa vigente. Esto también me parece útil, en términos de poder modificarlo. Esto se vio claramente en la audiencia; estas son las palabras de los funcionarios en la audiencia y me parece que se transmitió.
Es importante, tanto para tener en cuenta en la próxima ley como para una comisión y un Congreso que tiene integrantes en los entes de implementación -ya sea por pedido de informes o por lo que fuera-, controlar que esas cuestiones se corrijan, porque los gravámenes se van cometiendo a medida que estas violaciones sigan vigentes. Es decir, no es solo una preocupación por la nueva legislación, sino que la comisión también planteó que la actual normativa, en la medida en que no garantiza la no concentración y un ente de aplicación, que no tenía la participación y otros requisitos necesarios, vulnera temas de derechos humanos.
Solamente porque me parecieron importantes algunas cuestiones que planteó la comisión, muy brevemente hago unas aclaraciones, en términos de este debate y de los problemas de implementación.
La comisión felicitó la presencia de los peticionantes -de hecho, concedió la audiencia-, agradeció y felicitó la presencia del Estado y, al mismo tiempo, las iniciativas y las propuestas de gobierno, que habían enviado o enunciado enviar. Sin embargo, uno de los comisionados señaló claramente -como había señalado en los anteriores problemas de implementación, pero esta vez fue más allá de dicho problema- que no veía en la nueva regulación cómo se garantizaba la no concentración. Entonces, ahí hay un problema de violación de derechos humanos vigente, en términos de intranquilidad.
La otra cuestión que planteó también muy claramente el relator, que además es autónomo de la comisión -en esa línea, hasta que no se solucione, es probable que aparezca en los próximos informes-, tiene que ver con violaciones a los derechos humanos por parte del Estado argentino, el cual integramos. La cuestión de que conforme estaba regulado el ente de aplicación, no cumplía los estándares de derechos humanos, ya no es problema de implementación de una ley sino de la normativa vigente. Esto también me parece útil, en términos de poder modificarlo. Esto se vio claramente en la audiencia; estas son las palabras de los funcionarios en la audiencia y me parece que se transmitió.
Es importante, tanto para tener en cuenta en la próxima ley como para una comisión y un Congreso que tiene integrantes en los entes de implementación -ya sea por pedido de informes o por lo que fuera-, controlar que esas cuestiones se corrijan, porque los gravámenes se van cometiendo a medida que estas violaciones sigan vigentes. Es decir, no es solo una preocupación por la nueva legislación, sino que la comisión también planteó que la actual normativa, en la medida en que no garantiza la no concentración y un ente de aplicación, que no tenía la participación y otros requisitos necesarios, vulnera temas de derechos humanos.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor Luis Lázaro.
SR. LÁZARO Señor presidente: quiero hacer algunos comentarios y aclaraciones, saludando que me parece que hay un espíritu bastante consensuado, en el sentido de que no se está impugnando el contenido de la norma, que vemos que sigue vigente, sino básicamente su implementación o su no implementación en algunos aspectos.
Una pequeña cuestión respecto de lo que decía el diputado Sánchez. Por supuesto que estamos de acuerdo con que la norma debe incluir y abarcar el conjunto de los actores económicos concentrados, con nombre y apellido: Telefónica, Telecom, los grandes operadores; Telefónica y Telecom, junto a Cablevisión, son los tres actores principales del mercado de Internet, que hoy es uno de los elementos centrales para asegurar libertad de acceso, navegación y neutralidad de redes. Creemos que todo eso tiene que estar en el debate.
Quería hacer un comentario respecto de lo que planteaba la diputada Banfi en relación con el diálogo, que por supuesto compartimos y estamos absolutamente de acuerdo. Tanto es así que pedimos una reunión con ella y nos reunimos con sus asesoras para presentarles veintiún nuevos puntos, con toda la disposición de trabajar y escuchar. Lo mismo hicimos con el diputado Brügge, que preside la Comisión de Comunicaciones e Informática -un diputado de Córdoba, perteneciente a UNA, si no recuerdo mal-, y con Remo Carlotto, el presidente de la Comisión de libertad y Expresión. Por lo tanto, esta disposición al diálogo es independiente de los colores políticos y los posicionamientos en relación con el oficialismo o la oposición.
Lo que sí me interesa comentar es que cuando decimos: "solo se tocaron veintipico de artículos", entre tantos, lo que no se está entendiendo es que la ley en sí misma es una arquitectura jurídica que funciona como una lógica integral.
Entonces, cuando uno mete mano a una parte, que es la más jugosa del mercado, lo que está haciendo es desbalancear toda la arquitectura jurídica de esa norma, y la está privando de una consideración global.
Solamente el principal operador de cable, en su balance del año pasado, declaró 1.200 millones de dólares que ahora quedan fuera de esta discusión, con una apertura de mercado que permite que avance sobre los más chicos. Este es un riesgo concreto, real y, como acaba de decir el doctor, está habilitado y en vigencia jurídicamente.
Quería reflexionar sobre dos de las cosas que se cayeron junto con el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual para que entiendan también la arquitectura integral.
Una de las misiones del consejo federal era hacer el calendario de eventos de interés relevante de tipo semestral, es decir, los eventos de obligatoria transmisión por aire y gratuitos en todo el país. ¿Dónde está esa facultad ahora, mientras se empieza a discutir qué se hace con los derechos del fútbol?
Entonces, sin hacer mención de estas cuestiones, de repente, junto con la disolución de un organismo se diluyen también funciones esenciales que tienen que ver con el derecho de acceso y con uno de los principios -consagrado en la directiva europea en el Pacto de San José de Costa Rica de la Convención sobre Derechos Humanos-, que es el derecho al acceso a eventos de interés relevante por parte de toda la ciudadanía en forma gratuita. ¿Dónde se va a discutir esto? No lo sabemos.
Este consejo federal tenía también entre sus funciones importantes, elaborar los criterios de los pliegos de bases y condiciones para acceder a las licencias. La pregunta es ¿quién lo va a discutir? ¿Cómo se va a resolver?
Reitero, es un organismo con amplia participación de todas las provincias. Lo explicó bien Néstor Busso. Por lo tanto, lo que quiero destacar es que hay una arquitectura que debemos empezar a considerar, porque ahora se va a complicar, si nos metemos -y creo que hay que hacerlo- en el mundo de las nuevas tecnologías, la información y la comunicación. Este es el desafío.
Quiero terminar con una cita del jurista norteamericano Owen Fiss, que la Corte Suprema ratificó como principio y doctrina jurídica. Él dice que muchas veces es necesario regular el volumen de la voz de los muy poderosos para que la voz de los débiles pueda escucharse. Este debe ser el norte que tiene que orientarnos. (Aplausos.)
Una pequeña cuestión respecto de lo que decía el diputado Sánchez. Por supuesto que estamos de acuerdo con que la norma debe incluir y abarcar el conjunto de los actores económicos concentrados, con nombre y apellido: Telefónica, Telecom, los grandes operadores; Telefónica y Telecom, junto a Cablevisión, son los tres actores principales del mercado de Internet, que hoy es uno de los elementos centrales para asegurar libertad de acceso, navegación y neutralidad de redes. Creemos que todo eso tiene que estar en el debate.
Quería hacer un comentario respecto de lo que planteaba la diputada Banfi en relación con el diálogo, que por supuesto compartimos y estamos absolutamente de acuerdo. Tanto es así que pedimos una reunión con ella y nos reunimos con sus asesoras para presentarles veintiún nuevos puntos, con toda la disposición de trabajar y escuchar. Lo mismo hicimos con el diputado Brügge, que preside la Comisión de Comunicaciones e Informática -un diputado de Córdoba, perteneciente a UNA, si no recuerdo mal-, y con Remo Carlotto, el presidente de la Comisión de libertad y Expresión. Por lo tanto, esta disposición al diálogo es independiente de los colores políticos y los posicionamientos en relación con el oficialismo o la oposición.
Lo que sí me interesa comentar es que cuando decimos: "solo se tocaron veintipico de artículos", entre tantos, lo que no se está entendiendo es que la ley en sí misma es una arquitectura jurídica que funciona como una lógica integral.
Entonces, cuando uno mete mano a una parte, que es la más jugosa del mercado, lo que está haciendo es desbalancear toda la arquitectura jurídica de esa norma, y la está privando de una consideración global.
Solamente el principal operador de cable, en su balance del año pasado, declaró 1.200 millones de dólares que ahora quedan fuera de esta discusión, con una apertura de mercado que permite que avance sobre los más chicos. Este es un riesgo concreto, real y, como acaba de decir el doctor, está habilitado y en vigencia jurídicamente.
Quería reflexionar sobre dos de las cosas que se cayeron junto con el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual para que entiendan también la arquitectura integral.
Una de las misiones del consejo federal era hacer el calendario de eventos de interés relevante de tipo semestral, es decir, los eventos de obligatoria transmisión por aire y gratuitos en todo el país. ¿Dónde está esa facultad ahora, mientras se empieza a discutir qué se hace con los derechos del fútbol?
Entonces, sin hacer mención de estas cuestiones, de repente, junto con la disolución de un organismo se diluyen también funciones esenciales que tienen que ver con el derecho de acceso y con uno de los principios -consagrado en la directiva europea en el Pacto de San José de Costa Rica de la Convención sobre Derechos Humanos-, que es el derecho al acceso a eventos de interés relevante por parte de toda la ciudadanía en forma gratuita. ¿Dónde se va a discutir esto? No lo sabemos.
Este consejo federal tenía también entre sus funciones importantes, elaborar los criterios de los pliegos de bases y condiciones para acceder a las licencias. La pregunta es ¿quién lo va a discutir? ¿Cómo se va a resolver?
Reitero, es un organismo con amplia participación de todas las provincias. Lo explicó bien Néstor Busso. Por lo tanto, lo que quiero destacar es que hay una arquitectura que debemos empezar a considerar, porque ahora se va a complicar, si nos metemos -y creo que hay que hacerlo- en el mundo de las nuevas tecnologías, la información y la comunicación. Este es el desafío.
Quiero terminar con una cita del jurista norteamericano Owen Fiss, que la Corte Suprema ratificó como principio y doctrina jurídica. Él dice que muchas veces es necesario regular el volumen de la voz de los muy poderosos para que la voz de los débiles pueda escucharse. Este debe ser el norte que tiene que orientarnos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor diputado Seminara.
SR. SEMINARA Señor presidente: quiero aclarar que Cadena 3 no puede escucharse en la Capital Federal y es parte de la ilegalidad que hay en materia de radiodifusión.
Cadena 3 es una emisora de amplitud modulada, LV3, que sólo tiene área de cobertura en la provincia de Córdoba. Se la escucha aquí porque la retornan y la retransmiten algunas frecuencias moduladas, lo que le permite tener un volumen de más de 40 emisoras enlazadas en una cadena que es ilegal e ilegítima.
Cadena 3 es una emisora de amplitud modulada, LV3, que sólo tiene área de cobertura en la provincia de Córdoba. Se la escucha aquí porque la retornan y la retransmiten algunas frecuencias moduladas, lo que le permite tener un volumen de más de 40 emisoras enlazadas en una cadena que es ilegal e ilegítima.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Tiene la palabra el señor Busso.
SR. BUSSO En primer lugar quiero expresar nuestra satisfacción, porque parece haber acuerdo en que la comunicación es un derecho humano y que una nueva legislación va a encararse bajo ese concepto. Eso, señora diputada Banfi, nos tranquiliza.
El problema es qué pasa mientras tanto. Aquí hay diputados que, con todo derecho, por supuesto, cuestionan la implementación de la ley.
Desde el consejo federal yo cuestioné, y está en las actas del mismo, muchos aspectos de la implementación de la ley.
El problema es que la ley estuvo suspendida cuatro años por una cuestión judicial. Ustedes conocen el tema. La ley recién fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia en 2013. Entonces, ¿qué podía hacerse mientras tanto? No podía aplicarse la ley.
Ahora dicen que la ley no se aplicaba y no se cumplía; permanentemente fue judicializada, prácticamente todas las resoluciones de la AFSCA fueron judicializadas. Eduardo Seminara, que fue miembro del directorio, puede dar testimonio de esto. Es claro que, en muchos aspectos, la ley no se cumplió; pero ¿por qué? Porque estaba trabada por cuestiones judiciales. Eso lo vimos todos.
Sin embargo, en lugar de destrabar y avanzar en la aplicación de la ley, se volvió atrás. ¿Cuáles son los aspectos sustanciales que se cambiaron? Todos los que había cuestionado el Grupo Clarín en su demanda judicial y que la Corte declaró constitucionales. No se modificaron cuestiones que estuvieron pendientes de aplicación por decisión del Poder Ejecutivo; aunque hubo decisiones del Poder Ejecutivo que yo, desde el consejo federal, no compartí y las cuestioné. En todo caso, había remedios establecidos por la propia ley para corregir esas cuestiones, que de hecho no se aplicaron. Entonces, podemos discutir mucho el pasado.
Ahora se nos promete un futuro de respeto a los estándares internacionales. Mientras tanto, están avanzando los grupos económicos concentrados. ¿Hace falta que yo diga -creo que ustedes lo saben- qué fusiones en estos días o qué compra-venta hubo de servicios de comunicación audiovisual y de servicios de telecomunicación? ¿Cómo se vuelve atrás de ese avance en la concentración que se produjo en solo dos meses, enero y febrero? ¿Cómo volvemos atrás para desarmar ese proceso de concentración?
La delegación del gobierno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que la nueva ley va a respetar estándares internacionales. Podemos creerles; podemos decir vamos a dialogar y conversar; estamos dispuestos a ese diálogo, pero ¿qué pasa con lo que ya está avanzando?
Nos prometen muchos medios. El problema no es que sean muchos, sino que sean diversos; son dos conceptos distintos.
Yo soy patagónico, rionegrino, y trabajo en una radio comunitaria que fundamos hace veintiséis años. Allá tenemos la competencia ilegal de las radios de Buenos Aires que, con una computadora y un transmisor, sin personal, sin gente, transmiten y hacen competencia. Eso borra las identidades locales y culturales. Si esto es una cuestión de mercado, ¿cómo hacemos para que estén todos y en cada lugar podamos construir nuestra propia identidad y dar el debate ciudadano que cada lugar necesita? Esto es lo que se está borrando en este momento.
Necesitamos debatir una nueva ley, no hay problema. Una ley, se cambia por otra ley, debatámosla; estamos dispuestos a participar de ese debate, pero preguntamos, con todo respeto, cuánto tiempo vamos a demorar. Mientras tanto seguimos postergado, y lo que habíamos avanzado, lo retrocedimos; mientras tanto, estamos claramente violando estándares internacionales.
En cuanto al punto que planteó el amigo y diputado Raffo respecto de los medios comunitarios, es algo que discutimos mucho y es un debate internacional. Yo he representado a los medios comunitarios en muchos foros, nacionales e internacionales. Si encuentran una fórmula jurídica para definir los medios comunitarios, bienvenida. El diputado Raffo presentó una fórmula que discutimos y no resolvía el problema. Lo que encontramos es la definición "sin fines de lucro", pero después hay que regular.
Lo que no queremos los medios comunitarios es ser los pobres y los pequeños. No queremos que los medios comunitarios hablen en voz baja entre los pobres, siendo válvulas de escape de un sistema concentrado. Queremos ser una voz que pueda estar al mismo nivel que las otras voces, desde una finalidad distinta al lucro empresario: radios educativas, radios culturales, deportivas, religiosas, etcétera.
Finalmente, y esto tiene que ver con un vicio de periodista, cuidado con el nombre que le ponemos a las cosas. La llamada ley de medios, no se llama así, es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sr. Raffo.- Quiero hacer uso de la palabra, porque fui mencionado.
El problema es qué pasa mientras tanto. Aquí hay diputados que, con todo derecho, por supuesto, cuestionan la implementación de la ley.
Desde el consejo federal yo cuestioné, y está en las actas del mismo, muchos aspectos de la implementación de la ley.
El problema es que la ley estuvo suspendida cuatro años por una cuestión judicial. Ustedes conocen el tema. La ley recién fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia en 2013. Entonces, ¿qué podía hacerse mientras tanto? No podía aplicarse la ley.
Ahora dicen que la ley no se aplicaba y no se cumplía; permanentemente fue judicializada, prácticamente todas las resoluciones de la AFSCA fueron judicializadas. Eduardo Seminara, que fue miembro del directorio, puede dar testimonio de esto. Es claro que, en muchos aspectos, la ley no se cumplió; pero ¿por qué? Porque estaba trabada por cuestiones judiciales. Eso lo vimos todos.
Sin embargo, en lugar de destrabar y avanzar en la aplicación de la ley, se volvió atrás. ¿Cuáles son los aspectos sustanciales que se cambiaron? Todos los que había cuestionado el Grupo Clarín en su demanda judicial y que la Corte declaró constitucionales. No se modificaron cuestiones que estuvieron pendientes de aplicación por decisión del Poder Ejecutivo; aunque hubo decisiones del Poder Ejecutivo que yo, desde el consejo federal, no compartí y las cuestioné. En todo caso, había remedios establecidos por la propia ley para corregir esas cuestiones, que de hecho no se aplicaron. Entonces, podemos discutir mucho el pasado.
Ahora se nos promete un futuro de respeto a los estándares internacionales. Mientras tanto, están avanzando los grupos económicos concentrados. ¿Hace falta que yo diga -creo que ustedes lo saben- qué fusiones en estos días o qué compra-venta hubo de servicios de comunicación audiovisual y de servicios de telecomunicación? ¿Cómo se vuelve atrás de ese avance en la concentración que se produjo en solo dos meses, enero y febrero? ¿Cómo volvemos atrás para desarmar ese proceso de concentración?
La delegación del gobierno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que la nueva ley va a respetar estándares internacionales. Podemos creerles; podemos decir vamos a dialogar y conversar; estamos dispuestos a ese diálogo, pero ¿qué pasa con lo que ya está avanzando?
Nos prometen muchos medios. El problema no es que sean muchos, sino que sean diversos; son dos conceptos distintos.
Yo soy patagónico, rionegrino, y trabajo en una radio comunitaria que fundamos hace veintiséis años. Allá tenemos la competencia ilegal de las radios de Buenos Aires que, con una computadora y un transmisor, sin personal, sin gente, transmiten y hacen competencia. Eso borra las identidades locales y culturales. Si esto es una cuestión de mercado, ¿cómo hacemos para que estén todos y en cada lugar podamos construir nuestra propia identidad y dar el debate ciudadano que cada lugar necesita? Esto es lo que se está borrando en este momento.
Necesitamos debatir una nueva ley, no hay problema. Una ley, se cambia por otra ley, debatámosla; estamos dispuestos a participar de ese debate, pero preguntamos, con todo respeto, cuánto tiempo vamos a demorar. Mientras tanto seguimos postergado, y lo que habíamos avanzado, lo retrocedimos; mientras tanto, estamos claramente violando estándares internacionales.
En cuanto al punto que planteó el amigo y diputado Raffo respecto de los medios comunitarios, es algo que discutimos mucho y es un debate internacional. Yo he representado a los medios comunitarios en muchos foros, nacionales e internacionales. Si encuentran una fórmula jurídica para definir los medios comunitarios, bienvenida. El diputado Raffo presentó una fórmula que discutimos y no resolvía el problema. Lo que encontramos es la definición "sin fines de lucro", pero después hay que regular.
Lo que no queremos los medios comunitarios es ser los pobres y los pequeños. No queremos que los medios comunitarios hablen en voz baja entre los pobres, siendo válvulas de escape de un sistema concentrado. Queremos ser una voz que pueda estar al mismo nivel que las otras voces, desde una finalidad distinta al lucro empresario: radios educativas, radios culturales, deportivas, religiosas, etcétera.
Finalmente, y esto tiene que ver con un vicio de periodista, cuidado con el nombre que le ponemos a las cosas. La llamada ley de medios, no se llama así, es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sr. Raffo.- Quiero hacer uso de la palabra, porque fui mencionado.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Sí, señor diputado.
SR. RAFFO Señor presidente: quiero hacer una corrección. La judicialización da derechos al que la interpone y solo por el artículo de la concentración. El resto de los artículos de la ley de medios -y creo que alguna vez lo conversamos con el amigo Lázaro- no fue afectado y muchos no fueron cumplidos.
Estoy trabajando en un proyecto que es una propuesta que puede interesar y se puede corregir. Voy a solicitar que se lo alcancen o se lo mando yo, para mantener el buen trato que siempre hemos tenido.
Estoy trabajando en un proyecto que es una propuesta que puede interesar y se puede corregir. Voy a solicitar que se lo alcancen o se lo mando yo, para mantener el buen trato que siempre hemos tenido.
SR. PRESIDENTE CARLOTTO Para ir concluyendo la reunión, voy a expresar mi opinión. No puedo salir de lo que fue mi pronunciamiento durante el debate del decreto de necesidad y urgencia que tuvimos hace pocos días en la Cámara de Diputados.
Considero que lo que estamos discutiendo es la preocupación frente a dar una vuelta de tuerca y generar nuevamente un cambio de paradigma: de los derechos al mercado. Es decir, la idea de que volvemos a un esquema en el que la discusión central está sobre el eje del mercado. Desde el trabajo en esta comisión estamos proponiendo mantener y sostener la idea de los derechos, como un eje esencial en este tema.
Coincidimos sobre el final del debate respecto de que lo que se había hecho no era una anulación de la ley sino la eliminación de determinados artículos. Desde mi perspectiva, se trató de una modificación de carácter quirúrgico, pues aquello significaba beneficiar a actores con nombre y apellido, es decir, estaba muy claramente direccionado.
Tal como ha sido planteado en cada una de las exposiciones que tuvimos, me parece que tenemos la posibilidad de seguir dando batalla, es decir, generar la discusión necesaria sobre los derechos conseguidos, así como también las modificaciones que deban realizarse, porque todos tenemos miradas críticas sobre el funcionamiento.
No acuerdo con la idea de que por la forma en la que se mueve una autoridad o las características de la ejecución de una ley, se cercenen derechos pensando que de esa manera se garantizará una actitud diferente sobre el manejo. Esto fue claramente expresado aquí en relación con la involución que ha significado este decreto.
Quiero comentar que hace diez años que soy diputado y durante ocho años fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de esta Cámara. A nivel metodológico, siempre buscamos generar estos caminos de participación. Para nosotros es central la idea de discutir, clarificar, debatir y generar la fricción y la contraposición de posturas, que nos enriquezcan en lugar de limitarnos.
Por eso, proponemos una agenda. La presidencia de esta comisión tiene una gran preocupación por lo que ha sido el funcionamiento y la derivación de proyectos a este ámbito. En este sentido, solicito la colaboración de todos los diputados y de las diputadas para que los temas que efectivamente corresponden a esta comisión, tengan el giro pertinente.
Por mi parte, di esta batalla en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, porque muchas veces los proyectos no tuvieron el giro correspondiente. Hay cuestiones importantes vinculadas con la creación de esta comisión, así como lo expresado por los pactos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, atribuciones, etcétera. Por ejemplo, el acceso a la información no fue un tema tratado por esta comisión. Nosotros solicitamos el cambio de giro, pero eso no sucedió. Probablemente, mañana tengamos dictamen, y una parte de esta discusión no será escuchada, aunque exista otra mirada que puede sumar aportes.
Por último, tenemos una propuesta y pedimos colaboración a los diputados y a las diputadas del oficialismo, a fin de lograr que concurran a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, el martes 10 de mayo, a la hora 15, los funcionarios que fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para brindar su mirada sobre las diferentes cuestiones.
Asimismo, sería importante que se transmita la solicitud que realizamos respecto de las actas y resoluciones de ENACOM que no son de conocimiento público, son parte de nuestra preocupación y constituyen un instrumento importante a tener en cuenta para cuando se produzca el encuentro con las autoridades que participaron.
Nosotros vamos a enviar a cada uno de los participantes y, obviamente, a los diputados y a las diputadas, la versión taquigráfica. En este sentido, agradecemos, como lo hacemos siempre, al Cuerpo de Taquígrafos de la Honorable Cámara, porque para nosotros son parte de la voz de nuestra memoria, que están aquí silenciosamente, acompañándonos, y trabajando para nosotros. También deseo agradecer a quienes han venido a hacer esta exposición.
Éste es para nosotros el inicio, un camino de una serie de audiencias que queremos hacer en esta Cámara y que también queremos hacer en el orden federal. Vamos a invitar a los diputados y a las diputadas que integran la comisión a constituir la comisión en las distintas provincias para generar también un debate participativo sobre algunos temas que surgieron aquí, y que tienen que ver con el funcionamiento del esquema federal y la problemática de la libertad de expresión en cada una de las provincias.
Agradeciendo nuevamente a todos los presentes y particularmente a los expositores, damos por finalizada la reunión. (Aplausos.)
Considero que lo que estamos discutiendo es la preocupación frente a dar una vuelta de tuerca y generar nuevamente un cambio de paradigma: de los derechos al mercado. Es decir, la idea de que volvemos a un esquema en el que la discusión central está sobre el eje del mercado. Desde el trabajo en esta comisión estamos proponiendo mantener y sostener la idea de los derechos, como un eje esencial en este tema.
Coincidimos sobre el final del debate respecto de que lo que se había hecho no era una anulación de la ley sino la eliminación de determinados artículos. Desde mi perspectiva, se trató de una modificación de carácter quirúrgico, pues aquello significaba beneficiar a actores con nombre y apellido, es decir, estaba muy claramente direccionado.
Tal como ha sido planteado en cada una de las exposiciones que tuvimos, me parece que tenemos la posibilidad de seguir dando batalla, es decir, generar la discusión necesaria sobre los derechos conseguidos, así como también las modificaciones que deban realizarse, porque todos tenemos miradas críticas sobre el funcionamiento.
No acuerdo con la idea de que por la forma en la que se mueve una autoridad o las características de la ejecución de una ley, se cercenen derechos pensando que de esa manera se garantizará una actitud diferente sobre el manejo. Esto fue claramente expresado aquí en relación con la involución que ha significado este decreto.
Quiero comentar que hace diez años que soy diputado y durante ocho años fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de esta Cámara. A nivel metodológico, siempre buscamos generar estos caminos de participación. Para nosotros es central la idea de discutir, clarificar, debatir y generar la fricción y la contraposición de posturas, que nos enriquezcan en lugar de limitarnos.
Por eso, proponemos una agenda. La presidencia de esta comisión tiene una gran preocupación por lo que ha sido el funcionamiento y la derivación de proyectos a este ámbito. En este sentido, solicito la colaboración de todos los diputados y de las diputadas para que los temas que efectivamente corresponden a esta comisión, tengan el giro pertinente.
Por mi parte, di esta batalla en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, porque muchas veces los proyectos no tuvieron el giro correspondiente. Hay cuestiones importantes vinculadas con la creación de esta comisión, así como lo expresado por los pactos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, atribuciones, etcétera. Por ejemplo, el acceso a la información no fue un tema tratado por esta comisión. Nosotros solicitamos el cambio de giro, pero eso no sucedió. Probablemente, mañana tengamos dictamen, y una parte de esta discusión no será escuchada, aunque exista otra mirada que puede sumar aportes.
Por último, tenemos una propuesta y pedimos colaboración a los diputados y a las diputadas del oficialismo, a fin de lograr que concurran a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, el martes 10 de mayo, a la hora 15, los funcionarios que fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para brindar su mirada sobre las diferentes cuestiones.
Asimismo, sería importante que se transmita la solicitud que realizamos respecto de las actas y resoluciones de ENACOM que no son de conocimiento público, son parte de nuestra preocupación y constituyen un instrumento importante a tener en cuenta para cuando se produzca el encuentro con las autoridades que participaron.
Nosotros vamos a enviar a cada uno de los participantes y, obviamente, a los diputados y a las diputadas, la versión taquigráfica. En este sentido, agradecemos, como lo hacemos siempre, al Cuerpo de Taquígrafos de la Honorable Cámara, porque para nosotros son parte de la voz de nuestra memoria, que están aquí silenciosamente, acompañándonos, y trabajando para nosotros. También deseo agradecer a quienes han venido a hacer esta exposición.
Éste es para nosotros el inicio, un camino de una serie de audiencias que queremos hacer en esta Cámara y que también queremos hacer en el orden federal. Vamos a invitar a los diputados y a las diputadas que integran la comisión a constituir la comisión en las distintas provincias para generar también un debate participativo sobre algunos temas que surgieron aquí, y que tienen que ver con el funcionamiento del esquema federal y la problemática de la libertad de expresión en cada una de las provincias.
Agradeciendo nuevamente a todos los presentes y particularmente a los expositores, damos por finalizada la reunión. (Aplausos.)