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LIBERTAD DE EXPRESION
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Jueves 10.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2167 Internos 2135/2139/2167
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- LIBERTAD DE EXPRESION
- COMUNICACIONES E INFORMATICA
Reunión del día 10/08/2010
- REUNIÓN CONJUNTA SOBRE PAPEL PRENSA
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diez días del mes de agosto de 2010, a la hora 17 y 28:
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Queda abierta la reunión conjunta de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión.
En primer término, solicitamos que por Secretaría se pase lista a fin de constatar la presencia de los señores diputados presentes.
En primer término, solicitamos que por Secretaría se pase lista a fin de constatar la presencia de los señores diputados presentes.
Se pasa lista de los integrantes de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Como primera cuestión, ustedes saben que hicimos una convocatoria a un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática, de Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda, tal como nos habíamos comprometido en la comisión. Además, lo hicimos por pedido de un número de diputados integrantes de las tres comisiones. Finalmente, el plenario de hoy será entre las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión.
Hemos conversado con el señor diputado Marconato cuando hicimos la convocatoria correspondiente, atento a la cantidad de proyectos sobre distintas temáticas que tienen giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A ese respecto, el diputado Marconato nos planteó la necesidad y el compromiso de que fuéramos avanzando, en virtud de que estas dos comisiones son las que consideran los aspectos de fondo de dichas cuestiones. Así, cuando tengamos el plan de trabajo aprobado -que someteremos a consideración ahora- y estemos en el final de su tratamiento, la Comisión de Presupuesto y Hacienda podrá incorporarse. De modo tal que como estas dos comisiones son las que entienden específicamente en la materia, damos comienzo a su estudio.
La segunda cuestión es un agradecimiento. Queremos agradecer a todo el personal de ambas comisiones y a los asesores de todos los diputados porque durante las dos semanas que duró el receso de la Cámara estuvieron trabajando y avanzando en el estudio de todos los proyectos, elaborando los cuadros comparativos, estableciendo aproximaciones y dejando más o menos en claro algunas discrepancias.
Basándonos en eso -tema que ya estuvimos conversando con la diputada Giúdici como presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión y que también hemos econsultado con los vicepresidentes de ambas comisiones y con el señor diputado Marconato-, vamos a proponer un cronograma de trabajo.
De acuerdo con ese plan de trabajo, a esta reunión han sido citados en primer término los autores de todos los proyectos presentados sobre publicidad oficial. Los señores diputados tienen a la vista un listado, que no comprende la totalidad de las iniciativas porque algunas fueron presentadas a último momento.
En total son once los proyectos vinculados con la publicidad oficial cuya comisión cabecera es la de Comunicaciones e Informática; por supuesto, trabajaremos sobre todos ellos.
Entre ellos hay iniciativas que tendremos a la vista, ya que comenzaron a ser tramitadas pero sus giros a las comisiones no han sido unificados. Están dirigidas, por ejemplo, a la creación de comisiones bicamerales y a la implementación de determinados procedimientos en la materia. Las tendremos a la vista y también trabajaremos sobre la totalidad de los proyectos que tienen como cabecera a la Comisión de Comunicaciones e Informática.
La idea es que la semana próxima, entre el martes 17 y el jueves 19, recibamos la visita de los sectores interesados en el tema. También se ha acordado invitar a dos o tres especialistas en derecho constitucional y en derecho administrativo, principalmente para analizar las discrepancias que fueron surgiendo durante la labor que los asesores llevaron adelante en aquellas dos semanas. Creemos que tales discrepancias ameritan la visita de especialistas para consultarlos sobre el tema.
Concluida esa etapa de consultas, el plenario de ambas comisiones recibiría a funcionarios del Poder Ejecutivo para que expongan sus puntos de vista en relación con las iniciativas en tratamiento.
Finalmente, el martes 31 de agosto -en principio- estaríamos en condiciones de emitir un anteproyecto de dictamen, momento en el cual incorporaríamos a la discusión a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Esto es lo que se ha acordado entre los distintos bloques. Por lo tanto, si no se formulan objeciones, la Presidencia dará por aprobado el presente cronograma.
Hemos conversado con el señor diputado Marconato cuando hicimos la convocatoria correspondiente, atento a la cantidad de proyectos sobre distintas temáticas que tienen giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A ese respecto, el diputado Marconato nos planteó la necesidad y el compromiso de que fuéramos avanzando, en virtud de que estas dos comisiones son las que consideran los aspectos de fondo de dichas cuestiones. Así, cuando tengamos el plan de trabajo aprobado -que someteremos a consideración ahora- y estemos en el final de su tratamiento, la Comisión de Presupuesto y Hacienda podrá incorporarse. De modo tal que como estas dos comisiones son las que entienden específicamente en la materia, damos comienzo a su estudio.
La segunda cuestión es un agradecimiento. Queremos agradecer a todo el personal de ambas comisiones y a los asesores de todos los diputados porque durante las dos semanas que duró el receso de la Cámara estuvieron trabajando y avanzando en el estudio de todos los proyectos, elaborando los cuadros comparativos, estableciendo aproximaciones y dejando más o menos en claro algunas discrepancias.
Basándonos en eso -tema que ya estuvimos conversando con la diputada Giúdici como presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión y que también hemos econsultado con los vicepresidentes de ambas comisiones y con el señor diputado Marconato-, vamos a proponer un cronograma de trabajo.
De acuerdo con ese plan de trabajo, a esta reunión han sido citados en primer término los autores de todos los proyectos presentados sobre publicidad oficial. Los señores diputados tienen a la vista un listado, que no comprende la totalidad de las iniciativas porque algunas fueron presentadas a último momento.
En total son once los proyectos vinculados con la publicidad oficial cuya comisión cabecera es la de Comunicaciones e Informática; por supuesto, trabajaremos sobre todos ellos.
Entre ellos hay iniciativas que tendremos a la vista, ya que comenzaron a ser tramitadas pero sus giros a las comisiones no han sido unificados. Están dirigidas, por ejemplo, a la creación de comisiones bicamerales y a la implementación de determinados procedimientos en la materia. Las tendremos a la vista y también trabajaremos sobre la totalidad de los proyectos que tienen como cabecera a la Comisión de Comunicaciones e Informática.
La idea es que la semana próxima, entre el martes 17 y el jueves 19, recibamos la visita de los sectores interesados en el tema. También se ha acordado invitar a dos o tres especialistas en derecho constitucional y en derecho administrativo, principalmente para analizar las discrepancias que fueron surgiendo durante la labor que los asesores llevaron adelante en aquellas dos semanas. Creemos que tales discrepancias ameritan la visita de especialistas para consultarlos sobre el tema.
Concluida esa etapa de consultas, el plenario de ambas comisiones recibiría a funcionarios del Poder Ejecutivo para que expongan sus puntos de vista en relación con las iniciativas en tratamiento.
Finalmente, el martes 31 de agosto -en principio- estaríamos en condiciones de emitir un anteproyecto de dictamen, momento en el cual incorporaríamos a la discusión a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Esto es lo que se ha acordado entre los distintos bloques. Por lo tanto, si no se formulan objeciones, la Presidencia dará por aprobado el presente cronograma.
No se formulan objeciones.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Se procederá en consecuencia.
A continuación, la Presidencia concederá el uso de la palabra a los autores de los proyectos sobre publicidad oficial. Con el objeto de establecer una mecánica pura y completamente democrática, si no se formulan objeciones, lo hará respetando estrictamente el orden en que tales iniciativas fueron presentadas. De esta manera, quien habla hará uso de la palabra en último término.
A continuación, la Presidencia concederá el uso de la palabra a los autores de los proyectos sobre publicidad oficial. Con el objeto de establecer una mecánica pura y completamente democrática, si no se formulan objeciones, lo hará respetando estrictamente el orden en que tales iniciativas fueron presentadas. De esta manera, quien habla hará uso de la palabra en último término.
No se formulan objeciones.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ El primer proyecto de ley presentado es el de los señores diputados Montero, Thomas, Scalesi y Katz.
Se encuentra presente el señor diputado Thomas...
Se encuentra presente el señor diputado Thomas...
SR. PINEDO Pido la palabra.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Tiene la palabra el señor diputado Pinedo.
SR. PINEDO Señora presidenta: no tengo problema en que el señor diputado Thomas inicie la ronda de exposiciones, pero advierto que el proyecto que he presentado data de 2006, o sea que es un poquito anterior...
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Lo que ocurre es que se trata de un proyecto que reproduce aquella iniciativa presentada en 2006.
SR. THOMAS Si se me permite, señora presidenta, como debo asistir a otra reunión de comisión, no tengo inconveniente en que comience haciendo uso de la palabra el señor diputado Pinedo.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ En ese caso, señor diputado, correspondería que en primer lugar hiciera uso de la palabra el señor diputado Macaluse, quien me hizo llegar un planteo similar.
SR. THOMAS No hay problema, señora presidenta.
SR. PINEDO Si se me permite, tampoco yo tengo inconveniente en que comience con la ronda de exposiciones el señor diputado Macaluse.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Entonces, tiene la palabra el señor diputado Macaluse.
SR. MACALUSE Señora presidenta: ante todo, agradezco a los señores diputados Thomas y Pinedo por haberme permitido hacer uso de la palabra en primer lugar. Ocurre que la Comisión de Agricultura y Ganadería está considerando un proyecto de mi autoría, y además, en unos instantes dará comienzo la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria; ese es el motivo por el cual debo retirarme.
No soy miembro de ninguna de las dos comisiones aquí reunidas, pero debo decir que considero muy saludable que se arranque del tema de la publicidad oficial para establecer reglas para el Poder Ejecutivo actual y también para los futuros. Dichas reglas se podrán modificar con el tiempo, pero es importante que sean claras porque de esa manera se favorece la transparencia de ambos lados del mostrador; en otras palabras, no sólo la actitud que puedan tener los distintos gobiernos sino también quienes resulten beneficiados o perjudicados por la pauta oficial. Establecer reglas transparentes favorece mucho y tranquiliza al ciudadano.
El proyecto de ley que he presentado es muy sencillo y por lo que pude ver comparte con otros los objetivos perseguidos; incluso, en algunos casos también son similares los procedimientos.
He tomado como base la experiencia de la provincia de Tierra del Fuego, la primera que regló claramente la relación entre gobierno y medios de comunicación. El proyecto consta de pocos artículos, ya que en un principio las reglas deben ser pocas y muy claras tendientes a establecer mecanismos para su efectivo cumplimiento.
La iniciativa que he presentado explica, en primer lugar, qué debe entenderse por publicación en medios de difusión; asimismo, establece diferenciaciones para precisar el significado de publicidad en los actos de gobierno, publicidad institucional y publicidad de bienes y servicios producidos o comercializados por entidades e instituciones del Estado nacional.
Por otra parte, dispone de qué manera deberá regirse el sector público -por los principios de veracidad- y cuál es la finalidad de la publicidad del sector público nacional.
Luego, que no podrán incluirse mensajes discriminatorios ni contrarios a los principios y valores establecidos en la Constitución Nacional. Además, dispone la creación del Registro Nacional de Medios de Comunicación.
Por otro lado, quiero recordar que esta iniciativa fue presentada antes de sancionarse la ley de medios, razón por la cual habría que trabajar en compatibilizar ambas porque dicha ley ya establece la creación de un registro de esa naturaleza.
También se hace referencia a los requisitos que debe reunir un medio de comunicación para inscribirse en el Registro: señalar como responsable a una persona física o jurídica, tener regularizada su situación impositiva y previsional, estar inscripto provisoria o definitivamente en el órgano regulador -que al momento de elaborarse esta iniciativa era el COMFER-, presentar una declaración jurada sobre su índice de penetración y el cuadro tarifario vigente, y determinar su área de cobertura. Esto se vincula con uno de los criterios tomados como base para el establecimiento de la publicidad oficial.
En lo que respecta a los productores de contenidos, el proyecto dispone que deben incluir una copia del acuerdo contractual entre las productoras y los medios de comunicación. Asimismo, que los distintos medios podrán actualizar esos datos en el órgano regulador.
Por otra parte, en virtud de este proyecto se crea la Comisión de Control de la Publicidad Oficial, integrada por tres diputados y tres senadores pertenecientes a distintas fuerzas, consideradas en orden decreciente de acuerdo con la cantidad de diputados y de senadores que las conforman. Es decir que para ambas Cámaras se tomaría en cuenta la mayoría y las primeras minorías o bien la primera, segunda y tercera minoría. Además, dicha comisión estaría integrada por tres representantes académicos vinculados con el área de la comunicación social y tres representantes de asociaciones o entidades periodísticas, designados en ambos casos por las dos Cámaras.
La función de la comisión es evaluar un plan que deberá ser presentado por la Secretaría de Medios, esto lo dice otro artículo, elaborar un informe acerca de este plan o sobre cualquier otra cuestión, recomendar adecuaciones para ajustar el plan una vez que ha sido presentado y recibir y evaluar informes trimestrales de la Secretaría de Comunicaciones.
Esta secretaría debe presentar un plan anual de la pauta publicitaria, de manera que sea evaluada por el Congreso. La previsibilidad del plan anual es lo que garantiza que no haya discrecionalidad y una racionalidad en las asignaciones de pauta oficial que hagan los distintos gobiernos.
Ningún área de gobierno puede establecer más del 20 por ciento de publicidad. Esto es para que haya equidad incluso dentro de un mismo gobierno.
Un 10 por ciento del presupuesto previsto para la publicidad en sector público se establece para campañas no previstas en las asignaciones que están comprendidas en el plan anual, de manera de que si hay alguna campaña que resuelve el Congreso o que decide el Congreso, tenga ya asignado un presupuesto.
También establece cómo deben ser los informes trimestrales de la Secretaría de Medios de Comunicación y cuáles son los tres criterios de distribución de la publicidad en el sector público nacional. Uno es la pertinencia entre el mensaje que se quiere enviar, el sector de la población a la que se pretende comunicar y el alcance social y territorial del medio de comunicación. Otro es el índice de penetración, que puede ser tiraje en los medios gráficos, la audiencia en los medios de radiodifusión o la cantidad de visitas en las páginas web. El tercero es el precio de la pauta publicitaria, que nunca deberá ser superior al precio pactado para el sector privado. Se establece como primer índice el de pertinencia, porque si se fijase como primer índice el de penetración estaríamos reforzando la concentración cuando la intención, en realidad, es reglar más que reforzar la concentración.
Estas son fundamentalmente las pautas del proyecto que he presentado. De acuerdo con lo que hemos visto en los otros proyectos estos conceptos son coincidentes. Nuestra voluntad es tratar de llegar a un acuerdo de Estado entre todos los bloques para sancionar la mejor ley que podamos. Para eso estamos dispuestos a modificar las distintas disposiciones de nuestro proyecto en virtud de acordar con todos los bloques la mejor ley que podamos sancionar, teniendo en cuenta que será ser perfectible.
Estamos de acuerdo con los criterios mencionados por las tres comisiones en el sentido de que haya una ley, de que podamos discutirla en el recinto antes de fin de año y llegar a un acuerdo racional entre todos.
No soy miembro de ninguna de las dos comisiones aquí reunidas, pero debo decir que considero muy saludable que se arranque del tema de la publicidad oficial para establecer reglas para el Poder Ejecutivo actual y también para los futuros. Dichas reglas se podrán modificar con el tiempo, pero es importante que sean claras porque de esa manera se favorece la transparencia de ambos lados del mostrador; en otras palabras, no sólo la actitud que puedan tener los distintos gobiernos sino también quienes resulten beneficiados o perjudicados por la pauta oficial. Establecer reglas transparentes favorece mucho y tranquiliza al ciudadano.
El proyecto de ley que he presentado es muy sencillo y por lo que pude ver comparte con otros los objetivos perseguidos; incluso, en algunos casos también son similares los procedimientos.
He tomado como base la experiencia de la provincia de Tierra del Fuego, la primera que regló claramente la relación entre gobierno y medios de comunicación. El proyecto consta de pocos artículos, ya que en un principio las reglas deben ser pocas y muy claras tendientes a establecer mecanismos para su efectivo cumplimiento.
La iniciativa que he presentado explica, en primer lugar, qué debe entenderse por publicación en medios de difusión; asimismo, establece diferenciaciones para precisar el significado de publicidad en los actos de gobierno, publicidad institucional y publicidad de bienes y servicios producidos o comercializados por entidades e instituciones del Estado nacional.
Por otra parte, dispone de qué manera deberá regirse el sector público -por los principios de veracidad- y cuál es la finalidad de la publicidad del sector público nacional.
Luego, que no podrán incluirse mensajes discriminatorios ni contrarios a los principios y valores establecidos en la Constitución Nacional. Además, dispone la creación del Registro Nacional de Medios de Comunicación.
Por otro lado, quiero recordar que esta iniciativa fue presentada antes de sancionarse la ley de medios, razón por la cual habría que trabajar en compatibilizar ambas porque dicha ley ya establece la creación de un registro de esa naturaleza.
También se hace referencia a los requisitos que debe reunir un medio de comunicación para inscribirse en el Registro: señalar como responsable a una persona física o jurídica, tener regularizada su situación impositiva y previsional, estar inscripto provisoria o definitivamente en el órgano regulador -que al momento de elaborarse esta iniciativa era el COMFER-, presentar una declaración jurada sobre su índice de penetración y el cuadro tarifario vigente, y determinar su área de cobertura. Esto se vincula con uno de los criterios tomados como base para el establecimiento de la publicidad oficial.
En lo que respecta a los productores de contenidos, el proyecto dispone que deben incluir una copia del acuerdo contractual entre las productoras y los medios de comunicación. Asimismo, que los distintos medios podrán actualizar esos datos en el órgano regulador.
Por otra parte, en virtud de este proyecto se crea la Comisión de Control de la Publicidad Oficial, integrada por tres diputados y tres senadores pertenecientes a distintas fuerzas, consideradas en orden decreciente de acuerdo con la cantidad de diputados y de senadores que las conforman. Es decir que para ambas Cámaras se tomaría en cuenta la mayoría y las primeras minorías o bien la primera, segunda y tercera minoría. Además, dicha comisión estaría integrada por tres representantes académicos vinculados con el área de la comunicación social y tres representantes de asociaciones o entidades periodísticas, designados en ambos casos por las dos Cámaras.
La función de la comisión es evaluar un plan que deberá ser presentado por la Secretaría de Medios, esto lo dice otro artículo, elaborar un informe acerca de este plan o sobre cualquier otra cuestión, recomendar adecuaciones para ajustar el plan una vez que ha sido presentado y recibir y evaluar informes trimestrales de la Secretaría de Comunicaciones.
Esta secretaría debe presentar un plan anual de la pauta publicitaria, de manera que sea evaluada por el Congreso. La previsibilidad del plan anual es lo que garantiza que no haya discrecionalidad y una racionalidad en las asignaciones de pauta oficial que hagan los distintos gobiernos.
Ningún área de gobierno puede establecer más del 20 por ciento de publicidad. Esto es para que haya equidad incluso dentro de un mismo gobierno.
Un 10 por ciento del presupuesto previsto para la publicidad en sector público se establece para campañas no previstas en las asignaciones que están comprendidas en el plan anual, de manera de que si hay alguna campaña que resuelve el Congreso o que decide el Congreso, tenga ya asignado un presupuesto.
También establece cómo deben ser los informes trimestrales de la Secretaría de Medios de Comunicación y cuáles son los tres criterios de distribución de la publicidad en el sector público nacional. Uno es la pertinencia entre el mensaje que se quiere enviar, el sector de la población a la que se pretende comunicar y el alcance social y territorial del medio de comunicación. Otro es el índice de penetración, que puede ser tiraje en los medios gráficos, la audiencia en los medios de radiodifusión o la cantidad de visitas en las páginas web. El tercero es el precio de la pauta publicitaria, que nunca deberá ser superior al precio pactado para el sector privado. Se establece como primer índice el de pertinencia, porque si se fijase como primer índice el de penetración estaríamos reforzando la concentración cuando la intención, en realidad, es reglar más que reforzar la concentración.
Estas son fundamentalmente las pautas del proyecto que he presentado. De acuerdo con lo que hemos visto en los otros proyectos estos conceptos son coincidentes. Nuestra voluntad es tratar de llegar a un acuerdo de Estado entre todos los bloques para sancionar la mejor ley que podamos. Para eso estamos dispuestos a modificar las distintas disposiciones de nuestro proyecto en virtud de acordar con todos los bloques la mejor ley que podamos sancionar, teniendo en cuenta que será ser perfectible.
Estamos de acuerdo con los criterios mencionados por las tres comisiones en el sentido de que haya una ley, de que podamos discutirla en el recinto antes de fin de año y llegar a un acuerdo racional entre todos.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Tiene la palabra el señor diputado Pinedo.
SR. PINEDO Voy a ser sintético tratando de explicar cuáles son los objetivos del proyecto que he presentado junto con la señora diputada Bertol en el año 2006 y que he reproducido en 2008 y 2010.
Nuestra preocupación principal es que no se utilice la publicidad oficial como mecanismo de presión política sobre los medios, ya sea concediendo publicidad para obtener opiniones favorables o negándola ante opiniones desfavorables. O sea que se trata de buscar un mecanismo objetivo de asignación de recursos del Estado.
Por otro lado, en lo que comprende la publicidad oficial, pretendemos que sea algo vinculado al interés público y no una propaganda.
En tercer lugar, tratamos de encontrar un mecanismo objetivo de asignación.
Para lograr esos objetivos, lo que primeramente hicimos fue definir los tipos de actos de interés público que podrían ser motivo de publicidad, como temas en los que se requiere que la población haga, deje de hacer algo o actúe de determinada manera ante una emergencia, o que se informe sobre temas de interés público como condiciones de licitaciones y demás.
En segundo término, tratamos de conseguir que las decisiones de los organismos que quisieran hacer publicidad fueran fundadas. Entonces, les exigimos que señalen cuál es el interés público que se busca con la publicidad y a qué público está dirigida, porque hay publicidades que deben ser útiles para todo el país y otras que lo son sólo para ciertas regiones, provincias o ciudades.
En materia de asignación se nos ocurrió crear un registro a efectos de que los medios que quisieran publicidad oficial pudieran inscribirse. Entonces, dependiendo de lo que el organismo público dijera en relación con los sectores a los que está dirigida la publicidad, nosotros decimos que deben competir por precio todos los medios que cumplen con el requisito de cobertura o penetración que el organismo público busca para su mensaje.
Para no generar una situación de monopolio, propusimos solamente adjudicar al de mejor precio la mitad de la pauta, y la otra mitad, a los demás medios que quisieran igualar el mejor precio.
Este es básicamente el esquema que propusimos. Estamos absolutamente abiertos a acordar con el resto de los bloques y con las propuestas de organizaciones de la sociedad civil -como ADC, por ejemplo-, para encontrar un mecanismo que cumpla con estas dos finalidades: interés público, por un lado, y mecanismos objetivos de asignación, por el otro.
Nuestra preocupación principal es que no se utilice la publicidad oficial como mecanismo de presión política sobre los medios, ya sea concediendo publicidad para obtener opiniones favorables o negándola ante opiniones desfavorables. O sea que se trata de buscar un mecanismo objetivo de asignación de recursos del Estado.
Por otro lado, en lo que comprende la publicidad oficial, pretendemos que sea algo vinculado al interés público y no una propaganda.
En tercer lugar, tratamos de encontrar un mecanismo objetivo de asignación.
Para lograr esos objetivos, lo que primeramente hicimos fue definir los tipos de actos de interés público que podrían ser motivo de publicidad, como temas en los que se requiere que la población haga, deje de hacer algo o actúe de determinada manera ante una emergencia, o que se informe sobre temas de interés público como condiciones de licitaciones y demás.
En segundo término, tratamos de conseguir que las decisiones de los organismos que quisieran hacer publicidad fueran fundadas. Entonces, les exigimos que señalen cuál es el interés público que se busca con la publicidad y a qué público está dirigida, porque hay publicidades que deben ser útiles para todo el país y otras que lo son sólo para ciertas regiones, provincias o ciudades.
En materia de asignación se nos ocurrió crear un registro a efectos de que los medios que quisieran publicidad oficial pudieran inscribirse. Entonces, dependiendo de lo que el organismo público dijera en relación con los sectores a los que está dirigida la publicidad, nosotros decimos que deben competir por precio todos los medios que cumplen con el requisito de cobertura o penetración que el organismo público busca para su mensaje.
Para no generar una situación de monopolio, propusimos solamente adjudicar al de mejor precio la mitad de la pauta, y la otra mitad, a los demás medios que quisieran igualar el mejor precio.
Este es básicamente el esquema que propusimos. Estamos absolutamente abiertos a acordar con el resto de los bloques y con las propuestas de organizaciones de la sociedad civil -como ADC, por ejemplo-, para encontrar un mecanismo que cumpla con estas dos finalidades: interés público, por un lado, y mecanismos objetivos de asignación, por el otro.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Tiene la palabra la señora diputada Giúdici.
SRA. GIÚDICI En primer lugar, celebro que estemos hoy en este plenario porque hace tres años que los diputados de la Comisión de Libertad de Expresión lo pedimos y lo impulsamos para poder avanzar en un tema en el que la Comisión de Comunicaciones e Informática es cabecera. También celebro que hayamos podido ponernos de acuerdo y que tengamos un cronograma concreto de tratamiento del proyecto.
Voy a ser muy breve, a pesar de que es muchísima la información que uno tendría para brindar y analizar.
Nosotros presentamos nuestro proyecto el 6 de julio de 2006. Dicha iniciativa fue reproducida en 2008 y en 2010, pero luego de estos años de trabajar sobre el tema y en virtud de hechos que han sucedido, debo decir que cambié fundamentalmente la visión de las prioridades y de lo que debe contener la ley que finalmente sancione este Congreso.
Por supuesto que la norma va a ser mucho más abarcadora y completa que el proyecto que presentamos en 2006, porque como les decía han pasado cosas en la Argentina.
En el año 2007 la Corte Suprema falló sobre la materia que estamos discutiendo en el caso "Diario Río Negro c/provincia del Neuquén", donde dijo claramente que hay que regular sobre la publicidad oficial y vertió allí conceptos muy precisos, que no sólo marcan jurisprudencia sino también el criterio que debe tener un proyecto sobre publicidad oficial.
De igual modo, en febrero de 2009 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4 falla en el caso del periódico "Perfil" a raíz de que el gobierno había retirado la publicidad oficial de dicho diario. En su fallo vuelve a remarcar esos conceptos muy claros que también siguen sentando jurisprudencia y son los que rápidamente debemos plasmar al sancionar este proyecto.
Esos preceptos que indica la Corte Suprema básicamente dicen que la publicidad oficial utilizada de esta manera es un limitante a la diversidad, una amenaza para la libertad de expresión y que de ninguna manera el gobierno puede quitar a un medio de comunicación la publicidad oficial por su posicionamiento editorial.
Sigamos acumulando hechos. El 5 de febrero de 2009 tomamos conocimiento de un informe de la Auditoría General de la Nación sobre irregularidades en el manejo de los recursos destinados a publicidad oficial en el período comprendido entre los ejercicios 2006 y 2007. En verdad, las observaciones realizadas por la Auditoría General de la Nación en el mencionado informe son muy valiosas; por eso las incorporamos en el que consideramos debería ser el futuro dictamen.
Después, en abril y mayo del año 2008 hubo denuncias de corrupción sobre la pauta. Concretamente, sobre posibles manejos en la Secretaría de Medios y el hallazgo de un sobre en Télam que contenía dinero aparentemente destinado al pago de alguna coima en el circuito de la pauta. A partir de estos hechos volvemos a reflexionar y decimos que es necesario simplificar los procedimientos y disponer ventanillas de atención universales a fin de que estos puedan ser auditados, desde que comienza hasta que termina la contratación, no sólo por los mecanismos del Estado sino también por la ciudadanía.
Mientras evaluábamos la normativa, la jurisprudencia y los informes de la Auditoría General de la Nación, no podíamos dejar de observar la realidad; concretamente, el incremento escandaloso de los recursos desde el año 2004. Cuando en el Congreso advertimos que estos aumentan geométricamente año tras año, y que de 46 millones de pesos pasan a más de 829 millones de pesos en el año 2009, entendemos que es necesario extremar muchísimo más los cuidados e incorporar al proyecto sancionado fuertes elementos de control, no sólo externo e interno, sino también de tipo parlamentario, ya que evidentemente en el incremento de dichos recursos se advierte una intencionalidad.
Creemos que hoy en la Argentina la publicidad oficial es utilizada como herramienta de censura indirecta; en otras palabras, para premiar a los medios que hablan favorablemente del gobierno. Asimismo, entendemos que en esta carrera por la hegemonía comunicacional se olvidan los fines sociales que debe tener la pauta oficial y fundamentalmente la supervivencia de los medios pequeños, o sea, aquellos que no son comerciales y que necesitan que el Estado, a través de la publicidad oficial, les dé la posibilidad de contar con un ingreso económico que no tienen y que tampoco deberían salir a buscar.
En suma, entendemos que los medios pequeños y comunitarios también deben ser considerados cuando se habla de la asignación de la publicidad oficial.
En la Comisión de Libertad de Expresión hemos recibido infinidad de denuncias provenientes de distintos lugares de la Argentina sobre cómo se ahogan...
Voy a ser muy breve, a pesar de que es muchísima la información que uno tendría para brindar y analizar.
Nosotros presentamos nuestro proyecto el 6 de julio de 2006. Dicha iniciativa fue reproducida en 2008 y en 2010, pero luego de estos años de trabajar sobre el tema y en virtud de hechos que han sucedido, debo decir que cambié fundamentalmente la visión de las prioridades y de lo que debe contener la ley que finalmente sancione este Congreso.
Por supuesto que la norma va a ser mucho más abarcadora y completa que el proyecto que presentamos en 2006, porque como les decía han pasado cosas en la Argentina.
En el año 2007 la Corte Suprema falló sobre la materia que estamos discutiendo en el caso "Diario Río Negro c/provincia del Neuquén", donde dijo claramente que hay que regular sobre la publicidad oficial y vertió allí conceptos muy precisos, que no sólo marcan jurisprudencia sino también el criterio que debe tener un proyecto sobre publicidad oficial.
De igual modo, en febrero de 2009 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4 falla en el caso del periódico "Perfil" a raíz de que el gobierno había retirado la publicidad oficial de dicho diario. En su fallo vuelve a remarcar esos conceptos muy claros que también siguen sentando jurisprudencia y son los que rápidamente debemos plasmar al sancionar este proyecto.
Esos preceptos que indica la Corte Suprema básicamente dicen que la publicidad oficial utilizada de esta manera es un limitante a la diversidad, una amenaza para la libertad de expresión y que de ninguna manera el gobierno puede quitar a un medio de comunicación la publicidad oficial por su posicionamiento editorial.
Sigamos acumulando hechos. El 5 de febrero de 2009 tomamos conocimiento de un informe de la Auditoría General de la Nación sobre irregularidades en el manejo de los recursos destinados a publicidad oficial en el período comprendido entre los ejercicios 2006 y 2007. En verdad, las observaciones realizadas por la Auditoría General de la Nación en el mencionado informe son muy valiosas; por eso las incorporamos en el que consideramos debería ser el futuro dictamen.
Después, en abril y mayo del año 2008 hubo denuncias de corrupción sobre la pauta. Concretamente, sobre posibles manejos en la Secretaría de Medios y el hallazgo de un sobre en Télam que contenía dinero aparentemente destinado al pago de alguna coima en el circuito de la pauta. A partir de estos hechos volvemos a reflexionar y decimos que es necesario simplificar los procedimientos y disponer ventanillas de atención universales a fin de que estos puedan ser auditados, desde que comienza hasta que termina la contratación, no sólo por los mecanismos del Estado sino también por la ciudadanía.
Mientras evaluábamos la normativa, la jurisprudencia y los informes de la Auditoría General de la Nación, no podíamos dejar de observar la realidad; concretamente, el incremento escandaloso de los recursos desde el año 2004. Cuando en el Congreso advertimos que estos aumentan geométricamente año tras año, y que de 46 millones de pesos pasan a más de 829 millones de pesos en el año 2009, entendemos que es necesario extremar muchísimo más los cuidados e incorporar al proyecto sancionado fuertes elementos de control, no sólo externo e interno, sino también de tipo parlamentario, ya que evidentemente en el incremento de dichos recursos se advierte una intencionalidad.
Creemos que hoy en la Argentina la publicidad oficial es utilizada como herramienta de censura indirecta; en otras palabras, para premiar a los medios que hablan favorablemente del gobierno. Asimismo, entendemos que en esta carrera por la hegemonía comunicacional se olvidan los fines sociales que debe tener la pauta oficial y fundamentalmente la supervivencia de los medios pequeños, o sea, aquellos que no son comerciales y que necesitan que el Estado, a través de la publicidad oficial, les dé la posibilidad de contar con un ingreso económico que no tienen y que tampoco deberían salir a buscar.
En suma, entendemos que los medios pequeños y comunitarios también deben ser considerados cuando se habla de la asignación de la publicidad oficial.
En la Comisión de Libertad de Expresión hemos recibido infinidad de denuncias provenientes de distintos lugares de la Argentina sobre cómo se ahogan...
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ La señora diputada Conti está solicitándole una interrupción, señora diputada. ¿Se la concede?
SRA. GIÚDICI Cuando termine, la señora diputada podrá hacer uso de la palabra.
SRA. CONTI Es para decir algo que tiene que ver con el tema.
SRA. GIÚDICI Estoy exponiendo sobre uno de los proyectos presentados.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Cuando la señora diputada Giúdici termine con su exposición, se le concederá el uso de la palabra a la señora diputada Conti.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Giúdici.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Giúdici.
SRA. GIÚDICI Señora presidenta: creo que debemos dictar una ley que permita ordenar un marco jurídico que para nosotros es muy importante y que constituye un eslabón más de la normativa que se debe sancionar de la agenda vinculada con la libertad de expresión.
Los diputados de la Comisión de Libertad de Expresión y los senadores que también estuvieron trabajando en el tema creemos desde el año 2006 que la regulación de la publicidad oficial es una asignatura pendiente, cuyo tratamiento no puede seguir demorándose. Asimismo, como decía al principio, entendemos que se debe garantizar la distribución equitativa, transparente y justa de los recursos que el Estado provee y que la publicidad oficial no puede ser utilizada como propaganda electoral, sectorial o de un partido político determinado porque su fin es transparentar y difundir los actos de gobierno.
Ese es el carácter que debe tener la publicidad oficial. Por eso nos parece que es importante definir claramente qué debe entenderse por "publicidad oficial" y cuáles son las prohibiciones, porque de esa manera podemos evitar que se manipule el mensaje o haya permanentes campañas y propaganda política con recursos que deberían ser destinados a otros fines.
Por último, considero que la creación de un registro público es importantísima para conocer cuáles son en la Argentina los medios que reciben pautas, los que aspiran a recibirla y los que no la reciben. Esta información, que creemos tendría que estar disponible online, también forma parte del monitoreo social que es preciso establecer y debe estar acompañada de la correspondiente información presupuestaria.
Si las autoridades nacionales concurren al seno de la comisión, quisiera formularles infinidad de preguntas al respecto. Si bien las dejaré para esa oportunidad, quiero mostrar a los señores diputados unas planillas que pudimos elaborar luego de meses de trabajo de los asesores, y en este punto quiero sumarme a la felicitación expresada al comienzo de la reunión por la señora presidenta, diputada Vázquez.
Asesores muy capaces han estado durante horas mirando el sitio de internet de la Jefatura de Gabinete de Ministros para intentar descifrar los jeroglíficos con los que se pretende presentar la asignación de los recursos en materia de publicidad oficial. Les aseguro que es imposible hacerlo; invito a los señores diputados a que hagan ese ejercicio y comprobarán que nunca será posible saber cuáles son los recursos afectados.
Como es sabido, hemos presentado pedidos de informes que tampoco fueron contestados. Por eso, sería fantástico que cuando concurran los funcionarios del Poder Ejecutivo podamos encontrar las respuestas para las preguntas que nos venimos haciendo durante muchos años.
Los diputados de la Comisión de Libertad de Expresión y los senadores que también estuvieron trabajando en el tema creemos desde el año 2006 que la regulación de la publicidad oficial es una asignatura pendiente, cuyo tratamiento no puede seguir demorándose. Asimismo, como decía al principio, entendemos que se debe garantizar la distribución equitativa, transparente y justa de los recursos que el Estado provee y que la publicidad oficial no puede ser utilizada como propaganda electoral, sectorial o de un partido político determinado porque su fin es transparentar y difundir los actos de gobierno.
Ese es el carácter que debe tener la publicidad oficial. Por eso nos parece que es importante definir claramente qué debe entenderse por "publicidad oficial" y cuáles son las prohibiciones, porque de esa manera podemos evitar que se manipule el mensaje o haya permanentes campañas y propaganda política con recursos que deberían ser destinados a otros fines.
Por último, considero que la creación de un registro público es importantísima para conocer cuáles son en la Argentina los medios que reciben pautas, los que aspiran a recibirla y los que no la reciben. Esta información, que creemos tendría que estar disponible online, también forma parte del monitoreo social que es preciso establecer y debe estar acompañada de la correspondiente información presupuestaria.
Si las autoridades nacionales concurren al seno de la comisión, quisiera formularles infinidad de preguntas al respecto. Si bien las dejaré para esa oportunidad, quiero mostrar a los señores diputados unas planillas que pudimos elaborar luego de meses de trabajo de los asesores, y en este punto quiero sumarme a la felicitación expresada al comienzo de la reunión por la señora presidenta, diputada Vázquez.
Asesores muy capaces han estado durante horas mirando el sitio de internet de la Jefatura de Gabinete de Ministros para intentar descifrar los jeroglíficos con los que se pretende presentar la asignación de los recursos en materia de publicidad oficial. Les aseguro que es imposible hacerlo; invito a los señores diputados a que hagan ese ejercicio y comprobarán que nunca será posible saber cuáles son los recursos afectados.
Como es sabido, hemos presentado pedidos de informes que tampoco fueron contestados. Por eso, sería fantástico que cuando concurran los funcionarios del Poder Ejecutivo podamos encontrar las respuestas para las preguntas que nos venimos haciendo durante muchos años.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ La Presidencia concede el uso de la palabra a la señora diputada Conti, que lo había pedido anteriormente.
SRA. CONTI Señora presidenta: hemos votado, y ahora celebramos, la presencia de todos en este recinto para abordar el debate sobre un tema que estaba pendiente.
Algunos creen que la regulación es lo que da libertad, mientras que otros pensamos que una mayor regulación trae aparejados más puestos de peaje, más coimas y menor libertad.
Incluso, en el proyecto de ley que ha presentado, la señora diputada Vázquez utiliza una frase donde sostiene que la desregulación es lo que quieren los poderosos. Mis ideales me llevan a pensar que no es así y que la regulación casuística genera privación de la libertad.
De todas maneras, ello forma parte de un debate que daremos en el seno de estas comisiones y en otras.
Se ha aprobado una propuesta de trabajo consistente en que los autores expliquen los proyectos que han presentado; en ese sentido puedo aludir a los señores diputados Macaluse y Pinedo, porque han explicado sus iniciativas. En cambio, cuando para hacer un diagnóstico algunos utilizan el escenario donde se está trabajando en la elaboración de una ley, algo que tendrían que hacer en los comités -aunque a lo mejor allí tienen dificultades para hacerlo porque no les dan la palabra y no pueden liderar-, están faltando el respeto a la convocatoria por la cual estamos presentes en esta reunión.
En verdad me encantó, porque lo que dijo la señora diputada Giúdici ya se lo escuché a cada rato en televisión, como buena empleada que es de algunos medios...
Algunos creen que la regulación es lo que da libertad, mientras que otros pensamos que una mayor regulación trae aparejados más puestos de peaje, más coimas y menor libertad.
Incluso, en el proyecto de ley que ha presentado, la señora diputada Vázquez utiliza una frase donde sostiene que la desregulación es lo que quieren los poderosos. Mis ideales me llevan a pensar que no es así y que la regulación casuística genera privación de la libertad.
De todas maneras, ello forma parte de un debate que daremos en el seno de estas comisiones y en otras.
Se ha aprobado una propuesta de trabajo consistente en que los autores expliquen los proyectos que han presentado; en ese sentido puedo aludir a los señores diputados Macaluse y Pinedo, porque han explicado sus iniciativas. En cambio, cuando para hacer un diagnóstico algunos utilizan el escenario donde se está trabajando en la elaboración de una ley, algo que tendrían que hacer en los comités -aunque a lo mejor allí tienen dificultades para hacerlo porque no les dan la palabra y no pueden liderar-, están faltando el respeto a la convocatoria por la cual estamos presentes en esta reunión.
En verdad me encantó, porque lo que dijo la señora diputada Giúdici ya se lo escuché a cada rato en televisión, como buena empleada que es de algunos medios...
SRA. GIÚDICI ¡Cállese la boca si no quiere tener problemas conmigo! Una cosa es lo que tiene que suceder en el ámbito de una comisión y otra es el insulto. Si tiene algo que decir, dígalo en el recinto.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. CONTI Sobre lo que propone como proyecto de ley, la señora diputada Giúdici no ha explicado absolutamente nada. Entonces, como mecánica de trabajo, solicito a las presidentas de ambas comisiones que llamen a la pertinencia a los autores de proyectos de ley en la materia para que se refieran a sus propuestas legislativas, porque de lo contrario no es verdad que estemos debatiendo sobre los artículos que las componen.
SRA. GIÚDICI ¡La pertinencia es que se calle la boca!
Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Antes de continuar con el temario quiero hacer una simple acotación.
Si un diputado, en lugar de utilizar su tiempo de exposición para explicar su proyecto, lo usa para criticar a otro, pierde la oportunidad de fundamentarlo. Por eso pido a los señores diputados que sigamos con el orden de trabajo que nos habíamos impuesto; luego vendrá el tiempo de realizar el debate político.
Si un diputado, en lugar de utilizar su tiempo de exposición para explicar su proyecto, lo usa para criticar a otro, pierde la oportunidad de fundamentarlo. Por eso pido a los señores diputados que sigamos con el orden de trabajo que nos habíamos impuesto; luego vendrá el tiempo de realizar el debate político.
SR. MARTÍNEZ (J.C.) Pido la palabra.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Si el señor diputado solicita la palabra para referirse al tema, no hay inconveniente. En caso contrario, la Presidencia concederá el uso de la palabra a la señora diputada Bullrich.
SRA. GIÚDICI El señor diputado Martínez pidió la palabra y tiene el mismo derecho de hablar que la señora diputada Conti.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ La Presidencia entiende que la cuestión quedó aclarada.
SRA. GIÚDICI Cuando hay expresiones ofensivas y se falta el respeto en forma adrede a la investidura de un diputado, la Presidencia de la comisión tiene que hacer cumplir el reglamento.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Convengamos en que habíamos acordado que cada uno iba a expresar y fundamentar su proyecto. Dijimos de utilizar entre cinco y diez minutos cada uno para ello. Tenemos casi diez proyectos para expresarnos. En este momento hay reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Solicito que continuemos con el orden que habíamos dado y que nos circunscribamos cada uno a su proyecto.
Yo también tengo derecho a expresarme como autora de un proyecto y lo voy a hacer en mi turno. No pido interrupciones, pido que nos mantengamos en lo que acordamos y de esa manera podamos continuar con el debate.
Solicito disculpas al señor diputado Martínez y en otro momento podremos hablar sobre ese punto.
Tiene la palabra la señora diputada Bullrich.
Yo también tengo derecho a expresarme como autora de un proyecto y lo voy a hacer en mi turno. No pido interrupciones, pido que nos mantengamos en lo que acordamos y de esa manera podamos continuar con el debate.
Solicito disculpas al señor diputado Martínez y en otro momento podremos hablar sobre ese punto.
Tiene la palabra la señora diputada Bullrich.
SRA. BULLRICH En primer lugar, antes de dar un informe técnico, preciso y consistente de mi proyecto, vale plantear que lo que acaba de decir la señora diputada Conti respecto de la señora diputada Giúdici merece que la Presidencia le solicite un pedido de disculpas. Eso es lo que merecería si realmente queremos tener un buen clima. En su momento, si a usted le parece señora presidenta, solicite a la diputada Conti que pida disculpas.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ La Presidencia solicita a la señora diputada Bullrich que avance con el proyecto y que no perdamos el tiempo. Seamos tolerantes, señora diputada. Todos somos grandes y cada uno sabe lo que tiene que hacer.
SRA. BULLRICH Correcto, pero si se interrumpe a alguien porque no le gusta el discurso y le contesta con un discurso agresivo, entonces no está queriendo hacer política sino politiquería. Es importante dejarlo planteado.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Ahora agrede usted, señora diputada.
SRA. BULLRICH No, yo no agredo.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Vamos a entrar en las agresiones...
SRA. BULLRICH Le pedí de manera amable, que lo piense la diputada y quizá le puede pedir disculpas.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Avance con el proyecto, señora diputada.
SRA. BULLRICH Si no, lo puede sacar de la versión taquigráfica.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Insisto, diputada Bullrich, por favor avance con el tratamiento del proyecto.
SRA. BULLRICH Sáquelo de la versión taquigráfica, señora presidenta.
SRA. BERTOL Pido la palabra.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ La Presidencia informa a la señora diputada Bertol que está en uso de la palabra la señora diputada Bullrich.
SRA. BULLRICH Yo lo dejo planteado; tiene tiempo para pensarlo mientras yo hago un planteo técnico sobre el proyecto.
El problema de la publicidad oficial es que es un tema que abarca muchas materias que son realmente fundamentales para la consolidación de la democracia y la construcción de una sociedad en la que no haya hijos y entenados.
La asignación de la publicidad oficial implica un recurso de poder. Quien asigna, quien maneja el presupuesto, quien tiene la posibilidad de decidir dónde pone y dónde deja de poner la publicidad, está tomando decisiones con el dinero del Estado.
Nosotros queremos -es lo que intento plantear en mi proyecto- que estas decisiones, que implican que algunos reciban y otros no reciban publicidad oficial, se planteen desde criterios distintos, que se cambien absolutamente los criterios de asignación, que se deje de lado el criterio que significa que yo elijo de manera discrecional a quién le pongo y a quien dejo de ponerle publicidad. No es sólo una decisión a quién le pongo sino también a quién dejo de ponerle. Me refiero a establecer una construcción de pautas técnicas y profesionales que plantean el concepto fundamental de que no existan actos de discriminación.
La elección de un medio, y la no elección de otro, implica un acto de discriminación, porque importa favorecer a unos y castigar a otros, decidir qué medios pueden llevar mensaje oficial y cuáles no.
No es solamente un tema económico sino también una cuestión profundamente antidemocrática porque implica una discriminación.
Uno podría elevar más este análisis y decir que esto también podría ser un sistema de presiones. Cuanto más grande es el universo, más difícil es que existan esas presiones si los medios tienen un mercado propio que les permite defenderse con otro tipo de publicidad.
En general, cuanto más pequeño es el universo más fuerte incide esta presión, y esto pasa mucho en aquellos lugares donde hay pocos medios de comunicación, como en las intendencias o en algunas provincias.
¿Cuál es, entonces, la segunda consecuencia de una mala asignación de la publicidad oficial? Esa segunda consecuencia es el direccionamiento del mensaje. Si yo pongo publicidad oficial en determinados medios y no en otros, tengo un objetivo subliminal que es direccionar el mensaje en aquellos medios donde pongo publicidad oficial, con lo cual ahora estoy planteando una segunda discriminación. Además, esto genera la construcción de una lógica hegemónica del mensaje, de la palabra, que es contraria a un régimen democrático.
En consecuencia, la sanción de una ley de publicidad oficial es una decisión de fondo que implica trabajar sobre un criterio que está absolutamente consagrado y delineado en nuestra Constitución. Me refiero a la publicidad de los actos de gobierno en relación con un criterio más moderno; quizás los constitucionalistas de 1853 no podían pensar de esta manera porque en ese momento eran pocos los medios que había.
En este momento nosotros tenemos que plantear la publicidad de los actos de gobierno unida a la capacidad de que los recursos del Estado lleguen a la diversidad de medios que tiene nuestro país.
El problema de la publicidad oficial es que es un tema que abarca muchas materias que son realmente fundamentales para la consolidación de la democracia y la construcción de una sociedad en la que no haya hijos y entenados.
La asignación de la publicidad oficial implica un recurso de poder. Quien asigna, quien maneja el presupuesto, quien tiene la posibilidad de decidir dónde pone y dónde deja de poner la publicidad, está tomando decisiones con el dinero del Estado.
Nosotros queremos -es lo que intento plantear en mi proyecto- que estas decisiones, que implican que algunos reciban y otros no reciban publicidad oficial, se planteen desde criterios distintos, que se cambien absolutamente los criterios de asignación, que se deje de lado el criterio que significa que yo elijo de manera discrecional a quién le pongo y a quien dejo de ponerle publicidad. No es sólo una decisión a quién le pongo sino también a quién dejo de ponerle. Me refiero a establecer una construcción de pautas técnicas y profesionales que plantean el concepto fundamental de que no existan actos de discriminación.
La elección de un medio, y la no elección de otro, implica un acto de discriminación, porque importa favorecer a unos y castigar a otros, decidir qué medios pueden llevar mensaje oficial y cuáles no.
No es solamente un tema económico sino también una cuestión profundamente antidemocrática porque implica una discriminación.
Uno podría elevar más este análisis y decir que esto también podría ser un sistema de presiones. Cuanto más grande es el universo, más difícil es que existan esas presiones si los medios tienen un mercado propio que les permite defenderse con otro tipo de publicidad.
En general, cuanto más pequeño es el universo más fuerte incide esta presión, y esto pasa mucho en aquellos lugares donde hay pocos medios de comunicación, como en las intendencias o en algunas provincias.
¿Cuál es, entonces, la segunda consecuencia de una mala asignación de la publicidad oficial? Esa segunda consecuencia es el direccionamiento del mensaje. Si yo pongo publicidad oficial en determinados medios y no en otros, tengo un objetivo subliminal que es direccionar el mensaje en aquellos medios donde pongo publicidad oficial, con lo cual ahora estoy planteando una segunda discriminación. Además, esto genera la construcción de una lógica hegemónica del mensaje, de la palabra, que es contraria a un régimen democrático.
En consecuencia, la sanción de una ley de publicidad oficial es una decisión de fondo que implica trabajar sobre un criterio que está absolutamente consagrado y delineado en nuestra Constitución. Me refiero a la publicidad de los actos de gobierno en relación con un criterio más moderno; quizás los constitucionalistas de 1853 no podían pensar de esta manera porque en ese momento eran pocos los medios que había.
En este momento nosotros tenemos que plantear la publicidad de los actos de gobierno unida a la capacidad de que los recursos del Estado lleguen a la diversidad de medios que tiene nuestro país.
SR. GULLO Los medios vinieron después del 53.
SRA. BULLRICH No, antes ya había medios.
SR. GULLO Sí, claro, pero los que le interesan vinieron después.
SRA. BULLRICH Se equivoca, a mí me interesan todos. Me importa la radio FM Patricios, la radio de Avellaneda...
Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Por favor, señores diputados, no dialoguen.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Bullrich.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Bullrich.
SRA. BULLRICH El tercer concepto que he delineado en mi proyecto es el referido a la publicidad oficial. ¿Todo es publicidad oficial?
Acá debemos hacer una distinción entre lo que es la publicidad de los actos de gobierno -que es lo que dice nuestra Constitución, o sea la publicidad institucional- y lo que es propaganda.
Quienes hacemos política sabemos que la propaganda es la capacidad de llegar con un mensaje bien dirigido hacia un determinado público. Publicidad de los actos de gobierno es un concepto absolutamente general que tiene que ver con la obligación de quienes ejercen -o ejercemos- los cargos de gobierno en los distintos poderes del Estado para que la población conozca qué hacen sus autoridades.
En consecuencia, acá tiene que haber un tercer elemento distintivo: debemos reglamentar claramente la publicidad y prohibir total y absolutamente la propaganda. Claramente son los candidatos de los partidos políticos en las elecciones quienes deben hacer propaganda, pero nunca los gobiernos.
A partir de estos conceptos nosotros tenemos que construir una ley capaz de unir el conjunto de estos principios, que están definidos en dos proyectos de la Coalición Cívica y que hemos planteado con mucha claridad.
A partir de allí, tenemos que encontrar una forma reglamentaria adecuada.
En primer lugar, como bien dijo el señor diputado Macaluse, estamos dispuestos a llegar a un consenso para que se sancione una ley sobre publicidad oficial que nos involucre a todos; que establezca reglas para quienes tengan la responsabilidad de ocupar los cargos de gobierno -tanto en el presente como en el futuro- y también que llegue a las provincias, ya que estamos muy preocupados por la manera como se manejan en ellas las pautas oficiales.
Reitero que, por un lado, planteamos el alcance y el ámbito de aplicación de la futura ley. El alcance son todos los recursos destinados a la publicidad oficial en el ámbito del presupuesto de la Nación.
Por otra parte, como decía hace instantes, es importante hablar de categorías; es decir, la publicidad de los actos de gobierno y la publicidad institucional. Esta última comprende las campañas necesarias de prevención, no la propaganda.
Asimismo, hacemos referencia a los actores de esta reglamentación, que en total son tres: el gobierno en todos sus niveles, los medios de comunicación y la sociedad. Los tres deben equilibrarse para que tengamos una ley justa y correcta.
Luego planteamos una serie de prohibiciones. Está muy bien lo que sostiene la señora diputada Conti acerca de que hay que desregular, pero hay ciertos aspectos que merecen ser regulados. Por ejemplo, cualquier mensaje que encierre exclusión o diferencia por motivo de religión, de nacionalidad, de ideología, de opinión política, filosófica o gremial, de elección sexual, de género, de posición económica, etcétera. En suma, hay cuestiones que la publicidad oficial no puede transmitir, y es importante que lo planteemos.
Hay una nueva moda de la publicidad conocida como PTP: pago para promocionar. Creemos que no está bien que en un programa de televisión haya publicidad encubierta; a nuestro juicio, no es un buen sistema.
Sin duda, planteamos ciertos requisitos o características básicas que deben reunir las empresas en materia de asignación de publicidad oficial: libre deuda impositiva, declaración jurada de cumplimiento de relaciones laborales, declaración jurada de tiraje, grilla de programación, cuadro tarifario, etcétera. Esto nos parece importante porque es necesario que, de alguna manera, las empresas estén correctamente regularizadas.
Lo más difícil es determinar cómo se asigna la pauta. Al respecto, proponemos que el 15 por ciento del monto previsto presupuestariamente sea distribuido entre todos los medios y que el porcentaje restante se asigne a partir de un sistema de puntajes. Escuché la propuesta del señor diputado Pinedo respecto de las licitaciones y también la de la señora diputada Giúdici acerca de fijar un porcentaje, tema al que incluso se refirió no recuerdo si la señora diputada Vázquez o el señor diputado Macaluse. Si bien no lo habíamos pensado, nos parece bien.
Por otro lado, si lo que pretendemos es sancionar una ley que perdure en el tiempo, entendemos que es fundamental considerar no sólo los soportes existentes sino también los que puedan surgir en el futuro. Tengamos en cuenta que la definición de "medio de comunicación" es cada vez más dinámica, menos estática. Un blog, por ejemplo, ¿es o no un medio de comunicación? Pienso que se presenta cierta complejidad a la hora de definir los términos.
Por último, nos parece muy importante que la autoridad de aplicación -que debe gozar de cierta autonomía y capacidad de decisión- sea fuertemente fiscalizada. Por eso proponemos que esa tarea de control esté a cargo de la Auditoría General de la Nación.
Nuestro deseo es que se genere igualdad, que se termine con los desequilibrios, que ningún funcionario -ni actual ni futuro- pueda manejar los recursos públicos de manera discrecional. Nos parece que el logro de estos objetivos será un buen avance para la democracia argentina.
Acá debemos hacer una distinción entre lo que es la publicidad de los actos de gobierno -que es lo que dice nuestra Constitución, o sea la publicidad institucional- y lo que es propaganda.
Quienes hacemos política sabemos que la propaganda es la capacidad de llegar con un mensaje bien dirigido hacia un determinado público. Publicidad de los actos de gobierno es un concepto absolutamente general que tiene que ver con la obligación de quienes ejercen -o ejercemos- los cargos de gobierno en los distintos poderes del Estado para que la población conozca qué hacen sus autoridades.
En consecuencia, acá tiene que haber un tercer elemento distintivo: debemos reglamentar claramente la publicidad y prohibir total y absolutamente la propaganda. Claramente son los candidatos de los partidos políticos en las elecciones quienes deben hacer propaganda, pero nunca los gobiernos.
A partir de estos conceptos nosotros tenemos que construir una ley capaz de unir el conjunto de estos principios, que están definidos en dos proyectos de la Coalición Cívica y que hemos planteado con mucha claridad.
A partir de allí, tenemos que encontrar una forma reglamentaria adecuada.
En primer lugar, como bien dijo el señor diputado Macaluse, estamos dispuestos a llegar a un consenso para que se sancione una ley sobre publicidad oficial que nos involucre a todos; que establezca reglas para quienes tengan la responsabilidad de ocupar los cargos de gobierno -tanto en el presente como en el futuro- y también que llegue a las provincias, ya que estamos muy preocupados por la manera como se manejan en ellas las pautas oficiales.
Reitero que, por un lado, planteamos el alcance y el ámbito de aplicación de la futura ley. El alcance son todos los recursos destinados a la publicidad oficial en el ámbito del presupuesto de la Nación.
Por otra parte, como decía hace instantes, es importante hablar de categorías; es decir, la publicidad de los actos de gobierno y la publicidad institucional. Esta última comprende las campañas necesarias de prevención, no la propaganda.
Asimismo, hacemos referencia a los actores de esta reglamentación, que en total son tres: el gobierno en todos sus niveles, los medios de comunicación y la sociedad. Los tres deben equilibrarse para que tengamos una ley justa y correcta.
Luego planteamos una serie de prohibiciones. Está muy bien lo que sostiene la señora diputada Conti acerca de que hay que desregular, pero hay ciertos aspectos que merecen ser regulados. Por ejemplo, cualquier mensaje que encierre exclusión o diferencia por motivo de religión, de nacionalidad, de ideología, de opinión política, filosófica o gremial, de elección sexual, de género, de posición económica, etcétera. En suma, hay cuestiones que la publicidad oficial no puede transmitir, y es importante que lo planteemos.
Hay una nueva moda de la publicidad conocida como PTP: pago para promocionar. Creemos que no está bien que en un programa de televisión haya publicidad encubierta; a nuestro juicio, no es un buen sistema.
Sin duda, planteamos ciertos requisitos o características básicas que deben reunir las empresas en materia de asignación de publicidad oficial: libre deuda impositiva, declaración jurada de cumplimiento de relaciones laborales, declaración jurada de tiraje, grilla de programación, cuadro tarifario, etcétera. Esto nos parece importante porque es necesario que, de alguna manera, las empresas estén correctamente regularizadas.
Lo más difícil es determinar cómo se asigna la pauta. Al respecto, proponemos que el 15 por ciento del monto previsto presupuestariamente sea distribuido entre todos los medios y que el porcentaje restante se asigne a partir de un sistema de puntajes. Escuché la propuesta del señor diputado Pinedo respecto de las licitaciones y también la de la señora diputada Giúdici acerca de fijar un porcentaje, tema al que incluso se refirió no recuerdo si la señora diputada Vázquez o el señor diputado Macaluse. Si bien no lo habíamos pensado, nos parece bien.
Por otro lado, si lo que pretendemos es sancionar una ley que perdure en el tiempo, entendemos que es fundamental considerar no sólo los soportes existentes sino también los que puedan surgir en el futuro. Tengamos en cuenta que la definición de "medio de comunicación" es cada vez más dinámica, menos estática. Un blog, por ejemplo, ¿es o no un medio de comunicación? Pienso que se presenta cierta complejidad a la hora de definir los términos.
Por último, nos parece muy importante que la autoridad de aplicación -que debe gozar de cierta autonomía y capacidad de decisión- sea fuertemente fiscalizada. Por eso proponemos que esa tarea de control esté a cargo de la Auditoría General de la Nación.
Nuestro deseo es que se genere igualdad, que se termine con los desequilibrios, que ningún funcionario -ni actual ni futuro- pueda manejar los recursos públicos de manera discrecional. Nos parece que el logro de estos objetivos será un buen avance para la democracia argentina.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Tiene la palabra la señora diputada Terada.
SRA. TERADA Señora presidenta: ante todo deseo agradecer esta posibilidad de exponer el proyecto de ley del que soy coautora. En realidad, y por honestidad intelectual, debo decir que pertenece al ex diputado Fernando Sánchez, quien lo presentó en el año 2008. Ahora, junto con las señoras diputadas Carrió y Quiroz, lo reproducimos.
Coincido plenamente con lo manifestado por quienes me precedieron en el uso de la palabra acerca de los principios generales de lo que conocemos como "publicidad oficial".
En realidad, la famosa pauta publicitaria tiene que ver con la publicidad de los actos de gobierno; sin embargo, muchas veces ello no se cumple. De hecho, en el proyecto de ley que hemos presentado, lo que hacemos en primer lugar es definir qué debe entenderse por "publicidad oficial" y a quiénes abarcará, a fin de que no sea confundida con propaganda política o con campañas del partido político gobernante.
También coincidimos con lo expresado por el señor diputado Macaluse y otros legisladores respecto de la necesidad de conformar un registro oficial de medios a efectos de transparentar quiénes pueden acceder a las pautas publicitarias. Asimismo, es importante establecer un criterio de proporcionalidad para la publicidad no prevista, es decir, aquella que pueda tener lugar en caso de una emergencia o como consecuencia de una campaña sanitaria que es necesario realizar.
Por otro lado, en nuestra iniciativa hacemos referencia a la importancia de elaborar el Plan Anual de Publicidad Oficial, a fin de que con antelación pueda saberse de qué manera se distribuirá y qué recursos serán aplicados a tal efecto.
Por supuesto que también nos parece interesante fijar criterios de asignación que permitan la pluralidad, para que no haya medios que tengan privilegios sobre otros. En ese sentido, pienso que será bastante complicado establecer una proporción a fin de que ningún medio quede afuera.
De la misma manera, creemos que es interesante conformar una autoridad de aplicación que, entre otras, tenga la función de elaborar un informe semestral de ejecución presupuestaria para saber expresamente de qué manera se distribuyen las pautas publicitarias.
Por último, también consideramos importante que lo que se está realizando a nivel nacional se haga extensivo a las provincias. Tanto es así que en nuestro proyecto las invitamos a que adhieran a la norma. Esta idea surge porque lo que ocurre a nivel nacional -que bien relatara la señora diputada Giúdici- también ocurre en las provincias; en la mía, por ejemplo, es así. Por eso es fundamental que lleguemos a un consenso, a partir de las iniciativas presentadas, para que podamos sancionar una ley que incluso trascienda las miradas y sentimientos de los diferentes partidos.
Consideremos el principio republicano que es la base de nuestro gobierno y del sistema que hemos elegido; la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno son la base esencial de la democracia, ya que abren la posibilidad a todos los ciudadanos de conocer no sólo las propuestas y los proyectos sino también los programas de gobierno que están en ejecución.
Coincido plenamente con lo manifestado por quienes me precedieron en el uso de la palabra acerca de los principios generales de lo que conocemos como "publicidad oficial".
En realidad, la famosa pauta publicitaria tiene que ver con la publicidad de los actos de gobierno; sin embargo, muchas veces ello no se cumple. De hecho, en el proyecto de ley que hemos presentado, lo que hacemos en primer lugar es definir qué debe entenderse por "publicidad oficial" y a quiénes abarcará, a fin de que no sea confundida con propaganda política o con campañas del partido político gobernante.
También coincidimos con lo expresado por el señor diputado Macaluse y otros legisladores respecto de la necesidad de conformar un registro oficial de medios a efectos de transparentar quiénes pueden acceder a las pautas publicitarias. Asimismo, es importante establecer un criterio de proporcionalidad para la publicidad no prevista, es decir, aquella que pueda tener lugar en caso de una emergencia o como consecuencia de una campaña sanitaria que es necesario realizar.
Por otro lado, en nuestra iniciativa hacemos referencia a la importancia de elaborar el Plan Anual de Publicidad Oficial, a fin de que con antelación pueda saberse de qué manera se distribuirá y qué recursos serán aplicados a tal efecto.
Por supuesto que también nos parece interesante fijar criterios de asignación que permitan la pluralidad, para que no haya medios que tengan privilegios sobre otros. En ese sentido, pienso que será bastante complicado establecer una proporción a fin de que ningún medio quede afuera.
De la misma manera, creemos que es interesante conformar una autoridad de aplicación que, entre otras, tenga la función de elaborar un informe semestral de ejecución presupuestaria para saber expresamente de qué manera se distribuyen las pautas publicitarias.
Por último, también consideramos importante que lo que se está realizando a nivel nacional se haga extensivo a las provincias. Tanto es así que en nuestro proyecto las invitamos a que adhieran a la norma. Esta idea surge porque lo que ocurre a nivel nacional -que bien relatara la señora diputada Giúdici- también ocurre en las provincias; en la mía, por ejemplo, es así. Por eso es fundamental que lleguemos a un consenso, a partir de las iniciativas presentadas, para que podamos sancionar una ley que incluso trascienda las miradas y sentimientos de los diferentes partidos.
Consideremos el principio republicano que es la base de nuestro gobierno y del sistema que hemos elegido; la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno son la base esencial de la democracia, ya que abren la posibilidad a todos los ciudadanos de conocer no sólo las propuestas y los proyectos sino también los programas de gobierno que están en ejecución.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Tiene la palabra la señora diputada Linares.
SRA. LINARES Voy a ser muy breve porque varios de los diputados preopinantes han dado pautas que se van cruzando en los diferentes proyectos.
Me parece interesante que hoy estemos tratando este proyecto y que podamos llevarlo al recinto de manera urgente porque cuando uno mira cuánto se ha gastado en la pauta oficial encontrará que en 2003 se gastaron 46 millones de pesos y que en 2009 se gastaron 829. Es decir que sin contar el programa "Fútbol para Todos" el gasto aumentó diecisiete veces. Notarán que es necesario y urgente, a mi entender, que esto sea regulado por parte del Congreso de la Nación.
En ese sentido nuestro proyecto consta de siete capítulos y treinta y siete artículos; no voy a referirme a uno por uno porque sería bastante pesado. Pero sí tiene claramente el objetivo de regular la publicidad oficial, porque justamente una de las cuestiones que se estuvo planteando recién es el gran gasto que hace el Estado en este tipo de utilización que, a mi entender, es más propaganda que publicidad.
Por otro lado, definimos el concepto porque debe ser clara, objetiva y fácil de entender, útil y relevante para la ciudadanía. Esto me parece importante. Tenemos que fijar pautas de publicidad oficial que tengan utilidad pública. La utilidad pública no es sólo mostrar las obras que se han hecho o que se van a hacer, sino también lo relativo a campañas de prevención de la Gripe A, que desde mi punto de vista el año pasado faltaron en la publicidad oficial. También me refiero con esto a campañas que tengan que ver con la defensa de los derechos de los consumidores, más teniendo en cuenta que ahora pueden llegar recargos en la tarifa de gas. Con una buena pauta oficial, esto podría defenderlos o ayudarlos.
También me refiero con esto a campañas educativas que tanto necesitamos en la República Argentina, por no decir qué bueno sería poder reforzar la cultura en el patrimonio histórico que tiene la República Argentina a través de la pauta oficial, que es muy interesante de conocer en toda nuestro país.
Creemos que este proyecto es importante porque va a transparentar en qué estamos gastando; tiene que evitar en ese sentido la discrecionalidad y contar con una parte de acceso a la información pública, a la que cualquier ciudadano pueda acceder para ver en qué estamos gastando. Entendemos que la asignación de la publicidad oficial no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y debe favorecer el ejercicio de las libertades y el libre pensamiento. Debe tener contenidos claros y concretos que están regulados por muchos ítems dentro del proyecto de ley.
A su vez, debe ser eficaz y eficiente, o sea que debe alcanzar los objetivos al menor costo posible para el Estado nacional; debe contar con un registro oficial de medios publicitarios, esto nos permite no sólo regularlo sino también controlarlo. También debe elevarse al Congreso de la Nación un plan anual para que todos podamos prever justamente lo que podamos estar anunciando durante todo el año y dejar obviamente establecida una pauta para las urgencias. Debe tener un buen control; nosotros planteamos realizar un control a través de la formación de una comisión bicameral integrada por cuatro diputados, cuatro senadores, con representantes de las asociaciones académicas, de las asociaciones profesionales que integran esta rama y también otro por cada una de las asociaciones de prensa.
Entendemos que se debe aclarar la distribución y los criterios de asignación. En ese sentido compartimos que para aquellas radios que son más vulnerables, las comunitarias y las universitarias, hay que establecer un porcentaje de distribución.
Por lo tanto, creemos que la posibilidad de tener una ley que regule la publicidad oficial va a terminar con las suspicacias que hoy aquí se han manifestado.
Insisto en dar transparencia, claridad y previsibilidad a una pauta que para nosotros es muy importante, y que la utilidad debe ser fundamental en nuestro país.
Me parece interesante que hoy estemos tratando este proyecto y que podamos llevarlo al recinto de manera urgente porque cuando uno mira cuánto se ha gastado en la pauta oficial encontrará que en 2003 se gastaron 46 millones de pesos y que en 2009 se gastaron 829. Es decir que sin contar el programa "Fútbol para Todos" el gasto aumentó diecisiete veces. Notarán que es necesario y urgente, a mi entender, que esto sea regulado por parte del Congreso de la Nación.
En ese sentido nuestro proyecto consta de siete capítulos y treinta y siete artículos; no voy a referirme a uno por uno porque sería bastante pesado. Pero sí tiene claramente el objetivo de regular la publicidad oficial, porque justamente una de las cuestiones que se estuvo planteando recién es el gran gasto que hace el Estado en este tipo de utilización que, a mi entender, es más propaganda que publicidad.
Por otro lado, definimos el concepto porque debe ser clara, objetiva y fácil de entender, útil y relevante para la ciudadanía. Esto me parece importante. Tenemos que fijar pautas de publicidad oficial que tengan utilidad pública. La utilidad pública no es sólo mostrar las obras que se han hecho o que se van a hacer, sino también lo relativo a campañas de prevención de la Gripe A, que desde mi punto de vista el año pasado faltaron en la publicidad oficial. También me refiero con esto a campañas que tengan que ver con la defensa de los derechos de los consumidores, más teniendo en cuenta que ahora pueden llegar recargos en la tarifa de gas. Con una buena pauta oficial, esto podría defenderlos o ayudarlos.
También me refiero con esto a campañas educativas que tanto necesitamos en la República Argentina, por no decir qué bueno sería poder reforzar la cultura en el patrimonio histórico que tiene la República Argentina a través de la pauta oficial, que es muy interesante de conocer en toda nuestro país.
Creemos que este proyecto es importante porque va a transparentar en qué estamos gastando; tiene que evitar en ese sentido la discrecionalidad y contar con una parte de acceso a la información pública, a la que cualquier ciudadano pueda acceder para ver en qué estamos gastando. Entendemos que la asignación de la publicidad oficial no debe afectar la independencia de los medios de comunicación y debe favorecer el ejercicio de las libertades y el libre pensamiento. Debe tener contenidos claros y concretos que están regulados por muchos ítems dentro del proyecto de ley.
A su vez, debe ser eficaz y eficiente, o sea que debe alcanzar los objetivos al menor costo posible para el Estado nacional; debe contar con un registro oficial de medios publicitarios, esto nos permite no sólo regularlo sino también controlarlo. También debe elevarse al Congreso de la Nación un plan anual para que todos podamos prever justamente lo que podamos estar anunciando durante todo el año y dejar obviamente establecida una pauta para las urgencias. Debe tener un buen control; nosotros planteamos realizar un control a través de la formación de una comisión bicameral integrada por cuatro diputados, cuatro senadores, con representantes de las asociaciones académicas, de las asociaciones profesionales que integran esta rama y también otro por cada una de las asociaciones de prensa.
Entendemos que se debe aclarar la distribución y los criterios de asignación. En ese sentido compartimos que para aquellas radios que son más vulnerables, las comunitarias y las universitarias, hay que establecer un porcentaje de distribución.
Por lo tanto, creemos que la posibilidad de tener una ley que regule la publicidad oficial va a terminar con las suspicacias que hoy aquí se han manifestado.
Insisto en dar transparencia, claridad y previsibilidad a una pauta que para nosotros es muy importante, y que la utilidad debe ser fundamental en nuestro país.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Tiene la palabra el señor diputado Cortina.
SR. CORTINA Celebro que finalmente hayamos podido realizar este plenario de las dos comisiones para tratar un tema tan importante...
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Disculpe la interrupción, señor diputado, pero queremos pedir a algún colega que se comunique con el presidente de la Cámara para que demore el inicio de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria a fin de que podamos dar término a la lista de oradores. Pensaba pedírselo a la diputada Bullrich, pero me parece que todos merecemos el mismo respeto y tenemos derecho a hacer uso de la palabra.
Existe una lista de oradores y tenemos que quedarnos hasta el final. Muchos de nosotros debemos concurrir a la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Solicito por favor que alguno realice ese pedido de manera que podamos escuchar con atención a los tres o cuatro diputados que están anotados para exponer.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Cortina.
Existe una lista de oradores y tenemos que quedarnos hasta el final. Muchos de nosotros debemos concurrir a la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Solicito por favor que alguno realice ese pedido de manera que podamos escuchar con atención a los tres o cuatro diputados que están anotados para exponer.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Cortina.
SR. CORTINA Decía que celebraba que se pudiera realizar este plenario de comisiones para considerar un tema tan importante respecto del cual existen varias iniciativas de muchos diputados que han sido presentadas desde hace un tiempo prudencial.
Creo que los objetivos de la presentación de un proyecto de ley de estas características son compartidos, por lo menos, por todos los legisladores que han expuesto en este plenario.
La sanción de un proyecto como el que proponemos es indispensable para que en este país no se siga desvirtuando el concepto de utilidad pública con la propaganda gubernamental, máxime teniendo en cuenta que en todas partes del mundo este tipo de prácticas se ha dado en llamar "censura indirecta o sutil", concepto que hace referencia a mecanismos más sofisticados y menos visibles para silenciar las voces críticas.
Quiero referirme con mucho cuidado al incremento exponencial en las partidas destinadas a publicidad oficial, ahora que creo que la reunión viene bien encarrilada más allá de las discusiones que hubo al comienzo.
Sobre esto tengo un análisis más integral de los casi treinta años de democracia. Me da la sensación de que lo que ocurre con el gobierno actual es un capítulo más de lo que ha sucedido desde 1983 a la fecha.
Si uno pudiera hacer una secuencia desde aquel entonces, notará que lo gastado en publicidad se ha incrementado, independientemente del gobierno que estuviera al frente de nuestro país. Al mismo tiempo, cada año que pasa de este gobierno -entendiéndolo como un ciclo que comienza con la gestión del ex presidente Kirchner y que continúa con la actual presidenta-, el gasto sigue incrementándose año a año.
Entonces, en estos más de veinte años de democracia se advierte una secuencia de incremento del gasto en concepto de publicidad oficial, más allá de quién estuviera a cargo del gobierno. En estos últimos siete ejercicios, año tras año también se ha registrado ese aumento.
Según un informe de la Asociación por los Derechos Civiles, en 2007 el Poder Ejecutivo nacional invirtió en publicidad 322 millones de pesos, lo que significa un 55 por ciento más que en 2006. Durante 2008 esas partidas se elevaron a 396 millones, es decir, un 23 por ciento más que en el ejercicio anterior.
El citado organismo también dio a conocer la información de que durante el primer semestre de 2009, el gobierno destinó al financiamiento de la publicidad oficial la suma de 622 millones de pesos.
Creo que los objetivos de la presentación de un proyecto de ley de estas características son compartidos, por lo menos, por todos los legisladores que han expuesto en este plenario.
La sanción de un proyecto como el que proponemos es indispensable para que en este país no se siga desvirtuando el concepto de utilidad pública con la propaganda gubernamental, máxime teniendo en cuenta que en todas partes del mundo este tipo de prácticas se ha dado en llamar "censura indirecta o sutil", concepto que hace referencia a mecanismos más sofisticados y menos visibles para silenciar las voces críticas.
Quiero referirme con mucho cuidado al incremento exponencial en las partidas destinadas a publicidad oficial, ahora que creo que la reunión viene bien encarrilada más allá de las discusiones que hubo al comienzo.
Sobre esto tengo un análisis más integral de los casi treinta años de democracia. Me da la sensación de que lo que ocurre con el gobierno actual es un capítulo más de lo que ha sucedido desde 1983 a la fecha.
Si uno pudiera hacer una secuencia desde aquel entonces, notará que lo gastado en publicidad se ha incrementado, independientemente del gobierno que estuviera al frente de nuestro país. Al mismo tiempo, cada año que pasa de este gobierno -entendiéndolo como un ciclo que comienza con la gestión del ex presidente Kirchner y que continúa con la actual presidenta-, el gasto sigue incrementándose año a año.
Entonces, en estos más de veinte años de democracia se advierte una secuencia de incremento del gasto en concepto de publicidad oficial, más allá de quién estuviera a cargo del gobierno. En estos últimos siete ejercicios, año tras año también se ha registrado ese aumento.
Según un informe de la Asociación por los Derechos Civiles, en 2007 el Poder Ejecutivo nacional invirtió en publicidad 322 millones de pesos, lo que significa un 55 por ciento más que en 2006. Durante 2008 esas partidas se elevaron a 396 millones, es decir, un 23 por ciento más que en el ejercicio anterior.
El citado organismo también dio a conocer la información de que durante el primer semestre de 2009, el gobierno destinó al financiamiento de la publicidad oficial la suma de 622 millones de pesos.
SR. GULLO ¿Cuál es el incremento porcentual en ese período?
SR. CORTINA El porcentaje lo desconozco, habría que hacer el cálculo; pero, como dije hace instantes, se pasó de 396 millones a 622 millones de pesos.
SRA. QUIROZ Sería aproximadamente un 70 por ciento.
SR. CORTINA Entonces, mejor que no lo diga.
Estos son los temas que preocupan a los distintos bloques -imagino que también al oficialismo-, que marcan la necesidad de sancionar un proyecto de estas características.
A continuación haré referencia a los principales aspectos de la iniciativa que hemos presentado.
Uno de ellos tiene que ver con los elementos tendientes a garantizar el profesionalismo y la independencia política del organismo encargado de manejar la publicidad oficial. Concretamente, impulsamos la creación de la Agencia Central de Información y Difusión en el seno de los tres poderes. Cada una de esas agencias deberá estar a cargo de un funcionario o profesional de la comunicación que cuente con una comprobada idoneidad técnica y una amplia trayectoria en la materia. Esos funcionarios, por supuesto, tendrán que ser designados por concurso público.
Otro aspecto que consideramos muy importante es la planificación y el compromiso presupuestario. Entendemos que tanto la planificación presupuestaria como el diseño de un plan anual de publicidad contribuyen a la eficiencia, la eficacia y la transparencia. Por eso en nuestro proyecto proponemos la elaboración de un plan anual con su correspondiente partida presupuestaria.
Otra cuestión, que ya ha sido señalada por muchos legisladores, es la utilización no política, partidaria o electoral de la publicidad oficial. La iniciativa que hemos presentado es una de las pocas que fija expresamente una serie de restricciones tendientes a garantizar que la publicidad oficial no sea utilizada con fines políticos, partidarios o electorales.
Puntualmente decimos que en ningún caso la publicidad oficial puede influir en la decisión del electorado ni promocionar, a través de la utilización de nombres, imágenes o símbolos, la figura de alguna autoridad o funcionario público ni promover, explícita o implícitamente, los intereses y la imagen positiva del partido de gobierno ni generar una impresión negativa respecto de personas, instituciones u organizaciones de la sociedad civil consideradas críticas u opositoras al gobierno.
Por supuesto, queda prohibida la contratación y transmisión de publicidad oficial durante los treinta días previos a la celebración de las primarias abiertas -esto en caso de que efectivamente se cumpla con la nueva ley- y durante los cuarenta y cinco días previos a la realización de las elecciones nacionales de carácter general.
Un aspecto que para nosotros también es muy importante se vincula con la distribución objetiva y no discriminatoria de la pauta oficial. En este sentido, nuestro proyecto avanza en el establecimiento de un conjunto de criterios expresos y específicos que deberán ser considerados para llevar adelante la distribución de dicha pauta.
Por supuesto que en el seno de la Comisión de Libertad de Expresión hemos hablado acerca de los porcentajes con diputados afines de la oposición; no lo hemos hecho de manera orgánica, pero analizamos el tema y estamos dispuestos a reverlos.
En nuestro proyecto planteamos que un 20 por ciento de la publicidad oficial se distribuya por igual entre todos los medios inscriptos en el registro público. Luego, que para la distribución del porcentaje restante se elabore un índice que, en orden decreciente, pondere, primero, la pertinencia entre el objeto de la campaña y el perfil temático del medio y su público destinatario; segundo, la tarifa ofrecida -que debe ser igual o inferior a la abonada por los anunciantes del sector privado-, y tercero la circulación de los medios gráficos, la audiencia de los servicios de comunicación audiovisual, los contactos esperados en la vía pública y las visitas a los medios electrónicos, corroborados a través de auditorías encargadas por la ACID -la agencia cuya creación proponemos-, a una o más universidades nacionales.
A partir de una recomendación del Foro Argentino de Radios Comunitarias, proponemos que un conjunto de medios pertenecientes a un mismo titular no puede recibir más del 5 por ciento de la publicidad oficial distribuida.
Asimismo, queremos evitar que la publicidad oficial funcione como un subsidio o un medio de presión. Por eso sugerimos que se ponga un límite al impacto en la facturación; concretamente, nuestro proyecto de ley dispone: "Los ingresos mensuales por publicidad oficial no pueden exceder el 20 por ciento de los ingresos totales facturados en concepto de publicidad por un medio de carácter privado-comercial y del 40 por ciento de los ingresos totales facturados por el mismo concepto por un medio público-estatal o un medio social-comunitario."
En cuanto a los mecanismos de control y transparencia, al igual que otras iniciativas, la nuestra propone crear en el seno de cada agencia un Registro Público de Publicidad Oficial, en el que deberán inscribirse todos los medios que deseen ser adjudicatarios.
Por otra parte, hemos dedicado artículos enteros a consagrar instancias y acciones de control y de seguimiento.
Concretamente, proponemos la conformación de una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la Publicidad Oficial, integrada por representantes de ambas Cámaras respetando, por supuesto, el equilibrio entre las fuerzas del oficialismo y de la oposición; se invita a participar en ella a actores de la sociedad civil con actividad y trayectoria en la materia.
La iniciativa que hemos presentado dispone sanciones en caso de incumplimiento, ya sea de parte del gobierno o de los medios de comunicación. Se considera incurso en el delito de incumplimiento de los deberes previstos en el Código Penal al funcionario que violente las disposiciones de la normativa vigente en materia de publicidad oficial. En el caso de los medios de comunicación, aquellos que falseen o no actualicen sus datos serán sancionados con su exclusión del Registro Público de Publicidad Oficial e incluso con la baja de todos los contratos de publicidad oficial vigentes.
Este es el aporte que realizamos a partir del proyecto de ley presentado por el bloque del Partido Socialista. Lo hemos debatido con otros bloques y ahora esperamos poder analizarlo orgánicamente en el plenario de ambas comisiones. Luego de tantas idas y vueltas, celebramos tener la posibilidad de presentarlo en este ámbito.
Estos son los temas que preocupan a los distintos bloques -imagino que también al oficialismo-, que marcan la necesidad de sancionar un proyecto de estas características.
A continuación haré referencia a los principales aspectos de la iniciativa que hemos presentado.
Uno de ellos tiene que ver con los elementos tendientes a garantizar el profesionalismo y la independencia política del organismo encargado de manejar la publicidad oficial. Concretamente, impulsamos la creación de la Agencia Central de Información y Difusión en el seno de los tres poderes. Cada una de esas agencias deberá estar a cargo de un funcionario o profesional de la comunicación que cuente con una comprobada idoneidad técnica y una amplia trayectoria en la materia. Esos funcionarios, por supuesto, tendrán que ser designados por concurso público.
Otro aspecto que consideramos muy importante es la planificación y el compromiso presupuestario. Entendemos que tanto la planificación presupuestaria como el diseño de un plan anual de publicidad contribuyen a la eficiencia, la eficacia y la transparencia. Por eso en nuestro proyecto proponemos la elaboración de un plan anual con su correspondiente partida presupuestaria.
Otra cuestión, que ya ha sido señalada por muchos legisladores, es la utilización no política, partidaria o electoral de la publicidad oficial. La iniciativa que hemos presentado es una de las pocas que fija expresamente una serie de restricciones tendientes a garantizar que la publicidad oficial no sea utilizada con fines políticos, partidarios o electorales.
Puntualmente decimos que en ningún caso la publicidad oficial puede influir en la decisión del electorado ni promocionar, a través de la utilización de nombres, imágenes o símbolos, la figura de alguna autoridad o funcionario público ni promover, explícita o implícitamente, los intereses y la imagen positiva del partido de gobierno ni generar una impresión negativa respecto de personas, instituciones u organizaciones de la sociedad civil consideradas críticas u opositoras al gobierno.
Por supuesto, queda prohibida la contratación y transmisión de publicidad oficial durante los treinta días previos a la celebración de las primarias abiertas -esto en caso de que efectivamente se cumpla con la nueva ley- y durante los cuarenta y cinco días previos a la realización de las elecciones nacionales de carácter general.
Un aspecto que para nosotros también es muy importante se vincula con la distribución objetiva y no discriminatoria de la pauta oficial. En este sentido, nuestro proyecto avanza en el establecimiento de un conjunto de criterios expresos y específicos que deberán ser considerados para llevar adelante la distribución de dicha pauta.
Por supuesto que en el seno de la Comisión de Libertad de Expresión hemos hablado acerca de los porcentajes con diputados afines de la oposición; no lo hemos hecho de manera orgánica, pero analizamos el tema y estamos dispuestos a reverlos.
En nuestro proyecto planteamos que un 20 por ciento de la publicidad oficial se distribuya por igual entre todos los medios inscriptos en el registro público. Luego, que para la distribución del porcentaje restante se elabore un índice que, en orden decreciente, pondere, primero, la pertinencia entre el objeto de la campaña y el perfil temático del medio y su público destinatario; segundo, la tarifa ofrecida -que debe ser igual o inferior a la abonada por los anunciantes del sector privado-, y tercero la circulación de los medios gráficos, la audiencia de los servicios de comunicación audiovisual, los contactos esperados en la vía pública y las visitas a los medios electrónicos, corroborados a través de auditorías encargadas por la ACID -la agencia cuya creación proponemos-, a una o más universidades nacionales.
A partir de una recomendación del Foro Argentino de Radios Comunitarias, proponemos que un conjunto de medios pertenecientes a un mismo titular no puede recibir más del 5 por ciento de la publicidad oficial distribuida.
Asimismo, queremos evitar que la publicidad oficial funcione como un subsidio o un medio de presión. Por eso sugerimos que se ponga un límite al impacto en la facturación; concretamente, nuestro proyecto de ley dispone: "Los ingresos mensuales por publicidad oficial no pueden exceder el 20 por ciento de los ingresos totales facturados en concepto de publicidad por un medio de carácter privado-comercial y del 40 por ciento de los ingresos totales facturados por el mismo concepto por un medio público-estatal o un medio social-comunitario."
En cuanto a los mecanismos de control y transparencia, al igual que otras iniciativas, la nuestra propone crear en el seno de cada agencia un Registro Público de Publicidad Oficial, en el que deberán inscribirse todos los medios que deseen ser adjudicatarios.
Por otra parte, hemos dedicado artículos enteros a consagrar instancias y acciones de control y de seguimiento.
Concretamente, proponemos la conformación de una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la Publicidad Oficial, integrada por representantes de ambas Cámaras respetando, por supuesto, el equilibrio entre las fuerzas del oficialismo y de la oposición; se invita a participar en ella a actores de la sociedad civil con actividad y trayectoria en la materia.
La iniciativa que hemos presentado dispone sanciones en caso de incumplimiento, ya sea de parte del gobierno o de los medios de comunicación. Se considera incurso en el delito de incumplimiento de los deberes previstos en el Código Penal al funcionario que violente las disposiciones de la normativa vigente en materia de publicidad oficial. En el caso de los medios de comunicación, aquellos que falseen o no actualicen sus datos serán sancionados con su exclusión del Registro Público de Publicidad Oficial e incluso con la baja de todos los contratos de publicidad oficial vigentes.
Este es el aporte que realizamos a partir del proyecto de ley presentado por el bloque del Partido Socialista. Lo hemos debatido con otros bloques y ahora esperamos poder analizarlo orgánicamente en el plenario de ambas comisiones. Luego de tantas idas y vueltas, celebramos tener la posibilidad de presentarlo en este ámbito.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Tiene la palabra el señor diputado Ferrari.
SR. FERRARI Señora presidenta: trataré de no reiterar aquellos principios establecidos en otros proyectos presentados.
Algunos elementos importantes tienen que ver con el diagnóstico que ya se ha hecho, es decir, con por qué desde la oposición todos estimamos que es necesario sancionar una norma que establezca limitaciones para solucionar la problemática que existe actualmente a raíz de la cantidad de dinero que se destina a la publicidad oficial -que, de alguna manera, desequilibra la presencia de otros factores de poder- y a quiénes están dirigidos esos recursos.
El informe de la Asociación por los Derechos Civiles mencionado por el señor diputado Cortina también establece, hasta el momento en que se dieron datos, que hay una evidente elección por aquellos medios afines al gobierno a la hora de distribuir la publicidad oficial. El diario que mayor cantidad de pauta oficial recibió, al menos hasta el momento en que los datos eran públicos -es decir, fines del año 2009-, fue "Página 12". Le sigue el diario "Clarín" y a continuación se ubican todos los medios del grupo Spolsky. Aclaro que no contamos los actuales diarios de distribución gratuita, ya que a raíz de la confusión que existe respecto de la pauta oficial no sabemos exactamente qué cantidad de dinero están recibiendo.
Pero no se trata sólo de cantidad; también es el tema de la asignación lo que nos lleva en este momento a tratar de trabajar sobre la pauta oficial.
Hoy se tiene un presupuesto ilimitado, mientras que efectivamente hay una participación limitada en la publicidad oficial de parte de aquellos que no piensan como el gobierno.
¿Cuáles son los aspectos centrales del proyecto? Quiero decir que hemos tomado muchas de las cosas, sobre todo para la determinación de los sujetos obligados, de las constancias que posee la decisión administrativa 448/09 de la Jefatura de Gabinete. Le hemos dado un contenido. Sabemos que en el proyecto elaborado por la señora diputada Vázquez están consignados los elementos, porque efectivamente nos pareció que valía la pena receptar algunos de los contenidos. Por esto los hemos tenido en cuenta.
Los principios son los mismos que fueron enumerados por varios de los proyectos presentados con anterioridad. Por lo tanto, no voy a abundar en ellos. Por supuesto hacemos hincapié en la austeridad del gasto, en la razonabilidad de los fondos erogados, en las licitaciones públicas, etcétera.
Me voy a detener brevemente en los objetivos y especialmente en las prohibiciones.
Los objetivos o los criterios que nosotros tenemos en cuenta son parecidos a las pautas que se establecieron con anterioridad. Pero voy a detenerme en dos prohibiciones que nosotros consideramos atinentes especialmente, porque muchos de los contenidos de la ley, debemos decirlo, se basan en la conducta de este gobierno.
Es decir, todos nosotros efectivamente somos muy propensos a incluir en determinadas leyes algunas condiciones por la experiencia que se ha vivido en los últimos años.
Entonces, hay dos prohibiciones que son muy importantes a considerar. Primero, proponemos prohibir aquellas publicidades que incluyan el nombre, la voz o la imagen o cualquier elemento identificable con algún funcionario del sector público. El otro elemento que consignamos, porque ciertamente parece que hay una propensión muy clara en el oficialismo en esto, es la prohibición de la publicidad que propenda a desacreditar, denigrar, o menospreciar, directa o indirectamente, a una persona física, jurídica, privada o pública.
Sabemos que existe, muchas veces hemos sido testigos de esto, propensión del oficialismo a agraviar. Por esto es que nos parece que la ley debe tener consignada esta prohibición. Además, quien haya visto la publicidad oficial emitida en Venezuela encontrará una similitud absoluta con la publicidad que se ve en el canal oficial. El modelo publicitario que se entrega -ahora explicaré por qué lo menciono- en los canales venezolanos es el mismo que se entrega en el canal oficial; o sea que aparece una persona a la que le dieron la casa, etcétera. También en los canales venezolanos ya se observa a un comando bolivariano, que no sé cómo se llama, que contiene denigraciones personales a personas que supuestamente están en contra del régimen bolivariano. Esto, que es muy posible que lo veamos aquí próximamente, es importante consignarlo en la ley porque estamos siguiendo ese camino con absoluta claridad.
También decimos que hemos incluido otros elementos, por ejemplo, la presentación de un plan anual. Es fundamental presentar un plan anual de los objetivos, de las campañas y del plan estratégico anual de publicidad. Este plan debe ser presentado ante el Congreso de la Nación, tal como se hace con el proyecto de presupuesto. Esto será tratado con la posibilidad de ser defendido en el Congreso ante las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados una vez al año. No creamos ninguna comisión especial, simplemente en las mismas comisiones que tiene la Cámara de Diputados se establece el tratamiento del proyecto.
La autoridad de aplicación se la damos a la Secretaría de Medios de Comunicación, dependiendo de la Jefatura de Gabinete. No creamos otra comisión, nos parece que tiene que ser así, que corresponde que sea así. La verdad que no es para nosotros determinante el "quién", sino cómo se va a establecer esta distribución.
Al mismo tiempo -y para no abundar-, nosotros no distribuimos un porcentaje igualitario entre los diferentes medios porque nos parece que esto puede esconder alguna situación.
Sé que cualquiera de los dos extremos es problemático, como también lo es establecer una base mínima y dejarla a los criterios de libertad de la autoridad de aplicación. Pero nosotros estamos por esta segunda posibilidad estableciendo pautas de asignación objetivas y criterios que se vinculan con el perfil del medio, con el nivel de audiencia, con su arraigo en la localidad en la cual se está entregando publicidad oficial, con la igualdad, la equidad, etcétera. En fin, se trata de principios generales que consideramos establecidos.
Por supuesto que también obligamos a entregar un informe semestral de ejecución a la AGN para que, a su vez, notifique cuáles son las pautas que se están estableciendo y el cumplimiento de las normas de publicidad oficial consignadas en este proyecto que estamos presentando.
Algunos elementos importantes tienen que ver con el diagnóstico que ya se ha hecho, es decir, con por qué desde la oposición todos estimamos que es necesario sancionar una norma que establezca limitaciones para solucionar la problemática que existe actualmente a raíz de la cantidad de dinero que se destina a la publicidad oficial -que, de alguna manera, desequilibra la presencia de otros factores de poder- y a quiénes están dirigidos esos recursos.
El informe de la Asociación por los Derechos Civiles mencionado por el señor diputado Cortina también establece, hasta el momento en que se dieron datos, que hay una evidente elección por aquellos medios afines al gobierno a la hora de distribuir la publicidad oficial. El diario que mayor cantidad de pauta oficial recibió, al menos hasta el momento en que los datos eran públicos -es decir, fines del año 2009-, fue "Página 12". Le sigue el diario "Clarín" y a continuación se ubican todos los medios del grupo Spolsky. Aclaro que no contamos los actuales diarios de distribución gratuita, ya que a raíz de la confusión que existe respecto de la pauta oficial no sabemos exactamente qué cantidad de dinero están recibiendo.
Pero no se trata sólo de cantidad; también es el tema de la asignación lo que nos lleva en este momento a tratar de trabajar sobre la pauta oficial.
Hoy se tiene un presupuesto ilimitado, mientras que efectivamente hay una participación limitada en la publicidad oficial de parte de aquellos que no piensan como el gobierno.
¿Cuáles son los aspectos centrales del proyecto? Quiero decir que hemos tomado muchas de las cosas, sobre todo para la determinación de los sujetos obligados, de las constancias que posee la decisión administrativa 448/09 de la Jefatura de Gabinete. Le hemos dado un contenido. Sabemos que en el proyecto elaborado por la señora diputada Vázquez están consignados los elementos, porque efectivamente nos pareció que valía la pena receptar algunos de los contenidos. Por esto los hemos tenido en cuenta.
Los principios son los mismos que fueron enumerados por varios de los proyectos presentados con anterioridad. Por lo tanto, no voy a abundar en ellos. Por supuesto hacemos hincapié en la austeridad del gasto, en la razonabilidad de los fondos erogados, en las licitaciones públicas, etcétera.
Me voy a detener brevemente en los objetivos y especialmente en las prohibiciones.
Los objetivos o los criterios que nosotros tenemos en cuenta son parecidos a las pautas que se establecieron con anterioridad. Pero voy a detenerme en dos prohibiciones que nosotros consideramos atinentes especialmente, porque muchos de los contenidos de la ley, debemos decirlo, se basan en la conducta de este gobierno.
Es decir, todos nosotros efectivamente somos muy propensos a incluir en determinadas leyes algunas condiciones por la experiencia que se ha vivido en los últimos años.
Entonces, hay dos prohibiciones que son muy importantes a considerar. Primero, proponemos prohibir aquellas publicidades que incluyan el nombre, la voz o la imagen o cualquier elemento identificable con algún funcionario del sector público. El otro elemento que consignamos, porque ciertamente parece que hay una propensión muy clara en el oficialismo en esto, es la prohibición de la publicidad que propenda a desacreditar, denigrar, o menospreciar, directa o indirectamente, a una persona física, jurídica, privada o pública.
Sabemos que existe, muchas veces hemos sido testigos de esto, propensión del oficialismo a agraviar. Por esto es que nos parece que la ley debe tener consignada esta prohibición. Además, quien haya visto la publicidad oficial emitida en Venezuela encontrará una similitud absoluta con la publicidad que se ve en el canal oficial. El modelo publicitario que se entrega -ahora explicaré por qué lo menciono- en los canales venezolanos es el mismo que se entrega en el canal oficial; o sea que aparece una persona a la que le dieron la casa, etcétera. También en los canales venezolanos ya se observa a un comando bolivariano, que no sé cómo se llama, que contiene denigraciones personales a personas que supuestamente están en contra del régimen bolivariano. Esto, que es muy posible que lo veamos aquí próximamente, es importante consignarlo en la ley porque estamos siguiendo ese camino con absoluta claridad.
También decimos que hemos incluido otros elementos, por ejemplo, la presentación de un plan anual. Es fundamental presentar un plan anual de los objetivos, de las campañas y del plan estratégico anual de publicidad. Este plan debe ser presentado ante el Congreso de la Nación, tal como se hace con el proyecto de presupuesto. Esto será tratado con la posibilidad de ser defendido en el Congreso ante las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados una vez al año. No creamos ninguna comisión especial, simplemente en las mismas comisiones que tiene la Cámara de Diputados se establece el tratamiento del proyecto.
La autoridad de aplicación se la damos a la Secretaría de Medios de Comunicación, dependiendo de la Jefatura de Gabinete. No creamos otra comisión, nos parece que tiene que ser así, que corresponde que sea así. La verdad que no es para nosotros determinante el "quién", sino cómo se va a establecer esta distribución.
Al mismo tiempo -y para no abundar-, nosotros no distribuimos un porcentaje igualitario entre los diferentes medios porque nos parece que esto puede esconder alguna situación.
Sé que cualquiera de los dos extremos es problemático, como también lo es establecer una base mínima y dejarla a los criterios de libertad de la autoridad de aplicación. Pero nosotros estamos por esta segunda posibilidad estableciendo pautas de asignación objetivas y criterios que se vinculan con el perfil del medio, con el nivel de audiencia, con su arraigo en la localidad en la cual se está entregando publicidad oficial, con la igualdad, la equidad, etcétera. En fin, se trata de principios generales que consideramos establecidos.
Por supuesto que también obligamos a entregar un informe semestral de ejecución a la AGN para que, a su vez, notifique cuáles son las pautas que se están estableciendo y el cumplimiento de las normas de publicidad oficial consignadas en este proyecto que estamos presentando.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Me toca el turno de exponer sobre el proyecto de mi autoría, razón por la cual dejo por unos instantes el lugar de la Presidencia.
La primera cuestión es que existen muchos temas coincidentes con los distintos proyectos que han presentado otros señores diputados, así que no voy a detenerme en ellos. Simplemente, quiero explicar por qué he presentado un proyecto de ley.
Me parecía que en la presentación de muchos legisladores inicialmente había una cuestión vinculada con poner la lupa en los gastos de publicidad oficial del gobierno nacional. Sin embargo, a esta altura de las circunstancias en que llevamos más de veintisiete años continuos de ejercicio democrático, en lo relativo a la comunicación me parece que el Congreso Nacional dio muestras de haber dado pasos importantes.
Considero que en este caso también tenemos una buena oportunidad de complementar las normas que sancionamos el año pasado -como la ley de servicios de comunicación audiovisual-, de establecer pautas -como los criterios de presupuestos mínimos, tal como lo hicimos para el ámbito de los recursos naturales y del medioambiente-, o de fijar estándares que pueden ser cumplidos desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego y desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico.
¿Por qué digo esto? Porque pienso que si limitamos esta discusión a una puja entre el oficialismo y la oposición vamos a quitarle mérito y contenido, y nos vamos a perder esta gran oportunidad de sancionar una buena norma para el presente y para el porvenir.
El Congreso sancionó una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que también reconoció una diversidad en el espectro que no se había considerado con anterioridad. Es decir que la división en tres segmentos que hicimos entre los medios de comunicación estatales, los privados y los de las organizaciones no gubernamentales deben tener una legislación y un reconocimiento de nuestra parte en lo referido a la distribución de la pauta oficial para que esos criterios de apoyo -digámoslo así- que la pauta oficial tiene hacia los medios de comunicación efectivamente se cumplan.
Si quitamos toda connotación de intencionalidad, como a lo largo de todo este tiempo los medios en la Argentina estaban organizados fundamentalmente sobre la base de la comunicación desde los ámbitos privados, el dato de la realidad es que son estos últimos los que se llevaron la mayor parte de la pauta oficial. Entonces, aquí hay dos cosas que decir.
Por un lado, está la responsabilidad de los Estados en todos sus niveles -Nación, provincias y municipios-; por otro, está la responsabilidad de los propios medios de comunicación.
Al haber estado tan concentrada históricamente la comunicación, algunos medios -o holdings de medios- son los que más se beneficiaron con la pauta oficial de todos los estamentos estatales.
El segundo motivo por el que presentamos este proyecto de ley es el siguiente. Recurrimos a internet para consultar aquellos datos vinculados con la transparencia que los gobiernos tienen; es decir el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concretamente nos fijamos cuál ha sido el presupuesto de gastos y los recursos destinados a publicidad oficial en los años 2009 y 2010, y elaboramos un cuadro comparativo.
Quisimos ver, entre otras cuestiones, si era cierta la acusación realizada por algunos diputados -acusación que incluso se refleja en muchos proyectos- acerca de que el gobierno nacional gasta desmedidamente en publicidad oficial, en comparación con lo que gastan otras administraciones.
En lugar de tener un preconcepto quisimos buscar información, y lo primero que encontramos fue que respecto de la mayoría de las provincias -no hablaremos de los municipios porque sería lo mismo- no hay información oficial. En otras palabras, cuando buscamos información en Internet, no recurriendo al auxilio de los informes de prensa o al trabajo realizado por organizaciones no gubernamentales -que son muy respetables, y por eso las convocaremos para que concurran al plenario de las comisiones- sino a lo que cada jurisdicción publica de sí misma, la primera sorpresa con que nos encontramos fue que los datos oficiales existentes correspondían al gobierno nacional y a de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comparamos primero los gastos en publicidad oficial de los ejercicios 2009 y 2010 correspondientes a la Nación. En 2009 se destinó a publicidad oficial la suma de 225.917.090 pesos, sobre un total de gastos del presupuesto nacional de 253.483.700.000 pesos. Es decir que el año pasado, la Nación tuvo para publicidad oficial el 0,0966 por ciento del total del gasto del presupuesto nacional; o sea, menos del 0,10 por ciento.
Si a lo presupuestado sumamos la ampliación presupuestaria, podemos concluir que el gasto total en publicidad oficial correspondiente a 2009 equivale al 0,20 por ciento del presupuesto nacional para ese año.
Si hablamos de 2010, hay una disminución del 0,088 por ciento. Si tomamos lo presupuestado y la ampliación presupuestaria hasta abril de 2010, llegamos a la conclusión de que el gasto total en publicidad oficial para este año equivale al 0,092 por ciento del presupuesto nacional.
Es decir que entre los ejercicios 2009 y 2010 hubo un decrecimiento de aproximadamente el 43,7 por ciento en el gasto destinado a la publicidad oficial del gobierno nacional.
Veamos a continuación qué ocurre con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mismo período.
En el año 2009, el gasto en publicidad oficial fue de 87.797.285 pesos, y el total de gastos del presupuesto, de 16.755.700.000 pesos. O sea que el gasto en publicidad oficial correspondió ese año al 0,52 por ciento del presupuesto general.
Comparemos, entonces, los porcentajes: 0,0966 por ciento -menos del 0,10 por ciento- contra 0,52 por ciento. En el mismo período, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gastó cinco veces más en publicidad oficial que el gobierno nacional.
Si hablamos del ejercicio 2010, el gasto previsto para publicidad oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asciende a 110 millones de pesos, siendo 17.457.800.000 pesos el presupuesto general de gastos. O sea que los recursos para publicidad oficial corresponden al 0,636 por ciento del presupuesto total. Es decir que respecto de 2009, hubo un incremento del 26,4 por ciento.
La primera cuestión es que existen muchos temas coincidentes con los distintos proyectos que han presentado otros señores diputados, así que no voy a detenerme en ellos. Simplemente, quiero explicar por qué he presentado un proyecto de ley.
Me parecía que en la presentación de muchos legisladores inicialmente había una cuestión vinculada con poner la lupa en los gastos de publicidad oficial del gobierno nacional. Sin embargo, a esta altura de las circunstancias en que llevamos más de veintisiete años continuos de ejercicio democrático, en lo relativo a la comunicación me parece que el Congreso Nacional dio muestras de haber dado pasos importantes.
Considero que en este caso también tenemos una buena oportunidad de complementar las normas que sancionamos el año pasado -como la ley de servicios de comunicación audiovisual-, de establecer pautas -como los criterios de presupuestos mínimos, tal como lo hicimos para el ámbito de los recursos naturales y del medioambiente-, o de fijar estándares que pueden ser cumplidos desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego y desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico.
¿Por qué digo esto? Porque pienso que si limitamos esta discusión a una puja entre el oficialismo y la oposición vamos a quitarle mérito y contenido, y nos vamos a perder esta gran oportunidad de sancionar una buena norma para el presente y para el porvenir.
El Congreso sancionó una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que también reconoció una diversidad en el espectro que no se había considerado con anterioridad. Es decir que la división en tres segmentos que hicimos entre los medios de comunicación estatales, los privados y los de las organizaciones no gubernamentales deben tener una legislación y un reconocimiento de nuestra parte en lo referido a la distribución de la pauta oficial para que esos criterios de apoyo -digámoslo así- que la pauta oficial tiene hacia los medios de comunicación efectivamente se cumplan.
Si quitamos toda connotación de intencionalidad, como a lo largo de todo este tiempo los medios en la Argentina estaban organizados fundamentalmente sobre la base de la comunicación desde los ámbitos privados, el dato de la realidad es que son estos últimos los que se llevaron la mayor parte de la pauta oficial. Entonces, aquí hay dos cosas que decir.
Por un lado, está la responsabilidad de los Estados en todos sus niveles -Nación, provincias y municipios-; por otro, está la responsabilidad de los propios medios de comunicación.
Al haber estado tan concentrada históricamente la comunicación, algunos medios -o holdings de medios- son los que más se beneficiaron con la pauta oficial de todos los estamentos estatales.
El segundo motivo por el que presentamos este proyecto de ley es el siguiente. Recurrimos a internet para consultar aquellos datos vinculados con la transparencia que los gobiernos tienen; es decir el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concretamente nos fijamos cuál ha sido el presupuesto de gastos y los recursos destinados a publicidad oficial en los años 2009 y 2010, y elaboramos un cuadro comparativo.
Quisimos ver, entre otras cuestiones, si era cierta la acusación realizada por algunos diputados -acusación que incluso se refleja en muchos proyectos- acerca de que el gobierno nacional gasta desmedidamente en publicidad oficial, en comparación con lo que gastan otras administraciones.
En lugar de tener un preconcepto quisimos buscar información, y lo primero que encontramos fue que respecto de la mayoría de las provincias -no hablaremos de los municipios porque sería lo mismo- no hay información oficial. En otras palabras, cuando buscamos información en Internet, no recurriendo al auxilio de los informes de prensa o al trabajo realizado por organizaciones no gubernamentales -que son muy respetables, y por eso las convocaremos para que concurran al plenario de las comisiones- sino a lo que cada jurisdicción publica de sí misma, la primera sorpresa con que nos encontramos fue que los datos oficiales existentes correspondían al gobierno nacional y a de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comparamos primero los gastos en publicidad oficial de los ejercicios 2009 y 2010 correspondientes a la Nación. En 2009 se destinó a publicidad oficial la suma de 225.917.090 pesos, sobre un total de gastos del presupuesto nacional de 253.483.700.000 pesos. Es decir que el año pasado, la Nación tuvo para publicidad oficial el 0,0966 por ciento del total del gasto del presupuesto nacional; o sea, menos del 0,10 por ciento.
Si a lo presupuestado sumamos la ampliación presupuestaria, podemos concluir que el gasto total en publicidad oficial correspondiente a 2009 equivale al 0,20 por ciento del presupuesto nacional para ese año.
Si hablamos de 2010, hay una disminución del 0,088 por ciento. Si tomamos lo presupuestado y la ampliación presupuestaria hasta abril de 2010, llegamos a la conclusión de que el gasto total en publicidad oficial para este año equivale al 0,092 por ciento del presupuesto nacional.
Es decir que entre los ejercicios 2009 y 2010 hubo un decrecimiento de aproximadamente el 43,7 por ciento en el gasto destinado a la publicidad oficial del gobierno nacional.
Veamos a continuación qué ocurre con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mismo período.
En el año 2009, el gasto en publicidad oficial fue de 87.797.285 pesos, y el total de gastos del presupuesto, de 16.755.700.000 pesos. O sea que el gasto en publicidad oficial correspondió ese año al 0,52 por ciento del presupuesto general.
Comparemos, entonces, los porcentajes: 0,0966 por ciento -menos del 0,10 por ciento- contra 0,52 por ciento. En el mismo período, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gastó cinco veces más en publicidad oficial que el gobierno nacional.
Si hablamos del ejercicio 2010, el gasto previsto para publicidad oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asciende a 110 millones de pesos, siendo 17.457.800.000 pesos el presupuesto general de gastos. O sea que los recursos para publicidad oficial corresponden al 0,636 por ciento del presupuesto total. Es decir que respecto de 2009, hubo un incremento del 26,4 por ciento.
SR. CORTINA Si la señora presidenta me permite, si bien los datos que está exponiendo me parecen buenos e interesantes, no veo en qué punto guardan relación con la explicación del proyecto. A la señora diputada Giúdici se le pidió en su momento que se remitiera a la iniciativa que había presentado...
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Esto es parte de la fundamentación del proyecto.
SR. CORTINA Pero a la señora diputada Giúdici se le dijo...
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Si el señor diputado me permite, no estoy adjetivando lo que hace el otro sino exponiendo datos que me ayudan a fundamentar la presentación de mi proyecto.
Justamente, uno de sus artículos dispone un tope para el gasto en publicidad oficial que equivale a determinado porcentaje del gasto presupuestado para todas las jurisdicciones. Concretamente, ese porcentaje es del 0,25 por ciento.
Si concentramos la mirada en una jurisdicción y perdemos de vista lo que sucede en el resto del país, desperdiciamos la oportunidad de establecer presupuestos que sirvan a todo el territorio nacional y contribuyan, de esa manera, a proteger el derecho a la información y a la libertad de prensa del que deben gozar todas las jurisdicciones.
Por otro lado, en nuestro proyecto de ley planteamos dos tipos de normas. El primero corresponde a las normas de orden público. Concretamente, entendemos que el establecimiento de un tope máximo en cada jurisdicción sobre la base de su presupuesto, debe ser considerado una norma de orden público.
Si bien definimos el concepto de "publicidad oficial" porque creemos que nos abarca a todos por igual, nos parece -y por eso lo hacemos en nuestro proyecto- que el dictamen que se suscriba tendrá que determinar cuál es el rango de normas que definen los organismos comprendidos por las pautas que afectan específicamente a la administración nacional.
No sé si queda clara la idea: el concepto de publicidad oficial es idéntico en todo el país. Luego, es preciso establecer normas de orden público para diferentes cuestiones, como por ejemplo aquellas relacionadas con los contenidos. Nuestra iniciativa, al igual que la presentada por el señor diputado Roy Cortina, se refiere a diferentes aspectos que deben ser considerados normas de orden público; por ejemplo, la utilización de figuras en la propaganda oficial.
Al ser normas de orden público deben tener los mismos criterios de distribución en los tres estamentos definidos por la ley de servicios de comunicación audiovisual: los medios estatales, los medios privados y los medios correspondientes a organizaciones no gubernamentales.
Esta presentación, al igual que las que ya han realizado otros diputados, es un aporte al debate que tendrá lugar en las semanas siguientes. La idea es que ambas comisiones podamos llegar a un acuerdo -creo que hoy ha habido muestras de que es posible arribar a un consenso- y, en el mejor de los casos, a un dictamen de comisión.
La Presidencia informa que ya ha comenzado la reunión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra la señora diputada Giúdici.
Justamente, uno de sus artículos dispone un tope para el gasto en publicidad oficial que equivale a determinado porcentaje del gasto presupuestado para todas las jurisdicciones. Concretamente, ese porcentaje es del 0,25 por ciento.
Si concentramos la mirada en una jurisdicción y perdemos de vista lo que sucede en el resto del país, desperdiciamos la oportunidad de establecer presupuestos que sirvan a todo el territorio nacional y contribuyan, de esa manera, a proteger el derecho a la información y a la libertad de prensa del que deben gozar todas las jurisdicciones.
Por otro lado, en nuestro proyecto de ley planteamos dos tipos de normas. El primero corresponde a las normas de orden público. Concretamente, entendemos que el establecimiento de un tope máximo en cada jurisdicción sobre la base de su presupuesto, debe ser considerado una norma de orden público.
Si bien definimos el concepto de "publicidad oficial" porque creemos que nos abarca a todos por igual, nos parece -y por eso lo hacemos en nuestro proyecto- que el dictamen que se suscriba tendrá que determinar cuál es el rango de normas que definen los organismos comprendidos por las pautas que afectan específicamente a la administración nacional.
No sé si queda clara la idea: el concepto de publicidad oficial es idéntico en todo el país. Luego, es preciso establecer normas de orden público para diferentes cuestiones, como por ejemplo aquellas relacionadas con los contenidos. Nuestra iniciativa, al igual que la presentada por el señor diputado Roy Cortina, se refiere a diferentes aspectos que deben ser considerados normas de orden público; por ejemplo, la utilización de figuras en la propaganda oficial.
Al ser normas de orden público deben tener los mismos criterios de distribución en los tres estamentos definidos por la ley de servicios de comunicación audiovisual: los medios estatales, los medios privados y los medios correspondientes a organizaciones no gubernamentales.
Esta presentación, al igual que las que ya han realizado otros diputados, es un aporte al debate que tendrá lugar en las semanas siguientes. La idea es que ambas comisiones podamos llegar a un acuerdo -creo que hoy ha habido muestras de que es posible arribar a un consenso- y, en el mejor de los casos, a un dictamen de comisión.
La Presidencia informa que ya ha comenzado la reunión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra la señora diputada Giúdici.
SRA. GIÚDICI He leído por arriba el proyecto que ha elaborado la señora presidenta, porque lo ha presentado ayer, e incluye muchas de las pautas que nosotros estamos incorporando, por lo que podríamos perfectamente ponernos de acuerdo.
Me preocupa un poco la discriminación de los gastos. Si bien no pude leer la planilla, escuché que la presidenta decía que para el año 2009 el gobierno nacional gastó 200 millones de pesos. No encuentro ese registro por ningún lugar, pienso que el gasto puede ser de 200 millones de pesos por bimestre. La verdad que en 2008 la información presupuestaria hablaba de 600 millones de pesos de ejecución. No creo que en el año 2009, que además fue un año electoral, se haya gastado una tercer parte que en el año anterior; más bien creo todo lo contrario. De acuerdo a la información que pudimos recabar -no en el excelente trabajo que hizo Poder Ciudadano- nosotros mismos mirando la página de la Jefatura de Gabinete estamos seguros de qué, aunque no estén completos los datos, lo que se gastó es tres veces superior a lo que usted acaba de mencionar en la planilla.
Ya que estamos en esta etapa constructiva del proyecto me gustaría ver si podemos tener la información precisa y discriminada por parte de las autoridades del gobierno.
Me preocupa un poco la discriminación de los gastos. Si bien no pude leer la planilla, escuché que la presidenta decía que para el año 2009 el gobierno nacional gastó 200 millones de pesos. No encuentro ese registro por ningún lugar, pienso que el gasto puede ser de 200 millones de pesos por bimestre. La verdad que en 2008 la información presupuestaria hablaba de 600 millones de pesos de ejecución. No creo que en el año 2009, que además fue un año electoral, se haya gastado una tercer parte que en el año anterior; más bien creo todo lo contrario. De acuerdo a la información que pudimos recabar -no en el excelente trabajo que hizo Poder Ciudadano- nosotros mismos mirando la página de la Jefatura de Gabinete estamos seguros de qué, aunque no estén completos los datos, lo que se gastó es tres veces superior a lo que usted acaba de mencionar en la planilla.
Ya que estamos en esta etapa constructiva del proyecto me gustaría ver si podemos tener la información precisa y discriminada por parte de las autoridades del gobierno.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Para eso vamos a invitar al Poder Ejecutivo. De todas formas hay una explicación para eso. Simplemente le voy a dar un título nada más. Luego veremos las planillas. Entre las planillas de la diputada Giúdici y las mías hay una discrepancia, y la diferencia en las cifras obedece a si se consideran o no los gastos de "Fútbol para Todos". Estos son los datos y los puede ver en internet.
SRA. GIÚDICI En 2008 no existía "Fútbol para Todos" y ya gastaban 200 millones.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Los datos que tomamos están en internet, me refiero a los años 2009 y 2010, y podemos dar todas las fuentes informativas.
SRA. CONTI En los proyectos de los señores diputados Pinedo y Cortina se incluyen como pauta oficial gastos y presupuestos -o lo que fuera- de los tres poderes del Estado. Otros proyectos se refieren sólo al Poder Ejecutivo. En otra reunión me gustaría conocer cuál es la razón por la cual algunos autores de proyectos pretenden regular sólo a uno de los tres poderes del Estado.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ La Presidencia quiere aclarar a la señora diputada Conti que esa fue una de las cuestiones que se suscitaron en las reuniones de asesores, razón por la cual también hemos planteado invitar a algunos constitucionalistas porque se habló de la autonomía de los distintos poderes del Estado. Algunos legisladores no estamos de acuerdo en que el Congreso establezca una autoridad de aplicación por fuera del Poder Judicial o Legislativo.
SRA. CONTI Pensemos que somos un poder político igual que el Poder Ejecutivo, y no entiendo por qué damos tanta ventaja al tercer poder del Estado que además no se conforma electivamente y también gasta en publicidad oficial; y cómo lo hace...
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Tiene la palabra el señor diputado Barrandeguy.
SR. BARRANDEGUY Con todo respeto y muchísima brevedad quiero comentar que realmente por razones de educación y fundamentalmente porque quise observar el plan de trabajo elaborado por la Presidencia, no interrumpí a las diputadas Bullrich ni Terada; pero antes de que se levante la reunión y nos retiremos, entiendo que es el momento de decir que de ninguna manera los diputados entrerrianos vamos a aceptar -esto lo conversábamos con el diputado Alizegui- que se proyecte imperativamente lo que aquí se discuta y acuerde a los ámbitos provinciales.
También quiero aprovechar la oportunidad para decir con brevedad que haríamos muy bien en mirar el derecho público provincial desde estos ámbitos metropolitanos. Si fuésemos capaces de tener esa humildad, seríamos capaces de aprender que en muchas constituciones provinciales están resueltas estas situaciones. En mi provincia de Entre Ríos tenemos la publicidad oficial reglamentada para los tres poderes y los organismos del Estado. También tenemos el derecho de información.
Tenemos el derecho a la información, la prohibición para el Estado provincial de realizar propaganda política en época de elecciones y, además, la acción de inconstitucionalidad popular que permitiría a cualquier ciudadano ejercer el control de esto.
La diputada Bullrich se ha retirado y no pudo escucharme, pero especialmente a ella quiero decirle con enorme respeto que hoy vine muy entusiasmado. En verdad, un sistema democrático que se proyecte con solidez hacia el futuro debe reglamentar con energía el gasto en publicidad...
También quiero aprovechar la oportunidad para decir con brevedad que haríamos muy bien en mirar el derecho público provincial desde estos ámbitos metropolitanos. Si fuésemos capaces de tener esa humildad, seríamos capaces de aprender que en muchas constituciones provinciales están resueltas estas situaciones. En mi provincia de Entre Ríos tenemos la publicidad oficial reglamentada para los tres poderes y los organismos del Estado. También tenemos el derecho de información.
Tenemos el derecho a la información, la prohibición para el Estado provincial de realizar propaganda política en época de elecciones y, además, la acción de inconstitucionalidad popular que permitiría a cualquier ciudadano ejercer el control de esto.
La diputada Bullrich se ha retirado y no pudo escucharme, pero especialmente a ella quiero decirle con enorme respeto que hoy vine muy entusiasmado. En verdad, un sistema democrático que se proyecte con solidez hacia el futuro debe reglamentar con energía el gasto en publicidad...
SR. CORTINA Fue Vázquez quien lo planteó.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. BARRANDEGUY No, creo que fueron las diputadas Terada y Bullrich. Con la diputada Vázquez estoy de acuerdo.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. BARRANDEGUY En lo argumentativo me parece bien que se diga que solamente en dos jurisdicciones tenemos datos y que en las demás no los hemos encontrado. Pero cuando se hace una proyección normativa me parece que deberíamos ser respetuosos de las autonomías provinciales, porque en aquellas que ya han regulado la materia no veo bien cohibir a los poderes legislativos provinciales. Y aquí finalizo mi exposición, aunque en otro momento me gustaría discutir sobre esta cuestión.
SRA. TERADA En definitiva, se trataba de una invitación y no de una imposición a las provincias.
SRA. PRESIDENTA VÁZQUEZ Agradezco a todos su presencia. Creo que hemos asistido a un excelente debate.
Damos por finalizada la reunión.
Damos por finalizada la reunión.
- Es la hora 19 y 11.