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LIBERTAD DE EXPRESION
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 134
Jueves 10.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2167 Internos 2135/2139/2167
clexpresion@hcdn.gov.ar
- LIBERTAD DE EXPRESION
Reunión del día 08/11/2007
- VISITA DE CIPEC Y FARCO
En Buenos Aires, a los ocho días del mes de noviembre de 2007, a la hora 12 y 58:
SR. PRESIDENTE MORINI Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión del día de la fecha.
Se encuentran presentes, en representación de la Cámara Argentina de Anunciantes, su presidente, doctor Luis Mario Castro; su director, ingeniero Cristian Fernández, y su tesorero, señor Raúl Sabio.
También contamos con la presencia de la directora del área de Comunicación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPPEC, señora Laura Zommer, y de los representantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, señores Daniel Fossarolli -es el presidente de dicha entidad-, Laura Maldonado y Danilo Fernández.
También habíamos invitado a representantes del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA y del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. En cuanto a la primera, su director Ejecutivo, señor Sebastián Lacunza, llamó para avisar que no iba a poder asistir a la reunión por el cambio de autoridades del Foro. Y en lo que respecta al CELS, el asistente del director Ejecutivo va a enviar un informe por mail la semana próxima.
Asimismo, se encuentran presentes algunos señores diputados que han sido invitados a esta reunión.
Quiero comunicar a los señores miembros de la comisión que en el día de ayer fueron aprobadas en esta Honorable Cámara las renuncias de los señores diputados Bielsa y Jerez, que son integrantes de esta comisión.
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Por lo tanto, esta comisión queda integrada por veinte miembros y su quórum de trece pasa a ser de once señores diputados.
Tal como lo teníamos previsto, nos hemos reunido para escuchar sus opiniones sobre los proyectos presentados en esta Cámara con respecto al tema de la distribución de la publicidad oficial.
Comenzaremos escuchando a la gente de la Cámara Argentina de Anunciantes, dándoles un tiempo para que puedan expresarse y luego lo haremos con la gente de CIPPEC y de FARCO.
Se encuentran presentes, en representación de la Cámara Argentina de Anunciantes, su presidente, doctor Luis Mario Castro; su director, ingeniero Cristian Fernández, y su tesorero, señor Raúl Sabio.
También contamos con la presencia de la directora del área de Comunicación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPPEC, señora Laura Zommer, y de los representantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, señores Daniel Fossarolli -es el presidente de dicha entidad-, Laura Maldonado y Danilo Fernández.
También habíamos invitado a representantes del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA y del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. En cuanto a la primera, su director Ejecutivo, señor Sebastián Lacunza, llamó para avisar que no iba a poder asistir a la reunión por el cambio de autoridades del Foro. Y en lo que respecta al CELS, el asistente del director Ejecutivo va a enviar un informe por mail la semana próxima.
Asimismo, se encuentran presentes algunos señores diputados que han sido invitados a esta reunión.
Quiero comunicar a los señores miembros de la comisión que en el día de ayer fueron aprobadas en esta Honorable Cámara las renuncias de los señores diputados Bielsa y Jerez, que son integrantes de esta comisión.
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Por lo tanto, esta comisión queda integrada por veinte miembros y su quórum de trece pasa a ser de once señores diputados.
Tal como lo teníamos previsto, nos hemos reunido para escuchar sus opiniones sobre los proyectos presentados en esta Cámara con respecto al tema de la distribución de la publicidad oficial.
Comenzaremos escuchando a la gente de la Cámara Argentina de Anunciantes, dándoles un tiempo para que puedan expresarse y luego lo haremos con la gente de CIPPEC y de FARCO.
SR. CASTRO Mi nombre es Luis Mario Castro y soy el presidente de la Cámara Argentina de Anunciantes.
En primer lugar, agradecemos y nos honra que nos hayan convocado para tratar un tema tan trascendente para nosotros. Digo esto, en primer lugar, como ciudadanos y en segundo término, porque somos interesados y porque pensamos que es conveniente que todos asumamos conductas racionales ante la presencia de actores que compran y venden medios; por eso vemos con agrado que nos hayan convocado.
Trataremos de resumir lo que hemos presentado por escrito si bien no sé de cuánto tiempo disponemos.
En primer lugar, agradecemos y nos honra que nos hayan convocado para tratar un tema tan trascendente para nosotros. Digo esto, en primer lugar, como ciudadanos y en segundo término, porque somos interesados y porque pensamos que es conveniente que todos asumamos conductas racionales ante la presencia de actores que compran y venden medios; por eso vemos con agrado que nos hayan convocado.
Trataremos de resumir lo que hemos presentado por escrito si bien no sé de cuánto tiempo disponemos.
SR. PRESIDENTE MORINI Aproximadamente quince minutos.
SR. CASTRO En primer término nos pareció importante señalar desde nuestro punto de vista, como anunciantes y ciudadanos -destaco este aspecto-, los objetivos de este proyecto que ustedes acometen.
Pensamos que el derecho a la información está consagrado. Por lo tanto, la publicidad oficial debe ser realizada para comunicar los actos de gobierno que tienen que consagrar precisamente el derecho de la ciudadanía a ser informada, de una manera veraz, oportuna y honesta -también destacamos en plena armonía con los valores republicanos.
En segundo lugar, pensamos que el Estado debe invertir en publicidad con un criterio selectivo de decisión y, por lo tanto, no debe constituirse en premios o castigos al contenido editorial del medio en el que se está publicitando. Pensamos que el Estado debe mantener una estricta neutralidad con respecto a los puntos de vista del medio al decidir su pauta publicitaria.
En tercer lugar, como objetivo de lo que sería el proyecto desde nuestro ángulo, pensamos que es prudente para la República -y también para todos los que participamos en la industria publicitaria y de medios- garantizar la eficacia y la eficiencia del costo de inversión. De manera que, si todos actuamos de forma racional, seguramente será más beneficioso para el conjunto.
Si bien no podemos hablar del bien común sí podemos hacerlo respecto del interés común. Por lo tanto, la transparencia en la negociación y la razonabilidad en la inversión deben ser parámetros considerados en el marco legal que se sancione.
Sobre este aspecto, en la segunda parte de nuestra presentación, hacemos algunas acotaciones que consideramos oportuno que sean tenidas en cuenta porque hacen a la esencia de lo que es el mecanismo de transparencia de nuestro país.
En cuarto lugar, consideramos que el objetivo que debe consagrar cualquier proyecto de ley es evitar que el contenido de la publicidad oficial se transforme en publicidad del partido político que detenta el poder. Pensamos que la publicidad debe ser veraz, oportuna, relevante y útil para el pueblo y que no debe promover los intereses de un grupo de poder en particular.
Después de haber dicho de manera somera los objetivos que tiene que consagrar un proyecto de ley voy a referirme ahora a cuáles son las características particulares, primero del proceso de contratación de medios y luego me referiré a lo que es la decisión de inversión.
Los procesos de contratación de medios en nuestro país se realizan de varias formas. Quiero destacar que no hay un mercado típico -como un supermercado, el mercado de concentración de frutos o la bolsa de valores- en el que es posible determinar el precio en comparaciones simples.
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Porque los precios se negocian en forma privada y particular. No hay nada anómalo en este hecho, es una característica de nuestro mercado.
De tal manera que los anunciantes grandes normalmente realizan negociaciones particulares con cada uno de los miembros, buscando que el costo por contacto sea el más bajo posible; ésta es una conducta racional.
Sin embargo, hay una gran cantidad de empresas que prefieren no realizar sus compras de medios en forma directa. Es por eso que desde hace algunos años en el país tenemos organizaciones profesionales, es decir, empresas que se dedican a la planificación y a la compra de medios, conocidas como centrales de medios.
Los anunciantes de porte chico, mediano y aun grande prefieren las centrales de medios porque les ofrecen la garantía de que los precios son competitivos y les permiten cierto instrumental para que la canalización de esa inversión se realice eficientemente. Este no es un punto menor.
Por lo tanto, estos factores de negociación tienen que ser considerados porque si buscamos que exista un proceso de compra transparente, dado que estamos hablando de fondos públicos, tenemos que llegar a entender que el factor precio es importante conocerlo de acuerdo con estas características.
Nos tomamos el atrevimiento de consultar a algunos de nuestros colegas en América latina para llegar a conocer cómo se superaban los inconvenientes donde no hay una transparencia total en los precios unitarios.
Creemos que uno de los mejores ejemplos lo encontramos en Chile donde se realiza una declaración jurada con los precios promedios en función de los segundos vendidos. Es decir que en Chile lo que circulan son los precios promedios, lo que quiere decir que si existe un anunciante que tiene poder de compra o que es más hábil que otro, dentro de una conducta competitiva, puede comprar a un precio más bajo que el promedio. También puede ocurrir que otros, porque no tienen poder de compra tan grande o porque sean ocasionales, compren a un precio superior al promedio. De esta manera es como Chile ha resuelto este tema.
Nos pareció un hallazgo interesante porque permite, dentro del secreto normal que debe existir en cualquier actividad comercial, tener un rango de precios en el cual poder ubicarnos.
Entonces, en cuanto al tema de contratación -quiero hacer un resumen-, hay algunos anunciantes que lo hacen con el método tradicional, es decir, recurriendo a sus agencias de publicidad pero el fenómeno novedoso son las centrales de medios.
Quiero pasar a otro tema. El segundo aspecto importante para que esa inversión sea eficiente, es cómo definimos la cantidad. Como dirían los economistas, estamos hablando de P por Q, donde P es el precio y Q es la cantidad.
Pensamos que los datos poblacionales son importantes porque si estamos hablando de la comunicación en la gestión del Estado estamos hablando de un bien público y si el target es la población en general obviamente debemos considerar el dato poblacional y lo que indica la demografía.
Luego hay que tener en cuenta, dentro de esos lugares y de esas ciudades en particular, cómo se comportan los diversos medios y cuál es la característica en cuanto a la capacidad de ser visto por la población de esos medios. Esto se hace para buscar el costo por contacto más bajo posible de tal manera que los recursos que tenemos sean empleados de la mejor manera posible.
Por lo tanto, tenemos rating de audiencia para la televisión, electores para publicaciones o contactos esperados para vía pública. Todo esto es profesional y existen medios y auditorías específicas para garantizar su transparencia.
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Por lo tanto, sugerimos que la demografía nos parece un dato natural a considerar y que el dato demográfico en particular está en función de lo que genéricamente se denomina el rating. Es decir, la audiencia, la cantidad de electores o contactos es un factor clave para aquel que quiere comunicar.
Les comentaba que también requiere de auditorías específicas para saber si las mediciones se hacen correctamente o no. A estos efectos, los medios en nuestro país, los anunciantes, las agencias de publicidad, las centrales de medios y las productoras de contenido de televisión, tenemos la central de medios -semejante a lo que ustedes conocerán como normas ISO- que emite normas para que la auditoría sobre elementos de circulación se haga de manera profesional; periódicamente la CCMA -Cámara de Control de Medición de Audiencias- tiene sus propios auditores para saber si las empresas dedicadas a esto lo hacen con la idoneidad del caso porque ello hace a la transparencia y es un dato no menor.
En el caso particular de lo que son circulación de periódicos, como ustedes saben, contamos con el Instituto de Verificación de Circulación en el que periódicamente se emiten reportes sobre cuáles son las circulaciones específicas de cada uno de los medios para consagrar -como les decía- el principio de la transparencia en función de la cantidad.
Si tomamos el factor de la población y consideramos el elemento específico de cómo pesan las audiencias, evidentemente tenemos caminos de solución para transparentar la adecuación del precio por cantidad a lo que ya me referí anteriormente.
Asimismo, consideramos que si por alguna razón de Estado llega a existir algún medio en particular que por sus consideraciones culturales -o de una zona determinada- es necesario que se comporte con independencia de este tipo de criterios, debemos ir específicamente al campo del subsidio, y que se trate como subsidio, pero no como un recurso publicitario.
Por lo tanto, existe una distinción clara entre lo que es un subsidio y para qué se hace -ya que en muchos casos corresponde que así se haga. En el resto de los casos no necesariamente se debe aplicar la misma regla, porque de lo contrario la transparencia no se logra y uno puede dudar si en realidad se busca eficacia, se quiere un contenido editorial o se castiga para que no exista dicho contenido editorial.
Pensamos que esto puede ser perfectamente compatible, siempre y cuando se transparente, y la decisión opere sobre la base de lo que es un subsidio.
Por lo tanto, con respecto a los proyectos que nos han hecho conocer hicimos un cuadro comparativo y nos permitimos sugerir con todo respeto -porque no conocemos cuál es la técnica legislativa- que luego de ejecutar las decisiones de los otros poderes del Estado exista una comisión de libertad de expresión para que el Poder Legislativo tenga una referencia concreta de cómo se emplean los fondos.
Corresponde destacar que hoy la presidencia de la Nación es el quinto anunciante. Si sumamos a los gobiernos provinciales se darán cuenta de que el peso que tiene la inversión del Estado es muy significativo. Menciono solamente a la presidencia de la Nación porque es la única estadística que tengo disponible ya que sale con muchísima regularidad.
Por lo tanto, pensamos que debe existir una Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso a la que lleguen de un modo muy simple cuáles son concretamente las inversiones y por qué se han hecho.
Luego podremos debatir cuál es el contenido de esta planilla, pero es necesario en primer término garantizar la transparencia y la razonabilidad en lo que respecta a los costos de inversión; con estos elementos pensamos que vamos a ganar todos.
Asimismo pensamos que con este principio lograremos evitar que el contenido de la publicidad oficial se transforme en publicidad del partido político que detenta el poder.
Por otra parte hacemos algunas consideraciones específicas sobre circunstancias particulares. Cuando se realizan inversiones durante los procesos electorales, en los que las aguas se mezclan entre lo que es una acción del Estado y una actividad específicamente política, y esto lo decimos como ciudadanos, consideramos que sería importante realizar una separación -como lo hacen otros países- para que eso no suceda.
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De lo contrario, el principio republicano no se garantizaría o tendría alguna afectación durante los procesos electorales.
Pensamos que la auditoría en particular sobre lo que es la aplicación y donde se puedan ver estos elementos no está en ninguno de los anteproyectos. Y con todo respeto nos permitimos recomendar, además de las otras sugerencias que estamos dando, que se incluyan.
Creo que con esto hice una síntesis dentro del tiempo que me fue requerido.
(Se inserta documento elaborado por la Cámara Argentina de Anunciantes)
Buenos Aires, 3 de octubre de 2007
Señor
Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la HCDN
Diputado Pedro Morini
S / D
Ref: Vtra. Nota del 14 de agosto de 2007 referida a los expedientes Nros. 2999-d-06, 3761-d-06 y 2707-d-07, relacionados con la regulación de la distribución de la publicidad oficial.
De nuestra mayor consideración:
La Cámara Argentina de Anunciantes, que agrupa a las principales empresas anunciantes del país, se dirige a usted en relación a los proyectos de referencia que actualmente se encuentran a consideración de la Comisión que usted preside y sobre los cuales se nos ha pedido opinión.
Nuestra Cámara ve con agrado que los legisladores consideren relevante ocuparse de la redacción y sanción de leyes que definan y regulen la difusión de la información pública y la distribución de la publicidad oficial con criterios republicanos. Valoramos además, que esto se realice a la luz de la garantía de la libertad de expresión y para asegurar la transparencia en los procesos de decisión de compra de espacios de publicidad y la efectividad de la inversión publicitaria oficial. Vemos también con satisfacción que hayan consultado a nuestra institución por esta iniciativa. Quedamos a su disposición para cambiar opiniones cuando lo consideren necesario.
En líneas generales consideramos de vital importancia que el marco que finalmente diseñen los legisladores, preserve los siguientes principios:
1.- La publicidad oficial debe ser realizada para comunicar los actos de gobierno y para preservar el derecho a la información pública del pueblo en plena armonía con los valores republicanos.
2.- La inversión en publicidad que hace el Estado no debe constituirse en premio o castigo al contenido editorial del medio en el cual se está publicitando.
El Estado debe mantener una estricta neutralidad con respecto a los puntos de vista del medio al decidir su pauta publicitaria. No se trata sólo de evitar acciones directas que restrinjan la libertad de expresión, sino también acciones que de una manera indirecta produzcan efectos semejantes.
Además, la publicidad oficial es esencial para la comunicación sobre los diversos proyectos, programas e iniciativas estatales. Todos los ciudadanos tienen el derecho a conocerlos debiéndose evitar que la asignación de pautas a los medios se transforme en un reparto de favores.
3.- Garantizar la eficacia y eficiencia del costo de la inversión.
La transparencia en la negociación y la razonabilidad en la inversión deben ser parámetros considerados en el marco legal que se sancione.
La inversión publicitaria se hace con fondos públicos cuyo proceso de uso debe ser transparente en la totalidad del recorrido. Además, el costo debe ser razonable y demostrable en función a las condiciones del mercado y a las variables demográficas y de las audiencias que logran los diversos medios.
Desde nuestro ángulo de interés, la existencia de un competidor no racional ni eficiente distorsiona el mercado encareciendo artificialmente el precio de los espacios.
Creemos que si por alguna razón estratégica y de buena razón de Estado, el gobierno decide subsidiar a un medio privado, esto no debe ocurrir bajo la forma del disfraz de pauta publicitaria. Los subsidios deben ser explicitados como tales en los respectivos presupuestos.
4.- Evitar que el contenido de la publicidad oficial se transforme en publicidad del partido político que detenta el poder.
La publicidad oficial debe ser veraz, oportuna, relevante y útil para el pueblo. No debe promover los intereses de un grupo de poder en particular.
Hasta este punto hemos cubierto sugerencias para los "considerandos" del proyecto de ley. En el anexo que adjuntamos a esta nota aportamos información sobre nuestra industria para que sirva para definir el proceso de contratación de las pautas de inversión y sugerencias para la decisión de inversión de la publicidad oficial. Creemos que los principios de negociación y criterios de decisión deben contemplarse en el cuerpo de la ley para evitar interpretaciones laxas. De esta forma se facilitará el cumplimiento de los objetivos. Nos permitimos también incorporar ideas para el control de la inversión realizada por el gobierno.
Para una mejor referencia, incluimos una comparación de los tres proyectos que nos fueron enviados.
Por último, queremos expresar nuestra coincidencia con todo lo manifestado por los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni al resolver hace unas semanas atrás, la acción de amparo promovida por el diario Río Negro contra la provincia de Neuquén. Como bien se dice en este fallo es inadmisible que en una República se utilicen fondos públicos como herramienta de presión política para restringir la esencia del pluralismo democrático.
Quedamos a disposición de ustedes para reunirnos cuando así lo consideren oportuno, a fin de explicitar más ampliamente lo expuesto en esta nota.
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
POR CÁMARA ARGENTINA DE ANUNCIANTES
Luis Mario Castro
Presidente
ANEXO
SUGERENCIAS PARA EL PROYECTO DE LEY
1.- Consideraciones sobre la contratación de las pautas televisivas y lineamientos sugeridos para un posible sistema de gestión de contratación de la publicidad oficial y de su necesario control
a) Proceso de contratación
Con relación a la contratación de pautas televisivas, radiales y de otros medios, es importante aclarar que no existe en la Argentina un mercado transparente para la publicidad como los que se reflejan en la Bolsa de Cereales, el de la Bolsa de Valores, las de "commodities" o recursos fáciles para conocer precios de mercado como en el caso de los bienes durables y no durables. Los precios en el mercado publicitario se negocian en forma individual entre las partes. Es decir, cada medio con sus diversos segmentos de clientes. Los grandes anunciantes negocian en forma directa con los medios. Las centrales de medios (nacionales y extranjeras) compran para varios anunciantes. También lo hacen algunas agencias de publicidad que compran pautas a los medios en forma directa para sus clientes. El objetivo del anunciante de gran porte es optimizar su inversión comprando al precio más bajo posible por punto bruto de rating maximizando su poder de compra en forma directa con cada uno de los medios. Cabe destacar que los medios publican listas de precios nominales para sus espacios ya sean medidos en segundos o en centímetros de columna. Los precios nominales son rebajados por descuentos que son producto de las negociaciones individuales para cada uno de los segmentos comentados.
Cuando se trata de anunciantes que tienen presupuestos de inversión publicitaria más modestos o también cuando piensan que la negociación directa les puede hacer perder la orientación de los precios de mercado, los mismos recurren a las centrales de medios que son empresas especializadas en la optimización de inversiones publicitarias. En nuestro país estas centrales están agrupadas en la CACEM, que es la Cámara Argentina de Centrales de Medios. Las centrales de medios ofrecen a sus clientes economía de escala, idoneidad y experiencia. Algunos anunciantes prefieren, sin embargo, que esos servicios les continúen siendo prestados por sus agencias de publicidad. Este es el método tradicional.
Por lo tanto, una posible respuesta al desafío de establecer un proceso de compra transparente dentro del Estado, lograr efectividad en el rendimiento de la inversión oficial y para evitar la corrupción, es solicitar a las empresas ofertantes de medios televisivos (en forma directa o por medio de las cámaras o asociaciones) la banda de precios promedios por punto bruto de rating o bien precio promedio del segundo por banda horaria. La Cámara de Centrales de Medios y la de Anunciantes pueden ser otro recurso. Un recurso complementario es el establecimiento de un sistema de información mediante el cual los medios comuniquen mensualmente y a través de una declaración jurada los precios promedios en función de los segundos vendidos dentro de las franjas horarias. Este es un mecanismo que se está aplicando hoy en Chile para posibilitar la transparencia en la negociación. En el caso de radio, el mercado está más atomizado pero el principio enunciado de información es aplicable. También para diarios y revistas.
b) Decisión de Inversión
La inversión de la publicidad oficial en los diversos medios debe basarse en parámetros básicos que orientan la inversión: datos poblacionales (demografía) y los de "rating de audiencias" (para televisión), lectores" (para publicaciones) o "contactos esperados" (en via pública). De esta forma será posible minimizar la discrecionalidad del funcionario cuando asigna la pauta. La demografía debe definir el primer nivel de corte de la inversión a nivel del territorio. Después del dato demográfico el segundo factor es la importancia de cada medio en función a su rating o bien, audiencia, cantidad de lectores, o contactos. El rating es el factor clave para televisión y radio; el de circulación lo es para los otros medios. En principio, la pauta de la televisión abierta debe alcanzar a todos los canales metropolitanos y a sus equivalentes en el interior. Para distribuir la pauta se debe tomar en primer lugar la población y para hacerlo dentro de cada área región y medio, la ponderación en función a su audiencia, lectura, etc. El promedio de rating televisivo o de radio está auditado por la Cámara de Control de Medición de Audiencias, o CCMA.
Para diarios puede seguirse el mismo criterio y emplear los índices de circulación del IVC (Instituto de Verificación de Circulación). El Estado no debería pautar en aquellos medios gráficos cuya circulación no está auditada por el IVC. Se necesita un piso de rating y circulación conocido y medido para evitar un derrame ineficaz de la inversión.
El Estado debe luego publicar en forma regular en que medios ha invertido la pauta por región con indicación de los porcentajes aplicados. De esta forma se lograría mejor transparencia en el uso de la inversión.
Las cifras publicadas por el Estado deben ser auditadas.
De esta forma tenemos caminos de solución para transparentar la ecuación de precio por cantidad.
Recomendamos entonces incluir la información de precios siguiendo el modelo de Chile y de "cantidad" al sugerido por nosotros en base a datos concretos, medidos y auditados.
2.- Qué debe ofrecer el marco legal o su reglamentación para que se preserven los principios detallados en la nota
Recordemos los cuatro principios:
1.- La publicidad oficial debe ser realizada para comunicar actos de gobierno y para preservar el derecho del pueblo de ser informado.
2.- La inversión en publicidad que hace el Estado no debe ser un premio o un castigo al contenido editorial del medio en el cual se está publicitando.
3.- El costo de la inversión oficial en publicidad debe ser razonable y con medios transparentes de negociación.
4.- Evitar que el contenido de la publicidad oficial se transforme en publicidad del partido político que detenta el poder.
Los procesos de control deben incluir un informe trimestral a la Comisión de Libertad de Expresión donde se informe la inversión publicitaria realizada por los organismos oficiales. La información debe estar detallada por campaña, indicando sus objetivos de comunicación (cobertura y tasa de repetición del mensaje) y el listado de los medios utilizados con sus inversiones correspondientes.
La Comisión puede designar un equipo de peritos para que determinen si la inversión realizada por el organismo oficial es racional y eficiente, basándose en el conocimiento y experiencia que tienen de los valores de rating y de costo de los espacios para el período considerado.
El marco legal o su reglamentación debe establecer qué contenidos pueden ser considerados publicidad oficial y establecer un sistema de auditoria que compruebe si la realidad de los contenidos se ajusta a las pautas establecidas por la ley.
Además, corresponde establecer un período de veda para la publicidad oficial durante el período de campañas electorales para evitar el mal uso de la inversión. Esto evitaría que el partido político que detenta el poder no pueda realizar publicidad oficial y compita entonces con las mismas armas que los demás partidos.
Ejemplo de un sistema posible para el control de los contenidos.
- Mensualmente la Comisión de Libertad de Expresión recibe las piezas publicitarias utilizadas por los organismos oficiales. Chequeará que estos contenidos están dentro del marco establecido por la ley y/o de su reglamentación.
3.- Planilla comparativa de los proyectos
En esta planilla se compara el articulado de los tres proyectos en función de los siguientes puntos:
Finalidad de la ley,
Definición y contenidos de la publicidad oficial,
Organismos comprendidos en la ley,
Autoridad de Aplicación,
Registro de Medios de comunicación,
Criterios de asignación de publicidad oficial,
Control parlamentario,
Invitación a provincias y a CABA a adherir.
4.- Comparación de los tres proyectos en función de los parámetros mencionados en 1.- en su relación con los cuatro principios mencionados en la nota.
Finalidad de la ley
Sólo uno de los tres proyectos, el 3761, no exige que la publicidad oficial tenga un costo razonable.
Priman los valores de distribución transparente, justa y equitativa.
Esto podría conducir a que no se cumpla con el principio de Garantizar la razonabilidad del costo de la inversión.
Definición y contenidos de la publicidad oficial
Sólo el proyecto 2999 detalla cuales son los contenidos posibles de una publicidad oficial.
Por lo tanto los otros dos deberían hacerlo en su reglamentación.
El detalle de los contenidos posibles es necesario para poder auditar/controlar el cumplimiento del principio de evitar que el contenido de la publicidad oficial se transforme en publicidad del partido político que detenta el poder.
Organismos comprendidos en la ley
Sólo los detalla el proyecto 2999. La omisión en la que incurren los otros dos proyectos puede agregarse en la reglamentación. Además, se piensa que el listado de los organismos comprendidos en la ley no es un punto esencial para que se logre el objetivo perseguido por la sanción de esta ley.
Autoridad de Aplicación
Dos proyectos eligen a TELAM. El otro elige a la Secretaría de Medios como responsable de contratar la publicidad oficial. Se piensa que no hay otros organismos dentro del PEN que resulten más idóneos para asumir esta responsabilidad. Nuestra institución no está capacitada para opinar sobre las ventajas existentes en la elección de uno u otro.
Registro de Medios de comunicación
Los tres proyectos establecen un registro. Uno de ellos, el 2707, establece la obligatoriedad de registrarse para que el medio pueda ser destinatario de publicidad oficial. Los otros dos detallan que datos deben incluir los medios para inscribirse. Algunos de los datos requeridos parecen excesivos. Es imposible cumplir materialmente el requisito de que cada medio informe todos los horarios de todos los días, todos sus precios y sus ofertas, etc. Además esta información no agregaría transparencia a un mercado en el que se manejan descuentos exorbitantes donde los precios de lista están muy alejados de los niveles negociados en la realidad.
Por otra parte nuestra institución entiende que un registro no ayuda a la autoridad de aplicación a cumplir con su responsabilidad ni garantiza de por sí el cumplimiento de los principios señalados en nuestra nota.
Control parlamentario
El proyecto 2999 y el 2707 establecen un sistema de control parlamentario anual por una comisión bicameral .
En el caso del 2999 habla sólo de "un informe sobre las actuaciones que hubiere realizado la Autoridad de Aplicación". En el caso del 2707 es un informe de lo que se va a hacer y por lo tanto no establece un control de lo que se hizo.
Se ve bastante difícil hacer cumplir la ley sin que se establezca un sistema de auditoría de la Autoridad de Aplicación más exigente que el que establecen estos dos proyectos.
En el caso del proyecto 3761 se crea un Consejo Federal de Asesoramiento de la Publicidad dependiendo de la Autoridad de Aplicación. Si bien lo integran representantes de asociaciones de periodistas y de los medios, reporta a quien teóricamente tendría que ser controlado. Por eso lo llaman Consejo de Asesoramiento.
En conclusión, la opinión de nuestra institución es que ninguno de los tres proyectos propone un verdadero sistema de auditoría.
Ninguno de los proyectos prevé un sistema de sanciones si el control parlamentario demuestra que la autoridad de aplicación no cumple con lo que establece la ley. Creemos que es necesario preverlo, pero no sabemos si este debería ser uno específico o el que establece el marco legal que regula el desempeño de los funcionarios públicos.
Invitación a provincias y a CABA a adherir
No hay diferencias entre los tres proyectos.
Coincidimos con esta iniciativa.
Pensamos que el derecho a la información está consagrado. Por lo tanto, la publicidad oficial debe ser realizada para comunicar los actos de gobierno que tienen que consagrar precisamente el derecho de la ciudadanía a ser informada, de una manera veraz, oportuna y honesta -también destacamos en plena armonía con los valores republicanos.
En segundo lugar, pensamos que el Estado debe invertir en publicidad con un criterio selectivo de decisión y, por lo tanto, no debe constituirse en premios o castigos al contenido editorial del medio en el que se está publicitando. Pensamos que el Estado debe mantener una estricta neutralidad con respecto a los puntos de vista del medio al decidir su pauta publicitaria.
En tercer lugar, como objetivo de lo que sería el proyecto desde nuestro ángulo, pensamos que es prudente para la República -y también para todos los que participamos en la industria publicitaria y de medios- garantizar la eficacia y la eficiencia del costo de inversión. De manera que, si todos actuamos de forma racional, seguramente será más beneficioso para el conjunto.
Si bien no podemos hablar del bien común sí podemos hacerlo respecto del interés común. Por lo tanto, la transparencia en la negociación y la razonabilidad en la inversión deben ser parámetros considerados en el marco legal que se sancione.
Sobre este aspecto, en la segunda parte de nuestra presentación, hacemos algunas acotaciones que consideramos oportuno que sean tenidas en cuenta porque hacen a la esencia de lo que es el mecanismo de transparencia de nuestro país.
En cuarto lugar, consideramos que el objetivo que debe consagrar cualquier proyecto de ley es evitar que el contenido de la publicidad oficial se transforme en publicidad del partido político que detenta el poder. Pensamos que la publicidad debe ser veraz, oportuna, relevante y útil para el pueblo y que no debe promover los intereses de un grupo de poder en particular.
Después de haber dicho de manera somera los objetivos que tiene que consagrar un proyecto de ley voy a referirme ahora a cuáles son las características particulares, primero del proceso de contratación de medios y luego me referiré a lo que es la decisión de inversión.
Los procesos de contratación de medios en nuestro país se realizan de varias formas. Quiero destacar que no hay un mercado típico -como un supermercado, el mercado de concentración de frutos o la bolsa de valores- en el que es posible determinar el precio en comparaciones simples.
T.3
vm
le
Porque los precios se negocian en forma privada y particular. No hay nada anómalo en este hecho, es una característica de nuestro mercado.
De tal manera que los anunciantes grandes normalmente realizan negociaciones particulares con cada uno de los miembros, buscando que el costo por contacto sea el más bajo posible; ésta es una conducta racional.
Sin embargo, hay una gran cantidad de empresas que prefieren no realizar sus compras de medios en forma directa. Es por eso que desde hace algunos años en el país tenemos organizaciones profesionales, es decir, empresas que se dedican a la planificación y a la compra de medios, conocidas como centrales de medios.
Los anunciantes de porte chico, mediano y aun grande prefieren las centrales de medios porque les ofrecen la garantía de que los precios son competitivos y les permiten cierto instrumental para que la canalización de esa inversión se realice eficientemente. Este no es un punto menor.
Por lo tanto, estos factores de negociación tienen que ser considerados porque si buscamos que exista un proceso de compra transparente, dado que estamos hablando de fondos públicos, tenemos que llegar a entender que el factor precio es importante conocerlo de acuerdo con estas características.
Nos tomamos el atrevimiento de consultar a algunos de nuestros colegas en América latina para llegar a conocer cómo se superaban los inconvenientes donde no hay una transparencia total en los precios unitarios.
Creemos que uno de los mejores ejemplos lo encontramos en Chile donde se realiza una declaración jurada con los precios promedios en función de los segundos vendidos. Es decir que en Chile lo que circulan son los precios promedios, lo que quiere decir que si existe un anunciante que tiene poder de compra o que es más hábil que otro, dentro de una conducta competitiva, puede comprar a un precio más bajo que el promedio. También puede ocurrir que otros, porque no tienen poder de compra tan grande o porque sean ocasionales, compren a un precio superior al promedio. De esta manera es como Chile ha resuelto este tema.
Nos pareció un hallazgo interesante porque permite, dentro del secreto normal que debe existir en cualquier actividad comercial, tener un rango de precios en el cual poder ubicarnos.
Entonces, en cuanto al tema de contratación -quiero hacer un resumen-, hay algunos anunciantes que lo hacen con el método tradicional, es decir, recurriendo a sus agencias de publicidad pero el fenómeno novedoso son las centrales de medios.
Quiero pasar a otro tema. El segundo aspecto importante para que esa inversión sea eficiente, es cómo definimos la cantidad. Como dirían los economistas, estamos hablando de P por Q, donde P es el precio y Q es la cantidad.
Pensamos que los datos poblacionales son importantes porque si estamos hablando de la comunicación en la gestión del Estado estamos hablando de un bien público y si el target es la población en general obviamente debemos considerar el dato poblacional y lo que indica la demografía.
Luego hay que tener en cuenta, dentro de esos lugares y de esas ciudades en particular, cómo se comportan los diversos medios y cuál es la característica en cuanto a la capacidad de ser visto por la población de esos medios. Esto se hace para buscar el costo por contacto más bajo posible de tal manera que los recursos que tenemos sean empleados de la mejor manera posible.
Por lo tanto, tenemos rating de audiencia para la televisión, electores para publicaciones o contactos esperados para vía pública. Todo esto es profesional y existen medios y auditorías específicas para garantizar su transparencia.
T.4
Por lo tanto, sugerimos que la demografía nos parece un dato natural a considerar y que el dato demográfico en particular está en función de lo que genéricamente se denomina el rating. Es decir, la audiencia, la cantidad de electores o contactos es un factor clave para aquel que quiere comunicar.
Les comentaba que también requiere de auditorías específicas para saber si las mediciones se hacen correctamente o no. A estos efectos, los medios en nuestro país, los anunciantes, las agencias de publicidad, las centrales de medios y las productoras de contenido de televisión, tenemos la central de medios -semejante a lo que ustedes conocerán como normas ISO- que emite normas para que la auditoría sobre elementos de circulación se haga de manera profesional; periódicamente la CCMA -Cámara de Control de Medición de Audiencias- tiene sus propios auditores para saber si las empresas dedicadas a esto lo hacen con la idoneidad del caso porque ello hace a la transparencia y es un dato no menor.
En el caso particular de lo que son circulación de periódicos, como ustedes saben, contamos con el Instituto de Verificación de Circulación en el que periódicamente se emiten reportes sobre cuáles son las circulaciones específicas de cada uno de los medios para consagrar -como les decía- el principio de la transparencia en función de la cantidad.
Si tomamos el factor de la población y consideramos el elemento específico de cómo pesan las audiencias, evidentemente tenemos caminos de solución para transparentar la adecuación del precio por cantidad a lo que ya me referí anteriormente.
Asimismo, consideramos que si por alguna razón de Estado llega a existir algún medio en particular que por sus consideraciones culturales -o de una zona determinada- es necesario que se comporte con independencia de este tipo de criterios, debemos ir específicamente al campo del subsidio, y que se trate como subsidio, pero no como un recurso publicitario.
Por lo tanto, existe una distinción clara entre lo que es un subsidio y para qué se hace -ya que en muchos casos corresponde que así se haga. En el resto de los casos no necesariamente se debe aplicar la misma regla, porque de lo contrario la transparencia no se logra y uno puede dudar si en realidad se busca eficacia, se quiere un contenido editorial o se castiga para que no exista dicho contenido editorial.
Pensamos que esto puede ser perfectamente compatible, siempre y cuando se transparente, y la decisión opere sobre la base de lo que es un subsidio.
Por lo tanto, con respecto a los proyectos que nos han hecho conocer hicimos un cuadro comparativo y nos permitimos sugerir con todo respeto -porque no conocemos cuál es la técnica legislativa- que luego de ejecutar las decisiones de los otros poderes del Estado exista una comisión de libertad de expresión para que el Poder Legislativo tenga una referencia concreta de cómo se emplean los fondos.
Corresponde destacar que hoy la presidencia de la Nación es el quinto anunciante. Si sumamos a los gobiernos provinciales se darán cuenta de que el peso que tiene la inversión del Estado es muy significativo. Menciono solamente a la presidencia de la Nación porque es la única estadística que tengo disponible ya que sale con muchísima regularidad.
Por lo tanto, pensamos que debe existir una Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso a la que lleguen de un modo muy simple cuáles son concretamente las inversiones y por qué se han hecho.
Luego podremos debatir cuál es el contenido de esta planilla, pero es necesario en primer término garantizar la transparencia y la razonabilidad en lo que respecta a los costos de inversión; con estos elementos pensamos que vamos a ganar todos.
Asimismo pensamos que con este principio lograremos evitar que el contenido de la publicidad oficial se transforme en publicidad del partido político que detenta el poder.
Por otra parte hacemos algunas consideraciones específicas sobre circunstancias particulares. Cuando se realizan inversiones durante los procesos electorales, en los que las aguas se mezclan entre lo que es una acción del Estado y una actividad específicamente política, y esto lo decimos como ciudadanos, consideramos que sería importante realizar una separación -como lo hacen otros países- para que eso no suceda.
T.5
De lo contrario, el principio republicano no se garantizaría o tendría alguna afectación durante los procesos electorales.
Pensamos que la auditoría en particular sobre lo que es la aplicación y donde se puedan ver estos elementos no está en ninguno de los anteproyectos. Y con todo respeto nos permitimos recomendar, además de las otras sugerencias que estamos dando, que se incluyan.
Creo que con esto hice una síntesis dentro del tiempo que me fue requerido.
(Se inserta documento elaborado por la Cámara Argentina de Anunciantes)
Buenos Aires, 3 de octubre de 2007
Señor
Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la HCDN
Diputado Pedro Morini
S / D
Ref: Vtra. Nota del 14 de agosto de 2007 referida a los expedientes Nros. 2999-d-06, 3761-d-06 y 2707-d-07, relacionados con la regulación de la distribución de la publicidad oficial.
De nuestra mayor consideración:
La Cámara Argentina de Anunciantes, que agrupa a las principales empresas anunciantes del país, se dirige a usted en relación a los proyectos de referencia que actualmente se encuentran a consideración de la Comisión que usted preside y sobre los cuales se nos ha pedido opinión.
Nuestra Cámara ve con agrado que los legisladores consideren relevante ocuparse de la redacción y sanción de leyes que definan y regulen la difusión de la información pública y la distribución de la publicidad oficial con criterios republicanos. Valoramos además, que esto se realice a la luz de la garantía de la libertad de expresión y para asegurar la transparencia en los procesos de decisión de compra de espacios de publicidad y la efectividad de la inversión publicitaria oficial. Vemos también con satisfacción que hayan consultado a nuestra institución por esta iniciativa. Quedamos a su disposición para cambiar opiniones cuando lo consideren necesario.
En líneas generales consideramos de vital importancia que el marco que finalmente diseñen los legisladores, preserve los siguientes principios:
1.- La publicidad oficial debe ser realizada para comunicar los actos de gobierno y para preservar el derecho a la información pública del pueblo en plena armonía con los valores republicanos.
2.- La inversión en publicidad que hace el Estado no debe constituirse en premio o castigo al contenido editorial del medio en el cual se está publicitando.
El Estado debe mantener una estricta neutralidad con respecto a los puntos de vista del medio al decidir su pauta publicitaria. No se trata sólo de evitar acciones directas que restrinjan la libertad de expresión, sino también acciones que de una manera indirecta produzcan efectos semejantes.
Además, la publicidad oficial es esencial para la comunicación sobre los diversos proyectos, programas e iniciativas estatales. Todos los ciudadanos tienen el derecho a conocerlos debiéndose evitar que la asignación de pautas a los medios se transforme en un reparto de favores.
3.- Garantizar la eficacia y eficiencia del costo de la inversión.
La transparencia en la negociación y la razonabilidad en la inversión deben ser parámetros considerados en el marco legal que se sancione.
La inversión publicitaria se hace con fondos públicos cuyo proceso de uso debe ser transparente en la totalidad del recorrido. Además, el costo debe ser razonable y demostrable en función a las condiciones del mercado y a las variables demográficas y de las audiencias que logran los diversos medios.
Desde nuestro ángulo de interés, la existencia de un competidor no racional ni eficiente distorsiona el mercado encareciendo artificialmente el precio de los espacios.
Creemos que si por alguna razón estratégica y de buena razón de Estado, el gobierno decide subsidiar a un medio privado, esto no debe ocurrir bajo la forma del disfraz de pauta publicitaria. Los subsidios deben ser explicitados como tales en los respectivos presupuestos.
4.- Evitar que el contenido de la publicidad oficial se transforme en publicidad del partido político que detenta el poder.
La publicidad oficial debe ser veraz, oportuna, relevante y útil para el pueblo. No debe promover los intereses de un grupo de poder en particular.
Hasta este punto hemos cubierto sugerencias para los "considerandos" del proyecto de ley. En el anexo que adjuntamos a esta nota aportamos información sobre nuestra industria para que sirva para definir el proceso de contratación de las pautas de inversión y sugerencias para la decisión de inversión de la publicidad oficial. Creemos que los principios de negociación y criterios de decisión deben contemplarse en el cuerpo de la ley para evitar interpretaciones laxas. De esta forma se facilitará el cumplimiento de los objetivos. Nos permitimos también incorporar ideas para el control de la inversión realizada por el gobierno.
Para una mejor referencia, incluimos una comparación de los tres proyectos que nos fueron enviados.
Por último, queremos expresar nuestra coincidencia con todo lo manifestado por los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni al resolver hace unas semanas atrás, la acción de amparo promovida por el diario Río Negro contra la provincia de Neuquén. Como bien se dice en este fallo es inadmisible que en una República se utilicen fondos públicos como herramienta de presión política para restringir la esencia del pluralismo democrático.
Quedamos a disposición de ustedes para reunirnos cuando así lo consideren oportuno, a fin de explicitar más ampliamente lo expuesto en esta nota.
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
POR CÁMARA ARGENTINA DE ANUNCIANTES
Luis Mario Castro
Presidente
ANEXO
SUGERENCIAS PARA EL PROYECTO DE LEY
1.- Consideraciones sobre la contratación de las pautas televisivas y lineamientos sugeridos para un posible sistema de gestión de contratación de la publicidad oficial y de su necesario control
a) Proceso de contratación
Con relación a la contratación de pautas televisivas, radiales y de otros medios, es importante aclarar que no existe en la Argentina un mercado transparente para la publicidad como los que se reflejan en la Bolsa de Cereales, el de la Bolsa de Valores, las de "commodities" o recursos fáciles para conocer precios de mercado como en el caso de los bienes durables y no durables. Los precios en el mercado publicitario se negocian en forma individual entre las partes. Es decir, cada medio con sus diversos segmentos de clientes. Los grandes anunciantes negocian en forma directa con los medios. Las centrales de medios (nacionales y extranjeras) compran para varios anunciantes. También lo hacen algunas agencias de publicidad que compran pautas a los medios en forma directa para sus clientes. El objetivo del anunciante de gran porte es optimizar su inversión comprando al precio más bajo posible por punto bruto de rating maximizando su poder de compra en forma directa con cada uno de los medios. Cabe destacar que los medios publican listas de precios nominales para sus espacios ya sean medidos en segundos o en centímetros de columna. Los precios nominales son rebajados por descuentos que son producto de las negociaciones individuales para cada uno de los segmentos comentados.
Cuando se trata de anunciantes que tienen presupuestos de inversión publicitaria más modestos o también cuando piensan que la negociación directa les puede hacer perder la orientación de los precios de mercado, los mismos recurren a las centrales de medios que son empresas especializadas en la optimización de inversiones publicitarias. En nuestro país estas centrales están agrupadas en la CACEM, que es la Cámara Argentina de Centrales de Medios. Las centrales de medios ofrecen a sus clientes economía de escala, idoneidad y experiencia. Algunos anunciantes prefieren, sin embargo, que esos servicios les continúen siendo prestados por sus agencias de publicidad. Este es el método tradicional.
Por lo tanto, una posible respuesta al desafío de establecer un proceso de compra transparente dentro del Estado, lograr efectividad en el rendimiento de la inversión oficial y para evitar la corrupción, es solicitar a las empresas ofertantes de medios televisivos (en forma directa o por medio de las cámaras o asociaciones) la banda de precios promedios por punto bruto de rating o bien precio promedio del segundo por banda horaria. La Cámara de Centrales de Medios y la de Anunciantes pueden ser otro recurso. Un recurso complementario es el establecimiento de un sistema de información mediante el cual los medios comuniquen mensualmente y a través de una declaración jurada los precios promedios en función de los segundos vendidos dentro de las franjas horarias. Este es un mecanismo que se está aplicando hoy en Chile para posibilitar la transparencia en la negociación. En el caso de radio, el mercado está más atomizado pero el principio enunciado de información es aplicable. También para diarios y revistas.
b) Decisión de Inversión
La inversión de la publicidad oficial en los diversos medios debe basarse en parámetros básicos que orientan la inversión: datos poblacionales (demografía) y los de "rating de audiencias" (para televisión), lectores" (para publicaciones) o "contactos esperados" (en via pública). De esta forma será posible minimizar la discrecionalidad del funcionario cuando asigna la pauta. La demografía debe definir el primer nivel de corte de la inversión a nivel del territorio. Después del dato demográfico el segundo factor es la importancia de cada medio en función a su rating o bien, audiencia, cantidad de lectores, o contactos. El rating es el factor clave para televisión y radio; el de circulación lo es para los otros medios. En principio, la pauta de la televisión abierta debe alcanzar a todos los canales metropolitanos y a sus equivalentes en el interior. Para distribuir la pauta se debe tomar en primer lugar la población y para hacerlo dentro de cada área región y medio, la ponderación en función a su audiencia, lectura, etc. El promedio de rating televisivo o de radio está auditado por la Cámara de Control de Medición de Audiencias, o CCMA.
Para diarios puede seguirse el mismo criterio y emplear los índices de circulación del IVC (Instituto de Verificación de Circulación). El Estado no debería pautar en aquellos medios gráficos cuya circulación no está auditada por el IVC. Se necesita un piso de rating y circulación conocido y medido para evitar un derrame ineficaz de la inversión.
El Estado debe luego publicar en forma regular en que medios ha invertido la pauta por región con indicación de los porcentajes aplicados. De esta forma se lograría mejor transparencia en el uso de la inversión.
Las cifras publicadas por el Estado deben ser auditadas.
De esta forma tenemos caminos de solución para transparentar la ecuación de precio por cantidad.
Recomendamos entonces incluir la información de precios siguiendo el modelo de Chile y de "cantidad" al sugerido por nosotros en base a datos concretos, medidos y auditados.
2.- Qué debe ofrecer el marco legal o su reglamentación para que se preserven los principios detallados en la nota
Recordemos los cuatro principios:
1.- La publicidad oficial debe ser realizada para comunicar actos de gobierno y para preservar el derecho del pueblo de ser informado.
2.- La inversión en publicidad que hace el Estado no debe ser un premio o un castigo al contenido editorial del medio en el cual se está publicitando.
3.- El costo de la inversión oficial en publicidad debe ser razonable y con medios transparentes de negociación.
4.- Evitar que el contenido de la publicidad oficial se transforme en publicidad del partido político que detenta el poder.
Los procesos de control deben incluir un informe trimestral a la Comisión de Libertad de Expresión donde se informe la inversión publicitaria realizada por los organismos oficiales. La información debe estar detallada por campaña, indicando sus objetivos de comunicación (cobertura y tasa de repetición del mensaje) y el listado de los medios utilizados con sus inversiones correspondientes.
La Comisión puede designar un equipo de peritos para que determinen si la inversión realizada por el organismo oficial es racional y eficiente, basándose en el conocimiento y experiencia que tienen de los valores de rating y de costo de los espacios para el período considerado.
El marco legal o su reglamentación debe establecer qué contenidos pueden ser considerados publicidad oficial y establecer un sistema de auditoria que compruebe si la realidad de los contenidos se ajusta a las pautas establecidas por la ley.
Además, corresponde establecer un período de veda para la publicidad oficial durante el período de campañas electorales para evitar el mal uso de la inversión. Esto evitaría que el partido político que detenta el poder no pueda realizar publicidad oficial y compita entonces con las mismas armas que los demás partidos.
Ejemplo de un sistema posible para el control de los contenidos.
- Mensualmente la Comisión de Libertad de Expresión recibe las piezas publicitarias utilizadas por los organismos oficiales. Chequeará que estos contenidos están dentro del marco establecido por la ley y/o de su reglamentación.
3.- Planilla comparativa de los proyectos
En esta planilla se compara el articulado de los tres proyectos en función de los siguientes puntos:
Finalidad de la ley,
Definición y contenidos de la publicidad oficial,
Organismos comprendidos en la ley,
Autoridad de Aplicación,
Registro de Medios de comunicación,
Criterios de asignación de publicidad oficial,
Control parlamentario,
Invitación a provincias y a CABA a adherir.
4.- Comparación de los tres proyectos en función de los parámetros mencionados en 1.- en su relación con los cuatro principios mencionados en la nota.
Finalidad de la ley
Sólo uno de los tres proyectos, el 3761, no exige que la publicidad oficial tenga un costo razonable.
Priman los valores de distribución transparente, justa y equitativa.
Esto podría conducir a que no se cumpla con el principio de Garantizar la razonabilidad del costo de la inversión.
Definición y contenidos de la publicidad oficial
Sólo el proyecto 2999 detalla cuales son los contenidos posibles de una publicidad oficial.
Por lo tanto los otros dos deberían hacerlo en su reglamentación.
El detalle de los contenidos posibles es necesario para poder auditar/controlar el cumplimiento del principio de evitar que el contenido de la publicidad oficial se transforme en publicidad del partido político que detenta el poder.
Organismos comprendidos en la ley
Sólo los detalla el proyecto 2999. La omisión en la que incurren los otros dos proyectos puede agregarse en la reglamentación. Además, se piensa que el listado de los organismos comprendidos en la ley no es un punto esencial para que se logre el objetivo perseguido por la sanción de esta ley.
Autoridad de Aplicación
Dos proyectos eligen a TELAM. El otro elige a la Secretaría de Medios como responsable de contratar la publicidad oficial. Se piensa que no hay otros organismos dentro del PEN que resulten más idóneos para asumir esta responsabilidad. Nuestra institución no está capacitada para opinar sobre las ventajas existentes en la elección de uno u otro.
Registro de Medios de comunicación
Los tres proyectos establecen un registro. Uno de ellos, el 2707, establece la obligatoriedad de registrarse para que el medio pueda ser destinatario de publicidad oficial. Los otros dos detallan que datos deben incluir los medios para inscribirse. Algunos de los datos requeridos parecen excesivos. Es imposible cumplir materialmente el requisito de que cada medio informe todos los horarios de todos los días, todos sus precios y sus ofertas, etc. Además esta información no agregaría transparencia a un mercado en el que se manejan descuentos exorbitantes donde los precios de lista están muy alejados de los niveles negociados en la realidad.
Por otra parte nuestra institución entiende que un registro no ayuda a la autoridad de aplicación a cumplir con su responsabilidad ni garantiza de por sí el cumplimiento de los principios señalados en nuestra nota.
Control parlamentario
El proyecto 2999 y el 2707 establecen un sistema de control parlamentario anual por una comisión bicameral .
En el caso del 2999 habla sólo de "un informe sobre las actuaciones que hubiere realizado la Autoridad de Aplicación". En el caso del 2707 es un informe de lo que se va a hacer y por lo tanto no establece un control de lo que se hizo.
Se ve bastante difícil hacer cumplir la ley sin que se establezca un sistema de auditoría de la Autoridad de Aplicación más exigente que el que establecen estos dos proyectos.
En el caso del proyecto 3761 se crea un Consejo Federal de Asesoramiento de la Publicidad dependiendo de la Autoridad de Aplicación. Si bien lo integran representantes de asociaciones de periodistas y de los medios, reporta a quien teóricamente tendría que ser controlado. Por eso lo llaman Consejo de Asesoramiento.
En conclusión, la opinión de nuestra institución es que ninguno de los tres proyectos propone un verdadero sistema de auditoría.
Ninguno de los proyectos prevé un sistema de sanciones si el control parlamentario demuestra que la autoridad de aplicación no cumple con lo que establece la ley. Creemos que es necesario preverlo, pero no sabemos si este debería ser uno específico o el que establece el marco legal que regula el desempeño de los funcionarios públicos.
Invitación a provincias y a CABA a adherir
No hay diferencias entre los tres proyectos.
Coincidimos con esta iniciativa.
SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra la directora del área de Comunicación del CIPPEC, señora Laura Zommer.
SRA. ZOMMER Señor presidente: en primer término quiero expresar mi agradecimiento a la comisión por haber convocado al CIPPEC a participar de esta reunión.
En segundo lugar deseo efectuar una aclaración previa a los comentarios que nosotros, como organización, tenemos para formular en relación con este proyecto. En tal sentido queremos decir a quienes no tengan exactamente en claro sobre qué asuntos trabaja el CIPPEC que éste, ni actualmente ni en el pasado, tuvo en principio nunca un proyecto específico vinculado con la publicidad oficial, sino que lo que viene haciendo desde el año 2000 es trabajar en pos del acceso a la información pública. Y consideramos -por eso hemos aceptado con agrado la invitación que nos hizo esta comisión- que la publicidad oficial tiene relación, en parte, con el acceso a la información pública.
La primera advertencia o aclaración es que no tenemos datos ni precisiones, como a lo mejor pueden tenerlos otros invitados, sino que los comentarios que hacemos a los proyectos son más de un tenor conceptual, de la relación específica de lo que creemos que son esos proyectos o de la futura regulación que la publicidad oficial pueda tener con el derecho a la información.
La primera cuestión que notamos claramente en todos los proyectos que nos acercaron y que suponemos que son todos los que se presentaron en su momento, que son cuatro, es que ninguno de ellos termina de definir qué va a entenderse por publicidad oficial. Entonces, si en publicidad oficial vamos a incluir los resúmenes o ejemplos de inauguración de obras pero también los llamados a concurso de los docentes universitarios, de los médicos de los hospitales y de algunos otros organismos, probablemente, si es una definición de esas características, lo que pase después sea que no tengan mucho sentido las distintas restricciones que se planteen, que nosotros creemos acertadas cuando se trate de propaganda o publicidad de gestión, pero en el otro caso se trata de restricciones en períodos de campaña, como ocurre en Chile y en muchísimos otros países.
Esta es la primera dificultad que identificamos. Creemos que para que el proyecto de ley pueda funcionar va a ser clave trabajar muchísimo en la definición y el concepto de publicidad oficial. Y si es necesario se deberá hacer, como síntesis, un glosario de lo que va a quedar dentro y fuera de esta regulación, porque si no, lo que probablemente va a ocurrir es que va a querer entenderse que no es publicidad oficial el ejemplo por el cual un hospital queda sin determinados médicos y se dice: "En campaña no importa, tenemos que cubrir los cargos". Entonces, se va a entrar en el campo de las excepciones, y creo que todos tenemos experiencia de que en general cuando una norma, desde su inicio, da lugar a que se empiecen a aplicar excepciones, el cumplimiento baja en cuanto a la calidad o a la búsqueda de la regulación que se pretende.
Por lo tanto, el primer aspecto consiste en trabajar bastante sobre la definición de la publicidad oficial.
T.6
Ello no quiere decir que no se tenga una posición. De hecho, internamente tenemos posiciones diferentes respecto de si un punto de publicidad oficial debe tener un criterio amplio o restrictivo. Probablemente sería interesante que este aspecto se estudie y analice con más profundidad. Sería interesante que eso se estudie y que se analice más lo que podemos hacer en esta semana.
La segunda cuestión que vimos en los tres o cuatro proyectos que estuvimos analizando es que no entendemos muy razonable que exista la necesidad de la autoridad de aplicación de esta norma. El ejemplo más llano sería algo parecido a que Canal 7 fuera la autoridad de aplicación de la ley de radiodifusión; justamente no lo es porque funciona como organismo ejecutor y sería complicado que además funcione como autoridad de aplicación.
Consideramos que cuando eso ocurre, es decir, cuando hay dos funciones en cabeza de un organismo, la transparencia del control disminuye en calidad.
Nuestra recomendación sería que no sea TELAM....
En segundo lugar deseo efectuar una aclaración previa a los comentarios que nosotros, como organización, tenemos para formular en relación con este proyecto. En tal sentido queremos decir a quienes no tengan exactamente en claro sobre qué asuntos trabaja el CIPPEC que éste, ni actualmente ni en el pasado, tuvo en principio nunca un proyecto específico vinculado con la publicidad oficial, sino que lo que viene haciendo desde el año 2000 es trabajar en pos del acceso a la información pública. Y consideramos -por eso hemos aceptado con agrado la invitación que nos hizo esta comisión- que la publicidad oficial tiene relación, en parte, con el acceso a la información pública.
La primera advertencia o aclaración es que no tenemos datos ni precisiones, como a lo mejor pueden tenerlos otros invitados, sino que los comentarios que hacemos a los proyectos son más de un tenor conceptual, de la relación específica de lo que creemos que son esos proyectos o de la futura regulación que la publicidad oficial pueda tener con el derecho a la información.
La primera cuestión que notamos claramente en todos los proyectos que nos acercaron y que suponemos que son todos los que se presentaron en su momento, que son cuatro, es que ninguno de ellos termina de definir qué va a entenderse por publicidad oficial. Entonces, si en publicidad oficial vamos a incluir los resúmenes o ejemplos de inauguración de obras pero también los llamados a concurso de los docentes universitarios, de los médicos de los hospitales y de algunos otros organismos, probablemente, si es una definición de esas características, lo que pase después sea que no tengan mucho sentido las distintas restricciones que se planteen, que nosotros creemos acertadas cuando se trate de propaganda o publicidad de gestión, pero en el otro caso se trata de restricciones en períodos de campaña, como ocurre en Chile y en muchísimos otros países.
Esta es la primera dificultad que identificamos. Creemos que para que el proyecto de ley pueda funcionar va a ser clave trabajar muchísimo en la definición y el concepto de publicidad oficial. Y si es necesario se deberá hacer, como síntesis, un glosario de lo que va a quedar dentro y fuera de esta regulación, porque si no, lo que probablemente va a ocurrir es que va a querer entenderse que no es publicidad oficial el ejemplo por el cual un hospital queda sin determinados médicos y se dice: "En campaña no importa, tenemos que cubrir los cargos". Entonces, se va a entrar en el campo de las excepciones, y creo que todos tenemos experiencia de que en general cuando una norma, desde su inicio, da lugar a que se empiecen a aplicar excepciones, el cumplimiento baja en cuanto a la calidad o a la búsqueda de la regulación que se pretende.
Por lo tanto, el primer aspecto consiste en trabajar bastante sobre la definición de la publicidad oficial.
T.6
Ello no quiere decir que no se tenga una posición. De hecho, internamente tenemos posiciones diferentes respecto de si un punto de publicidad oficial debe tener un criterio amplio o restrictivo. Probablemente sería interesante que este aspecto se estudie y analice con más profundidad. Sería interesante que eso se estudie y que se analice más lo que podemos hacer en esta semana.
La segunda cuestión que vimos en los tres o cuatro proyectos que estuvimos analizando es que no entendemos muy razonable que exista la necesidad de la autoridad de aplicación de esta norma. El ejemplo más llano sería algo parecido a que Canal 7 fuera la autoridad de aplicación de la ley de radiodifusión; justamente no lo es porque funciona como organismo ejecutor y sería complicado que además funcione como autoridad de aplicación.
Consideramos que cuando eso ocurre, es decir, cuando hay dos funciones en cabeza de un organismo, la transparencia del control disminuye en calidad.
Nuestra recomendación sería que no sea TELAM....
- No se llegan a percibir las palabras pronunciadas por la oradora.
SR. PRESIDENTE MORINI Por favor acérquese al micrófono porque los taquígrafos no escuchan.
SRA. ZOMMER El tercer punto que consideramos esencial, que no vimos en ninguno de los proyectos y tal vez sería útil que se revise antes de que se apruebe o se defina en comisión el proyecto, es que en la mayoría de los países europeos -el ejemplo más interesante quizás sea el de Holanda aunque algunos creen que también Italia- en los sistemas de publicidad oficial existe, por un lado, un régimen de publicidad oficial y en paralelo -pero en forma absolutamente independiente- regímenes de ayuda a la prensa.
La explicación teórico conceptual de los regímenes de ayuda a la prensa es que, en principio, por el artículo 13 de la Convención Americana el Estado garantiza que todo individuo tiene derecho de "buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole". Por lo tanto, una forma posible de este régimen de ayuda a la prensa es que cualquiera con voluntad de difundir ideas distintas -con las características particulares de cualquier individuo- pueda tener por parte del Estado algún mecanismo que hoy no existe para alzar su voz, expresarse y ejercer su derecho a la información.
Coincidimos en que esto no tiene que ver ni con la publicidad oficial ni con la comercial -o con el sistema de publicidad comercial. De todas formas, si están tratando el tema de la regulación de la publicidad oficial y en los fundamentos se refieren al derecho a la información, creemos que no debiera obviarse del debate -o teniendo en claro que están dejando afuera de esta regulación- un montón de supuestos, que si uno quisiera proteger o afianzar el derecho a la información debería tener en cuenta. No nos referimos solamente la regulación comercial de la publicidad oficial sino también a este derecho, que es un derecho humano universal para todos aquellos que lo solicitan.
Ello no quiere decir que todos los que lo soliciten vayan a recibirlo, pero sí que exista un mecanismo transparente para decidir quiénes de los que solicitan apoyo para tener una voz en un medio van a ser los seleccionados, no como ocurre hoy en día que en algunos casos es con absoluta discrecionalidad.
En principio estos eran los tres puntos que queríamos comentar.
La explicación teórico conceptual de los regímenes de ayuda a la prensa es que, en principio, por el artículo 13 de la Convención Americana el Estado garantiza que todo individuo tiene derecho de "buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole". Por lo tanto, una forma posible de este régimen de ayuda a la prensa es que cualquiera con voluntad de difundir ideas distintas -con las características particulares de cualquier individuo- pueda tener por parte del Estado algún mecanismo que hoy no existe para alzar su voz, expresarse y ejercer su derecho a la información.
Coincidimos en que esto no tiene que ver ni con la publicidad oficial ni con la comercial -o con el sistema de publicidad comercial. De todas formas, si están tratando el tema de la regulación de la publicidad oficial y en los fundamentos se refieren al derecho a la información, creemos que no debiera obviarse del debate -o teniendo en claro que están dejando afuera de esta regulación- un montón de supuestos, que si uno quisiera proteger o afianzar el derecho a la información debería tener en cuenta. No nos referimos solamente la regulación comercial de la publicidad oficial sino también a este derecho, que es un derecho humano universal para todos aquellos que lo solicitan.
Ello no quiere decir que todos los que lo soliciten vayan a recibirlo, pero sí que exista un mecanismo transparente para decidir quiénes de los que solicitan apoyo para tener una voz en un medio van a ser los seleccionados, no como ocurre hoy en día que en algunos casos es con absoluta discrecionalidad.
En principio estos eran los tres puntos que queríamos comentar.
SR. PRESIDENTE MORINI Se encuentran presentes los representantes de FARCO y también nos gustaría que se expresaran.
T.7
vm
le
Tiene la palabra el señor Fossarolli, representante de FARCO.
T.7
vm
le
Tiene la palabra el señor Fossarolli, representante de FARCO.
SR. FOSSAROLLI Mi nombre es Daniel Fossarolli y soy presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde la red de Radios Comunitarias hemos elaborado un documento consensuado entre todos los socios, el cual voy a leer para no olvidarme de nada porque es el aporte de muchos compañeros.
Agradecemos la invitación para dar la opinión de FARCO ante esta Comisión. El Foro Argentino de Radios Comunitarias -FARCO- es la asociación que reúne a emisoras de propiedad de organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro en el país. Somos radios que no pertenecemos a ninguna empresa, que no consideramos que la actividad comunicacional es un acto de comercio sino un derecho humano y un bien social. Por lo tanto, las radios que pertenecen a FARCO son entidades sin fines de lucro, son entidades sociales, no son empresas.
Entendemos la comunicación como un derecho humano. Pensamos que la información y la comunicación no pueden ser consideradas sólo como una actividad comercial. Nos permitimos, en primer lugar, dar un marco sobre nuestras ideas y preocupaciones en relación con la libertad de expresión.
Nos preocupa enormemente que los sectores empobrecidos de nuestro país no puedan ejercer su derecho a la libre expresión. Esta afirmación puede parecer dura y atrevida. Sin embargo, no es nuestra, lo afirma la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual 2002. Dice el informe en su capítulo IV: "...se pudo determinar el escaso grado de participación que tienen los sectores pobres del mundo y en particular los de América latina. A los pobres se les ha negado históricamente acceder a la información e influenciar en decisiones que afectan profundamente a sus vidas cotidianas, y por lo tanto se encuentran desposeídos de su derecho de participación activa en el quehacer nacional...". "...La falta de participación equitativa impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicaciones, decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones."
No podemos quedarnos tranquilos frente a estas afirmaciones que no hacen más que confirmar lo que vemos diariamente.
Pedimos a esta Comisión de Libertad de Expresión que analice con detenimiento el capítulo IV del Informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH-OEA.
Nos preocupa la creciente y excesiva concentración en la propiedad de los medios, que amenaza la pluralidad y diversidad, que unifica el discurso público y es funcional a las necesidades de grandes grupos económicos con intereses en diversas áreas de la economía. Resulta muy claro advertir que el mercado no pauta solo por los niveles de audiencia o tiradas, sino que lo hace muchas veces en función de la orientación de los medios. A su vez este mecanismo permite a los anunciantes tener espacios de difusión de sus intereses en los medios.
Creemos que el Estado debe asumir un rol activo para garantizar la diversidad y pluralidad, el derecho a la información y la libertad de expresión, poniendo límites a los monopolios y oligopolios que hoy controlan la información en nuestro país.
Entendemos que un instrumento indispensable es una nueva ley de Radiodifusión que reemplace a la ley vigente de la época de la dictadura. En ese sentido hemos aportado, en conjunto con otras organizaciones con las que formamos la "Coalición por una radiodifusión democrática", las bases para una nueva ley de Radiodifusión.
En esta coalición están representadas casi todas las organizaciones ligadas a la comunicación del país. Hemos elaborado una base para una nueva ley de radiodifusión de consta de veintiún puntos, la cual hemos presentado ante el Poder Ejecutivo.
En relación con la publicidad oficial entendemos necesario dimensionar los valores de publicidad del Estado nacional en relación con la "torta" publicitaria total. Mientras el Estado invierte entre 150 a 200 millones de pesos al año, tomando datos estimados del último año de todos los organismos y empresas dependientes del Estado nacional, la inversión publicitaria total en el país -del sector privado- es de casi 5 mil millones en el año 2006.
Es evidente que los medios comerciales "dependen" del mercado para su subsistencia, lo que hace que la información sea en la mayoría de los casos una mercancía.
T.8
La enorme desproporción entre la inversión estatal y la inversión privada y su influencia en los medios no implica dejar de considerar la importancia del tema de la información y publicidad del Estado.
Vamos ahora específicamente al tema y los proyectos en debate. Hemos analizado y debatido los cuatro proyectos en trámite en esta comisión relacionados con la 'publicidad oficial' y señalamos al respecto los siguiente puntos: Consideramos que es conveniente la regulación de la publicidad oficial. Creemos que la asignación de publicidad debe ser transparente y equitativa. Sin embargo, no creemos posible establecer por ley criterios de absoluta objetividad.
Entendemos por 'publicidad oficial' a toda comunicación, información, anuncio o campaña comunicacional que realice cualquier organismo o empresa del Estado nacional en forma paga en cualquier tipo de medio de comunicación."
Aquí hay una aclaración que dice: "Se podría señalar explícitamente los organismos del Estado incluidos en la presente norma: Poder Legislativo de la Nación, Poder Judicial de la Nación, Consejo de la Magistratura y Ministerio Público. Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados -comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social. Empresas y sociedades del Estado, concepto que abarca a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Entes públicos excluidos expresamente de la administración nacional, concepto que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones. Por último, fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional."
"Coincidimos con los proyectos que señalan como objetivo de la 'publicidad oficial' el garantizar el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la información pública. A nuestro entender los anuncios de los organismos públicos deben también promover el ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas, promover la participación ciudadana, los derechos humanos, la diversidad de culturas locales y regionales, la cultura nacional y los valores democráticos.
Nos preguntamos también si la publicidad oficial no debería funcionar como moderador de los desequilibrios del mercado en cuanto al desenvolvimiento de los pequeños y medianos medios de comunicación, que son garantía de pluralidad y diversidad en la información, además de sostenedores de los contenidos locales. Si no se hace por este medio, ¿qué otros recursos tiene el Estado para cumplir este objetivo?
Por lo anterior señalamos que la distribución de la publicidad oficial no puede regirse por criterios de mercado. No se trata de vender un producto o servicios a clientes o consumidores.
De igual forma entendemos que la 'publicidad oficial' no debe promocionar directa o indirectamente la gestión de funcionarios, ni de ningún partido político. La publicidad oficial no puede ser en ningún caso propaganda de una gestión de gobierno.
Compartimos la idea de que: 'la publicidad oficial será distribuida en forma transparente, justa y equitativa, entre otros diferentes medios, garantizando la libertad de prensa, el derecho a la información y el pluralismo informativo'.
Para hacer posible la transparencia y el control ciudadano sobre las contrataciones de publicidad de organismos del Estado entendemos necesario que la ley establezca la obligación de publicar en un sitio público en Internet todos los contratos publicitarios, indicando medio, empresa titular del medio, tipo de anuncio (espacio, cantidad de menciones y tiempo de emisión según sea el caso) y monto de la contratación.
Estamos de acuerdo en que el órgano de aplicación de la ley sea la agencia estatal TELAM, sociedad del Estado, y por tanto que toda la publicidad de los diversos organismos y empresas del Estado se realice a través de la agencia estatal TELAM.
T.9
Compartimos también la idea de la creación de un registro único y público de medios de comunicación que reciban publicidad oficial o que aspiren a recibirla. Sólo podría ser rechazada la inscripción o eliminado del registro el medio que falseara sus datos en su inscripción, incumpliera obligaciones fiscales o incumpliera legislación laboral en forma reiterada.
La publicidad oficial debe ser contratada por la agencia TELAM directamente al titular de cada uno de los medios. Esto nos parece indispensable para evitar la duplicación o multiplicación de facturación de un medio a través de distintas productoras o agencias de publicidad.
Coincidimos en que la ley debe establecer que la publicidad contratada no podrá en ningún caso tener un costo superior a lo que paga el sector privado por similar producto o servicio.
No creemos posible que se utilice el mecanismo de licitación pública para la asignación de publicidad. Tampoco creemos que sea factible utilizar mediciones de audiencia en medios electrónicos o tirada en medios gráficos, por cuanto éstas no se realizan en todo el país en forma confiable. Las mediciones que actualmente se realizan han sido seriamente cuestionadas.
A fin de promover y garantizar la pluralidad de medios de comunicación proponemos que la ley establezca que un medio o los medios de un mismo grupo económico podrán recibir no más del 3 por ciento del total de la publicidad oficial. Nuestra propuesta es que el límite sea del 3 por ciento -aceptando que este porcentaje puede estudiarse y eventualmente ampliarse a no más del 5 por ciento-, lo que implicaría aproximadamente 10 millones de pesos al año para un medio o grupo económico, teniendo en cuenta que existen más de 2.500 medios ya registrados en TELAM. Es de señalar que según los informes disponibles un solo grupo económico está recibiendo cerca del 30 por ciento del total de la publicidad oficial, lo que consideramos inaceptable. Es de destacar que entre 2002 y 2007 el número de proveedores de publicidad en TELAM pasó de menos de 500 a más de 2.500.
En igual sentido y a fin de asegurar la distribución equitativa de publicidad en los medios de todo el territorio nacional proponemos que la ley establezca cupos por las provincias y por la ciudad de Buenos Aires, siguiendo los mismos criterios con los que se asigna la coparticipación federal de impuestos. Si ese criterio no fuera aceptado por la comisión entendemos que de alguna forma hay que establecer algún límite a la asignación de publicidad a los medios de la ciudad de Buenos Aires que hoy se quedan con una buena parte de la pauta publicitaria oficial en detrimento de los medios locales y regionales.
Con igual criterio proponemos que la ley establezca un cupo de no menos del 15 por ciento de la publicidad oficial a ser adjudicada a medios comunitarios de organizaciones sociales.
Compartimos la idea de crear un Consejo Federal asesor en materia de publicidad y de invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a legislar en el mismo sentido.
Por último, agradecemos la consideración de nuestras propuestas y quedamos a disposición para ampliarlas, fundamentarlas más extensamente y debatirlas. Esperamos volver en breve a esta comisión con el necesario y postergado debate sobre una nueva ley de radiodifusión.
Desde la red de Radios Comunitarias hemos elaborado un documento consensuado entre todos los socios, el cual voy a leer para no olvidarme de nada porque es el aporte de muchos compañeros.
Agradecemos la invitación para dar la opinión de FARCO ante esta Comisión. El Foro Argentino de Radios Comunitarias -FARCO- es la asociación que reúne a emisoras de propiedad de organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro en el país. Somos radios que no pertenecemos a ninguna empresa, que no consideramos que la actividad comunicacional es un acto de comercio sino un derecho humano y un bien social. Por lo tanto, las radios que pertenecen a FARCO son entidades sin fines de lucro, son entidades sociales, no son empresas.
Entendemos la comunicación como un derecho humano. Pensamos que la información y la comunicación no pueden ser consideradas sólo como una actividad comercial. Nos permitimos, en primer lugar, dar un marco sobre nuestras ideas y preocupaciones en relación con la libertad de expresión.
Nos preocupa enormemente que los sectores empobrecidos de nuestro país no puedan ejercer su derecho a la libre expresión. Esta afirmación puede parecer dura y atrevida. Sin embargo, no es nuestra, lo afirma la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual 2002. Dice el informe en su capítulo IV: "...se pudo determinar el escaso grado de participación que tienen los sectores pobres del mundo y en particular los de América latina. A los pobres se les ha negado históricamente acceder a la información e influenciar en decisiones que afectan profundamente a sus vidas cotidianas, y por lo tanto se encuentran desposeídos de su derecho de participación activa en el quehacer nacional...". "...La falta de participación equitativa impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicaciones, decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones."
No podemos quedarnos tranquilos frente a estas afirmaciones que no hacen más que confirmar lo que vemos diariamente.
Pedimos a esta Comisión de Libertad de Expresión que analice con detenimiento el capítulo IV del Informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH-OEA.
Nos preocupa la creciente y excesiva concentración en la propiedad de los medios, que amenaza la pluralidad y diversidad, que unifica el discurso público y es funcional a las necesidades de grandes grupos económicos con intereses en diversas áreas de la economía. Resulta muy claro advertir que el mercado no pauta solo por los niveles de audiencia o tiradas, sino que lo hace muchas veces en función de la orientación de los medios. A su vez este mecanismo permite a los anunciantes tener espacios de difusión de sus intereses en los medios.
Creemos que el Estado debe asumir un rol activo para garantizar la diversidad y pluralidad, el derecho a la información y la libertad de expresión, poniendo límites a los monopolios y oligopolios que hoy controlan la información en nuestro país.
Entendemos que un instrumento indispensable es una nueva ley de Radiodifusión que reemplace a la ley vigente de la época de la dictadura. En ese sentido hemos aportado, en conjunto con otras organizaciones con las que formamos la "Coalición por una radiodifusión democrática", las bases para una nueva ley de Radiodifusión.
En esta coalición están representadas casi todas las organizaciones ligadas a la comunicación del país. Hemos elaborado una base para una nueva ley de radiodifusión de consta de veintiún puntos, la cual hemos presentado ante el Poder Ejecutivo.
En relación con la publicidad oficial entendemos necesario dimensionar los valores de publicidad del Estado nacional en relación con la "torta" publicitaria total. Mientras el Estado invierte entre 150 a 200 millones de pesos al año, tomando datos estimados del último año de todos los organismos y empresas dependientes del Estado nacional, la inversión publicitaria total en el país -del sector privado- es de casi 5 mil millones en el año 2006.
Es evidente que los medios comerciales "dependen" del mercado para su subsistencia, lo que hace que la información sea en la mayoría de los casos una mercancía.
T.8
La enorme desproporción entre la inversión estatal y la inversión privada y su influencia en los medios no implica dejar de considerar la importancia del tema de la información y publicidad del Estado.
Vamos ahora específicamente al tema y los proyectos en debate. Hemos analizado y debatido los cuatro proyectos en trámite en esta comisión relacionados con la 'publicidad oficial' y señalamos al respecto los siguiente puntos: Consideramos que es conveniente la regulación de la publicidad oficial. Creemos que la asignación de publicidad debe ser transparente y equitativa. Sin embargo, no creemos posible establecer por ley criterios de absoluta objetividad.
Entendemos por 'publicidad oficial' a toda comunicación, información, anuncio o campaña comunicacional que realice cualquier organismo o empresa del Estado nacional en forma paga en cualquier tipo de medio de comunicación."
Aquí hay una aclaración que dice: "Se podría señalar explícitamente los organismos del Estado incluidos en la presente norma: Poder Legislativo de la Nación, Poder Judicial de la Nación, Consejo de la Magistratura y Ministerio Público. Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados -comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social. Empresas y sociedades del Estado, concepto que abarca a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Entes públicos excluidos expresamente de la administración nacional, concepto que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones. Por último, fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional."
"Coincidimos con los proyectos que señalan como objetivo de la 'publicidad oficial' el garantizar el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la información pública. A nuestro entender los anuncios de los organismos públicos deben también promover el ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas, promover la participación ciudadana, los derechos humanos, la diversidad de culturas locales y regionales, la cultura nacional y los valores democráticos.
Nos preguntamos también si la publicidad oficial no debería funcionar como moderador de los desequilibrios del mercado en cuanto al desenvolvimiento de los pequeños y medianos medios de comunicación, que son garantía de pluralidad y diversidad en la información, además de sostenedores de los contenidos locales. Si no se hace por este medio, ¿qué otros recursos tiene el Estado para cumplir este objetivo?
Por lo anterior señalamos que la distribución de la publicidad oficial no puede regirse por criterios de mercado. No se trata de vender un producto o servicios a clientes o consumidores.
De igual forma entendemos que la 'publicidad oficial' no debe promocionar directa o indirectamente la gestión de funcionarios, ni de ningún partido político. La publicidad oficial no puede ser en ningún caso propaganda de una gestión de gobierno.
Compartimos la idea de que: 'la publicidad oficial será distribuida en forma transparente, justa y equitativa, entre otros diferentes medios, garantizando la libertad de prensa, el derecho a la información y el pluralismo informativo'.
Para hacer posible la transparencia y el control ciudadano sobre las contrataciones de publicidad de organismos del Estado entendemos necesario que la ley establezca la obligación de publicar en un sitio público en Internet todos los contratos publicitarios, indicando medio, empresa titular del medio, tipo de anuncio (espacio, cantidad de menciones y tiempo de emisión según sea el caso) y monto de la contratación.
Estamos de acuerdo en que el órgano de aplicación de la ley sea la agencia estatal TELAM, sociedad del Estado, y por tanto que toda la publicidad de los diversos organismos y empresas del Estado se realice a través de la agencia estatal TELAM.
T.9
Compartimos también la idea de la creación de un registro único y público de medios de comunicación que reciban publicidad oficial o que aspiren a recibirla. Sólo podría ser rechazada la inscripción o eliminado del registro el medio que falseara sus datos en su inscripción, incumpliera obligaciones fiscales o incumpliera legislación laboral en forma reiterada.
La publicidad oficial debe ser contratada por la agencia TELAM directamente al titular de cada uno de los medios. Esto nos parece indispensable para evitar la duplicación o multiplicación de facturación de un medio a través de distintas productoras o agencias de publicidad.
Coincidimos en que la ley debe establecer que la publicidad contratada no podrá en ningún caso tener un costo superior a lo que paga el sector privado por similar producto o servicio.
No creemos posible que se utilice el mecanismo de licitación pública para la asignación de publicidad. Tampoco creemos que sea factible utilizar mediciones de audiencia en medios electrónicos o tirada en medios gráficos, por cuanto éstas no se realizan en todo el país en forma confiable. Las mediciones que actualmente se realizan han sido seriamente cuestionadas.
A fin de promover y garantizar la pluralidad de medios de comunicación proponemos que la ley establezca que un medio o los medios de un mismo grupo económico podrán recibir no más del 3 por ciento del total de la publicidad oficial. Nuestra propuesta es que el límite sea del 3 por ciento -aceptando que este porcentaje puede estudiarse y eventualmente ampliarse a no más del 5 por ciento-, lo que implicaría aproximadamente 10 millones de pesos al año para un medio o grupo económico, teniendo en cuenta que existen más de 2.500 medios ya registrados en TELAM. Es de señalar que según los informes disponibles un solo grupo económico está recibiendo cerca del 30 por ciento del total de la publicidad oficial, lo que consideramos inaceptable. Es de destacar que entre 2002 y 2007 el número de proveedores de publicidad en TELAM pasó de menos de 500 a más de 2.500.
En igual sentido y a fin de asegurar la distribución equitativa de publicidad en los medios de todo el territorio nacional proponemos que la ley establezca cupos por las provincias y por la ciudad de Buenos Aires, siguiendo los mismos criterios con los que se asigna la coparticipación federal de impuestos. Si ese criterio no fuera aceptado por la comisión entendemos que de alguna forma hay que establecer algún límite a la asignación de publicidad a los medios de la ciudad de Buenos Aires que hoy se quedan con una buena parte de la pauta publicitaria oficial en detrimento de los medios locales y regionales.
Con igual criterio proponemos que la ley establezca un cupo de no menos del 15 por ciento de la publicidad oficial a ser adjudicada a medios comunitarios de organizaciones sociales.
Compartimos la idea de crear un Consejo Federal asesor en materia de publicidad y de invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a legislar en el mismo sentido.
Por último, agradecemos la consideración de nuestras propuestas y quedamos a disposición para ampliarlas, fundamentarlas más extensamente y debatirlas. Esperamos volver en breve a esta comisión con el necesario y postergado debate sobre una nueva ley de radiodifusión.
SR. PRESIDENTE MORINI Se encuentran presentes algunos señores diputados, como por ejemplo la señora diputada Giúdici, que es autora de uno de los proyectos. No están el señor diputado Pinedo ni la señora diputada Bertol, como tampoco los señores diputados Jerez y Solanas, que son los autores de las otras iniciativas.
Por lo tanto, vamos a otorgar a la señora diputada Giúdici la posibilidad de hacer alguna consulta, aprovechando la oportunidad de que ustedes estén aquí.
T.10
Por lo tanto, vamos a otorgar a la señora diputada Giúdici la posibilidad de hacer alguna consulta, aprovechando la oportunidad de que ustedes estén aquí.
T.10
SRA. GIUDICI En primer lugar quiero agradecer a la presidencia de la comisión por esta convocatoria, a la comisión por el trabajo realizado y a ustedes por venir esta tarde a exponer la visión de cada organización sobre el tema.
Venimos trabajando desde hace mucho tiempo sobre la necesidad de regular la publicidad oficial y también hemos presentado un proyecto relacionado con una nueva ley de radiodifusión. Consideramos que es imprescindible incorporar en este debate la regulación sobre los medios, su propiedad, la transparencia en la información y quiénes los controlan en la Argentina.
Volviendo al tema de la publicidad oficial, hemos trabajado en el mismo sentido que ustedes plantean. Es verdad, hace falta generar transparencia sobre los contratos que realiza el Estado en todos los ámbitos, tanto en la contratación por una obra, en la compra de insumos como cuando se contrata la publicidad oficial.
En este sentido, coincidimos en que la agencia TELAM debe constituirse en una agencia estatal autónoma, transparente, objetiva, que regule el contrato de la pauta oficial y que dicha regulación contenga herramientas novedosas de tecnología que nos permitan dar la máxima transparencia a este proceso.
Cuando hablo de incorporar tecnología me refiero simplemente a contar con un registro público en Internet -al que todos los ciudadanos tengan acceso- para controlar qué medios se contrataron, en qué horarios, con qué precio y cuáles son aquellos que no pueden acceder a la pauta oficial. Asimismo, un registro de los requisitos necesarios para que esos medios puedan constituirse en algún momento en beneficiarios del contrato de publicidad oficial.
Podría hablar de otros temas que hemos trabajado en años anteriores en la Comisión de Libertad de Expresión, ya que la presidí por un breve tiempo. Pero en realidad, quiero expresar el compromiso de seguir trabajando sobre los consensos que hagan falta para que, en el próximo período parlamentario, podamos sancionar una ley que regule la publicidad oficial y la ley de radiodifusión -sobre la que este Parlamento viene postergando su debate desde hace muchos años.
Venimos trabajando desde hace mucho tiempo sobre la necesidad de regular la publicidad oficial y también hemos presentado un proyecto relacionado con una nueva ley de radiodifusión. Consideramos que es imprescindible incorporar en este debate la regulación sobre los medios, su propiedad, la transparencia en la información y quiénes los controlan en la Argentina.
Volviendo al tema de la publicidad oficial, hemos trabajado en el mismo sentido que ustedes plantean. Es verdad, hace falta generar transparencia sobre los contratos que realiza el Estado en todos los ámbitos, tanto en la contratación por una obra, en la compra de insumos como cuando se contrata la publicidad oficial.
En este sentido, coincidimos en que la agencia TELAM debe constituirse en una agencia estatal autónoma, transparente, objetiva, que regule el contrato de la pauta oficial y que dicha regulación contenga herramientas novedosas de tecnología que nos permitan dar la máxima transparencia a este proceso.
Cuando hablo de incorporar tecnología me refiero simplemente a contar con un registro público en Internet -al que todos los ciudadanos tengan acceso- para controlar qué medios se contrataron, en qué horarios, con qué precio y cuáles son aquellos que no pueden acceder a la pauta oficial. Asimismo, un registro de los requisitos necesarios para que esos medios puedan constituirse en algún momento en beneficiarios del contrato de publicidad oficial.
Podría hablar de otros temas que hemos trabajado en años anteriores en la Comisión de Libertad de Expresión, ya que la presidí por un breve tiempo. Pero en realidad, quiero expresar el compromiso de seguir trabajando sobre los consensos que hagan falta para que, en el próximo período parlamentario, podamos sancionar una ley que regule la publicidad oficial y la ley de radiodifusión -sobre la que este Parlamento viene postergando su debate desde hace muchos años.
SR. PRESIDENTE MORINI Muchas gracias a las tres asociaciones que nos visitan hoy. Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que quieran realizar, tanto la presidencia como los diputados integrantes de esta comisión, cuyo listado podrán encontrar en la página de Internet.
Les agradecemos este tiempo que han compartido con nosotros; seguiremos reuniéndonos con las demás asociaciones y seguramente ello redundará en la conformación de un proyecto unificado que podrá ser tratado el año próximo.
Tiene la palabra el señor diputado Heredia.
Les agradecemos este tiempo que han compartido con nosotros; seguiremos reuniéndonos con las demás asociaciones y seguramente ello redundará en la conformación de un proyecto unificado que podrá ser tratado el año próximo.
Tiene la palabra el señor diputado Heredia.
SR. HEREDIA Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados y pedir a la comisión si pueden facilitarnos copias de los trabajos que han enumerado.
SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra la señora diputada Morandini.
SRA. MORANDINI En primer lugar quiero agradecerles que hayan venido a hablar de democracia. Tal vez el aspecto más difícil es ver cómo la política, además de hacer leyes, se convierte en formativa.
Tenemos muy naturalizada una serie de comportamientos producto de la anormalidad que ha vivido nuestro país al verse dominado por el autoritarismo casi la mitad del siglo pasado. En esta época se confundió la idea de propaganda, fundamental para los gobiernos autoritarios, sin distinguir la diferencia entre ella y publicidad, entendida esta última como obligación de los actos de gobierno y no como propaganda de gobierno o de gestión.
Como tenemos tan naturalizados estos conceptos, me gustó mucho oír sus palabras y además contar con el compromiso que han manifestado el presidente de la comisión y la señora diputada Giudici para ver de qué manera podemos promover fuera de la Cámara que sus organizaciones -en esta unión de Estado y sociedad- sean fundamentales, que este tema sea parte del debate y que se puedan incorporar nuevos valores que hacen a una cultura democrática.
T.11
vm
le
Reitero el compromiso de seguir trabajando para que esta comisión no siga recibiendo tantas denuncias de violaciones de la libertad de expresión y que efectivamente podamos construir una cultura de libertad y de derecho.
Tenemos muy naturalizada una serie de comportamientos producto de la anormalidad que ha vivido nuestro país al verse dominado por el autoritarismo casi la mitad del siglo pasado. En esta época se confundió la idea de propaganda, fundamental para los gobiernos autoritarios, sin distinguir la diferencia entre ella y publicidad, entendida esta última como obligación de los actos de gobierno y no como propaganda de gobierno o de gestión.
Como tenemos tan naturalizados estos conceptos, me gustó mucho oír sus palabras y además contar con el compromiso que han manifestado el presidente de la comisión y la señora diputada Giudici para ver de qué manera podemos promover fuera de la Cámara que sus organizaciones -en esta unión de Estado y sociedad- sean fundamentales, que este tema sea parte del debate y que se puedan incorporar nuevos valores que hacen a una cultura democrática.
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Reitero el compromiso de seguir trabajando para que esta comisión no siga recibiendo tantas denuncias de violaciones de la libertad de expresión y que efectivamente podamos construir una cultura de libertad y de derecho.
SR. PRESIDENTE MORINI Agradecemos la presencia de todos los invitados.
Voy a solicitar el apartamiento del orden del día ya que se encuentra presente el señor diputado Vargas Aignasse, quien tiene que viajar. El diputado solicitó expresarse en esta comisión porque hay presentado un proyecto que lo alude.
Voy a solicitar el apartamiento del orden del día ya que se encuentra presente el señor diputado Vargas Aignasse, quien tiene que viajar. El diputado solicitó expresarse en esta comisión porque hay presentado un proyecto que lo alude.
SR. VARGAS AIGNASSE Concurrí a esta comisión porque este proyecto obviamente me ha tomado por sorpresa. Me siento profundamente agraviado por el proyecto presentado por la señora diputada Morandini y por el señor diputado Morini porque no refleja lo ocurrido en Tucumán, sino todo lo contrario: he sido víctima de no poder expresarme en un medio radial ante una injuria tremenda, dos meses antes de una elección.
Obviamente, hay algunos sectores vinculados al periodismo que terminan haciendo una defensa corporativa, desvirtuando lo que es la libertad de expresión y el derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos a ser informados correctamente y la posibilidad del derecho a réplica en el mismo medio.
Lamento mucho que hayan firmado este proyecto y he venido a que los miembros de la comisión conozcan la verdad de los hechos. Solicito que a la hora de aprobarlo o no, lo hagan escuchando las dos campanas, la campana que ha reflejado el proyecto firmado por ustedes y la que voy a exponer.
Además pongo a disposición la grabación del programa que hice grabar para iniciar las acciones judiciales porque lamentablemente esto no era la primera vez que ocurría; por eso tomé las medidas necesarias como para tener la posibilidad de defenderme judicialmente.
Como todos sabemos, las personas públicas estamos muy expuestas y cualquier persona con un micrófono puede decir cualquier barbaridad.
T.12
En muchos casos son solventes y en otros, cuando uno decide accionar judicialmente, está coartando la libertad de expresión, pero nunca se evalúa el daño que puede acarrear la difamación detrás de un micrófono que, por supuesto, dos años después con una sentencia judicial puede quedar saldado pero el daño real quedó hecho.
El hecho ocurrió el 13 de septiembre -probablemente algunos diputados desconozcan lo que ha pasado- en Radio Del Plata, que tiene una licencia en Tucumán para emitir alternativamente programas nacionales y locales.
Unos días antes este periodista había dicho públicamente que mi esposa, la doctora Ingrid Wagner, estaba contratada en el PAMI Tucumán y que cobraba mensualmente cinco mil pesos sin ir a trabajar.
Si bien no es periodista porque para serlo hay que tener un título, una formación -a pesar de que cualquiera habla delante de un micrófono-, se debe conocer el instrumento y la herramienta que se tiene delante, cosa que este seudoperiodista no tiene, ya que dos años antes era el operador, el que ponía música, llamémoslo así.
Dijo esto haciéndose eco de un diario opositor, que tampoco lo decía en esos términos pero lo aludió con la picardía que tienen los periodistas para descalificar e injuriar, sin que podamos defendernos.
Quizás sería bueno que los periodistas que están aquí empiecen a ver cómo preservamos a las personas de las barbaridades y de las picardías que utilizan algunos periodistas para descalificar y calumniar.
Cuando este periodista toma esta noticia -o esta barbaridad- y la dice al aire, tomo conocimiento y me comunico telefónicamente con él. Le digo que no era cierto, que yo ya había llevado al diario emisor de esta barbaridad las pruebas que, obviamente, demostraban que mi señora había estado contratada en el PAMI hasta diciembre de 2006 cobrando 1.500 pesos por mes, con los libros de asistencia como corresponde y allí quedó aclarado el tema.
Hablé telefónicamente con Miguel Coronel, así se llama el periodista con el que mantuve la discusión, y me dijo: "Esta bien, quedó claro."
Pasó una semana o diez días aproximadamente y el día que juraban los legisladores provinciales, yo estaba presente en el teatro donde se realizó el evento, grabando el programa con gente que trabaja conmigo, y el periodista Miguel Coronel dijo: "Está presente el diputado Vargas Aignasse, pero está solo, no con su esposa, la que gana 5.000 pesos sin ir a trabajar."
Inmediatamente me informaron de esto, salí del teatro y me hice presente en los estudios con las facturas. Mi señora estaba contratada y facturaba al PAMI 1.500 pesos por mes. Obviamente, el contrato que tenía vencimiento en diciembre de 2006 había terminado y ella no quiso seguir.
Quiero dejar en claro que la directora del PAMI Tucumán no está impuesta por el gobierno nacional ni provincial, sino que ha ganado su cargo por concurso. Después de la barbaridad que dijo, este muchacho salió públicamente a decir que la doctora Ingrid Wagner no ganaba 5.000 pesos porque en el PAMI no había sueldos de esa categoría. Además, que había trabajado hasta diciembre de 2006 ganando 1.500 pesos por mes contratada por un año y que el PAMI le debía cuatro sueldos -lo que es cierto porque todavía no cobró.
Después de los episodios de la victimización de Coronel, la directora del PAMI tuvo que salir a aclarar la situación porque estaba en juego la ética de la institución -esto puede estar a disposición de todos ustedes en todos los medios de Tucumán.
T.13
Me hice presente pidiéndole que por favor me permita el micrófono para aclarar la situación. Llevé estas facturas, llevé el contrato. Me dijeron ahí que él no quería hablar conmigo; me dijeron que no podía hacerlo porque ya estaba terminando el programa. Como el programa que continuaba era un programa de la provincia y no de una cadena nacional, pregunté si yo podía aclararlo en otro programa, pero me dijeron que no. Digamos que fue el operador o el que estaba ahí, porque no estaba la autoridad; me dijeron que no, que de ninguna manera, que después, que presente una nota para ver si era posible.
La verdad es que me enojé mucho. Esperé que él terminara el programa. Y mantuvimos una discusión que de ninguna manera fue un agravio. Simplemente le reclamé por qué seguía diciendo cosas inexactas si él sabía que no era así. Le mostré toda la documentación, le volví a pedir que me dejaran hablar por la radio, me dijo que no, mantuvimos una discusión, que de ninguna manera fue una amenaza.
Quiero aclarar a la autora de este proyecto que en mis 37 años de vida jamás fui detenido, ni siquiera por una contravención policial. Y me tocó en Tucumán, como joven estudiante, tolerar que Bussi ganara una elección, que en ese momento fuéramos considerados montoneros, cosa que por mi edad jamás podría haber sido; mi padre tampoco lo fue, pero quizás hubiera sido o no, no sé.
Pero nos tocó vivir los momentos más duros de la dictadura como niños y de la democracia con Bussi en el gobierno. Y lo soportamos democráticamente porque había sido la elección de la gente. Jamás mantuve una discusión o una descalificación con nadie, ni aún con periodistas que son parte de esta asociación de la que usted levantó esta infamia, que recibían de las manos bañadas de sangre de Bussi plata todos los meses de la caja que reparte el dinero de los medios en Tucumán.
Quiero que sepa, señora periodista y diputada ...
Obviamente, hay algunos sectores vinculados al periodismo que terminan haciendo una defensa corporativa, desvirtuando lo que es la libertad de expresión y el derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos a ser informados correctamente y la posibilidad del derecho a réplica en el mismo medio.
Lamento mucho que hayan firmado este proyecto y he venido a que los miembros de la comisión conozcan la verdad de los hechos. Solicito que a la hora de aprobarlo o no, lo hagan escuchando las dos campanas, la campana que ha reflejado el proyecto firmado por ustedes y la que voy a exponer.
Además pongo a disposición la grabación del programa que hice grabar para iniciar las acciones judiciales porque lamentablemente esto no era la primera vez que ocurría; por eso tomé las medidas necesarias como para tener la posibilidad de defenderme judicialmente.
Como todos sabemos, las personas públicas estamos muy expuestas y cualquier persona con un micrófono puede decir cualquier barbaridad.
T.12
En muchos casos son solventes y en otros, cuando uno decide accionar judicialmente, está coartando la libertad de expresión, pero nunca se evalúa el daño que puede acarrear la difamación detrás de un micrófono que, por supuesto, dos años después con una sentencia judicial puede quedar saldado pero el daño real quedó hecho.
El hecho ocurrió el 13 de septiembre -probablemente algunos diputados desconozcan lo que ha pasado- en Radio Del Plata, que tiene una licencia en Tucumán para emitir alternativamente programas nacionales y locales.
Unos días antes este periodista había dicho públicamente que mi esposa, la doctora Ingrid Wagner, estaba contratada en el PAMI Tucumán y que cobraba mensualmente cinco mil pesos sin ir a trabajar.
Si bien no es periodista porque para serlo hay que tener un título, una formación -a pesar de que cualquiera habla delante de un micrófono-, se debe conocer el instrumento y la herramienta que se tiene delante, cosa que este seudoperiodista no tiene, ya que dos años antes era el operador, el que ponía música, llamémoslo así.
Dijo esto haciéndose eco de un diario opositor, que tampoco lo decía en esos términos pero lo aludió con la picardía que tienen los periodistas para descalificar e injuriar, sin que podamos defendernos.
Quizás sería bueno que los periodistas que están aquí empiecen a ver cómo preservamos a las personas de las barbaridades y de las picardías que utilizan algunos periodistas para descalificar y calumniar.
Cuando este periodista toma esta noticia -o esta barbaridad- y la dice al aire, tomo conocimiento y me comunico telefónicamente con él. Le digo que no era cierto, que yo ya había llevado al diario emisor de esta barbaridad las pruebas que, obviamente, demostraban que mi señora había estado contratada en el PAMI hasta diciembre de 2006 cobrando 1.500 pesos por mes, con los libros de asistencia como corresponde y allí quedó aclarado el tema.
Hablé telefónicamente con Miguel Coronel, así se llama el periodista con el que mantuve la discusión, y me dijo: "Esta bien, quedó claro."
Pasó una semana o diez días aproximadamente y el día que juraban los legisladores provinciales, yo estaba presente en el teatro donde se realizó el evento, grabando el programa con gente que trabaja conmigo, y el periodista Miguel Coronel dijo: "Está presente el diputado Vargas Aignasse, pero está solo, no con su esposa, la que gana 5.000 pesos sin ir a trabajar."
Inmediatamente me informaron de esto, salí del teatro y me hice presente en los estudios con las facturas. Mi señora estaba contratada y facturaba al PAMI 1.500 pesos por mes. Obviamente, el contrato que tenía vencimiento en diciembre de 2006 había terminado y ella no quiso seguir.
Quiero dejar en claro que la directora del PAMI Tucumán no está impuesta por el gobierno nacional ni provincial, sino que ha ganado su cargo por concurso. Después de la barbaridad que dijo, este muchacho salió públicamente a decir que la doctora Ingrid Wagner no ganaba 5.000 pesos porque en el PAMI no había sueldos de esa categoría. Además, que había trabajado hasta diciembre de 2006 ganando 1.500 pesos por mes contratada por un año y que el PAMI le debía cuatro sueldos -lo que es cierto porque todavía no cobró.
Después de los episodios de la victimización de Coronel, la directora del PAMI tuvo que salir a aclarar la situación porque estaba en juego la ética de la institución -esto puede estar a disposición de todos ustedes en todos los medios de Tucumán.
T.13
Me hice presente pidiéndole que por favor me permita el micrófono para aclarar la situación. Llevé estas facturas, llevé el contrato. Me dijeron ahí que él no quería hablar conmigo; me dijeron que no podía hacerlo porque ya estaba terminando el programa. Como el programa que continuaba era un programa de la provincia y no de una cadena nacional, pregunté si yo podía aclararlo en otro programa, pero me dijeron que no. Digamos que fue el operador o el que estaba ahí, porque no estaba la autoridad; me dijeron que no, que de ninguna manera, que después, que presente una nota para ver si era posible.
La verdad es que me enojé mucho. Esperé que él terminara el programa. Y mantuvimos una discusión que de ninguna manera fue un agravio. Simplemente le reclamé por qué seguía diciendo cosas inexactas si él sabía que no era así. Le mostré toda la documentación, le volví a pedir que me dejaran hablar por la radio, me dijo que no, mantuvimos una discusión, que de ninguna manera fue una amenaza.
Quiero aclarar a la autora de este proyecto que en mis 37 años de vida jamás fui detenido, ni siquiera por una contravención policial. Y me tocó en Tucumán, como joven estudiante, tolerar que Bussi ganara una elección, que en ese momento fuéramos considerados montoneros, cosa que por mi edad jamás podría haber sido; mi padre tampoco lo fue, pero quizás hubiera sido o no, no sé.
Pero nos tocó vivir los momentos más duros de la dictadura como niños y de la democracia con Bussi en el gobierno. Y lo soportamos democráticamente porque había sido la elección de la gente. Jamás mantuve una discusión o una descalificación con nadie, ni aún con periodistas que son parte de esta asociación de la que usted levantó esta infamia, que recibían de las manos bañadas de sangre de Bussi plata todos los meses de la caja que reparte el dinero de los medios en Tucumán.
Quiero que sepa, señora periodista y diputada ...
SR. PRESIDENTE MORINI Perdón, señor diputado, le quiero aclarar ...
SR. VARGAS AIGNASSE Usted también es coautor ...
SR. PRESIDENTE MORINI No, yo soy autor del proyecto.
SR. VARGAS AIGNASSE Quiero decirle, señor presidente autor de este proyecto, que al lunes siguiente me llamó el licenciatario de Radio del Plata para pedirme disculpas, hacer una reunión con Coronel y permitirme los micrófonos para que yo pudiera aclarar esta situación, lo cual acepté. Y fui a la radio, y hablé con Coronel, y me pidió disculpas, y le di la mano, y aceptó el error, y acepté sus disculpas, y le dije que no iba a iniciar acciones judiciales, y me di la mano con el dueño de la radio, y todo terminó allí. Porque yo quiero creer que se trató de un error y no de una mala fe.
Pero quiero decir a ustedes que en ningún momento mi enojo fue porque él haya aludido a denuncias que tengo y que son ciertas, porque las denuncias existen. Una fue en el momento en que estábamos llevando adelante el proceso de ingreso a esta Cámara de Luis Abelardo Patti, deslizada por un gendarme militante del PAUFE, del partido de Patti, y que fue, obviamente, amplificada por CEPRIM y una serie de medios que están en las antípodas de nuestra ideología. Y que obviamente aluden a una causa que no existe, que tiene dos años, en la cual el juez que investiga ni siquiera me llamó porque el superior de este gendarme de Aduanas a las dos semanas contestó un oficio del juzgado diciéndole que las facturas presentadas no habían sido presentadas por nuestra fundación y que, obviamente, eran apócrifas. Obviamente fue chequeado con la AFIP y con la unidad fiscal de Brasil.
Si quieren después les puedo dar más detalles sobre este tema, pero fue una causa eminentemente política. Jamás hemos comprado zapatillas en el extranjero. No conozco el sur de Brasil, no hemos tenido intercambio de correos ni epistolar, ni hemos hecho nunca una compra de esa envergadura.
Sí nos habían ofrecido comprar 8 mil pares de zapatillas de un rezago aduanero, cosa que hacemos habitualmente. Digamos que el Día del Niño hacemos una fiesta muy importante. Y nos parecía que por el precio podría haber sido una buena oportunidad.
T.14
Le dimos autorización a un despachante de aduana, que nos daba esta empresa que tenía el rezago, para que inicie el trámite de ingreso.
Después de consultar con la Aduana nos explicaron que la mejor manera era a través del sistema de donación que es un sistema legal y común porque no eran bienes que tenían un fin comercial sino un fin estrictamente social.
Depositamos nuestra confianza en un despachante de aduana que terminó presentando facturas apócrifas, no nuestras, hecho que quedó aclarado a las dos semanas por la misma autoridad aduanera.
En estas cuestiones, cuando se trata de una persona pública es mucho más fácil tomar la noticia y descalificar. La verdad es que la Aduana terminó diciendo que no tenía nada que ver y hoy la investigación sigue en cabeza de quienes intentaron venderlo.
Nosotros ni siquiera estamos mencionados en ningún oficio que haya pedido el juez. Obviamente en su momento presentamos un descargo al tomar conocimiento de esta denuncia por los medios, pero ni siquiera fuimos citados a dar una mínima declaración.
En otra denuncia que hizo un juez federal, instituido por el Consejo de la Magistratura, decía tener pruebas de que el diputado Baladrón a través mío lo había extorsionado. Esta situación fue aclarada por una cinta que presentó, que fue despachada por el mismo juez, y tuvo un componente bastante particular.
En realidad mi suegra está casada en segundas nupcias con otro juez federal de Tucumán que sufrió un proceso similar. Obviamente, en su momento había una cuestión de carácter político-jurídico que derivó en esta denuncia contestada por nuestra parte con una acción por daños y perjuicios. La Justicia le ha embargado 400 mil pesos en bienes a este juez que nunca podrá demostrar lo que nunca existió.
Estos dos temas jamás fueron mencionados por el periodista Coronel el 13 de septiembre de 2007 cuando yo me hice presente en el medio en el que trabaja para que se me diera el derecho de réplica. Esa es la verdad.
Espero que esta comisión se expida como corresponde. Si necesitan más elementos puedo traer la grabación en donde podrán ver que no se habla sobre cuestiones mías sino de mi mujer.
Además, quiero decir a esta comisión que a mi familia y a mi esposa no las defiendo como político, ni como diputado, ni como consejero del partido Justicialista, las defiendo como hombre, aquí en un programa de televisión en un programa de radio o donde sea. Si tengo que ser vehemente y firme para defender a mi familia voy a serlo, no me interesan las consecuencias políticas que ello traiga.
Quiero agregar que jamás he utilizado la fuerza como mecanismo para imponer las ideas, jamás ejercí la violencia si bien puedo discutir vehementemente y tratar de resolver las cuestiones en el debate, pero jamás he acudido a la violencia.
Si hubiera sido otro, debería haberle roto la cabeza a este irresponsable que ni siquiera me dio la posibilidad de permitirme un micrófono, pero por suerte soy quien soy y he mantenido ante un agravio tremendo la conducta y la serenidad para tratar de resolverlo de otra manera.
Lamento, señor presidente, que haya firmado este proyecto sin haberme escuchado, sin haber conocido la verdad.
He hablado con la gente de la Asociación de Prensa para comunicarle que su página de Internet -en la que han publicado esta nota y seguramente ha sido el sostén de la presentación que ha hecho la señora diputada Morandini- no se ajusta a la verdad de los hechos, que la información era totalmente parcial, que de ninguna manera la grabación habla de cuestiones particulares mías, sino que en un comentario al pasar, hablando de la asunción de los legisladores, me mencionó y, aludiendo a mi mujer en forma elíptica, concretamente dijo que ganaba 5.000 pesos sin ir a trabajar.
Esta es mi posición y espero que le den el tratamiento que corresponde a este proyecto.
T.15
vm
le
Me gustaría que en otra oportunidad en que algún diputado se encuentre en una situación similar, antes de hacer una defensa corporativa del periodista, se conozca la verdad de los hechos.
Deseo que fundamentalmente trabajemos para que se respete la libertad de prensa pero también para que se respeten los derechos de muchas personas públicas que estando expuestos muchas veces son víctimas de cualquier injuria y en muchos casos por insolventes económicos y morales como este señor, que sabiendo que estaba vertiendo una información incorrecta, lo hizo pícaramente para hacerse el gracioso.
Pero quiero decir a ustedes que en ningún momento mi enojo fue porque él haya aludido a denuncias que tengo y que son ciertas, porque las denuncias existen. Una fue en el momento en que estábamos llevando adelante el proceso de ingreso a esta Cámara de Luis Abelardo Patti, deslizada por un gendarme militante del PAUFE, del partido de Patti, y que fue, obviamente, amplificada por CEPRIM y una serie de medios que están en las antípodas de nuestra ideología. Y que obviamente aluden a una causa que no existe, que tiene dos años, en la cual el juez que investiga ni siquiera me llamó porque el superior de este gendarme de Aduanas a las dos semanas contestó un oficio del juzgado diciéndole que las facturas presentadas no habían sido presentadas por nuestra fundación y que, obviamente, eran apócrifas. Obviamente fue chequeado con la AFIP y con la unidad fiscal de Brasil.
Si quieren después les puedo dar más detalles sobre este tema, pero fue una causa eminentemente política. Jamás hemos comprado zapatillas en el extranjero. No conozco el sur de Brasil, no hemos tenido intercambio de correos ni epistolar, ni hemos hecho nunca una compra de esa envergadura.
Sí nos habían ofrecido comprar 8 mil pares de zapatillas de un rezago aduanero, cosa que hacemos habitualmente. Digamos que el Día del Niño hacemos una fiesta muy importante. Y nos parecía que por el precio podría haber sido una buena oportunidad.
T.14
Le dimos autorización a un despachante de aduana, que nos daba esta empresa que tenía el rezago, para que inicie el trámite de ingreso.
Después de consultar con la Aduana nos explicaron que la mejor manera era a través del sistema de donación que es un sistema legal y común porque no eran bienes que tenían un fin comercial sino un fin estrictamente social.
Depositamos nuestra confianza en un despachante de aduana que terminó presentando facturas apócrifas, no nuestras, hecho que quedó aclarado a las dos semanas por la misma autoridad aduanera.
En estas cuestiones, cuando se trata de una persona pública es mucho más fácil tomar la noticia y descalificar. La verdad es que la Aduana terminó diciendo que no tenía nada que ver y hoy la investigación sigue en cabeza de quienes intentaron venderlo.
Nosotros ni siquiera estamos mencionados en ningún oficio que haya pedido el juez. Obviamente en su momento presentamos un descargo al tomar conocimiento de esta denuncia por los medios, pero ni siquiera fuimos citados a dar una mínima declaración.
En otra denuncia que hizo un juez federal, instituido por el Consejo de la Magistratura, decía tener pruebas de que el diputado Baladrón a través mío lo había extorsionado. Esta situación fue aclarada por una cinta que presentó, que fue despachada por el mismo juez, y tuvo un componente bastante particular.
En realidad mi suegra está casada en segundas nupcias con otro juez federal de Tucumán que sufrió un proceso similar. Obviamente, en su momento había una cuestión de carácter político-jurídico que derivó en esta denuncia contestada por nuestra parte con una acción por daños y perjuicios. La Justicia le ha embargado 400 mil pesos en bienes a este juez que nunca podrá demostrar lo que nunca existió.
Estos dos temas jamás fueron mencionados por el periodista Coronel el 13 de septiembre de 2007 cuando yo me hice presente en el medio en el que trabaja para que se me diera el derecho de réplica. Esa es la verdad.
Espero que esta comisión se expida como corresponde. Si necesitan más elementos puedo traer la grabación en donde podrán ver que no se habla sobre cuestiones mías sino de mi mujer.
Además, quiero decir a esta comisión que a mi familia y a mi esposa no las defiendo como político, ni como diputado, ni como consejero del partido Justicialista, las defiendo como hombre, aquí en un programa de televisión en un programa de radio o donde sea. Si tengo que ser vehemente y firme para defender a mi familia voy a serlo, no me interesan las consecuencias políticas que ello traiga.
Quiero agregar que jamás he utilizado la fuerza como mecanismo para imponer las ideas, jamás ejercí la violencia si bien puedo discutir vehementemente y tratar de resolver las cuestiones en el debate, pero jamás he acudido a la violencia.
Si hubiera sido otro, debería haberle roto la cabeza a este irresponsable que ni siquiera me dio la posibilidad de permitirme un micrófono, pero por suerte soy quien soy y he mantenido ante un agravio tremendo la conducta y la serenidad para tratar de resolverlo de otra manera.
Lamento, señor presidente, que haya firmado este proyecto sin haberme escuchado, sin haber conocido la verdad.
He hablado con la gente de la Asociación de Prensa para comunicarle que su página de Internet -en la que han publicado esta nota y seguramente ha sido el sostén de la presentación que ha hecho la señora diputada Morandini- no se ajusta a la verdad de los hechos, que la información era totalmente parcial, que de ninguna manera la grabación habla de cuestiones particulares mías, sino que en un comentario al pasar, hablando de la asunción de los legisladores, me mencionó y, aludiendo a mi mujer en forma elíptica, concretamente dijo que ganaba 5.000 pesos sin ir a trabajar.
Esta es mi posición y espero que le den el tratamiento que corresponde a este proyecto.
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Me gustaría que en otra oportunidad en que algún diputado se encuentre en una situación similar, antes de hacer una defensa corporativa del periodista, se conozca la verdad de los hechos.
Deseo que fundamentalmente trabajemos para que se respete la libertad de prensa pero también para que se respeten los derechos de muchas personas públicas que estando expuestos muchas veces son víctimas de cualquier injuria y en muchos casos por insolventes económicos y morales como este señor, que sabiendo que estaba vertiendo una información incorrecta, lo hizo pícaramente para hacerse el gracioso.
SR. PRESIDENTE MORINI Quiero decirle que por cada una de las denuncias o informaciones que nos llegan, como en este caso, que fue de la Asociación de Prensa de Tucumán y la del propio damnificado, hemos presentado el repudio a este tipo de actos y me parece lógico que usted haga la defensa.
SR. VARGAS AIGNASSE ¿A qué acto se refiere?
SR. PRESIDENTE MORINI Yo lo comprendo, diputado, pero como presidente de la comisión o como diputado llegan informaciones de este tipo de cosas...
SR. VARGAS AIGNASSE ¿Usted no podía chequear si es cierto?
SR. PRESIDENTE MORINI Pero acá hay un responsable, la Asociación de Prensa está detrás de esta denuncia.
SR. VARGAS AIGNASSE La Asociación de Prensa ha hecho una defensa corporativa de un afiliado.
Está bien que usted actúe así pero le pido que la próxima vez, antes de firmar un proyecto de declaración repudiando algún acto en contra de un diputado como en este caso, por lo menos se lo convoque a la comisión informándole que ha llegado una denuncia y solicitándole que les cuente qué paso.
Usted firma un proyecto y yo tengo que venir a defenderme; usted nunca me invitó. ¿Yo no merecía que usted me convocara y que preguntara qué fue lo que sucedió en Tucumán? Usted directamente firma un proyecto que luego sale por todos los medios y yo una vez más, al igual que en Radio del Plata, me encontré sin posibilidad de defenderme y tuve que venir sin que usted me invitara.
Usted debió invitarme antes de firmar este proyecto porque creo que es lo que corresponde.
Está bien que usted actúe así pero le pido que la próxima vez, antes de firmar un proyecto de declaración repudiando algún acto en contra de un diputado como en este caso, por lo menos se lo convoque a la comisión informándole que ha llegado una denuncia y solicitándole que les cuente qué paso.
Usted firma un proyecto y yo tengo que venir a defenderme; usted nunca me invitó. ¿Yo no merecía que usted me convocara y que preguntara qué fue lo que sucedió en Tucumán? Usted directamente firma un proyecto que luego sale por todos los medios y yo una vez más, al igual que en Radio del Plata, me encontré sin posibilidad de defenderme y tuve que venir sin que usted me invitara.
Usted debió invitarme antes de firmar este proyecto porque creo que es lo que corresponde.
SR. PRESIDENTE MORINI Esa es su opinión, señor diputado. Yo siempre he firmado los proyectos y después convocado a la gente.
SR. VARGAS AIGNASSE Yo sé que usted sabe que está equivocado.
SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra la señora diputada Morandini.
SRA. MORANDINI Quiero agradecer que el señor diputado Vargas Aignasse esté presente y que podamos hacer este debate.
Señor diputado Vargas Aignasse: yo no lo conozco, no tengo nada en contra suyo y me merece respeto porque está sentado en el mismo lugar donde estoy yo, representando a una parte de la sociedad.
Tal vez usted se dirige a mí porque soy periodista y se hace una gran confusión. Yo no defiendo a los periodistas, sino a la prensa. Todos hemos sido víctimas, nuestro país ha sido víctima del autoritarismo y de lo primero que hace una dictadura, que es cancelar a la prensa; eso nos advierte del valor que tiene la prensa en una democracia.
Yo no defiendo corporativamente a nadie, sí defiendo a la prensa, que son dos cosas diferentes. Llevo muchos años en mi actividad periodística diciéndole a mis colegas que debemos tener responsabilidad, porque se trata del valor de la libertad y ahora tenemos que reclamar responsabilidad con esa libertad.
Me ha llamado la atención desde el inicio de mi participación en esta comisión, donde ingenuamente supuse que las denuncias de la violación de libertad de prensa iban a ser esporádicas, que desgraciadamente cada año que pasa recibimos más denuncias de todas partes del país.
No es función de esta comisión entrar en el mérito. Le agradezco que haya hecho su descargo pero no era necesario, no es aquí donde se tiene que hacer el descargo.
Usted tiene que saber, señor diputado, que ésta es una comisión en la que nunca hay quórum.
T.16
Se trata de una comisión que venimos llevando con una enorme dificultad.
En lo personal me gustaría que efectivamente podamos tener estos debates porque ya ha pasado con otras denuncias que se duda de quien la hace.
Aquí llegó una denuncia de una asociación de la que nosotros no tenemos por qué dudar y, como hemos hecho en otros casos, lo que hicimos fue manifestar preocupación por la denuncia recibida.
Tal vez ahora que usted lo dice el error haya sido no decirle que viniera y hemos sido víctimas de esto en un tiempo electoral en el que la Cámara no funciona.
Señor diputado Vargas Aignasse: yo no lo conozco, no tengo nada en contra suyo y me merece respeto porque está sentado en el mismo lugar donde estoy yo, representando a una parte de la sociedad.
Tal vez usted se dirige a mí porque soy periodista y se hace una gran confusión. Yo no defiendo a los periodistas, sino a la prensa. Todos hemos sido víctimas, nuestro país ha sido víctima del autoritarismo y de lo primero que hace una dictadura, que es cancelar a la prensa; eso nos advierte del valor que tiene la prensa en una democracia.
Yo no defiendo corporativamente a nadie, sí defiendo a la prensa, que son dos cosas diferentes. Llevo muchos años en mi actividad periodística diciéndole a mis colegas que debemos tener responsabilidad, porque se trata del valor de la libertad y ahora tenemos que reclamar responsabilidad con esa libertad.
Me ha llamado la atención desde el inicio de mi participación en esta comisión, donde ingenuamente supuse que las denuncias de la violación de libertad de prensa iban a ser esporádicas, que desgraciadamente cada año que pasa recibimos más denuncias de todas partes del país.
No es función de esta comisión entrar en el mérito. Le agradezco que haya hecho su descargo pero no era necesario, no es aquí donde se tiene que hacer el descargo.
Usted tiene que saber, señor diputado, que ésta es una comisión en la que nunca hay quórum.
T.16
Se trata de una comisión que venimos llevando con una enorme dificultad.
En lo personal me gustaría que efectivamente podamos tener estos debates porque ya ha pasado con otras denuncias que se duda de quien la hace.
Aquí llegó una denuncia de una asociación de la que nosotros no tenemos por qué dudar y, como hemos hecho en otros casos, lo que hicimos fue manifestar preocupación por la denuncia recibida.
Tal vez ahora que usted lo dice el error haya sido no decirle que viniera y hemos sido víctimas de esto en un tiempo electoral en el que la Cámara no funciona.
SR. VARGAS AIGNASSE Yo nunca he cercenado el derecho a la libertad de prensa en esta casa; todo lo contrario. El periodista no me permitió hacer un descargo de la información que él había dado. Yo fui víctima de la imposibilidad de dar una opinión en un medio cuando había sido aludido.
SRA. MORANDINI ¿Por qué desistió de la vía judicial?
SR. VARGAS AIGNASSE En primer lugar, porque el periodista es un insolvente absoluto, y desde el punto de vista de lo que implica pagar un abogado e iniciar un trámite judicial en Tucumán tiene un costo importante.
En segundo término, porque tanto él como la licenciataria de Radio Del Plata me pidieron disculpas. A lo que respondí: "Está bien, pero te pido que seas más responsable a la hora de tener un micrófono delante." Incluso él dijo que ni siquiera había consultado con la fuente, cosa que podría haber hecho al momento de hablar y decir: "Según el diario tal y tal habría..." pero no lo hizo. Él aseveró contundentemente y eso es irresponsabilidad, más allá de que la información sea cierta él debería saber la fuente del problema.
En realidad no me interesa pelearme ni con el periodista ni con la licenciataria ni con nadie, sino que sean responsables en todos los ámbitos. Jamás he criticado a un periodista porque creo en la libertad de prensa y profundamente en la democracia y en la responsabilidad.
En ese sentido creo que en esta comisión no podemos tomar por válidas aseveraciones vertidas por una asociación o por un periodista en las que está involucrado un diputado de la Nación y firmar un proyecto antes de citarlo para preguntarle: "Señor, díganos ¿qué es lo que está pasando? Queremos saber que es lo que ocurre". Después de eso sí, convocar a la asociación de prensa, y si fuera necesario al periodista.
En mi casa, que es la Cámara de Diputados, donde todos somos pares, me he sentido en una situación de absoluta desigualdad e indefensión. Quise venir y decirlo personalmente porque espero que si en otra oportunidad algún diputado tiene una problemática como esta, antes de firmar el repudio en un proyecto, se lo escuche. Repudiar es un verbo que a nadie le gusta sentir en su persona.
En segundo término, porque tanto él como la licenciataria de Radio Del Plata me pidieron disculpas. A lo que respondí: "Está bien, pero te pido que seas más responsable a la hora de tener un micrófono delante." Incluso él dijo que ni siquiera había consultado con la fuente, cosa que podría haber hecho al momento de hablar y decir: "Según el diario tal y tal habría..." pero no lo hizo. Él aseveró contundentemente y eso es irresponsabilidad, más allá de que la información sea cierta él debería saber la fuente del problema.
En realidad no me interesa pelearme ni con el periodista ni con la licenciataria ni con nadie, sino que sean responsables en todos los ámbitos. Jamás he criticado a un periodista porque creo en la libertad de prensa y profundamente en la democracia y en la responsabilidad.
En ese sentido creo que en esta comisión no podemos tomar por válidas aseveraciones vertidas por una asociación o por un periodista en las que está involucrado un diputado de la Nación y firmar un proyecto antes de citarlo para preguntarle: "Señor, díganos ¿qué es lo que está pasando? Queremos saber que es lo que ocurre". Después de eso sí, convocar a la asociación de prensa, y si fuera necesario al periodista.
En mi casa, que es la Cámara de Diputados, donde todos somos pares, me he sentido en una situación de absoluta desigualdad e indefensión. Quise venir y decirlo personalmente porque espero que si en otra oportunidad algún diputado tiene una problemática como esta, antes de firmar el repudio en un proyecto, se lo escuche. Repudiar es un verbo que a nadie le gusta sentir en su persona.
SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra el señor diputado Heredia.
SR. HEREDIA No comparto para nada con la presidencia de la comisión el método de hacer una resolución acusando a una persona.
El proyecto es muy claro dice: "Expresar repudio por las agresiones del diputado Vargas Aignasse al periodista Miguel Coronel". Da por hecho que Vargas Aignasse le pegó al periodista, aquí está clarísimo.
El proyecto es muy claro dice: "Expresar repudio por las agresiones del diputado Vargas Aignasse al periodista Miguel Coronel". Da por hecho que Vargas Aignasse le pegó al periodista, aquí está clarísimo.
SR. PRESIDENTE MORINI Es su interpretación.
SR. HEREDIA Esta es mi opinión. Yo no puedo decir que la señora diputada Norma Morandini agredió a una persona en Cerro de las Rosas, saliendo de un boliche, estaba borracha... ¡Es una barbaridad! Entonces yo pongo aquí: "Repudio a la señora diputada Morandini..."
SR. PRESIDENTE MORINI Había una información de la Asociación de Prensa.
SR. HEREDIA A ustedes dos, el diputado les puede decir cómo lo acusan de algo que no hizo.
SR. PRESIDENTE MORINI No es así.
SR. HEREDIA Aquí dice que el señor diputado Vargas Aignasse le pegó a Coronel y ustedes lo toman como un hecho cierto.
T.17
Y ya lo hemos pasado varias veces.
T.17
Y ya lo hemos pasado varias veces.
SR. VARGAS AIGNASSE Así se juzgaba en la dictadura, presidente.
SR. HEREDIA Yo, este proyecto, no lo voy a llevar a la Cámara.
Cuando pasó lo de Carlos Paz, lo mismo. En ese acto hemos actuado bien, porque llamamos a fiscales ...
Cuando pasó lo de Carlos Paz, lo mismo. En ese acto hemos actuado bien, porque llamamos a fiscales ...
SRA. MORANDINI Me obligaron, me obligaron a aprobar...
SR. HEREDIA Los periodistas no son ...
SRA. MORANDINI Las víctimas.
SR. HEREDIA ¿Me deja terminar, por favor?
SR. PRESIDENTE MORINI No dialoguen, por favor.
SR. HEREDIA Quiero terminar el concepto. La libertad de expresión es una cosa, y el periodista es otra. El periodista es un hombre; puede ser bueno, malo, regular, pagado, corrupto, excelente. La libertad de expresión, no puede ser que con toda naturalidad una persona injurie a otra sin ningún sentido.
Está la Justicia y hay muchos elementos para demostrar. Y yo estoy acostumbrado, sobre todo en el interior, que muchos periodistas cobran -lo dije hoy en privado y lo digo ahora en público- para hacer campaña política, para trabajar en contra de un candidato o a favor de otro candidato. Y eso a lo mejor hace que le busquen la paja a una persona política y la agredan.
Yo no conocía el caso del diputado Vargas Aignasse. El trae pruebas de que no ha pasado eso. Entonces, el método de acusar a una persona antes de escucharla me parece que es un método no válido.
Está la Justicia y hay muchos elementos para demostrar. Y yo estoy acostumbrado, sobre todo en el interior, que muchos periodistas cobran -lo dije hoy en privado y lo digo ahora en público- para hacer campaña política, para trabajar en contra de un candidato o a favor de otro candidato. Y eso a lo mejor hace que le busquen la paja a una persona política y la agredan.
Yo no conocía el caso del diputado Vargas Aignasse. El trae pruebas de que no ha pasado eso. Entonces, el método de acusar a una persona antes de escucharla me parece que es un método no válido.
SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra la señora diputada Quiroz.
SRA. QUIROZ Señor presidente: primero, se está dando una buena discusión, y creo que es responsabilidad de todos que sea buena la discusión, que sea conceptuosa y, sobre todo, que aporte y no que agreda. Creo que el diputado Vargas Aignasse se merece el agradecimiento de todos por haber venido a hacer un descargo, a aclarar las cosas y, sobre todo, también a opinar, porque más allá del relato de los hechos el diputado ha opinado, ha puesto en términos de valor algunas cuestiones y ha opinado políticamente también. Entonces, si nosotros vamos a seguir dando una buena discusión va a ser importante que nos refiramos también a esas expresiones que tienen valor.
El hecho de plantear: "Así es como se manejaba la dictadura", la verdad, no me parece que aporte a la discusión que estamos teniendo.
El hecho de plantear: "Así es como se manejaba la dictadura", la verdad, no me parece que aporte a la discusión que estamos teniendo.
SR. VARGAS AIGNASSE Sí, usted eso lo sabe mejor que yo.
SRA. QUIROZ Sí, exactamente.
SR. VARGAS AIGNASSE Usted lo ha vivido.
SRA. QUIROZ Exactamente.
SR. VARGAS AIGNASSE Por eso.
SRA. QUIROZ Exactamente. Y entonces tengo alguna cuestión que decir al respecto. Pero no me parece que nos descalifiquemos de esa manera, porque me parece un agravio y una ofensa muy importante. Creo que utilizar este tipo de cosas para fundamentar discusiones que me parece que tienen otros pilares, otros ejes sobre los que se asientan, es un agravio y una ofensa.
Quiero, en realidad, parar acá. Y tratemos de no opinar en este sentido, porque vamos a tener que entrar en otro tipo de discusión.
En relación con el manejo de la comisión -creo que es uno de los ejes a discutir-, con la actitud que siempre tuvo la comisión a partir de denuncias expresadas por asociaciones que representan intereses y demás, y con la propia actitud del diputado de venir a aclarar la situación desde su protagonismo, me parece que son las cosas realmente a discutir.
Avalo que algunos de los diputados de la comisión hayan reaccionado de esa manera, hayan expresado preocupación y hayan repudiado en el caso de que hubiese habido hechos de violencia. No creo que sea ninguna acusación, no creo que haya ninguna acusación. Me parece que la profundización del diálogo, de las relaciones, del buen funcionamiento, del ejercicio de nuestra responsabilidad institucional en una comisión como esta, si todos nos comprometemos a eso, vamos a aportar mucho más que mediante su boicot.
T.18
También es cierto que esta comisión ha estado boicoteada durante mucho tiempo, incluso ahora que estamos reencontrándonos después de algún período de otras tareas.
Por un lado, avalo la reacción de la comisión en relación con la denuncia. En segundo lugar, destaco y agradezco la aclaración de todo este tema y considero que deberíamos tener alguna comunicación con la gente de la asociación que ha hecho la denuncia.
Estas cosas que profundizan el debate aquí dentro, pero sobre todo afuera, implican también -como decía la señora diputada Morandini- la profundización sobre el valor de la prensa en el sistema democrático y la responsabilidad en el ejercicio de las tareas que implica involucrarse con la prensa.
Del mismo modo -y esta es una reflexión absolutamente personal que no tiene que ver con las cuestiones que hemos hablado aquí-, me parece que tenemos que tener en cuenta que precisamente por ser personas públicas, por tener cierto grado de exposición en las comunidades y territorios, también tenemos mayor responsabilidad.
Existe un grado de degradación de muchos valores que como sociedad hemos intentado mantener en el discurso. Por lo tanto, creo que tenemos mayor responsabilidad en el saneamiento de las conductas y actitudes aunque sea una tarea difícil. Muchas veces nos gana la impotencia o el no poder salir más instintiva que racionalmente, pero creo que tenemos que ser concientes de nuestra doble responsabilidad.
Desde una ejemplaridad distinta en los funcionarios que cumplen tareas de representación vamos a aportar al avance cultural del conjunto de la sociedad.
Quiero, en realidad, parar acá. Y tratemos de no opinar en este sentido, porque vamos a tener que entrar en otro tipo de discusión.
En relación con el manejo de la comisión -creo que es uno de los ejes a discutir-, con la actitud que siempre tuvo la comisión a partir de denuncias expresadas por asociaciones que representan intereses y demás, y con la propia actitud del diputado de venir a aclarar la situación desde su protagonismo, me parece que son las cosas realmente a discutir.
Avalo que algunos de los diputados de la comisión hayan reaccionado de esa manera, hayan expresado preocupación y hayan repudiado en el caso de que hubiese habido hechos de violencia. No creo que sea ninguna acusación, no creo que haya ninguna acusación. Me parece que la profundización del diálogo, de las relaciones, del buen funcionamiento, del ejercicio de nuestra responsabilidad institucional en una comisión como esta, si todos nos comprometemos a eso, vamos a aportar mucho más que mediante su boicot.
T.18
También es cierto que esta comisión ha estado boicoteada durante mucho tiempo, incluso ahora que estamos reencontrándonos después de algún período de otras tareas.
Por un lado, avalo la reacción de la comisión en relación con la denuncia. En segundo lugar, destaco y agradezco la aclaración de todo este tema y considero que deberíamos tener alguna comunicación con la gente de la asociación que ha hecho la denuncia.
Estas cosas que profundizan el debate aquí dentro, pero sobre todo afuera, implican también -como decía la señora diputada Morandini- la profundización sobre el valor de la prensa en el sistema democrático y la responsabilidad en el ejercicio de las tareas que implica involucrarse con la prensa.
Del mismo modo -y esta es una reflexión absolutamente personal que no tiene que ver con las cuestiones que hemos hablado aquí-, me parece que tenemos que tener en cuenta que precisamente por ser personas públicas, por tener cierto grado de exposición en las comunidades y territorios, también tenemos mayor responsabilidad.
Existe un grado de degradación de muchos valores que como sociedad hemos intentado mantener en el discurso. Por lo tanto, creo que tenemos mayor responsabilidad en el saneamiento de las conductas y actitudes aunque sea una tarea difícil. Muchas veces nos gana la impotencia o el no poder salir más instintiva que racionalmente, pero creo que tenemos que ser concientes de nuestra doble responsabilidad.
Desde una ejemplaridad distinta en los funcionarios que cumplen tareas de representación vamos a aportar al avance cultural del conjunto de la sociedad.
SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra la señora diputada Morandini.
SRA. MORANDINI Sólo quiero agregar algo. Cuando escuchaba al diputado tenía ganas de pedirle que no nos contara porque no es función de esta comisión poner en duda la denuncia ni entrar en su contenido.
Esta comisión recibe una denuncia que procede de una asociación que dice que un periodista ha sido agraviado, golpeado. No debemos entrar en el mérito de la denuncia porque eso sería desplazar lo que tiene que ser objeto de esta comisión.
Tal vez el aspecto más odioso que nos haya dejado la dictadura es la desconfianza, siempre se desconfía de la víctima.
Perdonen que cuente una anécdota personal pero forma parte de una rutina de cada uno de nosotros. Cada vez que uno toma un taxi y dice "Rivadavia y Riobamba" indefectiblemente el taxista dirá: "Ladrón" o algo por el estilo. Justamente hoy el taxista hablaba de los desaparecidos, de las viejas de los pañuelos blancos y traté de mantener la calma hasta el final para no discutir con él, porque ponía en duda la existencia de desaparecidos. Perdonen que me vaya de tema pero yo tengo dos hermanos desaparecidos; creo que es lo que hemos vivido todos en el dolor, en la experiencia y es lo que tenemos que encontrar.
T.19
vm
le
Lo que la dictadura nos dejó es que siempre se duda de la denuncia. Entonces, prefiero pecar en el exceso de la rapidez de que cuando me llega una denuncia me hago cargo de ella porque lo que nos ha pasado en nuestro país, también nos ha pasado en la democracia.
Como periodista también lo he pasado y lo he dicho en otra oportunidad, ojalá cuando era perseguida en la época de Menem, cuando tenía los teléfonos intervenidos -que parece que sigue siendo una práctica habitual-, hubiera tenido en esta comisión esta posibilidad, pero no por mí, sino por la defensa de la libertad.
Mi compromiso es con la prensa, no con los periodistas. Entre periodistas sólo escucho hablar de políticos y entre políticos sólo escucho hablar de periodistas y padezco también la mala profesionalidad.
En relación con los que cobran, quiero decirle que esos no son periodistas, son "lobbistas", pero la libertad de hablar tiene que estar garantizada.
Esta comisión recibe una denuncia que procede de una asociación que dice que un periodista ha sido agraviado, golpeado. No debemos entrar en el mérito de la denuncia porque eso sería desplazar lo que tiene que ser objeto de esta comisión.
Tal vez el aspecto más odioso que nos haya dejado la dictadura es la desconfianza, siempre se desconfía de la víctima.
Perdonen que cuente una anécdota personal pero forma parte de una rutina de cada uno de nosotros. Cada vez que uno toma un taxi y dice "Rivadavia y Riobamba" indefectiblemente el taxista dirá: "Ladrón" o algo por el estilo. Justamente hoy el taxista hablaba de los desaparecidos, de las viejas de los pañuelos blancos y traté de mantener la calma hasta el final para no discutir con él, porque ponía en duda la existencia de desaparecidos. Perdonen que me vaya de tema pero yo tengo dos hermanos desaparecidos; creo que es lo que hemos vivido todos en el dolor, en la experiencia y es lo que tenemos que encontrar.
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Lo que la dictadura nos dejó es que siempre se duda de la denuncia. Entonces, prefiero pecar en el exceso de la rapidez de que cuando me llega una denuncia me hago cargo de ella porque lo que nos ha pasado en nuestro país, también nos ha pasado en la democracia.
Como periodista también lo he pasado y lo he dicho en otra oportunidad, ojalá cuando era perseguida en la época de Menem, cuando tenía los teléfonos intervenidos -que parece que sigue siendo una práctica habitual-, hubiera tenido en esta comisión esta posibilidad, pero no por mí, sino por la defensa de la libertad.
Mi compromiso es con la prensa, no con los periodistas. Entre periodistas sólo escucho hablar de políticos y entre políticos sólo escucho hablar de periodistas y padezco también la mala profesionalidad.
En relación con los que cobran, quiero decirle que esos no son periodistas, son "lobbistas", pero la libertad de hablar tiene que estar garantizada.
SR. HERRERA Pero yo no entiendo el método...
SRA. MORANDINI Repudiamos la agresión. Recibimos una denuncia de agresión de una asociación de prensa que desde acá no podemos poner en dudas.
Vuelvo al ejemplo de Carlos Paz. Yo era nueva, recién llegada y me obligaron a probar la agresión que se había tenido con los periodistas...
Vuelvo al ejemplo de Carlos Paz. Yo era nueva, recién llegada y me obligaron a probar la agresión que se había tenido con los periodistas...
SR. HERRERA Y quedó todo en la nada...
SRA. MORANDINI No voy repetirlo. Ya sabemos que quedó todo en la nada...
SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra el señor diputado Vargas Aignasse.
SR. VARGAS AIGNASSE Quiero repetir que la comisión repudió agresiones que supuestamente emanaron de mí, cosa que nunca ocurrió. Yo nunca agredí, todo lo contrario, fui imposibilitado de hacer mi descargo en un medio que había transmitido una injuria.
Espero que en una situación similar esta comisión, antes de repudiar una agresión que proviene de una persona pública, la escuchen porque esto tiene un impacto político que ustedes deben calibrar. Porque si el Congreso de la Nación repudia agresiones que provienen de un diputado de la Nación obviamente tiene un impacto político, sobre todo en Tucumán.
Lo que digo es que hay que ser cautelosos, no digo que no se haga nada, pero la prudencia es la recta razón en el obrar. Acá hay que ser prudentes y la recta razón en el obrar implica en este caso, convocar al supuesto agresor y solicitarle que haga su descargo. Y a partir de allí, si existen criterios, firmar la declaración como corresponde; pero este proyecto de declaración tiene un impacto político importante que es demoledor y que creo que no me lo merezco.
Simplemente les pido que no actuemos como en otras épocas, porque en otras épocas tampoco se daba derecho a la defensa y yo ni siquiera fui convocado por esta comisión para que se me escuchara.
Espero que esto sirva a la comisión para que podamos trabajar de otra manera. Les agradezco que me hayan dado la posibilidad de hacer mi descargo; agradezco los conceptos que han tenido en uno y otro sentido ya que todo suma y todo nos sirve para nuestra formación.
Les digo honestamente, porque me gusta hablar de frente, que el proyecto me generó una afección personal porque venía de que una radio se dijeran cosas que no eran ciertas y que no se me permitiera aclararlo; y en el Parlamento, donde pensé que ante semejante avasallamiento personal podría encontrar algún eco para poner freno a estos actores periodísticos que descalifican en forma permanente, me encuentro con todo lo contrario.
T.20
Indirectamente a través de un proyecto de declaración se toma como válido que yo cometí una agresión. Nada más alejado de la realidad. No cometí ninguna agresión.
Si discutir con un periodista -sin llegar siquiera a una amenaza- es una agresión, entonces no se puede discutir con ellos. No puedo decirle: "Macho estás equivocado, dejame que te aclare" porque eso es cercenar la libertad de expresión. Yo nunca le dije: "No hablés porque si hablás te hago tal cosa."
Ustedes toman por válido todo eso y lo convierten en un instrumento a través del que la Cámara se expresa, que tiene un efecto político importante, y yo sigo sin poder venir aquí a dar mi versión.
Espero que si este criterio progresa, en el futuro, antes de firmar un proyecto de declaración de repudio ante una supuesta actitud de un diputado, se le dé la posibilidad de ser escuchado y de dar pruebas.
Espero que en una situación similar esta comisión, antes de repudiar una agresión que proviene de una persona pública, la escuchen porque esto tiene un impacto político que ustedes deben calibrar. Porque si el Congreso de la Nación repudia agresiones que provienen de un diputado de la Nación obviamente tiene un impacto político, sobre todo en Tucumán.
Lo que digo es que hay que ser cautelosos, no digo que no se haga nada, pero la prudencia es la recta razón en el obrar. Acá hay que ser prudentes y la recta razón en el obrar implica en este caso, convocar al supuesto agresor y solicitarle que haga su descargo. Y a partir de allí, si existen criterios, firmar la declaración como corresponde; pero este proyecto de declaración tiene un impacto político importante que es demoledor y que creo que no me lo merezco.
Simplemente les pido que no actuemos como en otras épocas, porque en otras épocas tampoco se daba derecho a la defensa y yo ni siquiera fui convocado por esta comisión para que se me escuchara.
Espero que esto sirva a la comisión para que podamos trabajar de otra manera. Les agradezco que me hayan dado la posibilidad de hacer mi descargo; agradezco los conceptos que han tenido en uno y otro sentido ya que todo suma y todo nos sirve para nuestra formación.
Les digo honestamente, porque me gusta hablar de frente, que el proyecto me generó una afección personal porque venía de que una radio se dijeran cosas que no eran ciertas y que no se me permitiera aclararlo; y en el Parlamento, donde pensé que ante semejante avasallamiento personal podría encontrar algún eco para poner freno a estos actores periodísticos que descalifican en forma permanente, me encuentro con todo lo contrario.
T.20
Indirectamente a través de un proyecto de declaración se toma como válido que yo cometí una agresión. Nada más alejado de la realidad. No cometí ninguna agresión.
Si discutir con un periodista -sin llegar siquiera a una amenaza- es una agresión, entonces no se puede discutir con ellos. No puedo decirle: "Macho estás equivocado, dejame que te aclare" porque eso es cercenar la libertad de expresión. Yo nunca le dije: "No hablés porque si hablás te hago tal cosa."
Ustedes toman por válido todo eso y lo convierten en un instrumento a través del que la Cámara se expresa, que tiene un efecto político importante, y yo sigo sin poder venir aquí a dar mi versión.
Espero que si este criterio progresa, en el futuro, antes de firmar un proyecto de declaración de repudio ante una supuesta actitud de un diputado, se le dé la posibilidad de ser escuchado y de dar pruebas.
SRA. QUIROZ Me parece que había sido suficientemente clara antes. Precisamente la prudencia es lo que no te puede llevar a seguir comparando la actitud de tus pares con los métodos de la dictadura.
SR. VARGAS AIGNASSE Es mi opinión.
SRA. QUIROZ No la acepto, no voy a aceptarla y me parece que ameritará, seguramente en otro momento y en otra situación, una discusión mucho más de fondo.
SR. VARGAS AIGNASSE Cuando usted lo disponga.
SRA. QUIROZ Me parece que el agravio, el intento de desprestigio, de descalificación...
SR. VARGAS AIGNASSE Este es un mecanismo distintivo en esta comisión.
SRA. QUIROZ Diputado Vargas Aignasse, una cosa es el tratamiento del tema en cuestión y otra muy distinta es este tipo de comparaciones absolutamente superficiales que te desmerecen y desmerecen tu conducta como diputado.
SR. VARGAS AIGNASSE A usted su conducta la desmerece.
SRA. QUIROZ ¡No!
SR. VARGAS AIGNASSE Sostener que está bien juzgar a alguien sin escuchar a una de las partes ¿no le parece que está mal?
SRA. QUIROZ No. Precisamente, porque no es tarea de esta comisión.
SR. VARGAS AIGNASSE Ni siquiera fui citado, tuve que venir...
SRA. QUIROZ Quiero agregar una sola cosa: no es tarea de esta comisión el juicio, por eso destaqué y agradecí la aclaración que usted vino a hacer. No estoy discutiendo esto sino que usted compara agresivamente la actitud de sus pares con metodologías de la dictadura.
SR. VARGAS AIGNASSE Es lo que siento. ¿Qué quiere que le diga? Me levanto en Tucumán, veo en los diarios que la Cámara de Diputados de la Nación está repudiando una agresión que no cometí y ni siquiera fui citado a la comisión.
SRA. QUIROZ Esto no tiene justificación, señor diputado.
SR. VARGAS AIGNASSE Es juzgar sin escuchar a una de las partes.
SRA. QUIROZ Creo que es parte de la utilización de un mecanismo. Muchas veces las palabras, el concepto, son mecanismos que consolidan un sistema.
No quiero hacer otras comparaciones, no quiero referirme a situaciones absolutamente descalificantes de otras personas -incluso de funcionarios del gobierno- en relación con la maravillosa coyuntura que todos muy felices hemos atravesado el domingo 28 de octubre. No estoy hablando de eso, quiero que desde este discurso, desde la prudencia y reflexión permanente pensemos para no cometer errores.
T.21
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Me parece que no debemos descalificarnos entre nosotros ni descalificar la metodología de la comisión.
No quiero hacer otras comparaciones, no quiero referirme a situaciones absolutamente descalificantes de otras personas -incluso de funcionarios del gobierno- en relación con la maravillosa coyuntura que todos muy felices hemos atravesado el domingo 28 de octubre. No estoy hablando de eso, quiero que desde este discurso, desde la prudencia y reflexión permanente pensemos para no cometer errores.
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Me parece que no debemos descalificarnos entre nosotros ni descalificar la metodología de la comisión.
SR. VARGAS AIGNASSE Yo me siento profundamente descalificado por los autores de este proyecto.
SRA. QUIROZ Eso me queda en claro, pero tenemos una doble responsabilidad. Una de esas responsabilidades, que me parece absolutamente destacable, es esta aclaración. Seguramente esto abre una perspectiva como para otras discusiones que también deberemos tener.
Muy distinto habría sido si usted hubiese planteado una metodología, pero no debió decir que estamos utilizando métodos de la dictadura.
Muy distinto habría sido si usted hubiese planteado una metodología, pero no debió decir que estamos utilizando métodos de la dictadura.
SR. VARGAS AIGNASSE Usted avaló esto. Podría haber reprochado la actitud de los miembros que han firmado este proyecto.
SRA. QUIROZ Yo avalo la actitud de la comisión...
SR. VARGAS AIGNASSE Usted debería haber dicho que es reprochable firmar un proyecto de repudio contra un diputado sin ni siquiera haberlo escuchado, y sin embargo no lo hizo. También podría tener un poco de autocrítica pero no la tiene.
Usted dice que está muy bien lo que hizo la comisión, que está muy bien que haya salido en todos los diarios que la Cámara de Diputados reprocha a Vargas Aignasse por algo que no hizo y que en Tucumán todos saben que no ocurrió así. Mis propios compañeros del Congreso están repudiando actitudes que no cometí y ni siquiera tuvieron el reflejo de convocarme y escucharme.
¿No le parece reprochable de parte de la comisión que no se me haya convocado para escuchar mi posición? Si no es así, evidentemente la autocrítica tampoco existe; usted es miembro de esta comisión.
Todos nos podemos equivocar pero lo mejor es reconocerlo, porque la humildad es parte del crecimiento de la persona. A veces me encuentro con personas que lejos de reconocer que pueden haber cometido un error lo reivindican, como en este caso.
Como usted no quiere seguir discutiendo este tema y yo tampoco, lo único que espero es que si alguna vez a otro diputado le ocurre algo similar, tenga un mecanismo de defensa y no se encuentre en los diarios de su provincia que desde el mismo Congreso están repudiando una actitud que no cometió sin siquiera haberlo convocado a la comisión para que haga su descargo.
Les quiero decir algo más: en la comisión que yo presidí citamos a Patti para escucharlo, él no quiso venir y mandó sus abogados. A mí no me citaron para escucharme y me "escracharon" en los diarios de Tucumán con este proyecto de declaración.
Usted dice que está muy bien lo que hizo la comisión, que está muy bien que haya salido en todos los diarios que la Cámara de Diputados reprocha a Vargas Aignasse por algo que no hizo y que en Tucumán todos saben que no ocurrió así. Mis propios compañeros del Congreso están repudiando actitudes que no cometí y ni siquiera tuvieron el reflejo de convocarme y escucharme.
¿No le parece reprochable de parte de la comisión que no se me haya convocado para escuchar mi posición? Si no es así, evidentemente la autocrítica tampoco existe; usted es miembro de esta comisión.
Todos nos podemos equivocar pero lo mejor es reconocerlo, porque la humildad es parte del crecimiento de la persona. A veces me encuentro con personas que lejos de reconocer que pueden haber cometido un error lo reivindican, como en este caso.
Como usted no quiere seguir discutiendo este tema y yo tampoco, lo único que espero es que si alguna vez a otro diputado le ocurre algo similar, tenga un mecanismo de defensa y no se encuentre en los diarios de su provincia que desde el mismo Congreso están repudiando una actitud que no cometió sin siquiera haberlo convocado a la comisión para que haga su descargo.
Les quiero decir algo más: en la comisión que yo presidí citamos a Patti para escucharlo, él no quiso venir y mandó sus abogados. A mí no me citaron para escucharme y me "escracharon" en los diarios de Tucumán con este proyecto de declaración.
SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra la señora diputada Tate.
SRA. TATE En realidad esta comisión, según dice el propio reglamento, tiene que dictaminar tendiendo al respeto y la seguridad de quienes se manifiesten por cualquier medio. Esa es nuestra tarea.
Cuando nosotros recibimos una denuncia, no citamos, ni juzgamos, ni evaluamos; sólo la recibimos y manifestamos nuestra preocupación, pero nosotros no juzgamos.
No quiero entrar en ese tema porque tampoco quiero entrar en el tema de la competencia de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de hacer un juicio para el cual los legisladores no estamos facultados, aunque la persona sea la más repudiable de todas.
En esta comisión, no estamos para juzgar; estamos para manifestar nuestro repudio a situaciones que están en contra de la posibilidad de alguien de manifestarse por cualquier medio.
Realmente me parece un exceso; no quiero entrar en una discusión con el señor diputado Vargas Aignasse. Tal vez, por la circunstancia de que lo tenemos cerca, podríamos haberlo escuchado y no lo hicimos pero no voy a permitir que usted diga que la actitud de los diputados de esta comisión es una actitud que se condice con el procedimiento de la dictadura.
T.22
Cuando nosotros recibimos una denuncia, no citamos, ni juzgamos, ni evaluamos; sólo la recibimos y manifestamos nuestra preocupación, pero nosotros no juzgamos.
No quiero entrar en ese tema porque tampoco quiero entrar en el tema de la competencia de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de hacer un juicio para el cual los legisladores no estamos facultados, aunque la persona sea la más repudiable de todas.
En esta comisión, no estamos para juzgar; estamos para manifestar nuestro repudio a situaciones que están en contra de la posibilidad de alguien de manifestarse por cualquier medio.
Realmente me parece un exceso; no quiero entrar en una discusión con el señor diputado Vargas Aignasse. Tal vez, por la circunstancia de que lo tenemos cerca, podríamos haberlo escuchado y no lo hicimos pero no voy a permitir que usted diga que la actitud de los diputados de esta comisión es una actitud que se condice con el procedimiento de la dictadura.
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SR. VARGAS AIGNASSE De la presidencia, porque debió haberme convocado.
SRA. TATE No creo que ninguno de los diputados tengamos nada que ver con las actitudes, procedimientos y formas de hacer las cosas de la dictadura militar.
SR. VARGAS AIGNASSE Este hecho fue un error. Estoy seguro que no tienen nada que ver con eso, yo no dije que sean eso sino que fue un actitud que me hacía acordar a la dictadura.
SRA. TATE Yo lo respeté en el uso de la palabra, no hablé en ningún momento. Si bien no tenía pensado hablar me parece que la discusión se fue de cause cuando usted comparó y asimiló los procedimientos de los diputados de esta comisión con los de la dictadura.
SR. VARGAS AIGNASSE No me dieron derecho a defensa, ni siquiera me escucharon. ¿No le parece mal?
SRA. MORANDINI No me doy por aludida en un caso así pero sí en el decir que esta comisión tiene métodos inquisitoriales. En mi ingenuidad pensé que ingresaba a una comisión donde los valores no tienen interpretación partidaria.
Así como los derechos humanos no tienen interpretación partidaria la libertad de expresión tampoco la tiene y nos van a encontrar en el mismo lugar defendiendo la libertad de expresión, los derechos humanos y cualquier expresión política.
Entonces, frente a una denuncia, no hacia periodistas, sino en función de nuestro pasado -y lo reitero porque usted se ha referido a mi de manera personal-, en mi caso prefiero correr el riesgo de ser exagerada en la defensa de la prensa.
El año pasado una respetada diputada del oficialismo que tiene una hermana en el norte, respetada periodista, no consiguió que esta Cámara hiciera una declaración de repudio en una denuncia en la que había periodistas amenazados y que terminó con la muerte de dos personas. Primero murió una persona y después la productora rural en el norte -estoy hablando de la hermana de Nora César que vino a verme para ver si yo me ocupaba. Yo me quedé perpleja.
La Cámara de Diputados, en función de lo que nos ha pasado, debe estar alerta y ante la primera denuncia defender la libertad, que ha sido tan amenazada y que nos ha dejado tanto dolor.
De mi parte no tengo nada en su contra, fue usted quien lo ha personalizado.
Así como los derechos humanos no tienen interpretación partidaria la libertad de expresión tampoco la tiene y nos van a encontrar en el mismo lugar defendiendo la libertad de expresión, los derechos humanos y cualquier expresión política.
Entonces, frente a una denuncia, no hacia periodistas, sino en función de nuestro pasado -y lo reitero porque usted se ha referido a mi de manera personal-, en mi caso prefiero correr el riesgo de ser exagerada en la defensa de la prensa.
El año pasado una respetada diputada del oficialismo que tiene una hermana en el norte, respetada periodista, no consiguió que esta Cámara hiciera una declaración de repudio en una denuncia en la que había periodistas amenazados y que terminó con la muerte de dos personas. Primero murió una persona y después la productora rural en el norte -estoy hablando de la hermana de Nora César que vino a verme para ver si yo me ocupaba. Yo me quedé perpleja.
La Cámara de Diputados, en función de lo que nos ha pasado, debe estar alerta y ante la primera denuncia defender la libertad, que ha sido tan amenazada y que nos ha dejado tanto dolor.
De mi parte no tengo nada en su contra, fue usted quien lo ha personalizado.
SR. VARGAS AIGNASSE Sostengo que fue un error.
SRA. MORANDINI Si esta comisión recibe una denuncia de una institución que representa a los periodistas de la Patagonia, de Córdoba, de Tucumán o de donde sea, creo que lo que tiene que hacer es velar para que no se viole...
SR. VARGAS AIGNASSE Le hago una sola pregunta: ¿ingresó por Mesa de Entradas? Sería bueno aclararlo.
Creo que si la Asociación de Prensa de Tucumán envió una denuncia o pidió que la Cámara de Diputados...
Creo que si la Asociación de Prensa de Tucumán envió una denuncia o pidió que la Cámara de Diputados...
SR. PRESIDENTE MORINI Por mail.
SR. VARGAS AIGNASSE Tengo entendido que no, que ustedes levantaron la información de la página de Internet.
Acá estamos hablando de que la Asociación de Prensa de Tucumán envió una denuncia a la comisión, pero tengo entendido que no. No hubo denuncia, no hubo ningún pedido, simplemente ustedes tomaron de una página de Internet una noticia y armaron un proyecto de declaración.
Señora diputada Quiroz, quiero que sepa que acá no entró ninguna denuncia de la Asociación de Prensa de Tucumán ni tampoco de Miguel Coronel. Seguimos hablando y la verdad no entiendo el motivo por el que ustedes hayan emitido este proyecto de declaración si ni siquiera la Asociación de Prensa de Tucumán los notificó de que había un hecho grave -que no lo fue- ni Coronel vino a expedirse.
T.23
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Es más, a los dos días salió en los diarios que nos arreglamos y hasta nos dimos la mano.
Francamente ustedes podrán decir lo que les parezca y yo lo voy a respetar pero no tuve ninguna posibilidad de que ustedes conozcan la verdad de los hechos.
Acá estamos hablando de que la Asociación de Prensa de Tucumán envió una denuncia a la comisión, pero tengo entendido que no. No hubo denuncia, no hubo ningún pedido, simplemente ustedes tomaron de una página de Internet una noticia y armaron un proyecto de declaración.
Señora diputada Quiroz, quiero que sepa que acá no entró ninguna denuncia de la Asociación de Prensa de Tucumán ni tampoco de Miguel Coronel. Seguimos hablando y la verdad no entiendo el motivo por el que ustedes hayan emitido este proyecto de declaración si ni siquiera la Asociación de Prensa de Tucumán los notificó de que había un hecho grave -que no lo fue- ni Coronel vino a expedirse.
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Es más, a los dos días salió en los diarios que nos arreglamos y hasta nos dimos la mano.
Francamente ustedes podrán decir lo que les parezca y yo lo voy a respetar pero no tuve ninguna posibilidad de que ustedes conozcan la verdad de los hechos.
SR. PRESIDENTE MORINI Le quiero hacer un comentario. El señor Secretario General habló telefónicamente conmigo...
SR. VARGAS AIGNASSE Tráigame las pruebas...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. VARGAS AIGNASSE No es cierto lo que está diciendo el señor presidente...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. VARGAS AIGNASSE Pero acá las cosas se manejan con formalidad, debe entrar una denuncia, un pedido formal.
Recién usted me dijo que no entró nada, después me dice que fue por mail y ahora telefónicamente.
Recién usted me dijo que no entró nada, después me dice que fue por mail y ahora telefónicamente.
SR. PRESIDENTE MORINI Fue por mail y telefónicamente también...
SR. VARGAS AIGNASSE Si alguien se sintió ofendido por la comparación con la dictadura, les pido disculpas; creo que mi comentario fue desmedido pero realmente quiero que sepan que la Asociación de Prensa no presentó formalmente ningún pedido a esta comisión. Si informalmente lo hablaron por teléfono está bien pero en la Cámara nos manejamos con formalidad.
Realmente es poco serio tomar por válidas versiones que salen en una página de Internet...
Realmente es poco serio tomar por válidas versiones que salen en una página de Internet...
SR. PRESIDENTE MORINI ...en los diarios. Después se los voy a hacer llegar.
SR. VARGAS AIGNASSE Digo que es poco serio porque acá no hubo una presentación formal.
Para terminar con esta cuestión, quiero reiterar el agradecimiento porque me han permitido hacer mi descargo y quiero volver a decir que creo que -sobre todo en mi caso que ni siquiera hubo una formalidad por escrito para poner en marcha todo esto-, deberían haberme escuchado antes de condenarme.
Es cierto lo que dice la señora diputada Tate, en esta comisión no se emiten juicios de valor sobre la conducta de nadie, pero esto tiene un efecto de sentencia política cuando sale en los diarios; eso lo saben todos. Cuando sale en su provincia que los diputados repudiaron su actitud tiene un efecto de sentencia.
Para terminar con esta cuestión, quiero reiterar el agradecimiento porque me han permitido hacer mi descargo y quiero volver a decir que creo que -sobre todo en mi caso que ni siquiera hubo una formalidad por escrito para poner en marcha todo esto-, deberían haberme escuchado antes de condenarme.
Es cierto lo que dice la señora diputada Tate, en esta comisión no se emiten juicios de valor sobre la conducta de nadie, pero esto tiene un efecto de sentencia política cuando sale en los diarios; eso lo saben todos. Cuando sale en su provincia que los diputados repudiaron su actitud tiene un efecto de sentencia.
SR. PRESIDENTE MORINI Cuando sale de la comisión pero este es un proyecto de dos diputados.
SR. VARGAS AIGNASSE Pero puede ser que se apruebe porque esa es la intención, por eso firmaron un proyecto de declaración. Su intención es que esto se lo trate en el Plenario.
Ni siquiera me escucharon y cuando yo digo que no tuve derecho a defensa es porque en realidad cuando esto sale en un diario tiene fuerza de sentencia.
Ni siquiera me escucharon y cuando yo digo que no tuve derecho a defensa es porque en realidad cuando esto sale en un diario tiene fuerza de sentencia.
SR. PRESIDENTE MORINI La comisión hoy se reúne para tratar este tema, y si no se aprueba se acabó.
SR. VARGAS AIGNASSE No estoy juzgando eso, sino la intención que han tenido en la metodología de avanzar y buscar que esta declaración se convierta en un repudio sin siquiera escucharme; además, de que ni siquiera entró por escrito ningún pedido para poner en marcha el mecanismo.
SR. PRESIDENTE MORINI Lo hemos hecho como hacemos con cualquier medio y con cualquier periodista...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. MORANDINI Pero miren la cantidad de proyecto con repudios que tenemos.
SR. HERRERA Tenemos muchos repudios en el temario que a partir de ahora voy a empezar a ver. Esta discusión no da para más.
Yo no me sentí aludido por lo que dijo el señor diputado Vargas Aignasse, a quien conozco desde hace muchos años y estoy seguro de que no tuvo intención de decir que actuamos como la dictadura.
T.24
Creo que a lo mejor exageró, se le fue la boca y perdoname que te lo diga Vargas.
Yo no me sentí aludido por lo que dijo el señor diputado Vargas Aignasse, a quien conozco desde hace muchos años y estoy seguro de que no tuvo intención de decir que actuamos como la dictadura.
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Creo que a lo mejor exageró, se le fue la boca y perdoname que te lo diga Vargas.
SR. VARGAS AIGNASSE Está bien.
SR. HEREDIA Pero sí quiero ser claro en que nos equivocamos en el método. Creo que lo tendríamos que haber llamado. Para colmo, yo ni siquiera sabía que había una nota.
SR. PRESIDENTE MORINI No hace falta que haya una nota escrita.
SR. HEREDIA ¿Pero cómo no va a hacer falta?
SR. PRESIDENTE MORINI Lo presento como diputado. ¿Cuál es el problema?
SR. HEREDIA No voy a ir más allá, está terminado. Usted piensa así, señor diputado, y lo respeto.
Yo voy a traer pruebas de que este es el método, no se puede decir que fulano le pegó a mengano...
Yo voy a traer pruebas de que este es el método, no se puede decir que fulano le pegó a mengano...
SR. PRESIDENTE MORINI No decimos que le pegó.
SR. HEREDIA Lo agravió, está más claro que el agua.
SRA. MORANDINI Se hace eco de una denuncia de una asociación de prensa.
SR. HEREDIA ¿Dónde está la denuncia?
SRA. MORANDINI Acá llegan denuncias todo el tiempo.
SR. HEREDIA Reitero, estimados diputados, no estoy de acuerdo con este método.
SR. PRESIDENTE MORINI Es su apreciación.
SR. HEREDIA Es mi apreciación y voy a insistir. Cualquier resolución que me llegue con repudios tendrá que ser para que hablemos. Esta es una cosa privada que ocurrió entre dos personas.
SR. PRESIDENTE MORINI Si sale por una radio ¿cómo va a ser privada?
SR. HEREDIA La supuesta agresión fue privada. Había dos personas.
SRA. MORANDINI Es un hombre público.
SR. HEREDIA Creo que la discusión no da para más. En mi opinión se equivocó el método y deberíamos haber llamado al diputado Vargas Aignasse.
SR. PRESIDENTE MORINI Tiene la palabra el diputado Tinnirello.
SR. TINNIRELLO Creo que fue muy buena la discusión, pero una parte de los diputados que no estamos en la comisión queremos tratar otro tema.
Me parece que la discusión es de funcionamiento y que deberían tenerla en privado para ponerse de acuerdo; no está presente el diputado y no voy a hablar sobre el tema.
Me parece que la discusión es de funcionamiento y que deberían tenerla en privado para ponerse de acuerdo; no está presente el diputado y no voy a hablar sobre el tema.
SR. PRESIDENTE MORINI Vamos a tratar el tema de ustedes.
SR. TINNIRELLO Voy a tratar de ser sumamente sintético.
Creo que el preservar la libertad de expresión tiene esencialmente que ver con el derecho que tienen las personas a poder expresarse -que es la base o uno de los pilares de los derechos humanos- y que debe defenderse a rajatabla. Considero que la discusión que se dio anteriormente tiene ese sentido.
En mi opinión quizás haya habido alguna cosa que habría que haber manejado de una manera diferente -no estoy diciendo que así debió haber sido- pero creo que la esencia o la intención de sostener la libertad de expresión está manifestada en el proyecto y es lo que más vale.
A veces uno con la idea de sostener la bandera de la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de los ciudadanos, de los derechos humanos busca distintas vías y puede equivocarse. Pero el objetivo más importante, el que se busca cuando se hace este tipo de repudio es darle, al ciudadano en general y a la prensa en particular, la posibilidad de seguir ejerciendo su derecho, de ser libre en el ejercicio de expresar sus opiniones y sus reclamos.
Concretamente en Vicente López hay un problema. Sus vecinos vienen funcionando en asamblea y su objetivo es garantizar que no se privatice la costa, que no se hagan negocios inmobiliarios en un lugar que es público.
A pesar de eso, se siguen haciendo rellenos en toda la costa para hacer emprendimientos habitacionales, comerciales y mega proyectos que son para beneficio de unos pocos en un lugar que, en realidad, es de todos.
T.25
Y la costa se ve gravemente comprometida. La costa para la utilización del conjunto de los ciudadanos.
Pero además también se ve comprometida la calidad de vida, porque ni siquiera desde el punto de vista de los servicios públicos como las cloacas y el agua está en condiciones. Ya hay graves problemas en Vicente López que muestran esa realidad.
Los vecinos vienen reclamando desde hace bastante tiempo. Hubo muchas expresiones públicas. La señora Iris Digiano ha tenido la oportunidad de mostrar y de denunciar públicamente en distintos medios lo que se estaba haciendo. Hubo votaciones que se hicieron a las tres o cuatro de la mañana, cuando ya la gente que había ido al recinto del Concejo Deliberante para que no se modificara el Código Urbano y no se permitiera este tipo de emprendimientos se había ido. Cuando ya parecía que no se iba a votar, se fueron los concejales, volvieron a aparecer cuando la gente se fue y se votó entre gallos y medianoche. Esa es una sucesión de cosas que se dieron y que uno puede juzgar o no acá.
Pero las consecuencias en lo que atañe a la comisión es que ha habido una serie de hechos persecutorios a los vecinos que son muy graves, de acuerdo con lo que nosotros creemos. Este es un tema que se extiende mucho más allá de la localidad de Vicente López. Se hace mucho más permanente de lo que uno realmente quisiera y, por supuesto, de lo que uno recibe como denuncia, porque lo que pasa en Vicente López está extendido en muchísimos lugares del país. También quiero dar mi opinión en este sentido.
En este caso está comprometido el Estado municipal porque participa directamente la policía vecinal -como la llaman allí-, el Plan Alerta, que es una patrulla municipal donde actúan personal municipal y la policía. Pero este tipo de silenciamientos o presiones también se han dado desde los estados provinciales y nacional. Nosotros hemos denunciado muchas veces a la Gendarmería en Santa Cruz. Pero creo que es importante que vayamos charlando estas cosas al margen de las ideas políticas, porque considero que si hay algo que debe preservarse a rajatabla es la libertad de expresión y los derechos humanos, sacrificando todo nuestro esfuerzo para que esas banderas y esos conceptos sigan estando presentes.
Por eso las comparaciones que se hacían sobre el accionar que puede haber acá, donde uno puede decir: "Ese es un accionar persecutorio, injusto, no me escucharon.", no tienen nada que ver con la dictadura, porque quien padeció la dictadura -ya sea porque sufrió la persecución, porque tiene familiares, amigos, compañeros muy cercanos que fueron asesinados o porque quizás, como algunos de nosotros, tuvo que vivir por allí a la deriva, en la clandestinidad, en nuestro país- se merece otros conceptos u otra forma de considerar lo que fue la dictadura militar.
En este sentido, cuando el 15 de septiembre de 2007 los patrulleros entraron a la iglesia para ver qué pasaba allí, si estaban los vecinos -estos últimos estaban en un bar y solamente habían desplegado una bandera muy grande que decía: "No a las torres. No a la corrupción. Sí a los espacios verdes. Sí a la vivienda social"; eso es lo único que decía-, fue un grupo de este Plan Alerta, de esta patrulla municipal y policial, cortó las sogas y las pretendió sacar en forma violenta o vehemente. Cuando la vecina Iris Digiano se acercó para impedir que eso sucediera -era simplemente una actividad programada de difusión de papeles, de panfletos para que la gente viera lo que estaba sucediendo-, había policías rondando la zona, dando vueltas, que habían ingresado a distintos lugares, estaban parapetados y parecía que algo raro podía pasar.
T.26
Cuando ella se acerca hubo gritos intentando imponer que se sacara la bandera de cualquier manera hasta que llegaron los vecinos y le dijeron a esta patrulla que terminara con ese intento. Incluso una mujer bajó con un paraguas -una antigua vecina del lugar- y les dijo: "Ustedes se van porque no tienen derecho a sacar la bandera y si no, les doy con el paraguas." Estas son expresiones muy populares de la gente del lugar que lo único que pretendía era que la dejaran expresarse.
Obviamente este tipo de expresiones fueron espontáneas porque la gente no estaba convocada para ese tipo de actividades. Si bien en ese momento no llovía, no eran las mejores condiciones de paseo y a pesar de eso hubo varios vecinos que se acercaron a reclamar que terminara la actitud de esa patrulla y que permitieran la libre expresión.
Todo esto sucedió ese día, pero hubo otros hechos el 17 de octubre en los que también hubo persecución.
En mi opinión, esto está relacionado con un gran negociado que se pretende hacer en la costa y que debería ser contemplado por la Cámara de Diputados; muchas veces detrás de estos negociados hay acuerdos con los que se tratan de imponer las cosas de la forma que sea. Ello significa coartar la libertad de expresión para que los vecinos no puedan manejarse libremente y tener la posibilidad de modificar este tipo de actitudes. Por esa razón, surge la necesidad de plantear este proyecto y el posible acompañamiento de la comisión.
No sé si existe la posibilidad de que escuchemos unos minutos a la señora Iris Digiano para que aclare un poco más esta situación.
Creo que el preservar la libertad de expresión tiene esencialmente que ver con el derecho que tienen las personas a poder expresarse -que es la base o uno de los pilares de los derechos humanos- y que debe defenderse a rajatabla. Considero que la discusión que se dio anteriormente tiene ese sentido.
En mi opinión quizás haya habido alguna cosa que habría que haber manejado de una manera diferente -no estoy diciendo que así debió haber sido- pero creo que la esencia o la intención de sostener la libertad de expresión está manifestada en el proyecto y es lo que más vale.
A veces uno con la idea de sostener la bandera de la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de los ciudadanos, de los derechos humanos busca distintas vías y puede equivocarse. Pero el objetivo más importante, el que se busca cuando se hace este tipo de repudio es darle, al ciudadano en general y a la prensa en particular, la posibilidad de seguir ejerciendo su derecho, de ser libre en el ejercicio de expresar sus opiniones y sus reclamos.
Concretamente en Vicente López hay un problema. Sus vecinos vienen funcionando en asamblea y su objetivo es garantizar que no se privatice la costa, que no se hagan negocios inmobiliarios en un lugar que es público.
A pesar de eso, se siguen haciendo rellenos en toda la costa para hacer emprendimientos habitacionales, comerciales y mega proyectos que son para beneficio de unos pocos en un lugar que, en realidad, es de todos.
T.25
Y la costa se ve gravemente comprometida. La costa para la utilización del conjunto de los ciudadanos.
Pero además también se ve comprometida la calidad de vida, porque ni siquiera desde el punto de vista de los servicios públicos como las cloacas y el agua está en condiciones. Ya hay graves problemas en Vicente López que muestran esa realidad.
Los vecinos vienen reclamando desde hace bastante tiempo. Hubo muchas expresiones públicas. La señora Iris Digiano ha tenido la oportunidad de mostrar y de denunciar públicamente en distintos medios lo que se estaba haciendo. Hubo votaciones que se hicieron a las tres o cuatro de la mañana, cuando ya la gente que había ido al recinto del Concejo Deliberante para que no se modificara el Código Urbano y no se permitiera este tipo de emprendimientos se había ido. Cuando ya parecía que no se iba a votar, se fueron los concejales, volvieron a aparecer cuando la gente se fue y se votó entre gallos y medianoche. Esa es una sucesión de cosas que se dieron y que uno puede juzgar o no acá.
Pero las consecuencias en lo que atañe a la comisión es que ha habido una serie de hechos persecutorios a los vecinos que son muy graves, de acuerdo con lo que nosotros creemos. Este es un tema que se extiende mucho más allá de la localidad de Vicente López. Se hace mucho más permanente de lo que uno realmente quisiera y, por supuesto, de lo que uno recibe como denuncia, porque lo que pasa en Vicente López está extendido en muchísimos lugares del país. También quiero dar mi opinión en este sentido.
En este caso está comprometido el Estado municipal porque participa directamente la policía vecinal -como la llaman allí-, el Plan Alerta, que es una patrulla municipal donde actúan personal municipal y la policía. Pero este tipo de silenciamientos o presiones también se han dado desde los estados provinciales y nacional. Nosotros hemos denunciado muchas veces a la Gendarmería en Santa Cruz. Pero creo que es importante que vayamos charlando estas cosas al margen de las ideas políticas, porque considero que si hay algo que debe preservarse a rajatabla es la libertad de expresión y los derechos humanos, sacrificando todo nuestro esfuerzo para que esas banderas y esos conceptos sigan estando presentes.
Por eso las comparaciones que se hacían sobre el accionar que puede haber acá, donde uno puede decir: "Ese es un accionar persecutorio, injusto, no me escucharon.", no tienen nada que ver con la dictadura, porque quien padeció la dictadura -ya sea porque sufrió la persecución, porque tiene familiares, amigos, compañeros muy cercanos que fueron asesinados o porque quizás, como algunos de nosotros, tuvo que vivir por allí a la deriva, en la clandestinidad, en nuestro país- se merece otros conceptos u otra forma de considerar lo que fue la dictadura militar.
En este sentido, cuando el 15 de septiembre de 2007 los patrulleros entraron a la iglesia para ver qué pasaba allí, si estaban los vecinos -estos últimos estaban en un bar y solamente habían desplegado una bandera muy grande que decía: "No a las torres. No a la corrupción. Sí a los espacios verdes. Sí a la vivienda social"; eso es lo único que decía-, fue un grupo de este Plan Alerta, de esta patrulla municipal y policial, cortó las sogas y las pretendió sacar en forma violenta o vehemente. Cuando la vecina Iris Digiano se acercó para impedir que eso sucediera -era simplemente una actividad programada de difusión de papeles, de panfletos para que la gente viera lo que estaba sucediendo-, había policías rondando la zona, dando vueltas, que habían ingresado a distintos lugares, estaban parapetados y parecía que algo raro podía pasar.
T.26
Cuando ella se acerca hubo gritos intentando imponer que se sacara la bandera de cualquier manera hasta que llegaron los vecinos y le dijeron a esta patrulla que terminara con ese intento. Incluso una mujer bajó con un paraguas -una antigua vecina del lugar- y les dijo: "Ustedes se van porque no tienen derecho a sacar la bandera y si no, les doy con el paraguas." Estas son expresiones muy populares de la gente del lugar que lo único que pretendía era que la dejaran expresarse.
Obviamente este tipo de expresiones fueron espontáneas porque la gente no estaba convocada para ese tipo de actividades. Si bien en ese momento no llovía, no eran las mejores condiciones de paseo y a pesar de eso hubo varios vecinos que se acercaron a reclamar que terminara la actitud de esa patrulla y que permitieran la libre expresión.
Todo esto sucedió ese día, pero hubo otros hechos el 17 de octubre en los que también hubo persecución.
En mi opinión, esto está relacionado con un gran negociado que se pretende hacer en la costa y que debería ser contemplado por la Cámara de Diputados; muchas veces detrás de estos negociados hay acuerdos con los que se tratan de imponer las cosas de la forma que sea. Ello significa coartar la libertad de expresión para que los vecinos no puedan manejarse libremente y tener la posibilidad de modificar este tipo de actitudes. Por esa razón, surge la necesidad de plantear este proyecto y el posible acompañamiento de la comisión.
No sé si existe la posibilidad de que escuchemos unos minutos a la señora Iris Digiano para que aclare un poco más esta situación.
- Asentimiento.
SRA. DIGIANO Mi nombre es Iris Digiano y soy vecina de Vicente López.
Fui testigo de la sesión del Concejo Deliberante del día 23 de diciembre de 2004 cuando al preguntarles a los concejales si para las excepciones a tratar existían las audiencias públicas y el impacto ambiental correspondiente a las doce de la noche decidieron retirarse rápidamente. En ese momento todos se levantaron y se fueron sin siquiera llamar a cuarto intermedio.
Los vecinos nos quedamos esperando que regresaran y, como no lo hicieron, llamamos a un escribano público para que constara que nosotros no estábamos haciendo nada fuera de lugar; nos retiramos cada uno a su casa a las tres y media de la madrugada -ya era 24 de diciembre.
Al día siguiente nos enteramos que los concejales entraron al recinto aproximadamente a los quince minutos que nos fuimos y aprobaron excepciones al Código de Planeamiento Urbano que modificarían nuestra calidad de vida para siempre. Por esa razón y a partir de ese momento, comenzamos a reunirnos.
En primer lugar, la prensa no había informado a nadie que se iba a tratar ese tema, por lo menos para empezar a debatir en qué ciudad queremos vivir o si estamos de acuerdo en que nos modifiquen de esa manera nuestra calidad de vida; nos dimos cuenta de que nadie informaba nada. Entonces salimos a la calle, en principio exigiendo una audiencia pública e impacto ambiental.
Luego se hizo una audiencia pública de la que no se informó a la ciudadanía.
T.27
Era una audiencia donde participaban instituciones. Y realmente se dio por sentada la participación ciudadana con audiencias que hacían entidades que en su mayoría, me atrevo a decir, eran amigas del intendente.
Realmente en Vicente López no hubo una discusión pública respecto de cuál era el proyecto. Siempre se dijo que el impacto ambiental existía, de lo cual seguimos dudando.
Luego hubo un dictamen del fiscal de Estado para que no se haga corrimiento de línea de rivera, pero luego, el 19 de octubre de 2006, se aprobó el acuerdo entre Solá y García para hacer este proyecto. El proyecto consta de torres, megashoppings en tierras públicas, hoteles de cinco estrellas. Y siempre manipulando de alguna manera a los vecinos. Es decir que por un lado se decía que este proyecto se iba a hacer sí o sí y por el otro se planteaba que estaba todo parado y que no se iba a hacer.
Esto llevó a un grado de confusión total porque nosotros constatamos eso, ya que a partir de la aprobación de este acuerdo en el Concejo Deliberante comenzamos a salir a la calle y tratar de llamar la atención de la prensa, cuando observamos que no llamábamos la atención de ninguno de los medios de prensa. Entonces nos dimos cuenta de que la cosa era todavía más difícil de lo que pensábamos, y seguimos protestando. Y en eso de la protesta hicimos una asamblea -pequeña también porque el grado de desconcierto era total- en la cual nadie sabía muy bien qué estaba sucediendo, si se había aprobado o no. A punto tal que este acuerdo aprobado en el Concejo Deliberante luego no fue homologado por el gobernador mediante un decreto.
Ahí empezamos a ver que a través de "Clarín", IRSA, que es una de las empresas, está presionando para que el gobernador homologue por decreto algo que ya había dicho que no iba a homologar. Pero hizo la presión suficiente como para que nuevamente, el 5 de julio, se aprobara en el Concejo Deliberante un cambio de uso que daría la posibilidad de que estas torres se hagan directamente, sin ser homologadas por la provincia.
A partir de ahí hubo una corrida de prensa -no sé que nombre utilizar-, es decir, el 10 de septiembre todos los periodistas empezaron a decir que el gobernador ya había aprobado todo esto por medio de un decreto. Yo escuché la palabra "decreto" y dije "¿cuál es el número del decreto y dónde está, así lo conocemos?" Entonces me di cuenta de que ese decreto no existía, que era mentira, y varios medios de prensa -"Clarín Zonal", "Infoban", "Prensa Libre", "Lo Nuestro"- transmitieron que era un hecho real y concreto, que ya estaba, que esto estaba firmado y que era así, cuando nosotros como vecinos no fuimos directamente consultados para nada.
El intendente salió a decir que se habían hecho todas las consultas ciudadanas necesarias, cuando nosotros lo estamos reclamando desde hace bastante tiempo. Entonces nos dimos cuenta de que eso era todo mentira y de que era para saber cómo reaccionábamos en ese estado de confusión.
Luego pasó lo que pasó con la bandera, es decir, eso empezó el 10 de septiembre cuando los medios de prensa decían "ya está", "ya se aprobó", "amargo triunfo" y todo ese tipo de notas desconcertantes.
Entonces hicimos una asamblea muy pequeña en la plaza de Olivos. Teníamos la bandera de 12 metros de largo que dice "Asamblea de Vecinos de Vicente López. No a las torres. Sí a los espacios verdes. Sí a las viviendas sociales. No a la corrupción".
T.28
Estábamos esperando la hora a la que se iba a hacer la reunión, la bandera estaba colocada y como estaba lluvioso esperamos adentro. Desde allí observamos como Fusco, que es personal del municipio, que trabajó en la oficina privada del intendente García y que ahora es director de tránsito -del desastre que es el tránsito en Vicente López- daba vueltas con un handy, visitaba la iglesia, salía, se comunicaba con otros y se miraban.
En algún punto creíamos que era una película porque giraban alrededor de la plaza con los móviles del Plan Alerta de Vicente López, más un móvil de tránsito y estaban estacionados entre la iglesia y la plaza detrás de un puesto de flores que los tapaba.
Ellos bajaban, se hacían señas -mientras nosotros los observábamos-, se manejaban por el handy, hasta que después vino un camión de mantenimiento del que bajó gente más los que bajaron de los patrulleros de la policía y se acercaron adonde estaba la bandera. Realmente no lo podíamos creer y nos dimos cuenta de que la iban a sacar cortándole la soga.
Yo fui hasta donde estaban ellos, los vecinos me siguieron, les pregunté qué estaban haciendo y dijeron que se iba a sacar.
Quiero colocar esto en el contexto de la campaña de prensa que decía que Solá había firmado todo. Si ya estaba todo bien y los vecinos estábamos conformes y contentos con los negocios de la costa, ¿para qué iban a cortar la soga de la bandera?
De todas formas cortaron la soga. Yo sostuve la bandera, en ese momento empezaron a salir vecinos de sus casas -obviamente viendo esto tan extraño que estaba sucediendo- y les dijeron que ellos no tenían que hacer lo que estaban haciendo, que no eran nadie para hacer eso, que querían que la bandera permaneciera.
Cada vez con más nivel de desesperación por parte de los vecinos, porque veíamos que querían explicar lo inexplicable, dijeron que no había sido cuestión de nadie en especial sino lo que habían hecho estaba relacionado con este director de tránsito.
Esa fue la primera impresión que tuvimos y luego apareció el decreto del gobernador Solá. La verdad es que desde el año 2004 que estamos protestando en la calle nunca fuimos escuchados por el intendente, nunca se hizo una consulta ciudadana, jamás. Y ahora nos enteramos de que tampoco se necesita impacto ambiental.
Por un decreto que desconocemos a los inversores no se les solicita el impacto ambiental en el caso de viviendas colectivas y tampoco en el de oficinas.
Los vecinos fuimos a ver excepción por excepción, tomamos el número de cada uno de los expedientes, de la chapa del aviso de obra -algunos tenían y otros no- y en los casos en los que no había aviso de obra, como en el del mega shopping y del hotel cinco estrellas, presentamos una denuncia en el juzgado de faltas. Es decir, no pudimos saber si había impacto ambiental o no porque no tenemos el número de expediente ya que no estaba a la vista -en el mega shopping al lado del río en tierras públicas.
T.29
En los casos en que sí había aviso de obra y número de expediente constatamos que el decreto del intendente García daba a todos estos inversores la posibilidad de no presentar impacto ambiental. Había sólo dos casos en que se había presentado el impacto ambiental y no sabemos si es positivo o negativo para nuestra salud.
Luego, respecto del tema de la libertad de expresión, nos es muy difícil con la prensa, ya que manipulan absolutamente todo. Concretamente, nosotros tenemos muy buena relación y diálogo con los periodistas, pero ellos mismos reconocen que no pueden difundir nuestra opinión como vecinos. Por ejemplo, ahora, el domingo, salió publicado en "Clarín" que el intendente decía que se hicieron todas las consultas, y eso no es verdad. Entonces, nuestra parte tampoco es escuchada, no sale en la prensa.
Y además de todo esto, encima nos persiguen, porque después hubo otros hechos de persecución con el móvil del Plan Alerta que ahora usan para perseguir a los vecinos, cuando nosotros mismos estamos reclamando más obras, CORES y todo para el planeamiento por los problemas de seguridad en Vicente López. Yo misma presido una institución de seguridad en Florida. Resulta que esos móviles me persiguen concretamente a mí y a los demás vecinos que tenemos la intención de saber qué es lo que pasa.
Fui testigo de la sesión del Concejo Deliberante del día 23 de diciembre de 2004 cuando al preguntarles a los concejales si para las excepciones a tratar existían las audiencias públicas y el impacto ambiental correspondiente a las doce de la noche decidieron retirarse rápidamente. En ese momento todos se levantaron y se fueron sin siquiera llamar a cuarto intermedio.
Los vecinos nos quedamos esperando que regresaran y, como no lo hicieron, llamamos a un escribano público para que constara que nosotros no estábamos haciendo nada fuera de lugar; nos retiramos cada uno a su casa a las tres y media de la madrugada -ya era 24 de diciembre.
Al día siguiente nos enteramos que los concejales entraron al recinto aproximadamente a los quince minutos que nos fuimos y aprobaron excepciones al Código de Planeamiento Urbano que modificarían nuestra calidad de vida para siempre. Por esa razón y a partir de ese momento, comenzamos a reunirnos.
En primer lugar, la prensa no había informado a nadie que se iba a tratar ese tema, por lo menos para empezar a debatir en qué ciudad queremos vivir o si estamos de acuerdo en que nos modifiquen de esa manera nuestra calidad de vida; nos dimos cuenta de que nadie informaba nada. Entonces salimos a la calle, en principio exigiendo una audiencia pública e impacto ambiental.
Luego se hizo una audiencia pública de la que no se informó a la ciudadanía.
T.27
Era una audiencia donde participaban instituciones. Y realmente se dio por sentada la participación ciudadana con audiencias que hacían entidades que en su mayoría, me atrevo a decir, eran amigas del intendente.
Realmente en Vicente López no hubo una discusión pública respecto de cuál era el proyecto. Siempre se dijo que el impacto ambiental existía, de lo cual seguimos dudando.
Luego hubo un dictamen del fiscal de Estado para que no se haga corrimiento de línea de rivera, pero luego, el 19 de octubre de 2006, se aprobó el acuerdo entre Solá y García para hacer este proyecto. El proyecto consta de torres, megashoppings en tierras públicas, hoteles de cinco estrellas. Y siempre manipulando de alguna manera a los vecinos. Es decir que por un lado se decía que este proyecto se iba a hacer sí o sí y por el otro se planteaba que estaba todo parado y que no se iba a hacer.
Esto llevó a un grado de confusión total porque nosotros constatamos eso, ya que a partir de la aprobación de este acuerdo en el Concejo Deliberante comenzamos a salir a la calle y tratar de llamar la atención de la prensa, cuando observamos que no llamábamos la atención de ninguno de los medios de prensa. Entonces nos dimos cuenta de que la cosa era todavía más difícil de lo que pensábamos, y seguimos protestando. Y en eso de la protesta hicimos una asamblea -pequeña también porque el grado de desconcierto era total- en la cual nadie sabía muy bien qué estaba sucediendo, si se había aprobado o no. A punto tal que este acuerdo aprobado en el Concejo Deliberante luego no fue homologado por el gobernador mediante un decreto.
Ahí empezamos a ver que a través de "Clarín", IRSA, que es una de las empresas, está presionando para que el gobernador homologue por decreto algo que ya había dicho que no iba a homologar. Pero hizo la presión suficiente como para que nuevamente, el 5 de julio, se aprobara en el Concejo Deliberante un cambio de uso que daría la posibilidad de que estas torres se hagan directamente, sin ser homologadas por la provincia.
A partir de ahí hubo una corrida de prensa -no sé que nombre utilizar-, es decir, el 10 de septiembre todos los periodistas empezaron a decir que el gobernador ya había aprobado todo esto por medio de un decreto. Yo escuché la palabra "decreto" y dije "¿cuál es el número del decreto y dónde está, así lo conocemos?" Entonces me di cuenta de que ese decreto no existía, que era mentira, y varios medios de prensa -"Clarín Zonal", "Infoban", "Prensa Libre", "Lo Nuestro"- transmitieron que era un hecho real y concreto, que ya estaba, que esto estaba firmado y que era así, cuando nosotros como vecinos no fuimos directamente consultados para nada.
El intendente salió a decir que se habían hecho todas las consultas ciudadanas necesarias, cuando nosotros lo estamos reclamando desde hace bastante tiempo. Entonces nos dimos cuenta de que eso era todo mentira y de que era para saber cómo reaccionábamos en ese estado de confusión.
Luego pasó lo que pasó con la bandera, es decir, eso empezó el 10 de septiembre cuando los medios de prensa decían "ya está", "ya se aprobó", "amargo triunfo" y todo ese tipo de notas desconcertantes.
Entonces hicimos una asamblea muy pequeña en la plaza de Olivos. Teníamos la bandera de 12 metros de largo que dice "Asamblea de Vecinos de Vicente López. No a las torres. Sí a los espacios verdes. Sí a las viviendas sociales. No a la corrupción".
T.28
Estábamos esperando la hora a la que se iba a hacer la reunión, la bandera estaba colocada y como estaba lluvioso esperamos adentro. Desde allí observamos como Fusco, que es personal del municipio, que trabajó en la oficina privada del intendente García y que ahora es director de tránsito -del desastre que es el tránsito en Vicente López- daba vueltas con un handy, visitaba la iglesia, salía, se comunicaba con otros y se miraban.
En algún punto creíamos que era una película porque giraban alrededor de la plaza con los móviles del Plan Alerta de Vicente López, más un móvil de tránsito y estaban estacionados entre la iglesia y la plaza detrás de un puesto de flores que los tapaba.
Ellos bajaban, se hacían señas -mientras nosotros los observábamos-, se manejaban por el handy, hasta que después vino un camión de mantenimiento del que bajó gente más los que bajaron de los patrulleros de la policía y se acercaron adonde estaba la bandera. Realmente no lo podíamos creer y nos dimos cuenta de que la iban a sacar cortándole la soga.
Yo fui hasta donde estaban ellos, los vecinos me siguieron, les pregunté qué estaban haciendo y dijeron que se iba a sacar.
Quiero colocar esto en el contexto de la campaña de prensa que decía que Solá había firmado todo. Si ya estaba todo bien y los vecinos estábamos conformes y contentos con los negocios de la costa, ¿para qué iban a cortar la soga de la bandera?
De todas formas cortaron la soga. Yo sostuve la bandera, en ese momento empezaron a salir vecinos de sus casas -obviamente viendo esto tan extraño que estaba sucediendo- y les dijeron que ellos no tenían que hacer lo que estaban haciendo, que no eran nadie para hacer eso, que querían que la bandera permaneciera.
Cada vez con más nivel de desesperación por parte de los vecinos, porque veíamos que querían explicar lo inexplicable, dijeron que no había sido cuestión de nadie en especial sino lo que habían hecho estaba relacionado con este director de tránsito.
Esa fue la primera impresión que tuvimos y luego apareció el decreto del gobernador Solá. La verdad es que desde el año 2004 que estamos protestando en la calle nunca fuimos escuchados por el intendente, nunca se hizo una consulta ciudadana, jamás. Y ahora nos enteramos de que tampoco se necesita impacto ambiental.
Por un decreto que desconocemos a los inversores no se les solicita el impacto ambiental en el caso de viviendas colectivas y tampoco en el de oficinas.
Los vecinos fuimos a ver excepción por excepción, tomamos el número de cada uno de los expedientes, de la chapa del aviso de obra -algunos tenían y otros no- y en los casos en los que no había aviso de obra, como en el del mega shopping y del hotel cinco estrellas, presentamos una denuncia en el juzgado de faltas. Es decir, no pudimos saber si había impacto ambiental o no porque no tenemos el número de expediente ya que no estaba a la vista -en el mega shopping al lado del río en tierras públicas.
T.29
En los casos en que sí había aviso de obra y número de expediente constatamos que el decreto del intendente García daba a todos estos inversores la posibilidad de no presentar impacto ambiental. Había sólo dos casos en que se había presentado el impacto ambiental y no sabemos si es positivo o negativo para nuestra salud.
Luego, respecto del tema de la libertad de expresión, nos es muy difícil con la prensa, ya que manipulan absolutamente todo. Concretamente, nosotros tenemos muy buena relación y diálogo con los periodistas, pero ellos mismos reconocen que no pueden difundir nuestra opinión como vecinos. Por ejemplo, ahora, el domingo, salió publicado en "Clarín" que el intendente decía que se hicieron todas las consultas, y eso no es verdad. Entonces, nuestra parte tampoco es escuchada, no sale en la prensa.
Y además de todo esto, encima nos persiguen, porque después hubo otros hechos de persecución con el móvil del Plan Alerta que ahora usan para perseguir a los vecinos, cuando nosotros mismos estamos reclamando más obras, CORES y todo para el planeamiento por los problemas de seguridad en Vicente López. Yo misma presido una institución de seguridad en Florida. Resulta que esos móviles me persiguen concretamente a mí y a los demás vecinos que tenemos la intención de saber qué es lo que pasa.
SR. PRESIDENTE MORINI Indudablemente, hoy no tenemos quórum para aprobar los proyectos, pero en la próxima reunión intentaremos tratarlos. Agradecemos al señor diputado Tinnirello la deferencia de acompañar a la gente de la institución para que venga a esta comisión. Y siempre vamos a seguir por lo menos con la idea que mantenemos sobre este tipo de acontecimientos. Me gustaría saber si esto se giró solamente a esta comisión, porque también tendría que ir a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías.
SR. TINNIRELLO Supongo que sí, porque si bien esto se relaciona con el tema de la libertad de expresión, en realidad tiene más que ver con la cuestión de los derechos humanos. De todos modos, eso tienen que evaluarlo ustedes.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
SR. PRESIDENTE MORINI Muy bien.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
Es la hora 15 y 18.