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LIBERTAD DE EXPRESION
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Jueves 10.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2167 Internos 2135/2139/2167
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- COMUNICACIONES E INFORMATICA
- LIBERTAD DE EXPRESION
Reunión del día 19/08/2010
- REUNIÓN CONJUNTA SOBRE PAPEL PRENSA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de agosto de 2010, a la hora 12 y 43:
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Damos comienzo a la tercera jornada del plenario de las comisiones de Libertad de Expresión y de Comunicaciones e Informática.
Continuamos tratando los distintos proyectos que han sido presentados por las diferentes bancadas en relación con el tema de la publicidad oficial.
En la reunión del día de hoy recibiremos los aportes de las distintas organizaciones, que tenemos anotadas en un listado tentativo. Hemos establecido un orden y acordado un tiempo para cada exposición, lo cual no implica que si después necesitamos profundizar en algún tema lo abordemos en una segunda ronda.
Hemos acordado con la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la señora diputada Giudici, que cada una de las entidades cuente con cinco minutos para realizar su exposición. De este modo, contaremos con un tiempo para formular las preguntas.
El señor secretario de la comisión comenzará a dar la palabra a los representantes de las distintas entidades, según el listado.
Continuamos tratando los distintos proyectos que han sido presentados por las diferentes bancadas en relación con el tema de la publicidad oficial.
En la reunión del día de hoy recibiremos los aportes de las distintas organizaciones, que tenemos anotadas en un listado tentativo. Hemos establecido un orden y acordado un tiempo para cada exposición, lo cual no implica que si después necesitamos profundizar en algún tema lo abordemos en una segunda ronda.
Hemos acordado con la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la señora diputada Giudici, que cada una de las entidades cuente con cinco minutos para realizar su exposición. De este modo, contaremos con un tiempo para formular las preguntas.
El señor secretario de la comisión comenzará a dar la palabra a los representantes de las distintas entidades, según el listado.
SR. SECRETARIO La primera entidad que realizará su exposición es ADIRA, que es la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina.
SR. CUELLO Mi nombre es Fernando Cuello, y soy Secretario de ADIRA. Se trata de una cámara empresaria que nuclea a todos los diarios que se editan fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta no es la primera vez que concurro a esta comisión. Como siempre, agradecemos que se recabe nuestro criterio o experiencia en este tema tan difícil. Personalmente integro esta cámara hace más de veinte años, y son innumerables los expedientes y reclamos que se han efectuado en su momento.
Para no hacer historia antigua, dividimos el país a partir de la reinstauración de la democracia en 1983. Desde ese momento y hasta la fecha son innumerables las situaciones que hemos tenido en relación con la demanda de socios por la cuestión inherente a la discriminación publicitaria.
Me parece importante señalar tres aspectos liminares en esta cuestión. Entiendo que el hecho de trabajar sobre el punto referente al otorgamiento de la publicidad oficial debería tener como objetivo evitar que el poder político financie un medio de comunicación o que, por el contrario, aparezcan medios editados al solo efecto de usufructuar la publicidad oficial que les pueda corresponder.
A su vez, la ley que finalmente se sancione tendrá que asegurar los contenidos de la racionalidad que demanda todo gasto público. En otras palabras, entiendo que la ley no podrá contradecir los criterios de racionalidad que tiene toda partida presupuestaria pública. Ahora voy a puntualizar este aspecto.
También, ciertamente, se debe asegurar la pluralidad informativa. Esta última es libertad, es democracia, es república; todos abogamos por eso.
Por lo tanto, obviamente estamos sumamente interesados en este proyecto. Nosotros vamos a señalar objeciones con la iniciativa de legislar en esta materia. En realidad tenemos algunas dudas -es lo que queremos señalar- y a veces no tenemos la solución adecuada, por lo que trataremos de aportarla en la medida de nuestras posibilidades.
Atento al escaso tiempo del que dispongo, voy a tratar de ser sintético. En general nosotros estamos de acuerdo con los proyectos de la señora diputada Giudici y del señor diputado Pinedo, que básicamente establecen el criterio de contralor sobre la asignación de las partidas presupuestarias de publicidad oficial. Tenemos objeciones respecto de la forma en que los proyectos plantean la ponderación de los medios a los que esa publicidad debe cursarse.
Además, el Poder Judicial ha avanzado mucho en esto. Hay un fallo de la Corte en relación con el tema de Río Negro. También hay jueces de primera instancia de distintos distritos que ya están aplicando criterios, que están haciendo lugar a acciones de amparo y que están utilizando ecuaciones que me parece que son injustas. Por ejemplo, dicen lo siguiente: "A falta de un criterio al respecto, aplicamos el 60 por ciento de la publicidad para el diario 'A' y el 40 por ciento para el diario 'B'." Entendemos que esto no resulta criterioso; en algunos casos puede serlo, pero en otros no. Por ejemplo, el diario "A" tiene una determinada circulación, una tarifa que tiene un cierto costo por contacto y la presencia de todos los avisadores privados. Y el diario "B" tiene una tirada equivalente a la décima parte de la que tiene el diario "A", que no tiene el concurso de los avisadores privados y que se vería beneficiado con el 40 por ciento de la pauta de la publicidad oficial.
En este caso extremo -razonamos por el absurdo para que sea más claro- la solución no sería equitativa ni racional respecto de la asignación del recurso público, porque finalmente no estaríamos comunicando adecuadamente la gestión de gobierno que queremos transmitir.
Por lo tanto, el sistema proporcional no asegura la equidad.
Hay otro criterio de análisis tarifario que algunos proyectos establecen, que también es complejo de llevar a la práctica. Los diarios tienen aproximadamente 25 a 30 tarifas cada uno, sin perjuicio de los netos y los descuentos para anunciantes privados.
En cuanto al tema de la ponderación de los medios, no existe instituto que tenga una ponderación absoluta de todos los medios del país. El Instituto Verificador de Circulación -al que no todos los diarios están adheridos y tampoco los de internet- no está en condiciones de ofrecer un criterio objetivo de ponderación de la circulación de los medios.
Otro problema adicional es que sobre los diarios gratuitos no hay manera de ponderar la circulación, porque uno de los mecanismos es justamente el análisis contable de las ventas, por lo que en el caso de los diarios gratuitos no se puede verificar su circulación.
En relación con los diarios por internet, si creemos que lo que hay que comunicar es una acción de gobierno que tiene que llegar a la opinión pública de una determinada localidad, no podemos dejar de tener presente que un diario por internet de una determinada ciudad puede tener setenta mil visitas autónomas, de las cuales sesenta mil a lo mejor son de fuera del país, con lo cual no estaría asegurado que el acto de gobierno, publicitado en internet, llegue a la comunidad correspondiente.
Otra objeción que nuestra entidad marca es respecto del tiempo de duración. Existen dos proyectos que se refieren a que el medio tiene que tener un tiempo de permanencia de aproximadamente un año. Nosotros creemos que, si se debe asegurar la independencia absoluta del medio con la gestión de gobierno, ese lapso tendría que ser mayor y por lo menos debe hablarse del equivalente a un período de ejercicio ejecutivo, es decir un mínimo de cuatro años.
Por otra parte, hay un proyecto de ponderación que señala un buen camino, pues tiende a regular el porcentual en la posibilidad de obtención de publicidad oficial respecto de la privada, lo cual demostraría que ese medio no se sustenta de la publicidad oficial, sino que cuenta con ella, pero se abastece también de la privada y de su precio de tapa.
Hay otros aportes para hacer, por ejemplo, para determinar la actividad del medio, estableciendo la cantidad de aportes patronales de ese medio, lo que daría una idea de la cantidad de personal que ocupa y así considerar la envergadura del medio.
Por su parte, sabemos que los balances tienen que ser públicos. De estos surgen con facilidad los porcentajes o los montos de facturación y de aportes patronales.
Finalmente, y en homenaje al tiempo, solamente quería decir que en los distintos proyectos hay iniciativas tendientes a someter la venta de la publicidad a compulsa o licitación pública, lo que nos parece un trámite excesivamente engorroso, burocrático y difícil de concretar al momento de decidir la pauta publicitaria. Considero que, siendo una cuestión presupuestaria, una vez aprobadas las partidas, someter luego la pauta publicitaria a licitación en cada ciudad o pueblo sería difícil de concretar, sin perjuicio de entender que en el ejemplo inicial que dije, los diarios A y B nunca tendrán la misma tarifa, porque pueden no tener la misma circulación.
Dejo estos criterios a los efectos de someterlos a la elevada consideración de los señores diputados en los estudios que tendrán que realizar.
Esta no es la primera vez que concurro a esta comisión. Como siempre, agradecemos que se recabe nuestro criterio o experiencia en este tema tan difícil. Personalmente integro esta cámara hace más de veinte años, y son innumerables los expedientes y reclamos que se han efectuado en su momento.
Para no hacer historia antigua, dividimos el país a partir de la reinstauración de la democracia en 1983. Desde ese momento y hasta la fecha son innumerables las situaciones que hemos tenido en relación con la demanda de socios por la cuestión inherente a la discriminación publicitaria.
Me parece importante señalar tres aspectos liminares en esta cuestión. Entiendo que el hecho de trabajar sobre el punto referente al otorgamiento de la publicidad oficial debería tener como objetivo evitar que el poder político financie un medio de comunicación o que, por el contrario, aparezcan medios editados al solo efecto de usufructuar la publicidad oficial que les pueda corresponder.
A su vez, la ley que finalmente se sancione tendrá que asegurar los contenidos de la racionalidad que demanda todo gasto público. En otras palabras, entiendo que la ley no podrá contradecir los criterios de racionalidad que tiene toda partida presupuestaria pública. Ahora voy a puntualizar este aspecto.
También, ciertamente, se debe asegurar la pluralidad informativa. Esta última es libertad, es democracia, es república; todos abogamos por eso.
Por lo tanto, obviamente estamos sumamente interesados en este proyecto. Nosotros vamos a señalar objeciones con la iniciativa de legislar en esta materia. En realidad tenemos algunas dudas -es lo que queremos señalar- y a veces no tenemos la solución adecuada, por lo que trataremos de aportarla en la medida de nuestras posibilidades.
Atento al escaso tiempo del que dispongo, voy a tratar de ser sintético. En general nosotros estamos de acuerdo con los proyectos de la señora diputada Giudici y del señor diputado Pinedo, que básicamente establecen el criterio de contralor sobre la asignación de las partidas presupuestarias de publicidad oficial. Tenemos objeciones respecto de la forma en que los proyectos plantean la ponderación de los medios a los que esa publicidad debe cursarse.
Además, el Poder Judicial ha avanzado mucho en esto. Hay un fallo de la Corte en relación con el tema de Río Negro. También hay jueces de primera instancia de distintos distritos que ya están aplicando criterios, que están haciendo lugar a acciones de amparo y que están utilizando ecuaciones que me parece que son injustas. Por ejemplo, dicen lo siguiente: "A falta de un criterio al respecto, aplicamos el 60 por ciento de la publicidad para el diario 'A' y el 40 por ciento para el diario 'B'." Entendemos que esto no resulta criterioso; en algunos casos puede serlo, pero en otros no. Por ejemplo, el diario "A" tiene una determinada circulación, una tarifa que tiene un cierto costo por contacto y la presencia de todos los avisadores privados. Y el diario "B" tiene una tirada equivalente a la décima parte de la que tiene el diario "A", que no tiene el concurso de los avisadores privados y que se vería beneficiado con el 40 por ciento de la pauta de la publicidad oficial.
En este caso extremo -razonamos por el absurdo para que sea más claro- la solución no sería equitativa ni racional respecto de la asignación del recurso público, porque finalmente no estaríamos comunicando adecuadamente la gestión de gobierno que queremos transmitir.
Por lo tanto, el sistema proporcional no asegura la equidad.
Hay otro criterio de análisis tarifario que algunos proyectos establecen, que también es complejo de llevar a la práctica. Los diarios tienen aproximadamente 25 a 30 tarifas cada uno, sin perjuicio de los netos y los descuentos para anunciantes privados.
En cuanto al tema de la ponderación de los medios, no existe instituto que tenga una ponderación absoluta de todos los medios del país. El Instituto Verificador de Circulación -al que no todos los diarios están adheridos y tampoco los de internet- no está en condiciones de ofrecer un criterio objetivo de ponderación de la circulación de los medios.
Otro problema adicional es que sobre los diarios gratuitos no hay manera de ponderar la circulación, porque uno de los mecanismos es justamente el análisis contable de las ventas, por lo que en el caso de los diarios gratuitos no se puede verificar su circulación.
En relación con los diarios por internet, si creemos que lo que hay que comunicar es una acción de gobierno que tiene que llegar a la opinión pública de una determinada localidad, no podemos dejar de tener presente que un diario por internet de una determinada ciudad puede tener setenta mil visitas autónomas, de las cuales sesenta mil a lo mejor son de fuera del país, con lo cual no estaría asegurado que el acto de gobierno, publicitado en internet, llegue a la comunidad correspondiente.
Otra objeción que nuestra entidad marca es respecto del tiempo de duración. Existen dos proyectos que se refieren a que el medio tiene que tener un tiempo de permanencia de aproximadamente un año. Nosotros creemos que, si se debe asegurar la independencia absoluta del medio con la gestión de gobierno, ese lapso tendría que ser mayor y por lo menos debe hablarse del equivalente a un período de ejercicio ejecutivo, es decir un mínimo de cuatro años.
Por otra parte, hay un proyecto de ponderación que señala un buen camino, pues tiende a regular el porcentual en la posibilidad de obtención de publicidad oficial respecto de la privada, lo cual demostraría que ese medio no se sustenta de la publicidad oficial, sino que cuenta con ella, pero se abastece también de la privada y de su precio de tapa.
Hay otros aportes para hacer, por ejemplo, para determinar la actividad del medio, estableciendo la cantidad de aportes patronales de ese medio, lo que daría una idea de la cantidad de personal que ocupa y así considerar la envergadura del medio.
Por su parte, sabemos que los balances tienen que ser públicos. De estos surgen con facilidad los porcentajes o los montos de facturación y de aportes patronales.
Finalmente, y en homenaje al tiempo, solamente quería decir que en los distintos proyectos hay iniciativas tendientes a someter la venta de la publicidad a compulsa o licitación pública, lo que nos parece un trámite excesivamente engorroso, burocrático y difícil de concretar al momento de decidir la pauta publicitaria. Considero que, siendo una cuestión presupuestaria, una vez aprobadas las partidas, someter luego la pauta publicitaria a licitación en cada ciudad o pueblo sería difícil de concretar, sin perjuicio de entender que en el ejemplo inicial que dije, los diarios A y B nunca tendrán la misma tarifa, porque pueden no tener la misma circulación.
Dejo estos criterios a los efectos de someterlos a la elevada consideración de los señores diputados en los estudios que tendrán que realizar.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Seguramente todos ustedes han traído un trabajo escrito, por lo que el tiempo no va a ser una limitante para formular sus consideraciones.
Tiene la palabra el representante de Poder Ciudadano, Hernán Charosky.
Tiene la palabra el representante de Poder Ciudadano, Hernán Charosky.
SR. CHAROSKY Haré mención a tres puntos. El primero es sobre los incentivos que los señores legisladores tienen para lograr un consenso sobre esta regulación. El segundo punto tiene que ver con el impacto de la regulación en temas relacionados con la equidad y la competencia electoral y política. Y, en tercer lugar, formularé algunas consideraciones sobre la transparencia del sistema.
En cuanto a la necesidad de consenso, en la primera lectura uno pensaría que existen claros incentivos siempre para que las oposiciones busquen regular este tipo de cuestiones y los oficialismos busquen evitarlo, pero justamente el hecho de que en democracia oficialismo y oposición se alternan, es una buena razón para buscar reglas de juego claras que se apliquen a futuro, no solamente en un sentido temporal, sino también en el sentido distrital, dado que uno y otro se intercambian a niveles provinciales. La sugerencia en este punto es tratar de tener un acuerdo político amplio e invitar a las provincias a tomar normativas en el mismo sentido, cuando se sancione esta ley. Así estarán todos los grupos políticos representados a nivel nacional y subnacional en condiciones similares y se generarán incentivos para que oficialismos y oposiciones a nivel nacional y provincial tengan los mismos incentivos para contar con reglas de juego claras. Hay suficientes motivos para evitar los incentivos coyunturales a la mayor discrecionalidad de parte de los oficialismos y al mayor control de parte de las oposiciones.
En segundo lugar, desde los diversos ángulos que tiene este tema, quiero hacer hincapié en el impacto de la competencia electoral en el juego limpio político. Durante 2007 el gasto en publicidad oficial nacional se calculó en unos 300 millones de pesos, mientras que en la campaña electoral entre las cinco principales candidaturas se gastaron unos 400 millones de pesos. Si bien son cifras que no se pueden comparar directamente, hay cierta desproporción en la capacidad de competir entre unos y otros que hace necesario reducir esa asimetría. Aunque no son cantidades directamente conmensurables, constituyen ventajas para el oficialismo que necesitan ser controladas.
Si pensamos en el gasto a nivel nacional en 2009, veremos que en el mes de las elecciones el gasto casi cuadriplicó al de noviembre, por lo que notamos nuevamente que la publicidad oficial en épocas electorales tiene un impacto directo y es una herramienta que tiene consecuencias muy grandes en cuanto a la equidad electoral.
Por ese motivo, vemos que en algunos proyectos están considerados ciertos puntos, pero tienen que ser especialmente claros en cuanto a la necesidad de la planificación del gasto y su publicidad, a fin de neutralizar cualquier posibilidad de uso coyuntural electoral. Me refiero a la posibilidad de establecer cierto tipo de reducciones, inclusive vedas o topes al gasto de la publicidad oficial, sobre todo en los períodos electorales.
En Brasil se produjo una cuestión a partir de que existe un tope en relación con el año electoral, que es el promedio del gasto de los tres años no electorales. Hubo una discusión pública, tanto a nivel nacional como en el Estado de San Pablo, en cuanto a cómo los respectivos gobiernos, que son oficialismo y oposición alternados -es decir, PT y PSDB, a nivel estadual y a nivel nacional-, habían superado lo que establecía la ley federal y la ley estadual en cuanto a los topes de la publicidad oficial en un año electoral.
Esto es especialmente importante en vista de la situación en la que nos deja la reforma política del año pasado. Una medida que puede ser muy positiva, como la exclusiva compra de espacios publicitarios televisivos a cargo del Estado para distribuir entre los partidos políticos, puede ver amenazada la simetría del oficialismo y la oposición si no existe un control, un tope o inclusive una veda de nuevas compras publicitarias en el período electoral.
Inclusive uno podría pensar que el Congreso efectivamente asegure lo que se llama "el poder de la billetera" y que se estipule que el Poder Ejecutivo requiera una autorización legislativa para pasar de cierto gasto.
Otro tema importante y que hemos marcado con los compañeros de ADC a nivel de la ciudad de Buenos Aires, es un problema que aqueja tanto a nivel nacional como a nivel local y en distintos distritos provinciales. Me refiero a independizar la imagen corporativa de la comunicación oficial de las partidarias, para que no se aprovechen políticamente, sobre todo en períodos electorales.
Más allá de las consideraciones que se realicen sobre los criterios de distribución y sobre su regulación -que es una discusión larga y compleja-, lo único que solicitamos es que el criterio de distribución que se elija pueda ser verificado por la ciudadanía y controlado institucionalmente. Se trata de criterios de transparencia.
Creemos en todo lo vinculado con la transparencia en cuanto al registro de los proveedores y a la ejecución del gasto. Por ejemplo, durante este año hubo ciertas dificultades para obtener información de la Jefatura de Gabinete en relación con el gasto efectivo en publicidad.
En un primer momento hubo contestaciones que referían a que esa información no se iba a brindar porque constituía datos personales. Sin embargo, posteriormente, la Jefatura de Gabinete colocó información parcializada en su página Web. La información no es clara y no tenemos una visión total sobre cuál fue el modo de ejecución del gasto en publicidad oficial de 2009. Es fundamental que la ley que se sancione tenga en cuenta una clara publicidad en tiempo, que sea amigable y de fácil acceso en relación con la ejecución del gasto presupuestario. Asimismo, también lo es la auditoría de ese gasto presupuestario, tanto en cuanto al cumplimiento de las contrataciones y de la efectiva publicidad, como respecto de los efectos de política pública que tiene la contratación de un espacio publicitario.
En resumen, creo que existen suficientes incentivos para que los legisladores piensen en el largo plazo, es decir, que piensen que hoy pueden ser oficialismo y mañana pueden ser oposición, y los que hoy son oposición mañana pueden ser oficialismo. Por ello, hacen falta reglas de largo plazo. Tienen incentivos, sobre todo si invitan a las provincias a incorporar una legislación análoga. Creo que las próximas elecciones y las que continúen se beneficiarán mucho. Asimismo se beneficiará la convivencia política en cuanto a la reducción de las asimetrías que tiene cualquier oficialismo a nivel nacional o subnacional por no tener una regulación. La regulación y la transparencia van a mejorar la convivencia política, y por eso apoyamos este punto.
En cuanto a la necesidad de consenso, en la primera lectura uno pensaría que existen claros incentivos siempre para que las oposiciones busquen regular este tipo de cuestiones y los oficialismos busquen evitarlo, pero justamente el hecho de que en democracia oficialismo y oposición se alternan, es una buena razón para buscar reglas de juego claras que se apliquen a futuro, no solamente en un sentido temporal, sino también en el sentido distrital, dado que uno y otro se intercambian a niveles provinciales. La sugerencia en este punto es tratar de tener un acuerdo político amplio e invitar a las provincias a tomar normativas en el mismo sentido, cuando se sancione esta ley. Así estarán todos los grupos políticos representados a nivel nacional y subnacional en condiciones similares y se generarán incentivos para que oficialismos y oposiciones a nivel nacional y provincial tengan los mismos incentivos para contar con reglas de juego claras. Hay suficientes motivos para evitar los incentivos coyunturales a la mayor discrecionalidad de parte de los oficialismos y al mayor control de parte de las oposiciones.
En segundo lugar, desde los diversos ángulos que tiene este tema, quiero hacer hincapié en el impacto de la competencia electoral en el juego limpio político. Durante 2007 el gasto en publicidad oficial nacional se calculó en unos 300 millones de pesos, mientras que en la campaña electoral entre las cinco principales candidaturas se gastaron unos 400 millones de pesos. Si bien son cifras que no se pueden comparar directamente, hay cierta desproporción en la capacidad de competir entre unos y otros que hace necesario reducir esa asimetría. Aunque no son cantidades directamente conmensurables, constituyen ventajas para el oficialismo que necesitan ser controladas.
Si pensamos en el gasto a nivel nacional en 2009, veremos que en el mes de las elecciones el gasto casi cuadriplicó al de noviembre, por lo que notamos nuevamente que la publicidad oficial en épocas electorales tiene un impacto directo y es una herramienta que tiene consecuencias muy grandes en cuanto a la equidad electoral.
Por ese motivo, vemos que en algunos proyectos están considerados ciertos puntos, pero tienen que ser especialmente claros en cuanto a la necesidad de la planificación del gasto y su publicidad, a fin de neutralizar cualquier posibilidad de uso coyuntural electoral. Me refiero a la posibilidad de establecer cierto tipo de reducciones, inclusive vedas o topes al gasto de la publicidad oficial, sobre todo en los períodos electorales.
En Brasil se produjo una cuestión a partir de que existe un tope en relación con el año electoral, que es el promedio del gasto de los tres años no electorales. Hubo una discusión pública, tanto a nivel nacional como en el Estado de San Pablo, en cuanto a cómo los respectivos gobiernos, que son oficialismo y oposición alternados -es decir, PT y PSDB, a nivel estadual y a nivel nacional-, habían superado lo que establecía la ley federal y la ley estadual en cuanto a los topes de la publicidad oficial en un año electoral.
Esto es especialmente importante en vista de la situación en la que nos deja la reforma política del año pasado. Una medida que puede ser muy positiva, como la exclusiva compra de espacios publicitarios televisivos a cargo del Estado para distribuir entre los partidos políticos, puede ver amenazada la simetría del oficialismo y la oposición si no existe un control, un tope o inclusive una veda de nuevas compras publicitarias en el período electoral.
Inclusive uno podría pensar que el Congreso efectivamente asegure lo que se llama "el poder de la billetera" y que se estipule que el Poder Ejecutivo requiera una autorización legislativa para pasar de cierto gasto.
Otro tema importante y que hemos marcado con los compañeros de ADC a nivel de la ciudad de Buenos Aires, es un problema que aqueja tanto a nivel nacional como a nivel local y en distintos distritos provinciales. Me refiero a independizar la imagen corporativa de la comunicación oficial de las partidarias, para que no se aprovechen políticamente, sobre todo en períodos electorales.
Más allá de las consideraciones que se realicen sobre los criterios de distribución y sobre su regulación -que es una discusión larga y compleja-, lo único que solicitamos es que el criterio de distribución que se elija pueda ser verificado por la ciudadanía y controlado institucionalmente. Se trata de criterios de transparencia.
Creemos en todo lo vinculado con la transparencia en cuanto al registro de los proveedores y a la ejecución del gasto. Por ejemplo, durante este año hubo ciertas dificultades para obtener información de la Jefatura de Gabinete en relación con el gasto efectivo en publicidad.
En un primer momento hubo contestaciones que referían a que esa información no se iba a brindar porque constituía datos personales. Sin embargo, posteriormente, la Jefatura de Gabinete colocó información parcializada en su página Web. La información no es clara y no tenemos una visión total sobre cuál fue el modo de ejecución del gasto en publicidad oficial de 2009. Es fundamental que la ley que se sancione tenga en cuenta una clara publicidad en tiempo, que sea amigable y de fácil acceso en relación con la ejecución del gasto presupuestario. Asimismo, también lo es la auditoría de ese gasto presupuestario, tanto en cuanto al cumplimiento de las contrataciones y de la efectiva publicidad, como respecto de los efectos de política pública que tiene la contratación de un espacio publicitario.
En resumen, creo que existen suficientes incentivos para que los legisladores piensen en el largo plazo, es decir, que piensen que hoy pueden ser oficialismo y mañana pueden ser oposición, y los que hoy son oposición mañana pueden ser oficialismo. Por ello, hacen falta reglas de largo plazo. Tienen incentivos, sobre todo si invitan a las provincias a incorporar una legislación análoga. Creo que las próximas elecciones y las que continúen se beneficiarán mucho. Asimismo se beneficiará la convivencia política en cuanto a la reducción de las asimetrías que tiene cualquier oficialismo a nivel nacional o subnacional por no tener una regulación. La regulación y la transparencia van a mejorar la convivencia política, y por eso apoyamos este punto.
SR. SECRETARIO Tiene la palabra el señor Rodolfo Barros, por FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino.
SR. BARROS Señora presidenta: muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rodolfo Barros y soy miembro de la Comisión Directiva del FOPEA, que es un organismo integrado por 300 periodistas de todo el país y de todo el espectro ideológico, razón por la cual nos resulta bastante difícil arribar a consensos fuertes y extendidos en temas como el de la publicidad oficial.
Lo que sí tenemos en claro es que en 2005 nosotros presentamos una encuesta referida a los principales problemas del ejercicio de la profesión. De esa encuesta, que abarcó a 400 periodistas de todo el país, surge, de acuerdo con nuestros colegas, que la asignación arbitraria de la publicidad oficial es uno de los principales problemas para el ejercicio de la profesión. Creemos que esa tendencia se ha agravado; no tenemos una encuesta para probarlo, pero próximamente vamos a hacer otra. No obstante, por los diálogos que mantenemos con nuestros colegas entendemos que eso se ha agravado y que justamente los problemas de publicidad oficial y también los de las barreras débiles existentes entre los departamentos comerciales y editoriales de los medios producen estos restos de independencia, lo que hace que entre otras cosas ocho de cada diez periodistas consultados definan al periodismo entre complaciente y condicional.
De esta manera, para ser sintéticos, vamos a presentar uno de los puntos sobre los cuales tenemos consenso y que creemos que debe contener una ley que haga que la asignación de la publicidad oficial no sea arbitraria. El director Ejecutivo de nuestra entidad, señor Andrés D'alessandro, va a comentar esto.
Lo que sí tenemos en claro es que en 2005 nosotros presentamos una encuesta referida a los principales problemas del ejercicio de la profesión. De esa encuesta, que abarcó a 400 periodistas de todo el país, surge, de acuerdo con nuestros colegas, que la asignación arbitraria de la publicidad oficial es uno de los principales problemas para el ejercicio de la profesión. Creemos que esa tendencia se ha agravado; no tenemos una encuesta para probarlo, pero próximamente vamos a hacer otra. No obstante, por los diálogos que mantenemos con nuestros colegas entendemos que eso se ha agravado y que justamente los problemas de publicidad oficial y también los de las barreras débiles existentes entre los departamentos comerciales y editoriales de los medios producen estos restos de independencia, lo que hace que entre otras cosas ocho de cada diez periodistas consultados definan al periodismo entre complaciente y condicional.
De esta manera, para ser sintéticos, vamos a presentar uno de los puntos sobre los cuales tenemos consenso y que creemos que debe contener una ley que haga que la asignación de la publicidad oficial no sea arbitraria. El director Ejecutivo de nuestra entidad, señor Andrés D'alessandro, va a comentar esto.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Tiene la palabra el señor D'alessandro.
SR. D'ALESSANDRO Señora presidenta: voy a exponer brevemente algunos criterios que consideramos que deberían tenerse en cuenta en la asignación de la publicidad oficial.
Respecto del tema de la cobertura -por supuesto que después vamos a acercar nuestra posición por escrito a fin de poder exponerla en forma más ampliada-, la cuestión del reconocimiento con un mayor puntaje -si es que se establece algún tipo de puntaje- y los emprendimientos periodísticos que se desempeñen en lugares donde su presencia es central para la construcción de soberanía y de entidad de ciudadanía.
En cuanto a la función social de los medios, proponemos que sean reconocidos también con un mayor puntaje aquellos que por pequeños que sean ayuden a incrementar la pluralidad de voces. Adicionalmente a esto el Estado debe desarrollar políticas públicas para el fomento y desarrollo de nuevos medios que garanticen la pluralidad del sistema.
En relación con los niveles de audiencia -tema que también es central en cuanto a criterios-, el peso específico de un medio o programa periodístico en cuanto a la cantidad de audiencia que lo sigue de acuerdo con el número de población de ese lugar es uno de los elementos considerados a la hora de distribuir la publicidad oficial. Sin embargo, este elemento no debe ser excluyente y debería tener algún tipo de tope por grupo de medios para no favorecer la concentración.
Respecto de la transparencia de la propiedad, obviamente que esto también es una ventaja para la adjudicación de la pauta oficial. Los ciudadanos deben conocer la verdadera propiedad de los medios y por eso las empresas periodísticas que transparenten lo máximo posible quiénes son sus accionistas podrían ser más favorecidas con el tema de la pauta. Lo mismo sucedería con las compañías que tengan prácticas de responsabilidad empresaria demostrable en beneficio de la sociedad.
En cuanto a las obligaciones legales, toda empresa de medios que desee recibir publicidad oficial debería tener a sus trabajadores en relación de dependencia, como así también cumplir con todas las obligaciones fiscales y previsionales y con la normativa laboral correspondiente al desempeño periodístico. Las compañías de emprendimientos mediáticos deberán pagar a sus periodistas de acuerdo con la labor central que ellos desempeñen. Para ello las empresas que deseen ser destinatarias de publicidad oficial deberán abonar a sus empleados un sueldo que, como mínimo, supere el valor de la canasta familiar total, de acuerdo con los parámetros de cada región del país.
También quiero referirme a la ubicación que debería tener el cuerpo de control o el organismo de adjudicación. Todavía no lo tenemos del todo claro, pero creo que una primera propuesta que apareció en nuestro debate interno es en el sentido de que haya un cuerpo de control autónomo que tenga preponderancia legislativa, en el que estén representadas la mayoría y las dos primeras minorías de ambas Cámaras y con un mecanismo transparente de designación de sus miembros. Reiteramos que vamos a seguir trabajando mejor sobre esto para entregar un aporte posterior.
Proponemos que se incluya un mecanismo para prohibir la posibilidad de que las empresas canjeen multas y deudas impositivas o provisionales por pauta.
Otro tema que nos parece importante es que la contratación debe ser directamente con los medios o productoras independientes y no con intermediarios o "bolseros", lo que permitirá tener mayor transparencia en la adjudicación.
Retomando lo que dijo el señor Charosky, por nuestra actividad y presencia permanente en el interior, creemos que es fundamental que se remarque que las legislaciones provinciales sigan lo que se consensúa a nivel nacional, porque el tema de la pauta es muy grave en las provincias.
Respecto del tema de la cobertura -por supuesto que después vamos a acercar nuestra posición por escrito a fin de poder exponerla en forma más ampliada-, la cuestión del reconocimiento con un mayor puntaje -si es que se establece algún tipo de puntaje- y los emprendimientos periodísticos que se desempeñen en lugares donde su presencia es central para la construcción de soberanía y de entidad de ciudadanía.
En cuanto a la función social de los medios, proponemos que sean reconocidos también con un mayor puntaje aquellos que por pequeños que sean ayuden a incrementar la pluralidad de voces. Adicionalmente a esto el Estado debe desarrollar políticas públicas para el fomento y desarrollo de nuevos medios que garanticen la pluralidad del sistema.
En relación con los niveles de audiencia -tema que también es central en cuanto a criterios-, el peso específico de un medio o programa periodístico en cuanto a la cantidad de audiencia que lo sigue de acuerdo con el número de población de ese lugar es uno de los elementos considerados a la hora de distribuir la publicidad oficial. Sin embargo, este elemento no debe ser excluyente y debería tener algún tipo de tope por grupo de medios para no favorecer la concentración.
Respecto de la transparencia de la propiedad, obviamente que esto también es una ventaja para la adjudicación de la pauta oficial. Los ciudadanos deben conocer la verdadera propiedad de los medios y por eso las empresas periodísticas que transparenten lo máximo posible quiénes son sus accionistas podrían ser más favorecidas con el tema de la pauta. Lo mismo sucedería con las compañías que tengan prácticas de responsabilidad empresaria demostrable en beneficio de la sociedad.
En cuanto a las obligaciones legales, toda empresa de medios que desee recibir publicidad oficial debería tener a sus trabajadores en relación de dependencia, como así también cumplir con todas las obligaciones fiscales y previsionales y con la normativa laboral correspondiente al desempeño periodístico. Las compañías de emprendimientos mediáticos deberán pagar a sus periodistas de acuerdo con la labor central que ellos desempeñen. Para ello las empresas que deseen ser destinatarias de publicidad oficial deberán abonar a sus empleados un sueldo que, como mínimo, supere el valor de la canasta familiar total, de acuerdo con los parámetros de cada región del país.
También quiero referirme a la ubicación que debería tener el cuerpo de control o el organismo de adjudicación. Todavía no lo tenemos del todo claro, pero creo que una primera propuesta que apareció en nuestro debate interno es en el sentido de que haya un cuerpo de control autónomo que tenga preponderancia legislativa, en el que estén representadas la mayoría y las dos primeras minorías de ambas Cámaras y con un mecanismo transparente de designación de sus miembros. Reiteramos que vamos a seguir trabajando mejor sobre esto para entregar un aporte posterior.
Proponemos que se incluya un mecanismo para prohibir la posibilidad de que las empresas canjeen multas y deudas impositivas o provisionales por pauta.
Otro tema que nos parece importante es que la contratación debe ser directamente con los medios o productoras independientes y no con intermediarios o "bolseros", lo que permitirá tener mayor transparencia en la adjudicación.
Retomando lo que dijo el señor Charosky, por nuestra actividad y presencia permanente en el interior, creemos que es fundamental que se remarque que las legislaciones provinciales sigan lo que se consensúa a nivel nacional, porque el tema de la pauta es muy grave en las provincias.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Tiene la palabra la doctora Rabinovich, directora del área de libertad de expresión de la Asociación por los Derechos Civiles.
SRA. RABINOVICH Esta Asociación ha venido muchas veces a hablar a estas comisiones porque la publicidad oficial es un tema muy importante y tiene un impacto directo en la libertad de expresión y en la calidad e independencia periodísticas, tal como explicaron los representantes de FOPEA.
Nosotros hicimos muchas investigaciones a nivel nacional, regional, provincial y en la ciudad de Buenos Aires, donde si bien existen diferencias se observa un patrón de conducta caracterizado por muchísima discrecionalidad en los funcionarios de gobierno, poca transparencia en la difusión de esos datos y en la claridad con la cual se adjudican los contratos de publicidad, lo que deriva en el uso de la pauta como un instrumento de castigo o beneficio a los medios de comunicación en función de sus líneas editoriales. Esto viola diversas normas internacionales, que están establecidas en documentos de organismos del sistema interamericano y en el pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso Río Negro.
Esta discrecionalidad o poca transparencia está sustentada por una falta de un marco normativo adecuado para regular la publicidad oficial, lo que favorece este uso excesivamente discrecional -porque obviamente alguna discreción por parte del poder administrador siempre existe- y la posibilidad de tomar acciones y decisiones arbitrarias. Una regulación democrática de la publicidad oficial debe establecer criterios que sean transparentes y equitativos con control del manejo de los fondos públicos. Asimismo, tiene que protegerse la diversidad de voces, sin castigar o beneficiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, evitando una concentración injusta o indebida de la pauta en pocos tipos de medios, garantizando la mayor diversificación para promover un ámbito plural en las comunicaciones.
Como dije antes, trabajamos mucho a nivel provincial, por lo que la discusión de la pauta oficial en el Congreso debería ser ejemplo para las provincias y municipios, aspecto sobre el cual muchos ya han empezado a debatir. Decididamente tienen que tomar el tema en sus agendas y seguir el ejemplo de lo que esperamos que sea una buena ley del Congreso.
Una ley de pauta es muy importante porque no protege solamente a los medios, a los periodistas o a la sociedad de posibles abusos de los funcionarios de turno, sino porque hemos remarcado que la arbitrariedad y la discrecionalidad en las contrataciones genera un sistema perverso por el cual muchas veces los medios son los que presionan por pauta a los funcionarios, lo cual hemos detectado muchas veces a nivel provincial.
Una adecuada ley de publicidad oficial protege a todos los individuos que forman parte de este sistema y, en definitiva, la libertad de expresión de todos. Una ley de pauta estaría en línea con otras reformas normativas importantes del Congreso, como la despenalización de las calumnias e injurias en las cuestiones de interés público y la ley de servicios de comunicación audiovisual. Esto debe complementarse necesariamente con una ley de acceso a la información pública y una discusión sobre las políticas públicas necesarias para promover la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación.
En el documento que adjuntamos se mencionan cuáles son los pronunciamientos de los organismos del sistema interamericano en cuanto a libertad de expresión y en nuestra Corte Suprema, que específicamente hablan sobre la imperiosa necesidad de regular la publicidad oficial y establecer criterios claros, transparentes y no discriminatorios para evitar y reducir la discrecionalidad y evitar arbitrariedades en la asignación de fondos. Además, se menciona la necesidad de regular la publicidad oficial en otros países, como Chile, Perú, Uruguay y México. No es un tema caprichoso de las organizaciones presentes, sino que en toda la región se verifica una preocupación sobre el impacto negativo que una arbitraria utilización de la pauta tiene en el sistema de medios y en la libertad de expresión en general.
Voy a hacer un paneo muy corto sobre los estándares de regulación que nuestra Asociación propone, que son pautas elaboradas sobre la base de algunas experiencias de legislaciones comparadas y la propia experiencia de nuestro país, señalando los problemas que detectamos y algunos estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
El primer estándar es que una ley tiene que definir claramente qué es la publicidad oficial, qué está permitido y qué no puede formar parte de ella.
En cuanto al ámbito de aplicación, debe ser amplio y abarcativo, no solamente para la administración central, sino también para entes autárquicos, empresas y sociedades con participación estatal, y organismos centralizados y descentralizados. La normativa debe regular la publicidad oficial de los poderes Legislativo y Judicial. Obviamente, en cuanto a las empresas que compiten en el mercado ofreciendo productos y servicios -por ejemplo, un banco-, existen algunas excepciones en relación con el uso propagandístico de la pauta.
En cuanto a la utilidad pública, la pauta oficial se funda en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno en el sentido de que debe servir para garantizar el derecho a la información de la población. Es decir, las publicidades oficiales tienen que desarrollarse exclusivamente cuando concurran razones de interés público y para comunicar actuaciones, situaciones, normativas, derechos y obligaciones del Estado y la ciudadanía, actos de gobierno, programas e iniciativas que tengan genuina relevancia e interés social. La información que transmitan los avisos debe ser clara y relevante para el público y no para los gobernantes, y debe incluir una frase claramente perceptible que indique que el espacio publicitario es pagado con fondos gubernamentales, indicando qué organismo lo contrata. Deben prohibirse las publicidades que contengan mensajes discriminatorios, que provoquen el descrédito de una persona o que contengan información engañosa. Creo que varios de los proyectos incluyen estas disposiciones.
Insisto en que la publicidad oficial no debe ser utilizada como propaganda encubierta a favor del gobierno, un partido político o un funcionario público. Esta es una práctica que se observa en general en todos los niveles de gobierno, aunque en las provincias es escandaloso. Como decía el representante de Poder Ciudadano, hemos venido alertando sobre esta situación en el marco de la ciudad de Buenos Aires, lo cual es un patrón de conducta que atraviesa diferentes jurisdicciones y que es necesario que desaparezca. La ley debe prohibir las publicidades que contengan la imagen o voz de funcionarios públicos que tengan como finalidad ensalzar sus logros de gestión.
Entendemos que es necesario que los gobiernos tengan derecho a rendir cuentas de las acciones que realizan, pero la publicidad de los actos de gobierno no puede ser utilizada como autopromoción encubierta con fines electorales.
Por otra parte, las publicidades tampoco tienen que inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes de cualquier partido político u organización social.
Asimismo, habría que exigir la ley en la ciudad de Buenos Aires, que fue sancionada en el mes de diciembre, la cual incluía específicamente esta disposición que fue votada por todos los partidos y que desafortunadamente fue vetada. Dicha ley constituía un avance y debería reflejarse a nivel nacional.
Tal como señalaba el señor Charosky, es importante suspender o limitar la publicidad durante la época de las elecciones. En este sentido, existen distintas legislaciones comparadas que así lo establecen.
Otro principio se vincula con la adecuada planificación de los recursos y con la justificación de la pauta en términos de campañas publicitarias, que tienen una necesidad concreta y real de comunicación.
Respecto de los mecanismos de transparencia, existe el principio de transparencia activa que forma parte del sistema internacional de derechos humanos y también de distintas legislaciones por las cuales los gobiernos tienen que promover proactivamente la discusión de determinada información de interés público, donde está incluida la normativa sobre pauta.
Por ello, la información que deba ser publicada y difundida tiene que incluir los presupuestos, los gastos y los datos sobre las campañas. Esa información tiene que ser clara y debe poder comprenderse por el público en general. Es decir que debe contener los criterios de asignación, los contratos publicitarios, la duración y, en fin, toda la información relevante sobre la publicidad.
Los criterios de asignación y de pluralismo informativo conforman el aspecto quizás más complejo y complicado cuando uno piensa en la acumulación de pauta.
Nosotros hicimos muchas investigaciones a nivel nacional, regional, provincial y en la ciudad de Buenos Aires, donde si bien existen diferencias se observa un patrón de conducta caracterizado por muchísima discrecionalidad en los funcionarios de gobierno, poca transparencia en la difusión de esos datos y en la claridad con la cual se adjudican los contratos de publicidad, lo que deriva en el uso de la pauta como un instrumento de castigo o beneficio a los medios de comunicación en función de sus líneas editoriales. Esto viola diversas normas internacionales, que están establecidas en documentos de organismos del sistema interamericano y en el pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso Río Negro.
Esta discrecionalidad o poca transparencia está sustentada por una falta de un marco normativo adecuado para regular la publicidad oficial, lo que favorece este uso excesivamente discrecional -porque obviamente alguna discreción por parte del poder administrador siempre existe- y la posibilidad de tomar acciones y decisiones arbitrarias. Una regulación democrática de la publicidad oficial debe establecer criterios que sean transparentes y equitativos con control del manejo de los fondos públicos. Asimismo, tiene que protegerse la diversidad de voces, sin castigar o beneficiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, evitando una concentración injusta o indebida de la pauta en pocos tipos de medios, garantizando la mayor diversificación para promover un ámbito plural en las comunicaciones.
Como dije antes, trabajamos mucho a nivel provincial, por lo que la discusión de la pauta oficial en el Congreso debería ser ejemplo para las provincias y municipios, aspecto sobre el cual muchos ya han empezado a debatir. Decididamente tienen que tomar el tema en sus agendas y seguir el ejemplo de lo que esperamos que sea una buena ley del Congreso.
Una ley de pauta es muy importante porque no protege solamente a los medios, a los periodistas o a la sociedad de posibles abusos de los funcionarios de turno, sino porque hemos remarcado que la arbitrariedad y la discrecionalidad en las contrataciones genera un sistema perverso por el cual muchas veces los medios son los que presionan por pauta a los funcionarios, lo cual hemos detectado muchas veces a nivel provincial.
Una adecuada ley de publicidad oficial protege a todos los individuos que forman parte de este sistema y, en definitiva, la libertad de expresión de todos. Una ley de pauta estaría en línea con otras reformas normativas importantes del Congreso, como la despenalización de las calumnias e injurias en las cuestiones de interés público y la ley de servicios de comunicación audiovisual. Esto debe complementarse necesariamente con una ley de acceso a la información pública y una discusión sobre las políticas públicas necesarias para promover la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación.
En el documento que adjuntamos se mencionan cuáles son los pronunciamientos de los organismos del sistema interamericano en cuanto a libertad de expresión y en nuestra Corte Suprema, que específicamente hablan sobre la imperiosa necesidad de regular la publicidad oficial y establecer criterios claros, transparentes y no discriminatorios para evitar y reducir la discrecionalidad y evitar arbitrariedades en la asignación de fondos. Además, se menciona la necesidad de regular la publicidad oficial en otros países, como Chile, Perú, Uruguay y México. No es un tema caprichoso de las organizaciones presentes, sino que en toda la región se verifica una preocupación sobre el impacto negativo que una arbitraria utilización de la pauta tiene en el sistema de medios y en la libertad de expresión en general.
Voy a hacer un paneo muy corto sobre los estándares de regulación que nuestra Asociación propone, que son pautas elaboradas sobre la base de algunas experiencias de legislaciones comparadas y la propia experiencia de nuestro país, señalando los problemas que detectamos y algunos estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
El primer estándar es que una ley tiene que definir claramente qué es la publicidad oficial, qué está permitido y qué no puede formar parte de ella.
En cuanto al ámbito de aplicación, debe ser amplio y abarcativo, no solamente para la administración central, sino también para entes autárquicos, empresas y sociedades con participación estatal, y organismos centralizados y descentralizados. La normativa debe regular la publicidad oficial de los poderes Legislativo y Judicial. Obviamente, en cuanto a las empresas que compiten en el mercado ofreciendo productos y servicios -por ejemplo, un banco-, existen algunas excepciones en relación con el uso propagandístico de la pauta.
En cuanto a la utilidad pública, la pauta oficial se funda en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno en el sentido de que debe servir para garantizar el derecho a la información de la población. Es decir, las publicidades oficiales tienen que desarrollarse exclusivamente cuando concurran razones de interés público y para comunicar actuaciones, situaciones, normativas, derechos y obligaciones del Estado y la ciudadanía, actos de gobierno, programas e iniciativas que tengan genuina relevancia e interés social. La información que transmitan los avisos debe ser clara y relevante para el público y no para los gobernantes, y debe incluir una frase claramente perceptible que indique que el espacio publicitario es pagado con fondos gubernamentales, indicando qué organismo lo contrata. Deben prohibirse las publicidades que contengan mensajes discriminatorios, que provoquen el descrédito de una persona o que contengan información engañosa. Creo que varios de los proyectos incluyen estas disposiciones.
Insisto en que la publicidad oficial no debe ser utilizada como propaganda encubierta a favor del gobierno, un partido político o un funcionario público. Esta es una práctica que se observa en general en todos los niveles de gobierno, aunque en las provincias es escandaloso. Como decía el representante de Poder Ciudadano, hemos venido alertando sobre esta situación en el marco de la ciudad de Buenos Aires, lo cual es un patrón de conducta que atraviesa diferentes jurisdicciones y que es necesario que desaparezca. La ley debe prohibir las publicidades que contengan la imagen o voz de funcionarios públicos que tengan como finalidad ensalzar sus logros de gestión.
Entendemos que es necesario que los gobiernos tengan derecho a rendir cuentas de las acciones que realizan, pero la publicidad de los actos de gobierno no puede ser utilizada como autopromoción encubierta con fines electorales.
Por otra parte, las publicidades tampoco tienen que inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes de cualquier partido político u organización social.
Asimismo, habría que exigir la ley en la ciudad de Buenos Aires, que fue sancionada en el mes de diciembre, la cual incluía específicamente esta disposición que fue votada por todos los partidos y que desafortunadamente fue vetada. Dicha ley constituía un avance y debería reflejarse a nivel nacional.
Tal como señalaba el señor Charosky, es importante suspender o limitar la publicidad durante la época de las elecciones. En este sentido, existen distintas legislaciones comparadas que así lo establecen.
Otro principio se vincula con la adecuada planificación de los recursos y con la justificación de la pauta en términos de campañas publicitarias, que tienen una necesidad concreta y real de comunicación.
Respecto de los mecanismos de transparencia, existe el principio de transparencia activa que forma parte del sistema internacional de derechos humanos y también de distintas legislaciones por las cuales los gobiernos tienen que promover proactivamente la discusión de determinada información de interés público, donde está incluida la normativa sobre pauta.
Por ello, la información que deba ser publicada y difundida tiene que incluir los presupuestos, los gastos y los datos sobre las campañas. Esa información tiene que ser clara y debe poder comprenderse por el público en general. Es decir que debe contener los criterios de asignación, los contratos publicitarios, la duración y, en fin, toda la información relevante sobre la publicidad.
Los criterios de asignación y de pluralismo informativo conforman el aspecto quizás más complejo y complicado cuando uno piensa en la acumulación de pauta.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Le queremos avisar que ya lleva diez minutos de exposición. Puede insertar el material que resta, por favor. Le aseguro que lo vamos a considerar, porque la exposición es muy interesante, pero lamentablemente el tiempo de exposición se ha excedido ampliamente.
SR. SECRETARIO Tiene la palabra el señor Basso, que comparte su tiempo con el señor Huarte, en representación de FARBAP, que es la Federación Argentina de Radios de Baja Frecuencia.
SR. BASSO Agradecemos la deferencia de habernos invitado. Venimos de la provincia de Entre Ríos, por el tema de la ley, la cual no nos contempla y nos deja afuera. Estamos pidiendo la reglamentación de los artículos 149 y 159, para que nos incluyan.
SR. GULLO ¿A qué ley se refiere?
SR. BASSO A la ley de medios...
SR. GULLO ¿Le dijeron que estamos discutiendo el tema de la publicidad oficial?
SR. BASSO Pero déjeme hablar; si usted me escucha, yo voy a hablar.
SRA. BULLRICH Déjelo hablar, señor diputado Gullo.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Solamente se formuló una pregunta al expositor.
SR. BASSO Que hable el señor diputado, nada más. Entonces, yo no hablo.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ En representación de FARBAP, tiene la palabra el señor Huarte.
SR. HUARTE Señora presidenta: pido disculpas para los que se sientan afectados, porque no venimos a hacer política partidaria, sino a plantear la situación que vivimos los medios. No lo tomen como una competencia partidaria, porque no fue nuestra intención.
Soy Horacio Huarte, presidente de FARBAP, la Federación Argentina de Radios de Baja Potencia, y también de APARFM, la Asociación Patagónica de Radiodifusores en Frecuencia Modulada.
Hemos analizado varios de los proyectos que han sido presentados. Estuvimos presentes en la reunión anterior, realizada por las comisiones que hoy nos convocan, de la cual, luego de escuchar todas las exposiciones y debates, nos llevamos bastante material.
En el planteo de trabajo que realizaron los señores diputados con la presentación de los proyectos observamos algunas cuestiones que queremos puntualizar. Nos detuvimos particularmente en dos proyectos bastante completos y que se parecen bastante, que son los de las señoras diputadas Giudici y Bullrich.
Seguimos insistiendo en que nos encontramos con que falta algo, y ese algo somos nosotros. En esto, con el mayor de los respetos que merecen todos los legisladores, queremos hacer hincapié en algo. Como decía recién el presidente de AFMER, señor Darío Basso, insistimos en que en el caso de la ley 26.522 nos dejaron afuera. No queremos quedar afuera de esta ley también. Deseamos fundamentar esto que decimos.
Sería conveniente que en esta ley se distribuyeran las cuestiones como corresponde. Nosotros no somos representados por ARPA, ni somos monopolios, ni radios de alta potencia. Nosotros no somos representados por FARCO, ni somos radios comunitarias, ni organizaciones sin fines de lucro. Ahí tenemos dos sectores.
Pero las señoras diputadas y los señores diputados olvidan que existe otro sector en la radiodifusión nacional, y somos nosotros, las radios de baja potencia, que no fueron incluidas en la ley de medios. Y aquí tampoco hablan de ese sector. Somos los históricamente borrados de la pauta oficial, porque no tenemos amigos que tienen agencias publicitarias en Buenos Aires y que a su vez poseen otros amigos que tienen las conexiones con Télam. Somos del interior.
Los medios nuestros no participan de la distribución publicitaria porque no nos escucha nadie y parece ser que todo se distribuye en la Capital Federal. Esta última y Buenos Aires se llevan la gran torta: el 90 por ciento de la publicidad oficial, que según ellos es mejor que distribuirla a nivel nacional.
Nosotros somos un sector que tiene 10 mil radios en todo el país. La Federación no representa a esas 10 mil, sino solamente a mil; es apenas un 10 por ciento de todas las radios de baja potencia que existen en el país. Pero queremos insistir en esto: a la hora de legislar no se queden con los estudios que solamente hablan de los diarios, de los monopolios, de las radios de alta potencia y de las televisoras de cable. También existimos nosotros. Y para aquellos señores diputados que a lo mejor todavía no recuerdan quiénes somos nosotros quiero decir que somos esas radios donde van a hacer campaña cada cuatro años, que son pequeñas, pero van porque nos escucha gente. Después, cuando vienen a legislar acá no recuerdan que estuvieron tomando mate con nosotros y que existimos como medios de difusión.
Somos radios que no somos grandes empresas. Somos pequeñas empresas familiares, y en esto queremos hacer hincapié, porque los empleados que tenemos nosotros somos nosotros mismos, nuestros hijos y nuestras esposas. Esas son las radios, que no somos comunitarias; somos comerciales y también existimos, es decir, las radios de baja potencia.
Respecto del tema de la licitación que prevén algunos proyectos, queremos plantear que eso es difícil de cumplimentar. Imaginen que nosotros nunca conseguimos una pauta, y cuando nos quieren dar una pauta publicitaria oficial nos ofrecen 500 pesos. Si tenemos que participar en la licitación de una pauta oficial ni nos presentamos porque nos va a salir más caro comprar el pliego, ir, recorrer y participar que no tenerla directamente. En otras palabras, plantear la licitación para los pequeños medios del interior no es equilibrar la distribución de la pauta, sino negarnos directamente la participación.
En cuanto al precio y el costo, hay proyectos que establecen que el costo de la pauta oficial debería ser igual que el privado. Coincidimos totalmente. Pero hay algo que nos preocupa, porque precisamente en ese costo de la publicidad el privado nos paga a nosotros todos los meses, mientras que el Estado lo hace a los seis o nueve meses, al año y medio o cuando se le da la gana. No nos paga intereses por el retraso de la publicidad. Me estoy refiriendo a aquel que consiguió la pauta.
Estamos hablando de los pequeños radiodifusores que consiguen alguna vez una pauta publicitaria, que no son todos. Coincidimos en que debe ser lo mismo, porque ese dinero es de todos nosotros, no sólo del Estado, pues hay un gobierno de la Nación que lo está manejando. Debe invertirse ese dinero en lugar de gastarlo, pero tienen que pagar como corresponde.
Algunas organizaciones hablaron de fomento y pluralidad, lo cual apoyamos. La publicidad se distribuye mayoritariamente en la Capital Federal, pero hay medios que la estamos peleando en la frontera, donde tenemos que hacer no solamente radiodifusión sino también patria. Tenemos que hacerle conocer a nuestros vecinos el Himno Nacional y el festejo de los días patrios, porque en la Cordillera hay muchos pueblos con cultura chilena. Se trata de los radiodifusores de baja potencia, quienes hacemos esa locura de trabajo, porque el Estado no está presente y nos instalamos donde no es comercialmente viable. No vemos ninguna radio de alta potencia de la Capital Federal que quiera poner una radio en la Cordillera, a menos que sea en Bariloche, San Martín de los Andes, Mendoza u otro lugar turístico.
Por su parte, en Misiones se habla en portugués y las radios que más se escuchan están del otro lado del límite. ¿Entonces el Estado nacional va a pautar en esas radios? No, hay que fomentar las argentinas.
Algunos sectores plantean la creación de un Consejo Federal, lo cual también apoyamos, sobre todo para las cuestiones que tienen que ver con la Nación y con los distintos sectores de la Argentina. Sin embargo, no nos gustaría quedar afuera, como nos pasó cuando se armó el Consejo Federal de ley de medios de la noche a la mañana en una oficina del Comité Federal de Radiodifusión. En esa ocasión dejaron afuera a radios y organizaciones que hace veinte años que vienen bregando por una ley de radiodifusión. No pudimos participar porque recién el último día nos avisaron que teníamos que presentarnos, por lo cual era imposible llegar. Aunque espero que esto no haya sido así, dio la impresión de que no querían que estuviéramos. Igualmente, vamos a seguir luchando para integrarnos al Consejo Federal de medios de comunicación audiovisual.
Coincidimos en cuanto a la distribución amplia de la pauta oficial en contra de la concentración en los pocos medios que se dicen nacionales. Hay muchas radios de alta potencia de la Capital Federal que dicen que son medios nacionales y no lo son; salen de aquí y las radios de baja potencia del interior las toman por Internet. No son medios de alta potencia ni nacionales; solamente tienen alta potencia en la ciudad de Buenos Aires.
Por lo tanto, esa distribución amplia se tiene que hacer en todos los medios. Reclamamos para nuestro sector, que es el más grande en todo el país, un 33 por ciento de la pauta. No pedimos que nos ponderen, porque a algunos los escuchan los más ricos y a otros los más pobres.
Por otro lado, estamos de acuerdo con que se hagan estudios mediante las universidades para saber quiénes son los más escuchados. Se van a sorprender con la cantidad de radios locales, que están por encima de esas radios nacionales que dicen abarcar todo el país. No es así: somos nosotros los que estamos en cada rincón del país haciendo patria.
Por eso pedimos que legislen sobre ese tema. No queremos que sea nuestro único cliente el Estado nacional, pero deseamos que se acuerden de nosotros.
Soy Horacio Huarte, presidente de FARBAP, la Federación Argentina de Radios de Baja Potencia, y también de APARFM, la Asociación Patagónica de Radiodifusores en Frecuencia Modulada.
Hemos analizado varios de los proyectos que han sido presentados. Estuvimos presentes en la reunión anterior, realizada por las comisiones que hoy nos convocan, de la cual, luego de escuchar todas las exposiciones y debates, nos llevamos bastante material.
En el planteo de trabajo que realizaron los señores diputados con la presentación de los proyectos observamos algunas cuestiones que queremos puntualizar. Nos detuvimos particularmente en dos proyectos bastante completos y que se parecen bastante, que son los de las señoras diputadas Giudici y Bullrich.
Seguimos insistiendo en que nos encontramos con que falta algo, y ese algo somos nosotros. En esto, con el mayor de los respetos que merecen todos los legisladores, queremos hacer hincapié en algo. Como decía recién el presidente de AFMER, señor Darío Basso, insistimos en que en el caso de la ley 26.522 nos dejaron afuera. No queremos quedar afuera de esta ley también. Deseamos fundamentar esto que decimos.
Sería conveniente que en esta ley se distribuyeran las cuestiones como corresponde. Nosotros no somos representados por ARPA, ni somos monopolios, ni radios de alta potencia. Nosotros no somos representados por FARCO, ni somos radios comunitarias, ni organizaciones sin fines de lucro. Ahí tenemos dos sectores.
Pero las señoras diputadas y los señores diputados olvidan que existe otro sector en la radiodifusión nacional, y somos nosotros, las radios de baja potencia, que no fueron incluidas en la ley de medios. Y aquí tampoco hablan de ese sector. Somos los históricamente borrados de la pauta oficial, porque no tenemos amigos que tienen agencias publicitarias en Buenos Aires y que a su vez poseen otros amigos que tienen las conexiones con Télam. Somos del interior.
Los medios nuestros no participan de la distribución publicitaria porque no nos escucha nadie y parece ser que todo se distribuye en la Capital Federal. Esta última y Buenos Aires se llevan la gran torta: el 90 por ciento de la publicidad oficial, que según ellos es mejor que distribuirla a nivel nacional.
Nosotros somos un sector que tiene 10 mil radios en todo el país. La Federación no representa a esas 10 mil, sino solamente a mil; es apenas un 10 por ciento de todas las radios de baja potencia que existen en el país. Pero queremos insistir en esto: a la hora de legislar no se queden con los estudios que solamente hablan de los diarios, de los monopolios, de las radios de alta potencia y de las televisoras de cable. También existimos nosotros. Y para aquellos señores diputados que a lo mejor todavía no recuerdan quiénes somos nosotros quiero decir que somos esas radios donde van a hacer campaña cada cuatro años, que son pequeñas, pero van porque nos escucha gente. Después, cuando vienen a legislar acá no recuerdan que estuvieron tomando mate con nosotros y que existimos como medios de difusión.
Somos radios que no somos grandes empresas. Somos pequeñas empresas familiares, y en esto queremos hacer hincapié, porque los empleados que tenemos nosotros somos nosotros mismos, nuestros hijos y nuestras esposas. Esas son las radios, que no somos comunitarias; somos comerciales y también existimos, es decir, las radios de baja potencia.
Respecto del tema de la licitación que prevén algunos proyectos, queremos plantear que eso es difícil de cumplimentar. Imaginen que nosotros nunca conseguimos una pauta, y cuando nos quieren dar una pauta publicitaria oficial nos ofrecen 500 pesos. Si tenemos que participar en la licitación de una pauta oficial ni nos presentamos porque nos va a salir más caro comprar el pliego, ir, recorrer y participar que no tenerla directamente. En otras palabras, plantear la licitación para los pequeños medios del interior no es equilibrar la distribución de la pauta, sino negarnos directamente la participación.
En cuanto al precio y el costo, hay proyectos que establecen que el costo de la pauta oficial debería ser igual que el privado. Coincidimos totalmente. Pero hay algo que nos preocupa, porque precisamente en ese costo de la publicidad el privado nos paga a nosotros todos los meses, mientras que el Estado lo hace a los seis o nueve meses, al año y medio o cuando se le da la gana. No nos paga intereses por el retraso de la publicidad. Me estoy refiriendo a aquel que consiguió la pauta.
Estamos hablando de los pequeños radiodifusores que consiguen alguna vez una pauta publicitaria, que no son todos. Coincidimos en que debe ser lo mismo, porque ese dinero es de todos nosotros, no sólo del Estado, pues hay un gobierno de la Nación que lo está manejando. Debe invertirse ese dinero en lugar de gastarlo, pero tienen que pagar como corresponde.
Algunas organizaciones hablaron de fomento y pluralidad, lo cual apoyamos. La publicidad se distribuye mayoritariamente en la Capital Federal, pero hay medios que la estamos peleando en la frontera, donde tenemos que hacer no solamente radiodifusión sino también patria. Tenemos que hacerle conocer a nuestros vecinos el Himno Nacional y el festejo de los días patrios, porque en la Cordillera hay muchos pueblos con cultura chilena. Se trata de los radiodifusores de baja potencia, quienes hacemos esa locura de trabajo, porque el Estado no está presente y nos instalamos donde no es comercialmente viable. No vemos ninguna radio de alta potencia de la Capital Federal que quiera poner una radio en la Cordillera, a menos que sea en Bariloche, San Martín de los Andes, Mendoza u otro lugar turístico.
Por su parte, en Misiones se habla en portugués y las radios que más se escuchan están del otro lado del límite. ¿Entonces el Estado nacional va a pautar en esas radios? No, hay que fomentar las argentinas.
Algunos sectores plantean la creación de un Consejo Federal, lo cual también apoyamos, sobre todo para las cuestiones que tienen que ver con la Nación y con los distintos sectores de la Argentina. Sin embargo, no nos gustaría quedar afuera, como nos pasó cuando se armó el Consejo Federal de ley de medios de la noche a la mañana en una oficina del Comité Federal de Radiodifusión. En esa ocasión dejaron afuera a radios y organizaciones que hace veinte años que vienen bregando por una ley de radiodifusión. No pudimos participar porque recién el último día nos avisaron que teníamos que presentarnos, por lo cual era imposible llegar. Aunque espero que esto no haya sido así, dio la impresión de que no querían que estuviéramos. Igualmente, vamos a seguir luchando para integrarnos al Consejo Federal de medios de comunicación audiovisual.
Coincidimos en cuanto a la distribución amplia de la pauta oficial en contra de la concentración en los pocos medios que se dicen nacionales. Hay muchas radios de alta potencia de la Capital Federal que dicen que son medios nacionales y no lo son; salen de aquí y las radios de baja potencia del interior las toman por Internet. No son medios de alta potencia ni nacionales; solamente tienen alta potencia en la ciudad de Buenos Aires.
Por lo tanto, esa distribución amplia se tiene que hacer en todos los medios. Reclamamos para nuestro sector, que es el más grande en todo el país, un 33 por ciento de la pauta. No pedimos que nos ponderen, porque a algunos los escuchan los más ricos y a otros los más pobres.
Por otro lado, estamos de acuerdo con que se hagan estudios mediante las universidades para saber quiénes son los más escuchados. Se van a sorprender con la cantidad de radios locales, que están por encima de esas radios nacionales que dicen abarcar todo el país. No es así: somos nosotros los que estamos en cada rincón del país haciendo patria.
Por eso pedimos que legislen sobre ese tema. No queremos que sea nuestro único cliente el Estado nacional, pero deseamos que se acuerden de nosotros.
SR. ZAVALLO Señora presidenta: en virtud de mantener el respeto con que desde el martes estamos escuchando a los invitados, le pido que reconsidere y pueda adicionarle dos minutos al señor Darío Basso para que pueda hacer un comentario que quería expresar, sobre todo considerando la gran cantidad de kilómetros que recorrieron para asistir a esta reunión.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ El respeto se ha mantenido todo el tiempo, y de hecho han usado doce minutos. Hemos establecido una regla de cinco minutos, que es un poco comprimido, pero también sabemos de antemano que esos cinco minutos se han transformado mínimamente en siete.
Por mi parte, no hay ningún inconveniente si necesita aclarar más alguna idea, pero nos está pidiendo una excepción cuando lo que ya hemos hecho fue otra excepción.
Tengamos paciencia, entonces, porque tal vez otros participantes quieran hacer uso de más minutos. Pero reitero que no tengo inconveniente.
Por mi parte, no hay ningún inconveniente si necesita aclarar más alguna idea, pero nos está pidiendo una excepción cuando lo que ya hemos hecho fue otra excepción.
Tengamos paciencia, entonces, porque tal vez otros participantes quieran hacer uso de más minutos. Pero reitero que no tengo inconveniente.
SRA. GIUDICI Si no les parece mal, escuchamos a los demás expositores y al final le damos el cierre al señor Basso.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Tiene la palabra la señora Liliana Belforte, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
SRA. BELFORTE Muchas gracias por la invitación y por considerarnos actores en el tema.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias fue creada en 1983 en Québec, Canadá. Desde entonces se construyó como uno de los tantos espacios de encuentro, acción y discusión para debatir sobre el derecho a la información y la comunicación como uno de los movimientos vinculados al sector de radios y televisoras comunitarias.
AMARC es una red integrada por radios, centros de producciones sociales e individuales, con la idea de promover políticas para la democratización de las comunicaciones. La constituyen más de dos mil radios a nivel mundial, con más de cuatrocientas en AMARC de América Latina y el Caribe y con dieciocho representaciones nacionales.
Este año AMARC Argentina tendrá el orgullo de organizar la X Asamblea en la ciudad La Plata, del 8 al 13 de noviembre, con la participación de más de quinientos comunicadores de todo el mundo.
Vamos a plantear algunas consideraciones puntuales para el sector sin fines de lucro, pero esto no puede estar disociado de lo que ha sido el proceso de democratización de la comunicación y la cultura en la Argentina. Ponemos énfasis en el proceso vinculado con la ley de servicios de comunicación audiovisual, sobre lo cual no voy a entrar en detalles, aunque es pertinente porque hay normas que son complementarias.
Creemos que la posibilidad de un procedimiento de regulación o un conjunto de normas que permitan regular la publicidad oficial no puede estar disociado de lo que es el parámetro de entender a la comunicación como un derecho humano, pero también desde la perspectiva del servicio de comunicación, que es una matriz conceptual importante a considerar.
AMARC Argentina plantea que hay consideraciones que tienen que ver con el tipo de propiedad del medio. En el caso del sector de los medios comunitarios, planteamos la necesidad de que exista una norma que regule la publicidad oficial, que no sólo contemple al servicio de las redes comunitarias, sino también los medios gráficos, Internet, etcétera. El sector de los medios comunitarios parte de un posicionamiento de desigualdad.
En ese sentido, vamos a entrar en el detalle del tema, y específicamente en lo relativo al sector comunitario. Hemos analizado los diez proyectos, pero lamentablemente el tiempo ha hecho que no podamos entrar en el análisis de cada uno de ellos.
Desde AMARC entendemos que la publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la ciudadanía. Su distribución también debe ser considerada como una política pública orientada a la promoción del desarrollo y fortalecimiento de los medios de comunicación comunitaria, en este caso, sin fines de lucro.
Entendemos que la distribución no debe ser discrecional y para ello hay que construir nuevas categorías de distribución y de equidad.
Me parece que esta ley, vinculada a la publicidad oficial, puede ser un marco con criterios claros y transparentes, con un porcentaje de la publicidad oficial a distribuir en los medios sin fines de lucro de un 33 por ciento, no como un privilegio, sino como un derecho; también estableciendo concursos y criterios diferenciales para los medios de comunicación sin fines de lucro, ponderando sobre todo el proyecto cultural. Algunos proyectos lo incluyen en el número de receptores y en el precio neutral.
Cuando menciono la palabra "neutral", me refiero a los concursos, para no favorecer el clientelismo ni excluir a la oposición.
Asimismo, se deben utilizar criterios para la distribución de la producción de mensajes de publicidad oficial, con procedimientos de contratación por concurso. Solicitamos que el proyecto incluya destinar un porcentaje de la producción para ser ejecutada por productoras de contenidos sin fines de lucro, previo concurso.
La norma debería entenderse como un registro público de medios interesados en recibir publicidad oficial, garantizando que las condiciones de acceso a la misma no sean discriminatorias de los medios sin fines de lucro y que los requisitos no sean excluyentes, para garantizar así la libertad de expresión.
Por ejemplo, uno de los proyectos considera que se debe tener una licencia de por lo menos tres años para acceder a la publicidad oficial.
Asimismo, se debe generar un mecanismo de transición sobre todos los medios de servicio de comunicación audiovisual, vinculados a los sin fines de lucro, que no tienen licencia pero están censados, para que tengan la posibilidad de recibir publicidad oficial y de esta manera permitir la incorporación de nuevos actores.
Se ha hablado bastante respecto del concepto de transparencia en relación con el acceso público de la información en materia de publicidad oficial como un derecho ciudadano. También compartimos -porque algunos proyectos lo plantean- la posibilidad de elaborar un plan anual de publicidad oficial, y sobre la base de ese plan, que se efectúen los concursos destinando un 33 por ciento a los sin fines de lucro.
El objetivo de sancionar este procedimiento normativo consiste en promocionar la democratización de las comunicaciones, para de alguna manera seguir favoreciendo y contribuyendo al desarrollo equitativo y sostenido, también desde un marco regulatorio.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias fue creada en 1983 en Québec, Canadá. Desde entonces se construyó como uno de los tantos espacios de encuentro, acción y discusión para debatir sobre el derecho a la información y la comunicación como uno de los movimientos vinculados al sector de radios y televisoras comunitarias.
AMARC es una red integrada por radios, centros de producciones sociales e individuales, con la idea de promover políticas para la democratización de las comunicaciones. La constituyen más de dos mil radios a nivel mundial, con más de cuatrocientas en AMARC de América Latina y el Caribe y con dieciocho representaciones nacionales.
Este año AMARC Argentina tendrá el orgullo de organizar la X Asamblea en la ciudad La Plata, del 8 al 13 de noviembre, con la participación de más de quinientos comunicadores de todo el mundo.
Vamos a plantear algunas consideraciones puntuales para el sector sin fines de lucro, pero esto no puede estar disociado de lo que ha sido el proceso de democratización de la comunicación y la cultura en la Argentina. Ponemos énfasis en el proceso vinculado con la ley de servicios de comunicación audiovisual, sobre lo cual no voy a entrar en detalles, aunque es pertinente porque hay normas que son complementarias.
Creemos que la posibilidad de un procedimiento de regulación o un conjunto de normas que permitan regular la publicidad oficial no puede estar disociado de lo que es el parámetro de entender a la comunicación como un derecho humano, pero también desde la perspectiva del servicio de comunicación, que es una matriz conceptual importante a considerar.
AMARC Argentina plantea que hay consideraciones que tienen que ver con el tipo de propiedad del medio. En el caso del sector de los medios comunitarios, planteamos la necesidad de que exista una norma que regule la publicidad oficial, que no sólo contemple al servicio de las redes comunitarias, sino también los medios gráficos, Internet, etcétera. El sector de los medios comunitarios parte de un posicionamiento de desigualdad.
En ese sentido, vamos a entrar en el detalle del tema, y específicamente en lo relativo al sector comunitario. Hemos analizado los diez proyectos, pero lamentablemente el tiempo ha hecho que no podamos entrar en el análisis de cada uno de ellos.
Desde AMARC entendemos que la publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la ciudadanía. Su distribución también debe ser considerada como una política pública orientada a la promoción del desarrollo y fortalecimiento de los medios de comunicación comunitaria, en este caso, sin fines de lucro.
Entendemos que la distribución no debe ser discrecional y para ello hay que construir nuevas categorías de distribución y de equidad.
Me parece que esta ley, vinculada a la publicidad oficial, puede ser un marco con criterios claros y transparentes, con un porcentaje de la publicidad oficial a distribuir en los medios sin fines de lucro de un 33 por ciento, no como un privilegio, sino como un derecho; también estableciendo concursos y criterios diferenciales para los medios de comunicación sin fines de lucro, ponderando sobre todo el proyecto cultural. Algunos proyectos lo incluyen en el número de receptores y en el precio neutral.
Cuando menciono la palabra "neutral", me refiero a los concursos, para no favorecer el clientelismo ni excluir a la oposición.
Asimismo, se deben utilizar criterios para la distribución de la producción de mensajes de publicidad oficial, con procedimientos de contratación por concurso. Solicitamos que el proyecto incluya destinar un porcentaje de la producción para ser ejecutada por productoras de contenidos sin fines de lucro, previo concurso.
La norma debería entenderse como un registro público de medios interesados en recibir publicidad oficial, garantizando que las condiciones de acceso a la misma no sean discriminatorias de los medios sin fines de lucro y que los requisitos no sean excluyentes, para garantizar así la libertad de expresión.
Por ejemplo, uno de los proyectos considera que se debe tener una licencia de por lo menos tres años para acceder a la publicidad oficial.
Asimismo, se debe generar un mecanismo de transición sobre todos los medios de servicio de comunicación audiovisual, vinculados a los sin fines de lucro, que no tienen licencia pero están censados, para que tengan la posibilidad de recibir publicidad oficial y de esta manera permitir la incorporación de nuevos actores.
Se ha hablado bastante respecto del concepto de transparencia en relación con el acceso público de la información en materia de publicidad oficial como un derecho ciudadano. También compartimos -porque algunos proyectos lo plantean- la posibilidad de elaborar un plan anual de publicidad oficial, y sobre la base de ese plan, que se efectúen los concursos destinando un 33 por ciento a los sin fines de lucro.
El objetivo de sancionar este procedimiento normativo consiste en promocionar la democratización de las comunicaciones, para de alguna manera seguir favoreciendo y contribuyendo al desarrollo equitativo y sostenido, también desde un marco regulatorio.
SR. SECRETARIO Tiene la palabra el señor Dessein, vicepresidente de ADEPA.
SR. DESSEIN Voy a hablar en nombre de ADEPA, que es la entidad que nuclea a más de 180 medios gráficos de todo el país. En primer lugar, queremos agradecerles este espacio que nos brindan para expresar nuestras opiniones e inquietudes.
En segundo lugar, queremos manifestarles nuestra satisfacción por la multiplicidad de proyectos que se han presentado, que evidencian una inquietud del ámbito legislativo respecto de un eventual uso arbitrario de la publicidad oficial.
De acuerdo con todas las exposiciones que hemos escuchado, entiendo que esto es una preocupación que compartimos todos los que estamos aquí presentes. Tenemos amplias coincidencias con la mayor parte de las exposiciones que hemos escuchado hasta ahora, pero quisiera hacer algunas puntualizaciones respecto de cuatro áreas que consideramos clave. Dos de ellas son fundamentales. Me refiero a aquellas vinculadas con los criterios que regirán la adjudicación de publicidad y, en segundo lugar, a la transparencia.
Finalmente, quisiera realizar algunas apreciaciones sobre la autoridad de aplicación que está contemplada en los distintos proyectos, para expresar algunas cuestiones relacionadas con el abordaje impositivo.
Con respecto a los criterios, creemos que deben ser pautas sumamente objetivas, que brinden una especial ponderación a la circulación de los medios, en el caso de los medios gráficos.
Creemos que existen algunos institutos que pueden ayudar a establecer cuáles son los niveles en función de los distintos medios, como el IVC y el IVA respecto de los medios digitales en cuanto a las visitas que tienen los distintos sitios.
Algunos proyectos contemplan como criterio el valor de la publicidad. En eso no coincidimos porque creemos que resulta inapropiado, ya que este criterio no es acorde respecto de la circulación, pues en definitiva lo que garantiza el debido acceso es la magnitud de la cantidad de lectores en el caso de los medios gráficos o el volumen de las audiencias a las cuales va a llegar el mensaje que el Estado intenta transmitir.
Participamos del criterio expuesto en algunos proyectos por los que se procura asegurar una participación relevante a los medios gráficos, teniendo en cuenta que éstos estimulan la lectura y, por lo tanto, cumplen una función cultural muy importante.
En los distintos proyectos se habla de la autoridad de aplicación. Coincidimos en que podría ser un ente autónomo que esté en la órbita del Poder Ejecutivo. Pero creemos inapropiado que esa competencia sea otorgada, como establecen algunos proyectos, a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, teniendo en cuenta que este organismo está totalmente desvinculado de los medios gráficos.
En lo relativo a los controles respecto de la autoridad de aplicación, creemos que más allá de los controles habituales, como el de la SIGEN o el de la Auditoría General de la Nación, es auspicioso sumar a la intervención las comisiones legislativas mixtas.
En relación con el tema de la transparencia, consideramos que es muy apropiado establecer un registro público de libre acceso en el cual la ciudadanía pueda tener en cuenta cuáles han sido los criterios que se han establecido a la hora de designar o elegir algunos medios para hacer publicidad oficial y que en ese registro puedan inscribirse aquellos medios que están recibiendo o buscan recibir dicha publicidad.
Quiero referirme también al tema del abordaje impositivo. Algunos proyectos establecen la exigencia de un certificado de libre deuda, y creo que aquí hay que hacer algunas acotaciones que a veces se pueden pasar por alto. En primer término, una aclaración respecto del cuestionamiento judicial que existe por parte de muchos medios en relación con los planes de competitividad. Este debería ser un punto a tener en cuenta, y esa exigencia debería dejar de lado a aquellos medios que estén dentro de estos cuestionamientos.
En segundo lugar, respecto del libre deuda, si bien es habitual esta exigencia en las contrataciones con el Estado, creemos que en alguna medida puede otorgar a la autoridad fiscal, concretamente a la AFIP, la facultad de veto respecto de cuáles medios podrían recibir o no publicidad. En este sentido consideramos que habría que ser más elástico y reducir esa exigencia a aquellos medios que tengan sanciones vinculadas con la evasión.
Estos son los puntos básicos que he querido exponer.
En segundo lugar, queremos manifestarles nuestra satisfacción por la multiplicidad de proyectos que se han presentado, que evidencian una inquietud del ámbito legislativo respecto de un eventual uso arbitrario de la publicidad oficial.
De acuerdo con todas las exposiciones que hemos escuchado, entiendo que esto es una preocupación que compartimos todos los que estamos aquí presentes. Tenemos amplias coincidencias con la mayor parte de las exposiciones que hemos escuchado hasta ahora, pero quisiera hacer algunas puntualizaciones respecto de cuatro áreas que consideramos clave. Dos de ellas son fundamentales. Me refiero a aquellas vinculadas con los criterios que regirán la adjudicación de publicidad y, en segundo lugar, a la transparencia.
Finalmente, quisiera realizar algunas apreciaciones sobre la autoridad de aplicación que está contemplada en los distintos proyectos, para expresar algunas cuestiones relacionadas con el abordaje impositivo.
Con respecto a los criterios, creemos que deben ser pautas sumamente objetivas, que brinden una especial ponderación a la circulación de los medios, en el caso de los medios gráficos.
Creemos que existen algunos institutos que pueden ayudar a establecer cuáles son los niveles en función de los distintos medios, como el IVC y el IVA respecto de los medios digitales en cuanto a las visitas que tienen los distintos sitios.
Algunos proyectos contemplan como criterio el valor de la publicidad. En eso no coincidimos porque creemos que resulta inapropiado, ya que este criterio no es acorde respecto de la circulación, pues en definitiva lo que garantiza el debido acceso es la magnitud de la cantidad de lectores en el caso de los medios gráficos o el volumen de las audiencias a las cuales va a llegar el mensaje que el Estado intenta transmitir.
Participamos del criterio expuesto en algunos proyectos por los que se procura asegurar una participación relevante a los medios gráficos, teniendo en cuenta que éstos estimulan la lectura y, por lo tanto, cumplen una función cultural muy importante.
En los distintos proyectos se habla de la autoridad de aplicación. Coincidimos en que podría ser un ente autónomo que esté en la órbita del Poder Ejecutivo. Pero creemos inapropiado que esa competencia sea otorgada, como establecen algunos proyectos, a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, teniendo en cuenta que este organismo está totalmente desvinculado de los medios gráficos.
En lo relativo a los controles respecto de la autoridad de aplicación, creemos que más allá de los controles habituales, como el de la SIGEN o el de la Auditoría General de la Nación, es auspicioso sumar a la intervención las comisiones legislativas mixtas.
En relación con el tema de la transparencia, consideramos que es muy apropiado establecer un registro público de libre acceso en el cual la ciudadanía pueda tener en cuenta cuáles han sido los criterios que se han establecido a la hora de designar o elegir algunos medios para hacer publicidad oficial y que en ese registro puedan inscribirse aquellos medios que están recibiendo o buscan recibir dicha publicidad.
Quiero referirme también al tema del abordaje impositivo. Algunos proyectos establecen la exigencia de un certificado de libre deuda, y creo que aquí hay que hacer algunas acotaciones que a veces se pueden pasar por alto. En primer término, una aclaración respecto del cuestionamiento judicial que existe por parte de muchos medios en relación con los planes de competitividad. Este debería ser un punto a tener en cuenta, y esa exigencia debería dejar de lado a aquellos medios que estén dentro de estos cuestionamientos.
En segundo lugar, respecto del libre deuda, si bien es habitual esta exigencia en las contrataciones con el Estado, creemos que en alguna medida puede otorgar a la autoridad fiscal, concretamente a la AFIP, la facultad de veto respecto de cuáles medios podrían recibir o no publicidad. En este sentido consideramos que habría que ser más elástico y reducir esa exigencia a aquellos medios que tengan sanciones vinculadas con la evasión.
Estos son los puntos básicos que he querido exponer.
SR. SECRETARIO A continuación, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales, hará uso de la palabra el doctor Damián Loretti.
SR. LORETTI Señora presidenta: en nombre de la organización a la que represento quiero expresar mi agradecimiento por haber sido invitado a participar de esta reunión. La última vez que estuvimos aquí fue en oportunidad del tratamiento del proyecto por el que se establecía la penalización por calumnias e injurias. En esa ocasión nos fue bien, por lo que espero que ahora ocurra lo mismo.
Quiero efectuar dos apreciaciones personales. En primer término, nos hubiera gustado disponer de más tiempo para presentar una memoria escrita. Lo que ocurre es que hemos estado de viaje y volvimos hace dos días, por lo que vamos a tratar de compilar situaciones.
En segundo lugar, entiendo que aquí falta un actor, determinado por los sindicatos de periodistas y de trabajadores de los medios de comunicación. Particularmente porque en muchos casos la situación de la publicidad oficial atañe a sus propias regulaciones específicas. Así lo determinan el artículo 75 del convenio de la FATIDA y el artículo 64 del Estatuto de Periodista Profesional.
Quiero efectuar dos apreciaciones personales. En primer término, nos hubiera gustado disponer de más tiempo para presentar una memoria escrita. Lo que ocurre es que hemos estado de viaje y volvimos hace dos días, por lo que vamos a tratar de compilar situaciones.
En segundo lugar, entiendo que aquí falta un actor, determinado por los sindicatos de periodistas y de trabajadores de los medios de comunicación. Particularmente porque en muchos casos la situación de la publicidad oficial atañe a sus propias regulaciones específicas. Así lo determinan el artículo 75 del convenio de la FATIDA y el artículo 64 del Estatuto de Periodista Profesional.
SR. GULLO Es importante.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Lo hemos conversado en la mesa con los señores diputados. Estamos de acuerdo y vamos a extender esta invitación a los sindicatos.
SR. LORETTI Básicamente hay una cuestión que no se ha dicho y que tiene que ver con la relación entre el Estado y los medios de comunicación y el modo en que cumplen con sus obligaciones en materia de garantía de la libertad de expresión y de los derechos humanos.
Hay dos posiciones: una es que el Estado cumpla esas obligaciones con la mera abstención de la censura; y la otra, que lo haga garantizando equidad, pluralismo y diversidad.
Desde ese plano, la posición planteada mayoritariamente es que el Estado debería aportar a la equidad, la diversidad y el pluralismo, por lo cual me voy a eximir de hacer algunos comentarios al respecto.
La relación entre los Estados y los medios excede la cuestión de la publicidad oficial. Tiene que ver también con las tarifas del correo oficial y del transporte, con el estatuto del periodista, con las situaciones de impuestos, y con los subsidios directos, como los REPRO o los desgravamientos. Entre 1989 y 2005, bajando mucho de 2002 en adelante, según un pedido de acceso a la información pública de Poder Ciudadano de 2005, hay alrededor de 50 millones de pesos en desgravamientos por el viejo artículo 100 de la ley radiodifusión: 62 casos en 1989, 5 en 1991, 2 en 1992, 32 en 1993, y luego 36, 44, 28, 26, 28, 4, 3 y 35. Estos son subsidios directos, es decir que no se pagan impuestos, que sólo le tocó a algunos, lo cual incide en las relaciones económicas entre medios y Estados.
Se comentó que hay un proyecto en Uruguay, algunos avances en Chile y ciertos estudios en Perú, con suerte diversa. Esto debe ir enlazado, si pensamos en controles de pluralismo y diversidad, con lo que los europeos denominan regímenes de ayuda del Estado a la prensa.
Yendo a los textos y reconociendo la importancia de los principios generales de sustentabilidad técnica, me voy a meter en algunas cuestiones que fuimos repasando con mi compañero Luis Lozano. El objeto de la regulación es confuso, aun cuando existen diferencias entre los proyectos. En cuanto al objeto, se habla de "mensaje, anuncio, campaña -cualquier otra forma de comunicación- y/o cualquier otra forma de información pública." Con esta redacción y sin aclarar que son cuestiones de puesta en común y que es tarifado, en algunos casos la definición que se propone en los artículos puede comprender conferencias de prensa, que es el mensaje de difusión por parte de las autoridades públicas a la comunidad respecto de la política de Estado. Eso hay que ajustarlo porque, si no, es inconsistente en caso de conflicto.
Respecto de los espacios tarifados, la fórmula la reconoce el artículo 64 del estatuto del periodista. Curiosamente, ninguno de los proyectos que vimos se hace cargo de que exista una ley de orden público nacional como el estatuto del periodista profesional, aunque muchos han señalado que deben cumplirse los derechos de los trabajadores de los medios.
Efectivamente a partir de 2001 hay un tema que debe ser revisado, como decía el colega de ADEPA, sobre la existencia de planes de competitividad y la situación del IVA en los medios de baja potencia y en los diarios.
Por su parte, hay cierta indefinición respecto de cómo considerar situaciones de superposición, ya que se registran al mismo tiempo medios, productoras y programas. No encontramos claridad en eso: ¿se pauta por programa? ¿Por canal? ¿Por productora? A la hora de recibir, ¿cómo se grilla esto? No encontramos la especificidad del caso. Lo mismo sucede respecto de radios y canales para sus productoras y programas.
La definición sobre Internet también es confusa. Algunos hablan de "todos los modos de funcionamiento de Internet" y otros hablan de "portales", lo que descalifica a los sitios. Pero el "cualquier modo" por internet incluye a los newsletters. Asumiendo que "portal", "sitio" y "página" no son lo mismo, hay que ver qué pasa en cada caso; y, si no, plantear que son lo mismo.
Además, hay diferencias en los proyectos y por eso es complejo opinar respecto del alcance de los objetos obligados, si es sólo la administración pública o si es administración pública más empresas, que entenderíamos que sí. Pero el fallo de la Corte en el caso Río Negro, en una especie de ejecución de sentencia que se planteó el 14 de octubre de 2008, dice que es objetable la pretensión del demandado, la provincia, de excluir del esquema propuesto a los poderes Judicial y Legislativo. Si vamos a cumplir a rajatabla los principios de la Corte, hay que analizar la situación del Poder Legislativo, el Poder Judicial y, eventualmente, de los órganos extrapoderes.
Encontramos en algunos proyectos la mención a la temática del medio, si bien en esos proyectos -que son los menos- no hay ninguna especificidad de cómo va a ser considerado el baremo de la temática. Esto hace a la cuestión del principio de pertinencia del aviso, del anuncio o de la campaña por el cual no todos los mensajes son para los mismos públicos. Si se le va a pedir a las universidades que hagan un estudio de impacto, posiblemente haya cuestiones que no se verifiquen, porque en un cierto reparto federativo y de medios de la misma campaña, eso es inocuo. Hay que hacer un señalamiento a los mecanismos de planificación respecto de qué se le exige pautar, dónde, y qué se hace con los medios extranjeros, donde el Estado argentino anuncia turismo y el Plan Raíces -que es excelente-, porque son públicos diferentes. La promoción de la industria vitivinícola es distinta de la del Plan Raíces, y los públicos a quienes se dirigen también.
Otra consideración es si sólo pesar el share o el impacto objetivo respecto del público elegido al cual se destina, independientemente de los alcances.
Y, tal como se mencionó, nos parece buena la propuesta de que las universidades públicas sean las encargadas de medir los impactos.
Respecto del tema de las vedas, nos parece que están bien los principios, pero hay una cierta generalización, salvo algunas excepciones. Concurso, llamados de personal y otra cantidad de cosas que no tienen que ver con emergencias no tendrían por qué estar suspendidas cuarenta y cinco días -o lo que dure la campaña-, pues podría tender a situaciones no urgentes y que formen parte de un plan anual, que no sean necesariamente cuestiones de tipo electoral.
La cuestión de fondo sobre la que hay cierto consenso en los proyectos es que la publicidad oficial es una de las herramientas destinadas a la relación entre el Estado y los medios, tendiente al fomento de la diversidad y el pluralismo.
Hay dos posiciones: una es que el Estado cumpla esas obligaciones con la mera abstención de la censura; y la otra, que lo haga garantizando equidad, pluralismo y diversidad.
Desde ese plano, la posición planteada mayoritariamente es que el Estado debería aportar a la equidad, la diversidad y el pluralismo, por lo cual me voy a eximir de hacer algunos comentarios al respecto.
La relación entre los Estados y los medios excede la cuestión de la publicidad oficial. Tiene que ver también con las tarifas del correo oficial y del transporte, con el estatuto del periodista, con las situaciones de impuestos, y con los subsidios directos, como los REPRO o los desgravamientos. Entre 1989 y 2005, bajando mucho de 2002 en adelante, según un pedido de acceso a la información pública de Poder Ciudadano de 2005, hay alrededor de 50 millones de pesos en desgravamientos por el viejo artículo 100 de la ley radiodifusión: 62 casos en 1989, 5 en 1991, 2 en 1992, 32 en 1993, y luego 36, 44, 28, 26, 28, 4, 3 y 35. Estos son subsidios directos, es decir que no se pagan impuestos, que sólo le tocó a algunos, lo cual incide en las relaciones económicas entre medios y Estados.
Se comentó que hay un proyecto en Uruguay, algunos avances en Chile y ciertos estudios en Perú, con suerte diversa. Esto debe ir enlazado, si pensamos en controles de pluralismo y diversidad, con lo que los europeos denominan regímenes de ayuda del Estado a la prensa.
Yendo a los textos y reconociendo la importancia de los principios generales de sustentabilidad técnica, me voy a meter en algunas cuestiones que fuimos repasando con mi compañero Luis Lozano. El objeto de la regulación es confuso, aun cuando existen diferencias entre los proyectos. En cuanto al objeto, se habla de "mensaje, anuncio, campaña -cualquier otra forma de comunicación- y/o cualquier otra forma de información pública." Con esta redacción y sin aclarar que son cuestiones de puesta en común y que es tarifado, en algunos casos la definición que se propone en los artículos puede comprender conferencias de prensa, que es el mensaje de difusión por parte de las autoridades públicas a la comunidad respecto de la política de Estado. Eso hay que ajustarlo porque, si no, es inconsistente en caso de conflicto.
Respecto de los espacios tarifados, la fórmula la reconoce el artículo 64 del estatuto del periodista. Curiosamente, ninguno de los proyectos que vimos se hace cargo de que exista una ley de orden público nacional como el estatuto del periodista profesional, aunque muchos han señalado que deben cumplirse los derechos de los trabajadores de los medios.
Efectivamente a partir de 2001 hay un tema que debe ser revisado, como decía el colega de ADEPA, sobre la existencia de planes de competitividad y la situación del IVA en los medios de baja potencia y en los diarios.
Por su parte, hay cierta indefinición respecto de cómo considerar situaciones de superposición, ya que se registran al mismo tiempo medios, productoras y programas. No encontramos claridad en eso: ¿se pauta por programa? ¿Por canal? ¿Por productora? A la hora de recibir, ¿cómo se grilla esto? No encontramos la especificidad del caso. Lo mismo sucede respecto de radios y canales para sus productoras y programas.
La definición sobre Internet también es confusa. Algunos hablan de "todos los modos de funcionamiento de Internet" y otros hablan de "portales", lo que descalifica a los sitios. Pero el "cualquier modo" por internet incluye a los newsletters. Asumiendo que "portal", "sitio" y "página" no son lo mismo, hay que ver qué pasa en cada caso; y, si no, plantear que son lo mismo.
Además, hay diferencias en los proyectos y por eso es complejo opinar respecto del alcance de los objetos obligados, si es sólo la administración pública o si es administración pública más empresas, que entenderíamos que sí. Pero el fallo de la Corte en el caso Río Negro, en una especie de ejecución de sentencia que se planteó el 14 de octubre de 2008, dice que es objetable la pretensión del demandado, la provincia, de excluir del esquema propuesto a los poderes Judicial y Legislativo. Si vamos a cumplir a rajatabla los principios de la Corte, hay que analizar la situación del Poder Legislativo, el Poder Judicial y, eventualmente, de los órganos extrapoderes.
Encontramos en algunos proyectos la mención a la temática del medio, si bien en esos proyectos -que son los menos- no hay ninguna especificidad de cómo va a ser considerado el baremo de la temática. Esto hace a la cuestión del principio de pertinencia del aviso, del anuncio o de la campaña por el cual no todos los mensajes son para los mismos públicos. Si se le va a pedir a las universidades que hagan un estudio de impacto, posiblemente haya cuestiones que no se verifiquen, porque en un cierto reparto federativo y de medios de la misma campaña, eso es inocuo. Hay que hacer un señalamiento a los mecanismos de planificación respecto de qué se le exige pautar, dónde, y qué se hace con los medios extranjeros, donde el Estado argentino anuncia turismo y el Plan Raíces -que es excelente-, porque son públicos diferentes. La promoción de la industria vitivinícola es distinta de la del Plan Raíces, y los públicos a quienes se dirigen también.
Otra consideración es si sólo pesar el share o el impacto objetivo respecto del público elegido al cual se destina, independientemente de los alcances.
Y, tal como se mencionó, nos parece buena la propuesta de que las universidades públicas sean las encargadas de medir los impactos.
Respecto del tema de las vedas, nos parece que están bien los principios, pero hay una cierta generalización, salvo algunas excepciones. Concurso, llamados de personal y otra cantidad de cosas que no tienen que ver con emergencias no tendrían por qué estar suspendidas cuarenta y cinco días -o lo que dure la campaña-, pues podría tender a situaciones no urgentes y que formen parte de un plan anual, que no sean necesariamente cuestiones de tipo electoral.
La cuestión de fondo sobre la que hay cierto consenso en los proyectos es que la publicidad oficial es una de las herramientas destinadas a la relación entre el Estado y los medios, tendiente al fomento de la diversidad y el pluralismo.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Como ha sido muy puntual en las apreciaciones y se ha referido concretamente a los proyectos, si hay alguna otra cuestión que quiera agregar, tiene algunos minutos más disponibles, puesto que hemos dado esta licencia a todos los participantes.
SR. LORETTI No es necesario, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Tiene la palabra el señor Manuel Garrido, representante del Programa Justicia y Transparencia del CIPPEC.
SR. GARRIDO Agradezco la invitación, y voy a tratar de ser muy breve.
Quiero hacer hincapié respecto de algunos de los aspectos del proyecto de ley que se está elaborando. En primer lugar, nos parece muy importante que exista una ley; de hecho su importancia se refleja en uno de los casos que hoy se mencionó, el caso del diario de Río Negro, donde efectivamente el Ministerio Público en esa ocasión consideró que no había ningún tipo de límite ni debía haber ningún pronunciamiento por no estar regulado por ley. De manera que la circunstancia de que el Congreso se decida a regular esta cuestión es fundamental. Debemos tener en cuenta este punto de apoyo, donde específicamente se hace referencia a la necesidad de que haya criterios objetivos en los cuales prime la neutralidad y que además se prevenga la existencia de arbitrariedad en la distribución de la pauta.
A nuestro criterio, una de las cuestiones que ha generado confusión es la relativa a la distribución de la pauta y los subsidios. Nos parece que son cuestiones que deben regularse por separado.
Consideramos importante que se mantengan subsidios sobre la base de criterios objetivos de distribución, vinculados con algunas de las cuestiones que aquí se plantearon, referidas a la gran desigualdad existente entre los distintos medios de comunicación, que pueden verse favorecidos por la pauta o por esos subsidios.
Quiero dar algunos ejemplos que me parecen importantes para hacer hincapié en algunos aspectos que entendemos que deben regularse en relación con algunos casos particulares.
En la Fiscalía de Investigaciones tuvimos ocasión de investigar algunas cuestiones relativas a la pauta en casos patológicos o de abuso de un marco, por falta de regulación, para favorecer a empresas vinculadas. Es decir que había casos de corrupción y no de falta de equidad en la distribución de la pauta o de favoritismo político. En realidad se trata de fenómenos patológicos que se ven posibilitados por la falta de regulación, los cuales revelan la necesidad de establecer cuestiones que hoy se mencionaron y que están puntualizadas específicamente en el documento de ADC, que nosotros compartimos.
Hoy también se mencionó el principio de transparencia activa. Estamos discutiendo la ley de acceso a la información, pero vemos importante que exista transparencia activa en la publicidad de la definición de la pauta. De hecho, en las investigaciones que desarrollamos siempre tuvimos obstáculos para acceder a esa información, siendo que debería estar disponible y accesible de manera sencilla.
Otro punto que quiero destacar es el control concreto de la distribución de la pauta. Además de la fijación de criterios objetivos en la ley, nos parece importante el control del cumplimiento de esa publicidad. En algunas de las investigaciones que realizamos en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas verificamos que en algunos de esos casos no existían mecanismos para corroborar si efectivamente se cumplía con la publicidad, en cuanto al tiempo para el cual se estaba comprometiendo esa distribución de la pauta y a la extensión de la campaña publicitaria. Entonces, es relevante el tema del control y las sanciones, pues tienen que ser adecuadas y deben constituir un incentivo para no violar estas pautas.
Otro aspecto que se mencionó es el de la utilización de la publicidad oficial para la realización de propaganda vinculada a campañas y demás cuestiones similares. Considero que este punto tiene que ser mencionado expresamente y reitero la necesidad de hacer hincapié en el tema del control.
Estas cuestiones normalmente no dan lugar a controles de tipo judicial. De hecho, en la experiencia de estos dos años ha habido supuestos en casos de campañas vacuas que han sido llevados a la Justicia, sin objetivo aparente, que fueron motivadas por la desvirtuación oficial para propagandas, o bien para dar a difusión cosas irrelevantes y que en definitiva encubrían subsidios. Concretamente quiero señalar que todos los casos que fueron analizados por parte de la Justicia fueron desestimados.
Por ello, destaco la necesidad de los controles preventivos en el ámbito de la administración, sin dejar libradas estas cuestiones a ámbitos que no le han dado respuesta ni solución, porque no consideran que sean objeto de competencia judicial.
Quiero hacer hincapié respecto de algunos de los aspectos del proyecto de ley que se está elaborando. En primer lugar, nos parece muy importante que exista una ley; de hecho su importancia se refleja en uno de los casos que hoy se mencionó, el caso del diario de Río Negro, donde efectivamente el Ministerio Público en esa ocasión consideró que no había ningún tipo de límite ni debía haber ningún pronunciamiento por no estar regulado por ley. De manera que la circunstancia de que el Congreso se decida a regular esta cuestión es fundamental. Debemos tener en cuenta este punto de apoyo, donde específicamente se hace referencia a la necesidad de que haya criterios objetivos en los cuales prime la neutralidad y que además se prevenga la existencia de arbitrariedad en la distribución de la pauta.
A nuestro criterio, una de las cuestiones que ha generado confusión es la relativa a la distribución de la pauta y los subsidios. Nos parece que son cuestiones que deben regularse por separado.
Consideramos importante que se mantengan subsidios sobre la base de criterios objetivos de distribución, vinculados con algunas de las cuestiones que aquí se plantearon, referidas a la gran desigualdad existente entre los distintos medios de comunicación, que pueden verse favorecidos por la pauta o por esos subsidios.
Quiero dar algunos ejemplos que me parecen importantes para hacer hincapié en algunos aspectos que entendemos que deben regularse en relación con algunos casos particulares.
En la Fiscalía de Investigaciones tuvimos ocasión de investigar algunas cuestiones relativas a la pauta en casos patológicos o de abuso de un marco, por falta de regulación, para favorecer a empresas vinculadas. Es decir que había casos de corrupción y no de falta de equidad en la distribución de la pauta o de favoritismo político. En realidad se trata de fenómenos patológicos que se ven posibilitados por la falta de regulación, los cuales revelan la necesidad de establecer cuestiones que hoy se mencionaron y que están puntualizadas específicamente en el documento de ADC, que nosotros compartimos.
Hoy también se mencionó el principio de transparencia activa. Estamos discutiendo la ley de acceso a la información, pero vemos importante que exista transparencia activa en la publicidad de la definición de la pauta. De hecho, en las investigaciones que desarrollamos siempre tuvimos obstáculos para acceder a esa información, siendo que debería estar disponible y accesible de manera sencilla.
Otro punto que quiero destacar es el control concreto de la distribución de la pauta. Además de la fijación de criterios objetivos en la ley, nos parece importante el control del cumplimiento de esa publicidad. En algunas de las investigaciones que realizamos en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas verificamos que en algunos de esos casos no existían mecanismos para corroborar si efectivamente se cumplía con la publicidad, en cuanto al tiempo para el cual se estaba comprometiendo esa distribución de la pauta y a la extensión de la campaña publicitaria. Entonces, es relevante el tema del control y las sanciones, pues tienen que ser adecuadas y deben constituir un incentivo para no violar estas pautas.
Otro aspecto que se mencionó es el de la utilización de la publicidad oficial para la realización de propaganda vinculada a campañas y demás cuestiones similares. Considero que este punto tiene que ser mencionado expresamente y reitero la necesidad de hacer hincapié en el tema del control.
Estas cuestiones normalmente no dan lugar a controles de tipo judicial. De hecho, en la experiencia de estos dos años ha habido supuestos en casos de campañas vacuas que han sido llevados a la Justicia, sin objetivo aparente, que fueron motivadas por la desvirtuación oficial para propagandas, o bien para dar a difusión cosas irrelevantes y que en definitiva encubrían subsidios. Concretamente quiero señalar que todos los casos que fueron analizados por parte de la Justicia fueron desestimados.
Por ello, destaco la necesidad de los controles preventivos en el ámbito de la administración, sin dejar libradas estas cuestiones a ámbitos que no le han dado respuesta ni solución, porque no consideran que sean objeto de competencia judicial.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Habíamos acordado otorgar dos minutos al señor Darío Basso para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor Basso.
Tiene la palabra el señor Basso.
SR. BASSO Señora presidenta: deseo expresar mi agradecimiento al señor diputado Zavallo por haberme ofrecido esta oportunidad.
Quiero hablar del tema de los privilegios que se otorgan fundamentalmente a las radios de las ONG respecto de las pequeñas, las nuestras, es decir, aquellas radios de pueblo que son las que tenemos familiarmente. El dial que va del 88 al 108 en FM no se estira. De ese dial, el 33 por ciento es de las ONG, el 33 por ciento del Estado y el 33 por ciento de los privados. Los privados compramos pliegos de bases y condiciones, participamos, hicimos las carpetas correspondientes para acceder a ese 33 por ciento. Las ONG no lo hicieron y se lo dieron gratis.
En este momento nosotros consideramos que si se les da publicidad oficial se agranda el privilegio hacia ese sector, porque se le está brindando más de lo que inclusive establece la propia ley. Es decir, las ONG están usufructuando un privilegio al tener el 33 por ciento gratis que nosotros pagamos, y ahora se les da publicidad oficial.
Entonces, convendría que nuestras asociaciones formaran una gran cooperativa. Esta es una de las ideas que estamos pensando, es decir, constituir una gran cooperativa entrerriana de medios y presentarnos también como ONG. Esto es lo que quería dejar en claro.
En cuanto al censo del que aquí se habló, quiero decir que el hecho de estar censado no significa tener licencia y tampoco autorización para funcionar. Es nada más que un censo.
Quiero hablar del tema de los privilegios que se otorgan fundamentalmente a las radios de las ONG respecto de las pequeñas, las nuestras, es decir, aquellas radios de pueblo que son las que tenemos familiarmente. El dial que va del 88 al 108 en FM no se estira. De ese dial, el 33 por ciento es de las ONG, el 33 por ciento del Estado y el 33 por ciento de los privados. Los privados compramos pliegos de bases y condiciones, participamos, hicimos las carpetas correspondientes para acceder a ese 33 por ciento. Las ONG no lo hicieron y se lo dieron gratis.
En este momento nosotros consideramos que si se les da publicidad oficial se agranda el privilegio hacia ese sector, porque se le está brindando más de lo que inclusive establece la propia ley. Es decir, las ONG están usufructuando un privilegio al tener el 33 por ciento gratis que nosotros pagamos, y ahora se les da publicidad oficial.
Entonces, convendría que nuestras asociaciones formaran una gran cooperativa. Esta es una de las ideas que estamos pensando, es decir, constituir una gran cooperativa entrerriana de medios y presentarnos también como ONG. Esto es lo que quería dejar en claro.
En cuanto al censo del que aquí se habló, quiero decir que el hecho de estar censado no significa tener licencia y tampoco autorización para funcionar. Es nada más que un censo.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ La señora diputada Giudici había pedido la palabra para formular una pregunta a la señora presidenta de la AMARC.
Tiene la palabra la señora diputada Giudici.
Tiene la palabra la señora diputada Giudici.
SRA. GIUDICI Señora presidenta: quiero expresar mi agradecimiento a todos nuestros invitados por venir y por aportar sus interesantes puntos de vista.
Para aprovechar el tiempo quiero formular algunas preguntas muy cortas. No sé si pueden contestarlas o enviar después por e-mail la respuesta a las presidencias de las comisiones.
En el caso de las radios comunitarias, quiero preguntarles si tienen una estimación concreta de cuántas radios comunitarias inscriptas como tales existen en el país. Lo mismo quiero preguntar al señor Huarte respecto de cuántas radios de baja potencia con fines de lucro hay en la Argentina.
Por otra parte, quiero señalar que el doctor Damián Loretti realmente ha hecho un aporte en relación con muchos puntos de nuestros proyectos. Durante estos años cada organización efectuó aportes muy interesantes para trabajar sobre la regulación de la publicidad oficial.
Lo que todavía me queda como una incógnita -estamos trabajando a todo vapor con los asesores para poder resolverla- es cómo se genera una contratación lo más transparente, neutral, objetiva y sin discrecionalidad a la hora de asignar la pauta, pensando que uno puede tener primero una campaña definida y luego un plan anual de medios para distribuir esa campaña. Alguien señaló que una licitación es un procedimiento asimilado a una obra pública y al que resulta largo, costoso y complejo acceder.
Entonces, uno utilizaría los mecanismos de contratación del Estado. ¿Pero cómo es posible, entre los criterios que se ponderan y el momento de efectuar la asignación, que no quede librada a la discrecionalidad del funcionario la manera de inscribir ese procedimiento? Tal vez podríamos hacer un ejercicio de propuestas que ustedes podrían enviarnos por escrito, porque realmente me interesa mucho la visión que puedan tener. Esto es algo que no profundiza mucho ninguna de las organizaciones, pero a la hora de estudiarlo nos parece que es un tema muy complejo.
Para aprovechar el tiempo quiero formular algunas preguntas muy cortas. No sé si pueden contestarlas o enviar después por e-mail la respuesta a las presidencias de las comisiones.
En el caso de las radios comunitarias, quiero preguntarles si tienen una estimación concreta de cuántas radios comunitarias inscriptas como tales existen en el país. Lo mismo quiero preguntar al señor Huarte respecto de cuántas radios de baja potencia con fines de lucro hay en la Argentina.
Por otra parte, quiero señalar que el doctor Damián Loretti realmente ha hecho un aporte en relación con muchos puntos de nuestros proyectos. Durante estos años cada organización efectuó aportes muy interesantes para trabajar sobre la regulación de la publicidad oficial.
Lo que todavía me queda como una incógnita -estamos trabajando a todo vapor con los asesores para poder resolverla- es cómo se genera una contratación lo más transparente, neutral, objetiva y sin discrecionalidad a la hora de asignar la pauta, pensando que uno puede tener primero una campaña definida y luego un plan anual de medios para distribuir esa campaña. Alguien señaló que una licitación es un procedimiento asimilado a una obra pública y al que resulta largo, costoso y complejo acceder.
Entonces, uno utilizaría los mecanismos de contratación del Estado. ¿Pero cómo es posible, entre los criterios que se ponderan y el momento de efectuar la asignación, que no quede librada a la discrecionalidad del funcionario la manera de inscribir ese procedimiento? Tal vez podríamos hacer un ejercicio de propuestas que ustedes podrían enviarnos por escrito, porque realmente me interesa mucho la visión que puedan tener. Esto es algo que no profundiza mucho ninguna de las organizaciones, pero a la hora de estudiarlo nos parece que es un tema muy complejo.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Tiene la palabra la señora Belforte.
SRA. BELFORTE Señora presidenta: en primer término quiero aclarar que no soy presidenta de la organización a la que represento, porque AMARC Argentina tiene una mesa integrada por cinco radios.
En segundo lugar, deseo señalar que siempre hay una fantasía en relación con lo que ha sido el tema de la cantidad de radios, sobre todo del sector comunitario, respecto del cual podríamos entrar en detalle y analizar qué significa y a qué área pertenece.
Lo cierto es que la autoridad de aplicación lanzó un censo en marzo de este año, que no era solamente para el sector sin fines de lucro, sino también para el otro, y de hecho este trabajo se está sistematizando.
Además, AMARC Argentina tuvo una reunión el año pasado en la cual se pidió un mapeo respecto de la cantidad de radios del país, porque no lo había.
En segundo lugar, deseo señalar que siempre hay una fantasía en relación con lo que ha sido el tema de la cantidad de radios, sobre todo del sector comunitario, respecto del cual podríamos entrar en detalle y analizar qué significa y a qué área pertenece.
Lo cierto es que la autoridad de aplicación lanzó un censo en marzo de este año, que no era solamente para el sector sin fines de lucro, sino también para el otro, y de hecho este trabajo se está sistematizando.
Además, AMARC Argentina tuvo una reunión el año pasado en la cual se pidió un mapeo respecto de la cantidad de radios del país, porque no lo había.
SR. HUARTE Respecto de la cantidad de emisoras con fines de lucro, hay cuatro formas en que se ha regularizado su situación. Nosotros no hablamos del censo, porque recién se hizo ahora. Es un trabajo que veníamos planteando con el ex COMFER que se hizo de una forma totalmente distinta, con mala intención, para poder...
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Permítame interrumpirlo.
Les voy a pedir que sean sintéticos y se ciñan a la pregunta que fue formulada, que era muy simple, sobre la cantidad. Evitemos las adjetivaciones, porque, si no, vamos a dar origen a un debate muy prolongado, y no es la idea.
El propósito de la reunión es recibir aportes e informaciones. Para las ponderaciones y las adjetivaciones va a haber otra instancia, que no es esta.
La pregunta de la señora diputada Giudici fue muy simple.
Les voy a pedir que sean sintéticos y se ciñan a la pregunta que fue formulada, que era muy simple, sobre la cantidad. Evitemos las adjetivaciones, porque, si no, vamos a dar origen a un debate muy prolongado, y no es la idea.
El propósito de la reunión es recibir aportes e informaciones. Para las ponderaciones y las adjetivaciones va a haber otra instancia, que no es esta.
La pregunta de la señora diputada Giudici fue muy simple.
SR. HUARTE La pregunta es simple, pero la respuesta no lo es tanto. Según la resolución 1.366 de 2006, 3.500 emisoras integraron la normalización. Éstas están inscritas y son comerciales.
La resolución 573 tiene que ver con las radios de organizaciones sin fines de lucro. Había aproximadamente 200 en el país, y no sabemos cuáles son las que están normalizadas, porque tendían que presentar su documentación, hecho que jamás se pudo saber por parte del COMFER -en su momento- y de la AFSCA -en la actualidad-.
Según los llamados a concurso de 1999, 2001 y 2003, hay 1.500 emisoras con normalización. Estamos hablando de licencias de habilitaciones definitivas y también habilitaciones para transmitir precarias. Que figuren en el censo no implica que estén autorizadas; el mismo censo que planteo AFSCA aclara que no tienen ningún derecho, que solamente es para saber quién es y dónde está.
Pero tenemos en este caso casi 5.000 emisoras que están regularizadas dentro de lo posible, lo cual no es tan fácil.
La señora diputada Giudici preguntó cómo hacer esa distribución publicitaria sin una licitación. Nosotros consideramos que es posible mediante ese Consejo Federal, donde participarán todas las asociaciones de control. Lo que le falta a las leyes es que se cumplan y que haya controles verdaderos de los sectores que tienen que controlar y que tienen interés. Porque si no tienen intereses, no controlan nada.
Creemos que deben participar de ese Consejo todas las organizaciones que representan a alguien y que tienen personería jurídica.
La resolución 573 tiene que ver con las radios de organizaciones sin fines de lucro. Había aproximadamente 200 en el país, y no sabemos cuáles son las que están normalizadas, porque tendían que presentar su documentación, hecho que jamás se pudo saber por parte del COMFER -en su momento- y de la AFSCA -en la actualidad-.
Según los llamados a concurso de 1999, 2001 y 2003, hay 1.500 emisoras con normalización. Estamos hablando de licencias de habilitaciones definitivas y también habilitaciones para transmitir precarias. Que figuren en el censo no implica que estén autorizadas; el mismo censo que planteo AFSCA aclara que no tienen ningún derecho, que solamente es para saber quién es y dónde está.
Pero tenemos en este caso casi 5.000 emisoras que están regularizadas dentro de lo posible, lo cual no es tan fácil.
La señora diputada Giudici preguntó cómo hacer esa distribución publicitaria sin una licitación. Nosotros consideramos que es posible mediante ese Consejo Federal, donde participarán todas las asociaciones de control. Lo que le falta a las leyes es que se cumplan y que haya controles verdaderos de los sectores que tienen que controlar y que tienen interés. Porque si no tienen intereses, no controlan nada.
Creemos que deben participar de ese Consejo todas las organizaciones que representan a alguien y que tienen personería jurídica.
SRA. GIUDICI Entonces no podemos decir cuántas de esas 5.000 radios son de baja potencia.
SR. HUARTE Todas son de baja potencia.
SRA. GIUDICI ¿Entre comunitarias y no comunitarias?
SR. HUARTE No, las comunitarias no sabemos cuántas son.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, representaba hasta 2008 a unas cincuenta emisoras en todo el país.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, representaba hasta 2008 a unas cincuenta emisoras en todo el país.
SRA. GIUDICI ¿Usted dice que son cinco mil de baja potencia en todo el país?
SR. HUARTE Así es, señora diputada. Pero todavía faltan las que no están normalizadas ni regularizadas.
SR. LORETTI En este planteo se dan muchas cuestiones por asumidas, pero hay dos cuestiones de base. La primera es cuál es el rol del Estado respecto de los medios y, segundo, cómo se compila esto.
No me atrevo a dar demasiadas pistas, y mucho menos de memoria. Pero, por ejemplo, los españoles hacen un corte entre campañas de publicidad y de comunicación, porque es otro tipo de mensaje.
Otros criterios tiene que ver con el principio de pertenencia, y también con la cobertura. Pero esto va enlazado con lo que los europeos llaman "bases legales regidas por criterio de equidad social". La manera en que se arma esa grilla tiene que ver con lo que se plantee como modelo. Si las empresas reciben dinero por medios indirectos por parte del Estado o no pagan, hay que cruzarlo contra la cuenta, porque esto hace a la relación entre los medios y el Estado.
Del listado que di anteriormente, pedido en 2005 por Laura Alonso -ahora diputada de la Nación-, surgía que existían desgravamientos que sumaban en el año aproximadamente lo mismo que la pauta, y era para pocos medios.
No me atrevo a dar demasiadas pistas, y mucho menos de memoria. Pero, por ejemplo, los españoles hacen un corte entre campañas de publicidad y de comunicación, porque es otro tipo de mensaje.
Otros criterios tiene que ver con el principio de pertenencia, y también con la cobertura. Pero esto va enlazado con lo que los europeos llaman "bases legales regidas por criterio de equidad social". La manera en que se arma esa grilla tiene que ver con lo que se plantee como modelo. Si las empresas reciben dinero por medios indirectos por parte del Estado o no pagan, hay que cruzarlo contra la cuenta, porque esto hace a la relación entre los medios y el Estado.
Del listado que di anteriormente, pedido en 2005 por Laura Alonso -ahora diputada de la Nación-, surgía que existían desgravamientos que sumaban en el año aproximadamente lo mismo que la pauta, y era para pocos medios.
SRA. GIUDICI Esos desgravamientos eran por una circunstancia específica de la ley de radiodifusión por radio de frontera...
SR. LORETTI No, señora diputada. No había desagravamiento de 17 y 18 millones para radios de frontera, y sí para unos grupos.
SRA. GIUDICI Así es. Había radios que no eran de frontera que estaban recibiendo desgravamientos.
SR. LORETTI Muchas resoluciones hacen referencia a causales como: "para una mejor continuidad del servicio". En algunos casos había habido un incentivo y en otros, no. Pero tomados esos criterios, permite definirse el resto.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Tiene la palabra el señor Basso.
SR. BASSO Es un tema que hace a todos los aquí presentes y que tiene que ver con los recursos para los medios de comunicación y el cumplimiento de las normas. Gran porcentaje de la publicidad que tenían los medios del interior del país, sean electrónicos o gráficos, ha dejado de cursarse en los medios y se la cursa a través de los canales de cable, siendo que está prohibido poner publicidad en la televisión paga.
Sin perjuicio de ello, la mitad de la publicidad que se contrata desde la Argentina -que no se hace en nuestro país, sino en Miami- ingresa a los hogares argentinos a través de Warner, Fox, History Channel y otros, que ingresan en forma de televisión paga a todas nuestras casas.
De más está decir que esa publicidad no engrosa los recursos genuinos que tienen los medios de comunicación en la Argentina, además de no pagar IVA.
Sin perjuicio de ello, la mitad de la publicidad que se contrata desde la Argentina -que no se hace en nuestro país, sino en Miami- ingresa a los hogares argentinos a través de Warner, Fox, History Channel y otros, que ingresan en forma de televisión paga a todas nuestras casas.
De más está decir que esa publicidad no engrosa los recursos genuinos que tienen los medios de comunicación en la Argentina, además de no pagar IVA.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Gracias a todos por sus aportes. La Comisión se volverá a reunir el martes 31 de agosto, con la invitación a los medios.
No habiendo más temas por tratar, se da por finalizada la reunión.
No habiendo más temas por tratar, se da por finalizada la reunión.
- Es la hora 14 y 18.