Su repudio y preocupación por la agresión física que sufrió Valeria Gamboa, periodista de Canal 10 (Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba - SRT), de parte de custodios de la Sra. Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su visita a la ciudad de Río Tercero el 29 de mayo de 2009, en un claro mensaje intimidatorio y de restricción a la libertad de expresión.-

Señor presidente:

La periodista Valeria Gamboa, de Canal 10, fue agredida físicamente por custodios de la Presidenta de la Nación mientras cubría su visita a la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, el pasado 29 de mayo. Según su propio testimonio, Gamboa denunció que, en momentos en que intentaba entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner, personal de su custodia le pegó hasta provocarle un "traumatismo de tórax", según consta en el certificado médico expedido por la Clínica Sucre.

Entrevistada por la radio Cadena 3, la cronista relató que apenas se acercó a la camioneta que conducía a la Presidenta "un patovica se clavó en el piso e impidió que siguiera avanzando. Luego me apretó y sentí un crujido interno, como si algo se hubiera roto". Gamboa debió recibir asistencia médica por los fuertes dolores que le provocaron los golpes: "Fui al médico y me diagnosticó traumatismo de tórax, sin compromiso óseo, pero lo cierto es que estoy en reposo y con una sensación amarga".

En repudio a este ataque, el Círculo Sindical de la Prensa y Comunicación de Córdoba (CISPREN) emitió un comunicado en el que "condena esta intolerante actitud que afecta a la libertad de prensa y avasalla las libertades individuales, en este caso la de una trabajadora que cumplía su misión de informar". El CISPREN también advierte que "este patoteril accionar se enmarca dentro de una política de negación permanente de la presidenta a tener contacto con los medios de comunicación, salvo con algunos que son funcionales a sus intereses".

Resulta alarmante la frecuencia con la que debemos repudiar ataques contra periodistas en el ejercicio de su labor. Ya no sólo se trata de las advertencias acerca de las limitaciones a la libertad de expresión que nos hacen organizaciones como la SIP o ADEPA a través de sus informes anuales sino de las denuncias que recibimos casi todas las semanas de parte de trabajadores de prensa que no pueden desarrollar su trabajo en condiciones de respeto y libertad.

En este caso, repudiamos la agresión a una periodista que intentaba entrevistar a la Presidenta de la Nación en su visita a la provincia de Córdoba y la salvaje respuesta de su custodia, que en lugar de procurar su propia seguridad apeló a la prepotencia de los golpes para entorpecer la cobertura informativa.

Si es condenable cualquier rapto de violencia o todo intento por coartar la expresión, es mucho más grave cuando la agresión proviene, directamente, de quienes rodean a la Presidenta, sean funcionarios de alto rango o personal de su custodia. El vínculo de quienes nos gobiernan con los medios está contaminado por una actitud de confrontación que aísla cada vez más a los que tienen la responsabilidad de comunicarse y dialogar con aquellos que viabilizan el derecho primordial que sustenta al sistema democrático: el de las sociedades a ser informadas. Cada vez que se ataca a un periodista para inhibir su trabajo, de hecho se está atacando a la sociedad.

El día que tengamos incorporado como comportamiento personal la responsabilidad y el respeto al otro, habremos entrado en la madurez democrática. El camino nunca será el de la violencia o la descalificación personal o ideológica. La libertad, como derecho inalienable del hombre, no admite interpretación ideológica ni apropiación por pura especulación política coyuntural. O nos subordinamos a esos derechos, y por eso el Estado debe garantizarlos, o se reconoce con honestidad que no se aceptan las reglas de la convivencia democrática.

En razón de estos argumentos solicito se apruebe el presente proyecto de declaración.