Expresar su preocupación y repudio por el bloqueo realizado por el Sindicato de Camioneros a las plantas de impresión de los periódicos La Nación y Clarín y otros centros de distribución de diarios y revistas con el objetivo de impedir la salida de publicaciones hacia los puntos de ventas.

Señor presidente:

La tarde del 25 de noviembre alrededor de 200 camioneros identificados bajo pancartas del líder sindical Hugo Moyano y liderados por su hijo Pablo Moyano bloquearon durante casi tres horas las plantas de impresión de los periódicos Clarín y la Nación y otros centros de distribución de diarios y revistas. Todo ello con el objetivo de impedir la salida de las publicaciones hacia los puntos de venta. Esta grave limitación a derechos constitucionales básicos se realizó bajo la excusa de estarse requiriendo la afiliación obligatoria al sindicato de Moyano a los choferes de los vehículos en los que se distribuyen los diarios, pertenecientes a empresas no periodísticas e independientes. Cabe recordar que la acción emprendida no constituye un hecho aislado, sino la concreción de lo que hace cinco meses fue un intento de bloqueo de la planta de impresión de Clarín por el gremio de camioneros.

Como es obvio la acción que aquí repudiamos no resiste el mínimo análisis de los estándares de la protección del derecho de libertad de expresión. Ciertamente aún desde la interpretación más amplia que pueda darse al derecho de protesta se podría justificar hechos como los realizados por el gremio de camioneros. Nótese, por una parte, que se trata de los dos diarios de mayor circulación del país y por ende estos hechos implican un directo atentado contra valores fundamentales para la democracia como la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa junto a otros derechos constitucionales fundamentales como la libertad ambulatoria, el libre ejercicio de la industria lícita, etc. Por otro lado ha de tenerse en cuenta que estos bloqueos fueron orquestados por el lider sindicalista de mayor poder de nuestro país. No se trata aquí de un grupo de manifestantes cuyos actos deberían ser tolerados por no contar con poder de influencia suficiente en la arena política. No se trata de aquellos que no tienen la capacidad económica para expresar sus ideas a través de los periódicos o hacer circular elaborados panfletos, o que puede llegar a tener un acceso muy limitado a los funcionarios públicos. (1) Los actos que aquí repudiamos, en síntesis, implican una frontal agresión a derechos fundamentales para la democracia y no puede erigirse justificación razonable alguna para su tolerancia.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de resolución.