Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, informe a ésta H. Cámara de Diputados de la Nación, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Comunicación Pública, Radio y Televisión Argentina S.E. y demás organismos competentes en la materia, acerca de los siguientes puntos vinculados a las denuncias de censura, persecución de trabajadores y manipulación de la información de los noticieros en la Televisión Pública, ex canal 7.

1.- Establecer de qué manera se observan la pluralidad y diversidad en la programación de la Televisión Pública, precisando los espacios que se facilitan a los partidos con representación parlamentaria no oficialistas.

2.- Determinar cuál es el criterio periodístico imperante en la emisora LS82 TV Pública canal 7, respecto de la emisión de noticias de contenido político, económico, social, sindical, cultural, educativo y religioso.

3.- Indicar la cantidad e identidad de los trabajadores de TV Pública a quienes se ha despedido o no renovado su contrato en los últimos cinco años, expresando las razones de una y otra determinación.

4.- Referir cual es la opinión de la Jefatura de Gabinete de Ministros respecto a la denuncia de censura en la TV Pública, que fuera efectuada por el sindicato UTPBA.

5.- Precisar cómo se ha ejecutado el presupuesto previsto para la emisora LS82 TV Pública durante los meses de enero a octubre de 2014, indicándose los montos destinados a la emisión del programa propagandístico 6 7 8.

6.- Especificar cuál es la réplica oficial del gobierno ante las denuncias de persecución de trabajadores de la TV pública, como asimismo de sus representantes y delegados gremiales.

7.- Revelar cuál es el criterio adoptado para la utilización de los recursos informativos del noticiero y si existen evidencias de la distorsión en sus contenidos para ponerlos al servicio de fines político-partidarios, tal como denuncia UTPBA y si con ello se produce un palmario desconocimiento y violación del marco establecido por la ley de medios 26.522 a la que la TV Pública, sin excepción, debería subordinarse y respetar.

8.- Dilucidar si tal como se manifiesta desde la UTPBA a varios periodistas "se los margina de ciertas coberturas, se los congela sin asignarles tareas acordes con sus cargos o se les impiden cambios de horarios".

9.- Establecer si es verdadera la afirmación de la UTPBA y los delegados internos de la TV Pública, respecto a que las autoridades del noticiero de Canal 7, disponen el silenciamiento sistemático de voces de la política, del ámbito sindical o de movimientos sociales a los que consideran 'opositores' simplemente por no coincidir con los lineamientos el Gobierno y si se ha censurado a dirigentes pertenecientes al oficialismo, como los legisladores Gabriela Cerruti y Pablo Ferreyra, como ocurrió cuando la Legislatura porteña votó el traspaso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Nación de la ex ESMA y otros antiguos centros clandestinos de detención, oportunidad en la que votaron en contra y fueron por esto mismo excluidos por orden de la Gerencia de la nota que salió al aire".

Señor presidente:

Un año después del despido de Juan Miceli del noticiero, la Televisión Pública volvió a estar en el centro de las polémicas, luego de que los periodistas nucleados en la UTPBA iniciaran un "plan de lucha para repudiar y denunciar una serie de graves situaciones que se están viviendo tanto dentro del noticiero como en otros ámbitos del canal estatal", según plantearon en un comunicado.

Las autoridades del canal respondieron con otro comunicado, donde negaron "presuntos actos de censura" y "reafirmaron el compromiso de la emisora y su noticiero con la pluralidad y la diversidad".

La acusación de los periodistas nucleados en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) fue específicamente contra los funcionarios de La Cámpora que manejan la Gerencia de Noticias de la TV Pública, Carlos Figueroa y Víctor Taricco. Los acusaron de "intentar debilitar, atacar y perseguir política y laboralmente a los trabajadores y a sus representantes gremiales, a la vez que utilizan los recursos informativos del noticiero y distorsionan sus contenidos para ponerlos al servicio de fines político- partidarios, en un abierto desconocimiento y violación del marco establecido por la ley de medios a la que deberían subordinarse y respetar".

Es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece como objetivos de Radio y Televisión Argentina (RTA, el organismo que maneja la TV Pública y Radio Nacional) "respetar y promover el pluralismo político", algo que incumple el programa político 6-7-8, que produce Diego Gvirtz, y también su noticiero, que manejan los funcionarios de La Cámpora.

De hecho, el presidente de RTA, Tristán Bauer, hasta hace poco tenía como uno de sus lemas para los periodistas del canal: "No hay que seis-siete-ochizar la TV Pública". Pero el avance de La Cámpora sobre el noticiero es cada vez más notorio.

Por eso, la comisión gremial interna de la UTPBA criticó que a varios periodistas "se los margina de ciertas coberturas, se los congela sin asignarles tareas acordes con sus cargos o se les impiden cambios de horarios".

Además, dicen, Figueroa y Taricco "se han caracterizado por el silenciamiento sistemático de voces de la política, del ámbito sindical o de los movimientos sociales a los que consideran 'opositores' simplemente por no coincidir con los lineamientos del Gobierno. Incluso, censurando a dirigentes pertenecientes al oficialismo, como los legisladores Gabriela Cerruti y Pablo Ferreyra, como ocurrió cuando la Legislatura porteña votó el traspaso de Ciudad a Nación de la ex ESMA y otros antiguos centros clandestinos de detención, oportunidad en la que votaron en contra y fueron por esto mismo excluidos por orden de la Gerencia de la nota que salió al aire", denunciaron los delegados de la comisión interna.

El avance de los dirigentes de La Cámpora en la TV Pública se consolidó en los últimos dos meses, cuando otro dirigente de esa agrupación, Ramiro Poce -hombre de Figueroa y Taricco en el noticiero- asumió como nuevo gerente de Comunicaciones del canal.

Desde allí se emitió ayer el comunicado, en el que "las autoridades de la TV Pública" calificaron de "falsas e infundadas" las denuncias y desmintieron los "presuntos casos de censura y manipulación política" de la información, al tiempo que "reafirmaron el compromiso de la emisora y su noticiero con la pluralidad, la diversidad y la responsabilidad en el ejercicio del periodismo".

Desde el inicio mismo de las administraciones del Frente para la Victoria en mayo de 2003 ha existido una sistemática y permanente tendencia a eliminar toda voz que exprese disidencias en los medios, lo cual se patentiza con el pensamiento único y totalitario que se evidencia en la programación de Canal 7.

Los políticos que militamos en la oposición, sólo somos nombrados para destratarnos, ridiculizarnos o hacernos aparecer como cavernícolas, buitres o cipayos. Ese lenguaje es usual, a la par de la disimulación de las iniquidades, falacias y disimulaciones de toda la gestión del kirchnerismo.

Nos encontramos ahora con las denuncias de la UTPBA que motivan el presente pedido de informes. No nos sorprende, porque han hecho un uso indiscriminado y obsceno de los fondos públicos destinados al antiguo canal 7, convirtiendo a la diversidad, la pluralidad y el disenso en una quimera. El ejemplo paradigmático es el programa de propaganda denominado 6 7 8, que se jacta de ser periodístico, pero carece de todo concepto de democracia, libertad y variedad de ideas.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente proyecto.