Su enérgico repudio ante las intimidaciones sufridas por el periodista Dante Leguizamón, de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, por parte del Jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, comisario general Julio César Suárez, el día 15 de agosto de 2014.

Señor presidente:

Los hechos vividos y relatados por parte del periodista cordobés Dante Leguizamón el pasado viernes 15 de agosto de 2014 merecen un urgente y contundente pronunciamiento por parte de esta Cámara de Diputados en general y su comisión de Libertad de Expresión en particular. Según su propia denuncia, el periodista recibió en su teléfono móvil una llamada intimidatoria del Jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, comisario general Julio César Suárez, quien con tono amenazante advirtió a su interlocutor "si vos no venís a hablar conmigo, yo me voy a encargar de vos". El tenor y contenido del diálogo consta en una denuncia que el propio afectado presentó en sede judicial al día siguiente, con patrocinio legal del Dr. Claudio Orosz. En los argumentos esgrimidos ante la Justicia, refiere "la posibilidad de sufrir un daño cierto", configurándose tal situación en un evidente caso de "amedrentamiento".

Por la tarde del mismo viernes, el trabajador de prensa había realizado una cobertura, para los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, de la marcha de vecinos del asentamiento Los Cortaderos, de la capital provincial, quienes reclamaban por hechos que consideran abusos de la policía provincial, los cuales incluyen la reciente muerte del joven Alberto Pellico, supuesta víctima de "gatillo fácil".

Seguidamente, una delegación de uniformados, que encabezara el comisario Suárez se apersonó en la redacción del medio, disconformes con el trabajo de Leguizamón. A ello, sucedieron una serie de mensajes del Jefe policial, cuestionando el contenido de la cobertura periodística, a través de la red social Twitter. La secuencia concluye con la destemplada comunicación telefónica recibida por Leguizamón.

Aún cuando una vez difundidas las presiones y ante los pronunciamientos de diversas instituciones públicas y de la sociedad civil, existió un formal pedido de disculpas por parte del Jefe de la Policía, la gravedad de las circunstancias descritas exige el debido accionar del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en procura de una definición objetiva de las responsabilidades y eventuales sanciones.

Asimismo, compete a esta Cámara de Diputados mantenerse alerta frente a cada actitud que menoscabe la libertad de expresión y suponga un riesgo para su pleno ejercicio, más aún cuando dichas situaciones son generadas por actores que ejercen la autoridad pública.

Especial atención y alarma corresponde cuando la intimidación y amenaza proviene de quienes han sido investidos con la tarea de canalizar el monopolio de la fuerza coactiva legítima. Actos de semejante naturaleza ameritan la extrema preocupación de los diputados pues trascienden el marco de lo concretamente referido: el pueblo entero, como sujeto social sometido al poder público, quedaría a merced del manejo arbitrario de la violencia estatal.

En este sentido, con absoluto respeto de la autonomía que reside en los poderes provinciales, vale exigir al poder político provincial un enérgico pronunciamiento frente a los sucedido, que dé inequívoca muestra del compromiso del gobierno de la Provincia para con el libre ejercicio de la labor periodística, en tanto garante de los derechos y garantías que enuncia la Constitución Nacional, según manda en su artículo 128. Cuando un principio supremo como la libertad de prensa está en juego, ninguna decisión de política local puede reputarse superior o prevalente.

Por dichos motivos, solicito a los Sres. Legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.