Expresar profundo desagrado por el bloqueo que el Sindicato de Choferes de Camiones -liderado por el titular de la CGT Hugo Moyano y bajo la secretaría adjunta de Pablo Moyano- realizó a las plantas impresoras de los diarios La Nación, Clarín y Olé, impidiendo la salida de publicaciones, en un claro ataque a la libertad de prensa y vulnerando gravemente el derecho a la información de los ciudadanos.

Exigir al Poder Ejecutivo Nacional que tome las medidas que correspondan para impedir que estas acciones ilegales y coercitivas atenten y lesionen el derecho a la libre circulación, garantizado por la Constitución Nacional, y exigirle que garantice la Libertad de Expresión, Prensa, Información y Opinión de todos los argentinos.

Que asimismo el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de trabajo deberá velar por la libertad de afiliación consagrada por la constitución Nacional y la doctrina consiguiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Señor presidente:

Ha causado inquietud y preocupación en nuestra comunidad lo sucedido el día 25 de noviembre de 2008, cuando gremialistas y activistas del sindicato de camioneros, que lidera el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, obstruyeron en medio de un clima de creciente tensión, la distribución de los productos matutinos hacia los puntos de venta.

Unos 200 camioneros, liderados por el hijo del jefe de la central obrera y secretario adjunto del sindicato de choferes de Camiones, Pablo Moyano, se apostaron desde las 16 frente a las plantas industriales para reclamar por el "encuadramiento gremial de los distribuidores de diarios, revistas y afines", cuestión a la que los medios afectados son ajenos.

No por ello se nos escapa que uno de los motivos tenidos en cuenta por la turba gremialista ha sido la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el concepto y garantía de libertad de agremiación, que a esta altura ha causado profundo desagrado tanto en el gobierno nacional como en sus aliados naturales del sindicalismo oficialista.

Frente a los hechos ocurridos, el Poder Ejecutivo debe extremar las medidas correspondientes para impedir que estas acciones ilegales, patoteriles y coercitivas atenten y lesionen los derechos a la libre circulación, a la libre expresión y al acceso a la información que tenemos todos los habitantes del suelo argentino.

Por ello solicito a mis pares para que me acompañen en este proyecto con su apreciada firma.