Expresar su más enérgico repudio a la denuncia penal presentada por el grupo clarín a trabajadores de prensa y dirigentes políticos por el delito de incitación a la violencia colectiva y coacción agravada, por constituir un ataque inédito a la libertad de expresión.

Señor presidente:

El objeto de este proyecto es expresar repudio a la denuncia penal presentada por el grupo clarín a trabajadores de prensa, y dirigentes políticos por el delito de incitación a la violencia colectiva y coacción. Esta demanda sienta un precedente infausto e inédito ya que desde el advenimiento de la democracia nunca un medio de difusión, procuró condenas contra periodistas por delito de opinión.

No es más que un intento de censura, por la vía judicial, que atenta contra la libertad de expresión, la misma libertad de expresión que, falazmente, la empresa monopólica dice que la ley de medios coarta.

La demanda toma una serie de opiniones que expresaron los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Orlando Barone y Edgardo Mocca en un programa televisivo y en el caso de Javier Vicente, durante la emisión de un partido de futbol. Se los acusa de "incentivar a la violencia colectiva" contra el grupo Clarín y sus directivos. La misma acusación se extiende, además, a funcionarios y legisladores como el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, , el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. al Ministro de Justicia, Julio Alak, ya los legisladores Edgardo Depetri y Juan Cabandié.

La denuncia penal (causa 12383/2012) radicada el jueves 22 de noviembre en el Juzgado Federal 9, a cargo del magistrado Luis Rodríguez está formulada como una denuncia por "incitación a la violencia colectiva", pero pide a la Justicia que evalúe aplicar también la figura de "coacción agravada", que establece penas no excarcelables.Su planteo es que estas opiniones son parte de una "maniobra" que tiene voceros e "ideólogos" y busca que la gente salga a hacer algún tipo de ataque contra a los directivos del Grupo.

Para proteger la libertad de expresión, en los últimos años fueron despenalizadas las figuras de calumnias e injurias en caso de temas de interés público. La denuncia acude a dos figuras del Código Penal, la instigación a la violencia y la coacción agravada, que no fueron concebidos para reprimir el pensamiento y la expresión, lo que resalta el absurdo de la intención persecutoria.

El Código Penal en su artículo 212 establece, sobre el delito de instigación a la violencia: "Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación.

Asimismo, el artículo 149 bis del Código Penal, segundo apartado, establece que será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".

Cabe mencionar que un antecedente se encuentra en la Ley 21.264,la cual siendo una de las primeras medidas del gobierno de facto de la última dictadura militar argentina, establecía en su

artículo primero que: "El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años."

A casi 29 años de recuperada la democracia que a un periodista se lo persiga, se lo acuse y se pretenda encarcelarlo por el "delito" de opinión. Parece demencial. Y lo es. Más aun si se tiene en cuenta -y cómo obviarlo- que la persecución la impulsa la corporación económico-mediática más poderosa del país; un holding que consolidó y expandió su base de negocios asociándose a las Fuerzas Armadas en plena dictadura cívico-militar, para beneficiarse con la apropiación de la empresa Papel Prensa, cuando la compañía le fue arrancada en las mazmorras a la familia Graiver. Esos mismos personajes que fueron activos oficialistas durante el terrorismo de Estado, hoy no sólo mienten y no se adecuan a la ley sino que quieren encerrar o amordazar a periodistas. (Gustavo Cirelli Tiempo Argentino).

Esta denuncia va en contra del proceso de ampliación de derechos colectivos e individuales. La acción judicial del Grupo Clarín tiene como objetivo cercenar voces.

Por lo expresado y teniendo en cuenta que la peor opinión es el silencio es que solicito a todas las Diputadas y Diputados de esta Honorable Cámara me acompañen en este proyecto.