Condenar los mecanismos de censura a la prensa que implican las demandas patrimoniales por abultadas sumas, que ha interpuesto el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray, contra los periodistas Luis Majul y Matías Longoni.

Advertir los peligros que derivan de este tipo de acciones por parte de funcionarios nacionales en ejercicio de su cargo, como un intento de inhibir el ejercicio de la profesión periodística, poniendo en riesgo el derecho a la información de la ciudadanía.

Deplorar el constante deterioro de la calidad que sufre la libertad de prensa y de expresión en nuestro país, a raíz de medidas oficiales que alteran el marco jurídico de protección y la dimensión social que corresponde reconocer a dichos derechos humanos fundamentales en toda sociedad democrática

Señor presidente:

El presente proyecto de declaración responde a la necesidad de expresar nuestro rechazo a la situación creada a raíz de las demandas patrimoniales por abultadas sumas, que ha interpuesto el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, contra los periodistas Matías Longoni y Luis Majul.

Esta clase de acciones contra periodistas ha provocado reacciones de toda la comunidad periodística y de entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos como el CELS, Centro de estudios Legales y Sociales. A su vez, ha merecido especial atención de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. No obstante el director de la AFIP ha seguido adelante con su demanda judicial contra Longoni, a quien reclama una indemnización de $1.377.167.- bajo la acusación de haber montado un "complot mediático" para dañar su imagen pública.

En el ámbito internacional, los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA han advertido el riesgo derivado de reclamos pecuniarios exorbitantes contra periodistas y señalaron la necesidad de recurrir - en caso de que se hubiera efectuado un daño al derecho al honor y a la reputación de un funcionario-, a otras vías no pecuniarias de reparación.

En el mismo sentido, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacando los peligros que derivan de este tipo de demandas patrimoniales y su calidad de censura indirecta.

En nuestro país, la Asociación por los Derechos Civiles advirtió esta cuestión a los organismos regionales de protección de la libertad de expresión, por considerar que alteran el marco legal que regula el ejercicio de los derechos y garantías ciudadanas, que comprenden la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas.

A su vez, dicho organismo ha advertido la necesidad de profundizar el camino iniciado con la derogación de las figuras penales de injuria y calumnia y plantear un marco adecuado para las eventuales acciones de reparación, que de ningún modo deberán constituir reparaciones patrimoniales exorbitantes.

Se trata, en definitiva, de armonizar los derechos de las personas en un marco de razonabilidad que asegure que los medios para su protección sean adecuados al fin buscado, sin que alteren ni restrinjan los derechos de terceros.

En medio de un constante deterioro de la libertad de prensa y de expresión en nuestro país, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, acaba de admitir ahora que debió anular el pago de casi 7 millones de pesos en subsidios ilegales otorgados por la ONCCA a un "feed lot" de Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires

Dicha maniobra sucedió en el año 2009 y fue denunciada en una nota de investigación del periodista Matías Longoni, publicada en el diario "Clarín". Dicha nota dio inicio a una saga de investigaciones sobre irregularidades cometidas en la ex ONCCA durante la gestión de Echegaray y su sucesor, el contador Emilio Eyras.

Curiosamente la tardía confesión sobre esos pagos irregulares se conoce recién ahora porque el mismo Echegaray incorporó el caso en una millonaria demanda civil que entabló por supuestos "daños y perjuicios" contra Matías Longoni, autor de aquella investigación.

Desde el Congreso de la Nación, no podemos permanecer impasibles ante la situación planteada, que pretende provocar incertidumbre y temor entre los hombres de prensa.

Nos cabe una vez más advertir los peligros que derivan de este tipo de acciones por parte de funcionarios nacionales en ejercicio de su cargo. Resulta inadmisible que se pretenda inhibir de esa manera el ejercicio de la profesión periodística, poniendo en riesgo el derecho a la información, que reconocemos como una atribución esencial de toda la ciudadanía. Consecuentemente, deploramos el constante deterioro de la calidad que sufre la libertad de prensa y de expresión en nuestro país.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en esta Honorable Cámara al presente proyecto de declaración