Su preocupación ante la imputación judicial promovida contra Juan Pablo Suárez, editor del sitio web "Última Hora", en relación con el desarrollo de su labor periodística durante hechos de conmoción social generados en la provincia de Santiago del Estero en el mes de diciembre de 2013.

Señor presidente:

Aún cuando la estructura republicana que fija nuestra Constitución Nacional supone una clara delimitación de funciones legislativas y jurisdiccionales, el equilibrio de los órganos que ejercen el poder público del Estado se asienta sobre el control y contrapeso mutuo.

La libertad de expresión, indisociable a la labor profesional del periodismo, mantiene innegable raigambre constitucional a partir de la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos que, desde la reforma de 1994, adquirieron igual jerarquía que el contenido codificado de la Constitución.

Es por ello que corresponde a la Cámara de Diputados de la Nación, como instancia de representatividad política y custodia natural de la soberanía e intereses populares, mantenerse atenta sobre eventuales avances lesivos hacia el sistema de libertades. La situación particular que atraviesa el periodista Juan Pablo Suárez merece seguimiento institucional adecuado, toda vez que sus implicaciones trascienden la casuística particular ampliándose sobre ámbitos muy sensibles del plexo libertario. El aludido es editor del sitio web "Última Hora", portal de noticias enfocado en la actualidad de la provincia de Santiago del Estero. En el marco de esta actividad, durante el mes de diciembre de 2013, se encargó de la cobertura del conflicto generado entre la policía santiagueña y el gobierno local. El 9 de diciembre se ordenó su detención y el allanamiento de las oficinas del medio del cual es editor responsable; allí se secuestró material que contendría registro digital de hechos violentos entre uniformados y familiares de los mismos.

El detenido, acusado de "instigación a cometer delito de sedición" por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional a cargo de la jueza Dra. Rosa Falco de Rainiero, permaneció incomunicado y privado de la libertad durante diez días. La propia fiscalía desestimó la imputación y solicitó la liberación del periodista, indicando irregularidades en el procedimiento. Transcurridos cinco meses, el fiscal Pedro Simón elevó a la Justicia Federal una nueva acusación contra Suárez, por "incitación a la violencia colectiva (art. 212, C.P.), agravado por la finalidad de aterrorizar a la Población (art. 41 quinquies C.P.)".

En la situación plantead, compete al cuerpo legislativo expresarse ante los efectos que la interpretación normativa imprime sobre el pleno ejercicio de la libertad de expresión, reputado como bien social superior. La criminalización de los actos inherentes al ejercicio profesional periodístico, por vía de la represión penal, resulta incompatible con las bases del Estado de Derecho, por lo cual se torna procedente ratificar, como postura axiológica indeclinable, la defensa irrestricta del derecho a la información y la plena libertad de todos los actores involucrados en su ejercicio.

Los sucesos de conmoción social vividos durante las circunstancias de referencia, merecieron amplia repercusión periodística, sin la cual se hubiese resentido su conocimiento público y la potestad cívica de la opinión. Confundir la presencia del trabajador de prensa, encargado de recoger testimonio directo de los hechos, con una participación activa en ellos implica un límite de riesgosa e inaceptable trasposición, porque erosiona uno de los pilares de la vida democrática.

Por dichos motivos, solicito a los Sres. Legisladores acompañen el presente Proyecto de Declaración.