Expresar su más enérgico repudio a las amenazas y amedrentamientos sufridas por el periodista Mariano Ferrari y por el legislador de la provincia de Río Negro, Marcelo Mango. Dichas amenazas configuran una severa lesión a la libertad de expresión y a la vida democrática, toda vez que se consuman en evidente respuesta violenta a una investigación periodística de ADN Río Negro sobre la distribución de la pauta oficial local, reflejada en la presentación de un pedido de informes ante la Legislatura (expediente 765/2018, referido a la ley N°4391 que reglamenta la planificación, coordinación y autorización de espacios informativos o publicitarios y crea el Registro Provincial de Medios de Comunicación).

La H. Cámara de Diputados exhorta a las autoridades preventoras con jurisdicción en el caso a extremar las medidas de investigación a la luz de los tratados y recomendaciones internacionales aplicables en resguardo de la garantía de libertad de expresión.

Señor presidente:

El día 26 de septiembre la Agencia de noticias ADN Río Negro presentó una denuncia penal ante la U.F.T. N° 5 de la capital provincial a fin de que se investiguen las amenazas recibidas en la dirección de correo electrónico infoadnrionegro@gmail.com. con un texto dirigido al editor de ADN, Mariano Ferrari. Informa la agencia que el correo “fue enviado desde la casilla tatocagastt@outlook.es, que se presume falso, en tanto llama la atención que precisamente a Mariano también se lo conoce por el apodo de “Tato”:“TENEMOS PRUEBA DE LA GUITA QUE LES DIO MANGO – PREPARENSEN PARA EL ESCRACHE – EL QUE AVISA NO TRAICIONA””.

La agencia informa que ha venido denunciando diversas agresiones a través del uso de las redes sociales, para desprestigiarla o instalar temas falsos en la opinión pública -mediante ‘trolls’. Agrega la información que la Fiscalía, a cargo de Maricel Viotti Zilli, actuó de inmediato e inició las investigaciones del caso, en tanto cuenta con un área de delitos informáticos que analizará el origen del correo (Cfr. https://www.adnrionegro.com.ar/2018/09/amedrentamientos-a-la-prensa-adn-denuncio-amenazas/ )

No podemos dejar de referir que la amenaza llega en el marco de la presentación de un proyecto legislativo, un pedido de informes que tiene como antecedente expreso las revelaciones sobre la arbitrariedad y la discrecionalidad en el manejo del dinero público relevada por la agencia. Cabe destacar que, además, varios medios denunciaron que la gestión del gobernador Weretilneck utiliza la pauta oficial para “castigar” o “premiar” a los medios de comunicación.

Así, en un contexto de gran tensión de diversos medios de comunicación con el gobierno local, el legislador provincial Marcelo Mango (Frente Grande-FpV) presentó en la Legislatura local, un riguroso pedido de informes. A través de un expediente identificado con el N° 765/2018, solicita informes sobre la aplicación y cumplimiento de la ley N°4391 que reglamenta la planificación, coordinación y autorización de espacios informativos o publicitarios y crea el Registro Provincial de Medios de Comunicación.

Entre los pedidos e interrogantes que allí se plantean, se encuentran la solicitud de la “nómina de todos los medios de prensa que fueron contratados por el Gobierno de Río Negro durante el año 2017” adjuntando para cada caso: a-Montos máximos fijados por el Poder Ejecutivo a través de la reglamentación por la cual se autoriza cada procedimiento; b-Copia del procedimiento administrativo mediante el cual se realizó la contratación; c-Orden de pago correspondiente.

También requiere que el PE indique “la forma que se publica, según lo refiere el artículo 10, el listado de medios o personas físicas o jurídicas y las asignaciones de pautas publicitarias a los mismos, dado que dicha publicación debe actualizarse mensualmente brindando la posibilidad de consultar el listado de contrataciones de meses anteriores” y “los criterios utilizados para asignación de pautas desde el 2011 a la actualidad”.

En particular, solicita una desagregado detallado del reparto de la pauta oficial y de la presunta contratación realizada por el Gobierno de Río Negro de la Agencia Positive Advertising S.R.L de la ciudad de Buenos Aires por un total de 13.080.000 pesos (1.090.000 pesos mensuales) para que diseñe la planificación comunicacional de la gestión.

Tomamos además conocimiento de que las amenazas se producen en el marco de un crescendo amenazante que ha incluido en el caso del legislador, acciones de amedrentamiento que ha sufrido en su propio hogar: “Ya me dieron vuelta tres veces mi casa y nunca me robaron nada. Mandaron al jefe de la regional policial y al comisario (de civil y de noche) a mi casa estando mi hija sola. Los creo capaces de cualquier cosa. No les tengo miedo. Vamos a seguir haciendo oposición a estas políticas y defendiendo democráticamente la libertad y la justicia”. El legislador informó que se presentó ante la Fiscalía del Ministerio público fiscal para ampliar documentación ante las amenazas. (Cfr. https://www.adnrionegro.com.ar/2018/09/mango-amplio-en-fiscalia-la-denuncia-por-amenazas/ )

Ante ese escenario, debemos recordar, señor Presidente, que el derecho humano a la comunicación es la expresión universalista de la libertad de expresión y se encuentra consagrado en diversos tratados internacionales, entre ellos, en el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Así,“[L]os derechos de reunión y libertad de expresión, garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son fundamentales y su garantía es una condición necesaria para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática” (Cfr. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=951&lID=2).

Recientemente, el 2 de mayo de 2018, en la ciudad de Accra, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Relator Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) adoptaron una Declaración Conjunta sobre la Independencia y la Diversidad de los Medios de Comunicación en la Era Digital.

En ella, se han manifestado “Alarmados por el resurgimiento de amenazas políticas a la independencia de los medios de comunicación, como el abuso de recursos del Estado, que incluye la publicidad, los intentos de figuras políticas de controlar a los medios de comunicación y a los órganos reguladores de dichos medios, el retiro de la acreditación de periodistas, los duros ataques con la finalidad de estigmatizar y desacreditar a los medios y la proscripción de aquellos que informan críticamente sobre el gobierno, funcionarios del gobierno u otros actores sociales poderosos”

Asimismo, han adoptado la declaración “Observando que los medios de comunicación independientes y diversos pueden, en particular durante las elecciones, proporcionar a los votantes la información que necesitan para tomar decisiones fundamentadas y promover la igualdad de condiciones para los partidos y los candidatos” y “Conscientes de las diversas amenazas actuales a la libertad de los medios de comunicación, entre ellas amenazas a su seguridad y amenazas de índole jurídica, política, tecnológica y económica”.

En ese marco, han indicado respecto de las Amenazas a la seguridad de los medios de comunicación que “[L]os Estados tienen la obligación positiva de proteger a los periodistas y a otros que corren el riesgo de ser atacados por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de iniciar investigaciones eficaces cuando se producen dichos ataques, de manera tal que se exija la rendición de cuentas de los responsables, y de ofrecer reparaciones efectivas a las víctimas”.

En lo que hace a Amenazas económicas declaran que“a. [L]os Estados deben establecer sistemas efectivos para asegurar la transparencia, imparcialidad y no discriminación en el acceso de los medios de comunicación a recursos del Estado, incluida la publicidad oficial”. Además, deben “ tomar medidas apropiadas para crear un entorno económico que apoye un paisaje diverso de los medios de comunicación, que abarque medios tradicionales y medios que sirvan a comunidades locales o rurales, sin socavar su independencia, con sistemas de subsidios independientes o uniformes y exoneraciones fiscales” y “asegurar que todos los aspectos de los mercados de los medios de comunicación, como la publicidad y la producción y distribución de contenido, funcionen de una manera imparcial y competitiva, protegidos de prácticas anticompetitivas de aquellos que detenten una posición fuerte o dominante en el mercado”.

Ello, en el marco del PRINCIPIO GENERAL de que los Estados tienen también la obligación positiva de proteger la libertad de los medios de comunicación, incluso con las siguientes medidas: “i. propiciar un entorno de trabajo seguro para los periodistas; ii. garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y, en particular, la independencia editorial; iii. usar diversos instrumentos para promover la diversidad de los medios de comunicación, incluso a nivel local y, entre otras cosas, asegurar que los medios comunitarios tengan un espacio para operar en todas las plataformas de distribución y cuenten con recursos adecuados; iv. abstenerse de aplicar formas indirectas de censura, como el abuso de los controles de la prensa, las frecuencias de radio o la infraestructura utilizada para difundir contenido de los medios; v. asegurar la independencia de los órganos facultados para regular a los medios de comunicación”, entre otras.

Por esos motivos, con gran preocupación por la lesión del derecho a la libertad de expresión, presentamos esta iniciativa para repudiar las amenazas y amedrentamientos sufridas por el periodista Mariano Ferrari y por el legislador de la provincia de Río Negro, Marcelo Mango y exhortar a las autoridades preventoras al pronto esclarecimiento y sanción.

Por eso, señor presidente sometemos a consideración del cuerpo el presente proyecto.