Su más enérgico repudio al hackeo sufrido por el periodista Julio Aiub Morales en su cuenta de mail, episodio detectado luego de escribir un artículo sobre la causa judicial por presuntos delitos de lesa humanidad que involucra al Jefe del Estado Mayor General del Ejército Teniente General César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani.

Señor presidente:

El periodista Julio Aiub Morales, corresponsal del diario Clarín en La Rioja, denunció el lunes 19 de mayo de 2014 que su cuenta de mail fue hackeada luego de escribir para dicho medio sobre la causa judicial por presuntos delitos de lesa humanidad que involucra al Jefe del Ejército.

Aiub Morales sostuvo, vía twitter, que "De nuevo hackean mi mail después de escribir sobre Milani. Me dejan mensajes. No es la primera vez".

El hackeo sucede luego de que el fiscal Michel Horacio Salman pidiera cerrar la investigación sobre la privación ilegítima de la libertad de Pedro y Ramón Olivera durante la dictadura militar.

El pedido del fiscal provocó el cuestionamiento del propio Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien sostuvo que, si se cierra la causa como pide Salman, el fiscal "falta a sus deberes de funcionario" porque "desiste de la obligación del Ministerio Público Fiscal de impulsar la acción pública".

Para el CELS, Salman contradijo "la jurisprudencia referida al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país afianzada desde el juicio a las Juntas de 1985", ..."considera legales los actos amparados en la ley 'antisubversiva' 20.840", ..."pone en duda el valor de los testimonios de los familiares de las víctimas, privilegia el testimonio de descargo del acusado y descarta la compleja trama de órdenes legales e ilegales que funcionó como marco del terrorismo de Estado".

Esto motivó que el Jefe del ejército se defendiera de los cuestionamientos a través de un extenso comunicado en el que aseguró que "ninguna víctima de causas de lesa humanidad en La Rioja mencionó mi nombre" y se quejó por no haber podido "ejercer de manera real y efectiva el derecho de defensa en juicio".

Milani afirmó que no goza de "impunidad" debido a su cargo, advirtió que "no hay imputados que hayan sido indagados o procesados por participar de traslados de detenidos entre el juzgado federal y la cárcel", y aclaró que no incurrió "en el delito de privación ilegítima de la libertad al haber acompañado a la policía provincial en los traslados de presos políticos".

Frente a este debate, el ex conscripto Alvaro Illanes, denunciante en causa por la desaparición del soldado Alberto Ledo que también involucra al Jefe del Ejército, volvió a afirmar que Milani "no puede negar los secuestros, las torturas y los asesinatos", y que la actividad del jefe militar durante la dictadura "fue permanente".

En declaraciones a FM Comarca, de Chilecito, Illanes sostuvo que "los soldados están animándose a hablar" ..."y se están corroborando muchas cosas, como la existencia de centros clandestinos en Tucumán, de que Milani tenía una expresa relación con Antonio Bussi y que además participó de los secuestros, torturas y asesinatos en Tucumán".

Por su parte, el ex preso político Ramón Alfredo Olivera manifestó que el dictamen del fiscal federal Horacio Salman que favoreció a Milani le parece "meticulosamente armado". Y aclaró que denunció "al jefe del Ejército, César Milani, en 1979, ante la Justicia Federal de La Rioja, y luego lo reafirmé en el Nunca Más riojano, en 1984".

En junio de 1979, estando detenido en la cárcel de La Plata, Olivera declaró ante el juez federal de La Rioja, Roberto Catalán, que fue Milani quien lo trasladó desde la cárcel de La Rioja al Juzgado Federal y mantuvo allí una presencia hostil hacia su persona.

Presenciamos con estupor como este Gobierno, que ha hecho de las condenas a las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura un eje central de su relato, encubre los antecedentes de un personaje como Milani y lo sostiene en su cargo.

En otras oportunidades manifestamos que no dejaban de generarnos suspicacias y sospechas, cuanto menos, la vara con la que se mide a quienes se guarecen en la sombra del poder kirchnerista y quienes transitan otras veredas políticas e ideológicas. A esta altura, esas sospechas son casi certezas, dado que episodios como el sufrido por el periodista Julio Aiub Morales son cada vez más reiterados, evidentes, sistemáticos y demostrativos de la existencia de operaciones de inteligencia reñidas con el estado democrático de derecho y la ley 25.520.

El hackeo sufrido por Aiub Morales cercena la libertad de prensa y las garantías constitucionales, y es por ello que requiere del más enérgico repudio por parte de esta Honorable Cámara.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.