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LIBERTAD DE EXPRESION
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 134
Jueves 10.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2167 Internos 2135/2139/2167
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- LIBERTAD DE EXPRESION
Reunión del día 15/04/2009
- VISITA DEL CELS
SRA. PRESIDENTA GIÚDICI Con la presencia de un tercio de los miembros de la comisión damos comienzo a la reunión del día de la fecha.
Hoy contaremos con la presencia de invitados del CELS. Sugiero que mientras esperamos su llegada emitamos despacho en relación con los proyectos contenidos en el temario que nos hemos propuesto considerar en el día de la fecha.
Hemos invitado a la señora diputada Ginzburg, autora de uno de los proyectos, por lo que si los señores diputados están de acuerdo pasaremos a considerar como primer punto del temario el expediente 2312-d-2008.
Tiene la palabra la señora diputada Ginzburg para fundamentar su proyecto.
Hoy contaremos con la presencia de invitados del CELS. Sugiero que mientras esperamos su llegada emitamos despacho en relación con los proyectos contenidos en el temario que nos hemos propuesto considerar en el día de la fecha.
Hemos invitado a la señora diputada Ginzburg, autora de uno de los proyectos, por lo que si los señores diputados están de acuerdo pasaremos a considerar como primer punto del temario el expediente 2312-d-2008.
Tiene la palabra la señora diputada Ginzburg para fundamentar su proyecto.
SRA. GINZBURG Muchas gracias por la invitación. Verdaderamente lamento mucho que esta comisión no tenga quórum. Participo activamente en cinco comisiones, una de ellas es la de Peticiones, Poderes y Reglamento, que no se reúne mucho, sin embargo nosotros siempre nos reunimos. Esto fundamenta lo que ha dicho la SIP sobre el desprecio que tiene este gobierno por la libertad de prensa.
Este proyecto será un postrer homenaje a Bernardo Neustadt. Quiero mencionar que en su momento yo tenía un prejuicio contra él. Fui adversaria del régimen de los 90, del gobierno de esa época, del que Bernardo Neustadt para mí era un ícono.
Los sábados por la mañana Neustadt realizaba desayunos en su casa, y me invitó cuando fui electa diputada en 2005. Era un comunicador nato, y aunque no publicara en diarios o en revistas en el último tiempo, sí lo hacía en internet. En ese entonces fui a su casa con cierto preconcepto. Invitaba a gente de todas las inclinaciones políticas, religiosas, sociales, de todas las extracciones.
Con el tiempo, aun sin coincidir en muchos temas políticos, fui dándome cuenta de que era una persona con una gran calidad humana y que nadie podía negarle su característica de periodista, más allá de que en el día de su muerte algunos lo calificaron de lobbista. Si lo fue o no, nadie le podrá negar su calidad de periodista, que lo fue desde que tenía 13 años.
En los últimos tiempos antes de su muerte tuvimos un trato constante y compartíamos la preocupación por la falta de institucionalidad cada vez mayor que veíamos en el país, en particular por lo que pasaba con el Consejo de la Magistratura, los decretos de necesidad y urgencia y los superpoderes.
Todos los sábados hacía desayunos, y tenía un blog de internet donde publicaba diariamente una nota.
Escribió un libro titulado "Escribir sobre el agua", el cual iba a ser publicado por la editorial El Ateneo. El libro iba a ser presentado el 15 de mayo, pero recibieron amenazas de muerte tanto él como la editorial El Ateneo y no lo hicieron en ese momento.
La presentación finalmente la hizo en octubre en la plaza Lavalle. Quien se encargó de hablar antes de él -que lo hizo magníficamente- fue el rabino Bergman.
Uno podrá haber compartido o no las ideas de Bernardo Neustadt, pero podemos decir que no perteneció a ningún partido ni tuvo una expresión que pudiera decirse que hacía apología del delito como si fuera de un partido neonazi o algo por el estilo. Simplemente tenía ideas distintas a otros, y tenía derecho a expresarlas.
Él se puso muy contento de que yo hiciera esta declaración de repudio luego de sentir la amargura de no poder presentar su libro porque la editorial tuvo miedo de tener un atentado. Poco después lamentablemente falleció, y seguramente estaría feliz si supiera que hoy se está tratando este proyecto en el Congreso.
Vuelvo a decir que lamento que no haya quórum, porque más allá de las ideas que uno pudiera compartir o no con él, no se le puede negar su calidad de periodista. Y creo que esta amenaza, este ataque que le impidió presentar su último libro como él hubiera querido, es un hecho deleznable que no puede ocurrir en nuestro país. Por eso mi pedido de repudio.
Este proyecto será un postrer homenaje a Bernardo Neustadt. Quiero mencionar que en su momento yo tenía un prejuicio contra él. Fui adversaria del régimen de los 90, del gobierno de esa época, del que Bernardo Neustadt para mí era un ícono.
Los sábados por la mañana Neustadt realizaba desayunos en su casa, y me invitó cuando fui electa diputada en 2005. Era un comunicador nato, y aunque no publicara en diarios o en revistas en el último tiempo, sí lo hacía en internet. En ese entonces fui a su casa con cierto preconcepto. Invitaba a gente de todas las inclinaciones políticas, religiosas, sociales, de todas las extracciones.
Con el tiempo, aun sin coincidir en muchos temas políticos, fui dándome cuenta de que era una persona con una gran calidad humana y que nadie podía negarle su característica de periodista, más allá de que en el día de su muerte algunos lo calificaron de lobbista. Si lo fue o no, nadie le podrá negar su calidad de periodista, que lo fue desde que tenía 13 años.
En los últimos tiempos antes de su muerte tuvimos un trato constante y compartíamos la preocupación por la falta de institucionalidad cada vez mayor que veíamos en el país, en particular por lo que pasaba con el Consejo de la Magistratura, los decretos de necesidad y urgencia y los superpoderes.
Todos los sábados hacía desayunos, y tenía un blog de internet donde publicaba diariamente una nota.
Escribió un libro titulado "Escribir sobre el agua", el cual iba a ser publicado por la editorial El Ateneo. El libro iba a ser presentado el 15 de mayo, pero recibieron amenazas de muerte tanto él como la editorial El Ateneo y no lo hicieron en ese momento.
La presentación finalmente la hizo en octubre en la plaza Lavalle. Quien se encargó de hablar antes de él -que lo hizo magníficamente- fue el rabino Bergman.
Uno podrá haber compartido o no las ideas de Bernardo Neustadt, pero podemos decir que no perteneció a ningún partido ni tuvo una expresión que pudiera decirse que hacía apología del delito como si fuera de un partido neonazi o algo por el estilo. Simplemente tenía ideas distintas a otros, y tenía derecho a expresarlas.
Él se puso muy contento de que yo hiciera esta declaración de repudio luego de sentir la amargura de no poder presentar su libro porque la editorial tuvo miedo de tener un atentado. Poco después lamentablemente falleció, y seguramente estaría feliz si supiera que hoy se está tratando este proyecto en el Congreso.
Vuelvo a decir que lamento que no haya quórum, porque más allá de las ideas que uno pudiera compartir o no con él, no se le puede negar su calidad de periodista. Y creo que esta amenaza, este ataque que le impidió presentar su último libro como él hubiera querido, es un hecho deleznable que no puede ocurrir en nuestro país. Por eso mi pedido de repudio.
SRA. PRESIDENTA GIÚDICI Tiene la palabra el señor diputado Iglesias.
SR. IGLESIAS Señora presidenta: a título personal y en el de mi bloque adelanto que vamos a acompañar el proyecto presentado por la señora diputada Ginzburg en nombre de la mejor parte de la tradición liberal, entendiendo por esto no la libertad de mercado sino la libertad de prensa, de opinión y de defensa de las libertades, como expresa la célebre frase -que ahora se la atribuyen a Voltaire pero que ha sido atribuida a muchos autores- que dice: "Aunque no esté de acuerdo con lo que opinas voy a defender a muerte tu derecho a expresar tu opinión".
En esos términos el bloque de la Coalición Cívica acompaña el proyecto presentado por la señora diputada Ginzburg.
En esos términos el bloque de la Coalición Cívica acompaña el proyecto presentado por la señora diputada Ginzburg.
SRA. GINZBURG Quiero aclarar que lo que pido es el repudio por el atentado y no por lo que significó el señor Neustadt.
SR. IGLESIAS Está muy claro.
SRA. PRESIDENTA GIÚDICI Tiene la palabra la señora diputada Morandini.
SRA. MORANDINI Señora presidenta: tendría mucho para decir del señor Neustadt pero no es este el momento ni el lugar. He escrito un libro analizando el periodismo de televisión, precisamente desde Neustadt hasta el simulacro o parodia de periodismo del programa de Pergolini.
Para acompañar el proyecto de repudio al atentado es ocioso hablar de Neustadt. No importa si fue contra él o contra quien fuere. De lo que se trata es de repudiar un atentado en un país como el nuestro, que todavía no tiene incorporado como estructura el derecho a decir, que es la madre de todas las libertades.
Para acompañar el proyecto de repudio al atentado es ocioso hablar de Neustadt. No importa si fue contra él o contra quien fuere. De lo que se trata es de repudiar un atentado en un país como el nuestro, que todavía no tiene incorporado como estructura el derecho a decir, que es la madre de todas las libertades.
SRA. PRESIDENTA GIÚDICI Desde su constitución en este año parlamentario esta comisión sostiene que lo más importante es hacerse eco y lograr un ámbito donde las amenazas a periodistas o medios de comunicación puedan tratarse, debatirse y tener una caja de resonancia.
Por eso, en el mismo sentido que lo expresado por el señor diputado Iglesias y la señora diputada Morandini, sin compartir ninguna de las ideas del periodista Neustadt y porque respetamos la libertad de expresión y el pensamiento de la señora diputada Guinzburg, que considera que esto debe merecer un repudio, es que vamos a acompañar el proyecto presentado por la legisladora.
Por eso, en el mismo sentido que lo expresado por el señor diputado Iglesias y la señora diputada Morandini, sin compartir ninguna de las ideas del periodista Neustadt y porque respetamos la libertad de expresión y el pensamiento de la señora diputada Guinzburg, que considera que esto debe merecer un repudio, es que vamos a acompañar el proyecto presentado por la legisladora.
SRA. GINZBURG Muchas gracias, señora presidenta.
SRA. PRESIDENTA GIÚDICI En otro orden de cosas quiero informar sobre el quórum de la comisión.
Es importante que todos los diputados sepan que a partir de la semana pasada, por decisión de la Presidencia, se ha ampliado el número de esta comisión. Hay dos integrantes nuevos que pertenecen al Frente para la Victoria, con lo cual el quórum se incrementa y necesitamos trece diputados para poder firmar los dictámenes en mayoría.
No obstante ello, como contamos con el tercio reglamentario, vamos a despachar estos expedientes.
El resto de los expedientes que tenemos que considerar son asuntos que han estado en los temarios repetidas veces. Si algún diputado quiere hacer alguna apreciación puede hacerla, de lo contrario y como cuentan con acuerdo de los asesores, procederíamos al despacho.
Por otro lado quiero informar que la secretaría de la comisión cumplió en realizar el pedido de ampliación de giros que nos habían solicitado para varios proyectos. Sobre algunos de los expedientes que planteaban el repudio por lo que le sucedió al periodista Nelson Castro, se otorgó la ampliación del giro y Libertad de Expresión figura como segunda comisión. Hay que esperar que los trate la Comisión de Comunicaciones y luego pasarían para que los firme esta comisión. Con esto quiero señalar que tuvimos éxito en el reclamo para que la Comisión de Libertad de Expresión sea incluida en el giro de esos expedientes.
Hemos invitado a esta reunión a algunos miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, porque tomamos conocimiento de la iniciativa que han elaborado sobre modificación de la normativa que rige los delitos de calumnias e injurias.
Si bien esta comisión no es la cabecera y ni siquiera se encuentra entre aquellas a las que han sido girados proyectos anteriores, me pareció oportuno e importante hacer una introducción al tema. Son varios los diputados que a lo largo de estos años han presentado iniciativas que expresan la necesidad de modificar la legislación existente respecto de los delitos de calumnias e injurias. La señora diputada Diana Conti presentó el proyecto de ley contenido en el expediente 0293-d-08; el señor diputado Hugo Prieto, aquel contenido en el expediente 5144-d-2008; la señora diputada Marcela Rodríguez, la iniciativa que lleva el número 0946-d-09; finalmente, los señores diputados Rioboo, Iglesias y quien habla elaboramos en 2008 un proyecto sobre este tema.
Con miembros de esta comisión y diputados de diferentes fuerzas políticas con los que compartimos foros y seminarios hemos hablado acerca de que las leyes vinculadas con la protección de la labor periodística son parte fundamental de una agenda ampliada en materia de libertad de expresión que la Argentina debe considerar. Junto con el derecho de respuesta, las normas que rigen el acceso a la información y la regulación de la publicidad oficial, y la ley de radiodifusión, aquellas son para nosotros una prioridad en esa agenda ampliada porque el objetivo es proteger los derechos de libertad de expresión, de pensamiento, de prensa y de acceso a la información.
Por eso, los diputados que integramos esta comisión asignamos importancia a la presentación del CELS y tratamos de avanzar en su tratamiento legislativo. En momentos en que el Poder Ejecutivo propone un anteproyecto para regular la radiodifusión y cambiar las reglas de juego de las comunicaciones en la Argentina, hay aspectos que no pueden ser postergados; fundamentalmente, la sanción de leyes que mejoren el ejercicio de la labor periodística e impidan cualquier elemento de presión en nuestro país.
Hechas estas consideraciones, la Presidencia invita al doctor Santiago Felgueras, del CELS, a que realice una introducción mientras esperamos la llegada de la señora Andrea Pochak.
Tiene la palabra el señor Felgueras.
Es importante que todos los diputados sepan que a partir de la semana pasada, por decisión de la Presidencia, se ha ampliado el número de esta comisión. Hay dos integrantes nuevos que pertenecen al Frente para la Victoria, con lo cual el quórum se incrementa y necesitamos trece diputados para poder firmar los dictámenes en mayoría.
No obstante ello, como contamos con el tercio reglamentario, vamos a despachar estos expedientes.
El resto de los expedientes que tenemos que considerar son asuntos que han estado en los temarios repetidas veces. Si algún diputado quiere hacer alguna apreciación puede hacerla, de lo contrario y como cuentan con acuerdo de los asesores, procederíamos al despacho.
Por otro lado quiero informar que la secretaría de la comisión cumplió en realizar el pedido de ampliación de giros que nos habían solicitado para varios proyectos. Sobre algunos de los expedientes que planteaban el repudio por lo que le sucedió al periodista Nelson Castro, se otorgó la ampliación del giro y Libertad de Expresión figura como segunda comisión. Hay que esperar que los trate la Comisión de Comunicaciones y luego pasarían para que los firme esta comisión. Con esto quiero señalar que tuvimos éxito en el reclamo para que la Comisión de Libertad de Expresión sea incluida en el giro de esos expedientes.
Hemos invitado a esta reunión a algunos miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, porque tomamos conocimiento de la iniciativa que han elaborado sobre modificación de la normativa que rige los delitos de calumnias e injurias.
Si bien esta comisión no es la cabecera y ni siquiera se encuentra entre aquellas a las que han sido girados proyectos anteriores, me pareció oportuno e importante hacer una introducción al tema. Son varios los diputados que a lo largo de estos años han presentado iniciativas que expresan la necesidad de modificar la legislación existente respecto de los delitos de calumnias e injurias. La señora diputada Diana Conti presentó el proyecto de ley contenido en el expediente 0293-d-08; el señor diputado Hugo Prieto, aquel contenido en el expediente 5144-d-2008; la señora diputada Marcela Rodríguez, la iniciativa que lleva el número 0946-d-09; finalmente, los señores diputados Rioboo, Iglesias y quien habla elaboramos en 2008 un proyecto sobre este tema.
Con miembros de esta comisión y diputados de diferentes fuerzas políticas con los que compartimos foros y seminarios hemos hablado acerca de que las leyes vinculadas con la protección de la labor periodística son parte fundamental de una agenda ampliada en materia de libertad de expresión que la Argentina debe considerar. Junto con el derecho de respuesta, las normas que rigen el acceso a la información y la regulación de la publicidad oficial, y la ley de radiodifusión, aquellas son para nosotros una prioridad en esa agenda ampliada porque el objetivo es proteger los derechos de libertad de expresión, de pensamiento, de prensa y de acceso a la información.
Por eso, los diputados que integramos esta comisión asignamos importancia a la presentación del CELS y tratamos de avanzar en su tratamiento legislativo. En momentos en que el Poder Ejecutivo propone un anteproyecto para regular la radiodifusión y cambiar las reglas de juego de las comunicaciones en la Argentina, hay aspectos que no pueden ser postergados; fundamentalmente, la sanción de leyes que mejoren el ejercicio de la labor periodística e impidan cualquier elemento de presión en nuestro país.
Hechas estas consideraciones, la Presidencia invita al doctor Santiago Felgueras, del CELS, a que realice una introducción mientras esperamos la llegada de la señora Andrea Pochak.
Tiene la palabra el señor Felgueras.
SR. FELGUERAS Señora presidenta: quiero explicar en pocos minutos cómo se fue gestando el proyecto elaborado por el CELS.
Desde hace mucho tiempo el Centro de Estudios Legales y Sociales viene buscando, junto con otros organismos, la derogación lisa y llana de los delitos de calumnias e injurias. En realidad se trata de la derogación de todo el título, a fin de que lo que en doctrina se conoce como abuso del ejercicio de la libertad de expresión tenga sólo sanción de tipo pecuniario y no sanción penal.
Este fue el objetivo principal de la negociación que tuvo lugar en la Corte Interamericana a raíz del caso Kimel, que en un primer momento estuvo acompañado de otros casos que luego se separaron. Pasaron varios gobiernos, ya que esto comenzó hace muchos años, y nunca se llegó a un acuerdo. Es por ello que el caso terminó con una sentencia de la corte, ya que el actual gobierno -al igual que otros- reconoció la responsabilidad respecto del fondo de la cuestión pero no su disposición para modificar la normativa vigente.
Todos los que leímos la sentencia de la Corte Interamericana podemos advertir que no exige en forma tajante la derogación de las leyes pero sí ubica la criminalización de las expresiones como un recurso totalmente excepcional.
En su proyecto, el CELS mantiene la idea de que lo mejor sería derogar por completo los delitos de calumnias e injurias para que el derecho penal no se ocupe más de esa área, y sostiene que un cumplimiento mínimo del fallo de la Corte Interamericana -es decir, sólo lo que exige y nada más que eso- se traduciría en modificar la legislación para adaptarla a los criterios sustentados en el caso Kimel.
Con esa lógica elaboramos un proyecto que propone la despenalización de todas las expresiones vinculadas a asuntos de interés público. Creemos que a su vez morigera la acción penal, incluso en los asuntos que no son de acción pública sobre determinadas reglas; incide básicamente en el instituto de retractación -que ampliamos- y modifica algunas cuestiones adicionales.
Tomamos conocimiento de un proyecto presentado hace poco, suscrito por varios firmantes, que propone la derogación total, que es la posición que el CELS mantiene como propia. Por supuesto lo acompañaríamos si se obtuvieran las voluntades suficientes en este Congreso para apoyar la derogación y en ese caso dejaríamos sin efecto este proyecto que hicimos sobre la cuestión penal.
La legislación penal y civil actualmente vigentes en lo que hace a calumnias e injurias datan, en el caso del Código Penal, del 1800, y en el otro caso, si bien el código es posterior, retoma redacciones que vienen de un proyecto que data de la misma época. Evidentemente actualizar todo esto es complejo; no sólo hay nuevos medios y nuevos conflictos, sino que la visión de la libertad de expresión de los siglos XX y XXI se modificó sustancialmente desde la época de Vélez Sarsfield. Esto nos lleva también a proponer modificaciones en el Código Civil. Las modificaciones que nosotros proponemos básicamente consisten en incorporar jurisprudencia vigente de la Corte Suprema que data de hace más de 20 años en nuestro sistema. Si bien está vigente, no todas las cámaras y jurisdicciones provinciales la siguen al pie de la letra; muchos alegan que el Código Civil no la ha recepcionado y que mientras no se modifique no se puede generar un estándar de responsabilidad distinta del de la culpa y el dolo que previó Vélez Sarsfield. Por su parte la tendencia de la Corte, que en muchos sentidos es positiva a reducir la cantidad de casos de la Corte -lo cual incrementa la cantidad de casos desechados por la vía del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial-, hace que a su vez haya menos probabilidades de que una sentencia que se aparta de los criterios de la Corte sea tratada en la Corte. Es cierto que eso es beneficioso en muchos sentidos para el funcionamiento de la Corte, pero en esta área en particular de alguna manera agrava la situación.
Tenemos una regulación que es de 1860, jurisprudencia que en líneas generales consideramos valiosa de la Corte, pero que no es respetada necesariamente en todas las jurisdicciones, y una Corte que está reduciendo la cantidad de casos que trata por cuestiones que hacen al funcionamiento del Tribunal. En esa lógica es cada vez más imperioso modificar la regulación del Código Civil.
En ese punto nuestra propuesta es incorporar la jurisprudencia de la Corte para que la solución no sea que la Corte trate todos los casos sino que las jurisdicciones provinciales y aun las nacionales de la Capital se adapten con más facilidad a los criterios que está adoptando la Corte, que siguen, según el fallo Patitó, una especie de acervo generado por las Cortes occidentales de los distintos Estados.
Hemos incorporado la idea de morigerar los montos que se fijan cuando una cantidad excesiva pudiese generar un efecto inhibidor en la libertad de expresión. Tomamos dos técnicas legislativas, una viene del código original y otra se introdujo más tarde. Por un lado, la norma que permite morigerar el daño -es decir el monto que se asigna para reparar el daño- sobre la base de la falta de recursos económicos del deudor, y la otra, en temas ambientales, que permite compensar las exigencias de la producción con los daños personales. Combinando esas dos técnicas proponemos que el juez, cuando asigna el monto para reparar el daño que podría causar a la libertad de expresión, considere por un lado los daños efectivamente sufridos por la persona afectada y por el otro el efecto inhibidor no solo del autor de las expresiones sino del resto de la comunidad que, si estuviera amenazada por daños que son impagables para la mayor parte de la comunidad, posiblemente no participaría del debate público. Quienes trabajan en estos temas saben que una palabra mal ubicada, la omisión de un tiempo potencial, una fuente mal citada, en un caso judicial y en una sentencia generan responsabilidades.
Mientras que uno puede esperar que el periodista profesional maneje adecuadamente estas cuestiones y no se equivoque, el vecino o el que está en una manifestación y es entrevistado por un movilero con un micrófono puede pifiar ante los nervios de hablar ante las cámaras y olvidar un potencial o lo que fuera. El riesgo que allí asume es inmanejable, con indemnizaciones de 70 u 80 mil pesos, que al momento de pagarse se duplican o triplican con los intereses y las costas, lo cual representa una situación que puede enfrentar una porción muy chica de la población. Ello genera una quiebra completa de su patrimonio y empezar de cero con deudas, quizás a los cuarenta o cincuenta años, con toda su familia económicamente devastada.
Siguiendo a la Corte europea proponemos un procedimiento que se ha visto en los últimos fallos para evaluar si los montos son demasiado altos: se toma el ingreso promedio de la población para decidir qué tan dura es la indemnización comparándola con lo que gana una persona promedio y cuántos sueldos debería pagar.
Esta es la doctrina del efecto inhibidor. Incluso nuestra Corte lo cita en inglés como "chilling effect", doctrina que tiende a pensar no sólo en el perjuicio que causa el autor de las expresiones -que tiene que pagar el daño que causó si se expresó indebidamente- sino también en qué riesgo se pone al resto de la comunidad en caso de que en una crítica o una expresión se exceda o utilice palabras inadecuadas.
Esto nos llevó a morigerar el monto. Nuestro proyecto está limitado al cumplimiento, y el resto de los que temas que se mencionaron no están incluidos en ese proyecto, como así tampoco las cuestiones vinculadas a la intimidad, que -por no estar presentes en Kimel- no las incluimos en el proyecto.
Por último, hay que considerar los temas de redacción. Pero, en síntesis, estas son nuestras intenciones y la manera en que las canalizamos.
Desde hace mucho tiempo el Centro de Estudios Legales y Sociales viene buscando, junto con otros organismos, la derogación lisa y llana de los delitos de calumnias e injurias. En realidad se trata de la derogación de todo el título, a fin de que lo que en doctrina se conoce como abuso del ejercicio de la libertad de expresión tenga sólo sanción de tipo pecuniario y no sanción penal.
Este fue el objetivo principal de la negociación que tuvo lugar en la Corte Interamericana a raíz del caso Kimel, que en un primer momento estuvo acompañado de otros casos que luego se separaron. Pasaron varios gobiernos, ya que esto comenzó hace muchos años, y nunca se llegó a un acuerdo. Es por ello que el caso terminó con una sentencia de la corte, ya que el actual gobierno -al igual que otros- reconoció la responsabilidad respecto del fondo de la cuestión pero no su disposición para modificar la normativa vigente.
Todos los que leímos la sentencia de la Corte Interamericana podemos advertir que no exige en forma tajante la derogación de las leyes pero sí ubica la criminalización de las expresiones como un recurso totalmente excepcional.
En su proyecto, el CELS mantiene la idea de que lo mejor sería derogar por completo los delitos de calumnias e injurias para que el derecho penal no se ocupe más de esa área, y sostiene que un cumplimiento mínimo del fallo de la Corte Interamericana -es decir, sólo lo que exige y nada más que eso- se traduciría en modificar la legislación para adaptarla a los criterios sustentados en el caso Kimel.
Con esa lógica elaboramos un proyecto que propone la despenalización de todas las expresiones vinculadas a asuntos de interés público. Creemos que a su vez morigera la acción penal, incluso en los asuntos que no son de acción pública sobre determinadas reglas; incide básicamente en el instituto de retractación -que ampliamos- y modifica algunas cuestiones adicionales.
Tomamos conocimiento de un proyecto presentado hace poco, suscrito por varios firmantes, que propone la derogación total, que es la posición que el CELS mantiene como propia. Por supuesto lo acompañaríamos si se obtuvieran las voluntades suficientes en este Congreso para apoyar la derogación y en ese caso dejaríamos sin efecto este proyecto que hicimos sobre la cuestión penal.
La legislación penal y civil actualmente vigentes en lo que hace a calumnias e injurias datan, en el caso del Código Penal, del 1800, y en el otro caso, si bien el código es posterior, retoma redacciones que vienen de un proyecto que data de la misma época. Evidentemente actualizar todo esto es complejo; no sólo hay nuevos medios y nuevos conflictos, sino que la visión de la libertad de expresión de los siglos XX y XXI se modificó sustancialmente desde la época de Vélez Sarsfield. Esto nos lleva también a proponer modificaciones en el Código Civil. Las modificaciones que nosotros proponemos básicamente consisten en incorporar jurisprudencia vigente de la Corte Suprema que data de hace más de 20 años en nuestro sistema. Si bien está vigente, no todas las cámaras y jurisdicciones provinciales la siguen al pie de la letra; muchos alegan que el Código Civil no la ha recepcionado y que mientras no se modifique no se puede generar un estándar de responsabilidad distinta del de la culpa y el dolo que previó Vélez Sarsfield. Por su parte la tendencia de la Corte, que en muchos sentidos es positiva a reducir la cantidad de casos de la Corte -lo cual incrementa la cantidad de casos desechados por la vía del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial-, hace que a su vez haya menos probabilidades de que una sentencia que se aparta de los criterios de la Corte sea tratada en la Corte. Es cierto que eso es beneficioso en muchos sentidos para el funcionamiento de la Corte, pero en esta área en particular de alguna manera agrava la situación.
Tenemos una regulación que es de 1860, jurisprudencia que en líneas generales consideramos valiosa de la Corte, pero que no es respetada necesariamente en todas las jurisdicciones, y una Corte que está reduciendo la cantidad de casos que trata por cuestiones que hacen al funcionamiento del Tribunal. En esa lógica es cada vez más imperioso modificar la regulación del Código Civil.
En ese punto nuestra propuesta es incorporar la jurisprudencia de la Corte para que la solución no sea que la Corte trate todos los casos sino que las jurisdicciones provinciales y aun las nacionales de la Capital se adapten con más facilidad a los criterios que está adoptando la Corte, que siguen, según el fallo Patitó, una especie de acervo generado por las Cortes occidentales de los distintos Estados.
Hemos incorporado la idea de morigerar los montos que se fijan cuando una cantidad excesiva pudiese generar un efecto inhibidor en la libertad de expresión. Tomamos dos técnicas legislativas, una viene del código original y otra se introdujo más tarde. Por un lado, la norma que permite morigerar el daño -es decir el monto que se asigna para reparar el daño- sobre la base de la falta de recursos económicos del deudor, y la otra, en temas ambientales, que permite compensar las exigencias de la producción con los daños personales. Combinando esas dos técnicas proponemos que el juez, cuando asigna el monto para reparar el daño que podría causar a la libertad de expresión, considere por un lado los daños efectivamente sufridos por la persona afectada y por el otro el efecto inhibidor no solo del autor de las expresiones sino del resto de la comunidad que, si estuviera amenazada por daños que son impagables para la mayor parte de la comunidad, posiblemente no participaría del debate público. Quienes trabajan en estos temas saben que una palabra mal ubicada, la omisión de un tiempo potencial, una fuente mal citada, en un caso judicial y en una sentencia generan responsabilidades.
Mientras que uno puede esperar que el periodista profesional maneje adecuadamente estas cuestiones y no se equivoque, el vecino o el que está en una manifestación y es entrevistado por un movilero con un micrófono puede pifiar ante los nervios de hablar ante las cámaras y olvidar un potencial o lo que fuera. El riesgo que allí asume es inmanejable, con indemnizaciones de 70 u 80 mil pesos, que al momento de pagarse se duplican o triplican con los intereses y las costas, lo cual representa una situación que puede enfrentar una porción muy chica de la población. Ello genera una quiebra completa de su patrimonio y empezar de cero con deudas, quizás a los cuarenta o cincuenta años, con toda su familia económicamente devastada.
Siguiendo a la Corte europea proponemos un procedimiento que se ha visto en los últimos fallos para evaluar si los montos son demasiado altos: se toma el ingreso promedio de la población para decidir qué tan dura es la indemnización comparándola con lo que gana una persona promedio y cuántos sueldos debería pagar.
Esta es la doctrina del efecto inhibidor. Incluso nuestra Corte lo cita en inglés como "chilling effect", doctrina que tiende a pensar no sólo en el perjuicio que causa el autor de las expresiones -que tiene que pagar el daño que causó si se expresó indebidamente- sino también en qué riesgo se pone al resto de la comunidad en caso de que en una crítica o una expresión se exceda o utilice palabras inadecuadas.
Esto nos llevó a morigerar el monto. Nuestro proyecto está limitado al cumplimiento, y el resto de los que temas que se mencionaron no están incluidos en ese proyecto, como así tampoco las cuestiones vinculadas a la intimidad, que -por no estar presentes en Kimel- no las incluimos en el proyecto.
Por último, hay que considerar los temas de redacción. Pero, en síntesis, estas son nuestras intenciones y la manera en que las canalizamos.
SR. PRESIDENTA GIÚDICI Tiene la palabra la señora Pochak.
SRA. POCHAK El CELS se encuentra ante el enorme desafío de que se pueda cumplir la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Kimel por varias razones.
Este tema en particular lleva muchos años de debate en la Argentina. El caso Kimel había motivado un proceso de solución amistosa entre el Estado y las partes que se frustró y terminó en una condena internacional justamente por la falta de su tratamiento legislativo.
Está por cumplirse un año de la sentencia de la Corte Interamericana y sería un mensaje muy negativo que se perdiera tiempo y no se sancionara esta reforma legal.
Los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios, absolutamente vinculantes para el Estado argentino. La sentencia de la Corte es categórica al ordenar al Estado argentino modificar la legislación en materia de calumnias e injurias.
Según la Corte Interamericana en su fallo de mayo de 2008 -ya se está por cumplir un año-, las figuras legales vigentes en la Argentina en materia de calumnias e injurias son incompatibles con la Convención Americana y deben ser modificadas por el Estado argentino. Digo figuras legales porque así lo dice la Corte; no dice sólo figuras penales, sino también figuras legales, que se usaron en el caso Kimel.
De manera que el Congreso tiene la oportunidad de dar un mensaje muy claro en materia de libertad de expresión y de acatamiento de las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos.
Para el CELS fue un enorme desafío la elaboración de este proyecto. Fue un intento de contribuir al debate; y no estamos acá intentando que los legisladores ratifiquen y pongan su firma en este proyecto. Por el contrario, nos encantaría que se debata y que se mejore dado que seguramente nos hemos equivocado en muchas cosas. Es posible que muchos otros proyectos nos ganen en cuanto a la garantía de la libertad de expresión, pero nuestra idea fue contribuir al debate entendiendo que existen muchísimos proyectos de ley que han perdido tratamiento legislativo en los últimos años.
Existen en este momento varios proyectos de ley. Apuntamos a que los legisladores puedan llegar a algún consenso, porque eso fortalecerá y agilizará las cosas.
Aspiramos a que una reforma como esta sea sancionada por unanimidad por el Congreso, así como fue sancionada por unanimidad la derogación del desacato.
Para nosotros, como CELS, fue un orgullo contar en la elaboración de este proyecto con la colaboración de las dos personas que me acompañan, que son especialistas en libertad de expresión en la Argentina y en el orden internacional, los señores Santiago Felgueras y Damián Loreti. Además nuestro proyecto cuenta con la colaboración activa de quien fue el relator de libertad de expresión de la OEA, nuestro compatriota Eduardo Bertone.
Felicitamos entonces esta iniciativa de que se empiece a discutir. Y para que no se pierda tiempo sería importante que Argentina dé un mensaje hacia la comunidad internacional sobre cuánto respetamos la libertad de expresión en nuestro país y cuánto respetamos las decisiones de organismos internacionales, que según la Convención Americana y por lo tanto según nuestra propia Constitución, son obligatorias.
Este tema en particular lleva muchos años de debate en la Argentina. El caso Kimel había motivado un proceso de solución amistosa entre el Estado y las partes que se frustró y terminó en una condena internacional justamente por la falta de su tratamiento legislativo.
Está por cumplirse un año de la sentencia de la Corte Interamericana y sería un mensaje muy negativo que se perdiera tiempo y no se sancionara esta reforma legal.
Los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios, absolutamente vinculantes para el Estado argentino. La sentencia de la Corte es categórica al ordenar al Estado argentino modificar la legislación en materia de calumnias e injurias.
Según la Corte Interamericana en su fallo de mayo de 2008 -ya se está por cumplir un año-, las figuras legales vigentes en la Argentina en materia de calumnias e injurias son incompatibles con la Convención Americana y deben ser modificadas por el Estado argentino. Digo figuras legales porque así lo dice la Corte; no dice sólo figuras penales, sino también figuras legales, que se usaron en el caso Kimel.
De manera que el Congreso tiene la oportunidad de dar un mensaje muy claro en materia de libertad de expresión y de acatamiento de las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos.
Para el CELS fue un enorme desafío la elaboración de este proyecto. Fue un intento de contribuir al debate; y no estamos acá intentando que los legisladores ratifiquen y pongan su firma en este proyecto. Por el contrario, nos encantaría que se debata y que se mejore dado que seguramente nos hemos equivocado en muchas cosas. Es posible que muchos otros proyectos nos ganen en cuanto a la garantía de la libertad de expresión, pero nuestra idea fue contribuir al debate entendiendo que existen muchísimos proyectos de ley que han perdido tratamiento legislativo en los últimos años.
Existen en este momento varios proyectos de ley. Apuntamos a que los legisladores puedan llegar a algún consenso, porque eso fortalecerá y agilizará las cosas.
Aspiramos a que una reforma como esta sea sancionada por unanimidad por el Congreso, así como fue sancionada por unanimidad la derogación del desacato.
Para nosotros, como CELS, fue un orgullo contar en la elaboración de este proyecto con la colaboración de las dos personas que me acompañan, que son especialistas en libertad de expresión en la Argentina y en el orden internacional, los señores Santiago Felgueras y Damián Loreti. Además nuestro proyecto cuenta con la colaboración activa de quien fue el relator de libertad de expresión de la OEA, nuestro compatriota Eduardo Bertone.
Felicitamos entonces esta iniciativa de que se empiece a discutir. Y para que no se pierda tiempo sería importante que Argentina dé un mensaje hacia la comunidad internacional sobre cuánto respetamos la libertad de expresión en nuestro país y cuánto respetamos las decisiones de organismos internacionales, que según la Convención Americana y por lo tanto según nuestra propia Constitución, son obligatorias.
SRA. PRESIDENTA GIÚDICI Tiene la palabra el señor Loreti.
SR. LORETI Señora presidenta: para nosotros el proyecto efectivamente da cumplimiento al caso Kimel, y no más allá de eso, pero no menos de eso, en función de cumplir las perspectivas y las obligaciones que fija la Corte Interamericana en materia del principio de legalidad, por la imprecisión que tienen las actuales redacciones. Estaría bien que eso se cambie rápido para dar certeza jurídica a quien hoy esté presentando un juicio en ese plano. Porque hoy por hoy existen resoluciones muy dispares en los juzgados de primera instancia o en lo correccional en el interior del país, donde se aplica lo que existe o se dice que es anticonvencional. Entonces, existe una falta de certeza que preocupa por las consecuencias.
Por otro lado, cumple con el principio del fin legítimo que reclama el sistema interamericano. Es decir, de acuerdo a los estándares de la Corte y de la comisión, las cuestiones de interés público tienen que ver con el tema tratado, más allá de la personalidad que esté involucrada allí, con lo cual también estamos cumpliendo un estándar mínimo.
Además, por lo expuesto por Santiago Felgueras, se cumple claramente con el principio de necesidad. La atribución de la responsabilidad ulterior a quien haga abuso del ejercicio de la libertad de expresión, debe tener una restricción tal en la imposición de la responsabilidad que no genere efecto inhibitorio y sirva para cumplir la pretensión del fin legítimo y no más que eso.
Creemos que puede haber proyectos que vayan más allá, como bien decía la licenciada Pochak, pero éste es el estándar mínimo para dar cumplimiento al caso Kimel.
Por otro lado, cumple con el principio del fin legítimo que reclama el sistema interamericano. Es decir, de acuerdo a los estándares de la Corte y de la comisión, las cuestiones de interés público tienen que ver con el tema tratado, más allá de la personalidad que esté involucrada allí, con lo cual también estamos cumpliendo un estándar mínimo.
Además, por lo expuesto por Santiago Felgueras, se cumple claramente con el principio de necesidad. La atribución de la responsabilidad ulterior a quien haga abuso del ejercicio de la libertad de expresión, debe tener una restricción tal en la imposición de la responsabilidad que no genere efecto inhibitorio y sirva para cumplir la pretensión del fin legítimo y no más que eso.
Creemos que puede haber proyectos que vayan más allá, como bien decía la licenciada Pochak, pero éste es el estándar mínimo para dar cumplimiento al caso Kimel.
SRA. PRESIDENTA GIÚDICI Tiene la palabra la señora diputada Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ Señora presidenta: ya he conversado esto con los amigos del CELS y agradezco los aportes que han hecho al proyecto que presentamos con diputados y diputadas de la mayoría de las bancadas.
En esa iniciativa tomamos la opción que nos parece que realmente como Congreso deberíamos estar aplicando, que es la derogación lisa y llana. En eso coincidimos. Más allá de entender la idea de aportar a la discusión un estándar mínimo, me parece que estamos en condiciones de ofrecer algo mejor, y si pudiéramos hacerlo creo que sería un beneficio para la libertad de expresión.
Si bien existen cuestiones que a lo mejor no están incluidas en el proyecto, como la de fijar un monto razonable en términos de ingresos y demás como límite a la reparación del daño, es algo que podría contemplarse. Con un cambio de redacción en un trabajo de comisión es fácil de resolver.
Creo que si distintas fuerzas políticas han podido demostrar la voluntad de acompañar un proyecto de derogación, podríamos hacer el intento de ir por esto, que el propio CELS reconoce además sería la opción deseada. Por eso creo que habría que trabajar sobre esa vía.
Sí coincido en que tiene que haber una modificación en la parte civil, de manera que no quede absolutamente desprotegida la situación pero a la vez incorporar criterios interpretativos.
En estos momentos existe el problema de que la Corte está achicando su poder de trabajo. De todas maneras, aun si fallara en todos estos casos, no se evitaría la instancia de tener que ir a la Corte para que se respete lo que ya sostuvo. La verdad es que quienes hacemos la política pública en este país somos nosotros; entonces, no tenemos por qué dejar la cuestión al arbitrio de los jueces. No hay motivo alguno para que dejemos librado a la interpretación de los jueces todo aquello que nosotros, como representantes del pueblo, podemos resolver sentando las bases legislativas correspondientes.
En esa iniciativa tomamos la opción que nos parece que realmente como Congreso deberíamos estar aplicando, que es la derogación lisa y llana. En eso coincidimos. Más allá de entender la idea de aportar a la discusión un estándar mínimo, me parece que estamos en condiciones de ofrecer algo mejor, y si pudiéramos hacerlo creo que sería un beneficio para la libertad de expresión.
Si bien existen cuestiones que a lo mejor no están incluidas en el proyecto, como la de fijar un monto razonable en términos de ingresos y demás como límite a la reparación del daño, es algo que podría contemplarse. Con un cambio de redacción en un trabajo de comisión es fácil de resolver.
Creo que si distintas fuerzas políticas han podido demostrar la voluntad de acompañar un proyecto de derogación, podríamos hacer el intento de ir por esto, que el propio CELS reconoce además sería la opción deseada. Por eso creo que habría que trabajar sobre esa vía.
Sí coincido en que tiene que haber una modificación en la parte civil, de manera que no quede absolutamente desprotegida la situación pero a la vez incorporar criterios interpretativos.
En estos momentos existe el problema de que la Corte está achicando su poder de trabajo. De todas maneras, aun si fallara en todos estos casos, no se evitaría la instancia de tener que ir a la Corte para que se respete lo que ya sostuvo. La verdad es que quienes hacemos la política pública en este país somos nosotros; entonces, no tenemos por qué dejar la cuestión al arbitrio de los jueces. No hay motivo alguno para que dejemos librado a la interpretación de los jueces todo aquello que nosotros, como representantes del pueblo, podemos resolver sentando las bases legislativas correspondientes.
SRA. PRESIDENTA GIÚDICI Tiene la palabra el señor Loreti.
SR. LORETI Señora presidenta: lo que acaba de decir la señora diputada trae a mi memoria otra cuestión que si bien no está incluida en el proyecto se vincula con las políticas públicas en materia de aplicación de responsabilidades penales. En el caso "Canese contra Paraguay", la Corte Interamericana falló que el uso del proceso también puede tener efectos inhibitorios. Hay quienes pueden afirmar, debido a que cuentan con el asesoramiento propicio, que esto ha sido declarado incompatible por la Corte en el caso de las figuras a las que se refieren los artículos 109 y 110 del Código Penal. Luego, quien pretende llegar a la Corte para que le digan "usted tiene razón", lo que pide es la sujeción a su libertad de expresión con un claro efecto inhibitorio.
SRA. PRESIDENTA GIÚDICI Tiene la palabra la señora diputada Morandini.
SRA. MORANDINI Señora presidenta: quiero compartir algunas reflexiones que tienen que ver con el corazón del tema que estamos debatiendo. La tarea de los tribunales internacionales y la legislación supranacional, sobre todo en lo que respecta a los derechos humanos, han traído aparejado un impulso democratizador muy importante para nuestro país.
Hay algo que resulta paradójico: por haber llegado tarde la democracia, no hemos incorporado como valores culturales estos que ahora viene a plantear el CELS y que casi resultan una obviedad. La Comisión de Libertad de Expresión, a diferencia de otras comisiones, tiene no sólo la función de contribuir en el proceso de elaboración de las leyes sino también la de garantizar un valor superior: la libertad de decir. Entonces, la falta de funcionamiento de esta comisión denota un desprecio hacia ese valor.
Por lo tanto, independientemente de todos los aportes que podamos realizar, es importante que unifiquemos nuestras voces con el objeto de que nuestra sociedad incorpore el derecho a decir como un valor cultural y deje de existir, como constatamos todo el tiempo, escasa conciencia cívica acerca de la prensa como valor fundamental de la democracia.
En otras palabras mi aporte apunta, más que a una propuesta de modificación, a que trabajemos culturalmente sobre todo en estos momentos en que no sabemos qué ocurrirá con el debate de la ley de radiodifusión. El proyecto aún no ha entrado en el Congreso y se ha transformado en itinerante, ya que continúa dando vueltas por el país sin ser debatido donde corresponde.
Se invoca mucho la legislación comparada, pero a esta altura en realidad deberíamos estar hablando de cultura comparada. En los países que a menudo son mencionados porque sus legislaciones nos sirven para modernizar nuestras normas, jamás escucharíamos lo que se dice en la Argentina respecto de la libertad de prensa.
Ya no evidencia el nuevo concepto que se había mencionado recién -que ha sido trascendido como un derecho ya no personal, colectivo, del acceso a la información y demás- sino nuestro atraso -insisto con esto-, al tener que estar reivindicando derechos que la mayoría de los países en cuya legislación nos inspiramos ya lo han incorporado como cultura.
Hay algo que resulta paradójico: por haber llegado tarde la democracia, no hemos incorporado como valores culturales estos que ahora viene a plantear el CELS y que casi resultan una obviedad. La Comisión de Libertad de Expresión, a diferencia de otras comisiones, tiene no sólo la función de contribuir en el proceso de elaboración de las leyes sino también la de garantizar un valor superior: la libertad de decir. Entonces, la falta de funcionamiento de esta comisión denota un desprecio hacia ese valor.
Por lo tanto, independientemente de todos los aportes que podamos realizar, es importante que unifiquemos nuestras voces con el objeto de que nuestra sociedad incorpore el derecho a decir como un valor cultural y deje de existir, como constatamos todo el tiempo, escasa conciencia cívica acerca de la prensa como valor fundamental de la democracia.
En otras palabras mi aporte apunta, más que a una propuesta de modificación, a que trabajemos culturalmente sobre todo en estos momentos en que no sabemos qué ocurrirá con el debate de la ley de radiodifusión. El proyecto aún no ha entrado en el Congreso y se ha transformado en itinerante, ya que continúa dando vueltas por el país sin ser debatido donde corresponde.
Se invoca mucho la legislación comparada, pero a esta altura en realidad deberíamos estar hablando de cultura comparada. En los países que a menudo son mencionados porque sus legislaciones nos sirven para modernizar nuestras normas, jamás escucharíamos lo que se dice en la Argentina respecto de la libertad de prensa.
Ya no evidencia el nuevo concepto que se había mencionado recién -que ha sido trascendido como un derecho ya no personal, colectivo, del acceso a la información y demás- sino nuestro atraso -insisto con esto-, al tener que estar reivindicando derechos que la mayoría de los países en cuya legislación nos inspiramos ya lo han incorporado como cultura.
SRA. PRESIDENTA GIÚDICI Tiene la palabra la señora diputada Conti.
SRA. CONTI De los proyectos que buscan la despenalización de las injurias y calumnias -sé que había otros que imponían pena de multa- no sé cuáles tienen vigencia parlamentaria.
La señora presidenta de la comisión ha mencionado mi proyecto, pero depongo el mío en función de acompañar la propuesta de la diputada Rodríguez para lograr un número de firmas, aunque luego la modifiquemos tomando alguna propuesta del CELS, buscando un consenso que es cierto que por años no obtuvimos, no sólo en la Cámara de Diputados sino en el Senado. Si hay giro a esta comisión, perfecto. Sé que tiene giro a la Comisión de Legislación Penal.
La señora presidenta de la comisión ha mencionado mi proyecto, pero depongo el mío en función de acompañar la propuesta de la diputada Rodríguez para lograr un número de firmas, aunque luego la modifiquemos tomando alguna propuesta del CELS, buscando un consenso que es cierto que por años no obtuvimos, no sólo en la Cámara de Diputados sino en el Senado. Si hay giro a esta comisión, perfecto. Sé que tiene giro a la Comisión de Legislación Penal.
SRA. PRESIDENTA GIÚDICI Y a la de Legislación General.
SRA. CONTI La diputada Rodríguez consensuó que el día lunes haya una reunión de asesores en la Comisión de Legislación Penal y se coloque este tema en agenda, entre otros, para el próximo martes. En Legislación General no sé cuál es la situación, pero quisiera saber si tenemos algunos proyectos con giro a esta comisión.
SRA. PRESIDENTA GIÚDICI Sí, el suyo tiene giro a las comisiones de Legislación Penal y Legislación General; el del diputado Hugo Prieto, a las comisiones de Legislación Penal y Libertad de Expresión; el de la diputada Marcela Rodríguez, a las comisiones de Legislación Penal y Legislación General; y el mío a las comisiones de Legislación General y Legislación Penal. No hay similitud en las cabeceras de comisión en los proyectos de la diputada Conti, la diputada Rodríguez y el mío; a uno lo mandan a la Comisión de Legislación Penal y a otro a la de Legislación General. Entonces lo que habría que pedir -y si a ustedes les parece bien lo haremos desde esta Presidencia- es la unificación del giro. No importa cuál sea la comisión de cabecera, pero es importante que podamos avanzar en la unificación de los cuatro proyectos, más allá de que podríamos ir avanzando en el consenso. Si lo creen conveniente, desde la Comisión de Libertad de Expresión convocamos a una reunión de asesores, a la cual también podríamos invitar a los representantes del CELS, para trabajar en la búsqueda de consenso a partir del proyecto que presentó la diputada Rodríguez, con lo cual no hay inconveniente en unificar nuestras posturas.
A los fines metodológicos, si se trabaja en Legislación Penal, hay que pedir -ustedes dicen que el lunes se reúnen los asesores- la unificación de todos modos de los giros de los cuatro proyectos.
A los fines metodológicos, si se trabaja en Legislación Penal, hay que pedir -ustedes dicen que el lunes se reúnen los asesores- la unificación de todos modos de los giros de los cuatro proyectos.
SRA. CONTI Por supuesto la unificación del giro me parece interesante, y sugeriría que como la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que además pertenece a mi bloque, está entusiasmada con el tema, lo trabajemos de manera constructiva. A lo mejor en una charla entre ambas Presidencias se pueden poner de acuerdo en hacer reuniones conjuntas de asesores para ir avanzando, porque recordemos que vamos a tener que seducir voluntades para poder avanzar.
SRA. PRESIDENTA GIÚDICI Es por ello que, más allá de esta época particular del calendario electoral en el que transitamos, me parecía importante plantear esta primera reunión como un comienzo, invitando al CELS para que haga esta reflexión, que además me parece esclarecedora y nos pone en un marco de denominador común en el que nos será muy fácil avanzar. Si les parece entonces hablaré con la presidenta de la Comisión...
SRA. RODRÍGUEZ Disculpe, señora presidenta, pero en realidad la ventaja era que ya se había citado a reunión de asesores para el día lunes. Eso significa que comenzó a tener un dinamismo. Nosotros también compartíamos la inquietud de que se está por cumplir un año de la sentencia. Sabemos -vamos a ser honestos- que la dinámica parlamentaria a medida que se acerque el 28 de junio se va a complicar más, y que del 9 de mayo en adelante va a ser más complicado todavía.
Por lo tanto, en la medida en que podamos tener una mayor rapidez para tratarlos, y dado que además se trata en las comisiones de Legislación General y de Legislación Penal -salvo el del señor diputado Prieto, los demás tienen esos dos giros-, lo que propone la señora diputada Conti en el sentido de considerarlo en una sola comisión es lo más razonable.
A la señora diputada César se le aclararía que queremos que nuestros asesores participen de la reunión. De hecho, yo voy a participar y no formo parte de la comisión.
Por lo tanto, en la medida en que podamos tener una mayor rapidez para tratarlos, y dado que además se trata en las comisiones de Legislación General y de Legislación Penal -salvo el del señor diputado Prieto, los demás tienen esos dos giros-, lo que propone la señora diputada Conti en el sentido de considerarlo en una sola comisión es lo más razonable.
A la señora diputada César se le aclararía que queremos que nuestros asesores participen de la reunión. De hecho, yo voy a participar y no formo parte de la comisión.
- Es la hora 13 y 48.