Su respaldo al pleno ejercicio de la profesión periodística y de la libertad de prensa de los periodistas Tomás Méndez y demás integrantes del programa televisivo ADN, que emite por la señal abierta de Canal 10 de Córdoba.

Señor presidente:

El programa periodístico ADN, que se emite los días miércoles a las 21 horas a través de la señal de Canal 10 de Córdoba, presentó una investigación en su edición del pasado 4 de septiembre de 2013 en que se revelaron presuntos vínculos entre la policía provincial cordobesa y el narcotráfico. Un supuesto agente encubierto, identificado como Juan Viarnes, relacionó a diversos efectivos policiales con el comercio ilícito de estupefacientes, aprovechándose de su situación institucional. En la nota televisiva, el denunciante involucró a altas autoridades de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía provincial, cuyas operaciones incluirían la reventa de lo incautado en procedimientos que realiza la propia fuerza de seguridad. La trama expuesta en el programa televisivo comprende serias sospechas sobre la existencia de un sistema de delaciones y protección entre narcotraficantes y policías. Antes de la difusión de la denuncia, el fiscal federal Enrique Senestrari ya tenía en sus manos la investigación de esta situación, a la que le está dando curso a través de los procedimientos judiciales estipulados.

Por la repercusión de la denuncia los responsables del área policial sospechada fueron apartados de sus funciones: el comisario mayor Rafael Sosa, Director General Interino de Lucha contra el Narcotráfico, y sus subalternos, comisario Alfredo Seine y oficial inspector Franco Argüello.

A las graves derivaciones de estos hechos se suma la muerte violenta del oficial principal Juan Alós, integrante del organigrama de la Dirección de Drogas Peligrosas de la policía de Córdoba y a quien se relacionaba con las irregularidades planteadas. La víctima fue hallada sin vida durante la madrugada del 7 de setiembre pasado, dentro de un vehículo perteneciente a la Policía provincial, en la zona del Observatorio Astronómico Bosque Alegre - provincia de Córdoba-, con un disparo de arma de fuego. Según publica el diario La Voz del Interior en su edición impresa del 8 de septiembre, junto al cadáver se encontró una carta de despedida, donde el fallecido policía señala: "Sabés que este es un año muy difícil, ya que no puedo superar la muerte de mi padre (...), encima ahora esto, este descrédito de un Méndez que según él hace una investigación periodística. Sin una sola prueba me tildó de narcopolicía" (1) . No obstante la versión del suicidio, las circunstancias que enmarcan el hecho resultan por demás dudosas.

La persona a quien alude la misiva es el periodista Tomás Méndez, conductor del programa ADN, quien fue atacado por el propio Jefe de Policía de la Provincia, Ramón Frías, como responsable por el luctuoso desenlace de Alós. En su discurso durante el sepelio del fallecido Frías señaló: "¿Qué lo llevó al oficial principal Juan Antonio Alós a tomar esta fatal determinación?: la difamación, la injuria y las mentiras le quitaron la vida (...) Algunos no piensan que hieren más las falsas acusaciones que las balas (...) ¿Acaso vale más la palabra de un ambiguo delirante que acusa que la vida honesta de un policía? (...) ¿Es justo poner al aire por televisión a un delincuente para que acuse falsamente a un policía, para que lo dañe tanto que lo lleve a este momento fatal?" (2) .

Estos dichos, provenientes de una autoridad provincial, no pueden ser pasados por alto, ya que por un lado pretenden desviar la atención de los hechos denunciados y por otro esgrimen una inaceptable acusación a la prensa por el supuesto suicidio de un policía que fue mencionado al brindarse información acerca de hechos de interés público, como lo es el accionar policial.

Lejos de cumplir con el público compromiso de proteger a la comunidad, los ataques al libre ejercicio de la labor periodística representan una amenaza a la ciudadanía. Más aún, genera el riesgo evidente de la impunidad, como ominoso velo sobre valores supremos como la verdad y la justicia. Este caso involucra particularmente al equipo del programa ADN y los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, pero repercute sobre todo el pueblo cordobés.

A los diputados nacionales, en tanto representantes de la ciudadanía comprometidos por velar los principios del Estado de Derecho, corresponde sentar firme posición al respecto. Sea, pues, enérgica y explícita la solidaridad con los trabajadores de prensa y el irrestricto desarrollo de su profesión, en un marco de plena libertad y garantías.

A partir de lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.