Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que a través de los organismos competentes informe a esta Cámara sobre las siguientes cuestiones:

-Si ha iniciado algún tipo de investigación a fin de detectar si en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se dispuso la violación de correspondencia electrónica del juez federal Daniel Rafecas y/o del periodista del diario Clarín Daniel Santoro, como así también de comunicadores de ése y de otros medios, funcionarios, políticos, jueces fiscales y empresarios, sin orden judicial.

-En caso afirmativo, si han sido identificados los autores intelectuales y materiales, qué tipo de medidas o sanciones se han previsto y demás conclusiones de la investigación.

-Si es cierto que la SIDE, a través del secretario Héctor Icazuriaga, rechazó un pedido realizado por el juez federal Rafecas para realizar un peritaje contable de sus cuentas del año 2000, en el marco de la investigación sobre las coimas en el Senado de la Nación por la reforma de ley laboral.

-Si se ha iniciado en la SIDE algún tipo de investigación tendiente a identificar dónde funcionan de manera ilegal, en la ciudad de Buenos Aires, las máquinas conocidas como "Data Call Recording and Acquisition" (DVCRAU), capaces de absorber y registrar miles de comunicaciones diarias.

-Si se ha detectado algún tipo de irregularidad en la utilización de las máquinas DVCRAU que existen en el Departamento de Observaciones Judiciales de la SIDE, destinadas a intervenir los teléfonos requeridos por orden judicial.

-Si se ha procedido a inspeccionar los cables de fibra óptica de 155MBPS provenientes de la Central Belgrano de la SIDE, sita en las calles Pampa y Obligado, instalados para la captura de voz y datos y que deberían terminar su recorrido en la Dirección de Observaciones Judiciales, ubicada en Avenida de los Incas 3834, que fueron detectados y fotografiados con destino desconocido en el allanamiento ordenado por la Justicia Federal el 12 de septiembre de 2000.

-Qué medidas se han tomado para prevenir y evitar que la red digital de fibra óptica instalada en el año 1997 para proceder a la intercepción de voz y datos por parte de la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE no sea utilizada por terceros, sean ex agentes o particulares, de manera ilegal.

-En qué estado se encuentra el Proyecto Nacional de Seguridad Teleinformática de la Universidad de Buenos Aires destinado a proteger las telecomunicaciones nacionales de intercepciones ilegales, auspiciado públicamente por el Gobierno Nacional en su acto inaugural el 14 de Octubre de 2003.

-Qué utilización ha hecho el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, con el software que recibió en mano del Ingeniero Claudio A. Garbarz, en carácter de donación, destinado a proteger las comunicaciones telefónicas de los funcionarios públicos, en cumplimiento con el Proyecto Nacional de Seguridad Teleinformática.

-Si existe la intención gubernamental de otorgar a la SIDE el monopolio de las "pinchaduras" por Internet ordenadas judicialmente, como ya sucede con las intervenciones telefónicas a cargo de la Dirección de Observaciones Judiciales de dicha Secretaría.

-Si se ha previsto algún tipo de medida que resguarde a los ciudadanos del espionaje informático, sobre todo de aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad pública.

Señor presidente:

En la Argentina la represión fue clandestina. Las personas fueron deliberadamente desaparecidas. Una estrategia perversa para evitar que los cadáveres, como pruebas macabras, pudieran condenar a un Estado que se hizo terrorista. El carácter oculto de la represión militar que pobló de campos de detención a lo largo y ancho del país instauró la lógica de la compartimentación, basada en el miedo y la desconfianza. Para aceitar esa maquinaria de muerte contaron con un instrumento militar poderoso en tiempos de guerra: los servicios de inteligencia, que actuaron amparados en esa clandestinidad. Los espías del Estado no sólo fueron reclutados por las direcciones de inteligencia de cada una de las Fuerzas Armadas, sino entre los agentes de la policía y dentro de las agrupaciones civiles que sustentaron políticamente a la dictadura. Con el advenimiento de la democracia, y desde el histórico Juicio a las Juntas Militares, se inició un saludable proceso de revisión y castigo tanto a los comandantes como a los oficiales que secuestraron, torturaron y mataron. Sin embargo, a pesar del innegable esfuerzo de democratización de las instituciones militares y policiales, no se modificó demasiado la matriz de inteligencia a juzgar por los diferentes escándalos de extorsión que padeció cada uno de los gobiernos democráticos. Sobre todo, no se resolvió a favor de la ciudadanía la tensión entre la inteligencia y los derechos democráticos. A lo largo de la democratización sobrevivió la tentación de utilizar la información confidencial como un arma de descalificación política, lo mismo que el desvío de fondos públicos para actividades político partidistas. Cada gobierno de la democracia registra al menos un escándalo que involucra a agentes de la SIDE, quienes han sido acusados tanto por los organismos de derechos humanos como por algunos dirigentes políticos o periodistas de escuchar sus conversaciones telefónicas. Un espionaje que moderniza sus medios -ahora es electrónico- sin que se haya erradicado la vieja intención de amedrentar o extorsionar. Nuevas tecnologías para las viejas prácticas de amedrentamiento o chantaje. Los datos "jaqueados" de la red de Internet se usan para controlar los movimientos de una persona, sea un periodista, un funcionario o un juez, para registrar e interpretar intenciones, para "mapear" las relaciones entre las personas con el fin de hacerles sentir que están siendo controladas y, de esta manera, inhibir su accionar público. Son innegables tanto los mecanismos de control como las sucesivas purgas con las que se trató de controlar a los otrora poderosos espías del Estado. Sin embargo, como sucedió con los agentes exonerados de la policía que como "mano de obra desocupada" nutren la seguridad privada, ahora la sofisticada tecnología de inteligencia puede estar siendo usada por empleados infieles que venden la información que obtuvieron de manera confidencial para usarla contra la dirigencia política. Resta saber quiénes son y para quién espían. Sin dejar de reconocer que los instrumentos de control utilizados por el terrorismo de Estado sirven para recrear el miedo en los tiempos en los que la sociedad estrena espacios de libertad, una libertad que es mayor cuanto más lejos temporalmente se está de la última dictadura militar. Aun cuando existe una Comisión Bicameral de fiscalización de las actividades de inteligencia, queda la sensación de que se ha restado importancia a esta reedición de las oscuras prácticas de control y extorsión del pasado.

En nuestro país se aplica lo que los estudiosos de los temas de inteligencia observan en el resto de los países sudamericanos: ante la falta de control externo de los servicios de inteligencia, aún cuando existe la legislación necesaria, las comisiones parlamentarias son pasivas o formales y actúan sólo cuando estalla un escándalo en la prensa, sin que se reconozca una voluntad política para sacar de la estructura del Estado a funcionarios comprometidos con esas prácticas espurias. El mal uso de los servicios de inteligencia no es patrimonio exclusivo de la dirigencia política, sino que está naturalizada como práctica de amplios sectores. Si, por un lado, es necesario dotar a los jueces de una legislación moderna que sancione los delitos informáticos, se impone también la necesidad del control político para subordinar, finalmente, la inteligencia del Estado a los derechos democráticos, y sobre todo que las siglas de la institución SIDE no suenen en tiempos de paz como sinónimo de miedo y extorsión militar. Lejos de la desconfianza que despierta entre nosotros el trabajo periodístico, la prensa independiente juega un papel fundamental a la hora de denunciar las transgresiones y por eso debiera ser un aliado en el control social sobre los servicios de inteligencia.

En razón de estos argumentos, creemos necesario el presente pedido de informes a fin de que el Poder Ejecutivo dé cuenta de la existencia de mecanismos de control que resguarden los derechos democráticos, no sólo de los ciudadanos sino también del propio Gobierno nacional.