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LIBERTAD DE EXPRESION
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- LIBERTAD DE EXPRESION
Reunión del día 18/11/2004
- PRESENCIA DEL PERIODISTA JULIO NUDLER
En Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre de 2004, a la hora 12 y 41:
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ Damos la bienvenida al periodista Julio Nudler, quien había sido invitado por esta comisión para manifestar en forma directa los hechos que se suscitaron en relación con la nota de "Títeres y titiriteros", cuya publicación no fue aceptada en el diario "Página 12".
Le cedo el uso de la palabra para que nos manifieste las características de los hechos que ocurrieron en torno a este tema.
Le cedo el uso de la palabra para que nos manifieste las características de los hechos que ocurrieron en torno a este tema.
SR. NUDLER Señor presidente, señores diputados: los hechos consistieron en la no publicación de una nota debido a su contenido crítico respecto del gobierno.
No es que esto haya representado un hecho nuevo; tal vez se trate de algo un poco más extremo en la medida en que implicó la no publicación absoluta de la nota, pero tampoco en este sentido consistió en una absoluta novedad porque también hubo notas mías o de otros periodistas que corrieron la misma suerte, coherente con un estado de cosas en que se ha generado una fuerte dependencia -en este caso, de "Página 12", pero que es extensible a muchos otros medios- respecto del poder político. En este caso me refiero al gobierno nacional.
Por lo que uno sabe, el comportamiento de los gobiernos provinciales, e incluso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no es del todo diferente en cuanto a la utilización de mecanismos de presión y de condicionamiento a la libertad de expresión.
Esa dependencia a la que son llevados los medios tienen características diferentes según la situación de cada uno de ellos. Obviamente, hay medios que son económicamente vulnerables y, en consecuencia, son de algún modo comprables, por ejemplo, con la pauta oficial de publicidad.
Otros no son económicamente vulnerables sino mucho más poderosos, como el caso de holdings como "Clarín" y "La Nación", en los que la gravitación de la pauta oficial es relativamente marginal o directamente marginal. Frente a ello caben dos razonamientos. Por un lado, las empresas tratan de maximizar ingresos; aunque los ingresos prodigados por la publicidad oficial no son decisivos, son ingresos adicionales y son importantes, de modo que aun con esa solidez económica esos medios procuran obviamente captar esa publicidad oficial. Por otro lado, hay otras cosas que el poder político puede brindar a cambio de una línea editorial favorable de los medios, o bien de la omisión de temas que son poco gratos para el poder político.
Otros recursos, otras armas de presión, están referidos a medidas del poder político que afectan en un sentido o en otro los negocios de esos grupos. Como en la Argentina desde hace bastante tiempo -sobre todo desde los 90- tenemos un fenómeno de concentración de medios, y además un derrame de esas empresas en principio periodísticas hacia otra clase de negocios, siempre en cada uno de estos conglomerados económicos hay varias cuestiones en juego sobre las cuales el poder político puede influir con decisiones en un sentido u otro.
Un caso típico ha sido el de la modificación de la ley de quiebras, que finalmente desembocó en la introducción de ese nuevo tipo de sector llamado "industrias culturales", que obviamente es una creación ad hoc dirigida a otorgar a ese sector, y en particular a algunas empresas de ese sector, una posición ventajosa frente a sus acreedores externos. Ante deudas que habían sido contraídas en el exterior y no se podían pesificar, por esta vía indirecta se aprobó darles un régimen del que no gozan empresas de otros sectores.
Obviamente, por definición, lo de las empresas culturales es un régimen dirigido a empresas periodísticas concentradas, que son las únicas que podrían tener acceso a financiación del exterior, porque un pequeño diario o una pequeña revista no puede conseguir financiación externa. Es una medida absolutamente dirigida.
Además, para esta clase de medios, en el modus operandi normal -que no es normal pero que es habitual en la Argentina- del poder político, estas medidas no son gratuitas. Francamente, por lo menos yo no sé si ha habido algún pago y si uno podría pensar en otra reforma laboral, en un pago de esa naturaleza, pero sin duda algún pago, por lo menos en especie, ha habido; digamos un contrapago ligado a la línea editorial, y no sólo a la línea editorial sino también al contenido concreto del material publicado por esos diarios. La línea editorial en realidad marca una actitud general frente a un gobierno o área.
Quiero aclarar que tal vez el término sea un poco vago o que refiere sólo a una cuestión más general, pero luego hay cuestiones mucho más puntuales, es decir, si determinado tema, un contrato o una política sectorial concretamente son tratados o no por un medio.
Allí ya no está en juego la línea editorial sino en qué medida ese medio puede interferir con objetivos u operaciones gubernamentales que el gobierno no tiene interés en que salgan a la luz pública.
Esto determina cuál es la relación de los medios con el poder político, pero en los medios trabajamos periodistas. Entonces, la pregunta es: ¿en qué lugar quedamos los periodistas?
Obviamente, como en la Argentina no existe un régimen ni un código al que se pueda sujetar un periodista para reivindicar sus derechos, de lo único que uno se entera es de que puede reservarse las fuentes. Uno tiene el derecho de no identificar las fuentes si hay un juicio o una demanda, pero esto es de una significación relativa en la vida cotidiana del periodista ya que estas cosas aparecen de vez en cuando. Mucha más significación tiene el saber cómo preservar su derecho de conciencia y su derecho a la dignidad. En general, los periodistas recurrimos a algunos mecanismos de autopreservación, como puede ser el retiro de la firma en una nota.
De todos modos, si esa nota va a ser modificada por el editor no en cuanto a su gramática u ortografía sino en cuanto a su contenido más profundo, es decir, su sentido, el periodista teóricamente -porque no está demasiado claro, y si fuera una norma se estaría violando sistemáticamente- puede decirle al editor que tiene que retirar su firma, quedando la nota sin rúbrica alguna.
Esto no es nada sencillo porque hay notas que deben salir firmadas. Hay espacios, como las columnas, que no son concebibles sin firma. En consecuencia, esto ya produce una situación conflictiva. Por ejemplo, los columnistas no tendrían posibilidad de negar su firma, porque esto es negar su propia columna; sin embargo, las columnas son intervenidas y censuradas como cualquier otra nota.
Por otro lado, el hecho de negar la firma crea una situación tensa y conflictiva. No es que sea una medida que el periodista pueda tomar con la seguridad de que no va a traer consecuencias en su relación con el medio. Lo más probable es que sí traiga consecuencias en el sentido de que los medios y los editores vean esto como una medida no amistosa y hostil, porque lo que se espera es que el periodista se identifique con los móviles del editor y del medio y no que reivindique su derecho personal, su derecho de conciencia y su derecho de independencia. Esto no está bien visto, y el hecho de reivindicar los derechos propios seguramente va a traer costos en cuanto a su ulterior carrera en el medio.
No es sorprendente que si uno se fija en el staff de los medios, los editores y los responsables de la redacción sean periodistas que han abandonado la pretensión de preservar su libertad de conciencia y hasta su dignidad.
Es decir, son correas de transmisión de las instrucciones que bajan desde la empresa.
Por otro lado, aquí hay involucrado otro tema muy importante, que de algún modo es el mismo que se plantea en empresas de otra naturaleza, por lo menos en la banca de inversión, que se ha planteado mucho en los últimos años a propósito de crisis como la de Enron y otros, y es que si una empresa, una banca, un broker brindan diversos servicios, que no haya contacto ni filtraciones entre esos servicios. Por ejemplo, si una empresa acude a un departamento de Merrill Lynch para que la ayude a colocar un papel en el mercado, se espera que otro departamento de Merrill Lynch que se ocupa de asesorar a la gente que tiene dinero y quiere invertirlo no vaya a recomendarle ese papel por el simple hecho de que es otro departamento de esa firma el que lo coloca. Allí se habla de la Muralla China, de la separación estricta que debe haber entre esos departamentos. Se habla mucho de que en muchas empresas financieras esa Muralla China está totalmente perforada y en su lugar existe una cortina de bambú.
En la prensa debería haber una hermética Muralla China entre la parte empresaria propiamente dicha y la parte periodística. En general la experiencia es que si bien a veces en el organigrama el responsable periodístico -el director periodístico- tiene la misma jerarquía que el gerente general, sistemáticamente está subordinado a él. Por ejemplo, en "Clarín", cuando el director periodístico era Roberto Pablo Guareschi y el gerente general, Héctor Magnetto, todo el mundo en "Clarín" tenía claro que el que mandaba era Magnetto, no Guareschi, cuando teóricamente Guareschi tenía tanto poder, y por ende independencia, como Magnetto; pero esto en la Argentina no es así. Frente a las consecuencias de esto no hay ningún amparo establecido para los periodistas.
Uno menciona mucho al poder político en torno de estos temas, pero también es una visión parcial, porque la censura en los medios no surge sólo de las relaciones empresarias de esa empresa con el poder político; hay mucha censura que se refiere a otras empresas, por ejemplo, por la estrecha relación entre la pauta publicitaria y el contenido editorial. Los grandes avisadores en general están protegidos en los medios precisamente por ser grandes avisadores, y a veces ni siquiera tienen que ser grandes. Ser avisadores les da una cobertura o una especie de salvoconducto.
A veces tampoco siquiera tienen que ser avisadores; pueden ser simplemente grandes empresas ante las cuales otra gran empresa -que es el medio- adopta una actitud de buena vecindad, y por allí de autopreservación. Por ejemplo, si el empresario equis es un gran evasor, el medio no va a cubrir ese tema, quizás no porque ese empresario evasor sea un avisador importante sino porque ello forma parte de las relaciones de buena vecindad entre los empresarios y porque de algún modo es probable que el medio también tenga su legajo en cuanto a evasión fiscal.
Entonces, es un terreno donde los medios prefieren no ser beligerantes.
En realidad, al periodista le da lo mismo que la censura provenga de un arreglo del medio con el gobierno o de un arreglo empresario del medio ya que la consecuencia es la misma: no poder escribir ni publicar sobre ciertos temas y, con el tiempo, teniendo en cuenta que esto va sedimentando la actitud de los periodistas, produce aletargamiento.
El periodista sabe que determinados trabajos e investigaciones no valen la pena porque el medio no va a publicar esa nota. Es más, es posible que sus jefes se molesten porque se van a ver en el apuro de tener que llevar más arriba el planteo de una nota sobre la cual nadie quiere oír, y esto genera una situación de fricción. Por otro lado, aunque la lleven, la respuesta va a ser inexorablemente la misma: que eso no va.
Es posible que el periodista intente esta vía obcecadamente, pero no por mucho tiempo, porque finalmente se acomoda a las reglas de juego ineludibles en el sentido de que hay determinados temas que no van.
En realidad, esos determinados temas forman un círculo cada vez más amplio, sobre todo con un panorama de negocios muy volátil donde las sociedades entre capitales son muy cambiantes.
Incluso cuesta mucho trabajo estar al día para saber quién es hoy el socio o el dueño del medio en donde uno trabaja, porque ayer podía ser Fulano pero tal vez hoy esté en un emprendimiento con Mengano. No hay listas taxativas que establezcan quiénes son los intocables y sobre qué no se puede escribir y, por ende, sobre lo que sí se puede. Esas listas no existen. Entonces, los demás llegan a tener una dimensión difusa, tanto de aquellos que están prohibidos como de los que no lo están. Ante esa indefinición el periodista termina cortando más tejido del necesario y ya no escribe sobre absolutamente nada.
Así es como vemos que hay temas que nunca aparecen. Tomando un ejemplo al azar podemos citar el caso de las cadenas de supermercados. Obviamente que allí pasan muchas cosas noticiables, porque no sólo hay ofertas sino que la vida de esas cadenas está llena de noticias que probablemente a los dueños no les interesa que se vean reflejadas en la prensa.
Por otro lado, son avisadores sistemáticos. Sin embargo, en los medios es muy raro encontrar una información sobre algo que haya pasado en la cadena Coto, Norte o Wal Mart. Hay que ir a medios muy marginales para enterarse de qué pasa con las condiciones laborales en estos lugares. En los medios grandes esto no existe porque la realidad está tremendamente recortada.
Para los periodistas esto implica una gran frustración profesional y el choque contra una falta absoluta de derechos. En ningún lado está escrito que el periodista deba abstenerse de trabajar sobre los temas que tienen gravitación económica, social o política. Esto surge simplemente de una práctica que desincentiva.
¿Es algo que atañe sólo a los periodistas? En realidad, si uno piensa en la función de la información en una sociedad democrática no puede considerar que esto concierne sólo a un gremio o sector; esto concierne al funcionamiento mismo de la democracia, que es un sistema que necesita el flujo de información, porque la gente tiene que formarse una opinión y votar en consecuencia. En la Argentina de hoy esa opinión es muy difícil de elaborar a partir de la información que brindan los medios, que es una información sesgada, condicionada. Recalco que esto sucede no sólo por el poder político sino también por el poder económico.
Por supuesto, esto crea un espacio para medios relativamente marginales, espacios que muchos de esos medios aprovechan, pero por algo son marginales: no tienen la llegada ni el impacto de los grandes medios, incluso en cuanto a los sectores a los que llegan. Los sectores que toman decisiones que gravitan sobre todos los demás son consumidores de algunos medios, en los que estas cuestiones vedadas no aparecen. En consecuencia, es posible que los medios marginales lleguen a otras napas de la población, pero que no tienen capacidad política ni económica de tomar decisiones que graviten sobre los demás.
Una consecuencia interesante, que surge de los contactos, es que cuando uno habla con un empresario a veces sorprende que el conocimiento que tiene de la realidad, aparte de sus experiencias personales, es muy recortado, que no esté enterado de cosas que han salido en medios que él no consume ni consulta. De algún modo el empresario lee "La Nación", entonces su visión de la realidad está determinada en gran medida por la política editorial de ese diario; entonces, si una noticia ha salido en otro diario directamente ni se entera. Se supone que un empresario es alguien que debería tener una visión un poco más amplia.
Lo que ocurre es que no hay ideas democráticas ni republicanas en el manejo de la información. Acá hay un problema de apropiación de la información. Los medios en general tienen algo curioso, que es que consideran que aquello que ellos no dan, no existe, y se guían por esa pauta, incluso medios bastante marginales como "Página 12". Porque ellos no digan algo eso no va a dejar de existir, pero la actitud "si yo no lo digo no existe" es casi una necesidad del que censura.
Por supuesto, también está la otra actitud, la de aquel que piensa que si no dice algo, el que lo mantiene no se va a enojar con él, etcétera. Pero ni siquiera se llega a eso. Se apropian de la información; la información existe o no en la medida que ellos la reflejen; si no, no existe.
En resumen, creo que esta clase de situaciones no se pueden resolver desde los medios, porque involucran comportamientos del poder político y del establishment empresario, que son tanto o más determinantes que los de los propios medios.
Tampoco es algo que los periodistas puedan resolver, porque pueden tener aptitudes y reacciones pero realmente la capacidad de modificar el estado de las cosas es prácticamente nulo, entre otras cosas porque no pueden recurrir a ningún código establecido. Es más, se ha visto cómo recientemente la agrupación "Periodistas", que llevaba nueve años, no se pone de acuerdo acerca de qué es la censura.
La degradación de la profesión llega a un punto tal que no se pronuncia en un sentido ni en el otro, y antes de poder intentar ponerse de acuerdo sobre qué es la censura, se disuelve.
Es muy peligroso tratar de ver qué es la censura. ¿Por qué es peligroso? Porque eso atacaría las bases mismas del ejercicio de la profesión. Por ejemplo, ¿qué es un periodista? Un periodista puede ser muchas cosas; puede ser un pequeño empresario, teniendo en cuenta la forma en que están estructurados los medios.
El periodista que tiene un programa que se emite por cable debe comprar un espacio y a su vez venderlo de modo tal que le deje una ganancia. ¿A quién se lo va a vender? A auspiciantes. ¿Por qué esos anunciantes lo auspiciarían? ¿Porque les interesa el impacto sobre sus ventas? Realmente, no.
¿Uno ve los anuncios y los auspicios y piensa que Aguas Argentinas va a tener mayores ingresos porque publicita en determinado programa económico de cable? Obviamente, no. ¿Lo hacen por imagen? No. ¿Por qué lo hacen? Porque como el periodista que explota ese programa depende de los anunciantes para que su emprendimiento sea rentable, en lo último que va a pensar es en hablar adversamente de alguno de ellos, habiendo muchos otros que no son anunciantes.
Vemos sistemáticamente que hay empresas que tienen muy en cuenta esto. Hay auspicios masivos; por ejemplo, Aeropuertos Argentina 2000 está por todos lados. ¿Por qué? No vayamos a la visión infantil de que ponen la condición de que no se los critique. Esto no es así: está implícito, es algo tácito.
Por otro lado, hay periodistas que tienen una imagen de insobornables, pero desde el momento en que pasan a ser empresarios operan con otra lógica, porque no quieren perder a los anunciantes.
Frente a eso, ¿quién asume la responsabilidad? ¿De quién es la información? Obviamente, esto queda como un planteo totalmente abstracto. En ese caso el periodista ocupa el papel del editor y el censor en otro medio en donde tal vez él mismo trabaja. Entonces, si él piensa que hay algo que afecta a la empresa Aguas Argentinas o a Eduardo Eurnekián decide que eso no va.
Eso forma parte de la libertad de expresión: se puede decidir qué va y qué no va. Incluso, la agrupación "Periodistas" reivindica que el editor puede decidir qué va y qué no va.
Sobre los móviles, sobre las razones a partir de las cuales se decide qué va y qué no va, no se dice nada, pero si uno tiene la visión de que la información es un derecho de la gente, los móviles de esa decisión son muy importantes.
Si la decisión de omitir o suprimir una información parte de consideraciones económicas o consideraciones non sanctas, allí hay una violación al derecho de la gente a informarse. El problema no es que el criterio periodístico le ha dictado a ese editor que esa información es irrelevante o trivial. Obviamente entramos en un terreno muy pantanoso. No es que uno esté proponiendo castigar, pero sí discernir los mecanismos según los cuales funciona todo este sector y que están absolutamente desvirtuados.
El sector periodístico no está consagrado a informar. Entre el sector periodístico y la información, y su llegada a la gente, hay una cantidad de interferencias que distorsionan absolutamente esos mecanismos, y que están vinculadas al ejercicio del poder político y al ejercicio del poder económico. Esto es lo fundamental, y creo que cualquier intento por superar este estado de cosas tiene que partir de analizarlo en su conjunto y no de hechos particulares o de establecer una regla de juego sobre cuándo se puede censurar y cuándo no en un medio dado; va a ser muy difícil solucionar algo desde un medio o desde un periodista.
Hay un problema de funcionamiento global de este servicio que afecta un derecho básico en una sociedad democrática, que es el derecho a la información. Desde ese punto de vista me parece que lo más importante es tratar de ver cómo se puede garantizar el ejercicio de ese derecho a la información, cómo se puede tratar de bloquear o dificultar los mecanismos por los cuales ese derecho no puede ser ejercido por los argentinos en este momento, dada la configuración del sector y las actitudes del poder político y del poder económico.
No es que esto haya representado un hecho nuevo; tal vez se trate de algo un poco más extremo en la medida en que implicó la no publicación absoluta de la nota, pero tampoco en este sentido consistió en una absoluta novedad porque también hubo notas mías o de otros periodistas que corrieron la misma suerte, coherente con un estado de cosas en que se ha generado una fuerte dependencia -en este caso, de "Página 12", pero que es extensible a muchos otros medios- respecto del poder político. En este caso me refiero al gobierno nacional.
Por lo que uno sabe, el comportamiento de los gobiernos provinciales, e incluso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no es del todo diferente en cuanto a la utilización de mecanismos de presión y de condicionamiento a la libertad de expresión.
Esa dependencia a la que son llevados los medios tienen características diferentes según la situación de cada uno de ellos. Obviamente, hay medios que son económicamente vulnerables y, en consecuencia, son de algún modo comprables, por ejemplo, con la pauta oficial de publicidad.
Otros no son económicamente vulnerables sino mucho más poderosos, como el caso de holdings como "Clarín" y "La Nación", en los que la gravitación de la pauta oficial es relativamente marginal o directamente marginal. Frente a ello caben dos razonamientos. Por un lado, las empresas tratan de maximizar ingresos; aunque los ingresos prodigados por la publicidad oficial no son decisivos, son ingresos adicionales y son importantes, de modo que aun con esa solidez económica esos medios procuran obviamente captar esa publicidad oficial. Por otro lado, hay otras cosas que el poder político puede brindar a cambio de una línea editorial favorable de los medios, o bien de la omisión de temas que son poco gratos para el poder político.
Otros recursos, otras armas de presión, están referidos a medidas del poder político que afectan en un sentido o en otro los negocios de esos grupos. Como en la Argentina desde hace bastante tiempo -sobre todo desde los 90- tenemos un fenómeno de concentración de medios, y además un derrame de esas empresas en principio periodísticas hacia otra clase de negocios, siempre en cada uno de estos conglomerados económicos hay varias cuestiones en juego sobre las cuales el poder político puede influir con decisiones en un sentido u otro.
Un caso típico ha sido el de la modificación de la ley de quiebras, que finalmente desembocó en la introducción de ese nuevo tipo de sector llamado "industrias culturales", que obviamente es una creación ad hoc dirigida a otorgar a ese sector, y en particular a algunas empresas de ese sector, una posición ventajosa frente a sus acreedores externos. Ante deudas que habían sido contraídas en el exterior y no se podían pesificar, por esta vía indirecta se aprobó darles un régimen del que no gozan empresas de otros sectores.
Obviamente, por definición, lo de las empresas culturales es un régimen dirigido a empresas periodísticas concentradas, que son las únicas que podrían tener acceso a financiación del exterior, porque un pequeño diario o una pequeña revista no puede conseguir financiación externa. Es una medida absolutamente dirigida.
Además, para esta clase de medios, en el modus operandi normal -que no es normal pero que es habitual en la Argentina- del poder político, estas medidas no son gratuitas. Francamente, por lo menos yo no sé si ha habido algún pago y si uno podría pensar en otra reforma laboral, en un pago de esa naturaleza, pero sin duda algún pago, por lo menos en especie, ha habido; digamos un contrapago ligado a la línea editorial, y no sólo a la línea editorial sino también al contenido concreto del material publicado por esos diarios. La línea editorial en realidad marca una actitud general frente a un gobierno o área.
Quiero aclarar que tal vez el término sea un poco vago o que refiere sólo a una cuestión más general, pero luego hay cuestiones mucho más puntuales, es decir, si determinado tema, un contrato o una política sectorial concretamente son tratados o no por un medio.
Allí ya no está en juego la línea editorial sino en qué medida ese medio puede interferir con objetivos u operaciones gubernamentales que el gobierno no tiene interés en que salgan a la luz pública.
Esto determina cuál es la relación de los medios con el poder político, pero en los medios trabajamos periodistas. Entonces, la pregunta es: ¿en qué lugar quedamos los periodistas?
Obviamente, como en la Argentina no existe un régimen ni un código al que se pueda sujetar un periodista para reivindicar sus derechos, de lo único que uno se entera es de que puede reservarse las fuentes. Uno tiene el derecho de no identificar las fuentes si hay un juicio o una demanda, pero esto es de una significación relativa en la vida cotidiana del periodista ya que estas cosas aparecen de vez en cuando. Mucha más significación tiene el saber cómo preservar su derecho de conciencia y su derecho a la dignidad. En general, los periodistas recurrimos a algunos mecanismos de autopreservación, como puede ser el retiro de la firma en una nota.
De todos modos, si esa nota va a ser modificada por el editor no en cuanto a su gramática u ortografía sino en cuanto a su contenido más profundo, es decir, su sentido, el periodista teóricamente -porque no está demasiado claro, y si fuera una norma se estaría violando sistemáticamente- puede decirle al editor que tiene que retirar su firma, quedando la nota sin rúbrica alguna.
Esto no es nada sencillo porque hay notas que deben salir firmadas. Hay espacios, como las columnas, que no son concebibles sin firma. En consecuencia, esto ya produce una situación conflictiva. Por ejemplo, los columnistas no tendrían posibilidad de negar su firma, porque esto es negar su propia columna; sin embargo, las columnas son intervenidas y censuradas como cualquier otra nota.
Por otro lado, el hecho de negar la firma crea una situación tensa y conflictiva. No es que sea una medida que el periodista pueda tomar con la seguridad de que no va a traer consecuencias en su relación con el medio. Lo más probable es que sí traiga consecuencias en el sentido de que los medios y los editores vean esto como una medida no amistosa y hostil, porque lo que se espera es que el periodista se identifique con los móviles del editor y del medio y no que reivindique su derecho personal, su derecho de conciencia y su derecho de independencia. Esto no está bien visto, y el hecho de reivindicar los derechos propios seguramente va a traer costos en cuanto a su ulterior carrera en el medio.
No es sorprendente que si uno se fija en el staff de los medios, los editores y los responsables de la redacción sean periodistas que han abandonado la pretensión de preservar su libertad de conciencia y hasta su dignidad.
Es decir, son correas de transmisión de las instrucciones que bajan desde la empresa.
Por otro lado, aquí hay involucrado otro tema muy importante, que de algún modo es el mismo que se plantea en empresas de otra naturaleza, por lo menos en la banca de inversión, que se ha planteado mucho en los últimos años a propósito de crisis como la de Enron y otros, y es que si una empresa, una banca, un broker brindan diversos servicios, que no haya contacto ni filtraciones entre esos servicios. Por ejemplo, si una empresa acude a un departamento de Merrill Lynch para que la ayude a colocar un papel en el mercado, se espera que otro departamento de Merrill Lynch que se ocupa de asesorar a la gente que tiene dinero y quiere invertirlo no vaya a recomendarle ese papel por el simple hecho de que es otro departamento de esa firma el que lo coloca. Allí se habla de la Muralla China, de la separación estricta que debe haber entre esos departamentos. Se habla mucho de que en muchas empresas financieras esa Muralla China está totalmente perforada y en su lugar existe una cortina de bambú.
En la prensa debería haber una hermética Muralla China entre la parte empresaria propiamente dicha y la parte periodística. En general la experiencia es que si bien a veces en el organigrama el responsable periodístico -el director periodístico- tiene la misma jerarquía que el gerente general, sistemáticamente está subordinado a él. Por ejemplo, en "Clarín", cuando el director periodístico era Roberto Pablo Guareschi y el gerente general, Héctor Magnetto, todo el mundo en "Clarín" tenía claro que el que mandaba era Magnetto, no Guareschi, cuando teóricamente Guareschi tenía tanto poder, y por ende independencia, como Magnetto; pero esto en la Argentina no es así. Frente a las consecuencias de esto no hay ningún amparo establecido para los periodistas.
Uno menciona mucho al poder político en torno de estos temas, pero también es una visión parcial, porque la censura en los medios no surge sólo de las relaciones empresarias de esa empresa con el poder político; hay mucha censura que se refiere a otras empresas, por ejemplo, por la estrecha relación entre la pauta publicitaria y el contenido editorial. Los grandes avisadores en general están protegidos en los medios precisamente por ser grandes avisadores, y a veces ni siquiera tienen que ser grandes. Ser avisadores les da una cobertura o una especie de salvoconducto.
A veces tampoco siquiera tienen que ser avisadores; pueden ser simplemente grandes empresas ante las cuales otra gran empresa -que es el medio- adopta una actitud de buena vecindad, y por allí de autopreservación. Por ejemplo, si el empresario equis es un gran evasor, el medio no va a cubrir ese tema, quizás no porque ese empresario evasor sea un avisador importante sino porque ello forma parte de las relaciones de buena vecindad entre los empresarios y porque de algún modo es probable que el medio también tenga su legajo en cuanto a evasión fiscal.
Entonces, es un terreno donde los medios prefieren no ser beligerantes.
En realidad, al periodista le da lo mismo que la censura provenga de un arreglo del medio con el gobierno o de un arreglo empresario del medio ya que la consecuencia es la misma: no poder escribir ni publicar sobre ciertos temas y, con el tiempo, teniendo en cuenta que esto va sedimentando la actitud de los periodistas, produce aletargamiento.
El periodista sabe que determinados trabajos e investigaciones no valen la pena porque el medio no va a publicar esa nota. Es más, es posible que sus jefes se molesten porque se van a ver en el apuro de tener que llevar más arriba el planteo de una nota sobre la cual nadie quiere oír, y esto genera una situación de fricción. Por otro lado, aunque la lleven, la respuesta va a ser inexorablemente la misma: que eso no va.
Es posible que el periodista intente esta vía obcecadamente, pero no por mucho tiempo, porque finalmente se acomoda a las reglas de juego ineludibles en el sentido de que hay determinados temas que no van.
En realidad, esos determinados temas forman un círculo cada vez más amplio, sobre todo con un panorama de negocios muy volátil donde las sociedades entre capitales son muy cambiantes.
Incluso cuesta mucho trabajo estar al día para saber quién es hoy el socio o el dueño del medio en donde uno trabaja, porque ayer podía ser Fulano pero tal vez hoy esté en un emprendimiento con Mengano. No hay listas taxativas que establezcan quiénes son los intocables y sobre qué no se puede escribir y, por ende, sobre lo que sí se puede. Esas listas no existen. Entonces, los demás llegan a tener una dimensión difusa, tanto de aquellos que están prohibidos como de los que no lo están. Ante esa indefinición el periodista termina cortando más tejido del necesario y ya no escribe sobre absolutamente nada.
Así es como vemos que hay temas que nunca aparecen. Tomando un ejemplo al azar podemos citar el caso de las cadenas de supermercados. Obviamente que allí pasan muchas cosas noticiables, porque no sólo hay ofertas sino que la vida de esas cadenas está llena de noticias que probablemente a los dueños no les interesa que se vean reflejadas en la prensa.
Por otro lado, son avisadores sistemáticos. Sin embargo, en los medios es muy raro encontrar una información sobre algo que haya pasado en la cadena Coto, Norte o Wal Mart. Hay que ir a medios muy marginales para enterarse de qué pasa con las condiciones laborales en estos lugares. En los medios grandes esto no existe porque la realidad está tremendamente recortada.
Para los periodistas esto implica una gran frustración profesional y el choque contra una falta absoluta de derechos. En ningún lado está escrito que el periodista deba abstenerse de trabajar sobre los temas que tienen gravitación económica, social o política. Esto surge simplemente de una práctica que desincentiva.
¿Es algo que atañe sólo a los periodistas? En realidad, si uno piensa en la función de la información en una sociedad democrática no puede considerar que esto concierne sólo a un gremio o sector; esto concierne al funcionamiento mismo de la democracia, que es un sistema que necesita el flujo de información, porque la gente tiene que formarse una opinión y votar en consecuencia. En la Argentina de hoy esa opinión es muy difícil de elaborar a partir de la información que brindan los medios, que es una información sesgada, condicionada. Recalco que esto sucede no sólo por el poder político sino también por el poder económico.
Por supuesto, esto crea un espacio para medios relativamente marginales, espacios que muchos de esos medios aprovechan, pero por algo son marginales: no tienen la llegada ni el impacto de los grandes medios, incluso en cuanto a los sectores a los que llegan. Los sectores que toman decisiones que gravitan sobre todos los demás son consumidores de algunos medios, en los que estas cuestiones vedadas no aparecen. En consecuencia, es posible que los medios marginales lleguen a otras napas de la población, pero que no tienen capacidad política ni económica de tomar decisiones que graviten sobre los demás.
Una consecuencia interesante, que surge de los contactos, es que cuando uno habla con un empresario a veces sorprende que el conocimiento que tiene de la realidad, aparte de sus experiencias personales, es muy recortado, que no esté enterado de cosas que han salido en medios que él no consume ni consulta. De algún modo el empresario lee "La Nación", entonces su visión de la realidad está determinada en gran medida por la política editorial de ese diario; entonces, si una noticia ha salido en otro diario directamente ni se entera. Se supone que un empresario es alguien que debería tener una visión un poco más amplia.
Lo que ocurre es que no hay ideas democráticas ni republicanas en el manejo de la información. Acá hay un problema de apropiación de la información. Los medios en general tienen algo curioso, que es que consideran que aquello que ellos no dan, no existe, y se guían por esa pauta, incluso medios bastante marginales como "Página 12". Porque ellos no digan algo eso no va a dejar de existir, pero la actitud "si yo no lo digo no existe" es casi una necesidad del que censura.
Por supuesto, también está la otra actitud, la de aquel que piensa que si no dice algo, el que lo mantiene no se va a enojar con él, etcétera. Pero ni siquiera se llega a eso. Se apropian de la información; la información existe o no en la medida que ellos la reflejen; si no, no existe.
En resumen, creo que esta clase de situaciones no se pueden resolver desde los medios, porque involucran comportamientos del poder político y del establishment empresario, que son tanto o más determinantes que los de los propios medios.
Tampoco es algo que los periodistas puedan resolver, porque pueden tener aptitudes y reacciones pero realmente la capacidad de modificar el estado de las cosas es prácticamente nulo, entre otras cosas porque no pueden recurrir a ningún código establecido. Es más, se ha visto cómo recientemente la agrupación "Periodistas", que llevaba nueve años, no se pone de acuerdo acerca de qué es la censura.
La degradación de la profesión llega a un punto tal que no se pronuncia en un sentido ni en el otro, y antes de poder intentar ponerse de acuerdo sobre qué es la censura, se disuelve.
Es muy peligroso tratar de ver qué es la censura. ¿Por qué es peligroso? Porque eso atacaría las bases mismas del ejercicio de la profesión. Por ejemplo, ¿qué es un periodista? Un periodista puede ser muchas cosas; puede ser un pequeño empresario, teniendo en cuenta la forma en que están estructurados los medios.
El periodista que tiene un programa que se emite por cable debe comprar un espacio y a su vez venderlo de modo tal que le deje una ganancia. ¿A quién se lo va a vender? A auspiciantes. ¿Por qué esos anunciantes lo auspiciarían? ¿Porque les interesa el impacto sobre sus ventas? Realmente, no.
¿Uno ve los anuncios y los auspicios y piensa que Aguas Argentinas va a tener mayores ingresos porque publicita en determinado programa económico de cable? Obviamente, no. ¿Lo hacen por imagen? No. ¿Por qué lo hacen? Porque como el periodista que explota ese programa depende de los anunciantes para que su emprendimiento sea rentable, en lo último que va a pensar es en hablar adversamente de alguno de ellos, habiendo muchos otros que no son anunciantes.
Vemos sistemáticamente que hay empresas que tienen muy en cuenta esto. Hay auspicios masivos; por ejemplo, Aeropuertos Argentina 2000 está por todos lados. ¿Por qué? No vayamos a la visión infantil de que ponen la condición de que no se los critique. Esto no es así: está implícito, es algo tácito.
Por otro lado, hay periodistas que tienen una imagen de insobornables, pero desde el momento en que pasan a ser empresarios operan con otra lógica, porque no quieren perder a los anunciantes.
Frente a eso, ¿quién asume la responsabilidad? ¿De quién es la información? Obviamente, esto queda como un planteo totalmente abstracto. En ese caso el periodista ocupa el papel del editor y el censor en otro medio en donde tal vez él mismo trabaja. Entonces, si él piensa que hay algo que afecta a la empresa Aguas Argentinas o a Eduardo Eurnekián decide que eso no va.
Eso forma parte de la libertad de expresión: se puede decidir qué va y qué no va. Incluso, la agrupación "Periodistas" reivindica que el editor puede decidir qué va y qué no va.
Sobre los móviles, sobre las razones a partir de las cuales se decide qué va y qué no va, no se dice nada, pero si uno tiene la visión de que la información es un derecho de la gente, los móviles de esa decisión son muy importantes.
Si la decisión de omitir o suprimir una información parte de consideraciones económicas o consideraciones non sanctas, allí hay una violación al derecho de la gente a informarse. El problema no es que el criterio periodístico le ha dictado a ese editor que esa información es irrelevante o trivial. Obviamente entramos en un terreno muy pantanoso. No es que uno esté proponiendo castigar, pero sí discernir los mecanismos según los cuales funciona todo este sector y que están absolutamente desvirtuados.
El sector periodístico no está consagrado a informar. Entre el sector periodístico y la información, y su llegada a la gente, hay una cantidad de interferencias que distorsionan absolutamente esos mecanismos, y que están vinculadas al ejercicio del poder político y al ejercicio del poder económico. Esto es lo fundamental, y creo que cualquier intento por superar este estado de cosas tiene que partir de analizarlo en su conjunto y no de hechos particulares o de establecer una regla de juego sobre cuándo se puede censurar y cuándo no en un medio dado; va a ser muy difícil solucionar algo desde un medio o desde un periodista.
Hay un problema de funcionamiento global de este servicio que afecta un derecho básico en una sociedad democrática, que es el derecho a la información. Desde ese punto de vista me parece que lo más importante es tratar de ver cómo se puede garantizar el ejercicio de ese derecho a la información, cómo se puede tratar de bloquear o dificultar los mecanismos por los cuales ese derecho no puede ser ejercido por los argentinos en este momento, dada la configuración del sector y las actitudes del poder político y del poder económico.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ La exposición que ha hecho el periodista Julio Nudler no sólo ha sido bastante escueta con respecto al problema específico que tuvo sino que realmente nos ha graficado con mucha claridad el panorama que ve en la temática de la relación con los medios y los distintos intereses que existen.
Previamente a dar la palabra a los legisladores que quieran hacer consultas quisiera manifestarle que el día 10 de noviembre, atento que todavía no se había producido la prórroga del período ordinario de sesiones y prácticamente eran las últimas reuniones de comisión, aprobamos una declaración manifestando la preocupación por la censura a la investigación que usted había desarrollado con respecto al titular de la Sindicatura General de la Nación y por otro lado el rechazo de esta comisión a cualquier tipo de práctica que en este sentido se pueda ejercer desde el gobierno.
Indudablemente, no es un tema simple, a tal punto que usted mismo mencionó que la Asociación de Periodistas no ha podido manifestarse en este sentido en forma unánime o mayoritaria, y por otro lado es difícil proponer instrumentaciones.
De todas maneras, creo que es un tema que a partir de su exposición genera a la comisión un desafío para dialogar al respecto y sobre la última inquietud que usted dejó, que es de qué manera crear marcos que ayuden a que este tipo de situaciones no se den desde los factores de presión que actúan sobre los medios de difusión.
También tenemos un proyecto del señor diputado Zamora, presentado en la misma fecha en que aprobamos la declaración.
Atento a la prórroga del período de sesiones ordinarias, esto quedará para los días que vienen a los efectos de poder efectuar algunas consideraciones sobre este tema que, según está descripto en el proyecto del diputado Zamora, no está contemplado en el texto de la declaración que nosotros aprobamos. Por eso, este tema quedará pendiente para una charla en esta Comisión.
Tiene la palabra la señora diputada Tate.
Previamente a dar la palabra a los legisladores que quieran hacer consultas quisiera manifestarle que el día 10 de noviembre, atento que todavía no se había producido la prórroga del período ordinario de sesiones y prácticamente eran las últimas reuniones de comisión, aprobamos una declaración manifestando la preocupación por la censura a la investigación que usted había desarrollado con respecto al titular de la Sindicatura General de la Nación y por otro lado el rechazo de esta comisión a cualquier tipo de práctica que en este sentido se pueda ejercer desde el gobierno.
Indudablemente, no es un tema simple, a tal punto que usted mismo mencionó que la Asociación de Periodistas no ha podido manifestarse en este sentido en forma unánime o mayoritaria, y por otro lado es difícil proponer instrumentaciones.
De todas maneras, creo que es un tema que a partir de su exposición genera a la comisión un desafío para dialogar al respecto y sobre la última inquietud que usted dejó, que es de qué manera crear marcos que ayuden a que este tipo de situaciones no se den desde los factores de presión que actúan sobre los medios de difusión.
También tenemos un proyecto del señor diputado Zamora, presentado en la misma fecha en que aprobamos la declaración.
Atento a la prórroga del período de sesiones ordinarias, esto quedará para los días que vienen a los efectos de poder efectuar algunas consideraciones sobre este tema que, según está descripto en el proyecto del diputado Zamora, no está contemplado en el texto de la declaración que nosotros aprobamos. Por eso, este tema quedará pendiente para una charla en esta Comisión.
Tiene la palabra la señora diputada Tate.
SRA. TATE Señor presidente: fundamentalmente quiero agradecer al periodista Nudler que haya venido a esta comisión no solamente para exponer lo que ha sido un problema periodístico personal sino para darnos una clase de lo que son estas preocupaciones, que nos tocan a todos, especialmente a quienes integramos esta Comisión de Libertad de Expresión. Creemos que estamos involucrados en este tema y, al igual que él, entendemos que la información es un derecho de los ciudadanos.
Sin duda vamos a recoger todos los aportes importantísimos que ha hecho el señor Nudler, porque ha desplegado una serie de cuestiones que me parece que deben ser objeto de nuestro análisis. Obviamente nosotros no vamos a poder solución a todo esto, pero sí hay puntos que a lo mejor pueden servirnos para que analicemos este tema.
Sin duda vamos a recoger todos los aportes importantísimos que ha hecho el señor Nudler, porque ha desplegado una serie de cuestiones que me parece que deben ser objeto de nuestro análisis. Obviamente nosotros no vamos a poder solución a todo esto, pero sí hay puntos que a lo mejor pueden servirnos para que analicemos este tema.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ Tiene la palabra el señor diputado Pinedo.
SR. PINEDO Señor presidente: la exposición que ha hecho el señor Nudler me ha dejado un gusto un poco amargo, porque parece que el mensaje final -no por su voluntad- es que en definitiva no se puede hacer nada. Es decir, este es un drama y hay presiones económicas, pero parece que las cosas funcionan así, que los medios, el poder político, el poder económico y hasta los propios periodistas actúan naturalmente de esta manera para preservarse.
Las frustraciones que menciona el señor Nudler no son solamente de los periodistas sino que en otras profesiones que tiene la gente sucede lo mismo. Hay empleados que quieren hacer determinadas cosas por una empresa y el jefe dice que no; hay funcionarios que quieren hacer cosas y el ministro dice que no, y hay legisladores a los que se obliga a votar en determinado sentido.
La conclusión que deberíamos sacar no es que no se puede hacer nada. Me parece que tenemos que empezar por algo, y yo empezaría por algo que es contrario a la opinión que dio el señor Nudler en el sentido de que para un periodista es lo mismo que la censura sea del poder político o motivada por el poder económico. Creo que no es lo mismo que alguien que trabaja con la delegación del poder y con nuestro dinero nos censure a nosotros mismos.
Tomo la libertad de prensa como un derecho de la gente que se ha reservado y cuyo control no ha delegado a los políticos. Esto es precisamente lo contrario de lo que ha pasado en la ficción del contrato social.
Me parece que, para empezar por algo, podríamos tratar de limitar las arbitrariedades del poder político, sobre todo cuando las usan en contra del pueblo violando la libertad de expresión y de prensa.
En ese sentido, creo que los periodistas y los legisladores deberíamos colaborar para encontrar caminos de solución, a lo mejor, en un comienzo, relativas a cosas pequeñas, para luego ir creciendo y progresando.
Las frustraciones que menciona el señor Nudler no son solamente de los periodistas sino que en otras profesiones que tiene la gente sucede lo mismo. Hay empleados que quieren hacer determinadas cosas por una empresa y el jefe dice que no; hay funcionarios que quieren hacer cosas y el ministro dice que no, y hay legisladores a los que se obliga a votar en determinado sentido.
La conclusión que deberíamos sacar no es que no se puede hacer nada. Me parece que tenemos que empezar por algo, y yo empezaría por algo que es contrario a la opinión que dio el señor Nudler en el sentido de que para un periodista es lo mismo que la censura sea del poder político o motivada por el poder económico. Creo que no es lo mismo que alguien que trabaja con la delegación del poder y con nuestro dinero nos censure a nosotros mismos.
Tomo la libertad de prensa como un derecho de la gente que se ha reservado y cuyo control no ha delegado a los políticos. Esto es precisamente lo contrario de lo que ha pasado en la ficción del contrato social.
Me parece que, para empezar por algo, podríamos tratar de limitar las arbitrariedades del poder político, sobre todo cuando las usan en contra del pueblo violando la libertad de expresión y de prensa.
En ese sentido, creo que los periodistas y los legisladores deberíamos colaborar para encontrar caminos de solución, a lo mejor, en un comienzo, relativas a cosas pequeñas, para luego ir creciendo y progresando.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ Tiene la palabra la señora diputada Jaroslavsky.
SRA. JAROSLAVSKY Señor presidente: quiero agradecer la presencia del señor Nudler en esta comisión.
Me gustaría hacerle una pregunta. Teniendo en cuenta lo que usted dijo y lo que conocemos, es muy difícil -yo diría que es imposible- garantizar la libertad de expresión o el acceso masivo a la información que los medios deben dar a los ciudadanos si esto está dentro de una estructura económica que necesita ganar dinero para subsistir.
Es decir, las empresas periodísticas, todos los medios -yo tengo uno pequeño perdido en el interior de la provincia de Entre Ríos-, la única forma que tienen de subsistir y seguir funcionando es obteniendo ingresos, que generalmente provienen de la publicidad; eso hace que existan condicionamientos.
Mientras esas sean las reglas de juego, esos condicionamientos, más o menos grandes, más o menos fuertes, más o menos poderosos, siempre existirán y es muy difícil desarticularlos. Entonces, de hecho nos encontramos con que la necesaria libertad que debe tener el medio y los periodistas para expresarse y los ciudadanos para adquirir información va a estar limitada en este juego. Siempre que hay necesidad de ganar dinero hay intereses que se crean en este sentido.
Coincidiendo absolutamente con lo que usted dice, mi pregunta va en esta dirección: ¿usted cree que se podrían cambiar estas reglas desde los medios públicos? No estoy hablando de medios del gobierno sino de medios públicos, con toda la legislación que se les impone: que no estén sujetos a la necesidad de ganar dinero para subsistir, que su objeto sea exclusivamente informar, que el Estado tenga la obligación de habilitar los recursos para garantizar a la gente el derecho a informarse y que a su vez no tenga ninguna injerencia económica ni política en el funcionamiento de esos medios públicos, y que no representen a ningún poder específico.
Cuando hablamos de un medio público todo el mundo piensa que debe ser aburrido porque tiene que emitir programas culturosos -entre comillas-; el medio público también puede tener instrumentos de marketing y técnicas de comunicación absolutamente avanzados y modernos que le permitan tener penetración en la gente para lograr que esa realidad virtual que hoy consumimos todos a través de los medios de comunicación tenga otra campana.
Me gustaría hacerle una pregunta. Teniendo en cuenta lo que usted dijo y lo que conocemos, es muy difícil -yo diría que es imposible- garantizar la libertad de expresión o el acceso masivo a la información que los medios deben dar a los ciudadanos si esto está dentro de una estructura económica que necesita ganar dinero para subsistir.
Es decir, las empresas periodísticas, todos los medios -yo tengo uno pequeño perdido en el interior de la provincia de Entre Ríos-, la única forma que tienen de subsistir y seguir funcionando es obteniendo ingresos, que generalmente provienen de la publicidad; eso hace que existan condicionamientos.
Mientras esas sean las reglas de juego, esos condicionamientos, más o menos grandes, más o menos fuertes, más o menos poderosos, siempre existirán y es muy difícil desarticularlos. Entonces, de hecho nos encontramos con que la necesaria libertad que debe tener el medio y los periodistas para expresarse y los ciudadanos para adquirir información va a estar limitada en este juego. Siempre que hay necesidad de ganar dinero hay intereses que se crean en este sentido.
Coincidiendo absolutamente con lo que usted dice, mi pregunta va en esta dirección: ¿usted cree que se podrían cambiar estas reglas desde los medios públicos? No estoy hablando de medios del gobierno sino de medios públicos, con toda la legislación que se les impone: que no estén sujetos a la necesidad de ganar dinero para subsistir, que su objeto sea exclusivamente informar, que el Estado tenga la obligación de habilitar los recursos para garantizar a la gente el derecho a informarse y que a su vez no tenga ninguna injerencia económica ni política en el funcionamiento de esos medios públicos, y que no representen a ningún poder específico.
Cuando hablamos de un medio público todo el mundo piensa que debe ser aburrido porque tiene que emitir programas culturosos -entre comillas-; el medio público también puede tener instrumentos de marketing y técnicas de comunicación absolutamente avanzados y modernos que le permitan tener penetración en la gente para lograr que esa realidad virtual que hoy consumimos todos a través de los medios de comunicación tenga otra campana.
SR. NUDLER Yo soy muy escéptico al respecto porque me parece que en ese planteo hay una contradicción. La situación que tenemos en la Argentina es de una gran -por llamarlo de algún modo- inmadurez democrática. No tenemos principios republicanos; quienes ocupan cargos públicos no se sienten obligados a rendir cuentas. Esa es nuestra práctica habitual.
El hecho mismo de que los gobiernos siempre tengan gente encargada de presionar o condicionar a los medios y de que manejen arbitrariamente las pautas publicitarias, etcétera, da cuenta de una realidad en la que es muy difícil insertar otra realidad distinta y que ese Estado sea propietario de medios y sin embargo se comporte de una manera absolutamente democrática.
Gracias al cable, con el que tenemos acceso a medios parecidos de otros países, vemos que ello no ocurre ni siquiera en democracias que funcionan mejor que la nuestra. Vemos que los cambios en Televisión Española son terribles, de ciento ochenta grados, si está el PSOE o el Partido Popular en el poder.
Por ese lado no lo veo. Creo que el tema de los medios públicos es muy importante, pero no en este sentido. El día que la Argentina pueda lograr tener un Canal 7 o una Radio Nacional que sean realmente del Estado, no del gobierno, es decir, que sean para la gente, ese día ni siquiera estaremos hablando de esto, porque nuestra democracia habrá madurado de tal modo que no tendremos este problema.
Sí hay otros mecanismos -que son importantes- que se podrían intentar desde la legislación. Estos mecanismos producen verdadera urticaria entre las empresas periodísticas: por ejemplo, el ombudsman del lector.
Si la información es un derecho del ciudadano, tiene que haber algún mecanismo que represente al ciudadano en los medios. Esto no es un invento, es algo que ocurre en otros países. En el diario "El País", de Madrid, hay un ombudsman del lector, que es alguien que tiene inmunidad y una duración de dos años en el cargo; no puede ser removido, no responde a los mandos naturales del medio y tiene un espacio asignado en el medio. El se encarga de reflejar lo que opina, apoya o denuncia la gente en el medio mismo.
De hecho, ha habido casos bastante resonantes de lectores denunciando a determinado periodista, redactor o manejos del medio. No sé si ha sido tan útil como se esperaba, pero sin duda lo es.
De esta manera, se quita esta sensación de impunidad que tiene el editor, que hace lo que tiene ganas con una absoluta impunidad porque nadie lo va a poder contradecir.
Por otro lado, las únicas secciones que existen aquí para tratar estos temas son las de "Cartas de lectores", que en general son muy pobres. Sabemos que hay medios que diariamente reciben centenares de mensajes -especialmente con los e-mails- y les asignan un espacio donde sólo se pueden publicar dos o tres.
Por otro lado, "La Nación" -un caso excepcional- tiene un espacio más amplio, pero también vemos que hay una selección muy cuidadosa de que lo que allí se publica, que no es nada representativo, ni siquiera de los lectores del diario.
Entonces, si la información es un derecho del ciudadano en tanto consume medios de prensa, ¿por qué no establecer que en los medios tiene que haber un representante de ese ciudadano? Esto no invade la propiedad privada del medio ni lo afecta, obviamente dentro del límite en cuanto al espacio, porque no se puede asignar la mitad de las páginas de un diario a esto. En general esto tiene el tremendo valor de acabar con la impunidad del editor.
Aquí hubo un ensayo con el diario "Perfil", pero fue una experiencia rápidamente frustrada, y además tampoco amparada. Hay que ver cuáles son los mecanismos de elección de ese ombudsman, porque si el dueño del medio o el director elige al sobrino, al cuñado o a un amigo esto no tiene sentido.
El hecho mismo de que los gobiernos siempre tengan gente encargada de presionar o condicionar a los medios y de que manejen arbitrariamente las pautas publicitarias, etcétera, da cuenta de una realidad en la que es muy difícil insertar otra realidad distinta y que ese Estado sea propietario de medios y sin embargo se comporte de una manera absolutamente democrática.
Gracias al cable, con el que tenemos acceso a medios parecidos de otros países, vemos que ello no ocurre ni siquiera en democracias que funcionan mejor que la nuestra. Vemos que los cambios en Televisión Española son terribles, de ciento ochenta grados, si está el PSOE o el Partido Popular en el poder.
Por ese lado no lo veo. Creo que el tema de los medios públicos es muy importante, pero no en este sentido. El día que la Argentina pueda lograr tener un Canal 7 o una Radio Nacional que sean realmente del Estado, no del gobierno, es decir, que sean para la gente, ese día ni siquiera estaremos hablando de esto, porque nuestra democracia habrá madurado de tal modo que no tendremos este problema.
Sí hay otros mecanismos -que son importantes- que se podrían intentar desde la legislación. Estos mecanismos producen verdadera urticaria entre las empresas periodísticas: por ejemplo, el ombudsman del lector.
Si la información es un derecho del ciudadano, tiene que haber algún mecanismo que represente al ciudadano en los medios. Esto no es un invento, es algo que ocurre en otros países. En el diario "El País", de Madrid, hay un ombudsman del lector, que es alguien que tiene inmunidad y una duración de dos años en el cargo; no puede ser removido, no responde a los mandos naturales del medio y tiene un espacio asignado en el medio. El se encarga de reflejar lo que opina, apoya o denuncia la gente en el medio mismo.
De hecho, ha habido casos bastante resonantes de lectores denunciando a determinado periodista, redactor o manejos del medio. No sé si ha sido tan útil como se esperaba, pero sin duda lo es.
De esta manera, se quita esta sensación de impunidad que tiene el editor, que hace lo que tiene ganas con una absoluta impunidad porque nadie lo va a poder contradecir.
Por otro lado, las únicas secciones que existen aquí para tratar estos temas son las de "Cartas de lectores", que en general son muy pobres. Sabemos que hay medios que diariamente reciben centenares de mensajes -especialmente con los e-mails- y les asignan un espacio donde sólo se pueden publicar dos o tres.
Por otro lado, "La Nación" -un caso excepcional- tiene un espacio más amplio, pero también vemos que hay una selección muy cuidadosa de que lo que allí se publica, que no es nada representativo, ni siquiera de los lectores del diario.
Entonces, si la información es un derecho del ciudadano en tanto consume medios de prensa, ¿por qué no establecer que en los medios tiene que haber un representante de ese ciudadano? Esto no invade la propiedad privada del medio ni lo afecta, obviamente dentro del límite en cuanto al espacio, porque no se puede asignar la mitad de las páginas de un diario a esto. En general esto tiene el tremendo valor de acabar con la impunidad del editor.
Aquí hubo un ensayo con el diario "Perfil", pero fue una experiencia rápidamente frustrada, y además tampoco amparada. Hay que ver cuáles son los mecanismos de elección de ese ombudsman, porque si el dueño del medio o el director elige al sobrino, al cuñado o a un amigo esto no tiene sentido.
SRA. PÉREZ SUÁREZ ¿"Perfil" no era de "Noticias"?
SR. NUDLER No, era el diario "Perfil".
SRA. PÉREZ SUÁREZ Recuerdo ese diario.
SR. NUDLER Fue una experiencia muy breve. Por otro lado tenemos que considerar que voluntariamente los diarios no van a ocuparse de hacer esto porque no quieren; ni se les ocurre hacerlo. Obviamente, sólo lo harían a través de la compulsión de una ley, ¿pero cómo lo harían? Bueno, de la mejor manera para sus intereses. El mecanismo de elección tiene que estar muy bien reglamentado, al igual que las garantías y los deberes del ombudsman.
Es claro que el ombudsman se debe a los lectores y a nadie más, y de algún modo tiene que responder a esa misión.
Aun sin ilusionarse respecto del grado de perfección con que esa institución finalmente se plasme, el hecho de que exista implicaría un cambio muy importante en la relación de la ciudadanía con los medios. Por supuesto que no en todos los medios puede haber un ombudsman. Habría muchos problemas por resolver, sobre todo en circunstancias en que los medios electrónicos son tan importantes. No se podría poner un ombudsman en cada programa de televisión. En fin, hay problemas de implementación que en principio aparecen mucho más simples en la prensa gráfica.
Pero además de esto lo importante sería establecer de algún modo la idea de que el lector, el consumidor de información, el ciudadano, tiene palabra y un derecho sobre el proveedor de ese servicio de información. Este sería un concepto bastante revolucionario respecto de cómo se maneja la cuestión en la Argentina.
Es claro que el ombudsman se debe a los lectores y a nadie más, y de algún modo tiene que responder a esa misión.
Aun sin ilusionarse respecto del grado de perfección con que esa institución finalmente se plasme, el hecho de que exista implicaría un cambio muy importante en la relación de la ciudadanía con los medios. Por supuesto que no en todos los medios puede haber un ombudsman. Habría muchos problemas por resolver, sobre todo en circunstancias en que los medios electrónicos son tan importantes. No se podría poner un ombudsman en cada programa de televisión. En fin, hay problemas de implementación que en principio aparecen mucho más simples en la prensa gráfica.
Pero además de esto lo importante sería establecer de algún modo la idea de que el lector, el consumidor de información, el ciudadano, tiene palabra y un derecho sobre el proveedor de ese servicio de información. Este sería un concepto bastante revolucionario respecto de cómo se maneja la cuestión en la Argentina.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ Tiene la palabra el señor diputado Zamora.
SR. ZAMORA En primer lugar quiero destacar la virtud del señor Nudler. Es una lástima que se haya retirado el señor diputado Pinedo, ya que respecto del comentario que hizo quería aclarar que alguien que tuvo la decisión de no aceptar la censura y apelar a todas sus fuerzas para que esa censura no quedara oculta muestra una voluntad de luchar que está alejada de todo escepticismo. Gracias a ello promovió que se hicieran reuniones como ésta, abrió un debate en los medios de comunicación, tuvo posibilidades de concurrir a medios de comunicación masiva y de alguna forma puso sobre la superficie un tema muy complejo de ver porque los medios tienen el poder de taparlo.
Creo que a partir de la actitud del señor Nudler se logró algo muy importante. Normalmente los medios logran silenciar estas denuncias, porque se hacen a través de medios alternativos o porque la resonancia no logra la suficiente fuerza. En cambio, en este caso la tuvo por la trayectoria de Nudler y la experiencia particularmente dura que sufrió, y a mi modo de ver también por el hecho nuevo que aquí se dio, que es la solidaridad de la gran mayoría de sus compañeros de trabajo que lo hicieron público. Esto es algo que no se suele dar por el miedo a perder la fuente de trabajo, que es lo que ocurrió en otras circunstancias, por ejemplo en "Clarín" y en "Página 12". Eso hizo que tuviera más fuerza la denuncia de Nudler.
Además, por primera vez -no conozco otros antecedentes- el medio se vio obligado a responder a la denuncia de censura que estaba haciendo Nudler y le dedicó un artículo publicado parte en la tapa y parte en la contratapa -cada uno podrá valorar esa respuesta, que yo considero muy vil-, firmado por el director del diario. No sé si fue porque se sintió obligado a poner su firma o nadie quiso ponerla, pero el director Tiffenberg tuvo que firmar una respuesta.
La fuerza de la denuncia nos da la oportunidad a todos los que valoramos el derecho a la información, que está tan manipulado, de no dejar morir este momento. La fuerza de la denuncia hizo que el director del diario no sólo haya tenido que responder a la denuncia de censura sino también al documento censurado, es decir, al artículo periodístico, esta vez con la firma de su periodista más conocido, que es Verbitsky.
A mi modo de ver -esto es cuestión de interpretación- el artículo de respuesta confirma la relación entre el diario y el gobierno.
Mi interpretación, que siempre es subjetiva, es que se trata de un artículo que pareciera que fue escrito entre Alberto Fernández y Horacio Verbitsky, no porque le falte capacidad a este último para escribir sino por los contenidos. Además, él mismo dice que habló con Fernández para hacer la respuesta, pero creo que escribieron juntos el libreto.
En definitiva, esta es mi visión, pero lo que quiero poner sobre la mesa es que esta necesidad del medio censor de tener que salir de la respuesta habitual, que es el silencio y el ocultamiento, indica que hay una oportunidad y un desafío muy importante para todos los que queremos luchar contra las restricciones al derecho de información.
No se me escapa que este no es un problema de los argentinos, internacional, de las relaciones de censura de un gobierno con los medios, de las presiones, de los avisos publicitarios y el control de la información como objetivo de lucro. Entonces, al tener objetivos de lucro, esto se ha transformado en un manipuleo y una distorsión de la realidad, y se exhibe lo que a los medios económicos les interesa mostrar como realidad. Esto hace que el derecho de información, vinculado al derecho de expresión y difusión de las ideas, esté totalmente distorsionado.
Como todos sabemos, el gobierno de los Estados Unidos logró convencer a su pueblo con argumentos inventados para justificar una guerra. Por ejemplo, Blair, en relación con el pueblo inglés, montó un video que ya tenía diez años de antigüedad como algo que estaba ocurriendo en ese momento en Irak. Si esto sucede en países que supuestamente son los paladines de la democracia, muestra que la mezcla de información y la difusión de las ideas con un negocio es un problema mundial.
Desde mi punto de vista, esta discusión es el problema central que hay que enfrentar en la Argentina y en el mundo. Por eso, tal como lo manifesté el otro día, cuando se discutió la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión, me inclino por trabajar en una idea de propiedad pública de medios no estatales pero sí mantenidos por el Estado, es decir, por el pueblo, incluyendo en el presupuesto partidas suficientes para garantizar medios de circulación masiva no administrados ni controlados por los gobiernos.
Para terminar, creo que entre esto que parecería verse muy lejano y el pronunciamiento que ha habido de parte de la comisión hay algunas cosas que significarían bases. No es poco que la Cámara de Diputados se pronuncie manifestando su preocupación por este problema, y lo planteo porque en realidad ocurre lo contrario. La Cámara de Diputados saca la excepción de la ley del cram down, y esto es denunciado en el recinto, lo que implica que quienes lo denunciamos -no soy el único- somos censurados y discriminados en "Clarín".
No comparto lo que dijo el diputado Pinedo en el sentido de que lo mismo le ocurre a un trabajador metalúrgico en una fábrica, porque esto afecta al conjunto de la población en forma directa. La Cámara de Diputados denuncia que un medio estuvo haciendo lobby para sacar una ley, y logró sacarla: hay pruebas, con nombre y apellido, pero la Cámara no responde; la Cámara no dice nada.
Cualquiera podría proponer que hagamos una reunión y constituyamos una comisión para investigar el caso y refutar los argumentos de quien denuncia.
Pero acá el diputado Toma presentó un proyecto, se pelearon para exceptuarlos de la ley de quiebras, el FMI apretó. Esto lo denunció la diputada Carrió en la Comisión de Labor Parlamentaria; lo digo para no ponerlo en mi boca. Incluso denunció que fue en recompensa por el pago durante la campaña electoral y los lugares que le dio "Clarín" a los candidatos que luego ganaron.
El FMI apretó y la ley se aprobó sin la excepción, porque no hubo tiempo para trabajarla; entonces, presentaron un proyecto aparte y finalmente se aprobó: "Clarín" y "La Nación" -las empresas culturales en general, pero ellos hicieron el lobby- son exceptuados. Esto es denunciado, y lo acabo de reiterar durante la discusión en el recinto de la modificación a la ley de radiodifusión, y también mencioné el caso de Nudler.
Tan impotentes no son las instituciones para actuar frente a esto. Podemos manifestar esta preocupación frente a la censura, frente a la relación del gobierno con los medios. "Página 12" ya es un vocero oficial de las posiciones del gobierno; pero esto no quiere decir que sea el único. "Clarín", "La Nación", etcétera, de una u otra forma son manipuladores de las noticias, vinculados a empresas, y dependiendo de si les convienen las políticas económicas que lleva adelante el gobierno serán críticos o no, pero en definitiva defienden intereses empresarios y distorsionan la realidad de igual forma.
Así que es un problema realmente serio y grave, y creo que la Cámara de Diputados, expresando públicamente su preocupación por el problema mediante un proyecto de la Comisión de Libertad de Expresión haría mucho. Estimular que la población debata y proponga ideas será mucho mejor que el esbozo que pueda hacer cada uno de nosotros.
Creo que a partir de la actitud del señor Nudler se logró algo muy importante. Normalmente los medios logran silenciar estas denuncias, porque se hacen a través de medios alternativos o porque la resonancia no logra la suficiente fuerza. En cambio, en este caso la tuvo por la trayectoria de Nudler y la experiencia particularmente dura que sufrió, y a mi modo de ver también por el hecho nuevo que aquí se dio, que es la solidaridad de la gran mayoría de sus compañeros de trabajo que lo hicieron público. Esto es algo que no se suele dar por el miedo a perder la fuente de trabajo, que es lo que ocurrió en otras circunstancias, por ejemplo en "Clarín" y en "Página 12". Eso hizo que tuviera más fuerza la denuncia de Nudler.
Además, por primera vez -no conozco otros antecedentes- el medio se vio obligado a responder a la denuncia de censura que estaba haciendo Nudler y le dedicó un artículo publicado parte en la tapa y parte en la contratapa -cada uno podrá valorar esa respuesta, que yo considero muy vil-, firmado por el director del diario. No sé si fue porque se sintió obligado a poner su firma o nadie quiso ponerla, pero el director Tiffenberg tuvo que firmar una respuesta.
La fuerza de la denuncia nos da la oportunidad a todos los que valoramos el derecho a la información, que está tan manipulado, de no dejar morir este momento. La fuerza de la denuncia hizo que el director del diario no sólo haya tenido que responder a la denuncia de censura sino también al documento censurado, es decir, al artículo periodístico, esta vez con la firma de su periodista más conocido, que es Verbitsky.
A mi modo de ver -esto es cuestión de interpretación- el artículo de respuesta confirma la relación entre el diario y el gobierno.
Mi interpretación, que siempre es subjetiva, es que se trata de un artículo que pareciera que fue escrito entre Alberto Fernández y Horacio Verbitsky, no porque le falte capacidad a este último para escribir sino por los contenidos. Además, él mismo dice que habló con Fernández para hacer la respuesta, pero creo que escribieron juntos el libreto.
En definitiva, esta es mi visión, pero lo que quiero poner sobre la mesa es que esta necesidad del medio censor de tener que salir de la respuesta habitual, que es el silencio y el ocultamiento, indica que hay una oportunidad y un desafío muy importante para todos los que queremos luchar contra las restricciones al derecho de información.
No se me escapa que este no es un problema de los argentinos, internacional, de las relaciones de censura de un gobierno con los medios, de las presiones, de los avisos publicitarios y el control de la información como objetivo de lucro. Entonces, al tener objetivos de lucro, esto se ha transformado en un manipuleo y una distorsión de la realidad, y se exhibe lo que a los medios económicos les interesa mostrar como realidad. Esto hace que el derecho de información, vinculado al derecho de expresión y difusión de las ideas, esté totalmente distorsionado.
Como todos sabemos, el gobierno de los Estados Unidos logró convencer a su pueblo con argumentos inventados para justificar una guerra. Por ejemplo, Blair, en relación con el pueblo inglés, montó un video que ya tenía diez años de antigüedad como algo que estaba ocurriendo en ese momento en Irak. Si esto sucede en países que supuestamente son los paladines de la democracia, muestra que la mezcla de información y la difusión de las ideas con un negocio es un problema mundial.
Desde mi punto de vista, esta discusión es el problema central que hay que enfrentar en la Argentina y en el mundo. Por eso, tal como lo manifesté el otro día, cuando se discutió la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión, me inclino por trabajar en una idea de propiedad pública de medios no estatales pero sí mantenidos por el Estado, es decir, por el pueblo, incluyendo en el presupuesto partidas suficientes para garantizar medios de circulación masiva no administrados ni controlados por los gobiernos.
Para terminar, creo que entre esto que parecería verse muy lejano y el pronunciamiento que ha habido de parte de la comisión hay algunas cosas que significarían bases. No es poco que la Cámara de Diputados se pronuncie manifestando su preocupación por este problema, y lo planteo porque en realidad ocurre lo contrario. La Cámara de Diputados saca la excepción de la ley del cram down, y esto es denunciado en el recinto, lo que implica que quienes lo denunciamos -no soy el único- somos censurados y discriminados en "Clarín".
No comparto lo que dijo el diputado Pinedo en el sentido de que lo mismo le ocurre a un trabajador metalúrgico en una fábrica, porque esto afecta al conjunto de la población en forma directa. La Cámara de Diputados denuncia que un medio estuvo haciendo lobby para sacar una ley, y logró sacarla: hay pruebas, con nombre y apellido, pero la Cámara no responde; la Cámara no dice nada.
Cualquiera podría proponer que hagamos una reunión y constituyamos una comisión para investigar el caso y refutar los argumentos de quien denuncia.
Pero acá el diputado Toma presentó un proyecto, se pelearon para exceptuarlos de la ley de quiebras, el FMI apretó. Esto lo denunció la diputada Carrió en la Comisión de Labor Parlamentaria; lo digo para no ponerlo en mi boca. Incluso denunció que fue en recompensa por el pago durante la campaña electoral y los lugares que le dio "Clarín" a los candidatos que luego ganaron.
El FMI apretó y la ley se aprobó sin la excepción, porque no hubo tiempo para trabajarla; entonces, presentaron un proyecto aparte y finalmente se aprobó: "Clarín" y "La Nación" -las empresas culturales en general, pero ellos hicieron el lobby- son exceptuados. Esto es denunciado, y lo acabo de reiterar durante la discusión en el recinto de la modificación a la ley de radiodifusión, y también mencioné el caso de Nudler.
Tan impotentes no son las instituciones para actuar frente a esto. Podemos manifestar esta preocupación frente a la censura, frente a la relación del gobierno con los medios. "Página 12" ya es un vocero oficial de las posiciones del gobierno; pero esto no quiere decir que sea el único. "Clarín", "La Nación", etcétera, de una u otra forma son manipuladores de las noticias, vinculados a empresas, y dependiendo de si les convienen las políticas económicas que lleva adelante el gobierno serán críticos o no, pero en definitiva defienden intereses empresarios y distorsionan la realidad de igual forma.
Así que es un problema realmente serio y grave, y creo que la Cámara de Diputados, expresando públicamente su preocupación por el problema mediante un proyecto de la Comisión de Libertad de Expresión haría mucho. Estimular que la población debata y proponga ideas será mucho mejor que el esbozo que pueda hacer cada uno de nosotros.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ Pido a los señores diputados que sean breves en sus preguntas dado que se encuentran presentes los miembros de la Comisión Directiva del Sindicato Argentino de Televisión para tratar otro de los temas previstos para esta reunión.
Antes de dar la palabra a la señora diputada Jarque quiero hacer una aclaración, ya que en varias oportunidades se ha mencionado la ley de industrias culturales. Si bien no es el tema de discusión de hoy, quiero señalar que la he votado favorablemente y a mí no me habló "Clarín" ni jamás publicó en su diario algo favorable a mí.
Antes de dar la palabra a la señora diputada Jarque quiero hacer una aclaración, ya que en varias oportunidades se ha mencionado la ley de industrias culturales. Si bien no es el tema de discusión de hoy, quiero señalar que la he votado favorablemente y a mí no me habló "Clarín" ni jamás publicó en su diario algo favorable a mí.
SRA. PÉREZ SUÁREZ Yo no la voté.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ No voy a refutar las manifestaciones al respecto porque no es el tema de hoy, pero quiero aclarar que voté a favor de esa ley sin que nadie me presionara ni me publicaran una sola vez en un periódico a favor de mi campaña.
Tiene la palabra la señora diputada Jarque.
Tiene la palabra la señora diputada Jarque.
SRA. JARQUE Pedí la palabra para introducir un tema a modo de pregunta y opinión, al cual ya se ha referido el señor Nudler, que es la figura del ombudsman.
Como legisladores somos hombres y mujeres políticos llamados a preocuparnos y solidarizarnos, pero también estamos llamados a buscar soluciones en un proceso de cambio que por supuesto no pensamos que pueda alumbrar mañana ni pasado mañana, pero donde somos actores importantes, o de lo contrario deberíamos agilizarlo desde nuestras bancas.
Para no reiterar lo que ya ha dicho Julio Nudler -preocupaciones que comparto-, quiero señalar que he tenido oportunidad la semana pasada de conocer al ombudsman de un periódico colombiano, y pude apreciar las ventajas y desventajas de la figura. En este caso era solventado por el propio medio y no había un mecanismo democrático de selección. Digo esto adelantando algunas cuestiones porque creo que sería importante salir de esta reunión con alguna propuesta, revisar si existen proyectos sobre este tema que estén a tratamiento de la comisión, abocarnos a un debate profundo sobre el particular y consultar con personas y entidades.
Me parece que el compromiso concreto como legisladores, en pos de que esto no quede como una denuncia en un caso concreto y mañana haya otro Julio Nudler aquí sentado, es avanzar en los mecanismos institucionales que puedan aportar un granito de arena en lo que es hacer de la información un medio público, un bien social o un bien común.
Por eso pienso que por lo menos debemos tener el compromiso de comenzar a trabajar en la comisión sobre este tema el año próximo.
Como legisladores somos hombres y mujeres políticos llamados a preocuparnos y solidarizarnos, pero también estamos llamados a buscar soluciones en un proceso de cambio que por supuesto no pensamos que pueda alumbrar mañana ni pasado mañana, pero donde somos actores importantes, o de lo contrario deberíamos agilizarlo desde nuestras bancas.
Para no reiterar lo que ya ha dicho Julio Nudler -preocupaciones que comparto-, quiero señalar que he tenido oportunidad la semana pasada de conocer al ombudsman de un periódico colombiano, y pude apreciar las ventajas y desventajas de la figura. En este caso era solventado por el propio medio y no había un mecanismo democrático de selección. Digo esto adelantando algunas cuestiones porque creo que sería importante salir de esta reunión con alguna propuesta, revisar si existen proyectos sobre este tema que estén a tratamiento de la comisión, abocarnos a un debate profundo sobre el particular y consultar con personas y entidades.
Me parece que el compromiso concreto como legisladores, en pos de que esto no quede como una denuncia en un caso concreto y mañana haya otro Julio Nudler aquí sentado, es avanzar en los mecanismos institucionales que puedan aportar un granito de arena en lo que es hacer de la información un medio público, un bien social o un bien común.
Por eso pienso que por lo menos debemos tener el compromiso de comenzar a trabajar en la comisión sobre este tema el año próximo.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ Me parece que ese puede ser un claro compromiso de esta comisión que compartimos todos.
Tiene la palabra la señora diputada Tate.
Tiene la palabra la señora diputada Tate.
SRA. TATE Señor presidente: hay dos proyectos de mi autoría en los cuales he sido acompañada por buena parte de los miembros de esta comisión. Uno de ellos se refiere a la creación de la figura del defensor de los derechos del usuario de los medios de comunicación del Estado, y el otro, a la del ombudsman o defensor de la información en los medios de comunicación.
Aprovechando las preocupaciones y el compromiso de todos, propongo que la próxima semana los incorporemos en el temario para que sean objeto de discusión en esta comisión.
Aprovechando las preocupaciones y el compromiso de todos, propongo que la próxima semana los incorporemos en el temario para que sean objeto de discusión en esta comisión.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ De acuerdo.
Tiene la palabra la señora diputada Walsh.
Tiene la palabra la señora diputada Walsh.
SRA. WALSH Señor presidente: en primer lugar quiero expresar mi absoluta solidaridad al señor Julio Nudler. Además observo la coincidencia con la manera en que él hace una exposición donde está planteando la cuestión general en relación con el tema de la información y la expresión sabiendo quienes estamos aquí, participando en esta reunión, que existe un hecho particular relativo a lo ocurrido en el diario "Página 12", porque se trata de un hecho público.
Creo que lo que le ha ocurrido a Jorge Nudler no es una cuestión personal. Hace muchos años que quienes sostenemos ideas vinculadas al tema del género o del feminismo decimos que los temas no son personales sino políticos. Por lo tanto, estoy convencida de que esta no es una cuestión personal sino absolutamente política, tal cual se ha planteado aquí.
Creo que en realidad este tema es simple, pero la razón por la cual la organización "Periodistas" no ha podido dar respuesta se debe a que no puede sostener la libertad de expresión. Por eso se disuelve, y bien planteado está que se disuelva.
Si bien se ha hecho mención de diarios como "Clarín" o "La Nación", lo cierto es que el caso de "Página 12" molesta, por más que sea marginal en comparación con las tiradas que tienen los otros medios, y hace mucho ruido la expectativa del lector de este diario, que lo viene acompañando desde su fundación y está esperando una continuidad que se interrumpe cuando aparece esta censura a la nota de Julio Nudler.
Efectivamente, yo acompañé con mi firma el proyecto de la diputada Tate relativo al ombudsman, pero creo que no hay que tener ninguna expectativa de que podamos arreglar algo de lo que tan bien ha descripto el propio Julio Nudler. Podemos caer en la otra variante, que sería que vamos a arreglar esto con un ombudsman, pero yo me situaría en una posición más intermedia.
Creo que podemos legislar, pero si hay algo que en mi opinión puedo plantear en función de todo lo que ha ocurrido acá, es que lo que sí vale y produce efecto y resultado es la lucha. Por lo menos quiero dejar planteado esto. De lo contrario, es bueno que el señor Nudler haya emprendido esta acción de lucha que en principio fue individual pero luego logró el acompañamiento de una asamblea del diario que duró seis horas, de donde surgieron una cantidad de temas vinculados a hechos de censura que también habían ocurrido en el diario, sobre los cuales no se había realizado ningún acto de difusión pública y ahora salen a la luz.
Me parece que sumándole lo que hemos hecho, que es aprobar un proyecto de declaración, estamos produciendo, si bien no un cambio, por lo menos un rechazo a lo establecido, porque así como está, está mal.
Entonces, es importante esta reunión de la comisión, lo que aquí se ha dicho, lo que podemos pelear para que este proyecto sea aprobado, y lo que podemos discutir en relación con los dos proyectos sobre la figura del ombudsman.
Pero lo que más ha servido para que este tema quede al descubierto, y también las responsabilidades políticas involucradas, es la difusión que ha tenido. Si colaboramos en esta difusión, me parece que seguimos combatiendo esta situación que en principio no nos gusta; mal podría gustarnos si integramos la Comisión de Libertad de Expresión.
Con respecto a los otros hechos, como decía el señor presidente, son valorables. Uno puede aprobar un proyecto de ley o no. Yo voté afirmativamente la ley "Clarín", estuve en contra; y digo ley "Clarín" porque todos sabemos cuál es; no tengo necesidad de decir que es la ley que se refiere al patrimonio cultural. Todo el mundo sabe qué es la ley "Clarín", como todo el mundo sabe que aprobamos una ley Techint o que en algún momento tuvimos una ley Banelco. Cuando esas denominaciones se imponen para el común de la población, y ésta ignora cuál es el nombre real que en su momento le puso, es porque efectivamente algo de la realidad la ha movido a denominarla de otro modo.
Esto es discutible porque nosotros somos dueños de nuestro voto al ocupar una banca. Por lo menos esta tendría que ser la práctica legislativa.
Expreso entonces mi solidaridad con la idea de que este tema merece una gran discusión, que es la que va a plantear algunos límites a lo que se está produciendo no sólo en relación con "Página 12" sino con el conjunto de los medios de comunicación de nuestro país.
Manifiesto el compromiso de mi bloque de avanzar en los dos proyectos legislativos que propone la señora diputada Tate.
Creo que lo que le ha ocurrido a Jorge Nudler no es una cuestión personal. Hace muchos años que quienes sostenemos ideas vinculadas al tema del género o del feminismo decimos que los temas no son personales sino políticos. Por lo tanto, estoy convencida de que esta no es una cuestión personal sino absolutamente política, tal cual se ha planteado aquí.
Creo que en realidad este tema es simple, pero la razón por la cual la organización "Periodistas" no ha podido dar respuesta se debe a que no puede sostener la libertad de expresión. Por eso se disuelve, y bien planteado está que se disuelva.
Si bien se ha hecho mención de diarios como "Clarín" o "La Nación", lo cierto es que el caso de "Página 12" molesta, por más que sea marginal en comparación con las tiradas que tienen los otros medios, y hace mucho ruido la expectativa del lector de este diario, que lo viene acompañando desde su fundación y está esperando una continuidad que se interrumpe cuando aparece esta censura a la nota de Julio Nudler.
Efectivamente, yo acompañé con mi firma el proyecto de la diputada Tate relativo al ombudsman, pero creo que no hay que tener ninguna expectativa de que podamos arreglar algo de lo que tan bien ha descripto el propio Julio Nudler. Podemos caer en la otra variante, que sería que vamos a arreglar esto con un ombudsman, pero yo me situaría en una posición más intermedia.
Creo que podemos legislar, pero si hay algo que en mi opinión puedo plantear en función de todo lo que ha ocurrido acá, es que lo que sí vale y produce efecto y resultado es la lucha. Por lo menos quiero dejar planteado esto. De lo contrario, es bueno que el señor Nudler haya emprendido esta acción de lucha que en principio fue individual pero luego logró el acompañamiento de una asamblea del diario que duró seis horas, de donde surgieron una cantidad de temas vinculados a hechos de censura que también habían ocurrido en el diario, sobre los cuales no se había realizado ningún acto de difusión pública y ahora salen a la luz.
Me parece que sumándole lo que hemos hecho, que es aprobar un proyecto de declaración, estamos produciendo, si bien no un cambio, por lo menos un rechazo a lo establecido, porque así como está, está mal.
Entonces, es importante esta reunión de la comisión, lo que aquí se ha dicho, lo que podemos pelear para que este proyecto sea aprobado, y lo que podemos discutir en relación con los dos proyectos sobre la figura del ombudsman.
Pero lo que más ha servido para que este tema quede al descubierto, y también las responsabilidades políticas involucradas, es la difusión que ha tenido. Si colaboramos en esta difusión, me parece que seguimos combatiendo esta situación que en principio no nos gusta; mal podría gustarnos si integramos la Comisión de Libertad de Expresión.
Con respecto a los otros hechos, como decía el señor presidente, son valorables. Uno puede aprobar un proyecto de ley o no. Yo voté afirmativamente la ley "Clarín", estuve en contra; y digo ley "Clarín" porque todos sabemos cuál es; no tengo necesidad de decir que es la ley que se refiere al patrimonio cultural. Todo el mundo sabe qué es la ley "Clarín", como todo el mundo sabe que aprobamos una ley Techint o que en algún momento tuvimos una ley Banelco. Cuando esas denominaciones se imponen para el común de la población, y ésta ignora cuál es el nombre real que en su momento le puso, es porque efectivamente algo de la realidad la ha movido a denominarla de otro modo.
Esto es discutible porque nosotros somos dueños de nuestro voto al ocupar una banca. Por lo menos esta tendría que ser la práctica legislativa.
Expreso entonces mi solidaridad con la idea de que este tema merece una gran discusión, que es la que va a plantear algunos límites a lo que se está produciendo no sólo en relación con "Página 12" sino con el conjunto de los medios de comunicación de nuestro país.
Manifiesto el compromiso de mi bloque de avanzar en los dos proyectos legislativos que propone la señora diputada Tate.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ Agrademos al señor Julio Nudler por su presencia.
Se retira de la sala de reunión el señor Julio Nudler.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ Se encuentran presentes el secretario general del Sindicato Argentino de Televisión, señor Horacio Arreceygor; el secretario general adjunto, señor Néstor Cantariño; el secretario gremial, señor Alejandro Ruiz; el secretario de Capacitación, señor Darío Alvarez; el delegado paritario, señor Darío Aguilar, y el asesor doctor Carlos Marín.
Los hemos invitado para debatir sobre los hechos ocurridos en el Canal 7 con el programa "Visión 7 Edición Especial". En su oportunidad recibimos a los señores Daniel Das Neves y Eduardo Bernal, de UTBA.
Ellos nos informaron sobre su apreciación acerca de los hechos ocurridos con respeto a ese programa.
Como habíamos quedado, convocamos al otro sindicato, que también tiene una posición sobre el particular, para que podamos escuchar su opinión respecto de los hechos ocurridos en relación con el programa.
Los hemos invitado para debatir sobre los hechos ocurridos en el Canal 7 con el programa "Visión 7 Edición Especial". En su oportunidad recibimos a los señores Daniel Das Neves y Eduardo Bernal, de UTBA.
Ellos nos informaron sobre su apreciación acerca de los hechos ocurridos con respeto a ese programa.
Como habíamos quedado, convocamos al otro sindicato, que también tiene una posición sobre el particular, para que podamos escuchar su opinión respecto de los hechos ocurridos en relación con el programa.
SRA. PÉREZ SUÁREZ Señor presidente: quiero aclarar que, respondiendo a una solicitud recibida el 6 de octubre de 2004 por parte de la comisión interna de Canal 7 y de UTBA, suscripta por Eduardo Bernal, Norberto González y Jorge Rodríguez, los recibí, como hago con cada persona que me lo solicita.
Quiero hacer la aclaración de que los recibí en respuesta a esa solicitud que me hicieron llegar, en mi carácter de vicepresidenta 1a de la comisión.
Quiero hacer la aclaración de que los recibí en respuesta a esa solicitud que me hicieron llegar, en mi carácter de vicepresidenta 1a de la comisión.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ Tiene la palabra el señor Alejandro Ruiz, del Sindicato Argentino de Televisión.
SR. RUIZ Señor presidente: queremos acercar a la Comisión de Libertad de Expresión la posición del SAT con respecto al conflicto que ha ocurrido en Canal 7 y explicar cuál ha sido su origen.
El Sindicato Argentino de Televisión tiene nivel nacional de primer grado y representa a 15 mil trabajadores de todo el país. Involucra a todos los canales de aire, productoras, circuitos de cable, circuitos cerrados, productoras de contenidos, distribuidoras de señales, etcétera.
En televisión abierta representamos a todos los trabajadores del área de maestranza, intendencia, operación, técnica, producción, dirección, asistencia de dirección, asistencia de producción, camarógrafos, iluminadores, etcétera.
Hablemos un poco de nuestra historia: desde el nacimiento de la televisión en el país hasta ahora nuestra tarea se vincula a la operación técnica, edición, salida al aire, iluminación y escenografía de todos los programas que salen al aire. Esto implica que la gerencia de programación tiene una idea sobre un programa, se la entrega a un productor, se escoge a un director de cámaras y a partir de ese momento el equipo de producción diseña el programa a partir de la línea editorial que establece la gerencia de programación. Así se hace la escenografía, la iluminación y la salida al aire del programa. Esto consta en nuestra propia personería y estamos actualizados a la luz de las últimas tecnologías que se han incorporado.
En la televisión abierta hacemos todo tipo de programas en forma diaria en todos los canales de televisión ya sea de carácter artístico, periodístico, documentales, deportivos, infantiles, etcétera.
Tanto en Canal 7 como en los otros canales, según los usos y costumbres de la aplicación de nuestro convenio colectivo, la dirección de cámaras y la producción ha sido siempre realizada por personal del SAT. Esto dio origen a un conflicto gremial en Canal 7 a partir de los primeros días de agosto, ya que recibimos información de que la empresa, en forma unilateral, había decidido otorgar la realización de un programa periodístico que iba a salir los domingos al personal de UTBA.
Nosotros dialogamos con las autoridades del canal y con la Dirección de Contenidos explicándoles que esta tarea, es decir, la edición, la realización de cámaras y la producción, había sido normal y habitualmente nuestra, y que actualmente en la programación, y durante toda la historia del canal y de los demás canales de aire, hay ejemplos concretos de quién se encarga de las tareas que nosotros representamos.
Nosotros sabíamos que el programa se iba a llamar "La quinta pata" y que era de análisis político. Nosotros valorábamos que lo hubiera porque ustedes saben que en la televisión argentina existe no sé si un monopolio pero al menos un oligopolio de los medios de comunicación, y es importante que desde un canal del Estado haya un programa de análisis político.
Habitualmente este tipo de programas lo hacíamos nosotros. Cuando digo que lo hacíamos nosotros tengo que aclarar que no fijamos el contenido de los programas ni su línea editorial sino que ésta la fija la Gerencia de Programación o la Dirección de Contenidos Periodísticos, en este caso. Pero, por ejemplo, nuestro personal de cámaras está absolutamente capacitado para hacer -y lo demuestran los hechos y la programación cotidiana de todos los canales- desde la realización de cámaras de un programa artístico, una comedia, un unitario, hasta la realización de un programa documental o la realización normal y habitual en exteriores de todas las notas de los noticieros en vivo.
Tenemos que establecer aquí una división: en todos los canales de televisión existe, además de nuestro gremio, el de los periodistas, el de los locutores y -específicamente en el Canal 7- el de los jerárquicos. Jamás hubo una discusión con los compañeros de prensa respecto de quién le da el carácter periodístico a la nota; tampoco hubo discusión sobre la investigación periodística, que la hacen los periodistas profesionales, pero sí en cuanto a quién estaba en condiciones o no de realizar las cámaras o editar. Por ejemplo, en el noticiero las notas grabadas y su edición la hacen los periodistas, y también lo que se llama micrófono, o quién hace las preguntas o la crónica de los hechos, mientras que la transmisión en vivo y las cámaras de piso las hacemos nosotros.
Cuando se sale afuera con los minimóviles, que son esos camioncitos que ustedes ven todos los días por la Cámara de Diputados o por cualquier lado, toda la operación técnica y las cámaras se hacen con personal del SAT. Esto nunca fue discutido; se respetó en forma pacífica y no hubo un solapamiento de convenios.
Cuando nos enteramos de que se le estaban dando nuestras tareas normales y habituales a otro gremio, el problema era que atentaba contra nuestra fuente de trabajo y contra los convenios que habíamos firmado a nivel nacional y con la propia empresa. La directora de contenidos nos decía que esto era un noticiero, y le advertimos que no lo era, que era un programa de contenido político, que era un programa periodístico y que normal y habitualmente esos programas los hacíamos nosotros. Nos dijeron que no, y además le cambiaron el nombre y le pusieron "Visión 7 Edición Especial"; "Visión 7" es el noticiero del canal.
Hicimos una asamblea. La gente conoce muy bien su profesión; conoce muy bien lo que hizo habitualmente toda su vida; los editores saben que están en condiciones de editar cualquier tipo de nota y de programa. En el convenio de televisión hay dos tipos de camarógrafos: los que hacen piso -que están con un switcher que les dice "cámara uno" o "cámara dos"- y los camarógrafos de exteriores, que es la categoría más alta profesionalmente, que están en condiciones de realizar cualquier tipo de nota sin la dirección ni la coordinación técnica o artística de un director de cámaras.
Todo el personal sabía que se estaba violando nuestro convenio en forma arbitraria. Esto generó que hiciéramos un quite de colaboración. La empresa denunció esto ante el Ministerio de Trabajo y fuimos a una conciliación obligatoria. Después de varias discusiones y la propuesta del Ministerio de Trabajo llegamos a un acuerdo conciliatorio. Nosotros no teníamos ningún problema respecto de los excelentes periodistas contratados, que son de conocimiento público, ni sobre la investigación periodística, y podían convivir los productores periodísticos del noticiero con los nuestros, pero no estábamos de acuerdo con la realización de notas grabadas y la edición de notas del noticiero que se refritaran para el programa.
Supongamos que el programa le hace una nota a Piccinini, y hay material de archivo sobre él.
El mismo convenio establece que el personal de prensa que tiene la nota en el archivo informático del noticiero la entrega a otro sector de la empresa. El productor del programa -que pertenece a nuestro gremio- la toma, se la da a un editor nuestro y se reedita en función del programa. Esto fue lo normal y habitual siempre, y por esto los trabajadores de prensa cobran cuatro veces lo que es su salario normal, en función de lo que establece el propio convenio de prensa. El conflicto se debe a que nos sacaban las tareas habituales que nosotros teníamos y se las daban a otro gremio.
Advertimos a la empresa que esto iba a provocar un conflicto. Es más, una semana antes de este conflicto se inició una discusión paritaria con respecto al convenio articulado de Canal 7, porque estábamos terminando de discutir un aumento salarial con las cámaras empresarias, y se dio todo este proceso que terminó en un conflicto gigantesco.
Fuimos a la conciliación obligatoria y a propuesta del Ministerio de Trabajo se creó una fórmula conciliatoria donde se estableció cómo se iba a hacer este programa. El Ministerio de Trabajo, ante diversas presiones, no cumplió con ese acuerdo conciliatorio y la empresa decidió seguir haciéndolo como proponía originalmente, lo cual creó un conflicto mayor. Hubo decisiones de asambleas tomadas por unanimidad que hicieron que nosotros tomáramos medidas de acción directa. Además, el programa se quería hacer con personal jerárquico, lo cual estaba soslayando nuestro derecho constitucional a tomar medidas de acción.
Se produjo todo un conflicto, y la directora de Contenidos utilizó la pantalla de Canal 7 para acusarnos de cuestiones absolutamente engañosas y difamatorias, ya que nos acusó de mafiosos y corporativos. Para esto utilizó el aire del canal, que es del Estado.
Queremos aclarar a los señores diputados que nuestro gremio ha presentado proyectos concretos y ha trabajado para hacer una nueva ley de radiodifusión y un sistema nacional de medios públicos.
Tenemos el orgullo de que sea nuestra la consigna que se ha popularizado en el sentido de que se trata de un canal público no gubernamental con control parlamentario y concurso profesional de antecedentes, en función de nuestra lucha por la defensa del canal.
Además, hemos impedido con todos los gremios la privatización del canal a raíz de grandes manifestaciones, que han sido apoyadas por toda la población. Tenemos una postura muy clara sobre el tema de los medios públicos y su defensa. Incluso en el proyecto que está presentado actualmente en la Cámara de Diputados incorporamos la figura del defensor de los medios públicos.
Este conflicto no tiene nada que ver con la libertad de prensa, porque desde nuestro punto de vista es un conflicto gremial.
Finalmente, si ese programa se hace con personal que no era el habitual ni normal y todos los programas periodísticos del canal se hacen de esa manera, si hay aproximadamente diecisiete programas de contenido y los dejamos de hacer nosotros tal como lo hacemos habitualmente, perderíamos trescientas fuentes de trabajo no solamente en Canal 7.
Nosotros tenemos un gremio y un convenio a nivel nacional donde en muchos casos, incluso los noticieros, son hechos por nuestros trabajadores, no porque nos corresponda sino porque en algunos lugares la presencia de otros gremios no tiene la fuerza necesaria para imponerse. Esto se puede chequear en todos los programas: en todos los canales de aire la programación técnica y operativa desde el punto de vista de la dirección de cámaras -con excepción de los noticieros, como está claramente establecido en el convenio 124, que corresponden a UTBA- la hace el personal del SAT.
Ante el conflicto gremial y ante nuestra clara firmeza de que no íbamos a permitir que nos sacaran funciones que venían de años de usos y costumbres y de aplicación de nuestro convenio, la empresa decidió levantar del aire el programa y presentar en la Justicia una acción declarativa de certeza, que es engañosa e hipócrita.
En realidad no hay ninguna falta de certeza, porque había una absoluta certidumbre sobre cómo se desenvolvían las tareas normales y habituales en el canal, y el que cambia esa certeza y crea incertidumbre en los trabajadores es el canal con esa medida.
Esta es nuestra posición. La Justicia ya nos ha dado vista de la acción declarativa de certeza. En esa acción, que es de dominio público, la empresa dice que por imperio de denuncias realizadas por otro gremio ha cambio la forma de hacer los programas, y esto ha generado un conflicto. A confesión de parte, relevo de pruebas: está claro que fue la empresa la que cambió la normativa habitual con que se desarrollaban las tareas. Esto es lo que motivó el conflicto.
Ahora nosotros estamos contestando esa acción declarativa de certeza. Entendemos que el Ministerio de Trabajo no tenía poder para cambiar un acuerdo conciliatorio. Quienes conocen derecho laboral saben que cuando a raíz de un conflicto se llega a un acuerdo conciliatorio en el ámbito del Ministerio y propuesto por el Ministerio, éste no tiene competencia para cambiar lo que ha propuesto y las partes han acordado para priorizar la paz social. Con lo cual, el Ministerio se ha comportado haciendo uso de prerrogativas que no tenía, y la empresa decidió levantar el programa por el conflicto gremial.
Tenemos para presentar ante la comisión ejemplos de todos los programas con contenido periodístico hechos en los cincuenta años de la televisión argentina, no noticieros, con la nómina de personal tomada de los roles de apertura y cierre de esos programas, es decir, donde figuran los conductores, periodistas, técnicos y demás. Allí podrán ver que todas las tareas que la empresa decidió unilateralmente sacarnos, toda la vida fueron hechas por personal del SAT.
Además, está a disposición de ustedes la acción declarativa de certeza iniciada por la empresa, y la programación actual del canal, que aproximadamente tiene diecisiete programas de contenido periodístico, que los hacemos nosotros, es decir, producimos, editamos, hacemos las cámaras, aquí y en todos los canales de aire.
El Sindicato Argentino de Televisión tiene nivel nacional de primer grado y representa a 15 mil trabajadores de todo el país. Involucra a todos los canales de aire, productoras, circuitos de cable, circuitos cerrados, productoras de contenidos, distribuidoras de señales, etcétera.
En televisión abierta representamos a todos los trabajadores del área de maestranza, intendencia, operación, técnica, producción, dirección, asistencia de dirección, asistencia de producción, camarógrafos, iluminadores, etcétera.
Hablemos un poco de nuestra historia: desde el nacimiento de la televisión en el país hasta ahora nuestra tarea se vincula a la operación técnica, edición, salida al aire, iluminación y escenografía de todos los programas que salen al aire. Esto implica que la gerencia de programación tiene una idea sobre un programa, se la entrega a un productor, se escoge a un director de cámaras y a partir de ese momento el equipo de producción diseña el programa a partir de la línea editorial que establece la gerencia de programación. Así se hace la escenografía, la iluminación y la salida al aire del programa. Esto consta en nuestra propia personería y estamos actualizados a la luz de las últimas tecnologías que se han incorporado.
En la televisión abierta hacemos todo tipo de programas en forma diaria en todos los canales de televisión ya sea de carácter artístico, periodístico, documentales, deportivos, infantiles, etcétera.
Tanto en Canal 7 como en los otros canales, según los usos y costumbres de la aplicación de nuestro convenio colectivo, la dirección de cámaras y la producción ha sido siempre realizada por personal del SAT. Esto dio origen a un conflicto gremial en Canal 7 a partir de los primeros días de agosto, ya que recibimos información de que la empresa, en forma unilateral, había decidido otorgar la realización de un programa periodístico que iba a salir los domingos al personal de UTBA.
Nosotros dialogamos con las autoridades del canal y con la Dirección de Contenidos explicándoles que esta tarea, es decir, la edición, la realización de cámaras y la producción, había sido normal y habitualmente nuestra, y que actualmente en la programación, y durante toda la historia del canal y de los demás canales de aire, hay ejemplos concretos de quién se encarga de las tareas que nosotros representamos.
Nosotros sabíamos que el programa se iba a llamar "La quinta pata" y que era de análisis político. Nosotros valorábamos que lo hubiera porque ustedes saben que en la televisión argentina existe no sé si un monopolio pero al menos un oligopolio de los medios de comunicación, y es importante que desde un canal del Estado haya un programa de análisis político.
Habitualmente este tipo de programas lo hacíamos nosotros. Cuando digo que lo hacíamos nosotros tengo que aclarar que no fijamos el contenido de los programas ni su línea editorial sino que ésta la fija la Gerencia de Programación o la Dirección de Contenidos Periodísticos, en este caso. Pero, por ejemplo, nuestro personal de cámaras está absolutamente capacitado para hacer -y lo demuestran los hechos y la programación cotidiana de todos los canales- desde la realización de cámaras de un programa artístico, una comedia, un unitario, hasta la realización de un programa documental o la realización normal y habitual en exteriores de todas las notas de los noticieros en vivo.
Tenemos que establecer aquí una división: en todos los canales de televisión existe, además de nuestro gremio, el de los periodistas, el de los locutores y -específicamente en el Canal 7- el de los jerárquicos. Jamás hubo una discusión con los compañeros de prensa respecto de quién le da el carácter periodístico a la nota; tampoco hubo discusión sobre la investigación periodística, que la hacen los periodistas profesionales, pero sí en cuanto a quién estaba en condiciones o no de realizar las cámaras o editar. Por ejemplo, en el noticiero las notas grabadas y su edición la hacen los periodistas, y también lo que se llama micrófono, o quién hace las preguntas o la crónica de los hechos, mientras que la transmisión en vivo y las cámaras de piso las hacemos nosotros.
Cuando se sale afuera con los minimóviles, que son esos camioncitos que ustedes ven todos los días por la Cámara de Diputados o por cualquier lado, toda la operación técnica y las cámaras se hacen con personal del SAT. Esto nunca fue discutido; se respetó en forma pacífica y no hubo un solapamiento de convenios.
Cuando nos enteramos de que se le estaban dando nuestras tareas normales y habituales a otro gremio, el problema era que atentaba contra nuestra fuente de trabajo y contra los convenios que habíamos firmado a nivel nacional y con la propia empresa. La directora de contenidos nos decía que esto era un noticiero, y le advertimos que no lo era, que era un programa de contenido político, que era un programa periodístico y que normal y habitualmente esos programas los hacíamos nosotros. Nos dijeron que no, y además le cambiaron el nombre y le pusieron "Visión 7 Edición Especial"; "Visión 7" es el noticiero del canal.
Hicimos una asamblea. La gente conoce muy bien su profesión; conoce muy bien lo que hizo habitualmente toda su vida; los editores saben que están en condiciones de editar cualquier tipo de nota y de programa. En el convenio de televisión hay dos tipos de camarógrafos: los que hacen piso -que están con un switcher que les dice "cámara uno" o "cámara dos"- y los camarógrafos de exteriores, que es la categoría más alta profesionalmente, que están en condiciones de realizar cualquier tipo de nota sin la dirección ni la coordinación técnica o artística de un director de cámaras.
Todo el personal sabía que se estaba violando nuestro convenio en forma arbitraria. Esto generó que hiciéramos un quite de colaboración. La empresa denunció esto ante el Ministerio de Trabajo y fuimos a una conciliación obligatoria. Después de varias discusiones y la propuesta del Ministerio de Trabajo llegamos a un acuerdo conciliatorio. Nosotros no teníamos ningún problema respecto de los excelentes periodistas contratados, que son de conocimiento público, ni sobre la investigación periodística, y podían convivir los productores periodísticos del noticiero con los nuestros, pero no estábamos de acuerdo con la realización de notas grabadas y la edición de notas del noticiero que se refritaran para el programa.
Supongamos que el programa le hace una nota a Piccinini, y hay material de archivo sobre él.
El mismo convenio establece que el personal de prensa que tiene la nota en el archivo informático del noticiero la entrega a otro sector de la empresa. El productor del programa -que pertenece a nuestro gremio- la toma, se la da a un editor nuestro y se reedita en función del programa. Esto fue lo normal y habitual siempre, y por esto los trabajadores de prensa cobran cuatro veces lo que es su salario normal, en función de lo que establece el propio convenio de prensa. El conflicto se debe a que nos sacaban las tareas habituales que nosotros teníamos y se las daban a otro gremio.
Advertimos a la empresa que esto iba a provocar un conflicto. Es más, una semana antes de este conflicto se inició una discusión paritaria con respecto al convenio articulado de Canal 7, porque estábamos terminando de discutir un aumento salarial con las cámaras empresarias, y se dio todo este proceso que terminó en un conflicto gigantesco.
Fuimos a la conciliación obligatoria y a propuesta del Ministerio de Trabajo se creó una fórmula conciliatoria donde se estableció cómo se iba a hacer este programa. El Ministerio de Trabajo, ante diversas presiones, no cumplió con ese acuerdo conciliatorio y la empresa decidió seguir haciéndolo como proponía originalmente, lo cual creó un conflicto mayor. Hubo decisiones de asambleas tomadas por unanimidad que hicieron que nosotros tomáramos medidas de acción directa. Además, el programa se quería hacer con personal jerárquico, lo cual estaba soslayando nuestro derecho constitucional a tomar medidas de acción.
Se produjo todo un conflicto, y la directora de Contenidos utilizó la pantalla de Canal 7 para acusarnos de cuestiones absolutamente engañosas y difamatorias, ya que nos acusó de mafiosos y corporativos. Para esto utilizó el aire del canal, que es del Estado.
Queremos aclarar a los señores diputados que nuestro gremio ha presentado proyectos concretos y ha trabajado para hacer una nueva ley de radiodifusión y un sistema nacional de medios públicos.
Tenemos el orgullo de que sea nuestra la consigna que se ha popularizado en el sentido de que se trata de un canal público no gubernamental con control parlamentario y concurso profesional de antecedentes, en función de nuestra lucha por la defensa del canal.
Además, hemos impedido con todos los gremios la privatización del canal a raíz de grandes manifestaciones, que han sido apoyadas por toda la población. Tenemos una postura muy clara sobre el tema de los medios públicos y su defensa. Incluso en el proyecto que está presentado actualmente en la Cámara de Diputados incorporamos la figura del defensor de los medios públicos.
Este conflicto no tiene nada que ver con la libertad de prensa, porque desde nuestro punto de vista es un conflicto gremial.
Finalmente, si ese programa se hace con personal que no era el habitual ni normal y todos los programas periodísticos del canal se hacen de esa manera, si hay aproximadamente diecisiete programas de contenido y los dejamos de hacer nosotros tal como lo hacemos habitualmente, perderíamos trescientas fuentes de trabajo no solamente en Canal 7.
Nosotros tenemos un gremio y un convenio a nivel nacional donde en muchos casos, incluso los noticieros, son hechos por nuestros trabajadores, no porque nos corresponda sino porque en algunos lugares la presencia de otros gremios no tiene la fuerza necesaria para imponerse. Esto se puede chequear en todos los programas: en todos los canales de aire la programación técnica y operativa desde el punto de vista de la dirección de cámaras -con excepción de los noticieros, como está claramente establecido en el convenio 124, que corresponden a UTBA- la hace el personal del SAT.
Ante el conflicto gremial y ante nuestra clara firmeza de que no íbamos a permitir que nos sacaran funciones que venían de años de usos y costumbres y de aplicación de nuestro convenio, la empresa decidió levantar del aire el programa y presentar en la Justicia una acción declarativa de certeza, que es engañosa e hipócrita.
En realidad no hay ninguna falta de certeza, porque había una absoluta certidumbre sobre cómo se desenvolvían las tareas normales y habituales en el canal, y el que cambia esa certeza y crea incertidumbre en los trabajadores es el canal con esa medida.
Esta es nuestra posición. La Justicia ya nos ha dado vista de la acción declarativa de certeza. En esa acción, que es de dominio público, la empresa dice que por imperio de denuncias realizadas por otro gremio ha cambio la forma de hacer los programas, y esto ha generado un conflicto. A confesión de parte, relevo de pruebas: está claro que fue la empresa la que cambió la normativa habitual con que se desarrollaban las tareas. Esto es lo que motivó el conflicto.
Ahora nosotros estamos contestando esa acción declarativa de certeza. Entendemos que el Ministerio de Trabajo no tenía poder para cambiar un acuerdo conciliatorio. Quienes conocen derecho laboral saben que cuando a raíz de un conflicto se llega a un acuerdo conciliatorio en el ámbito del Ministerio y propuesto por el Ministerio, éste no tiene competencia para cambiar lo que ha propuesto y las partes han acordado para priorizar la paz social. Con lo cual, el Ministerio se ha comportado haciendo uso de prerrogativas que no tenía, y la empresa decidió levantar el programa por el conflicto gremial.
Tenemos para presentar ante la comisión ejemplos de todos los programas con contenido periodístico hechos en los cincuenta años de la televisión argentina, no noticieros, con la nómina de personal tomada de los roles de apertura y cierre de esos programas, es decir, donde figuran los conductores, periodistas, técnicos y demás. Allí podrán ver que todas las tareas que la empresa decidió unilateralmente sacarnos, toda la vida fueron hechas por personal del SAT.
Además, está a disposición de ustedes la acción declarativa de certeza iniciada por la empresa, y la programación actual del canal, que aproximadamente tiene diecisiete programas de contenido periodístico, que los hacemos nosotros, es decir, producimos, editamos, hacemos las cámaras, aquí y en todos los canales de aire.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ Tiene la palabra la señora diputada Pérez Suárez.
SRA. PÉREZ SUÁREZ Señor presidente: agradezco la presencia de quienes hoy nos visitan.
Como dije en la entrevista que concedí a quienes antes mencioné, ellos presentaron una serie de elementos, materiales, etcétera, y además habían visitado con anterioridad al señor diputado Basteiro, quien presentó dos proyectos de declaración respecto de este tema. Mediante uno de ellos se solicita al Poder Ejecutivo que exhorte al interventor, señor Ricardo Palacio, a levantar en forma inmediata la prohibición expresa que pesa sobre el noticiero "Visión 7" y que impide su normal salida. Y el otro proyecto tiene un contenido similar.
Como no está presente el autor de estas iniciativas, me voy a referir a la que yo planteé. Se trata de un proyecto de resolución por el que se solicita a la Cámara que se dirija al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, a fin de que informe las razones por las cuales se dejó fuera de la programación de Canal 7 el programa "Visión 7 Edición Especial".
Atento que no tenía más información, que por cierto era amplia, porque me trajeron un petitorio firmado por trabajadores de prensa -que se podría incorporar al expediente- y los proyectos del diputado Basteiro, y que no tenía en claro ni había escuchado que estaban en conflicto, hice un pedido de informes, que no fue tratado, porque este programa salió al aire por primera vez el 1° de agosto, ocupando la franja horaria de 22 a 24, y en su sexta emisión, el 5 de septiembre, debido a la medida de fuerza a la que aludieron los representantes del SAT, el programa dejó de ser emitido.
El Ministerio de Trabajo determinó que debía mantenerse normalmente la programación pero en el dictamen no obligó a la intervención del canal a que así fuera, según tengo entendido.
Como dije en la entrevista que concedí a quienes antes mencioné, ellos presentaron una serie de elementos, materiales, etcétera, y además habían visitado con anterioridad al señor diputado Basteiro, quien presentó dos proyectos de declaración respecto de este tema. Mediante uno de ellos se solicita al Poder Ejecutivo que exhorte al interventor, señor Ricardo Palacio, a levantar en forma inmediata la prohibición expresa que pesa sobre el noticiero "Visión 7" y que impide su normal salida. Y el otro proyecto tiene un contenido similar.
Como no está presente el autor de estas iniciativas, me voy a referir a la que yo planteé. Se trata de un proyecto de resolución por el que se solicita a la Cámara que se dirija al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, a fin de que informe las razones por las cuales se dejó fuera de la programación de Canal 7 el programa "Visión 7 Edición Especial".
Atento que no tenía más información, que por cierto era amplia, porque me trajeron un petitorio firmado por trabajadores de prensa -que se podría incorporar al expediente- y los proyectos del diputado Basteiro, y que no tenía en claro ni había escuchado que estaban en conflicto, hice un pedido de informes, que no fue tratado, porque este programa salió al aire por primera vez el 1° de agosto, ocupando la franja horaria de 22 a 24, y en su sexta emisión, el 5 de septiembre, debido a la medida de fuerza a la que aludieron los representantes del SAT, el programa dejó de ser emitido.
El Ministerio de Trabajo determinó que debía mantenerse normalmente la programación pero en el dictamen no obligó a la intervención del canal a que así fuera, según tengo entendido.
SR. RUIZ Lo único a lo que nos obligó el Ministerio de Trabajo fue a que cesáramos en nuestra medida de fuerza.
SRA. PÉREZ SUÁREZ Dictaminó que debía mantenerse la programación, pero no obligó a la intervención a que diera cumplimiento al dictamen, es decir que no fue vinculante.
SR. RUIZ Cuando el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria nos obliga a nosotros a no tomar más medidas de fuerza. Después nosotros llegamos a un acuerdo conciliatorio y el Ministerio de Trabajo, mediante una disposición, suspende los efectos del acuerdo, que implicaba la realización del programa. De esta manera, la paz social queda sin efecto.
En ese momento la empresa decide hacer el programa con personal jerárquico. Nosotros estábamos en conflicto, y quiero aclarar que el personal jerárquico representa a la Asociación de Personal Jerárquico de Canal 7, donde hay seis o siete jefes que vienen de la parte técnica y operativa, con lo cual se encontraban frente al problema de cómo cubrir la operación, porque ya no estaban acostumbrados a hacer la tarea que cumplían hace veinte años.
En ese momento la empresa decide hacer el programa con personal jerárquico. Nosotros estábamos en conflicto, y quiero aclarar que el personal jerárquico representa a la Asociación de Personal Jerárquico de Canal 7, donde hay seis o siete jefes que vienen de la parte técnica y operativa, con lo cual se encontraban frente al problema de cómo cubrir la operación, porque ya no estaban acostumbrados a hacer la tarea que cumplían hace veinte años.
SRA. PÉREZ SUÁREZ Si el que media es el Ministerio de Trabajo, indudablemente habría que coincidir con ustedes en que este no es un problema gremial.
Esto podría estar en contradicción con el último párrafo de mi proyecto de resolución, porque yo escribí lo siguiente: "Atento a esta situación poco clara donde quedan en evidencia las irregularidades en la emisión de la programación y en la que trabajadores de prensa ven peligrar su puesto de trabajo, entiendo además que el levantamiento de un programa periodístico de la televisión de aire atenta directamente contra el derecho de libertad de expresión".
Solicito entonces que respondan a qué se debe. No es que haya fijado una posición contraria diciendo que esta no es una cuestión gremial sino que al estar poco clara y al no poder salir al aire este programa periodístico indudablemente estábamos ante un problema de libertad de expresión.
Celebro que los compañeros hayan concurrido a esta comisión porque creo que efectivamente este es un ámbito en el que nosotros podemos replicar las situaciones que se producen, y también creo que debería haberse dado giro a la Comisión de Legislación del Trabajo.
Esto podría estar en contradicción con el último párrafo de mi proyecto de resolución, porque yo escribí lo siguiente: "Atento a esta situación poco clara donde quedan en evidencia las irregularidades en la emisión de la programación y en la que trabajadores de prensa ven peligrar su puesto de trabajo, entiendo además que el levantamiento de un programa periodístico de la televisión de aire atenta directamente contra el derecho de libertad de expresión".
Solicito entonces que respondan a qué se debe. No es que haya fijado una posición contraria diciendo que esta no es una cuestión gremial sino que al estar poco clara y al no poder salir al aire este programa periodístico indudablemente estábamos ante un problema de libertad de expresión.
Celebro que los compañeros hayan concurrido a esta comisión porque creo que efectivamente este es un ámbito en el que nosotros podemos replicar las situaciones que se producen, y también creo que debería haberse dado giro a la Comisión de Legislación del Trabajo.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ Atento a las distintas connotaciones de algunos comentarios sobre este problema quisiera hacer dos preguntas.
En primer lugar, hemos escuchado, tanto por parte de UTBA en la reunión pasada como por ustedes en esta, la situación gremial.
La primera pregunta apunta a saber, si es posible, cuáles son las actitudes que tomaría el SAT en caso de que el Canal 7 pusiera en función el programa en las mismas condiciones y características que hizo en un primer momento con la UTBA.
La segunda pregunta es saber si hoy, con motivo de la suspensión de este programa, hay personas que se hayan quedado sin trabajo.
La tercera pregunta es si en algún momento hubo algún hecho que hiciera pensar que todo esto haya sido armado externamente para hacer una censura directa a los contenidos, si en algún momento ha habido actitudes en contra del contenido del programa.
En primer lugar, hemos escuchado, tanto por parte de UTBA en la reunión pasada como por ustedes en esta, la situación gremial.
La primera pregunta apunta a saber, si es posible, cuáles son las actitudes que tomaría el SAT en caso de que el Canal 7 pusiera en función el programa en las mismas condiciones y características que hizo en un primer momento con la UTBA.
La segunda pregunta es saber si hoy, con motivo de la suspensión de este programa, hay personas que se hayan quedado sin trabajo.
La tercera pregunta es si en algún momento hubo algún hecho que hiciera pensar que todo esto haya sido armado externamente para hacer una censura directa a los contenidos, si en algún momento ha habido actitudes en contra del contenido del programa.
SR. ARRECEYGOR Con respecto a la primera pregunta, si la empresa decide poner al aire el programa con las mismas características le podría asegurar que existiría otro conflicto. Nosotros hemos hecho asambleas en Canal 7 toda la vida, y a nosotros mismos nos ha asombrado la unanimidad y la participación mayoritaria de nuestra gente, porque ve que claramente se le están sacando tareas que hizo toda la vida, con lo cual les puedo asegurar que habría un conflicto.
SRA. PÉREZ SUÁREZ ¿Igualmente cobran?
SR. ARRECEYGOR No, porque a raíz del convenio de crisis por el concurso de Canal 7, y después de un convenio posterior, en lugar de los seis días de trabajo por semana, de seis horas cada uno, en Canal 7 tenemos actividad de lunes a viernes, ocho horas, y sábado y domingo francos. Si el programa no se hace, se da franco al personal y no cobra el franco ni extras. Si todos los programas periodísticos se hicieran con personal ajeno al SAT, sería mucho peor, y sobraría gente.
En este momento la programación del canal es de producción propia; es una reivindicación que todos los gremios veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo que no hubiera coproducciones, y que las coproducciones aseguraran que la mayor parte de la realización del producto de un canal la hiciéramos nosotros.
En este momento la programación del canal es de producción propia; es una reivindicación que todos los gremios veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo que no hubiera coproducciones, y que las coproducciones aseguraran que la mayor parte de la realización del producto de un canal la hiciéramos nosotros.
SRA. PÉREZ SUÁREZ Como en el programa de Georgina, por ejemplo.
SR. ARRECEYGOR El programa de Georgina se hace todo desde el piso. Es probable que alguna parte se haga afuera. Cuando se hacen algunas partes afuera se realizan en productoras, que generalmente están regularizadas en el SAT, en este y en todos los canales. Por ejemplo, "Punto.doc" se hace en Cuatro Cabezas, donde todo el personal es del SAT.
SRA. PÉREZ SUÁREZ Hago esta pregunta porque en un debate sobre lo que percibía la producción de Georgina, surgió que ella traía su propio equipo de maquillaje, o había gastos de maquillaje imputados, y todos saben que el canal tiene maquilladores de sobrada experiencia y antigüedad. Hasta me pareció una ironía que se escandalizara sobre la situación en que estaba el Museo Histórico Nacional, justamente por ese programa.
SR. ARRECEYGOR Es una batalla continua nuestra, porque por un problema de desfinanciación, y por un problema que no sabemos cuál es, durante mucho tiempo en el canal del Estado había coproducciones, porque las producciones traían la idea y el talento artístico y nosotros poníamos lo que llamamos "los fierros", y después los ingresos por publicidad se distribuía mitad y mitad, o mediante contratos que nunca conocimos.
En esta etapa se está haciendo mucha producción propia. Si hay programas que toda la vida hicimos nosotros y se dejan de hacer, objetivamente disminuye nuestro trabajo y lo podemos demostrar científicamente con horas y operaciones. Además con el riesgo de que como nuestra personería y nuestro convenio son nacionales, se propague este uso y costumbre a todos los canales de televisión, lo que significaría más pérdida de fuentes de trabajo.
A esto se debe la firmeza de nuestra lucha en este sentido.
Con respecto a la censura, realmente no tenemos ninguna constancia de ella. Para nosotros, el tema se refiere al convenio colectivo y su defensa. No tenemos constancia de que el canal haya hecho un acto de censura.
En cuanto a las fuentes de trabajo, el canal tiene cuatro noticieros diarios, y los domingos tiene uno, que lo hace el mismo personal que hubiera hecho "Edición 7 Dominical", es decir que ellos ya están citados los días sábados y domingos, cobran extra y tienen el trabajo.
No sé cuál es la situación de los periodistas que hacen cámara...
En esta etapa se está haciendo mucha producción propia. Si hay programas que toda la vida hicimos nosotros y se dejan de hacer, objetivamente disminuye nuestro trabajo y lo podemos demostrar científicamente con horas y operaciones. Además con el riesgo de que como nuestra personería y nuestro convenio son nacionales, se propague este uso y costumbre a todos los canales de televisión, lo que significaría más pérdida de fuentes de trabajo.
A esto se debe la firmeza de nuestra lucha en este sentido.
Con respecto a la censura, realmente no tenemos ninguna constancia de ella. Para nosotros, el tema se refiere al convenio colectivo y su defensa. No tenemos constancia de que el canal haya hecho un acto de censura.
En cuanto a las fuentes de trabajo, el canal tiene cuatro noticieros diarios, y los domingos tiene uno, que lo hace el mismo personal que hubiera hecho "Edición 7 Dominical", es decir que ellos ya están citados los días sábados y domingos, cobran extra y tienen el trabajo.
No sé cuál es la situación de los periodistas que hacen cámara...
SRA. PÉREZ SUÁREZ Están cobrando, pero temen que en algún momento dejen de cobrar.
SR. RUIZ Nosotros no gestionamos la empresa, pero concretamente no conozco cuál es la situación de los cinco periodistas. Uno de ellos conduce otro programa, y los otros cuatro...
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ ¿Los otros programas por qué no tienen conflictos?
SR. RUIZ Porque el productor es periodista. Por ejemplo, la salida al aire la hacían un redactor, un jefe de noticias y un jefe de redacción, pero lo normal y habitual es que la hagan los trabajadores del SAT. Esto constituía una especie invasión de terreno que había sido decidida por la empresa.
Seguramente, en esta cuestión de la representación de los intereses gremiales esto es bastante parecido a lo que pasa con la UOM y SMATA: hay presiones por ocupar espacios. La verdad es que esto se puede corroborar pidiendo la programación de todos los canales. Históricamente, en la programación de Canal 7 los roles siempre fueron cumplidos por nosotros.
Seguramente, en esta cuestión de la representación de los intereses gremiales esto es bastante parecido a lo que pasa con la UOM y SMATA: hay presiones por ocupar espacios. La verdad es que esto se puede corroborar pidiendo la programación de todos los canales. Históricamente, en la programación de Canal 7 los roles siempre fueron cumplidos por nosotros.
SRA. PÉREZ SUÁREZ De todas maneras, si se hace un pedido de informes, que se explique por qué no salió. No estamos diciendo que se vuelva a poner en funciones o que se abstengan de reemplazar. Estamos haciendo un pedido de informes.
SR. RUIZ Pero la Secretaría de Medios tiene que responder ese pedido de informes.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ Ocurre que había otros pedidos previos al suyo, señora diputada.
SRA. PÉREZ SUÁREZ ¿Cuáles?
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ El del señor diputado Basteiro.
SRA. PÉREZ SUÁREZ Pero el del señor diputado Basteiro solicita al Poder Ejecutivo que se exhorte al interventor del Sistema Nacional de Medios Públicos, Ricardo Palacios, a levantar en forma inmediata la prohibición expresa que pesa sobre el noticiero "Visión 7 Edición Especial Domingo", que impide su normal salida al aire desde hace cuatro semanas en su horario habitual de las 22 y 15, lo que constituye un acto de censura y limitación a la libertad de prensa.
El otro proyecto, también del señor diputado Ariel Basteiro, declara profunda preocupación y el más enérgico rechazo por los actos de censura y limitación a las libertades de prensa puestos de manifiesto por el interventor del Sistema Nacional de Medios Públicos, Ricardo Palacios, al no permitir la normal salida al aire desde hace cuatro semanas en su horario habitual de las 22 y 15 del noticiero "Visión 7 Edición Especial Domingo".
Quien habla, a través de un pedido de informes al Poder Ejecutivo, solicita que a través del organismo que corresponda se informen las razones por las cuales se suspendió este programa.
El otro proyecto, también del señor diputado Ariel Basteiro, declara profunda preocupación y el más enérgico rechazo por los actos de censura y limitación a las libertades de prensa puestos de manifiesto por el interventor del Sistema Nacional de Medios Públicos, Ricardo Palacios, al no permitir la normal salida al aire desde hace cuatro semanas en su horario habitual de las 22 y 15 del noticiero "Visión 7 Edición Especial Domingo".
Quien habla, a través de un pedido de informes al Poder Ejecutivo, solicita que a través del organismo que corresponda se informen las razones por las cuales se suspendió este programa.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ Tengo el original y lo he leído, señora diputada.
Atento a la reunión que hace un tiempo dimos a UTBA, entre todos los legisladores acordamos dar la misma oportunidad al SAT para tener un panorama más claro previo a la reunión de asesores que analizará este tema, que es lo que hemos hecho hoy.
Creo que la presencia de nuestros invitados ha sido aclaratoria. Lo demás lo resolveremos nosotros, colocando esta cuestión en el temario de la próxima reunión de legisladores de la comisión. Con la prórroga del período de sesiones ordinarias podremos hacerlo.
Les pediría que así como el otro gremio dejó documentación escrita y otros elementos que no fueron parte de la exposición, nos hagan llegar una carpeta para que la semana próxima los asesores puedan estudiarla.
Atento a la reunión que hace un tiempo dimos a UTBA, entre todos los legisladores acordamos dar la misma oportunidad al SAT para tener un panorama más claro previo a la reunión de asesores que analizará este tema, que es lo que hemos hecho hoy.
Creo que la presencia de nuestros invitados ha sido aclaratoria. Lo demás lo resolveremos nosotros, colocando esta cuestión en el temario de la próxima reunión de legisladores de la comisión. Con la prórroga del período de sesiones ordinarias podremos hacerlo.
Les pediría que así como el otro gremio dejó documentación escrita y otros elementos que no fueron parte de la exposición, nos hagan llegar una carpeta para que la semana próxima los asesores puedan estudiarla.
SR. ARRECEYGOR Quiero aclarar que en el listado del grupo que iba a concurrir se incluyó por error al doctor Damián Loretti, quien nos asesora en materia de ley de radiodifusión, no en materia laboral, cuestión en la que nuestro asesor es el doctor Marín.
SR. PRESIDENTE AMSTUTZ No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
- Es la hora 14 y 37.