Expresar la solidaridad con el periodista Carlos FURMAN de la Ciudad de Santa Elena, Provincia de Entre Ríos, por los gravísimos hechos de persecución y discriminación acaecidos sobre su persona y por el ejercicio de la libertad de expresión.

Señor presidente:

El Estado es definido por Max Weber como una asociación de tipo institucional, que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominio, y reúne a dicho objeto los medios materiales de explotación en manos de sus directores pero habiendo expropiado para ello a todos los funcionarios de clase autónomos que anteriormente dependían de aquellos por derecho propio, y colocándose a sí mismo, en el lugar de ellos, en la cima suprema (1) . Esto implica el monopolio de la violencia legítima, legitimidad que deriva del cumplimiento de las normas y leyes que rigen a la sociedad. En este sentido, el ejercicio de esta potestad está orientada a proteger a los miembros de la comunidad en la cual el estado gobierna, y no para amenazar, golpear e incluso atentar contra la vida de un ciudadano, a quién debería proteger. Esto es denominado por la jerga legal como abuso de poder, y en Democracia significa un atentado contra la integridad de las personas, violando sus derechos y garantías.

Esto es lo que le ha sucedido al periodista radial de Santa Elena, provincia de Entre Ríos, Carlos FURMAN, quién en las últimas semanas ha recibido dos agresiones físicas en la calle, un tiroteo en la puerta de su casa y amenazas plasmadas en panfletos que expresan frases xenófobas, por hacer uso de su libertad de expresión. Dichos actos serían atribuidos a personas ligadas al poder departamental y municipal, nicho del poder provincial

La libertad de expresión es uno de los principios básicos de un régimen democrático, la cual nos otorga la posibilidad de dar a conocer lo que uno piensa, garantizando la pluralidad y el disenso, elementos fundamentales para el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida con el rumbo de la nación. Una vez más esta situación expresa, lo que muchos autores como Guillermo O`Donnell denomina la privatización de los sistemas de poder, el avance de intereses privados y egoístas en espacios esencialmente públicos, que hacen uso de los recursos materiales, financieros, humanos y técnicos del estado, para el cumplimiento y satisfacción de sus necesidades particularistas y no colectivas. Ello hace que la legalidad, fundamento del sistema democrático, carezca de efectividad y sucedan hechos como el que ha sufrido por el Sr. Furman.

Santa Elena es una ciudad en la que habitan más de 20.000 personas, ubicada a 150 Km. de Paraná, la ciudad capital de la provincia, pero que sufre día a día la pobreza, el desempleo, la falta de expectativas y una historia socioeconómica decadente cuyo comienzo es asociado con el cierre del frigorífico Santa Elena, principal actividad para el pueblo. Este contexto se ve atravesado por un orden político local basado en un modelo caudillista que se edifica sobre el miedo, las amenazas permanentes y la compra de conciencia, que ha transformado a esta bella ciudad en un calvario, como muchos de sus vecinos expresan.

El deber del estado es actuar en función del bien común, en función de la protección del tejido social y de la integridad política, social, económica y cultural de los miembros de la sociedad. Es por ello, que repudiamos esta situación y el uso de la violencia, la intolerancia y la discriminación, y consideramos fundamental la investigación a fondo de los ataques y el cambio de la actitud provincial, que lo único que hace con esta situación es mantenerse indiferente.

Por los fundamentos dado en el presente, y porque es un asunto preocupante, es que solicito a los Señores y Señoras Diputados la aprobación del siguiente proyecto de declaración.