Condenar el bloqueo antidemocrático, sorpresivo y violento de las plantas impresoras de los diarios "Clarín" y "La Nación" que ha impedido una vez más su normal distribución y el grave silencio y pasividad oficial que acompañaran semejante atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información ciudadana en nuestro país.

Reclamar el cese de todos los actos intimidatorios perpetrados contra los medios de comunicación y del recurso a la violencia para dirimir conflictos laborales, que afectan una libertad esencial del orden constitucional, y rechazar todo intento abusivo e ilegal de control oficial sobre la libre distribución de la información impresa por parte del gobierno nacional.

Señor presidente:

El presente proyecto de declaración constituye una respuesta ineludible de quienes aspiramos a vivir en democracia, ante un nuevo ataque a la prensa que tuvo lugar en la madrugada del domingo 29 de Octubre contra las plantas impresoras de los diarios "Clarín" y "La Nación", que ha impedido una vez más su normal distribución.

Piquetes sorpresivos de activistas y dirigentes del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dieron aliento a un reclamo gremial, que ha consumado un nuevo bloqueo a la información pública, reiterando un episodio similar que tuvo lugar durante los días 18 y 19 de agosto pasado, en medio de la mayor pasividad y silencio oficial.

Resulta a la vez preocupante que las fuerzas policiales no hayan intervenido nuevamente, a pesar de conocidos fallos judiciales que exigen la libre circulación de los medios de prensa. La inacción policial y el silencio de las autoridades profundizan una actitud de hostilidad e intimidación a la prensa, reñida con las garantías democráticas y los derechos humanos fundamentales.

Creemos que este nuevo episodio de violencia contra la prensa, se enmarca en las ya conocidas presiones lanzadas contra medios críticos - utilizando mecanismos de premios y castigos a través de la publicidad oficial- , y , más aún, contra el Poder Judicial en torno a la llamada Ley de Medios, norma que está parcialmente suspendida en su aplicación, debido a que podría contrariar principios constitucionales.

Consideramos que la libre expresión es un derecho humano fundamental, una atribución de toda la ciudadanía, especialmente de los que no tenemos intereses en los medios, pero deseamos estar informados y recibir por distintas fuentes, diferentes interpretaciones de la realidad.

Creemos que está en riesgo la democracia y el acceso a la información que, como primordial garante de los derechos humanos, le permite al ciudadano ejercer plenamente sus derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales.

La reiteración de graves episodios de hostilidad e intimidación contra los medios de prensa independientes, debiera juzgarse de manera ejemplar por los Tribunales de la República, en defensa de las libertades y garantías constitucionales que están siendo conculcadas, de manera reiterada y contumaz.

No estamos rechazando con este proyecto un daño a un grupo económicos o a un sector determinado del pensamiento, sino un atentado al sistema de protección de derechos humanos, que nos rige desde su ratificación por nuestro país y su incorporación al texto constitucional, y nos compromete, en nombre del pueblo de la Nación, a poner un freno a tanto atropello y discrecionalidad, con que se pretende silenciar toda disidencia al gobierno en nuestro país.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en esta Honorable Cámara al presente proyecto de declaración.