Su repudio y preocupación ante las amenazas y cartas documentos recibidas por los titulares y periodistas de las emisoras radiales FM Visón y Cataratas (AM 1160 y FM 94.7) y el canal de cable (CVI canal 5) de la Localidad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, a partir del momento en que los citados medios difundieron irregularidades en el funcionamiento del Concejo Deliberante de esa ciudad.

Dichas acciones intimidatorias cercenan la libertad de expresión, derecho básico consagrado por la Constitución Nacional.-

Señor presidente:

El pasado 30 de mayo funcionarios municipales de Puerto Iguazú enviaron cartas documentos a las radios Cataratas y FM Visión, y al canal CVI 5 todos de esa ciudad, a partir de la transmisión en esos medios de lo sucedido en el ámbito del Concejo Deliberante de la ciudad.

La información incluyó manifestaciones de los vecinos del pueblo, como reacción a varias conductas dudosas de parte de cuatro ediles del Partido Renovador quienes en una sesión, denunciada como ilegal, aprobaron resoluciones a favor de un cuestionado presupuesto municipal.

Por medio de las cartas se los acusa de ser "instigadores de las movilizaciones de los vecinos y cortes de ruta que ocurren en Puerto Iguazú". Así también expresan que "de seguir con estas actitudes que prima face, podrían encuadrar en el Delito de Instigación a la violencia, penado y reprimido por el Código Penal de la Nación, se iniciarían acciones legales..."

Esta acción se vio agravada con amenazas telefónicas que sufrieron los directivos y periodistas de las radios citadas, la negativa a brindarles información y la censura a los medios de comunicación (Televisión, Radio y Diarios), dejando prácticamente aislada a toda la comunidad, sin posibilidad de informarse o de informar lo que (aquí) allí sucede. Las intimidaciones expresaban que si seguían transmitiendo los hechos que involucran a funcionarios municipales serían denunciados penalmente a la vez que buscarían la posibilidad de cerrar las emisoras. Mientras y dadas estas condiciones, el locutor y periodista Fabio Pereyra, de Radio Cataratas fue intimado a abandonar su programa, en caso contrario sus compañeros de trabajo soportarían las consecuencias.

La situación institucional por la que atraviesa el gobierno municipal de Puerto Iguazú es más que preocupante.

Los Autoconvocados y vecinos de la ciudad de Iguazú han cortado la Ruta Nacional 12 en varias oportunidades en lo que va del mes de mayo y junio del corriente año exigiendo la renuncia del intendente Claudio Filippa y de toda la bancada renovadora local.

Los vecinos hace tiempo que viene realizando movilizaciones y enviando cartas documento a las autoridades nacionales por los múltiples atropellos y abusos institucionales que han padecido y según ellos llevados a cabo por el Intendente Sr. Claudio Raul Filippa, los Concejales Sr. Adan Nolasco, Sra. Amelia Maria Ayala, Sra. Mariela Gallardo y Sr. Hugo Benitez.

Las irregularidades denunciadas son muchas. En principio, la aprobación "en secreto" de la ampliación del presupuesto general de gastos de la ciudad de Puerto Iguazú para el 2007, durante una sesión en la que no participó la totalidad del cuerpo deliberativo. En esa oportunidad y a solicitud del Intendente, se aprobó el incremento en un millón de pesos que el ejecutivo habría aparentemente gastado sin la debida autorización.

A través de la Ordenanza 18/08, los concejales que integran el bloque oficialista habrían aprobado esa ampliación presupuestaria, durante una sesión que no cumplió con ninguna formalidad. Aparentemente el Poder Ejecutivo no ha podido o se ha negado a acreditar, tal como lo exigen los legislativos locales opositores, en que se utilizó el dinero referido. Mientras que, para este año los números del Ejecutivo local siguen sospechados por supuestas irregularidades.

A esto se le suman denuncias de incompatibilidad para ejercer su cargo contra el concejal renovador Hugo Benítez, en los términos del Artículo 50, inciso "B" de la Carta Orgánica Municipal, porque a su vez trabaja en EMSA (empresa de servicios públicos)

Por todo ello, estuvo en Puerto Iguazú Cristian Mutuberria, del Observatorio Americano de Derecho Penal y Derechos Humanos en la República Argentina, que trabaja para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Mutuberria comentó que informó al Ministro Interior de la Nación sobre la situación que se vive con respecto a los medios de comunicación y el corte de la Ruta 12.

Los vecinos autoconvocados de Puerto Iguazú también enviaron una carta al Ministro del Interior de la Nación, Aníbal Florencio Randazzo, en la que le solicitan "la intervención nacional" en el conflicto con las autoridades de la Municipalidad de esa localidad, por el que se realiza el corte de la ruta nacional 12 desde la tarde del domingo.

Actos administrativos que no cumplirían con las formalidades legales, publicación de sesiones que nunca se llevaron a cabo en el consejo deliberante, sesiones que tienen lugar fuera del recinto y sin convocar a todos los concejales... Nada tiene que ver la prensa con ello. El hacer públicas estas circunstancias y otras es su trabajo y su deber. Por supuesto que desearíamos que todo esto no fuera cierto pero de ninguna manera avalamos que los conflictos, los hechos que hacen a la gestión estatal, las inquietudes de la gente, sean silenciados u ocultados.

La libertad de expresión y de prensa son derechos tutelados por el ordenamiento jurídico argentino, en función de valores que exceden la territorialidad nacional y se vinculan estrechamente con el sistema democrático. La libertad de expresión está amparada por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - ambos tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994-.

La gravedad de estos hechos debe ser repudiada enérgicamente por esta Honorable Cámara, ya que es imprescindible que los ciudadanos tengan acceso a la gestión pública a través de los medios periodísticos de comunicación, entre otros.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.